Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00548-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00548-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2020-00548-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia:MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2020-00548-02
Actora: LADRILLERA LOS MOLINOS DEL SUR LIMITADA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO. NO SE ACREDITÓ
QUE HUBIERA LUGAR A MODIFICAR EL VALOR RECONOCIDO POR
LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL INMUEBLE. TAMPOCO
SE DEMOSTRÓ QUE SE VULNERARAN LOS DERECHOS A LA
IGUALDAD Y EQUIDAD DE LA ACTORA AL ELABORAR EL AVALÚO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por
la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones
de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. La sociedad Ladrillera Los Molinos Del Sur Limitada, a
través de apoderado judicial, promovió demanda ante el Tribunal,
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2020-00548-02
Actora: LADRILLERA LOS MOLINOS DEL SUR LIMITADA
en ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las
siguientes pretensiones:
“[…] “PRIMERA: Se declare la nulidad parcial de la Resolución
Número 602 del 8 de octubre de 2019 proferida por el Director
General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de
Bogotá D.C., “Por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa”, de acuerdo a lo patentizado en el acápite
denominado aspecto fáctico y en los cargos señalados en el
libelo de normas violadas y el concepto de violación, en cuanto
al contenido de los artículos: segundo: valor indemnizado y
Tercero: Forma de pago.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución Número 686
del 26 de noviembre de 2019, proferida por el Director General
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá D.C.,
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la
Resolución No. 602 del 8 de octubre de 2019 “Por la que se
ordena una expropiación por vía administrativa”, de acuerdo a
lo patentizado en el acápite denominado aspecto fáctico y en
los cargos señalados en el líbelo de las normas violadas y el
concepto de violación.
TERCERA: Consecuentemente a lo anterior, a título de
restablecimiento del derecho que le fue desconocido y
vulnerado a mi mandante, se condene al Instituto Distrital de
Recreación y Deporte de Bogotá D.C. a pagar a la empresa “LA
LADRILLERA LOS MOLINOS DEL SUR LIMITADA”, el justo precio
que actualmente tiene el inmueble distinguido como "Lote 1 La
Fábrica", ubicado en la Calle 48Q Sur Número 5J-01, localidad
de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo
al avalúo número 18.646 2019, realizado por la firma
Ingenieros Planificadores Inmobiliarios 5G SAS INGEPLAN 5G
SAS, técnicos en la materia, por el valor de TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($3.657'911.450), como valor del precio indemnizatorio por la
expropiación administrativa de su predio.
CUARTA: Se condene en costas y gastos del proceso a la parte
demandada […]”.
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Actora: LADRILLERA LOS MOLINOS DEL SUR LIMITADA
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
Indicó que es propietaria del bien inmueble ubicado en la calle 48Q
sur 5J -01, con matrícula inmobiliaria núm. 50S-40335351 y chip
AAA0010DOMS de la ciudad de Bogotá.
Señaló que mediante el Decreto 473 de 2017, el Alcalde de Bogotá
anunció el “proyecto parque zonal Hacienda los Molinos” y declaró
los motivos de utilidad pública o interés social y las condiciones de
urgencia para la adquisición por enajenación voluntaria o
expropiación por vía administrativa de los inmuebles que
comprendían el área del proyecto, señalando que el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD2 se encargaría de
adelantar las actuaciones correspondientes.
Manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - CATASTRO3 realizó el informe técnico avalúo comercial
núm. 2018-1634 de 16 de octubre de 2018 con la finalidad de que
el IDRD formulara oferta de compra sobre el inmueble.
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En adelante IDRD.
3
En adelante CATASTRO.
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Adujó que el IDRD, mediante la Resolución núm. 067 de 4 de
febrero de 2019, determinó la adquisición de su inmueble y formuló
oferta de compra por la suma de $1.271.599.479.
Sostuvo que a través de oficio de 20 de marzo de 2019 pidió la
revisión del informe técnico avalúo comercial núm. 2018-1634 de
16 de octubre de 2018, por presentar, a su juicio, imprecisiones
respecto del valor indemnizatorio otorgado y del área del predio.
Expuso que debido a lo anterior, CATASTRO elaboró el informe
técnico avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de mayo de 2019
y modificó el precio indemnizatorio en la suma de $1.284.479.044,
teniendo en cuenta el área del terreno expropiado, reportada y
verificada conforme con las anotaciones efectuadas en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio.
Manifestó que el IDRD, mediante la Resolución núm. 376 de 28 de
junio de 2019, modificó lo resuelto en la Resolución 067 de ese año
en el sentido de formular oferta de compra por la suma de
$1.284.479.044.
Afirmó que la demandada, a través de la Resolución núm. 602 de 8
de octubre de 2019 ordenó la expropiación por vía administrativa
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del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de
$1.284.479.044.
Expuso que inconforme con lo anterior interpuso recurso de
reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 686 de
26 de noviembre de 2019, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora afirmó que la demandada trasgredió los artículos
1°, 2°, 6°, 29, 58, 121 y 209 de la Constitución Política, toda vez
que ordenó la expropiación de su predio sin realizar previamente
una indemnización justa.
Indicó que dentro del trámite administrativo no se le permitió
objetar el avalúo oficial ni se tuvieron en cuenta sus
inconformidades, salvo la relacionada con el área del inmueble.
Manifestó que se vulneraron los artículos 1°, 2°, 13, 29, 58 y 209
de la Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388 de 1997; 1°, 2°,
6°, 13, 15, 16, 22, 23, 25 y 26 del Decreto 1420 de 1998; y 1°, 6°,
7°, 10°, 11 y 15 de la Resolución 620 de 2008, por cuanto, a su
juicio, el precio indemnizatorio no tuvo en cuenta las características
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del inmueble expropiado, el avalúo oficial no fue elaborado
conforme con las reglas metodológicas previstas en el Resolución
620 de 2008, ni se agotó el trámite establecido para su debida
controversia.
Explicó que el avalúo realizado por la firma “INGENIEROS
PLANIFICADORES INMOBILIARIOS 5G S.A.S. – INGEPLAN 5G
S.A.S.” y aportado con la demanda, sí tuvo en cuenta la totalidad
de construcciones y mejoras que no fueron incluidas en el avalúo
oficial y que afectaban sustancialmente el valor del precio
indemnizatorio otorgado.
Manifestó que el IDRD no aportó a CATASTRO una relación
detallada de los bienes objeto de valoración, un plano de afectación
con los requisitos de medidas y ubicación, una descripción de las
construcciones y mejoras y demás valores que debieron ser tenidos
en cuenta para realizar un avalúo conforme con lo previsto en el
artículo 6° de la Resolución 620 de 2008.
Afirmó que, además, el avalúo oficial tampoco observó que el
terreno fue adecuado para uso de parqueadero, por lo que no se
reconocieron a su favor los costos de adecuación para tal efecto.
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Expuso que el avalúo oficial no incluyó las mejoras efectuadas
respecto de dos cerramientos, lo que también afecta el avalúo del
predio expropiado.
Indicó que el demandado no tuvo en cuenta que su predio se
encuentra dentro del perímetro urbano y poseía toda la
infraestructura de servicios públicos, tales como acueducto,
alcantarillado y red de energía eléctrica.
Adujó que el avalúo oficial aplicó indebidamente el método de
comparación o de mercado, habida cuenta que su estudio de
mercado utilizó características y ubicaciones en la zona rural de los
municipios de Choachí y Ubaque, los cuales no eran comparables ni
similares al inmueble expropiado.
Manifestó que el demandado trasgredió sus derechos a la igualdad
y a la equidad debido a que en otros casos en los que se han
expropiado inmuebles en el sector y de similares características, se
reconoció un valor mayor del m2 de los terrenos allí estudiados.
Afirmó que el avalúo realizado por “INGENIEROS PLANIFICADORES
INMOBILIARIOS 5G S.A.S. – INGEPLAN 5G S.A.S.” demuestra que
el valor de mercado del m2 de su predio es en realidad de
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$105.000 suma superior a los $44.900 reconocidos por parte del
demandado.
Indicó que el precio indemnizatorio reconocido es inferior un
50.1869% al valor catastral de su inmueble reconocido en los años
2018 y 2019, lo cual denota que su predio fue avaluado con un
precio injusto.
Afirmó que el avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de mayo de
2019 fue expedido sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Resolución 620 de 2008, toda vez que no cumplió
con los parámetros fijados en el artículo 11 idem para aplicar el
método de comparación o de mercado y establecer el valor del
terreno expropiado.
Mencionó que CATASTRO carecía de competencia para elaborar el
avalúo con fundamento en una metodología diferente a las
establecidas en el Decreto 1420 de 1998.
Adujo que los actos demandados fueron falsamente motivados,
toda vez que en el avalúo del predio se afirmó que el terreno se
encontraba dentro de la zona de influencia del corredor ecológico
ronda hídrica de la quebrada La Chiguaza; sin embargo, no se tuvo
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en cuenta que esta afectación no recaía sobre la totalidad del
inmueble.
I.4.- Contestaciones
I.4.1. El IDRD señaló que el avalúo comercial núm. 2019-0314 de
21 de mayo de 2019 fue elaborado cumpliendo con los parámetros
establecidos en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, debido a
que tuvo en cuenta la realidad física, de mercado, normativa y
jurídica del predio expropiado el cual se encuentra ubicado en su
totalidad en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la
Quebrada La Chiguaza y en los terrenos del “Parque Zonal Hacienda
Los Molinos”, ambos clasificados como suelo protegido, factor este
que incidió en su avalúo comercial.
Expuso que dentro de la información allegada por los propietarios
del inmueble no se aportó licencia de construcción alguna que diera
cuenta de la existencia de construcciones realizadas legalmente en
el predio, las cuales están prohibidas al ser clasificado como parque
zonal, conforme con lo establecido en el Decreto 190 de 2004.
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Indicó que toda la actuación administrativa que culminó con la
expedición de las resoluciones demandadas fue adelantada
respetando el derecho al debido proceso de la parte actora.
Afirmó que el avalúo oficial fue realizado conforme con el
ordenamiento legal especial previsto para la adquisición predial,
esto es, las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013, el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.
Señaló que sobre el uso del suelo del predio la Secretaría Distrital
de Planeación, mediante oficio SDP 2-2018-16565 de 9 de abril de
2018, certificó que “Los predios en consulta se encuentran
localizados en el ámbito del Parque Zonal Pz 17 Hacienda Los
Molinos, contemplado en el artículo 244 del Decreto 190 de 2004 -
Compilación Plan de Ordenamiento Territorial, correspondiente al
sistema parques Distrital. Por lo tanto, las normas aplicables
corresponden a las determinadas en los artículos 243, 252, 253,
254 y 255 del Dec. 190/04 […]”.
Explicó que para el avalúo del inmueble expropiado debía tenerse
en cuenta que, conforme con lo previsto en el artículo 72 del
Decreto 190 de 2004, la estructura ecológica principal corresponde
a “la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la
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biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del
territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación,
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo
sostenible”, dentro de la cual se encuentran ubicados los parques
urbanos de escala metropolitana y zonal, los que constituyen suelo
de protección en los términos del artículo 75 del POT de Bogotá,
disposiciones aplicables al predio de la parte actora.
Finalmente, formuló las excepciones denominadas “falta de
elementos que desvirtúen la presunción de legalidad de los actos
administrativos atacados”, “legalidad de los actos administrativos
demandados” y “ausencia total de imputabilidad del presunto
perjuicio al IDRD”.
I.4.2. CATASTRO4 guardó silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 15 de febrero de 2024, el Tribunal denegó
las súplicas de la demanda.
Para ello, comparó el dictamen pericial aportado por la parte actora
con el informe técnico avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de
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Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía del IDU, conforme con lo ordenado en auto
de 23 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal.
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mayo de 2019 realizado por CATASTRO respecto del inmueble
objeto de litigio así:
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Con fundamento en lo anterior, afirmó que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad del avalúo oficial realizado por CATASTRO
por los siguientes motivos:
Explicó que dentro de todo el procedimiento administrativo se puso
de presente a la actora que su predio se encontraba ubicado en una
Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del Corredor
Ecológico Ronda Hídrica de la Quebrada La Chiguaza, conforme con
lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, por lo que no era
procedente la legalización de asentamientos ubicados en suelo de
protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997; y
que en dicho terreno solo se podían observar usos asociados a la
preservación y recuperación del suelo y su conservación ambiental.
Sostuvo que el predio expropiado al contar con reserva no podía ser
considerado como suelo útil y desarrollable para elevar el valor del
precio del m2 comparado con terrenos que no tiene afectación
alguna.
Indicó que para realizar el avalúo se consideró que “el predio objeto
de valoración cuenta con dos zonas homogéneas normativas, ya
que uno es suelo urbano protegido que se encuentra en Zona de
Manejo y Preservación Ambiental, del Corredor Ecológico Ronda
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Hídrico de la Quebrada de Chiguaza, y el otro en suelo urbano
protegido debido a que se encuentra clasificado como Parque Zonal
Propuesto Hacienda Los Molinos. No se hace necesario realizar
diferenciación del valor por zona homogénea, ya que la totalidad
del predio se encuentra en la estructura ecológica principal del
Distrito Capital”.
Agregó que para determinar el valor del terreno era necesario tener
en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente
al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble
objeto del mismo.
Sostuvo que no se evidenciaba irregularidad alguna en el avalúo
oficial, habida cuenta que en este se efectuó un mayor estudio
técnico de comparación de mercado para llegar a la determinación
del justo precio respecto del aportado por la actora, sin que se
advirtiera vulneración de los principios que rigen el procedimiento
de expropiación por vía administrativa.
Manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no era
necesario que dentro del avalúo oficial se presentara el inventario
de los bienes estudiados ni sus planos; sin embargo, que de la
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revisión del avalúo oficial se observaba que sí fueron enumerados
de forma discriminada los bienes relacionados con el predio.
Adujo que el avalúo oficial sí tuvo en cuenta los costos de la
adecuación del terreno para habilitar su uso como parqueadero, los
cuales fueron incluidos cuando se aplicó el método de costo de
reposición con la finalidad de establecer el precio de las
construcciones existentes en el inmueble.
Manifestó que las mejoras incluidas dentro del predio fueron
valoradas de manera conjunta en el avalúo oficial con miras a
establecer el precio de las construcciones del inmueble expropiado.
Respecto de la forma en que se aplicó el método de comparación o
mercado, puso de presente que en los actos demandados se explicó
que “el régimen de usos del área de estudio limita totalmente las
posibilidades de urbanización o desarrollo de usos con alguna
rentabilidad… que de acuerdo a la dinámica inmobiliaria actual del
área rural adyacente al casco urbano de Bogotá, se deben tomar
como base comparativa los predios con usos y vocación netamente
agropecuarios, excluyendo áreas agroindustriales y de vivienda
campestre”, por lo que para hacer el correspondiente estudio de
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mercado resultaba relevante tener en cuenta que el suelo del
predio era protegido.
Afirmó que el hecho de que se corrigiera el área del predio
expropiado dentro del procedimiento administrativo no generaba
una inconsistencia en el avalúo oficial, pues para establecer dicho
punto no era necesario practicar una segunda visita al inmueble
avaluado.
Sostuvo que no se trasgredieron los derechos a la igualdad y a la
equidad de la parte actora, toda vez que cada avalúo efectuado por
CATASTRO se realiza teniendo en cuenta las características únicas
de los predios.
Expuso que pese a que dentro del proceso se demostró que la
indemnización otorgada a través de las resoluciones administrativas
era inferior al avalúo catastral del inmueble para el año 2019
($2.957.683.000), la realidad era que, conforme con lo considerado
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 11
de noviembre de 20215, el avalúo de los predios sometidos al
proceso de expropiación por vía administrativa se rigen por las
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de
noviembre de 2021. Núm. único de radiación: 05001-23-31-000-2001-00519-02. M.P. Oswaldo
Giraldo López.
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normas propias de la materia y no por aquellas que regulan la
determinación del valor catastral del inmueble.
Señaló que, contrario a lo afirmado por la actora, el informe técnico
de avalúo núm. 2019-0314 expuso de forma clara el método
utilizado para su elaboración, esto es, el de comparación o de
mercado para establecer el valor del terreno, conforme con lo
previsto en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008.
Concluyó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados, por lo que debía tenerse por
justo el precio indemnizatorio allí establecido.
Finalmente, no condenó en costas a la parte actora.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora sostuvo que debía revocarse la sentencia de
primera instancia, por cuanto el análisis probatorio realizado por el
Tribunal hizo referencia a un avalúo llevado a cabo por la sociedad
Borrero Ochoa Asociados Ltda el cual no forma parte de las
pruebas allegadas y practicadas dentro del proceso.
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Manifestó que el avalúo aportado con la demanda, elaborado por
Ingenieros Planificadores Inmobiliarios 5g S.A.S. –
INGEPLAN 5G S.A.S., cumple con todos los requisitos previstos en
los artículos 1º a 4º de la Resolución 620 de 2008, circunstancia
esta que es suficiente para desvirtuar la legalidad del avalúo oficial
practicado por CATASTRO.
Indicó que el Tribunal dio por cierto todo lo indicado en el avalúo
oficial sin verificar minuciosamente cada uno de los aspectos
valuatorios consignados en este, tales como lo relacionado con los
detalles exactos del mercado analizado para establecer el valor
comercial del terreno.
Afirmó que el avalúo oficial tenía la carga de describir debidamente
el valor de las construcciones, las mejoras y los cultivos, la
localización de las ofertas cartográficamente, quiénes son los
propietarios del inmuebles y sus datos y los elementos suficientes
para verificar que, efectivamente, se encuentran ubicados en suelo
de protección.
Insistió en que el avalúo oficial no tuvo en cuenta las adecuaciones
realizadas al terreno para prestar el servicio de parqueadero de
vehículos de carga pesada ni el cerramiento existente en
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mampostería y cimentación ciclópea y la altura de esta de 2,50
metros.
Adujó el Tribunal no analizó a profundidad el avalúo aportado con
la demanda, el cual, a su juicio, sí realizó un estudio juicioso de
mercado con miras a establecer un valor real del inmueble
expropiado y no uno superfluo como el elaborado por CATASTRO
que tuvo en cuenta inmuebles que no se encuentran ubicados en la
ciudad de Bogotá.
Indicó que si bien el predio está localizado en la zona de manejo y
preservación ambiental del corredor ecológico Ronda Hídrica de la
quebrada La Chiguaza, conforme con lo establecido en el Decreto
1067 de 2015, de la revisión de los actos demandados no se
advertía que el avalúo hubiera realizado el estudio respectivo de
zonas homogéneas.
Señaló que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el avalúo
oficial incumplió con los requisitos establecidos en el artículo 13 del
Decreto 1420 de 1998, toda vez que el IDRD no señaló cuáles eran
los objetos específicos que CATASTRO debía avaluar.
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Indicó que la construcción denominada “lavadero de carros (rampa
vehicular)” no podía tenerse como la zona de parqueadero, como
erradamente afirmó el a quo.
Reiteró que el Tribunal no aclaró las razones por las que era dable
que el estudio de mercado efectuado por CATASTRO tuviera en
cuenta predios ubicados en otros municipios y no aquellos
pertenecientes a la ciudad de Bogotá.
Recalcó que para elaborar el informe técnico avalúo comercial núm.
2019-0314 de 21 de mayo de 2019 sí era necesario que
CATASTRO realizara nuevamente una visita técnica al inmueble
expropiado.
Insistió en que sí se trasgredieron sus derechos a la igualdad y a la
equidad, pues demostró dentro del proceso que bienes ubicados en
el mismo sector y con las mismas afectaciones ambientales fueron
expropiados otorgando indemnizaciones ostensiblemente superiores
sin justificación alguna.
Afirmó que el avalúo oficial fue elaborado sin competencia, pues, a
su juicio, el valor del terreno se adoptó aplicando una metodología
que no se encuentra regulada por la Resolución 620 de 2008.
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IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de abril de
2024, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 20 de junio de 2024, en los términos
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021.
IV.2.1- CATASTRO, luego de relacionar las consideraciones del
Tribunal, solicitó confirmar la sentencia recurrida, toda vez que
dentro del proceso la parte actora no logró desvirtuar la presunción
de legalidad del avalúo oficial y de las resoluciones demandadas.
IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,
no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 602 de 8 de octubre de 2019, "por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, y 686 de 26
de noviembre de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de
reposición”, expedidas por el IDRD, en las que se dispuso la
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expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la actora,
ubicado en la calle 48Q sur 5J -01 de la ciudad de Bogotá, con
matrícula inmobiliaria núm. 50S-40335351 y chip AAA0010DOMS,
para el cual se fijó un precio indemnizatorio de $1.284.479.044.
El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por
considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de
legalidad del avalúo oficial practicado por CATASTRO, toda vez que
este fue realizado teniendo en cuenta la realidad urbanística del
predio expropiado, esto es, que este se encontraba en dos zonas
clasificadas como suelo urbano protegido.
Igualmente, explicó que el avalúo oficial fue elaborado conforme
con los parámetros establecidos en la Resolución 620 de 2008,
teniendo en cuenta las construcciones y mejoras que la parte actora
echaba de menos en la demanda.
Sostuvo que no se trasgredieron los derechos a la igualdad y
equidad de la parte actora, pues cada avalúo de los predios del
sector debe tener en cuenta sus características propias por lo que
no podían considerarse iguales; y que el hecho de que la
indemnización otorgada fuera inferior el avalúo catastral no
desvirtuaba la legalidad de las resoluciones demandadas pues las
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disposiciones que regulaban los avalúos de predios en procesos
administrativos de expropiación no tenían en cuenta el valor
catastral para avaluar el inmueble.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, argumentando que el Tribunal no valoró el avalúo
aportado con la demanda, el cual, a su juicio, demostraba las
falencias en que incurrió la estimación oficial elaborada por
CATASTRO.
Señaló que el avalúo oficial presentaba múltiples falencias, tales
como el uso de inmuebles que no pertenecían a la ciudad de Bogotá
para hacer el estudio de mercado que fundamentó el valor del
terreno y el no tener en cuenta la totalidad de las mejoras del
terreno para establecer el valor de las construcciones.
Adicionalmente, sostuvo que CATASTRO elaboró el avalúo oficial
sin competencia al aplicar métodos que no se encuentran regulados
en la Resolución 620 de 2008 e insistió en que se trasgredieron sus
derechos a la igualdad y a la equidad, por cuanto en otros casos
análogos se otorgaron indemnizaciones superiores a la establecida
en las resoluciones demandadas.
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Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
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reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 6 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 20097, indicó los elementos que debe contener la
indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
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consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
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quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
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que para dichos efectos realice la entidad correspondiente; el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado8.
Los actos acusados
La Resolución núm. 602 de 8 de octubre de 2019, "por la cual se
ordena una expropiación por vía”, estableció el precio
indemnizatorio del bien inmueble ubicado en la calle 48Q sur 5J -
01, con matrícula inmobiliaria núm. 50S-40335351 y chip
AAA0010DOMS de la ciudad de Bogotá, así:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO Ordenar por motivos de
utilidad pública e interés social, la expropiación por vía
administrativa a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACION Y DEPORTE identificado con el NIT. 860.061.099-
1, el predio denominado (Lote 1 de la fábrica), ubicado en la CL
48 Q SUR 5J 01, Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de
Bogotá D.C., con un área total de VEINTISIETE MIL CIENTO
8
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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SETENTA Y ÚN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (27.171,56m2) con cédula
catastral US R 13956, CHIP AAAOOIODOMS identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40335351, inmueble
comprendido dentro de los siguientes linderos, que se
encuentran descritos en la Escritura Pública número tres mil
seiscientos sesenta y uno (3661) del veintiséis (26) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018) de la notaría 18 del
círculo de Bogotá D.C, así:
“[…] definitivamente con una extensión superficial de veintisiete
mil ciento setenta y un metros cuadrados con cincuenta y seis
centésimas de metro cuadrado (27.171,56 M2) y se encuentra
comprendido dentro de los siguientes linderos y con las
siguientes colindancias a saber: Partiendo del mojón 18 con
coordenadas Cartesianas 95243.762N y 96248.263E y
coordenadas Gauss 9952467.951 N y 996244.224 E con rumbo
Sur Oeste, en línea recta a una distancia de trece punto doce
metros (13 12 m), encontramos el mojón 15 con coordenadas
Cartesianas 95230.546 N y 96248.360 E y coordenadas Gauss
995233735 N y 996244322 E, que colinda con el Lote 8,
Siguiendo desde el mojón 15 con rumbo Sur-oeste, en línea
recta a una distancia de ciento dieciséis puntos trece metros
(116,13 m), encontramos el mojón 14 con coordenadas
Cartesianas 95114.744 N y 96243.332 E y con coordenadas
Gauss 995117_933 N y 996239.294 E que colinda con el Lote
8. Continuando desde el mojón 14 con rumbo Sur-oeste, en
línea recta a una distancia de veinticinco puntos noventa y dos
metros (25.92 m), encontramos el mojón 30 con coordenadas
Cartesianas 95088.847 N y 96242,206 E y coordenadas Gauss
995091.974 N y 996238.165 E, que colinda con el Lote 8.
Siguiendo desde el mojón 30 con rumbo norte-oeste, en línea
recta a una distancia de cincuenta y ocho punto setenta y uno
metros (58.71 m), encontramos el mojón 29 con coordenadas
Cartesianas 95093251 N y 96183.760 E y con coordenadas
Gauss 995096.436 N y 996179_624 E, que colinda con el Lote
7. Continuando desde el mojón 29 con rumbo Sur-oeste, en
línea recta a una distancia de cincuenta y un punto setenta y
tres metros (51.73 m), encontramos el mojón 28 con
coordenadas Cartesianas 95056.358 N y 96147.419 E y
coordenadas Gauss 995059.490, N y 996143317 E, que colinda
con el Lote 7. continuando desde el mojón 28 con rumbo,
Norte-oeste, en línea recta a una distancia de treinta y tres
punto setenta y cinco metros (33 75 m), encontramos el mojón
27 con coordenadas Cartesianas 95079,3269 N y 96122681 E y
coordenadas Gauss 995082.515 N y 996118.643 E, que colinda
con 01 Lote 7. Continuando desde el mojón 27 con rumbo
Norte-oeste, en línea quebrada a una distancia do ciento treinta
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y cinco metros (f 3500 m), encontramos el mojón 26 con
coordenadas Cartesianas 95170.259 N y 95024.884 E y
coordenadas Gauss 995173.449 N y 996020.844 E, que colinda
predio Ladrillera San José. Continuando desde el mojón 26 con
rumbo Notte-Este, en línea recta a una distancia de ciento uno
punto veintisiete metros (101.27 m), encontramos el mojón 25
con coordenadas Cartesianas 95232.514 N y 96104.756 E y
coordenadas Gauss 995235.664 N y 996100.759 E, que colinda
con el Barrio Marruecos; y finalmente desde el mojón 25 con
rumbo Norte-Este, en línea quebrada a una distancia de ciento
cuarenta y cuatro punto cero cinco metros (14405 m),
encontramos el mojón 18, con coordenadas Cartesianas
95243.762 N y 96248.263E y coordenadas Gauss 995245.951
N y 996244.224 E. que colinda con el Barrio Marruecos […]”
Lo anterior, mediante el procedimiento de adquisición de
inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación
administrativa establecido en el capítulo VIII de la Ley 388 de
1997.
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena
reconocer a través de esta resolución es de MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($
1.284.479.044,00) por Concepto de avalúo comercial
correspondiendo pagar a la sociedad LADRILLERA LOS
MOLINOS DEL SUR LTDA. EN LIQUIDACIÓN distinguida con el
NIT.860.400.134-5 propietaria del 100% del predio.
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. - una vez ejecutoriada
la presente Resolución, el trámite de pago Se efectuará
conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 388 de
1997, por el Área de Tesorería General del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD. previa
autorización expresa de la Subdirección Administrativa y
Financiera del IDRD, una vez ésta radique la(s) orden(es) de
pago así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio,
o sea la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA
Y CUATRO PESOS MICTE ($ 1.284.479.044,00) por concepto de
avalúo comercial. El citado valor, será puesto a disposición de
la sociedad LADRILLERA LOS MOLINOS DEL SUR LTDA. EN
LIQUIDACIÓN con NIT 830.400.134-5 propietaria del 100% del
predio, una vez ejecutoriada la presente Resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros.
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PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del precio indemnizatorio.
una vez puesto a disposición de LADRILLERA LOS MOLINOS
DEL SUR LTDA. EN LIQUIDACIÓN con NIT 860.400.134-5 por
parte del Área de Tesorería General del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD. no es retirado dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, a la ejecutoria del presente Acto
Administrativo, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2° del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo
copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: para efectos del pago del valor
indemnizatorio se realizarán si existieren los descuentos
correspondientes a obligaciones a cargo del predio, servicios
públicos, impuestos tasas y contribuciones aplicables,
contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN y DEPORTE - IDRD,
con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 12225 del
06 de septiembre de 2019 expedido por el Area de presupuesto
del IDRD.
ARTÍCULO QUINTO: DESTINACIÓN DEL INMUEBLE: El inmueble
descrito, será destinado a la ejecución del Proyecto Parque
Zonal Hacienda Los Molinos.
ARTÍCULO SEXTO: SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES LIMITACIONES AL DOMINIO: Con el Objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4° del artículo
68 de la Ley 388 de 1997, se solicita al señor Registrador de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona
Sur, se cancelen las inscripciones correspondientes a las
Resoluciones N° 067 del 04 de febrero de 2019 y N° 376 del 23
de junio de 2019, por la cual se determinó la adquisición del
inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa,
lo anterior con ocasión al predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No_ 50S403353S1.
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN: De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 68
de la Ley 388 de 1997 y el numeral 1 del artículo 70 de la
misma Ley. Se SOLICITA al (a) señor (a) Registrador (a) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur,
INSCRIBIR la presente Resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50S40335351, con lo que se surtirán los efectos
atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza
del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN y DEPORTE - IDRD.
ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 30 del artículo 70 de la Ley 388 de
1997, una vez efectuado el registro de la presente resolución el
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN y DEPORTE - IDRD,
exigirá la entrega del inmueble identificado en el artículo
primero (1 0) de la presente resolución, para lo cual, en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al procedimiento Policivo a
que haya lugar […]”.
La Resolución núm. 686 de 26 de noviembre de 2019 resolvió
el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra lo
resuelto en la Resolución núm. 602 de 8 de octubre de ese año, en
el sentido de confirmar la decisión recurrida.
Caso concreto
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
• Sobre las inconformidades de la recurrente respecto del
informe técnico avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de
mayo de 2019 y la valoración del dictamen aportado con la
demanda
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La recurrente estima que debe revocarse la decisión apelada, toda
vez que, a su juicio, el avalúo oficial presentaba múltiples
inconsistencias frente a la forma en que se aplicó el método de
comparación o de mercado para establecer el valor de terreno y por
cuanto no se tuvo en cuenta la totalidad de las mejoras efectuadas
al terreno para establecer el valor de las construcciones.
Al respecto, se advierte que el Tribunal, en la sentencia de primera
instancia, efectuó un análisis comparativo del avalúo oficial y del
aportado por la parte actora, llegando a la conclusión de que no se
había logrado desvirtuar la presunción de legalidad del primero,
debido a que no se acreditó que el avalúo oficial hubiera sido
elaborado desconociendo la realidad jurídica del inmueble
expropiado o que trasgrediera los parámetros establecidos en la
Resolución núm. 620 de 2008.
Cabe precisar que, conforme con la jurisprudencia reiterada de la
Sección, el avalúo comercial forma parte integral del acto
administrativo que decreta la expropiación, por lo que se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y certeza, que se
predica de las decisiones definitivas de la Administración, y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que
corresponde a quien recurre, en este caso, al demandante,
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demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones.
En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).
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Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el informe
técnico avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de mayo de 2019,
-con miras a establecer el valor comercial del inmueble expropiado-,
revisó cuál era la reglamentación urbanística aplicable y el uso del
suelo del terreno, llegando a la conclusión de que la totalidad del
predio debía considerarse suelo de protección en los términos del
artículo 146 del Decreto 190 de 2004.
Ello, teniendo en cuenta que, conforme con lo informado por la
Secretaría Distrital de Planeación, a través de oficio núm. 2-2018-
16565 de 9 de abril de 2018, el inmueble expropiado se encontraba
ubicado en el parque zonal PZ 17 Hacienda los Molinos que formaba
parte del sistema de parques distritales. Al respecto señaló:
“[…] Los predios en consulta se encuentran localizados en el
ámbito del Parque Zonal Pz 17 Hacienda Los Molinos,
contemplado en el artículo 244 del Decreto 190 de 2004 —
Compilación Plan de Ordenamiento Territorial, correspondiente
al sistema de parque Distrital. Por lo tanto, las normas
aplicables corresponden a las determinadas en los artículos
243, 252, 253, 254 y 255 del Dec. 190/04.
Los parques Zonales se definen conforme a lo indicado en el
artículo 242 del Decreto 190 de 2004, el cual señala:
“Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 1O hectáreas,
destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa
de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento
especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de
patinaje, entre otros".
En cuanto a la competencia del manejo de los citados parques
zonales, corresponde al IDRD, mediante el correspondiente Plan
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Director definir su intervención. Al respecto el parágrafo 2 del
artículo 242 del POT, señala:
Parágrafo 2. La preservación, manejo, intervención y uso de
los parques de escala regional, metropolitana y zonal, serán
determinados por los Planes Directores. El Plan Director deberá
armonizarse y complementarse con los Planes de Manejo
Ambiental, en los casos de formar parte de la Estructura
Ecológica Principal del Distrito.
Parágrafo 3. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD), o la entidad que se delegue para ello, deberá mantener
actualizado el inventario de parques y entregarlo en forma
semestral al Departamento Administrativo de Planeación
Distrital (DAPD) para su inclusión periódica en el plano de
espacio público […]”.
Adicional a lo anterior, en el avalúo comercial núm. 2019-0314 se
tuvo en cuenta que parte del inmueble expropiado se encontraba
ubicado en una zona de manejo y preservación ambiental del
corredor ecológico Ronda Hídrico de la Quebrada La Chiguaza,
regulada por el Decreto 1077 de 2015 y cuyo uso de suelo era
también de protección, en los siguientes términos:
“[…] 5.4 CONSIDERACIONES NORMATIVAS: adicionalmente el
Objeto de avalúo presenta la Zona de Manejo y preservación
Ambiental (ZMPA) del Corredor Ecológico Ronda Hídrico de la
Quebrada Chiguaza, conforme al Decreto 1077 de 2015 no
procederá la legalización de asentamientos o la parte de ellos
que se encuentren ubicados en suelo de protección en los
términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, de conformidad con el Plan
de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo
complementen y desarrollen, lo anterior, el inmueble Objeto de
avalúo no podrá ser Objeto de legalización ni de desarrollo
urbanístico.
Suelo de protección (artículo 90 del Decreto 619 de 2000): es
una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de
terrenos localizadas dentro de cualquiera de las anteriores
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clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública
para la ubicación de Infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Corresponden a esta categoría las siguientes áreas:
Las componentes señaladas como tal, en la estructura ecológica
Principal: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital,
parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación
ambiental del rio Bogotá (integrantes del área de manejo
especial del valle aluvial del río Bogotá. Los elementos que
componen esta estructura, clasificados de acuerdo con la
definición precedente están identificados en detalle en el
capítulo correspondiente a la Estructura ecológica Principal.
Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable las
cuales se encuentran identificadas en el plano 6, denominado
"suelo de protección por riesgo de remoción en masa e
inundación” el cual hace parte del presente Plan, las áreas
reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento
en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el
correspondiente suelo para el amortiguamiento y la protección
ambiental de las mismas las cuales se encuentran identificadas
en los planos Nos. 8 y 9 denominados Clasificación del suelo
[…]”.
Con fundamento en lo anterior, CATASTRO aplicó el método de
comparación o de mercado previsto en el artículo 1° de la
Resolución 620 de 2008 para establecer el valor del terreno,
poniendo de presente que en los casos en que el uso del suelo de
un predio sea de protección el estudio de mercado debía efectuarse
comparándolo con otros predios de carácter rural, toda vez que en
este solo podían darse usos asociados a la preservación y
recuperación ambiental de esos espacios. Al respecto, explicó:
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“[…] El valor de terreno asignado, para los predios considerados
como suelo protegido, de acuerdo con la metodología aprobada
por la UAECD, se realiza una investigación económica de
valores de m2 de predios rurales, que son los valores
comparables en este caso, a los cuales, se les descontó el valor
de la construcción y a los valores resultantes por m2 de
terreno, se les aplicó un tratamiento según lo contemplado en
el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC,
seguidamente, con esta información económica, se procedió a
calcular el valor comercial de los terrenos que encuentran en
suelo de protección, con el fin de hallar el valor por m2 de
terreno para el predio objeto de valoración.
Partiendo de la premisa, que el valor comercial del inmueble
está asociado a la capacidad de renta que puede percibir, se
desarrolla el esquema comparativo, de acuerdo con las
condiciones normativas del sector en el que se inscribe el
predio en estudio, debido a la condición de la localización del
inmueble dentro del suelo urbano, éste podría acceder
eventualmente a usos urbanos y a su infraestructura,
generando una ventaja comparativa sobre terrenos con
vocación netamente agropecuaria.
Sin embargo, el régimen de usos del suelo se ve afectado por la
restricción generada por la connotación de estar en una zona
que conforma el parque Urbano de Escala zonal Parque
hacienda Los Molinos y parte del Corredor Ecológico Ronda
Hídrico de la Quebrada Chiguaza, el cual se clasifica en el tercer
componente de la estructura Ecológica Principal (suelo
protegido) el cual, lo convierte en suelo No Urbanizable, y en
donde solo se pueden observar usos asociados a la
preservación y recuperación de los suelos así como a la
conservación ambiental de estos espacios.
A diferencia de las áreas rurales adyacentes en las que se
permiten actividades agropecuarias, el régimen de usos del
área de estudio limita las posibilidades de urbanización o
desarrollo con alguna rentabilidad. Pero, importante anotar que
la condición de ubicación e influencia de la colindancia con
desarrollos urbanos genera ventajas de acceso a infraestructura
y localización, con respecto a las áreas con vocación
agropecuaria.
Es muy importante anotar, que de acuerdo con la dinámica
inmobiliaria actual del área rural adyacente el casco urbano de
Bogotá, se deben tomar como base comparativa los predios con
usos y vocación netamente agropecuarios, excluyendo áreas
agroindustriales y de vivienda campestre (donde se observan
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usos de tipo urbano). De manera se logra obtener un escenario
comparativo en los mismos de valor, donde la renta inmobiliaria
está asociada a la capacidad intrínseca y agrologica del suelo,
sin tener en cuenta rentas asociadas a condiciones de uso y
localización urbanas […]”.
Ahora, de la revisión del avalúo aportado con la demanda y
elaborado por Ingenieros Planificadores Inmobiliarios 5G
S.A.S. – INGEPLAN 5G S.A.S., la Sala observa que en este se
mencionó que el predio expropiado únicamente se encontraba
afectado urbanísticamente por la quebrada La Chiguaza e hizo
referencia a las disposiciones concernientes a lo que se entiende
por estructura ecológica principal y a uso de suelo de protección,
sin explicar dentro de su dictamen cómo dicha circunstancia
afectaba la estimación del precio comercial del bien expropiado y
sin tener en cuenta que el uso de suelo de protección afectaba todo
el inmueble y no solo la parte que recorría la quebrada, lo cual, a
juicio de la Sala, desconoce la realidad urbanística del predio.
Ahora, en lo que tiene que ver con la aplicación del método de
comparación o de mercado el artículo 1° de la Resolución 620 de
2008, “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”, expedida por
el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, establece:
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“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.
Respecto de la aplicación del mencionado método, los artículos 10º,
11 y 12 idem señalan:
“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la
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aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de
variación.
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.
ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.
Verificado el avalúo elaborado por Ingenieros Planificadores
Inmobiliarios 5G S.A.S. – INGEPLAN 5G S.A.S., la Sala observa
que no cumple con los requisitos anteriormente señalados, toda vez
que para calcular el valor del terreno realizó un estudio de mercado
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respecto de tres predios con posible desarrollo para proyectos VIS
en la zona sur, así:
“[…]
[…]”.
En efecto, del cálculo de terreno efectuado se observa que el avalúo
aportado con la demanda no cumplió con la carga de realizar un
estudio de ofertas de bienes semejantes y comparables al del
objeto de avalúo, pues este no tuvo en cuenta que el inmueble
expropiado se encuentra ubicado en su totalidad sobre suelo de
protección, por lo que no es viable compararlo con otros inmuebles
en los que es posible desarrollar construcciones tales como
viviendas de interés social.
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Adicional a lo anterior, la Sala advierte que el avalúo aportado con
la demanda tampoco cumple con los requisitos previstos en el
artículo 10º de la Resolución 620 de 2008, toda vez que en este no
se indicó la fecha en que fue publicada la información a partir de la
cual se elaboró el avalúo ni se allegaron factores adicionales que
permitieran verificar con posterioridad la información suministrada
con miras a revisar las demás características de los inmuebles
comparados.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la parte
actora no logró demostrar que el avalúo oficial hubiera aplicado
indebidamente el método de comparación o de mercado para
obtener el valor comercial del terreno del inmueble expropiado,
toda vez que el avalúo aportado con la demanda no tuvo en cuenta
el régimen urbanístico aplicable al bien expropiado ni realizó un
estudio de mercado respecto de inmuebles en las mismas
condiciones que el expropiado, incumpliendo con los requisitos
establecidos en la Resolución 620 de 2008 sobre el tema.
Ahora, en lo que tiene que ver con las construcciones existentes en
el predio, la Sala advierte que el avalúo comercial núm. 2019-0314,
estableció su valor aplicando el método de costo de reposición
previsto en el artículo 3° idem que señala:
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“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno […]”.
Frente a su aplicación el artículo 13 idem prevé:
“[…] ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe entender
por costo total de la construcción la suma de los costos
directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del
proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos
para la construcción, se debe tener especial atención con los
costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante […]”.
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Para ello, tuvo en cuenta las siguientes construcciones existentes
dentro del inmueble:
En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las mejoras
realizadas en el inmueble respecto del parqueadero allí existente, la
Sala observa que en la Resolución núm. 686 de 2019 se puso de
presente a la parte actora que no había lugar al reconocimiento del
valor de esa construcción pues de la documentación aportada en el
proceso administrativo se advertía que esta había celebrado un
contrato de arrendamiento del inmueble con el señor Carlos
Samuel Puentes para la prestación de los servicios de
“parqueadero y lavadero” en el que expresamente se señaló que el
inmueble se entregaba sin construcción alguna para tal efecto y
respecto de la cual no reposaba la respectiva licencia de
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construcción, conforme a la consulta realizada en la ventanilla única
de construcción.
Al respecto, la Sala evidencia que dentro del expediente obra el
contrato de arrendamiento comercial celebrado entre la parte
actora y el señor Carlos Samuel Puentes el 28 de febrero de
2018, con el objeto de arrendar el inmueble expropiado por el
término de 12 meses para la prestación del servicio de parqueo en
las que se incluyeron las siguientes cláusulas:
“[…] PRIMERA: OBJETO. La arrendadora hace entrega efectiva,
real y material a la parte arrendataria y ésta recibe a su entera
satisfacción la tenencia y goce en calidad de arrendamiento, del
siguiente inmueble urbano, situado en esta ciudad de Bogotá
D.C localidad Rafael Uribe Uribe, a saber: se trata de un lote
de terreno sin construir ubicado en la Carrera 5 "J" NO 48
T-14 Sur, Localidad Rafael Uribe Uribe […]
CUARTA: DESTINACION. La parte arrendataria destinará el
inmueble de que trata la cláusula primera del presente contrato
para situar o aparcar dentro de él todo tipo de vehículos
automotores propios o de terceras personas y para cobrar por
horas, por días, por semanas o por meses el servicio de
parqueo que preste a terceros.
PARÁGRAFO l. Queda facultada la parte arrendataria para
levantar dentro del predio arrendado una pequeña construcción
temporal y removible en la cual únicamente se realice la
actividad de cafetería. Construcción ésta que deberá ser
autorizada en cuanto a su diseño, tamaño y localización por la
parte arrendadora […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso
concreto no había lugar a reconocer suma alguna a la parte actora
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con ocasión de alguna construcción relacionada con el servicio de
parqueaderos, pues de la revisión del contrato por ella aportado al
proceso administrativo que culminó con la expedición de las
resoluciones demandadas se advierte que al momento de su
iniciación dicha construcción no existía; y que conforme con los
parámetros urbanísticos la misma se encontraba prohibida, pues el
predio se ubicaba sobre suelo de protección, por lo que mal podría
reconocerse rubro alguno por una mejora que no fue realizada
atendiendo a los parámetros legales vigentes.
Igualmente, respecto de las demás mejoras puestas de presente
por la parte actora, la Sala considera que tampoco hay lugar a
modificar la decisión de primera instancia, debido a que de la
revisión del avalúo oficial se advierte que este tuvo en cuenta todas
las construcciones verificadas en la visita técnica realizada el 25 de
septiembre de 2018 y relacionadas en el registro fotográfico
correspondiente, sin que obre en el proceso prueba alguna que
acredite la no observancia de otra mejora existente al momento de
la visita.
Finalmente, la Sala pone de presente que el hecho de que el
Tribunal en los antecedentes de la sentencia de primera instancia
se refirió a que dentro de las pruebas obrantes en el proceso se
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aportó un avalúo comercial practicado por la sociedad “BORRERO
OCHOA ASOCIADOS LTDA”, no es óbice para confirmar la decisión
recurrida, toda vez que de la revisión integral de la providencia se
observa que esto corresponde a un error de digitación susceptible
de corrección, pues en su parte considerativa se advierte que se
analizó el avalúo elaborado por Ingenieros Planificadores
Inmobiliarios 5G S.A.S. – INGEPLAN 5G S.A.S. el cual también
fue objeto de valoración en esta instancia.
• Sobre la necesidad de realizar una segunda visita técnica
para la elaboración del avalúo oficial
La recurrente estima que debe revocarse la providencia apelada,
por cuanto, a su juicio, para la elaboración del avalúo comercial
núm. 2019-0314, era obligatorio practicar una nueva visita al
predio expropiado teniendo en cuenta que se modificó el precio
indemnizatorio inicialmente establecido en el avalúo comercial núm.
2018-1634 de 16 de octubre de 2018.
El Tribunal en primera instancia sostuvo que no era necesario
practicar la visita al predio que echaba de menos la parte actora,
habida cuenta que no toda corrección del avalúo oficial implicaba la
realización de una visita física al predio.
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En el presente caso, de la revisión de las pruebas obrantes en el
proceso, la Sala observa que CATASTRO elaboró un primer avalúo,
esto es, el núm. 2018-1634 de 16 de octubre de 2018, en el que
fijó un precio indemnizatorio de $1.271.599.479 teniendo en cuenta
que el predio expropiado contaba con un área de 26.884,71 m2 y
con fundamento en el cual el IDRD, mediante Resolución núm. 067
de 4 de febrero de 2019, determinó la adquisición de su inmueble y
formuló oferta de compra.
Posterior a dicha actuación, mediante oficio de 20 de marzo de
2019, la parte actora se opuso al valor ofertado por el demandado
y puso de presente, entre otras razones, que el área de su
inmueble no correspondía a la indicada en la actuación
administrativa, sino a la de 27.151,56 m2, conforme con la
anotación 11 del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble,
señalando que debía modificarse el precio ofertado teniendo en
cuenta dicha circunstancia sin señalar o manifestar que el terreno
respecto del cual se reportaba la diferencia en m2 tuviera otra
situación, como la existencia de una construcción que modificara el
precio reconocido.
Por ello, el IDRD, mediante oficio 20194100056171 de 12 de abril
de 2019, solicitó a CATASTRO ajustar el avalúo elaborado
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observando dicha circunstancia, es decir, la diferencia en el área del
terreno conforme lo indicado por la actora y lo verificado en el folio
de matrícula inmobiliaria del inmueble expropiado, por lo que se
elaboró el avalúo comercial núm. 2019-0314 de 21 de mayo de
2019 en el que se fundaron las resoluciones demandadas, teniendo
en cuenta el área de 27.151,56 m2 para fijar el precio del
inmueble.
Por lo anterior, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal
cuando sostuvo que en el presente caso no había lugar a practicar
una nueva visita con la finalidad de elaborar el avalúo comercial
núm. 2019-0314 de 21 de mayo de 2019, toda vez que este último
se limitó a pronunciarse sobre la inconformidad de la recurrente
respecto del área informada del inmueble expropiado, la cual podía
ser verificada a través de los datos contenidos en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio, sin que en momento alguno la
recurrente manifestara una inconformidad sobre ese punto que
ameritara una nueva visita del avaluador al predio.
• Inconformidades sobre la vulneración al derecho a la
igualdad y a la equidad de la parte actora
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La parte recurrente estima que las resoluciones demandadas
trasgredieron sus derechos a la igualdad y a la equidad, habida
cuenta que en otros casos en los que se han expropiado inmuebles
en el sector de similares características se reconoció un valor mayor
del m2 de los terrenos allí estudiados.
El Tribunal sostuvo que no se habían trasgredido los derechos
invocados por la parte actora, debido a que cada avalúo efectuado
por CATASTRO se elabora teniendo en cuenta las características
únicas de los predios, por lo que no podían tenerse como idénticos
al expropiado.
Ahora, revisada la demanda, la Sala observa que la parte actora
sustentó la vulneración invocada en que previamente se
presentaron 3 casos diferentes en los que para efectos de
establecer el precio indemnizatorio, tanto el demandado como la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá formularon
ofertas de compra sobre inmuebles ubicados en el sector en los
que se determinó un valor superior por m2 al establecido en las
resoluciones demandadas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que tampoco le asiste
razón a la parte actora cuando estima que se trasgredieron sus
derechos a la igualdad y a la equidad por los siguientes motivos:
Conforme con lo previsto en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420
de 1998, para la elaboración de avalúos deben tenerse en cuenta,
entre otros, los siguientes parámetros y criterios:
“[…] Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la realización del avalúo en relación con el
inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
[…]
8. La estratificación socioeconómica del bien
[…]
Artículo 22.- Para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características:
1. Para el terreno
2. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y
forma
3. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana,
suburbano y de protección
4. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
5. Tipo de construcciones en la zona
6. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de
servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial
y servicio de transporte
7. En zonas rurales, además de las anteriores características
deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
8. La estratificación socioeconómica del inmueble
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9. Para las construcciones:
10. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
11. Los elementos constructivos empleados en su estructura y
acabados
12. Las obras adicionales o complementarias existentes
13. La edad de los materiales
14. El estado de conservación física
15. La vida útil económica y técnica remanente
16. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
17. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las
características de las áreas comunes […]”.
Revisadas las disposiciones anteriores, la Sala considera que para
realizar el avalúo de un inmueble en virtud del procedimiento
previsto en la Ley 388 de 1997, deben observarse todas las
características del predio allí enunciadas, por lo que no basta con la
ubicación de los inmuebles para tenerlos como similares.
Por ello y comoquiera que la parte actora no cumplió con la carga
de establecer cuáles son los parámetros que determinan que los
predios que enuncia en su demanda tienen características iguales al
inmueble objeto de expropiación, -como por ejemplo la clase de
suelo, que en el presente caso es de protección-, ni demostró las
razones por las que el avalúo oficial de su predio es incorrecto
frente a los allí enunciados, no hay lugar a acceder al cargo
formulado.
• Conclusión
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Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no
se encuentran elementos probatorios que demuestren la
incorrección del avalúo oficial que sirvió de sustento para la
fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a la parte
actora, con ocasión de la expropiación administrativa ordenada en
las resoluciones acusadas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Costas procesales
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 1889 del CPACA en armonía con el numeral
8 del artículo 365 del CGP10, esto es, en aplicación de un criterio
objetivo valorativo11, la Sala no condenará a la parte apelante., en
9
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
10
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
11
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
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los términos del numeral 3 del artículo 36512 ibidem, al pago de las
costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso13 y por las agencias en derecho14”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se
sujetará a la liquidación15 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
12
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
13
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
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Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP16, la Sala se abstendrá de fijar agencias en
derecho, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que
el IDRD no realizó gestión alguna dentro de esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2024,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte
actora y en favor del Instituto Distrital de Recreación y
16
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
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Deporte - IDRD, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclaravoto
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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