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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00442-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00442-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 15 de septiembre de 2022 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la acción de cumplimiento. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2022-00442-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de julio de 2023

Demandante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01
Demandante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia de
15 de septiembre de 2022. En la providencia mencionada, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente
la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997 y por medio de
apoderado judicial, la sucursal de la sociedad extranjera EQUION ENERGÍA LIMITED
demandó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de exigir el
cumplimiento del artículo 1.º de la resolución 1106 de 29 de octubre de 2014 1,
proferida por esa autoridad. Las pretensiones formuladas fueron las siguientes:

PRIMERA. - Que se ordene a la Agencia Nacional de Hidrocarburos dar cumplimiento
a lo resuelto en el artículo 1 de la Resolución No. 1106 del 29 de octubre de 2014, en
lo que se refiere al ajuste de liquidación de regalías, a favor de EQUION ENERGÍA
LIMITED.

SEGUNDA. - Que se condene en costas a la AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS [2].

2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI3. La Sala resume los
supuestos fácticos más relevantes de la siguiente manera:

1
«Por la cual se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la
Resolución 687 de 2014, por la cual se liquidan las regalías definitivas generadas por la explotación
de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014».
2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
3
Índice 2.
1
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Demandante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01

La accionante indicó que tenía participación en diversos contratos de asociación
suscritos con ECOPETROL S.A.4, para la extracción de gas. En virtud de dichas
relaciones contractuales la demandante pagó las regalías por la explotación del
recurso natural no renovable.

Para liquidar las regalías definitivas correspondientes al primer trimestre de 2014,
la ANH expidió la resolución núm. 687 de 14 de julio de 2014. Sin embargo, la
sociedad consideró que la fórmula para liquidarlas fue aplicada de manera
incorrecta por la entidad. Por tanto, contra dicho acto administrativo presentó
reposición. Finalmente, a través de la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de
20145, la ANH accedió parcialmente al recurso y señaló un saldo a favor de la
demandante por el valor de «$5.492.184.105».

Con posterioridad y en diversas oportunidades6, la accionante le solicitó a la ANH el
cumplimiento del artículo 1.º de la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de 2014
y, en consecuencia, pidió que aplicara el saldo a favor en las próximas liquidaciones
de regalías. Sin embargo, sostuvo, que la entidad no realizó el ajuste, es decir, no
le ha devuelto el valor del saldo a favor, y se ha negado a compensar por dicho
concepto las liquidaciones siguientes.

Por otra parte, la actora indicó que presentó dos demandas ejecutivas ante el
Tribunal Administrativo de Casanare7. No obstante, estas fueron negadas por no
reunir los requisitos para librar mandamiento de pago. Por tanto, acudió a la acción
de cumplimiento para que se ordene el obedecimiento de la disposición señalada.

3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas

En providencia de 27 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. En consecuencia,
ordenó notificar al director de la ANH y al director de la Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Asimismo, dispuso tener como pruebas las
aportadas por la actora.

4
En la demanda se describió que dichas relaciones contractuales tenían por objeto la extracción de
gas en el departamento del Casanare «Piedemonte, Tauramena y Río Chitamena».
5
En la demanda se citó la siguiente parte considerativa del acto administrativo «Una vez analizados
los argumentos presentados por EQUION ENERGÍA LIMITED, la ANH encuentra que asiste parcialmente
a la recurrente y por consiguiente deben realizarse ajustes en aplicación de los porcentajes de
participación de las compañías en los campos Cusiana Norte, Cusiana (contrato Río Chitamena y
contrato Tauramena) y Pauto Sur.|| Así, deben realizarse ajustes en los precios de cada mes del
primer trimestre de 2014 de acuerdo a lo informado en la comunicación a la ANH número
20146240073722 del 10 de abril de 2014.».
6
Con la demanda se aportaron los siguientes requerimientos «20156240225492 del 28 de agosto
de 2015. […] 20156240262782 del 1 de octubre de 2015. […] COM 215 del 29 de junio de 2016. […]
521-2016-074462 del 16 de septiembre de 2016. […] 521-2017-011165 del 5 de mayo de 2017 […]
20175210241972 del 29 de septiembre de 2017 […] 20175210267182 del 31 de octubre de 2017».
7
Radicados 85001-2333-000-2019-00094-00 y 85001-23-33-000-2019-00134-00.
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4. Informe

La ANH se opuso a la prosperidad de la pretensión de cumplimiento, en síntesis,
solicitó que se declare improcedente el medio de control. En ese sentido, alegó que,

… lo pretendido por el accionante se encuentra dirigido a la obtención del libre
mandamiento de pago y el reconocimiento de intereses, dejando de ser una
obligación de hacer a ser una obligación de dar, en tanto con ello se requiere la
transmisión del dominio, por lo que el trámite puede y debe ser adelantado por las
disposiciones reguladas en el título IX del artículo 297 de la ley 1437 de 2011 en
donde se desarrolla todo lo concerniente al proceso ejecutivo.

A su vez, explicó que se incurrió en un error porque, el valor que se reconoció a
favor de la actora en la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de 2014, no tuvo en
cuenta el total del volumen gravable por la explotación de gas del contrato
«Cusiana». Por lo tanto, indicó que fue necesario ajustar el saldo a favor de
$5.492.184.105 al de $4.082.314.567, tal y como le comunicó, el 26 de julio de 2022,
a través del radicado núm. 20225211087511.

En consecuencia, sostuvo que la pretensión formulada conlleva un debate en torno
a la legalidad de la resolución mencionada que no es posible dirimir por medio de
este mecanismo judicial. Además, señaló que ordenar el obedecimiento de la
disposición invocada, implicaría incurrir en vicios de ilegalidad y en el detrimento
patrimonial del Estado en beneficio de un particular.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo de 15 de septiembre de 2022, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la
acción de cumplimiento. En primer lugar, la autoridad judicial indicó que se agotó en
debida forma el requisito de renuencia. Seguidamente, explicó que el artículo 1.° de
la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de 2014 es «actualmente exigible», dado
que no ha sido derogado, suspendido o declarada su nulidad por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa.

No obstante, la primera instancia señaló que en un caso con, «idénticos supuestos
fácticos y pretensiones», sentencia de 30 de julio de 2020, la Sección Quinta del
Consejo de Estado8 declaró la improcedencia del mecanismo judicial de
cumplimiento. Lo anterior, por cuanto el deber que se pidió acatar implicaba analizar
la legalidad del acto administrativo que había reconocido un saldo a favor por
concepto de reliquidación de regalías.

8
El Tribunal citó «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta;
sentencia de 30 de julio de 2020; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; número único de
radicación 25000-23-36-000-2019-0010401, demandante: Equion Energía Limited, demandado:
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH».
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Bajo dicho antecedente, en el caso concreto, el a quo dijo que la comunicación núm.
20225211087511 de 26 de julio de 2022, en la que informó la ANH sobre la
reliquidación de las regalías definitivas, «sin entrar a prejuzgar», no implicaba la
revocación de la disposición que se pidió cumplir. Sin embargo, consideró que, los
argumentos de la demandada y los fundamentos que dieron lugar a que se ajustara
la liquidación, conllevaban a analizar la legalidad del acto administrativo que se pidió
acatar, lo cual, sostuvo, tornaba en improcedente el presente medio de control.
Además, señaló que la parte demandante contaba con la posibilidad de acudir a la
jurisdicción para pedir la ejecución del acto administrativo9.

6. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que fuera
revocada. Reiteró los hechos, argumentos y pretensiones, y, a partir de las
consideraciones del tribunal, identificó que se declaró improcedente la acción por
dos razones (i) porque se debate la legalidad del acto administrativo que se pidió
acatar y (ii) al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad.

Frente a la primera razón, puntualizó en los conceptos de firmeza, ejecutoriedad,
presunción de legalidad y en el de carácter ejecutorio de los actos administrativos.
Explicó que aquellos adquieren firmeza cuando no proceden recursos, se presumen
legales mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción contencioso
administrativa, y son ejecutorios cuando se encuentran en firme, según los artículos
87, 88 y 89 del CPACA, respectivamente. En ese sentido, sostuvo que resulta
contradictorio que el tribunal hubiera indicado que la disposición objeto de la acción
de cumplimiento es actualmente exigible y que, al mismo tiempo, se tuvieran como
válidamente oponibles las razones de la ANH en cuanto a que cometió un error en la
liquidación de regalías y que ordenar el acatamiento generaría un detrimento
patrimonial contra el Estado.

En esta línea, dijo que, la resolución 1106 de 2014 cumple con todos los atributos
mencionados, pero en el fallo se consideró que el asunto implicaba analizar la
legalidad del acto administrativo. Discrepó de tal determinación porque la
demandada le informó sobre el ajuste de la liquidación de las regalías definitivas 7
años y 9 meses después de la expedición de la resolución, en donde fue expresa al
señalar el saldo a su favor, sin embargo, indicó un monto diferente el 26 de julio de
2022. Por tanto, alegó que la entidad desconoció la presunción de legalidad,
carácter ejecutorio y firmeza al no dar cumplimiento a lo que ella misma dispuso y,
por ende, a su juicio, no podía proponerse discusión alguna frente a la suma
reconocida desde el año 2014.

9
En la sentencia impugnada la Sala de Decisión del Tribunal dispuso declarar no fundado el
impedimento de uno de los magistrados. Asimismo, se precisa que el envío de los mensajes
electrónicos para notificación de la providencia se realizó el 10 de octubre de 2022.
4
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Frente a la segunda razón de improcedencia, se manifestó que la regla general
establece que el administrado debe haber agotado todos los medios de defensa
judicial ordinarios. No obstante, indicó que no se tuvo en cuenta que presentó en
dos oportunidades demandas ejecutivas, pero fueron negados los mandamientos
de pago. Por tanto, indicó que no cuenta con otro mecanismo de defensa para
solicitar la materialización de su derecho.

Asimismo, la demandante alegó que, carece de sentido el argumento de que puede
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para desvirtuar la legalidad de la
resolución, pues, precisó, nunca buscó discutir la legalidad del acto administrativo,
por el contrario, sostuvo que, si existiera interés en la nulidad de dicho acto, era la
ANH la llamada a presentar el medio de control, pero no lo hizo. En ese sentido,
consideró que la declaratoria de improcedencia vulnera su derecho al acceso a la
administración de justicia, además de que, en caso de no tramitar la presente
acción, sería inexistente el instrumento para obtener el reconocimiento del derecho
adquirido de manera legítima.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 15
de septiembre de 2022 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca10, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 15
de septiembre de 2022. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del artículo 1.º de la resolución núm. 1106 de
29 de octubre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

10
En auto de 29 de mayo de 2023, la primera instancia concedió la impugnación interpuesta
oportunamente por la accionante el 13 de octubre de 2022.
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De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición invocada por la
actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo11 para que toda persona pueda «… acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la

11
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo12.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «… cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]13.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el

12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
13
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
7
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presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política14.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»15.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado16.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,17 a menos que estén apropiados;18 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior19.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un

14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
17
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-
31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-
23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia antes citada.
8
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mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo
en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»21. Igualmente, esta Sección22 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[23] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

20
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo,
para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible…».
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
22
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
23
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
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Demandante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»24

Para este caso, la accionante acompañó copia de las solicitudes, «20156240225492
del 28 de agosto de 2015. […] 20156240262782 del 1 de octubre de 2015. […] COM
215 del 29 de junio de 2016. […] 521-2016-074462 del 16 de septiembre de 2016.
[…] 521-2017-011165 del 5 de mayo de 2017 […] 20175210241972 del 29 de
septiembre de 2017 […] 20175210267182 del 31 de octubre de 2017», en las cuales
requirió a la ANH el cumplimiento del artículo 1.º de la resolución núm. 1106 de 29
de octubre de 2014 y, en consecuencia, pidió que aplicara el saldo a favor allí
reconocido en las próximas liquidaciones de regalías.

A la fecha de presentación de la demanda de cumplimiento, la ANH no se pronunció
frente a lo requerido por la demandante. En consecuencia, como en el término que
la disposición previó para esos efectos no hubo respuesta de la entidad, la Sala
encuentra acreditado el requisito de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997,
respecto del artículo 1.º resolución núm. 1106 de 29 de octubre de 2014.

3.4. Procedencia de la acción

En primer lugar, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el
obedecimiento de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad, es decir, su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente. En atención a lo
precisado en el acápite que antecede, corresponde tener como disposición que se
exigió a la accionada el artículo 1. º de la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de
2014 que, en lo que atañe a lo reclamado por la actora, previó lo siguiente:

24
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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RESOLUCIÓN 1106 DE 29 DE OCTUBRE DE 2014

Por la cual se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra
de la Resolución 687 de 2014, por la cual se liquidan las regalías definitivas
generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2014

[...]

Artículo 1. REPONER la liquidación de regalías y compensaciones contenida en la
resolución 687 expedida el 14 de julio de 2014 por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, en cuanto se refiere a los motivos de impugnación de EXXONMOBIL
EXPLORATION COLOMBIA LIMITED, identificados bajo en el capítulo I, de EQUION
ENERGÍA LIMITED identificados en el capítulo II, numeral 3, del cual que resulta una
diferencia a favor de EQUION ENERGÍA LIMITED por la suma de $5.492.184.105
[…][25].

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de una norma
vigente. En la impugnación, la accionante alegó que resultaba contradictorio que el
tribunal señalara que la disposición invocada era «actualmente exigible», pero, al
mismo tiempo, advirtió que no se podía ordenar cumplir el deber que se endilgó
porque implicaba debatir la legalidad del acto administrativo.

Al respecto, en este punto, la Sala precisa que el a quo no estudió en ningún
momento el fondo de la controversia, como parece entender la parte actora. Por el
contrario, al referirse al término «actualmente exigible», la primera instancia abordó
el estudio del primer requisito para la procedencia de la acción, esto es, que se
busque el cumplimiento de normas vigentes, lo cual se satisface en este caso, dado
que, el artículo 1.º de la resolución núm. 1106 de 29 de octubre de 2014 no ha sido
derogado, suspendido o declarado su nulidad por parte de la jurisdicción
contencioso administrativa.

Ahora bien, la primera instancia, luego de tener en cuenta la sentencia de 30 de julio
de 202026, declaró la improcedencia del mecanismo judicial de cumplimiento, pues
advirtió un debate existente entre las partes en punto al monto del ajuste de la
liquidación de las regalías, dado que, es un asunto que escapa al objeto de esta vía
por cuanto conlleva pronunciarse sobre la legalidad de la resolución núm. 1106 de
29 de octubre de 2014. En ese sentido, la Sala debe precisar que el caso concreto,
difiere del antecedente que el tribunal indicó como «idéntico», pues la razón que
llevó a la improcedencia fue el hecho de que la demandada adelantó el respectivo
proceso ordinario de lesividad ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Para dar claridad de lo anterior, se cita la razón principal en la que esta Sección
cimentó la conclusión del caso referido como antecedente:

25
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la ANH.
26
El Tribunal citó «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta;
sentencia de 30 de julio de 2020; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; número único de
radicación 25000-23-36-000-2019-0010401, demandante: Equion Energía Limited, demandado:
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH».
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[…] una vez confirmado que, como lo expuso la agencia demandada, ya acusó la
legalidad del acto administrativo que se pide acatar -Resolución 534 de 2015 y con
su demanda allegó solicitud de medidas cautelares, proceso que está pendiente de
admisión, según se advierte de la página oficial del Consejo de Estado:

Expediente No. 110010326000202000035 00 (65874)
Magistrado NICOLÁS YEPES CORRALES
Actor AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Demandado AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Por lo anterior, encuentra la Sala que este caso no se limita a disponer el cumplimiento
del mandato establecido en el artículo 2.º de la Resolución 534 de 2015, sino que
ordenar el reajuste de la liquidación como lo requiere la demandante, implica la
definición de la legalidad de dicho acto administrativo lo cual escapa, como ya se
explicó, a la competencia del juez de la acción de cumplimiento.
[…]

Nótese que en el caso que tuvo en cuenta el tribunal, la improcedencia se determinó
porque existía un trámite judicial ordinario en el cual se controvertía la legalidad del
acto administrativo que se pidió acatar, circunstancia que no ocurre en esta
oportunidad, pues no está acreditado que la ANH demandó su propia resolución, ante
la jurisdicción contencioso administrativa, como acertadamente señaló el
impugnante.

A su vez, la parte actora manifestó que no cuenta con otro medio judicial efectivo
para lograr que se ordene el acatamiento del artículo 1.º de la resolución núm. 1106
de 29 de octubre de 2014, toda vez que ya acudió en dos oportunidades al proceso
ejecutivo y no se libró mandamiento de pago. No obstante, dicha disposición la
actora la consideró desatendida con ocasión de la comunicación núm.
20225211087511 de 26 de julio de 2022. En dicho acto administrativo la ANH explicó
que estableció un saldo a favor diferente al señalado en el año 2014, al advertir que
se incurrió en un error al no tener en cuenta el total del volumen gravable por la
explotación de gas del contrato «Cusiana»; por lo tanto, lo ajustó de $5.492.184.105
al de $4.082.314.567.

De acuerdo con lo anterior, contrario a lo indicado por la primera instancia, la Sala
considera que los reparos esgrimidos conllevarían a controvertir la legalidad, pero
de la comunicación de 2022, pues aquella sí modificó la situación particular y
concreta en cuanto al saldo a favor de la actora frente a la liquidación de regalías
por el primer periodo del año 2014, lo cual implica un debate que no es posible
dirimir por medio de esta acción. En efecto, la Sala advierte que dicho acto
administrativo se presume legal y, por ende, es oponible, atributos que no se pueden
desvirtuar por el juez de cumplimiento dado que la naturaleza de este mecanismo
no es declarativa sino de ejecución de deberes que no admitan discusión alguna,
circunstancia que como se evidencia no ocurre en esta ocasión. Tampoco se puede
utilizar esta acción para reemplazar los mecanismos idóneos ni revivir las
oportunidades procesales que dispone el ordenamiento jurídico.

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Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01

Como se indicó en acápites anteriores, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este mecanismo constitucional no procederá
cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial
para lograr el efectivo obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que
se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante27. Lo anterior, se explica
en lo siguiente:

[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello
la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo
residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al
Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento
judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio28.

En el presente caso, la Sala no puede desconocer que subyace una controversia
entre las partes que escapa al objeto de la acción constitucional, esto es, hacer
efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo que no implique
discusión alguna, toda vez que, para dirimir el asunto se debió controvertir la
legalidad de la comunicación núm. 20225211087511 de 26 de julio de 2022, lo que
correspondía ser definido por el juez ordinario, pero a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,
escenario en el que se debió zanjar, si como lo propone la actora, el valor del saldo
a favor es de $5.492.184.105 o, si por el contrario, como esgrime la demandada es
el de $4.082.314.567.

Llegado a este punto, la Sección precisa que no se encuentra probada la incursión
de un perjuicio irremediable de características concurrentes de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergable, toda vez que la discusión propuesta recae en
la diferencia de un monto económico que, en todo caso, la Administración reconoció
a favor de la actora, claro está, por un valor inferior, pero que precisamente era el
debate que se debió proponer al juez de la legalidad de los actos administrativos y
no al de cumplimiento. Por tanto, no es aplicable la regla de excepción del artículo
9.º de la Ley 393 de 1997. Además, porque en el medio de control que se indicó se
pudo proponer medidas cautelares.

27
En cuanto a la improcedencia por subsidiariedad y su desarrollo por parte de la jurisprudencia de
esta sección puede confrontarse las siguientes providencias: sentencia de 24 de mayo de 2012,
radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23
de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres
Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP.
Mauricio Torres Cuervo.
28
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Radicación: 25000-23-41-000-2022-00442-01

Asimismo, no sobra precisar que, conforme el artículo 188 del CPACA, no procede
la condena en costas en este tipo de trámites, dado su carácter de acción pública.
En suma, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por las razones expuestas en
esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 15 de septiembre de 2022 de la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró
improcedente la acción de cumplimiento.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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