Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2023-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00186-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00186-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de mayo de 2023
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
Demandante: JOSÉ IGNACIO MORALES ARRIAGA
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Tema: Improcedencia de la acción ante la existencia de otro
mecanismo judicial –subsidiariedad–.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de
3 de marzo de 2023. En la providencia mencionada, la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José
Ignacio Morales Arriaga demandó a la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC). En el escrito se aludió el incumplimiento del literal f) del artículo 5.º de la
Ley 1163 de 20071, y se pretendió lo siguiente:
1.- ORDENAR AL REGISTRADOR NACIONAL DE ESTADO CIVIL QUE CUMPLA LO
SEÑALADO EN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1163 DE 2007.
2.- EN CONSECUENCIA, DISPONER QUE LA RENOVACIÓN DE LA CÉDULA
AMARILLA CON HOLOGRAMA, POR LA CÉDULA DIGITAL IMPLICA LA
EXONERACIÓN DEL COBRO DE LA TASA IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 2 Y
PARÁGRAFO DE LA RESOLUCIÓN NO.5112 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 Y LAS
DEMÁS DISPOSICIONES QUE, SOBRE TARIFAS, SE EMITAN EN LOS AÑOS
POSTERIORES.
3.- ORDENAR AL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL QUE EXPIDA
NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO MODIFICANDO EL ARTÍCULO 2 Y PARÁGRAFO DE
LA RESOLUCIÓN NO.5112 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, O LA QUE HAYA
SUBROGADO ÉSTA, EN ACATAMIENTO A LA DISPOSICIÓN ANTEDICHA.
1
«Por la cual se regulan las tasas por la prestación de servicios de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se dictan otras disposiciones.».
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
4.- ORDENAR AL REGISTRADOR NACIOBAL DEL ESTADO CIVIL QUE CESE
INMEDIATAMENTE EL COBRO DE LA RENOVACIÓN DE LA CÉDULA AMARILLA CON
HOLOGRAMA POR LA DIGITAL.
5.- ORDENAR AL REGISTRADOR NACIONAL DE ESTADO CIVIL QUE PUBLIQUE EN
SU PÁGINA WEB, Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA
PERMANENTE, LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA SENENCIA, EN
CUMPLIMIENTO AL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1163 DE 2007[2].
2. Hechos
En la demanda, el actor señaló varios hechos. La Sala resume los supuestos
fácticos más relevantes del escrito de la siguiente manera:
Actualmente, la RNEC expide la nueva cédula de ciudadanía física; denominada
«de seguridad en policarbonato», que de manera concomitante activa el
documento digital «cédula de ciudadanía digital». El accionante indicó que, si bien
no es obligatoria actualmente, será un imperativo para que las personas se
identifiquen, puedan obtener los servicios que presta el Estado, ejercer y hacer
valer sus derechos, acceder a cargos públicos, elegir y, ser elegidas3.
La expedición del novedoso instrumento no tiene costo, si es por primera vez. Sin
embargo, para quienes cuentan con la cédula amarilla con hologramas4; la entidad
adelanta el trámite de expedición como duplicado5 y, para el año 2022, cobró el
valor de $55.7506. En criterio del demandante, la generación del documento
implica el trámite de renovación; en sus términos «… ello ocurre en los eventos en
que la ciudadanía, por razones externas a su propia voluntad o por obligación
impuestas por el mismo Estado, deba renovar el documento de identidad».
De acuerdo con lo anterior, el señor José Ignacio Morales Arriaga indicó que el
literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007 es muy claro al disponer la
exoneración del cobro de la tasa de servicios para la expedición del documento de
2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores y la negrilla es del original.
3
En la demanda se citaron apartes de las sentencias de la Corte Constitucional C- 511 de 14 de
julio de 1999 y T- 497 de 2006, para resaltar principios que gobiernan la labor del registro civil e
identificación de la ciudadanía.
4
El actor alude que muchas personas no podrán sufragar el pago de la tasa que se impuso para
obtener el nuevo documento de identidad por el trámite de duplicado, indicó: «• Personas en
condición de extrema pobreza • Personas desempleadas • Personas habitantes de calle • Personas
que vivan en sitios remotos o alejados de cabeceras municipales • Entre otras».
5
El accionante citó un aparte de un artículo del diario Portafolio «Desde el 1 de septiembre se dejó
de producir la cédula amarilla tradicional para cambiar su producción y diseño. A partir de 2023 el
nuevo documento será obligatorio, anunció el registrador».
6
El demandante sustentó su escrito a partir de la información que extrajo de los siguientes portales
digitales de la entidad demandada y del diario Portafolio, enlaces:
https://www.registraduria.gov.co/?page=cedula-digital – https://www.portafolio.co/economia/finanzas/registraduria-
nacionalya-no-sera-valida-la-cedula-fisica-solo-la-digital-570432
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
identidad en caso de renovación. No obstante, en el artículo 2.º de la Resolución
nro. 5112 de 23 de febrero de 20227, la RNEC dispuso lo siguiente:
Artículo 2°. Tarifas para la expedición de la Cédula de Ciudadanía de
Seguridad Personalizada en Policarbonato y para la Cédula de Ciudadanía
Digital. Fijar como valor por concepto de la expedición de la Cédula de Ciudadanía
de Seguridad Personalizada en policarbonato por duplicado o rectificación, por
pérdida, deterioro o corrección de datos de la misma, a voluntad de su titular, la cual
se entregará con la activación de la Cédula de Ciudadanía digital, la suma de
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($55.750.oo) ML.
Parágrafo. Solicitudes de expedición de la Cédula de Ciudadanía de Seguridad
Personalizada en Policarbonato y para la Cédula de Ciudadanía Digital por
duplicado o rectificación, por pérdida, deterioro o corrección de datos de la misma, a
voluntad de su titular, la cual se entregará con la activación de la Cédula de
Ciudadanía digital recibida en el exterior por los consulados. Establecer por este
concepto la suma de CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y UN
CENTAVOS DE DOLAR (US$ 55.81).
Del tenor de la disposición transcrita8, el actor advirtió que la entidad cobra por
duplicado o rectificación, por pérdida, deterioro o corrección de datos del
documento, a voluntad de su titular, la suma de $55.750/ USS55.81; pero, en
ninguna parte la disposición señala que ese valor se recaude por la renovación del
documento de identidad. Por tanto, alegó que como se «ha comenzado a imponer
la renovación forzosa», la accionada debe cesar inmediatamente el cobro de
renovación de la cédula amarilla con holograma por la digital: resaltó que «No
puede usarse ni abusarse de la figura del DUPLICADO para, de manera
arbitraria, cobrar por una RENOVACIÓN que el mismo Estado impone a la
ciudadanía».
El 3 de noviembre de 2022, en similares términos a los de la demanda, el
accionante presentó escrito de constitución en renuencia a la RNEC, en el que
solicitó el cumplimiento del literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007. Lo
anterior, con la finalidad de que la entidad deje de cobrar las tasas establecidas en
la Resolución nro. 5112 de 23 de febrero de 2022, por el trámite de renovación de
la cédula amarilla con holograma por la digital, porque no corresponde con el
trámite de duplicado.
Por su parte, la Administración no accedió a lo solicitado. En oficio de 18 de
noviembre de 2022, la RNEC respondió al demandante lo siguiente:
[…]
Si bien es cierto, como usted relaciona, la citada Ley, en su artículo 5º señala
algunas situaciones especiales donde se puede exonerar del cobro en la expedición
7
«Por la cual se incrementan las tarifas de diferentes hechos generadores por los servicios que
presta la Registraduría Nacional del Estado Civil»
8
Debe precisarse que las tasas por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado
Civil se actualizan anualmente por medio de acto administrativo
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
del documento de identidad, usted cita expresamente el numeral f) que establece
que procederá dicha exoneración cuando se esté llevando a cabo la renovación de
alguno de los documentos de identidad. En este caso, dicho numeral no aplica, ya
que a la fecha no nos encontramos oficialmente en un proceso de renovación de
nuestro documento de identificación, es decir, todavía no se encuentra fijada la
fecha exacta en la cual, la cédula digital será de uso obligatorio por parte de todos
los ciudadanos colombianos.
Es importante poner de presente que la cédula amarilla con hologramas, sigue
siendo completamente válida y que, a la fecha, la expedición de la cédula digital
solamente es obligatoria cuando se tramiten cédulas de ciudadanía por primera vez.
Así como, cuando se solicite un duplicado, es decir, cuando un ciudadano se
acerque a una Registraduría a solicitar un duplicado de su cédula de ciudadanía, en
caso de que tenga la cédula amarilla de hologramas, le será expedida la nueva
cédula de ciudadanía digital generando así una transición ordenada y gradual de
todos los colombianos hacía la nueva cédula de ciudadanía digital.
Por tanto, debo señalarle que los diversos cobros, como se pudo establecer
anteriormente, son fijados en cumplimiento de una disposición legal, y, por tanto,
esta entidad no se encuentra autorizada para realizar una exoneración total
respecto del costo de la nueva cédula digital, hasta que el Congreso de la República
no disponga modificar esta situación. […]
3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas
En auto de 31 de enero de 2023, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá declaró
la falta de competencia funcional para conocer del asunto, en atención a que la
autoridad accionada es del nivel nacional y dispuso la remisión del proceso para
que cursara, en primera instancia, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
A su turno, en providencia de 6 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la
Subsección B de la Sección Primera de esa corporación admitió la demanda y
ordenó la notificación de lo decidido al demandante, al señor al registrador
nacional del estado civil y tuvo como pruebas los documentos aportados con la
solicitud de cumplimiento.
4. Informe
La RNEC se opuso a las pretensiones de la demanda, alegó que la acción deviene
improcedente porque existe otro medio judicial para plantear el debate que
propone el actor: el medio de control de nulidad contra la Resolución nro. 5112 de
2022. En todo caso, enfatizó que la entidad no ha incumplido la norma invocada
como desatendida.
Frente a la inobservancia del literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007, la
autoridad señaló que el actor asimila, erradamente, la renovación (exenta de
cobro) a la expedición de la cédula digital debido a extravío, hurto o por simple
decisión del interesado (no exento de cobro), caso en el cual se habla de
duplicado, dado que reproduce los mismos datos biográficos y biométricos porque
se trata de la misma persona. A su vez, precisó que la cédula digital no se trata de
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
un documento que ofrezca novación; entendida como la modificación o extinción
de la cédula amarilla con hologramas vigente. Por tanto, alegó que no tiene cabida
la aplicación de la interpretación incierta que hizo el accionante.
En ese sentido, la entidad resaltó que la cédula amarilla con hologramas no ha
perdido su vigencia, por lo que los colombianos pueden seguir identificándose con
la cédula amarilla con hologramas, circunstancia que garantiza sus derechos
fundamentales. En consecuencia, no se puede hablar de renovación porque la
cédula digital, actualmente, no se le exige de manera obligatoria a los
administrados.
En consonancia con lo anterior, la autoridad aclaró que la expedición de la cédula
de ciudadanía digital y física en policarbonato no se tramita por renovación, sino a
través de solicitud de primera vez, duplicado y rectificación: el primero, desde el
1.° de septiembre de 2022, para los colombianos que cumplen la mayoría de edad
y solicitan la expedición del documento, y los demás son vías de carácter
voluntario, por las cuales pueden acceder los colombianos en caso de pérdida,
deterioro o corrección de datos de la cédula de ciudadanía o, bien, insistió, por su
propia voluntad. En suma, como la expedición de duplicado o rectificación es un
servicio que presta la RNEC y constituye un hecho generador de las tasas objeto
de cobro, se encuentran justificadas las que están previstas en la Resolución nro.
5112 de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 3.º de la
Ley 1163 de 2007.
5. Sentencia de primera instancia
Por medio de fallo de 3 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la
demanda. Para llegar a dicha decisión, del contenido de la disposición cuya
observancia pretendió el actor, el a quo determinó que la Registraduría Nacional
del Estado Civil no estableció una tarifa por concepto de renovación y que, el
cobro de las tasas del artículo 2.º de la Resolución nro. 5112 de 2022, se
encuentran conforme con lo establecido en el literal a) del artículo 3.º de la Ley
1163 de 2007.
Seguidamente, el Tribunal estimó que, con los trámites de duplicado o
rectificación, el documento que se obtiene es la cédula de ciudadanía en
policarbonato y digital, no la amarilla con hologramas; por tanto, no implican una
renovación del documento de identidad. Igualmente, precisó que no es obligatoria,
sino que su expedición se realiza a voluntad del titular, por cuanto, la anterior no
ha perdido su vigencia, es decir, que los ciudadanos pueden seguir ejerciendo sus
derechos. Además, que no se ha establecido una fecha exacta de obligatoriedad
del nuevo instrumento, en cuyo caso sí se hablaría de renovación.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
En suma, la primera instancia determinó que el accionante no demostró el
incumplimiento de la norma que alega como desatendida, porque la Resolución
nro. 5112 de 23 de febrero de 2022 estableció las tasas de cobro para los trámites
de duplicado, rectificación o corrección del documento de identidad, que son de
carácter voluntario; y frente a los cuales no opera la exoneración de cobro.
6. Impugnación
El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se acceda a sus
pretensiones. En ese sentido, manifestó que ratificaba la argumentación expuesta
en el escrito inicial y que no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para
controvertir la legalidad de la Resolución nro. 5112 de 23 de febrero de 2022,
como mal lo advirtió el Tribunal, toda vez que su demanda no se dirige para esa
finalidad.
Por otra parte, el impugnante indicó que la sentencia recurrida desconoce que la
accionada abusa del derecho al «imponer, indirectamente, un cambio, reemplazo
o renovación del documento de identidad, cédula, alegando que se trata de simple
emisión de duplicado». En su criterio, lo anterior, «carece de coherencia
intelectiva, puesto que la palabra duplicado hace alusión al doble exacto de una
determinada cosa, que en este caso no lo es, ya que la cédula actual, amarilla con
holograma, es totalmente diferente a la digital y su versión de policarbonato».
Asimismo, el accionante sostuvo que con la decisión el Tribunal permite la
arbitrariedad de que la Administración siga cobrando una verdadera renovación de
cédula «bajo el entendido -ausente de legalidad- de que se trata de un mero
duplicado». Aseveró que finalmente se va a obligar a la ciudadanía a la llamada
cédula digital y que no se tiene en cuenta el enorme beneficio económico que le
permiten los ingresos por duplicados a la entidad. Además, expresó que «estamos
francamente, frente a una RENOVACIÓN de documento de identidad; y más,
cuando para obtenerlo hay que renovar los datos personales, así como el registro
biométrico, etc. Pero el Tribunal no analizó esta situación». Finalmente, manifestó
lo siguiente:
Desatendió el fallador de primera instancia que con esta demanda lo que se
pretende es conjurar, impedir y detener un proceso arbitrario e injusto con la
ciudadanía, consistente en que la accionada le está dando un giro prohibido e
interpretación inadecuada al literal f), inciso primero, del artículo 5 de la Ley 1163 de
2007, cuando alega que la cédula amarilla con holograma es la vigente (sin
atreverse a dar fecha cierta de su fenecimiento, que lo será pronto, se presume
razonadamente) y que quien desee la denominada cédula digital y su copia en
policarbonato (que es una verdadera renovación), deberá pagar la tasa impuesta a
título de duplicado, lo cual es un verdadero engaño.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 3
de marzo de 2023 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 3
de marzo de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes problemas
jurídicos a resolver:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la RNEC respecto del literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo9 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
9
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo10.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]11.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política12.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»13.
11
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado14.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,15 a menos que estén apropiados;16 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior17.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este18 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo
en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
15
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17
Sentencia antes citada.
18
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia».
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»19. Igualmente, esta Sección20 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [21] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
21
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»22
En el caso concreto, con la demanda se acompañó copia del escrito de 3 de
noviembre de 2022, que el accionante presentó a la RNEC y en el que solicitó el
cumplimiento del literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007. Lo anterior, con
la finalidad de que la entidad deje de cobrar las tasas establecidas en la
Resolución nro. 5112 de 23 de febrero de 2022, por renovación de la cédula
amarilla con holograma por la digital, porque no corresponde con el trámite de
duplicado.
Asimismo, el demandante adjuntó el oficio de 18 de noviembre de 2022, en el que
la autoridad accionada le respondió que no incumple la disposición mencionada,
toda vez que no se puede hablar de proceso de renovación porque la cédula
digital, actualmente, no se le exige de manera obligatoria a los administrados. Por
tanto, como la cédula amarilla con hologramas no ha perdido su vigencia, el
trámite que se imparte para la expedición es el de duplicado, rectificación o por
voluntad del interesado.
Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia. En efecto, la disposición invocada en la pretensión de la
demanda, esto es, el literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007, corresponde
con la exigida en el escrito de 3 de noviembre de 2022 y la respuesta emitida por
la accionada es contraria al querer del demandante.
3.4. Procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el obedecimiento
de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
la observancia del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición incumplida el literal f) del artículo 5.º de la Ley 1163 de 2007, cuyo
contenido es el siguiente:
22
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
LEY 1163 DE 2007
(octubre 3)
Diario Oficial No. 46.771 de 4 de octubre de 2007
Por la cual se regulan las tasas por la prestación de servicios de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 5o. EXENCIONES AL COBRO. De conformidad con las disposiciones
vigentes, la Registraduría Nacional del Estado Civil exonerará del cobro para
obtener el documento de identidad, en los siguientes casos:
[…]
f) La renovación de cualquiera de los documentos de identificación;
[…]
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de un artículo,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición o decisión judicial. Por
tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra satisfecho.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que se cause un perjuicio
grave e inminente para el accionante23. Lo anterior, se explica en lo siguiente:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio24.
En el caso concreto, la parte actora manifestó que no cuenta con otro medio
judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del literal f) del artículo
5.º de la Ley 1163 de 2007, y que su petición no tiene la finalidad de controvertir
actos administrativos. Sin embargo, dicha disposición la consideró desatendida
con ocasión de la Resolución nro. 5112 de 202225, que impuso las tasas por
23
En cuanto a la improcedencia por subsidiariedad y su desarrollo por parte de la jurisprudencia de
esta sección puede confrontarse las siguientes providencias: sentencia de 24 de mayo de 2012,
radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23
de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres
Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.
24
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Se precisa que la resolución mencionada fue dejada sin efectos por medio del artículo 16 de la
Resolución 4105 de 22 de febrero de 2023. No obstante, en el artículo 2.º ejusdem la RNEC
13
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
servicios de la RNEC para la expedición de la cédula digital que, en su criterio,
remplazará a la cédula amarilla con hologramas.
Por su parte, la RNEC aludió que la renovación no se aplica para el nuevo
instrumento de identificación y que las personas pueden solicitarlo
voluntariamente, por medio del trámite de duplicado o rectificación. En
consecuencia, defiende que se encuentran justificados los valores cobrados por
esos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 3.º de la
Ley 1163 de 2007.
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto, para la Sala es claro que
subyace una controversia entre las partes que escapa al objeto de la presente
acción constitucional, esto es, hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto
administrativo que contenga un mandato claro, expreso, exigible y que no implique
discusión alguna, toda vez que, para dirimir el asunto se debe determinar si los
procedimientos y tasas establecidas, por concepto de la expedición cédula física
en policarbonato y digital, reguladas en el artículo 2.º de la Resolución nro. 5112
de 2022 y actualmente en la Resolución nro. 4105 de 22 de febrero de 2023, están
fundamentadas o no en las normas legales que deben encontrar su sustento.
En efecto, corresponde al juez de la legalidad de los actos, por medio de la acción
de nulidad, prevista en el artículo 137 del CPACA, determinar, si como lo propone
el señor Morales Arriaga, el acto no dispone sobre el trámite de renovación que es
gratuito y que, en su criterio, irregularmente, fue subsumido por parte de la
Administración en el trámite de duplicado para justificar su cobro, en
desconocimiento de las previsiones del artículo que invocó o, si por el contrario,
como esgrime la demandada las tasas objeto de cobro, se encuentran justificadas,
de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 3.º de la Ley 1163 de
2007.
Llegado a este punto, la Sección precisa que el actor no alegó ni se encuentra
probada la incursión de un perjuicio irremediable de características concurrentes
de: inminencia, urgencia, gravedad e impostergable, desde la presentación de la
demanda. Por tanto, no se debe aplicar la regla de excepción del artículo 9.º de la
Ley 393 de 1997. En todo caso, se advierte que en el medio de control que se
indicó puede proponer medidas cautelares.
En suma, esta Sala revocará la sentencia de 3 de marzo de 2023 de la subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó
las pretensiones de la demanda. En su lugar, declarará improcedente la acción de
cumplimiento porque no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad que
impide a la Sala abordar el fondo del presente asunto, de acuerdo con las razones
mantuvo las tasas de servicios por concepto de la expedición cédula física en policarbonato y
digital.
14
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Ignacio Morales Arriaga
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00186-01
expuestas en esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
Primero. Revocar la sentencia de 3 de marzo de 2023 de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar,
declarar improcedente la acción de cumplimiento por subsidiariedad.
Segundo. Notificar a las partes. Lo anterior, en la forma prevista en el artículo 22
de la Ley 393 de 1997.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen. Lo
anterior, por medio de la Secretaría General de la corporación y a través de las
respectivas anotaciones en el sistema SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.