Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2023-00359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00359-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de febrero de 2024
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Demandante: NANCY YAMILE RODRÍGUEZ SUÁREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Tema: Confirma improcedencia - discusión que escapa al objeto de la
acción
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 29 de junio de 2023. La Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Ana
Nancy Yamile Rodríguez Suárez demandó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil -en adelante CNSC-, por el presunto incumplimiento del numeral 4.º del
artículo 31 de la Ley 906 de 20041 [modificado por el artículo 6.º de la Ley 1960
de 20192]. En el escrito, se formuló la siguiente pretensión:
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la resolución No 0097 de 2021, es un Nuevo acto
administrativo con una nueva fecha de expedición, para proveer otros empleos donde se seleccionan
otros concursantes con otras OPEC y por ser una nueva lista de elegibles cambian las posiciones en
la nueva lista y la cual debe ser publicada y comunicada para que pueda ser oponible en caso de
vulnerar derechos meritorios. Por tanto, esta nueva resolución de lista de elegibles debe tener una
vigencia. Ya que una lista de elegibles no puede nacer jurídicamente firme e inmodificable por que
impediría que la entidad tanto como los concursantes, puedan reclamar y modificar la lista de elegibles
antes de la firmeza de la misma. De lo contrario, si la lista fuera inmodificable desde su conformación,
impediría que los aspirantes que se crean lesionados en sus derechos frente al concurso pudieran
exigir correcciones, violando el debido proceso administrativo a no dar el derecho a la defensa y
contradicción, por tal motivo,
Declarar que la CNSC ha incumplido, la siguiente norma:
1
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
2
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004
4 Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por
delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una
vigencia de dos (2) años.
PRIMERO: Se ordene a la CNSC, publicar la lista de elegibles contenida en la resolución No № 0097
del 15 de enero de 2021 para proveer la OPEC No 145546, con la denominación de INSTRUCTOR,
CODIGO 3010, grado 1. Para dar la posibilidad a la oponibilidad de la misma en caso de que los
concursantes vean vulnerado su posición meritoria la cual debe ser en estricto orden de mérito en
aplicación al artículo 125 de la Constitución Nacional, además por que una lista de elegibles no puede
nacer a la vida jurídica inmodificable, para que posteriormente la CNSC le dé la Vigencia de dos años
que tiene toda lista de elegibles, tal como se encuentra estipulado en el numeral 4 del artículo 31 de la
LEY 909 de 2004.3
2. Hechos
2.1. La CNSC expidió el Acuerdo 20171000000116 de 24 de julio de 2017
(convocatoria 436 de 2017). Dicho acto administrativo llamó al concurso de
méritos para proveer cargos de carrera administrativa en el SENA.
2.2. La demandante se inscribió en el empleo con código - 58632 y quedó
clasificada en la posición 24 de la lista de elegibles, para el cargo de instructor,
código 3010, grado 1, como da cuenta la Resolución CNSC –201872120187935
de 24 de diciembre de 2018.
2.3. El 27 de junio de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1960 de
2019. En el artículo 6.°, se dispuso que la CNSC elaboraría en estricto orden de
mérito la lista de elegibles con el fin de proveer las vacantes para las cuales se
efectúo el concurso y las definitivas equivalentes no convocadas que surgieran
después de la convocatoria.
2.4. La CNSC emitió el «CRITERIO UNIFICADO “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN
EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019», en donde informó sobre
la obligatoriedad de usar la lista de elegibles con los cargos no ofertados
posteriores a la entrada en vigencia de la citada norma.
2.5. La demandante indicó que las accionadas no usaron la lista de elegibles
contenida en la Resolución 201872120187935 de 2018, conforme la Ley 1960 de
2019 y, que existieron vacantes similares a las plazas de instructor, código 3010,
grado 1, con anterioridad al vencimiento de la lista.
2.6. La CNSC emitió la circular externa núm. 008 de 2021 en la que dio
instrucciones para el reporte de información sobre la provisión de las vacantes
definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite de solicitud de
listas de elegibles en cumplimiento de la Ley 1960 de 2019. Sin embargo, la parte
actora cuestionó que la actuación referida debió llevarse a cabo desde la vigencia
3
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
de la norma citada y no dos años después cuando varias listas vencieron, sin
haber realizado el respectivo nombramiento en período de prueba de los elegibles.
2.7. En la demanda se señaló que otros ciudadanos, que participaron en la
convocatoria, promovieron acción de tutela. El proceso fue resuelto por el
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá4 ordenó expedir una nueva lista de
elegibles para proveer las vacantes y con similitud funcional del empleo
denominado Instructor Código 3010 grado 01 del Área Temática de
Automatización Industrial.
2.8. El 15 de enero de 2021, la CNSC expidió la nueva lista de elegibles
identificada con la Resolución № 0097, en la que señala que la actora no ocupó
una posición meritoria, sin embargo en criterio de la actora, no se encuentra en
firme y al ser una nueva lista de elegibles con una nueva OPEC 145546, por ser
un proceso de selección entre varios concursantes, la entidad debió tener en
cuenta las previsiones del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 6.º de Ley 1960 de 2019, y conformar una nueva
teniendo en cuenta la posición que ocupó con anterioridad, razón por la cual
requirió el cumplimiento de la disposición legal señalada a la CNSC con fines de
agotar renuencia .
A su turno, la CNSC no accedió a lo indicado por la actora y le indicó lo siguiente:
En conclusión, contrario a sus afirmaciones, se reitera que la vigencia de las Listas
Generales o Consolidadas de Elegibles, las cuales fueron conformadas en
cumplimiento de órdenes judiciales que concedieron acciones de tutela, está sujeta
a la vigencia de los respectivos Listados de Elegibles de los empleos equivalentes
ofertados en la Convocatoria No. 436 de 2017 –SENA, conforme a lo establecido en
el artículo 58 del Acuerdo No. 20171000000116 de 2017 y en concordancia con lo
estipulado por el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
3. Admisión de la demanda
En auto de 24 de mayo de 20235, la ponente de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda solo
respecto del artículo del numeral 4.° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, tuvo
como pruebas los documentos aportados con la solicitud y ordenó la notificación
de lo decidido a la demandante, a la CNSC y a la agencia Nacional para la
defensa Jurídica del Estado.
4. Informes
4.1. La CNSC se opuso a la prosperidad de la demanda. Recapituló el
procedimiento administrativo que culminó con la lista de elegibles e indicó que el
4
Radicación n.º 2019-00727-00.
5
Previa remisión por competencia que realizó el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá en auto de 10 de
marzo de 2023.
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
acto administrativo que la contiene tuvo vigencia hasta el 15 de enero de 2021. La
entidad refirió que, posteriormente, y en cumplimiento de órdenes judiciales de
tutela, conformó una nueva la lista consolidada de elegibles a través de la
Resolución 0097 de 15 de enero de 2021, para proveer vacantes del empleo
denominado Instructor, Código 3010 Grado 1, con posterioridad al desarrollo de la
convocatoria 436 de 2017-SENA, en donde se incluyó a la demandante. Sin
embargo, no ocupó posición meritoria.
Además, precisó que no todos los empleos con la denominación instructor, código
3010, grado 1, de la convocatoria 436 de 2017-SENA tuvieron idénticas
características, pues variaron de denominación, código, grado, asignación básica
mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y grupo de aspirantes. En
todo caso, sostuvo que el proceso de selección identificó cada empleo con un
número de OPEC pero que la actora no ocupó un lugar meritorio. En
consecuencia, solicitó decidir desfavorablemente la acción de cumplimiento.
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 29 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Primera del
tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción porque,
para el acatamiento del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019, debe acudirse a estudiar la
validez de la lista de elegibles que la parte accionante solicitó tener en cuenta y la
legalidad de las decisiones emitidas en el proceso de selección por la CNSC,
razón por la cual el asunto conlleva una controversia que implica el reconocimiento
de derechos subjetivos, que no corresponde ser dirimida por medio de esta acción
constitucional, sino por los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico.
6. Impugnación
La parte accionante, en memorial que tituló «impugnación», reiteró el contenido de
la demanda de cumplimiento, señaló que no es cierto que pidió el reconocimiento
de derechos subjetivos, solicitó adecuar el trámite al de la acción de tutela, y
reformuló sus pretensiones en el entendido de que también pidió el cumplimiento
de los artículos 14 y 15 del decreto 760 de 2005, razón por la cual en su sentir es
claro que existe un deber imperativo e inobjetable de emitir una nueva lista de
elegibles y que sea publicada para que los participantes puedan controvertirla.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
29 de junio de 2023 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
29 de junio de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del numeral 4.º del artículo
31 de la Ley 909 de 2004 a la CNSC, de conformidad con lo previsto en el artículo
8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición invocada por la parte
actora?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo6 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
6
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo7.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]8.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»10.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado11.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
10
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,12 a menos que estén apropiados;13 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior14.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este15 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»16. Igualmente, esta Sección17 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
12
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
14
Sentencia antes citada.
15
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[18] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»19.
En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
25 de enero de 2022, en el que solicitó a la demandada el obedecimiento del
numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y que, en consecuencia, fuera
publicada una nueva lista de elegibles, según la contenida en la Resolución
18
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
19
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
201872120187935 de 2018. La CNSC indicó a la actora que la lista perdió
vigencia el 15 de enero de 2021 y que el cargo mencionado no tenía otros
equivalentes con los vacantes mientras fue exigible la lista20.
Por tanto, lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el
requisito de constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997 y respecto del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado
por el artículo 6.º de Ley 1960 de 2019 frente al cual se admitió la demanda, toda
vez que la respuesta de la CNSC resulta contraria al querer de la ciudadana.
3.4. Norma que se pide cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La demandante invocó como
disposición incumplida el artículo 6.º de Ley 1960 de 2019 que dispone:
LEY 1960 DE 2019
(junio 27)
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan
otras disposiciones.
[…]
Artículo 6°. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
(...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito
la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y
las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad. […].
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de una norma,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encontraría satisfecho. No obstante, la parte actora, con el ejercicio de la presente
acción, pretende que se le ordene a las accionadas que hagan uso de la lista de
elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la denominación
de instructor, código 3010, grado 1, y para las definitivas en cargos equivalentes
no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria 436 de 2017. En
20
La documental se puede verificar en el índice 2 de SAMAI del trámite del presente proceso ante el Tribunal
Administrativo de Santander.
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
consecuencia, como participó en el concurso de méritos para acceder al cargo al
que se postuló y ocupó el lugar 24, solicitó su nombramiento.
La actora pidió tener en consideración la lista de elegibles contenida en
Resolución 201872120187935 de 24 de diciembre de 2018 que, como se aceptó e
informó en este proceso, perdió vigencia el 15 de enero de 2021. Por tanto, el
análisis de procedencia no se limita exclusivamente al artículo invocado, porque el
objeto de discusión en este asunto parte de la utilización del acto administrativo
citado.
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido por
las accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta Corporación
analice de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es necesario establecer si la
lista de elegibles resulta ser un acto que puede ser discutido en el curso de la
presente acción constitucional.
Así las cosas, como acertadamente concluyó el Tribunal, esta Sección en este tipo
de casos ha determinado la improcedencia21 dado que, el debate propuesto está
ligado con el cumplimiento del acto administrativo del 24 de diciembre de 2018,
por medio del cual la CNSC fijó la lista de elegibles y al no encontrarse vigente, no
es posible el estudio de fondo de la demanda.
Además, se advierte que existe una discusión de orden legal entre las partes a la
hora de establecer si la Ley 1960 de 2019, aplica como considera la demandante,
en la medida que se profirió cuando la Resolución 201872120187935 de 24 de
diciembre de 2018 estaba en firme o si la nueva lista que se conformó y que
señaló la CNSC, en donde la actora no ocupó un puesto meritorio, es la aplicable,
asunto que deviene en una controversia que escapa al objeto de la acción y
competencia del juez de cumplimiento.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impiden abordar el análisis de fondo de las pretensiones de la demandante. Esto
es, el debate de orden legal existente entre las partes a la hora de establecer la
lista de elegibles al caso de la actora y la divergencia en el lugar que ocupó,
asunto que debió ser zanjado por el juez de la legalidad de los actos a través del
medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, conlleva a que la Sala confirme la sentencia impugnada que
declaró la improcedencia del presente medio de control de cumplimiento por
subsidiariedad.
21
Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación n.º 05001-23-33-000-2021-00522-01, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01,
sentencia de 23 de septiembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate radicación n.º 13001-23-33-000-2021-
00391-01, sentencia de 21 de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio radicación n.º 68001-23-
33-000-2021-00745-01 y sentencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación n.º
73001-23-33-000-2022-00467-01.
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nancy Yamile Rodríguez Suárez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00359-01
Finalmente, en el escrito de impugnación, se solicitó que se convierta el presente
trámite al de tutela. Sin embargo, la Sala considera que no es necesario adaptar el
asunto a ese procedimiento, por cuanto, en esta etapa del proceso, el objeto fue
fijado desde la admisión de la demanda y no es el momento procesal para
adecuar las pretensiones de la acción a un trámite de tutela. En todo caso, se
pone de presente a la actora que, si a bien lo considera, puede acudir al
mecanismo de amparo e incluso a las medidas cautelares en los medios de
control que se advirtieron en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 29 de junio de 2023 de la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.