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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-00394-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-00394-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2023-00394-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de agosto de 2024

Demandantes: Adriana Marcela Sánchez Yopasá y otra
Demandado: Álvaro Moisés Ninco Daza
Rad: 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado)
Demandantes: ADRIANA MARCELA SÁNCHEZ YOPASA 1 Y PALOMA
VALENCIA LASERNA2
Demandado: ÁLVARO MOISÉS NINCO DAZA – EMBAJADOR
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO, CÓDIGO 0036,
GRADO 25, DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL DESPACHO
DE LOS JEFES DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, ADSCRITO A LA MISIÓN PERMANENTE DE
COLOMBIA ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Concepto de democracia participativa. Facultad discrecional
Temas:
de nominación del presidente de la República.
Procedimiento de publicación de hojas de vida en cargos de
libre nombramiento y remoción. Observaciones que se
presenten sobre las mismas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y
el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la sentencia del 16 de noviembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
presentada contra el Decreto 190 del 10 de febrero de 2023, a través del cual el
Gobierno Nacional nombró al señor Álvaro Moisés Ninco Daza, en el cargo de
embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares,
adscrito a la misión permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con base en los siguientes:

2. ANTECEDENTES

Proceso 2023-00394 (ppal.)

1. La señora Adriana Marcela Sánchez Yopasá, actuando en nombre propio,

1 Expediente 25000-2341-000-2023-00394-00.
2 Expediente 25000-2341-000-2023-00356-00.

1

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Demandantes: Adriana Marcela Sánchez Yopasá y otra
Demandado: Álvaro Moisés Ninco Daza
Rad: 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado)

presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral 3
consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contra el acto de nombramiento del señor Álvaro Moisés
Ninco Daza, como embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado
25, de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y
oficinas consulares, adscrito a la misión permanente de Colombia ante el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos.

2.1. Pretensiones

2. En la demanda se elevaron las siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad del Decreto 0190 del 10 de febrero de 2023
expedido por el [m]inistro de [r]elaciones [e]xteriores

SEGUNDA: Que se comunique la sentencia a la Presidencia de la República y al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Negrillas en el texto original).

3. Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:

2.2. Hechos

4. Señaló que el 10 de febrero de 2023, el Gobierno Nacional4 expidió el Decreto
190 mediante el cual nombró al demandado en el cargo antes mencionado.

5. Indicó que dicho empleo es de libre nombramiento y remoción, adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909
de 2004, la provisión de esa clase de empleos se hace previo al cumplimiento de
las exigencias establecidas para su desempeño.

7. Destacó que con fundamento en la Resolución 1580 del 16 de marzo de 20155,
los requisitos para ocupar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario,
código 0036, grado 25 son pertenecer a la carrera administrativa o contar con una
formación académica (título profesional y un postgrado en cualquier modalidad) y
experiencia profesional relacionada.

8. Aclaró que ese manual de funciones omitió «actualizar» el perfil de dicho empleo,
cuyas exigencias están detalladas en el Decreto 1083 de 20156.

9. Exactamente, afirmó que el artículo 2.2.2.4.2 del mencionado decreto contiene

3 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de marzo de 2023, según

consta en el documento «4_ALDESPACHOPORREPARTO_04CORREO_ RADICACION» del expediente
digital remitido por esa corporación, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
4 Presidente de la República y ministro de relaciones exteriores.
5 Por la cual se actualiza el manual especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos de

la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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los requisitos para los cargos del nivel directivo, que corresponden a título
profesional y de postgrado en la modalidad de maestría y setenta y dos (72) meses
de experiencia profesional relacionada o como alternativa, diploma de
especialización y ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional
relacionada, los cuales son aplicables al caso objeto de controversia.

10. Expresó que el señor Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera
diplomática y consular, no acreditó títulos de pregrado en una disciplina académica
y de posgrado, como tampoco cuenta con experiencia profesional relacionada para
ser embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25.

11. Agregó que, ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 16 de
enero de 2023, con fundamento en el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005 7,
solicitó a la comisión evaluadora integrada por el director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, la rectora de la Universidad Nacional de
Colombia y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes recomendaron8
compensar excepcionalmente los requisitos de Álvaro Moisés Ninco Daza, para el
mencionado cargo.

12. Recordó que el Decreto Ley 274 de 2000 estableció las categorías de la carrera
diplomática y que para ser embajador, los servidores debieron ascender al nivel
anterior y contar con 25 años de experiencia en el servicio consular.

13. Manifestó que en virtud de los principios de eficiencia y especialidad, el
Ministerio de Relaciones Exteriores pudo haber provisto esa vacante con uno de los
funcionarios de carrera.

14. Explicó que la publicación de la hoja de vida de Ninco Daza en la página web
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no contó con la
certificación de la directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en tanto que no contenía su rúbrica.

15. Sostuvo que, pese a que el Sindicato Unión de funcionarios de Carrera
Diplomática presentó observaciones a la hoja de vida del demandado, las cuales
fueron atendidas hasta el 2 de marzo de 2023, el nominador profirió el acto
administrativo de nombramiento y posesión sin haber transcurrido el plazo de 3 días
de publicidad establecido por el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

16. La actora señaló como vulnerados el artículo 125 de la Constitución Política; la
Ley 909 de 2004; el Decreto 1083 de 2015 y la Resolución 1580 del 16 de marzo
de 2015, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7 Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a
que se refiere la Ley 909 de 2004.
8 La parte actora adujo que uno de sus miembros no compartió tal determinación, en razón a que la historia

académica y laboral con que contó el demandado no se acompasa con una experiencia sobresaliente en el
desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio.

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17. Como fundamento de la violación de dichas normas, formuló los siguientes
cargos:

2.3.1. «Los límites constitucionales al ejercicio de las facultades
discrecionales»

18. Recordó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la
Constitución Política, los empleos de los órganos y entidades del Estado son de
carrera.

19. Señaló que con fundamento en el Decreto 1083 de 2015 y el manual de
funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Álvaro Moisés Ninco
Daza no cumplió con los requisitos para el empleo al cual fue designado.

20. En este sentido, indicó que con el acto demandado, se desbordaron los límites
de la facultad discrecional de nominación, en tanto que se ejerció con un poder
absoluto que no fue adecuado a la norma que lo autoriza ni proporcional a los
hechos que le sirven de causa9.

2.3.2. «El poder absoluto que se configura con la Comisión Evaluadora de los
Méritos»

21. Destacó que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 770 de 2005, previo
concepto favorable de una comisión evaluadora, el presidente de la República de
Colombia, en casos excepcionales, podrá autorizar la compensación de requisitos
de un empleo de libre nombramiento y remoción, por experiencia sobresaliente en
el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio.

22. Dijo que Álvaro Moisés Ninco Daza no acreditó una trayectoria laboral
destacada y que se relacionara con las funciones del empleo de embajador, por lo
que el nominador no podía expedir el Decreto 190 del 10 de febrero de 2023.

23. Destacó que la recomendación de la comisión evaluadora no fue objetiva, en
atención a que dos de sus tres miembros (director del Departamento Administrativo
de la Función Pública y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación) dependen del
jefe de Estado y de Gobierno, no obstante, aclaró que la rectora de la Universidad
Nacional de Colombia encontró que no era viable nombrar al demandado por la
figura de compensación.

24. Agregó que con fundamento en el Decreto 1083 de 2015, la exigencia
académica del título pregrado, no pudo ser objeto de compensación.

2.3.3. «La importancia de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos en el marco del sector de relaciones exteriores»

25. Adujo que la relación existente entre Colombia y México es de gran importancia,

9 Para este planteamiento y con apoyo de la Sentencia T-312 de 2012 de la Corte Constitucional, consideró que

existen límites a la facultad discrecional de nombramiento, y que cuando se excede esa competencia, se
constituye un poder absoluto, el cual es contrario a derecho.

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la cual, en cierta medida, es ejercida por el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de acuerdo al manual de funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

26. Explicó que para desempeñar esa labor, un funcionario de carrera diplomática
y consular se prepara por más de 25 años, de modo que Ninco Daza al no contar
con ese perfil, no tiene la capacidad para asumir esas responsabilidades.

27. Enfatizó que existen 87 embajadores con derechos de carrera que pudieron ser
nombrados en esa vacante.

2.3.4. «El principio de publicidad, el procedimiento de publicación y
evaluación de los comentarios de la ciudadanía, previo al nombramiento»

28. Haciendo referencia a los artículos 209 Constitucional, 3 del CPACA y
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, argumentó que la provisión de los empleos de
libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben
cumplir con un procedimiento de publicidad antes de expedirse el acto de
designación.

29. Sostuvo que «la publicidad es uno de los principios del Estado Social de
Derecho y hace referencia a la divulgación de los actos proferidos por una autoridad,
con el fin de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros afectados
conozcan de las decisiones, con el fin de garantizar el debido proceso y los
principios de la función pública».

2.4 Contestaciones de la demanda

2.4.1. Ministerio de Relaciones Exteriores10

30. A través de apoderado, se pronunció frente el escrito introductorio en los
siguientes términos:

31. Manifestó su oposición a las pretensiones, por cuanto el decreto de
nombramiento se expidió conforme a la facultad discrecional de que trata el numeral
2.° del artículo 189 Superior, al parágrafo 1.° del artículo 6 del Decreto Ley 274 de
2000 y a la recomendación realizada por la Comisión Evaluadora de los Méritos,
consistente en compensar los requisitos establecidos por el artículo 2.2.2.4.10 del
Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la Resolución 1580 de 2015, que
contiene el manual de funciones y competencias laborales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

32. Explicó que de esta manera, la demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023.

33. Anotó que la facultad nominadora para designar a los agentes diplomáticos y
consulares es del presidente de la República de Colombia, y por tal razón, esos

10 Archivo «9_RECIBEMEMORIALES_10CONTESTACANCILLER» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.

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nombramientos, desde el punto de vista constitucional, gozan de una
discrecionalidad.

34. De manera que, señaló que a la parte actora no le asiste razón en sus
pretensiones, porque no existió extralimitación en la discrecionalidad del primer
mandatario al designar a ese agente diplomático.

35. Afirmó que tampoco se violó el principio de publicidad, en atención a que la hoja
de vida del Ninco Daza fue publicada el 7 de febrero de 2023 y posteriormente el
acto nombramiento fue divulgado.

2.4.2. Demandado11

36. El señor Álvaro Moisés Ninco Daza mediante apoderado, contestó la demanda
oponiéndose a sus pretensiones, en los siguientes términos:

37. Argumentó que los actos administrativos son nulos cuando hayan sido
expedidos con infracción a las normas en que deberían fundarse, supuesto que no
se acompasa con la expedición del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023, toda vez
que el presidente de la República de Colombia acogió la recomendación de la
Comisión Evaluadora de los Méritos.

38. Expuso que la demanda se edifica en la violación del artículo 125 de la
Constitución Política, Decreto Ley 274 de 2000, Decreto 1083 de 2015 y la
Resolución 1580 de 2015, normativa que fue acatada al realizarse el nombramiento
en cuestión.

39. Aseveró que el cargo de embajador es de libre nombramiento y remoción, de
acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000, por lo que
no era necesario pertenecer a la carrera diplomática y consular.

40. Relató que en el asunto no es posible acudir al artículo 23 de la Ley 909 de
2004, ya que el cargo demandado es de libre nombramiento y remoción, como lo
ha establecido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 19 de
enero de 2023, bajo el expediente 25000-23-41-000-2022-0100512.

41. Indicó que de acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, el
presidente de la República de Colombia, previo concepto favorable de una comisión
de evaluación, podía nombrarlo en el empleo de embajador, que pertenece al nivel
directivo, como lo establece el artículo 2 del Decreto 3356 de 2009.

42. Recalcó que, de acuerdo con sus conocimientos y experiencia de 37 meses y
25 días, ese organismo colegiado encontró procedente la compensación de
requisitos y que no tienen incidencia que exista un voto disidente, ya que la mayoría
acompañó esa determinación.

11 Archivo «8_RECIBEMEMORIALES_09CONTESTADDOALVAR» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
12 M.P. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno.

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43. En lo que respecta al procedimiento de la publicación de su hoja de vida, refirió
que la misma fue fijada durante los días 7, 8 y 9 de febrero de 2023, en la página
web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cumpliendo
así con lo ordenado en el artículo 2.2.13.2.23 del Decreto 1083 de 2015.

44. A su turno, precisó que tan pronto ese departamento dio traslado de las
observaciones presentadas frente a su curriculum vitae al Ministerio de Relaciones
Exteriores, las mismas fueron atendidas.

45. Por último, anotó que el Decreto 190 de 2023 se soportó en las facultades
discrecionales del numeral 2.° del artículo 189 de la Constitución Política, en el
parágrafo del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000, adicionalmente fue suscrito
por el ministro de Relaciones Exteriores.

Proceso 2023-00356

46. La señora Paloma Valencia Laserna, actuando en nombre propio, solicitó la
nulidad del acto de nombramiento de señor Álvaro Moisés Ninco Daza, en el cargo
de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta
de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, adscrito a la misión permanente de Colombia ante el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos.

3.1. Pretensiones

47. Con el escrito inicial, se presentaron las siguientes:

1. Que se declare la suspensión provisional del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023
“Por el cual se autoriza la compensación de requisitos y se hace un nombramiento en
la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

2. Que se declare la nulidad del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023 “Por el cual
se autoriza la compensación de requisitos y se hace un nombramiento en la planta de
personal del Ministerio de Relaciones Exteriores”. (cursiva en el texto).

48. Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:

3.2. Hechos

49. Manifestó que de acuerdo con el portal SIGEP y la página web del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el señor Álvaro
Moisés Ninco Daza es bachiller, adelantó nueve semestres de la carrera profesional
de política y relaciones exteriores y cuenta con dos años y cinco meses de
experiencia laboral13.

50. Comentó que conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083
de 2015, el 16 de enero de 2023, la Comisión Evaluadora de los Méritos realizó el

13 Indicó que esta está fue adquirida como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Gustavo

Bolívar, coordinador y estratega general en el Grupo EFI S.A.S y enlace de gestión política en el Movimiento
Político Colombia Humana.

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estudio de compensación de requisitos del demandado para el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

51. Indicó que ese cuerpo colegiado recomendó al presidente de la República de
Colombia autorizar esa figura para que el citado ocupara ese empleo y en vista de
lo anterior, se profirió el Decreto 190 del 10 de febrero de 2023.

3.3. Normas violadas y concepto de la violación

52. La demandante señaló como vulnerados los artículos 11 del Decreto Ley 770
de 2005 y 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015.

53. Para ello, argumentó que el acto censurado fue expedido con infracción de
norma superior, por cuanto, de un lado, el parágrafo segundo del artículo 2.2.2.4.10
del Decreto 1083 de 2015 ordena que los aspirantes a un empleo de embajador
extraordinario y plenipotenciario deben acreditar un título de profesional en una
disciplina académica y otro de posgrado y experiencia profesional relacionada y del
otro, el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005 prevé que el primer mandatario
podrá autorizar de manera excepcional la compensación de requisitos para la
provisión de empleos de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando haya
experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u
oficio.

54. Para el caso concreto, esbozó que Ninco Daza no cuenta con un título de
pregrado y experiencia profesional que pueda ser catalogada como sobresaliente
en una disciplina, ocupación, arte u oficio, por lo que no era posible acudir a la
compensación de los requisitos, ya que las normas en cita no lo permiten.

55. Recalcó que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia votó en contra
sobre la posición mayoritaria de la Comisión Evaluadora de los Méritos de avalar el
nombramiento del demandado, debido al perfil que Ninco Daza acreditó.

3.4 Contestación de la demanda

3.4.1. Ministerio de Relaciones Exteriores14

56. A través de apoderado, contestó la demanda bajo los mismos argumentos que
en el proceso 2023-00394, a excepción a los que se refieren al procedimiento de
publicidad de la hoja de vida del demandado y del acto censurado, que no los
incluyó.

3.4.2. Demandado15

57. El señor Álvaro Moisés Ninco Daza mediante apoderado, contestó la demanda
oponiéndose a sus pretensiones con argumentos similares a los decantados en el

14 Archivo «15_RECIBEMEMORIALES_16CONTESTACANCILLER» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
15 Archivo «14_RECIBEMEMORIALES_15CONTESTADEMANDADO» del expediente digital remitido por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.

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Demandantes: Adriana Marcela Sánchez Yopasá y otra
Demandado: Álvaro Moisés Ninco Daza
Rad: 25000-23-41-000-2023-00394-01 (acumulado)

expediente 2023-00394.

3.5. Admisión de los medios de control de nulidad electoral

58. En el proceso 2023-00356, mediante auto del 17 de marzo de 2023, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A 16 admitió la
demanda y negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del
acto acusado.

59. En el expediente 2023-00394, por auto del 24 de marzo de 202317, el escrito
inicial fue admitido.

60. El 5 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador18 decretó la acumulación de
los procesos con los radicados 25000-23-41-000-2023-00356-00 y 25000-23-41-
000-2023-00394-00, cuyo sorteo recayó en el segundo.

3.6. Fijación del litigio

61. Mediante auto del 31 de mayo de 2023, se fijó el litigio en los siguientes
términos:

«(…) se fija el litigio, respecto al análisis de los cargos de nulidad propuestos en las
demandas para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado contenido
en el Decreto No. 190 del diez (1) (sic) de febrero de 2023 “Por el cual se autoriza la
compensación de requisitos y se hace un nombramiento en la planta de personal del
Ministerio de Relaciones Exteriores”, mediante la (sic) cual se aceptó la
recomendación de la Comisión Evaluadora de los Méritos, se autorizó la
compensación de los requisitos del señor Álvaro Moisés Ninco Daza y se nombró en
provisionalidad al señor Álvaro Moisés Ninco Daza en el cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 26, de la planta de personal del
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la
Misión Permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre estos aspectos versará la decisión y para dicho estudio, se tendrán en cuenta
los escritos de demanda y contestaciones de esta, partiendo del principio de justicia
rogada».

3.7. Sentencia de primera instancia

62. Mediante providencia del 16 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A accedió las pretensiones de la
demanda.

63. Como fundamento de su decisión expuso, en resumen, lo siguiente:

64. Señaló que de conformidad con los artículos 125 y 130 de la CP, todos los

16
M.P. Luis Manuel Lasso Lozano.
17
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. M.P. Claudia
Elizabeth Lozzi Moreno.
18 Luis Manuel Lasso Lozano.

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empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera a excepción de los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, de los trabajadores
oficiales y de los demás que determine la ley, cuya administración y vigilancia de
esos sistemas de carrera corresponden, en principio a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, excluyendo los que tengan carácter especial.

65. Sostuvo que al presidente de la República de Colombia le corresponde nombrar
a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales
y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea
por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la
Constitución o la ley. Que, en todo caso, estas actuaciones deben regirse por los
principios de la función pública.

66. Posteriormente, explicó que el Sistema de Carrera Diplomática y Consular del
Ministerio de Relaciones Exteriores está contenido en el Decreto Ley 274 de 2000,
detallando cómo es su ingreso, ascenso y escalafón, además, aclaró en qué casos
puede acudirse a la provisionalidad como mecanismo transitorio para la provisión
de empleos.

67. En relación con la vinculación de embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios, aseguró que son de libre nombramiento y remoción, de acuerdo
al parágrafo 1.° del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000, por lo cual no es
necesario ostentar derechos de carrera en ese ministerio.

68. Pero aclaró que debe darse cumplimiento al umbral del 20% de la planta externa
del total de cargos de Embajador con el fin de que sean designados en dichas
vacantes los funcionarios de carrera diplomática y consular, a medida que se
presenten las vacantes.

69. Para el caso concreto, estructuró los siguientes ejes temáticos: (i) del
nombramiento y compensación de requisitos en casos excepcionales establecido
en el artículo 2.2.2.7.4 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 11 del Decreto Ley
770 de 2005, (ii) valoración laboral como experiencia sobresaliente del señor Álvaro
Moisés Ninco Daza y (iii) principio de publicidad, procedimiento de publicación y
evaluación de los comentarios de la ciudadanía previo al nombramiento.

70. Frente al primer y segundo punto, indicó que los requisitos de estudio y
experiencia de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25
corresponden a los referenciados en los artículos 2.2.2.4.1 y 2.2.2.4.2 del Decreto
1083 de 2015, que hacen alusión a tener: (i) Título profesional, (ii) Título de
postgrado en la modalidad de Maestría y setenta y dos (72) meses de experiencia
profesional relacionada o, (iii) Título de postgrado en la modalidad de
especialización y ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional
relacionada.

71. No obstante, encontró que estas exigencias cuentan con la excepción de
compensación por experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina,
ocupación, arte u oficio, establecida en el artículo 2.2.2.7.4 ibidem que remite en
cuanto a su trámite al artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, explicando en todo

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caso ese procedimiento que debe surtirse ante una Comisión Evaluadora de los
Méritos.

72. En este orden de cosas, advirtió que uno de los cuestionamientos versa sobre
la legalidad de la recomendación adoptada por esa comisión.

73. A partir de lo anterior, encontró que en vista de que Ninco Daza no reunía las
exigencias para desempeñar el empleo de embajador extraordinario y
plenipotenciario, código 0036, grado 25, el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitó concepto sobre la compensación de requisitos del demandado, a la
Comisión Evaluadora de los Méritos conformada por el director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, la rectora de la Universidad Nacional de
Colombia y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes el 16 de enero
de 2023, con dos votos a favor y uno en contra, estimaron que era viable nombrar
al citado bajo esta figura jurídica.

74. Luego, analizó los estudios y certificaciones acreditados por Ninco Daza, para
concluir que este cargo no prosperó, en razón a que la recomendación de
compensación fue aprobada mayoritariamente y con las demandas y no se solicitó
la anulación de esa decisión.

75. En cuanto a los argumentos esbozados por las demandantes respecto a que 2
de los 3 miembros que conforman la Comisión Evaluadora de los Méritos, esto es,
el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación fueron nombrados por el señor Presidente de la
República y por tal motivo se encontraban obligados a votar a favor de lo que el
Gobierno Nacional propusiera, encontró que esas aseveraciones no son válidas, en
tanto que la vinculación de esos funcionarios está contenida el numeral 1.° del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 11 del Decreto Ley
770 de 2005, los habilita para integrar ese cuerpo colegiado, sin que ello sea
irregular.

76. En lo que atañe al tercer aspecto, evidenció que el Ministerio de Relaciones
Exteriores no evaluó los comentarios presentados por el sindicato Unión de
Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, además, no se cumplió el termino
de los 3 días calendario establecidos en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de
201519.

77. Así las cosas, concluyó que el desconocimiento de tal procedimiento no permitía
la expedición del acto administrativo de nombramiento del señor Álvaro Moisés
Ninco Daza, y bajo esas consideraciones accedió a las pretensiones de la demanda
y declaró la nulidad del acto demandado.

3.7.1. Actuaciones relevantes posteriores a la sentencia de primera instancia

78. El 1° de diciembre de 2023, el presidente de la República, por medio de

19 El tribunal de primera instancia encontró que el perfil del demandado fue publicado el 7 de febrero de 2023,

por lo que el lapso debió contarse a partir del siguiente día y culminar el 10 de febrero siguiente. De esta manera
concluyó que no se cumplió ese término.

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apoderado, solicitó incidente de nulidad originada en la sentencia, teniendo en
cuenta que a ese dignatario no se vinculó al proceso desde el auto admisorio de la
demanda.

79. El 8 de febrero de 2024, la magistrada ponente rechazó la solicitud de nulidad
presentada por el presidente de la República contra la sentencia del 16 de
noviembre de 2024, habida cuenta de que los hechos objeto de reproche no tienen
origen en la sentencia, sino en las etapas anteriores del proceso.

80. El apoderado del primer mandatario presentó solicitud de adición y aclaración
del auto del 8 de febrero de 2024, por cuanto el a quo no se pronunció sobre la
posibilidad de aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional citada en el escrito de incidente de nulidad.

81. El 18 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la
adición del referido auto, porque no era necesario estudiar los pronunciamientos
judiciales propuestos para solucionar el caso, bajo el entendido de que la solicitud
fue rechazada, lo que implica no se estudiada de fondo.

82. A su turno, en otro auto de la misma fecha, la primera instancia rechazó los
recursos de reposición y de apelación presentados contra el proveído del 8 de
febrero de 2024, con fundamento en el numeral 14 del artículo 243A y el artículo
284 del CPACA, que le son aplicables al procedimiento contencioso electoral.

3.8. Los recursos de apelación

Demandado

83. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandada interpuso
oportunamente recurso de apelación, con fundamento en que existió una nulidad
procesal contenida en el numeral 8.° del artículo 133 del Código General del
Proceso, por cuanto no se vinculó al presidente de la República de Colombia,
teniendo en cuenta que fue quien expidió el Decreto 190 del 10 de febrero de 2023.

Ministerio de Relaciones Exteriores

84. A través de apoderado, esa entidad solicitó que se revocara la sentencia del 16
de noviembre de 2023, bajo los siguientes argumentos:

85. Adujo que la publicidad de la hoja de vida de Ninco Daza no es un requisito para
la existencia o validez, sino de eficiencia y oponibilidad del decreto demandado.

86. Además, precisó que estos soportes estuvieron publicados por 3 días, si se
tiene en cuenta que la divulgación se realizó el 7 de febrero de 2023 y el acto
acusado se expidió el 10 de febrero de ese año.

87. Comentó que las observaciones presentadas en ese procedimiento fueron
atendidas dentro del término legal, como da cuenta el oficio DITH – 23- 005203 del
1° de marzo de 2023, de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de

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Relaciones.

88. También, aseguró que esas inquietudes fueron previamente analizadas antes
de expedir el Decreto 190 del 10 de noviembre de 2023, comoquiera que las
razones estuvieron contenidas en la recomendación otorgada por la Comisión
Evaluadora de los Méritos.

89. En tal sentido, afirmó que este aspecto no afecta la validez del acto con apoyo
de un pronunciamiento jurisprudencial20 y doctrinal21.

90. Anotó «la publicación de la hoja de vida y el término que aduce la primera
instancia que no se cumplió de forma completa, esto es, el vencimiento del tercer
día por sí mismo no genera la anulación del acto de nombramiento en la modalidad
de libre nombramiento y remoción».

91. Asimismo, expresó que las respuestas a las observaciones no eran necesarias
antes de la expedición del acto, ya que con la designación está implícita la decisión
de la administración de negarlas, más si se soportan en un concepto favorable de
una Comisión Evaluadora de los Méritos, que en todo caso, fueron atendidas dentro
del término de ley.

92. Por manera que, anotó que la publicación de la hoja de vida y la posterior
respuesta no tiene incidencia en la legalidad del Decreto 190 del 10 de febrero de
2023, porque la decisión era la de acatar la recomendación de la Comisión
Evaluadora de los Méritos, contenida en el acta 002 del 16 de enero de 2023, la
cual goza de presunción de legalidad.

93. Por último, precisó que «el procedimiento de publicación de la hoja de vida de
los aspirantes es una formalidad meramente accidental, en ese sentido, la posible
publicación por un tiempo inferior por cuestión de horas para el vencimiento del
tercer día calendario, no tiene la virtualidad de afectar la legalidad del acto de
nombramiento demandado».

3.9. Actuación procesal en segunda instancia

94. Mediante auto del 10 de abril de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió los recursos del demandado y del
Ministerio de Relaciones Exteriores; (ii) ordenó a la Secretaría de la Sección que los
pusieran a disposición de la parte demandante y del presidente de la República de
Colombia por el término de 3 días; (iii) ordenó que vencido el plazo anterior,
permaneciera el expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes
presentaran alegatos de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del
Ministerio Público con el fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.

95. El 19 de abril de 2024, el apoderado del presidente de la República presentó

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, sentencia del 25 de enero de

2016. Rad. 540012331000200900166 01 (0851-2015). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 Afirma que corresponde al tratadista Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en su obra Compendio de Derecho

Administrativo, en las páginas 547 y 548

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una solicitud de nulidad por haberse violado el debido proceso en el trámite del
incidente de nulidad propuesto en primera instancia y no vincular al proceso, desde
el auto admisorio de la demanda, a su representado, teniendo en cuenta que fue la
autoridad que expidió el Decreto 190 de 2023.

96. A través de proveído del 12 de junio de 2024, el consejero sustanciador rechazó
de plano por improcedente esa nulidad, en cuanto los hechos presentados por el
solicitante no se enmarcan en alguna de las causales del artículo 294 del CPACA y
frente a los mismos, la primera instancia ya se había pronunciado.

3.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

3.10.1. Paloma Valencia Laserna – demandante (2023-00394)

97. La demandante sostuvo que de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1083
de 2015, el término de publicidad de la hoja de vida de Ninco Daza y la evaluación
de los comentarios propuestos por la ciudadanía, antes de la expedición de la
designación son obligatorios para su existencia, cuyo desconocimiento genera la
nulidad del acto.

98. De otra parte, consideró que, aunque no fue motivo de apelación, es importante
que en segunda instancia, se haga un análisis sobre la compensación excepcional
de los requisitos del demandado en el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario, código 0036, grado 25, teniendo en cuenta los argumentos
expuestos en la aclaración de voto del magistrado Luis Manuel Lasso frente a la
sentencia del 16 de noviembre de 2023 y a los reiterados con su escrito de
demanda.

99. En consecuencia, solicitó que la providencia de primera instancia sea
confirmada bajo los argumentos propuestos.

3.10.2. Adriana Marcela Sánchez Yopasá – demandante (2023-00356)

100. La parte actora pretende que se confirme la sentencia de primera instancia,
porque está probado que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el
término de publicación de la hoja de vida del Señor Álvaro Moisés Ninco Daza,
transgrediendo lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3. del Decreto 1083 de 2015, y
que, además, no tuvo en cuenta las observaciones que se realizaron sobre el
particular antes de expedir el decreto censurado.

101. Adicionalmente, solicitó que se haga un pronunciamiento sobre «la
compensación de los requisitos realizada al señor Álvaro Moisés Ninco Daza, como
actos preparatorios e integral en la formación y expedición del Decreto 190 de 2023,
además que, sería un trabajo jurídico orientador para la administración, en respeto
al principio de especialidad y mérito de los funcionarios de carrera diplomática y
consular».

3.10.3. Mildred Tatiana Ramos Sánchez – coadyuvante

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102. La interviniente solicitó que se mantenga el sentido de la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de declarar la nulidad del acto por el cual se
designó a Álvaro Moisés Ninco Daza en el cargo de embajador plenipotenciario del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a que:

«El Ministerio de Relaciones Exteriores en la apelación propone que, el debate sea
encaminado hacia la eficacia y la oponibilidad del acto de elección para sustentar que
no es dable la nulidad por el hecho de no haber cumplido con la ley, frente al término
de publicación de la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, sustenta que,
dicho yerro no obedece a un aspecto de la validez del acto. Sin embargo, dicho
argumento no es aplicable al caso concreto donde, el medio de control obedece, al
juicio de legalidad de un acto de elección que tuvo varias irregularidades en los actos
de trámite o preparatorios que incidieron en la elección afectada en ostensible
nulidad».

103. Luego, cuestionó la decisión de la Comisión de Evaluación de los Méritos en
recomendar la compensación de los requisitos del demandado y explicó que aquel
no cumple con los mismos debido a su perfil académico y laboral.

3.10.4. Álvaro Moisés Ninco Daza – demandado

104. A través de apoderado, se ratificó en la defensa propuesta en el escrito de
alzada.

3.10.5. Ministerio de Relaciones Exteriores

105. Por medio de apoderado, la entidad reiteró los argumentos expuestos en la
apelación y frente al tema de las irregularidades en la formación y expedición de los
actos administrativos, citó la sentencia del 4 de noviembre de 2021, de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en el radicado 11001-03-28-000-2019-00059-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

106. A su turno, explicó que «la hoja de vida del aspirante fue publicada desde las
12:42:12 del 7 de febrero de 2023 hasta las 12:42:12 del 10 de febrero de 2023,
esto es, que se hizo de acuerdo con las directrices administrativas impartidas en la
Circular CIR19-00000031/IDM 1200000 del 22 de julio de 2019 de la Presidencia de
la República, que trata sobre los términos para la publicación de la hoja de vida en
la página electrónica de la Presidencia de la República, en donde instruía que la
publicación era por 72 horas continuas (3 días calendario)».

107. En este sentido, encontró que «esa diferencia o falta de horas» en dicho
procedimiento, no tiene la connotación para anular la designación demandada, en
atención a que no se desconoció el trámite de la publicación en la página web del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, prueba de ello es
que se presentaron observaciones que fueron implícitamente analizadas al
momento de expedir el acto administrativo y posteriormente atendidas.

2.13. Concepto del Ministerio Público

108. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

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109. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de
nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes

3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

110. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por el demandado y el Ministerio de Relaciones
Exteriores contra la sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 22 y 152 numeral 7.c del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo23.

111. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del
Decreto 3356 del 7 de septiembre de 2009 por medio del cual se modifica el Decreto
2489 de 2006 que establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos públicos en la Rama Ejecutiva, el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario pertenece al nivel directivo.

3.2. Cuestiones previas

112. Las demandantes Adriana Marcela Sánchez Yopasá y Paloma Valencia
Laserna y la coadyuvante Mildred Tatiana Ramos Sánchez solicitaron estudiar en
esta instancia lo relacionado con la decisión de la Comisión de Evaluación de los
Méritos de recomendar la compensación de los requisitos del demandado y que
aquel no cumplió con los mismos, debido a su perfil académico y laboral.

113. Para sustentar su dicho, adicionalmente, el 9 de julio de 2024, la señora
Mildred Tatiana Ramos Sánchez aportó al expediente copia del fallo proferido por
la «Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la
Nación de radicado IUS E-2023-089706 / IUC D-2023-2809831 (161-8606),
disciplinados, señores ARTURO LUIS LUNA TAPIA y CÉSAR AUGUSTO
MANRIQUE SOACHA, por infringir su deber funcional en grado de dolo al haber
homologado los requisitos excepcionales del señor ÁLVARO MOISÉS NINCO
DAZA aquí demandado, cuando no tenía experiencia sobresaliente en ninguna
ocupación arte u oficio que homologar para acceder al cargo de Embajador en los
Estados Unidos Mexicanos».

114. Estas consideraciones serán descartadas porque no fueron propuestas
oportunamente, es decir, dentro de la ejecutoria de la sentencia del 16 de noviembre

22 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…).
23 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según
el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del
derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional,
departamental y distrital (…)».

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de 2023.

115. Al punto, se recuerda que con fundamento en los artículos 320 y 328 del CGP,
el recurso de apelación tiene como finalidad que el superior examine la cuestión
decidida, solo frente a los reparos concretos formulados por el apelante.

116. De otra parte, con el escrito de impugnación, la parte demandada expone que
se presentó una nulidad procesal y como sustento invocó el numeral 8.° del artículo
133 del CGP, en la medida que no se vinculó al proceso, al presidente de la
República de Colombia, quien fue la autoridad que expidió el Decreto 190 del 10 de
febrero de 2023.

117. Sobre el particular, la Sala encuentra que estos reparos no cumplen con la
finalidad de «que el superior examine la cuestión decidida», como lo dispone el
artículo 320 de la nombrada codificación24, en razón a que los mismos no tratan
sobre aspectos decididos en la providencia apelada, los cuales no conducirían a
que se revoque o reforme el fallo de primera instancia.

118. Así las cosas, esas censuras no serán objeto de estudio, sin embargo, se pone
de presente que el punto fue tratado por el ponente mediante auto del 12 de junio
de 2024, frente a una solicitud que radicó el presidente de la República de Colombia,
la cual fue rechazada.

3.3. Problema jurídico

119. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en
el recurso de apelación del Ministerio de Relaciones Exteriores, si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 16 de noviembre de 2023.

120. Para el efecto, se debe determinar si se cumplió con el procedimiento de
publicación de la hoja de vida del demandado, conforme a lo previsto en el artículo
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, y sí el hecho de que la autoridad administrativa
no diera respuesta a los comentarios presentados por la ciudadanía a través del
sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, antes de
proferirse la designación de Álvaro Moisés Ninco Daza, como embajador
extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal
del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito
a la misión permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, genera la nulidad del Decreto 190 del 10 de febrero de 2023.

121. De manera previa a resolver el caso concreto, es necesario abordar los
siguientes temas: (i) principio de participación democrática y su materialización en
la toma de decisiones de las autoridades, (ii) la facultad discrecional de nominación
del presidente de la República de Colombia y sus límites, (iii) procedimiento para la

24 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

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publicación de las hojas de vida de los empleos de libre nombramiento y remoción
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y (iv) el caso concreto.

3.4. El principio de participación democrática y su materialización en la toma
de decisiones de las autoridades

122. No hay discusión de que el ordenamiento jurídico colombiano es jerarquizado
y que la Constitución Política tiene una supremacía al ser «norma de normas», como
bien lo dispone su artículo 4.

123. Sin embargo, «dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente
prevalentes»25, y es por esto que el artículo 5 Constitucional prevé la «primacía de
los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica
de la sociedad» y en el 44 siguiente ordena que «los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás».

124. Adicionalmente, se encuentra26 que el Constituyente de 1991 estableció unos
principios supremos del ordenamiento jurídico supralegal, que tienen un «valor
superior» respecto de las restantes disposiciones constitucionales, que no están
expresamente en su articulado, como el que se refiere27 al carácter democrático,
participativo y pluralista del Estado Social de Derecho.

125. En este sentido, se aclara, que en sentencia T-003 de 1992, la Corte
Constitucional expuso que «el principio de la participación se constituye en elemento
esencial dentro de la filosofía política que inspira la Carta y en sustento innegable
de las nuevas instituciones».

126. En este contexto, ese carácter es permeado por el preámbulo de la Carta
Fundamental que consagra el principio de la democracia participativa al disponer:
«[e]l pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico
y social justo [...] decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de
Colombia». (Negrillas fuera del texto)

127. Asimismo, este axioma, frente al ejercicio del poder público, se ve irradiado en
todo el texto constitucional de la siguiente manera:

127.1. El artículo 1 establece que «Colombia es un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de República unitaria (…) democrática y participativa (…)».

127.2. Dentro de los fines esenciales del Estado, el artículo 2 contiene el de «(…)
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)».

127.3. La soberanía es ejercida exclusivamente en el pueblo, de forma directa o por
medio de sus representantes (artículo 3).

25 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
26 Corte Constitucional. Sentencia C-1051 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de marzo de

2016. Rad. 19001-23-31-000-2007-00024-02. M.P. María Claudia Rojas Lasso.

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127.4. Conforme a la anterior disposición, se entiende que ese poder es ejercido de
manera directa por el pueblo o por medio de sus representantes, para lo cual, los
ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político. Para hacer efectiva esa prerrogativa, aquellos pueden tomar parte
en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática.

127.5. De hecho, el artículo 40 reconoce las diversas relaciones entre los
ciudadanos y el poder político, y a partir de allí, garantiza diferentes prerrogativas.

127.6. La primera corresponde a su «conformación», con la que se concreta la
posibilidad de elegir y ser elegido (numeral 1. °), de tomar parte en las elecciones
(numeral 2.°), de revocar el mandato (numeral 4.°) y de acceder al desempeño de
funciones públicas.

127.7. La segunda hace alusión a su «ejercicio» y se materializa de manera directa
en la ejecución del poder político al hacer parte la ciudadanía, en plebiscitos,
referendos y consultas populares (numeral 2. °), a tener iniciativa en las
corporaciones públicas (numeral 5. °) y a constituir agrupaciones políticas, a formar
parte de ellos y a difundir sus ideas y programas (numeral 3. °).

127.8. La tercera, se refiere a su «control», con la que el pueblo interviene en la
gestión de las autoridades, por lo que puede revocar el mandato (numeral 4. °), a
interponer acciones públicas en defensa de la Constitución Política y la ley (numeral
6.°), a presentar peticiones respetuosas a las autoridades (artículo 23
constitucional) y a constituir y participar en organizaciones orientadas a vigilar la
gestión pública (artículos 103 – inc. – 2, 270 y 369).

127.9. El artículo 103 establece los mecanismos de participación democrática y
establece la obligación del Estado de contribuir a la organización, promoción y
capacitación de diferentes asociaciones a efectos de que puedan incidir en las
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.

127.10. El artículo 374 prevé que la Constitución puede ser reformada por el
Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo.

128. Así las cosas, la Carta Fundamental reconoce, promueve y garantiza la
democracia, mediante un complejo diseño normativo e institucional, permitiendo la
participación directa de los ciudadanos en el poder político, no solo limitándolo a los
mecanismos de que tratan sus artículos 40 y 103, sino que también los extiende a
todos los procesos de toma de decisiones que afectan significativamente sus
vidas28.

129. De ahí que, el concepto de democracia participativa atienda a que los

28 En sentencia C-585 de 1995, la Corte Constitucional manifestó: «(…) [e]l concepto de democracia
participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen
decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que
implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que
incidirán significativamente en el rumbo de su vida».

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ciudadanos cuentan con la posibilidad de intervenir de forma directa en la toma de
decisiones que les afecta en su entorno social, de ejercer control a los poderes
públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política,
entre otros puntos.

130. A su turno, para Younes Moreno y Younes Medina (2024, pág. 52 y 53)29, la
participación efectiva de ese principio puede materializarse en varios escenarios,
tales como en la conformación y el control del poder público (artículo 40
Constitucional) y ante las autoridades cuando sus decisiones repercuten en la
ciudadanía, cuya intervención puede presentarse, entre otros mecanismos, vía
derecho de petición.

131. Es de aclarar que esos instrumentos garantizados por el ordenamiento jurídico
no solo se limitan a la organización electoral, es decir, a la expedición del acto
electoral, sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar,
social y comunitaria30.

132. En aras de ahondar en el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-490 de
2011 sostuvo:

«La democracia participativa y pluralista otorga identidad al actual modelo
constitucional. En contraposición con la Constitución de 1886, que basada en el
concepto demoliberal clásico, circunscribía el ejercicio de la actividad política de los
ciudadanos al sufragio universal y libre, la democracia constitucional contemporánea
prevé un cambio cualitativo sobre este tópico, el cual (i) amplía las modalidades de
participación democrática en instancias que van más allá que la elección
representativa; y (ii) supera la concepción individualista, a través de la previsión de
fórmulas que reconocen el pluralismo político, entendido como la necesidad de
incorporar al debate democrático las diferentes tendencias ideológicas existentes en
la sociedad, al igual que las distintas vertientes de identidad social y comunitaria, entre
ellas las derivadas de perspectivas de género, minorías étnicas, juventudes, etc (…)».

133. Posteriormente, ese tribunal precisó que los conceptos de democracia
participativa y representativa no son completamente opuestos por las siguientes
razones31:

Ahora bien y al margen de lo anterior, cabe advertir que la Corte ha reconocido que
los conceptos de democracia participativa y representativa no son completamente
opuestos y que “por el contrario, se complementan logrando así que el pueblo, titular
originario de la soberanía, pueda escoger -mediante el sufragio universal- a sus
gobernantes y, a su vez, cuente con los mecanismos jurídicos propios que garanticen
su vinculación con los asuntos que le afectan directamente y en cuya solución se
encuentra comprometido”. En todo caso a pesar de la complementariedad señalada
es claro que el cambio de modelo democrático implica un redimensionamiento en la
concepción y alcance de los derechos políticos los cuales, bajo la democracia
participativa, “excede[n]en mucho el derecho a elegir y a ser elegido, único modus
operandi de la democracia meramente representativa.

29 Younges Moreno, D. (2024). Derecho constitucional Colombiano. (18.a ed). Ibañez.
30 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 15 de septiembre de 2020. Rad. 11001-

03-06-000-2020-00188-00(2452). M.P. Germán Alberto Bula y Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1994.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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134. A pesar de la complementariedad mencionada en la cita, lo cierto es que el
paso de un modelo democrático representativo a participativo implica una
redefinición de los derechos políticos, que van más allá del simple derecho a elegir
y ser elegido.

135. Estos postulados constitucionales fueron desarrollados por el legislador a
través de varias leyes, como lo son, a manera de ejemplo, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al reglamentar el
derecho de petición o la Ley 489 de 1998, con la que se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, o la Ley 850 de
2003, con la que se regulan las veedurías ciudadanas.

136. A partir de allí, puede considerarse que, en un Estado Social de Derecho, la
participación de los ciudadanos ante los estamentos estatales es una garantía para
ellos, y a la vez, una obligación para las autoridades, consistente en que esas
intervenciones sean valoradas, de manera objetiva, como una manifestación de esa
representatividad y del principio de legalidad.

3.4.1. El derecho fundamental de la democracia participativa (participación
ciudadana)

137. De tiempo atrás, la jurisprudencia constitucional 32 ha esbozado que la
democracia participativa no solo es un principio, sino que, también, es un derecho
indispensable para cumplir con los fines del Estado que se deriva del artículo 2 de
la Constitución Política33.

138. Lo anterior supone que la Carta Fundamental otorgó a los ciudadanos la
posibilidad de participar, de manera activa, en la gestión y control de las
autoridades, lo que supone que ese axioma, en términos de la Corte Constitucional,
sea «universal» y «expansivo», así34:

«Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios,
procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de
política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la
persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la
distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es
expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del
respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que,
de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando
nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por
parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su
efectiva construcción».

139. No debe olvidarse que desde el ámbito internacional la participación
democrática es reconocida como una prerrogativa como se evidencia a
continuación:

32 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
33 Corte Constitucional. Sentencia C-065 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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140. En el artículo 21 de Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
se dispone que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de sus representantes.

141. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos preceptúa en su artículo
25, entre otros derechos, que los individuos pueden «participar en la dirección de
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos».

142. Los artículos XIII, XX, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos contiene los
derechos a tomar parte de las decisiones de quienes gobiernan, el derecho a
reunirse y asociarse, y a presentar peticiones respetuosas.

143. El artículo 6 de la Carta Democrática de la Organización de Estados
Americanos establece como derecho la participación de la ciudadanía en las
decisiones relativas a su propio desarrollo.

144. Y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra varios derechos políticos entre los cuales se encuentra el derecho de todo
ciudadano a participar en los asuntos públicos.

3.4.2. El control ciudadano como una garantía de la democracia participativa

145. La Constitución Política de Colombia permite el control ciudadano del poder
político, como una manifestación del principio democrático y participativo de un
Estado Social de Derecho. En efecto, su artículo 40 precisa que todo ciudadano,
entre otras prerrogativas, puede ejercer control del poder político y que debido al
carácter expansivo de ese postulado, puede ampliarse a otros ámbitos distintos a
los contemplados en esa norma (espectro electoral), es más, existen otras
disposiciones constitucionales que corroboran esta afirmación.

146. En primer lugar, está el artículo 95 que enumera los deberes de los
ciudadanos, incluyendo la obligación de participar en la vida política, cívica y
comunitaria del país, en segundo lugar, el artículo 209 establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y las autoridades deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales y
en tercer lugar, el artículo 270 determina la posibilidad de que los ciudadanos
participen en la vigilancia de la gestión pública mediante las formas y sistemas que
establezca el legislador.

147. De este modo, los ciudadanos tienen el derecho y el deber a ejercer un control
en la gestión que realicen las autoridades en los distintos ámbitos que les afecten,
haciendo uso de los distintos mecanismos previamente establecidos, ya sea a
través de peticiones o acciones judiciales y que las entidades públicas las atienden.

3.5. La facultad discrecional de nominación del presidente de la República y
sus límites

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148. De conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios, quienes ejercerán sus funciones en la forma prevista en la constitución, la
ley y el reglamento.

149. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 indica que los empleos de
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el
procedimiento establecido en esta ley.

150. Así, se infiere que, para el ejercicio de esas potestades, previamente, se
requiere el cumplimiento de unos requisitos establecidos por la Constitución, ley o
reglamento.

151. A renglón seguido, el artículo 125 Constitucional ordena que todos los empleos
de los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales
y los demás que determine la ley.

152. Tratándose del Servicio Exterior de la República de Colombia y de la Carrera
Diplomática, el legislativo extraordinario expidió el Decreto Ley 274 de 2000 con el
que se dispuso su régimen.

153. El artículo 6 de normativa contempla que los empleos del Ministerio de
Relaciones Exteriores son de libre nombramiento y remoción, de carrera diplomática
y consular y de carrera administrativa.

154. Asimismo, determina que el nombramiento del cargo de embajador es
discrecional del presidente de la República de Colombia, cuyos requisitos están
contemplados en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales
de dicho ministerio, contenido en la Resolución 1580 del 16 de marzo de 2015 y el
Decreto 1083 de 2015.

155. A su turno, el numeral 2. ° del artículo 189 de la Constitución Política otorga al
presidente de la República de Colombia la competencia discrecional de nombrar a
los agentes diplomáticos y consulares.

156. La Sala no desconoce la discrecionalidad con la que cuenta el primer
mandatario en estos asuntos, pero como lo sostuvo la Corte Constitucional, en
sentencia C-179 de 2006, «en un Estado Social de Derecho no existen poderes
ilimitados, en tanto que ellos están siempre ordenados a un fin específico como lo
disponen las normas que les atribuyen competencia, y no a cualquier fin; es
precisamente lo que hace que los actos proferidos por las autoridades públicas en
ejercicio de sus competencias legales sean controlables».

157. Por consiguiente, esa competencia no es absoluta pues debe sujetarse al
principio de legalidad y a los que rigen la función pública, es decir, estas actuaciones
deben adelantarse con fundamento a unas reglas preexistentes, que rigen para

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cada caso particular y al servicio del interés general.

158. La Sección Quinta del Consejo de Estado 35 , frente a los límites en la
competencia de nominación del presidente de la República de Colombia ha dicho:

198. De otra parte, se debe recordar que en ningún caso las autoridades con
facultades electorales pueden confundir su potestad discrecional con arbitrariedad,
irregularidad que se materializa cuando quien la ejerce impone su voluntad sin
sujeción a la ley y por ello deja de lado la prevalencia del interés general, situación
que debe corregir el operador judicial declarando nulo el acto respectivo.

199. Tampoco se debe olvidar que: “…En lo arbitrario se expresa el capricho
individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional, por el
contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho
preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión
en cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de
proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos y
libertades…”.

200. Por manera que, el jefe de Estado en su función de preservar las relaciones
internacionales debe guardar siempre las normas que rigen sus actuaciones sin que
al invocar su facultad discrecional pueda omitir su deber de preservar el orden jurídico
interno e internacional, aspectos que en materia electoral recae en que los
designados cumplan los requisitos de acceso al empleo y con ello se cubran las
verdaderas necesidades del servicio.

159. En este orden de cosas, esa autonomía se ve limitada a que el nombramiento
se ajuste a la normativa que rija la materia, frente al procedimiento que establezca
la norma para la expedición del acto.

3.6. Procedimiento para la publicación de las hojas de vida de los empleos de
libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

160. El artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 dispone:

El órgano técnico o la entidad encargada de verificar las competencias laborales
indicarán al nominador si el candidato a ocupar el empleo de libre nombramiento y
remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al
nombramiento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de
vida del aspirante deberá ser publicada durante tres días calendario en las
páginas web tanto de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para el
conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones.

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de
vida, junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así
como la constancia de la evaluación de las competencias laborales.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de marzo de

2022. Rad. 25000-23-41-000-2019-00903-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Una vez efectuada la publicación en los términos señalados y la evaluación de los
comentarios de la ciudadanía, la autoridad nominadora podrá proceder al
nombramiento correspondiente. (Negrilla fuera del texto).

161. De acuerdo con esta norma, posterior a la evaluación de las competencias
laborales, la hoja de vida 36 del aspirante a un empleo de libre nombramiento y
remoción del sector central de la administración pública nacional debe ser publicada
durante 3 días calendario en las páginas web tanto de la entidad a la que pertenezca
el cargo como en la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

162. Así las cosas, el nombramiento está supeditado a que se realice esa
publicación y de presentarse algún pronunciamiento, el mismo deberá evaluarse, al
establecerse de manera literal que «una vez efectuada la publicación en los
términos señalados y la evaluación de los comentarios de la ciudadanía, la autoridad
nominadora podrá proceder al nombramiento correspondiente».

163. En este punto, para esta Sección resulta claro que la valoración de las
observaciones presentadas al perfil de un candidato, debe hacerse antes de
expedirse el acto, en cuanto a que, en virtud del principio de la democracia
participativa, los interesados tienen derecho a intervenir en esa actuación
administrativa y a que la entidad estatal las analice desde un punto de vista objetivo.

164. Ahora bien, la norma en comento no específica la manera en que se debe
realizar la evaluación a las observaciones de las hojas de vida que se publican, sino
que únicamente dispone que se debe hacer antes de la expedición del
nombramiento.

165. De ahí que, la Sala advierta que: (i) la intervención ciudadana debe
presentarse dentro de los 3 días que establece el Decreto 1083 de 2015 y (ii) si la
misma fue oportuna, la autoridad debe apreciar esos argumentos y de continuar la
decisión de realizar el nombramiento, debe quedar evidencia de las razones por las
cuales no se acogió esa propuesta, pues la norma exige que ese procedimiento
debe agotarse antes de proferirse el acto.

166. En caso contrario, puede existir una vulneración al derecho que tienen los
ciudadanos a participar y ejercer control en la toma de decisiones de la
administración pública cuando se expide el acto de nombramiento, ya sea porque
no se evaluaron los comentarios presentados oportunamente o porque no garantizó
ese término de publicidad.
167. Se enfatiza que los comentarios que los ciudadanos puedan presentar frente
a una hoja de vida que es publicitada bajo este mecanismo, se realizan como una
manifestación legítima del control ciudadano a la gestión pública, en los asuntos
que le son de su interés.

168. Esta circunstancia no debe confundirse con el derecho que tienen las
personas a formular peticiones respetuosas, las cuales deben ser atendidas dentro

36 Junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así como la constancia de la
evaluación de las competencias laborales

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de los términos que señale la ley, en consideración a que las autoridades que
intervienen en el acto de nombramiento tienen la obligación de analizar las
observaciones antes de culminar la actuación, sin lo cual, haría inoperante ese
control al poder político, es decir se desconocería el derecho a la participación
ciudadana en la conformación del poder público.

169. De acuerdo con lo explicado en este marco teórico, la Sala concluye:

170. En un Estado Social de Derecho, la participación de la ciudadanía ante los
estamentos estatales es una garantía para ellos, y a la vez, una obligación para las
autoridades, consistente en que esas intervenciones sean estudiadas, de manera
objetiva, como una manifestación del derecho de participación y control ciudadano.

171. La competencia de nominación del presidente de la República de Colombia no
es absoluta, puesto que la misma debe sujetarse a las normas que rijan la materia,
esto es, el procedimiento que establezca la ley o el reglamento para proferir el
nombramiento.

172. Y tratándose de los empleos de libre nombramiento y remoción pertenecientes
a las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, debe
seguirse el procedimiento fijado por el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

3.7. Caso concreto

173. En este asunto, la Sala observa que la sentencia del 16 de noviembre de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que
el Ministerio de Relaciones Exteriores no evaluó los comentarios presentados por la
ciudadanía a través de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular,
además, no se cumplió el término de los 3 días calendario establecidos en el artículo
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, en consideración a que su publicación fue
entre el 8 y 9 de febrero de 2023, y el siguiente 10 de febrero se expidió el acto
demandado.

174. Por el contrario, con el recurso de apelación del apoderado de esa entidad, se
argumentó que la publicación de la hoja de vida de Ninco Daza no es un requisito
para la existencia o validez, sino de eficiencia y oponibilidad y que las observaciones
presentadas en esa actuación fueron atendidas dentro del término legal y
analizadas antes de expedir el acto demandado.

175. Al respecto, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que
el currículo del demandado fue publicado en la página web 37 del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el 7 de febrero de 2023
(12:42:12)38, como se muestra a continuación:

37 Enlace: https://aspirantes.presidencia.gov.co/ que fue relacionado con las dos demandas de los procesos

acumulados.
38 Con la prueba no se especifica si la hora corresponde a a.m. o p.m.

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176. También, se encuentra que el 10 de febrero de 2023, la junta directiva del
sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia
(UNIDIPLO) presentó observaciones39 «respecto a la publicación de la hoja de vida
el 07/02/2023 en el portal https://aspirantes.presidencia.gov.co/ del señor Álvaro
Moisés Ninco Daza, quien aspira al cargo de Embajador de Colombia ante el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos».

177. El sustento de esta solicitud estribó en que el señor Ninco Daza no cumplía
con los requisitos para desempeñar el cargo de embajador, puesto que no se
acreditó el carácter excepcional que trae el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005
para aplicar la figura de la compensación y la decisión de la Comisión Evaluadora
de los Méritos no fue unánime, puesto existió una disidencia.

178. De igual forma, se tiene que el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, a través del oficio OFl23-OOO25781/GFPU 13010000 del 14 de
febrero de 2023, dio traslado de esa petición al Ministerio de Relaciones Exteriores,
quienes la atendieron el 1° de marzo de ese año con radicado S-DITH-23-005203,
momento en el cual ya se había expedido el acto demandado.

179. De otra parte, estos fueron los argumentos que motivaron del acto
demandado:

39 Que fue dirigida al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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180. Frente a estos supuestos fácticos, el tribunal de primera instancia concluyó:

«En este orden de ideas, al haber fenecido el término de los tres (3) días calendario
a la media noche del diez (10) de febrero de 2023, no podía la administración (como
efectivamente lo hizo), expedir el Decreto No. 0190 del diez (10) de febrero de 2023
“Por el cual se autoriza la compensación de requisitos y se hace un nombramiento en
la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores”, ya que el procedimiento
establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 señala que previo al
nombramiento discrecional se debe publicar por tres (3) días calendario la hoja de
vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, situación
que en el presente asunto no se observó, ya que como se ha indicado en líneas
precedentes, no se dejó vencer el término del tercer día calendario, sino que se
procedió a realizar el respectivo nombramiento, situación que solamente se podía
presentar una vez efectuada en debida forma la publicación y analizada la evaluación
de los comentarios de la ciudadanía.

Adicional a lo anterior se observa que, la Unión de Funcionarios de Carrera
Diplomática presentó el diez (10) de febrero de 2023 (dentro de los tres (3) días
calendario), las respectivas observaciones a la hoja de vida del señor Ninco Daza
publicada en la página web de la Presidencia de la República, las cuales fueron
remitidas por competencia por parte de la Secretaría Jurídica de dicha entidad
mediante Oficio No. OFI23-00025772/GFPU13010000 del catorce (14) de febrero de
2023, al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien solamente hasta el dos (2) de

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marzo de 2023, respondió los comentarios realizados por la ciudadanía a través de
Oficio No. S-DITH-23-005203 del primero (1) de marzo de 2023, por lo que de esta
manera advierte la Sala que, no se hizo la evaluación de las observaciones
presentadas por la ciudadanía, previo a proceder con el nombramiento demandado
efectuado el diez (10) de febrero de 2023.

En el mismo sentido se considera importante indicar que, la administración debe
realizar la evaluación de las observaciones presentadas por la ciudadanía antes de
efectuar el nombramiento, ya que, de no ser así, resultaría inane la fase de
observaciones establecida en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 y su
finalidad, la cual busca la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Por lo tanto, en estricto rigor de la interpretación de la norma que ha sido desglosada
la Sala concluye que: (i) El Ministerio de Relaciones Exteriores no evaluó los
comentarios presentados por la ciudadanía a través de la Unión de Funcionarios de
Carrera Diplomática y Consular, (ii) No se cumplió el termino (sic) de los tres (3) días
calendario establecidos en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 y, (iii) El
desconocimiento de tal procedimiento no permitía la expedición del acto
administrativo de nombramiento del señor Álvaro Moisés Ninco Daza por lo que al
haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto demandado, los cargos de
nulidad de desconocimiento de norma superior y expedición irregular prosperarán y,
por tanto, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda».

181. Con lo visto, la Sala entrará a analizar los motivos de la alzada40, así:

182. En virtud del principio de publicidad, todos los actos administrativos deben ser
publicados o notificados, según el caso, para que produzcan los efectos jurídicos
pretendidos, ya sea creando, modificando o extinguiendo una situación o regulando,
en abstracto, un asunto.

183. De esta forma, la falta de notificación o publicación de una decisión
administrativa no la torna en ilegal, lo que sucede es que esa omisión hace
inoponible e ineficaz el acto frente a quien la desconoce41. No obstante lo anterior,
en este punto se precisa que el cargo que se presentó en la demanda no consiste
en la falta de publicación del acto de nombramiento, sino en la falta de publicación
de la hoja de vida del demandado, como parte del procedimiento para su
nombramiento.

184. En este contexto, no le asiste razón a la entidad recurrente al afirmar que la
falta publicación de los documentos de la historia académica y laboral de Ninco
Daza no genera la nulidad del acto de designación, en la medida que esta
circunstancia no está relacionada con la divulgación del acto de nombramiento, sino
que recae en el procedimiento de que trata el Decreto 1083 de 2015, esto es, el
procedimiento que se lleva a cabo y que finaliza con el acto de nombramiento o
elección.

185. Así las cosas, se reitera que en este asunto no se está cuestionando la
publicidad del acto de nombramiento, sino que se está alegando una irregularidad

40
Que corresponden a los del Ministerio de Relaciones Exteriores.
41 Sobre el tema puede consultarse Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primara.

Sentencia del 17 de febrero de 2022. Rad. 25000-23-37-000-2015-01685-02. M.P. Milton Chaves García.

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en la actuación administrativa antes de su expedición, relacionada con que no se
publicó en debida forma la hoja de vida del demandado.

186. Resuelto lo anterior, se tiene que el punto por dilucidar es determinar si se dio
cumplimiento al término establecido por el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de
2015 que dispone:

Artículo 2.2.13.2.3 Procedimiento. El órgano técnico o la entidad encargada de
verificar las competencias laborales indicarán al nominador si el candidato a ocupar
el empleo de libre nombramiento y remoción cumple con las competencias requeridas
y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al
nombramiento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del
aspirante deberá ser publicada durante tres días calendario en las páginas web
tanto de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la
ciudadanía y la formulación de observaciones.

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de
vida, junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así
como la constancia de la evaluación de las competencias laborales.

Una vez efectuada la publicación en los términos señalados y la evaluación de los
comentarios de la ciudadanía, la autoridad nominadora podrá proceder al
nombramiento correspondiente. (Negrilla fuera del texto).

187. De la lectura de la norma en cita, se advierte que la publicación de la hoja de
vida de un candidato a un cargo de libre nombramiento y remoción debe realizarse
durante 3 días calendario en las páginas web tanto de la entidad como en la del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

188. Una vez efectuada la publicación del perfil del candidato con sus soportes,
dentro del correspondiente término antes señalado y realizada la evaluación de los
comentarios de la ciudadanía, la autoridad nominadora podrá proceder al
nombramiento correspondiente.

189. Sobre este aspecto, la Sala sostiene que el procedimiento fijado por ese
decreto resulta obligatorio para las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, dentro de las cuales está el Ministerio de Relaciones Exteriores,
ya que sus efectos son vinculantes, tanto para las autoridades como para los
particulares, bajo el entendido en que fue expedido por el ejecutivo en el marco de
sus competencias reglamentarias y compilatorias, con las que, además, se pretende
dar transparencia a la facultad discrecional de nombramiento que envuelve esa
clase de empleos.

190. Así pues, de acuerdo con lo probado en el proceso, se tiene que la hoja de
vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza se publicó el 7 de febrero de 2023 y frente
a este hecho, para el Ministerio de Relaciones Exteriores en su recurso, los tres días
correspondieron al mismo 7, 8 y 9 de febrero de ese año.

191. Al respecto, la Sala comparte la tesis del a quo relacionada con que en virtud

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de los artículos 6142 de la Ley 4 de 1913 y 6843 del Código Civil, ese terminó debió
computarse a partir del 8 de febrero de 2023 y terminar el 10 de febrero siguiente,
como pasa a explicarse.

192. En primer lugar, el artículo 61 ibidem relaciona que el plazo de una cosa
comienza desde tal día, «se entiende que ha de observarse desde el momento
siguiente a la medianoche del día anterior» y cuando el término es «hasta tal día»,
el mismo expira a la media noche de aquel.

193. En segundo lugar, el artículo 69 ejusdem dispone que cuando se exija que
transcurra un lapso para que nazca o expiren derechos, este no se cumplirá hasta
la media noche del último día del plazo.

194. De modo que, el plazo de los 3 días calendario para la publicación de la hoja
de vida del demandado comenzaron a transcurrir «desde el momento siguiente a la
medianoche del día anterior», es decir, después de la media noche del 7 de febrero
de 2023, por lo que el término inició el 8 de febrero de 2023 y culminó hasta la media
noche del 10 de febrero de 2023.

195. En consecuencia, el perfil del señor Álvaro Moisés Ninco Daza no contó con
la debida publicidad, puesto que no se respetó el término de los 3 días calendario
que establece la norma para su divulgación antes de expedirse el acto demandado.

196. Además de lo anterior, como quedó previamente explicado, en virtud del
artículo 2.2.13.2.3 citado, el presidente de la República de Colombia no puede
expedir el nombramiento de un empleo de libre nombramiento y remoción mientras
no se hayan evaluado los comentarios u observaciones que presenten los
ciudadanos, lo cual debe ser realizado antes de que finalice esa actuación.

197. Lo anterior, por cuanto existe (i) un derecho de los ciudadanos a ejercer un
control frente a la vinculación de un funcionario público y (ii) un deber de las
entidades públicas de estudiarlas, en virtud del principio de democracia
participativa. De lo contrario, traería consigo una vulneración a esa garantía.

198. Conforme a lo explicado en líneas atrás, corresponde determinar si antes de
la expedición del acto demandado, la autoridad realizó la evaluación a los
comentarios que se presentaron en término frente a la hoja de vida del demandado,
es decir, hicieron una confrontación entre esos argumentos con la determinación de
vincular a Ninco Daza en la planta de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a efectos de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Decreto
1083 de 2015.

199. En efecto, el 10 de febrero de 2023, el sindicato UNIDIPLO presentó unas

42 ARTÍCULO 61. Cuando se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de
observarse desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior; y cuando se dice que debe observarse
hasta tal día, se entiende que ha de observarse hasta la medianoche de dicho día.
43 ARTICULO 68. ACLARACIONES SOBRE LOS LIMITES DEL PLAZO. Cuando se dice que un acto debe

ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que
termina el último día de plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan
o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media
noche en que termina el último día de dicho espacio de tiempo

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observaciones con las que se pretendía que no se nombrara al señor Álvaro Moisés
Ninco Daza, por el incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de embajador
y porque no había lugar a la compensación que trae el Decreto Ley 770 de 2005,
más si se tiene en cuanta que uno de los miembros de la Comisión Evaluadora de
los Méritos no acompañó esa determinación.

200. Frente a esta observación, el 1° de marzo de 2023, con radicado S-DITH-23-
005203, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dio respuesta, indicando que
nombramiento censurado fue expedido en virtud de las facultades que le confiere el
ordenamiento jurídico al presidente de la República de Colombia y de acuerdo con
la recomendación de la Comisión Evaluadora de los Méritos.

201. De otro lado, consultadas las consideraciones del Decreto 190 del 10 de
febrero de 2023, en ninguna parte se relaciona que se hayan presentado
comentarios a la hoja de vida del demandado, es más, las mismas, únicamente,
apuntan a la naturaleza jurídica del cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario, los requisitos para su desempeño y las circunstancias que llevaron
a la Comisión Evaluadora de los Méritos de recomendar al presidente de la
República de Colombia autorizar la compensación de esas exigencias.

202. Del plenario, no se evidencia otra prueba con la que se apunte que antes de
expedirse el Decreto 190 de 2023, el nominador evaluó las observaciones
presentadas por el sindicato UNIDIPLO, en este orden de cosas, al no existir el
correspondiente análisis como lo exige el artículo 2.2.13.2.3 en cita, el derecho que
tuvo la ciudadanía, a través del mencionado sindicato, consistente en participar y
ejercer control en el nombramiento del demandado, se vio transgredido al no
acatarse el procedimiento establecido previamente.

203. Debe recordarse que existía una obligación de las entidades en evaluar esa
intervención no solo porque así se establece en la norma reglamentaria, sino
también porque esa disposición es una materialización del principio de participación
ciudadana contemplado en la constitución política.

204. Ahora, con el recurso de apelación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se
expresó que con la expedición del acto demandado, se evaluaron las
consideraciones radicadas por el mencionado sindicato, en atención a que esas
inquietudes fueron analizadas con la recomendación de la Comisión Evaluadora de
los Méritos y descartadas de manera tácita al expedir el nombramiento.

205. Sobre el particular, este argumento de defensa dista por mucho de la realidad,
porque esa recomendación del Comité se realizó el 16 de enero de 2023, es decir,
antes de que UNIDIPLO participara en la actuación, con la que se puso de presente
que no había lugar a la compensación de los requisitos si se tiene en cuenta que la
decisión de la Comisión Evaluadora de los Méritos no fue unánime y ese tipo de
intervenciones de la ciudadanía es ejercida con ocasión al control ciudadano y no
frente al uso del derecho de petición, por lo que la evaluación debe presentarse
antes de expedirse el acto censurado.

206. Además, es claro que, durante el mismo día, esto es, el 10 de febrero de 2023,

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se presentaron las observaciones de UNIDIPLO y se realizó el nombramiento de
Ninco Daza como embajador plenipotenciario.

207. En este punto se reitera que si bien la norma no establece la forma en la que
se debe hacer la evaluación a las observaciones que presente la ciudadanía frente
las hojas de vida que se publican, lo cierto es que esta actuación debe surtirse de
manera previa a proferirse el acto.

208. Explicado lo anterior, en este caso la Sala evidencia que existió una violación
al derecho de participación ciudadana, porque no se hizo una evaluación previa al
nombramiento, de las observaciones presentadas por el sindicato UNIDIPLO frente
a la intención del primer mandatario de nombrar al señor Álvaro Moisés Ninco Daza,
además, no se agotó debidamente el trámite de publicidad de la hoja de vida del
referido, lo que genera una fractura del principio de la democracia participativa;
aspecto fundamental de la Constitución Política.

209. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha sostenido44 que el
desconocimiento del derecho de participación ciudadana genera la nulidad del acto
demandado en los siguientes términos:

En este punto es preciso recordar que en el escrito de contestación de la demanda,
el apoderado del Concejo de Tocancipá expuso que el 28 de febrero de 2010, a
instancias del Concejo Municipal, se llevó a cabo un cabildo abierto con participación
masiva de la comunidad ubicada en la zona de influencia de las obras a financiar con
cargo a la contribución de valorización, con el objeto de escuchar a la ciudadanía
sobre lo atinente al Acuerdo y, que el 7 de marzo de 2010 se realizó audiencia
pública en la cual se dio respuesta a las inquietudes planteadas en el cabildo abierto,
acciones estas que son posteriores a la expedición del Acuerdo de 2009, el cual, se
recuerda una vez más, fue aprobado el 7 de septiembre de 2009.

En síntesis, esta Sala concluye que en la elaboración y trámite del Acuerdo 14 de
2009, “[p]or el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por
Beneficio Local para la construcción de un Plan de Obras”, la administración y el
Concejo de Tocancipá desconocieron lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1ª de
1943 y en los artículos 49 y 50 del Acuerdo No. 05 de 2009 – Estatuto de Valorización
de Tocancipá y que, por ende, el acto administrativo está viciado de nulidad.
(negrillas en el texto).

210. Por último, se hace hincapié en que, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma, es obligatorio que la autoridad nominadora evalúe los
comentarios que presenten oportunamente los ciudadanos antes del nombramiento.

211. En conclusión, la Sala encuentra que con la expedición del Decreto 190 del 10
de febrero de 2023, se desconoció el procedimiento establecido en el artículo
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, puesto que el Ministerio de Relaciones
Exteriores no evaluó los comentarios presentados por el sindicato Unión de
Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, y no cumplió con el término de los
tres días calendario para la publicación de la hoja de vida del candidato, antes de

44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 15 de noviembre

de 2019. Rad. 25000-23-24-000-2012-00023-01. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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proferirse la designación de Álvaro Moisés Ninco Daza, como embajador
extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal
del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito
a la misión permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, razón por la cual, se confirmará la sentencia apelada.

212. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con salvamento de voto

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”.

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