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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01339-02

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01339-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que accedió a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Demandante: Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) Demandada: Luz Elena Martínez Kasab Rad.: 25000-23-41-000-2025-01339-02

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2025-01339-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01339-02
Demandante: ASOCIACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE
COLOMBIA (ASODIPLO)
Demandada: LUZ ELENA MARTÍNEZ KASAB – EMBAJADORA
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA ADSCRITA A
LA EMBAJADA DE COLOMBIA ANTE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

Tema: Requisitos para ocupar el cargo de embajador extraordinario
y plenipotenciario

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la demandada y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, contra la sentencia del 8 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), a través de
apoderada1, instauró demanda en ejercicio del medio de control establecido en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto
de nombramiento de Luz Elena Martínez Kasab como embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el gobierno de la
República Árabe de Egipto.

1.2. Hechos

Por medio del Decreto 0778 del 7 de julio de 2025, el presidente de la república
nombró a Luz Elena Martínez Kasab embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de la planta de personal del despacho de los jefes de Misiones

1 Mildred Tatiana Ramos Sánchez.

Demandante: Asociación Diplomática y Consular
de Colombia (ASODIPLO)
Demandada: Luz Elena Martínez Kasab
Rad.: 25000-23-41-000-2025-01339-02

Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrita a la Embajada de Colombia ante el
gobierno de la República Árabe de Egipto.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, no
respondió en el término legal ni por fuera de este, los comentarios a la hoja de
vida realizados el 9 de junio de 2025, por la apoderada de la demandante.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Con sustento en los anteriores supuestos fácticos, la demandante afirma que el
acto acusado infringe los artículos 1.°, 2.°, 40, 125 y 209 de la Constitución
Política; 4.° del Decreto Ley 274 de 2000; 23 de la Ley 909 de 2004; 2.2.2.4.1,
2.2.2.4.2, 2.2.5.1.4, 2.2.5.1.5 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 y la
Resolución 1580 de 2015, que contiene el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del
Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a los argumentos que a
continuación se resumen:

Advirtió que el acto acusado violó la Constitución Política, específicamente, el
artículo 1.° comoquiera que Colombia es un Estado Social de Derecho,
democrático, participativo y pluralista, sin embargo, con el nombramiento de Luz
Elena Martínez Kasab se afectó la democracia participativa al no dar trámite a
las observaciones ciudadanas; el 2.° debido a que la finalidad esencial del
Estado es garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan,
lo cual se desconoció al no evaluar los comentarios efectuados a la hoja de vida
de la demandada; el 40 en cuanto establece el derecho fundamental de los
ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
también desatendido en el procedimiento llevado a cabo durante la designación
cuestionada.

Así mismo, el 125 que señala el principio del mérito y los requisitos para acceder
a cargos públicos, pues se nombró a una funcionaria en el exterior sin cumplir
las exigencias legales requeridas sobre experiencia y conocimientos básicos
mínimos y el 209 en la medida en que el decreto acusado se expidió a pesar de
que la nombrada no cumple los requisitos de ley y en una abierta desigualdad
frente al mérito de los embajadores de carrera especial que se han esforzado
por treinta (30) años en una preparación especializada.

Explicó que se desconoció el principio rector de transparencia previsto en el
artículo 4.° del Decreto Ley 274 de 2000, toda vez que el presidente de la
república, pese a conocer la normativa aplicable y la jurisprudencia en la
materia, insiste en efectuar nombramientos en cargos de embajador a personas
que no reúnen los requisitos mínimos exigidos, en este caso, el segundo idioma,
actuando con pleno conocimiento de dicha irregularidad.

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Demandante: Asociación Diplomática y Consular
de Colombia (ASODIPLO)
Demandada: Luz Elena Martínez Kasab
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Sostuvo que se desatendió el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, que exige unos
requisitos mínimos para ocupar empleos públicos, incluso los de libre
nombramiento y remoción, como es el caso de Luz Elena Martínez Kasab.

Consideró que se violó el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en cuanto señala
los requisitos de formación y experiencia para cargos del nivel directivo
(profesional, posgrado y experiencia mínima de 72 u 84 meses) y la posibilidad
de formular observaciones a la hoja de vida del aspirante, sin embargo, en este
caso no hubo respuesta a aquellas, previo a efectuarse la designación
cuestionada.

En línea con lo anterior, manifestó que la verificación y certificación de los
requisitos para ocupar el cargo debía realizarse antes del nombramiento, lo cual
no ocurrió en el presente caso. Como sustento de ello, citó apartes de la
sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en el radicado 25000-23-41-000-2023-00394-01, demandado: Álvaro
Moisés Ninco Daza como embajador extraordinario y plenipotenciario adscrito a
la misión permanente de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.

Adujo que también se desconoció la Resolución 1580 del 16 marzo de 2015,
esto es, el Manual específico de funciones y de competencias laborales para los
empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda
vez que la demandada no cumple con la experiencia requerida y no acreditó el
dominio del segundo idioma.

1.4. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante proveído del 2 de diciembre de 20252, el a quo, en virtud de lo
establecido en el artículo 182A del CPACA, resolvió: i) dar aplicación a la figura
de la sentencia anticipada, ii) decretar pruebas y iii) fijar el litigio en los
siguientes términos:

¿Es ilegal el Decreto 0778 del 7 de julio de 2025, mediante el cual se nombró a
Luz Elena Martínez Kasab, en el cargo de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho
de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto? Para
la decisión, se resolverán los cargos de nulidad que se endilgan en la demanda,
los que se analizarán con todos los demás cuestionamientos contra dicho
nombramiento, junto con todos los argumentos de defensa, las pruebas
aportadas al expediente y la normativa y jurisprudencia aplicables. Y si la

2
Samai, índice 37 de la primera instancia.

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respuesta a la petición de nulidad es afirmativa, se decidirán las demás
pretensiones que se pidieron.

Además, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto, quienes presentaron los escritos
respectivos.

1.5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, a
través de sentencia del 8 de mayo de 2026, accedió a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente:

1.5.1. Incumplimiento del requisito de experiencia

Manifestó que el Manual específico de funciones y de competencias laborales
para los empleos de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores establece los
siguientes requisitos de estudio y experiencia para ocupar el cargo de
embajador extraordinario y plenipotenciario: i) acreditar título profesional en una
disciplina académica y título de posgrado en cualquier modalidad y ii) contar con
experiencia profesional relacionada.

En cuanto a la experiencia relacionada, resaltó que el Consejo de Estado3 ha
explicado que no procede exigir un tiempo específico para ser designado como
embajador extraordinario y plenipotenciario, pero sí se debe efectuar una
comparación entre las funciones del referido cargo y las acreditadas con las
certificaciones aportadas por el nombrado, para determinar si colma dicha
exigencia.

Sobre el particular, el a quo evidenció que las funciones acreditadas por la
demandada previo a efectuarse el nombramiento cuestionado fueron las
siguientes:

➢ Directora del área de psicología dentro de la ejecución del proyecto “Atlántico
Joven- Prevención de la drogadicción a través del arte en jóvenes del
departamento del Atlántico”, durante las vigencias fiscales 1996,1997,1998 y
1999.

➢ Asesoría y capacitación en teatro y danza, multiplicadores o agentes educativos
institucionales y comunitarios de tres municipios, dentro de las estrategias de
violencia intrafamiliar impulsadas por HAZ – PAZ, programa de la Presidencia
de la República.

➢ Asesoría cultural, artística y escritora Free lance en la Asociación Teatro
Academia Actores de Barranquilla.

3 Sección Quinta, sentencia de 21 de agosto de 2025, Exp. 25000-23-41-000-2024-00114-00 (acumulado).

MP Gloria María Gómez Montoya.

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➢ Periodista independiente en el grupo de columnistas de la Regional Caribe de El
tiempo.

➢ Columnista Free lance de La Nueva Prensa.

Al respecto, consideró que dichas funciones se circunscriben principalmente a
actividades de dirección de proyectos sociales, asesoría cultural y artística,
formación comunitaria, periodismo y opinión, ámbitos que, si bien pueden tener
incidencia en el plano social y cultural, no comportan el ejercicio de labores
propias de la representación internacional del Estado, ni implican participación
en la formulación, ejecución, orientación o seguimiento de la política exterior, la
conducción de relaciones bilaterales o multilaterales, la intervención en
negociaciones internacionales, ni el desempeño de funciones diplomáticas o
consulares, que constituyen el núcleo esencial del empleo.

En ese orden, estimó que las funciones acreditadas no guardan afinidad,
similitud, equivalencia, analogía ni complementariedad sustancial con las
exigidas para el desempeño del cargo, por cuanto corresponden a campos
funcionales distintos y no permiten tener por acreditada la experiencia
relacionada en los términos requeridos para el ejercicio del empleo de
embajador extraordinario y plenipotenciario.

Por otra parte, precisó que, si bien la demandada refirió en la hoja de vida que
participó en proyectos organizados y auspiciados por la Organización de
Naciones Unidas y como panelista en foros y universidades, lo cierto es que las
certificaciones adjuntas no dan cuenta de tales actividades.

En consecuencia, concluyó que la demandada no cumple el requisito de
experiencia relacionada exigida para desempeñarse como tal.

1.5.2. Incumplimiento del conocimiento básico referido al segundo idioma

Recordó que la Resolución 1580 de 20154 exige tener como conocimientos
básicos o esenciales, entre otros, «hablar y escribir, además del español, el
idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el
conocimiento del idioma oficial del país de destino».

En el presente caso, observó que para acreditar el nivel de inglés la señora Luz
Elena Martínez Kasab aportó certificaciones de fechas 18 y 21 de octubre de
2025, no obstante, dichas constancias son posteriores al nombramiento y a la
posesión en el cargo, razón por la cual, estimó que no podían ser valoradas
como prueba del cumplimiento de los conocimientos básicos exigidos, en tanto

4 Manual específico de funciones y de competencias laborales.

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no fueron presentadas al momento de la designación cuestionada.

Por lo expuesto, consideró que la demandada no acreditó el segundo idioma
requerido para ocupar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario.

1.6. Los recursos de apelación

1.6.1. Luz Elena Martínez Kasab (demandada)

a) Experiencia relacionada

A su juicio, resulta de una subjetividad extrema descartar la experiencia que
exhibe en su hoja de vida, la cual considera que es suficiente por haber ejercido
en la función pública y como colaboradora de prensa frente a todo tipo de temas
de raigambre social, útiles para el ejercicio de la diplomacia, en la que prima el
encuentro de dos culturas, tradiciones e historias, multirracial, ajustándose a los
postulados de la Resolución 1580 de 2015.

Mencionó que cuenta con eventos auspiciados por las Organización de
Naciones Unidas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todo lo cual
tiene un peso específico, cualitativo y pertinente para dar por sentado, con
solvencia probatoria, que cumple a cabalidad las exigencias constitucionales y
legales para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
ante el gobierno de la República Árabe de Egipto.

b) Dominio del segundo idioma

En su criterio, el dominio de un lenguaje distinto al de origen y que deba
corresponder a uno que se hable en el ámbito de las Naciones Unidas, no es
requisito para el nombramiento.

Al respecto, consideró que la Resolución 1580 de 2015 ubica este lenguaje
alternativo en el «Conocimiento Básico o Esencial», es decir, no se acredita con
un diploma o un acta de grado, como los que se enlistan en los «Requisitos de
Estudio y Experiencia» de los cuales hacen parte los de «Formación
Académica».

Por otra parte, estimó que haber descartado por extemporáneas las
certificaciones del 18 y 21 de octubre de 2025 expedidas por el British Council
vulnera el derecho de defensa de la demandada y, por el contrario, conlleva a
que se deba acreditar una formación académica que no exige el Manual
específico de funciones y de competencias laborales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

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1.6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores

a) Experiencia relacionada

Expuso que la sentencia de primera instancia incurre en un defecto jurídico, al
aplicar un criterio restrictivo de comparación funcional y exigir correspondencia
total y estricta con las funciones esenciales, desconociendo el carácter amplio,
multidisciplinario y político del cargo.

Adujo que, bajo las reglas que ha fijado la Sala Electoral5 de esta corporación,
sobre este aspecto jurídico, la demandada cuenta con la experiencia profesional
relacionada requerida. Ello, a partir de las actividades propias de la profesión y
de las desarrolladas en el ejercicio de este, las cuales tienen correspondencia
con las establecidas en el Manual específico de funciones y de competencias
laborales para el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario.

Sobre el particular, indicó que la señora Martínez Kasab, no solo cumple una,
sino que se conectan con múltiples funciones del cargo, ya sea en el ámbito
cultural, estatal y social, lo cual supera ampliamente el criterio de suficiencia
señalado por el Consejo de Estado.

b) Dominio del segundo idioma

Sostuvo que en el expediente quedó probado que la embajadora demandada
presentó certificados del British Council que acreditan formación en inglés, lo
que confirma que habla y escribe este idioma, además del español, los cuales
son suficientes para demostrar el conocimiento básico requerido, sin que exista
obligación legal de acreditarlo antes del nombramiento ni que sea requisito para
su validez.

1.7. Actuaciones de segunda instancia

1.7.1. Alegatos de conclusión

1.7.1.1. Asociación Diplomática y Consular de Colombia (demandante)

Señaló que ninguna de las certificaciones allegadas al proceso indica que la
demandada hubiera desarrollado actividades afines, semejantes, equivalentes,
análogas o complementarias con la profesión de la diplomacia. Por lo tanto,
estimó que no cumple el requisito de experiencia requerida.

5 Sentencia del 9 de abril de 2026, MP Gloria María Gómez Montoya, Rad. 25000234100020250125002.

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Mencionó que los requisitos de idoneidad, como ocurre con el dominio del
segundo idioma, deben verificarse al momento de la designación y no pueden
ser subsanados con posterioridad a instancia de un proceso judicial.

Explicó que la prueba aportada por la demandada es el British Council
EnglishScore que es una evaluación que se realiza en línea y de manera
remota, sin supervisión presencial y sin control de identidad verificado mediante
documento físico. En su sentir, esta modalidad de examen carece de los
controles mínimos que caracterizan a las pruebas reconocidas
internacionalmente en el ámbito diplomático y académico.

Sostuvo que, aunque se acepte la validez formal del examen, los resultados
obtenidos por la embajadora demandada son manifiestamente insuficientes para
el estándar requerido por el cargo, comoquiera que obtuvo nivel A2 en expresión
oral y nivel B1 en habilidades básicas de inglés, según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

1.7.1.2. Ministerio de Relaciones Exteriores

Adujo que el a quo aplicó un criterio restrictivo al comparar las funciones y exigir
exactitud con las del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario.

Asimismo, desconoció la experiencia profesional de la demandada, quien
cumple los requisitos de la Resolución 1580 de 2015.

Por último, cuestionó que requiriera la acreditación formal de un segundo
idioma, a pesar de que este fue probado en el proceso mediante certificaciones
del British Council, consideradas como medio probatorio documental idóneo,
pertinente y útil.

1.7.1.3. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia apelada, argumentando que la designación de la señora Luz Elena
Martínez Kasab como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Colombia
ante el gobierno de la República Árabe de Egipto, se efectuó sin que reuniera el
requisito de experiencia profesional relacionada. Del mismo modo, estimó que,
tampoco se encontraba acreditado el cumplimiento del requisito de conocimiento
de un segundo idioma, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1580
de 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 8 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos 1506 y 152
numeral 7.c del CPACA7.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del acto de
nombramiento de Luz Elena Martínez Kasab en el cargo de embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el
gobierno de la República Árabe de Egipto.

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala determinará si la
demandada acreditó el requisito de experiencia requerida y el conocimiento
básico referido al segundo idioma.

2.3. Los requisitos para ocupar el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario

El Manual específico de funciones y de competencias laborales para los
empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
contenido en la Resolución 1580 del 16 de marzo de 2015, establece que quien
aspire a ocupar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario debe
acreditar los siguientes requisitos:

6 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
7 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
c. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de
voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados
públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital…»

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(…)

Asimismo, señala como funciones esenciales del referido empleo las que a
continuación se transcriben:

1. Representar al Gobierno Nacional ante los Gobiernos extranjeros y los
organismos internacionales, de acuerdo con los lineamientos de la política
exterior en asuntos bilaterales o multilaterales. 2. Promover y salvaguardar los
intereses del país y de sus nacionales ante los demás Estados, Organismos y
Conferencias Internacionales y la Comunidad Internacional. 3. Orientar la
ejecución de la política exterior colombiana en materia de relaciones bilaterales
o multilaterales ante los países y Organismos Internacionales a su cargo, con
fundamento en los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 4.
Participar en las negociaciones internacionales que involucren a Colombia y a
los países y Organismos Internacionales ante los cuales se encuentre
acreditado. 5. Supervisar la elaboración de los informes de seguimiento a la
evolución del contexto político, económico, social, cultural, de los países u
Organismos Internacionales ante los cuales se encuentre acreditado, así como
prever las posibles implicaciones que pueda tener sobre la política exterior e
intereses nacionales, e informar y proponer oportunamente a los Viceministerios
correspondientes, los ajustes pertinentes a la política exterior colombiana. 6.
Identificar los espacios políticos, económicos, culturales, de los países u
Organismos Internacionales correspondientes, que pueden ser aprovechados
para la ejecución de la política exterior y para la promoción de los intereses de
Colombia. 7. Presidir las delegaciones que representen al país, cuando así lo
disponga el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las reuniones de carácter
bilateral o multilateral. 8. Orientar la ejecución de la política migratoria bajo su
jurisdicción y proponer acciones en la materia cuando proceda. 9. Orientar la
ejecución de la política en materia de desarrollo fronterizo del país, en el caso de
las representaciones ante países fronterizos y proponer acciones en la materia

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cuando proceda. 10. Suministrar a las Direcciones de los Viceministerios
correspondientes los elementos técnicos y conceptuales para la definición de la
política exterior en materia de las relaciones bilaterales o multilaterales con los
países u Organismos Internacionales a su cargo ante los cuales está acreditado.
11. Mantener permanentemente informadas a las Direcciones de los
Viceministerios correspondientes, sobre el estado de ejecución de las directrices
de política exterior en materia de relaciones bilaterales o multilaterales a su
cargo. 12. Orientar la ejecución y seguimiento al plan de acción de los países u
Organismos Internacionales a su cargo, con fundamento en las directrices,
métodos y criterios que establezca la Oficina Asesora de Planeación y
Desarrollo Organizacional. 13. Ejercer funciones consulares, cuando sea el
caso, en coordinación con la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano. 14. Orientar la ejecución de la política de promoción de
Colombia en el exterior, en coordinación con la Dirección de Asuntos Culturales.
15. Orientar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de los Consulados de su
jurisdicción, teniendo en cuenta los intereses del país y la necesaria protección
de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y Orientar lo
pertinente con las políticas adoptadas por el Ministerio en esta materia. 16.
Coadyuvar en la promoción de los vínculos de todo orden de las comunidades
colombianas en el exterior con el país, como medio de exaltar la identidad y los
valores nacionales y contribuir al mantenimiento de la buena imagen de
Colombia en el exterior. 17. Las demás que le sean asignadas o que por su
naturaleza sean afines con las descritas en este cargo y en especial las
establecidas en la Convención de Viena de 1961.

Frente a la experiencia que, a juicio de los apelantes, sí acreditó la demandada,
se impone recordar los conceptos y clasificaciones que trae el Decreto 1083 de
20158, al cual alude la parte actora en la demanda.

Al respecto, se tiene que, el artículo 2.2.2.3.7 define la experiencia como «los
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio» y, a su turno, la clasifica en
profesional, relacionada, entre otras, así:

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará
a partir de la inscripción o registro profesional.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o
actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
(…).

8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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Demandante: Asociación Diplomática y Consular
de Colombia (ASODIPLO)
Demandada: Luz Elena Martínez Kasab
Rad.: 25000-23-41-000-2025-01339-02

En cuanto a la experiencia «profesional relacionada» esta corporación9 explicó
lo siguiente:

[La] experiencia profesional específica o relacionada, esto es, la adquirida a
partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el
pensum académico de la respectiva formación universitaria en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión realizadas en un empleo o actividad de igual
naturaleza, a la del cargo por proveer, o la adquirida en el ejercicio de los
empleos que tengan funciones similares al mismo y ii) experiencia específica o
relacionada con las funciones del cargo, cual es la adquirida en el ejercicio
de las funciones de un empleo en particular o en una determinada área de
trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, de igual naturaleza a la
del cargo por proveer, o la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan
funciones similares al mismo.

Por su parte, la Sala Electoral10 se pronunció así:

En lo atinente a la definición de “Experiencia Relacionada”, el Decreto 1083 de
2015, en su artículo 2.2.2.3.7 establece que esta es “la adquirida en el ejercicio
de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a
proveer”. En este sentido, la locución “similares”, otorga un amplio espectro a la
definición, en tanto, supone que las funciones pueden ser parecidas, semejantes
o análogas con las funciones propias del cargo. En otros términos, no se
requiere que sean idénticas, a las propias del cargo a proveer. (…). Es decir,
basta que la experiencia se inscriba en ese conjunto amplio de funciones
similares, de manera que se advierta afinidad, conexidad o parecido con las
funciones propias del cargo al que se aspira. (…). Por lo tanto, no se necesita
que las funciones sean exactas o encajen, rigurosamente, en las mismas
funciones propias del cargo a proveer, pues, esto implicaría que la única
manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el desempeño del
empleo al que se aspira, por lo que lo “relacionado” terminaría por convertirse
en idéntico, desdibujando, de esta manera, estos conceptos jurídicos
fundamentales. (…).

Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, la Sala concluye que la
experiencia profesional relacionada comprende los siguientes elementos: i) es
aquella adquirida con posterioridad a la terminación y aprobación de materias
que conforman el pénsum académico del respectivo programa universitario de
formación profesional; ii) se obtiene en ejercicio de las funciones o actividades
propias de la profesión, y iii) en los empleos desempeñados, han debido
cumplirse funciones similares a las del cargo a proveer, para lo cual, se debe
tener en cuenta, además, el nivel jerárquico de este, la responsabilidad, y haber
desarrollado funciones afines, semejantes, equivalentes, análogas o
complementarias en determinada profesión, es decir, que no es necesario haber
cumplido exactamente las mismas funciones del puesto al cual se aspira.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de

18 de marzo de 2010, Rad. 52001-23-31-000-2010-00013-01.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 4 de noviembre de

2021, Rad. 11001-03-28-000-2019-00059-00.

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Demandada: Luz Elena Martínez Kasab
Rad.: 25000-23-41-000-2025-01339-02

2.3.1. Experiencia profesional relacionada

Descendiendo al caso concreto, se observa que, la señora Luz Elena Martínez
Kasab allegó con la contestación de la demanda copia de los diplomas que
demuestran los estudios realizados y de las certificaciones laborales con las que
pretende acreditar la experiencia requerida.

Ahora bien, las certificaciones aportadas al plenario son las siguientes:

a) Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Atlántico:

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b) Grupo programático – regional Atlántico del ICBF:

c) Asociación Teatro Academia Actores de Barranquilla:

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d) La Nueva Prensa:

e) Exdirector regional Caribe de El tiempo:

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Pues bien, analizado con detenimiento el contenido de cada una de las
certificaciones que obran en el plenario se desprende que ninguna de ellas
relaciona las funciones u obligaciones que ejerció la señora Luz Elena Martínez
Kasab, lo que impide determinar si desempeñó labores relacionadas con las
diplomáticas y consulares.

Es decir, no se puede realizar un estudio de acercamiento entre las funciones
del embajador extraordinario y plenipotenciario y las que ejerció la demandada
en los empleos que tuvo durante su trayectoria profesional.

En este orden, la sala no encuentra acreditada la experiencia profesional
relacionada que exige la Resolución 1580 del 16 de marzo de 2015.

Por lo expuesto en precedencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

2.3.2. Dominio de un segundo idioma

El Manual específico de funciones y de competencias laborales para los
empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores
consagra como un conocimiento básico o esencial para ocupar el cargo de
embajador extraordinario y plenipotenciario el siguiente:

Ahora bien, de las pruebas allegadas al expediente, se desprende que en el
Formato Único de Hoja de Vida de Persona Natural11, la señora Luz Elena
Martínez Kasab no especificó los idiomas diferentes al español que habla, lee o
escribe, como se demuestra a continuación:

11
Samai, índice 2 de la primera instancia.

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(…)

No obstante lo anterior, con el escrito de contestación de la demanda la señora
Martínez Kasab allegó copia de los siguientes certificados que se encuentran en
un idioma distinto al castellano, así12:

a) Certificado expedido el 18 de octubre de 2025:

12 Samai, índice 27 de la primera instancia.

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b) Certificado expedido el 21 de octubre de 2025:

Sobre el particular, se impone traer a colación el artículo 251 del Código General
del Proceso, el cual, en su tenor literal reza:

ARTÍCULO 251. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS
EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto
del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el
proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el
juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser
presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el
contenido de la traducción, el juez designará un traductor.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o
con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido
en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el
país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por
el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en
su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático
se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata
de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el
funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán
otorgados conforme a la ley del respectivo país. (Subrayado fuera de texto).

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De acuerdo con el citado precepto, se tiene que los documentos en idioma
extranjero, que carecen de traducción oficial, no pueden apreciarse como
prueba.

En otras palabras, los documentos aportados en idioma extranjero requieren de
su traducción para ser valorados como prueba, según el artículo 251 del CGP y
ello tiene fundamento en que, sólo traducido en nuestro idioma, el juez tiene
conocimiento de su contenido y las partes contra quienes se aduce la prueba
pueden ejercer el derecho de defensa.

Con la claridad anterior, se observa que la señora Martínez Kasab allegó al
proceso dos certificaciones expedidas por el British Council en idioma inglés, lo
cual impide a la jurisdicción contenciosa valorar su contenido y determinar el
dominio o no del segundo idioma.

Para tal efecto, la demandada ha debido aportarlos traducidos en los términos
establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso, sin embargo,
esto no ocurrió en el sub examine, motivo por el cual se concluye que no
acreditó el dominio del inglés o de cualquier otro de los idiomas oficiales de
Naciones Unidas, o el conocimiento del idioma oficial del país de destino
requerido para ocupar el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
ante el gobierno de la República Árabe de Egipto.

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia del 8 de mayo de 2026,
proferida por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, que accedió a las pretensiones de la demanda, pero por las
razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que
accedió a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso ordinario alguno.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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