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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00098-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00098-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declárase la nulidad de la elección del señor José Benhur Teteye Botyay como como diputado de la Asamblea del Amazonas para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ASA del 11 de noviembre de 2023. SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial del diputado, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2024-00098-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de diciembre de 2024

Demandante: Samuel Alejandro Pineda Sáenz
Demandado: José Benhur Teteye Botyay –
Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01
Demandante: SAMUEL ALEJANDRO PINEDA SÁENZ
Demandado: JOSÉ BENHUR TETEYE BOTYAY COMO DIPUTADO DEL
AMAZONAS PARA EL PERÍODO 2024-2027

Tema: Inhabilidades para diputados. Parentesco con funcionario que
ostentó autoridad durante el año anterior a la elección.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por el
demandante contra la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó
las pretensiones de la demanda.

Se precisa que la ponencia presentada inicialmente por el magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, razón por la
cual el expediente ingresó al despacho que seguía en turno para dictar el fallo
correspondiente.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Samuel Alejandro Pineda Sáenz, actuando en nombre propio y, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda contra el acto de elección del señor José Benhur Teteye Botyay
como diputado de la Asamblea Departamental del Amazonas para el período 2024-
2027, con las siguientes pretensiones:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Samuel Alejandro Pineda Sáenz
Demandado: José Benhur Teteye Botyay –
Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01

1. Que se declare la nulidad de la parte pertinente del Acto Administrativo que
declaró la elección del Sr. JOSE BENHUR TETEYE BOTYAY, identificado con
cédula de ciudadanía No. 15.878.080, como Diputado de la Asamblea
Departamental de Amazonas, declaratoria contenida en el Acta de Escrutinios
General de Asamblea (E- 26 ASA) del once (11) de noviembre de 2023 para el
período constitucional 2024-2027.

2. Consecuentemente, se cancele la credencial que hubiere sido expedida por la
Comisión Escrutadora Departamental (Delegados del Consejo Nacional Electoral) a
nombre del Sr. JOSE BENHUR TETEYE BOTYAY, identificado con cedula de
ciudadanía No. 15.878.080; como DIPUTADO de la Asamblea Departamental de
Amazonas por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL “MAIS”.

3. Que en aplicación de lo previsto en el numeral 2 del art 288 del CPACA y como
consecuencia de lo anterior, se declare que el cargo de DIPUTADO deberá ser
ocupado por el candidato que le sigue en votación dentro de la misma colectividad
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL “MAIS”, conforme el Acta de
Escrutinios General de Asamblea (E- 26 ASA) del once (11) de noviembre de 2023.

2. El demandante indicó que, en el marco del período de inscripciones de las
pasadas elecciones territoriales, el 29 de julio de 2023, mediante Resolución AV
AD 0008, el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS le otorgó al señor
José Benhur Teteye Botyay el correspondiente aval para ser candidato a la
Asamblea Departamental del Amazonas, razón por la cual, fue inscrito por esa
colectividad dentro de la lista con voto preferente que había conformado.

3. Señaló que el demandado es hermano del señor Edwin René Teteye
Botyay, quien se desempeña como rector de la Institución Educativa Colegio
Indígena Casa Del Conocimiento, ubicado en el corregimiento de «La Chorrera»
(departamento de Amazonas), con fundamento en la Resolución 0339 del 8 de
febrero de 2016, que dispuso tal designación, y en el acta de posesión 049 del 9
de febrero de 2016, emitida por el despacho del gobernador del citado
departamento y la secretaria de gobierno, respectivamente.

4. Mencionó que de conformidad con lo establecido en los artículos 35 y
subsiguientes del Código Civil, el parentesco que existe entre los señores José
Benhur –demandado– y Edwin René, se ubica en el segundo grado de
consanguinidad. De esta manera, conforme a lo establecido en los artículos 33,
numeral 5, de la Ley 617 de 2000 y 49, numeral 6, de la Ley 2200 de 2022, el
elegido se encontraba inhabilitado para postularse y, posteriormente, ser elegido
diputado.

5. Adujo que el pasado 11 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora
Departamental del Amazonas declaró la elección de los diputados de esa
circunscripción territorial, entre ellos, al señor José Benhur Teteye Botyay por el
Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS–.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación
2

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Demandante: Samuel Alejandro Pineda Sáenz
Demandado: José Benhur Teteye Botyay –
Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
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6. La parte actora alegó como desconocidos los artículos 299 de la
Constitución Política; 33, numeral 5º, de la Ley 617 de 2000; 49, numeral 6º, de la
Ley 2200 de 2022 y 275, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011.

7. Al respecto, afirmó que el señor José Benhur Teteye Botyay se encontraba
inhabilitado para inscribirse y, posteriormente, ser elegido diputado, dada su
condición de hermano del señor Edwin René Teteye Botyay, quien se desempeña
como rector de la Institución Educativa Colegio Indígena Casa del Conocimiento
del Corregimiento de La Chorrera, ubicada en el departamento de Amazonas.

8. Indicó que lo anterior tiene sustento en el artículo 33, numeral 5, de la Ley
617 de 2000, que dispone que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
diputado quien tenga vínculo por matrimonio o unión permanente o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo departamento.

9. Acorde con el anterior precepto, concluyó que no hay duda que el señor
Edwin René Teteye Botyay en su calidad de rector ejerció autoridad civil y
administrativa con capacidad legal para dirigir, coordinar y planear, lo que deriva
de su calidad de directivo docente que le reconoce el artículo 6º del Decreto 1278
de 2002. Por consiguiente, se configura la causal de nulidad electoral ya referida.

1.3. Contestaciones de la demanda

1.3.1. José Benhur Teteye Botyay

10. El demandado, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones del
medio de control.

11. Destacó que para los centros educativos e instituciones propias de los
pueblos Indígenas colombianos existe una normativa distinta al Estatuto de
Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002). Es por ello que se manejan
criterios especiales para el nombramiento como docentes, pues debe realizarse
mediante: i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los
grupos étnicos; ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se
encuentran radicados en ellas, iii) acreditación de formación en etnoeducación y
iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico.

12. Precisó que en la Institución Educativa Casa del Conocimiento del área no
municipalizada (ANM) de La Chorrera, el «directivo docente» no cuenta con
facultades para tomar acciones relativas al manejo del personal vinculado con la

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institución (sanciones y demás), pues en los pueblos indígenas estas decisiones
competen al colectivo, conforme lo establece el Decreto 1345 de 2023.

13. Agregó que el docente Edwin René Teteye Botyay: i) no «es el ordenador
del gasto de los recursos del Fondo», ni «celebra contratos que deban pagarse
con los recursos del fondo», pues, el gasto se ordena desde la Escuela Normal
Superior de Leticia, conforme a la Resolución 02308 de 1º de agosto de 2022
expedida por la Gobernación del Amazonas; ii) estaba imposibilitado para contratar
y ejercer la ordenación del gasto, comoquiera que, desde el 2022, el gobernador
del departamento de Amazonas adelantó un proceso de asociación y
reorganización de las instituciones educativas del municipio de Puerto Nariño y las
zonas no municipalizadas y sus escuelas comunitarias.

14. Frente a este último aspecto, resaltó que a partir de ese momento,
instituciones como en las que fungió como rector el hermano del demandado, se
asociaron a los fondos educativos del municipio de Leticia, eliminando la
posibilidad de que esos centros formativos adelantaran cualquier actuación
administrativa. Por lo tanto, el directivo docente de una institución educativa
ubicada en un territorio indígena no «decide sobre situaciones administrativas de
los docentes» y no «puede imponer sanciones disciplinarias», pues es una facultad
exclusiva de las autoridades, que responde únicamente a los usos y costumbres
de los pueblos indígenas del lugar donde se encuentra el centro educativo.

15. De otro lado, recalcó que la inhabilidad alegada exige, en principio, que
exista alguno de los vínculos de parentesco allí descritos, previsión que tiene
sustento en que esa cercanía pueda generar alguna clase de beneficio o de
influencia sobre el electorado. Para el caso concreto, en la institución educativa de
La Chorrera se demuestra con el resultado del escrutinio del total de las mesas de
votación que José Benhur Teteye Botyay obtuvo 80 votos, que si bien es una
votación importante, la mayoría se debe a amigos de infancia y familiares, pero es
claro que no contó con ninguna ventaja.

1.3.2. Consejo Nacional Electoral

16. El apoderado de la entidad formuló la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto el aquí accionante no solicitó la revocatoria de la
inscripción del señor José Behur Teteye Botyay, candidato a la Asamblea
Departamental de Amazonas, ni conoció de manera oficiosa dicho asunto.

17. Indicó que no hubo participación alguna del Consejo Nacional Electoral
conforme a los hechos narrados en la demanda, ni tampoco se alega, ante la
expedición del acto demandado, alguna irregularidad frente a sus actuaciones.

1.3.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

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18. Por conducto de su apoderado, formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, con fundamento en que su labor se circunscribe a organizar
las elecciones y cumplir con la función secretarial en los escrutinios de las
elecciones.

19. Argumentó que es responsabilidad de los partidos políticos verificar
previamente que sus candidatos no estén inmersos en causales de inhabilidad que
puedan viciar de nulidad el acto de elección.

20. Además, dijo que la misma ley establece cuál es la autoridad electoral ante
la que se realiza la inscripción (Art. 32 de la Ley 1475 de 2011), se verifica el
cumplimiento de requisitos formales y, en caso de encontrar que los reúne, se
acepta la solicitud suscribiendo el formulario, formalidad que no incluye la
verificación de inhabilidades o incompatibilidades de los candidatos.

1.4. Actuación procesal de primera instancia

21. La demanda fue presentada inicialmente ante el Consejo de Estado el 11
de diciembre de 2023 y, por auto del 14 de diciembre siguiente, se dispuso su
remisión por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Una vez
efectuado el respectivo reparto, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

22. A través de providencia del 25 de enero de 2024, la Sección Primera del
referido tribunal admitió el medio de control y negó la medida cautelar solicitada.

23. Posteriormente y, ante la posibilidad de dictar sentencia anticipada de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de
2011, por medio de providencia del 6 de junio de 2024, se decretaron y negaron
algunas pruebas solicitadas por las partes, se dispuso que las excepciones
formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil se resolverían en el fallo y se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión por escrito.

24. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:

« El Tribunal deberá determinar si la elección del señor José Benhur Teteye Botyay
como diputado a la Asamblea del Departamento de Amazonas, declarada en el
formulario E-26 ASA, se ajusta a la legalidad.

En tal sentido, deberá establecer si en su elección se configuró la causal No. 5 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011: “se elijan candidatos o personas que no reúnan
las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”, en los términos de la demanda».

1.5. Sentencia de primera instancia
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Demandante: Samuel Alejandro Pineda Sáenz
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Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, mediante sentencia del 25 de julio de 2024, declaró probadas las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasivas propuestas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y negó las pretensiones de la
demanda.

26. Advirtió que en el expediente se encontró acreditado: i) la calidad de elegido
del demandado; ii) el vínculo de consanguinidad en segundo grado de este último
con su hermano, y iii) que el señor Edwin René Teteye Botyay es rector de la
Institución Educativa Casa del Conocimiento del Corregimiento de La Chorrera
desde el 9 de febrero de 2016.

27. Afirmó que en los términos del artículo 126 de la Ley 115 de 1994 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, el rector de una institución educativa ejerce
autoridad administrativa, comoquiera que tiene capacidad legal y reglamentaria
para dirigir, planear, coordinar, entre otras, lo cual implica poderes decisorios, de
mando o imposición.

28. Dijo que, conforme a lo anterior, se tienen por configurados casi todos los
supuestos de la inhabilidad alegada, sin embargo, ello no sucede con el elemento
temporal, pues si bien el señor Edwin René Teteye Botyay se posesionó el 9 de
febrero de 2016 como rector en propiedad de la Institución Educativa Casa del
Conocimiento del Corregimiento de La Chorrera, dicha prueba no acredita que
hubiese ejercido el cargo dentro del periodo inhabilitante.

29. Frente a este punto, resaltó que no comparte la consideración del agente
del Ministerio Público en el concepto rendido en esa instancia, según el cual, de
acuerdo con la información que obra en la página web
www.colegioscolombianos.com, se encuentra probado que el señor Edwin René
ejerce hasta la actualidad su cargo como rector. No obstante, el juzgador indicó
que, pese a que allí se constata ese hecho, se debe desestimar esa información
que arrojó la base de datos, por cuanto el demandado nunca tuvo la oportunidad
de controvertir dicha prueba.

30. La Sala tampoco compartió la apreciación del Ministerio Público, cuando
señala que «el demandado al pronunciarse sobre el hecho No. 3 de la demanda, no negó
que, para la poca de los hechos, es decir, 12 meses antes de la elección de su hermano,
el señor Edwin Rene Teteye Botyay, hubiese ostentado la calidad de rector de la IE Colegio
Indígena Casa del Conocimiento del Corregimiento de La Chorrera», toda vez que, si
bien con la contestación de la demanda se aceptó que el hermano del demandado
se «desempeña» como rector, no se admitió que tuviera la calidad de rector dentro
de los doce (12) meses antes de la elección.

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31. Sostuvo que el asunto bajo estudio no tiene relación con el nombramiento
del señor Edwin René Teteye Botyay, ni el mismo fue cuestionado por la parte
demandante, por consiguiente, no hay lugar a efectuar un análisis sobre la
normativa particular que trae a colación el demandado referente a los criterios
especiales que el ordenamiento jurídico prevé para la designación de los docentes
indígenas.

32. Por último, en relación con el argumento planteado en la contestación de la
demanda, referente a que el señor Edwin René no es el ordenador del gasto de
los recursos del fondo educativo ni celebra contratos que deban pagarse con estos,
debido a que el gasto se ordena desde la Normal Superior de Leticia conforme a
la Resolución No. 02308 de 2022 de la Gobernación del Amazonas, el tribunal de
instancia precisó que dicho acto administrativo no es relevante para probar la
configuración de la inhabilidad del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, pues allí tan
solo se dispone la asociación de unas instituciones educativas del Departamento
del Amazonas al Fondo de Servicio Educativo.

1.6. Recurso de apelación

33. Inconforme con la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de
apelación que tuvo como fundamento los siguientes argumentos:

34. Alegó que no le asiste razón al tribunal al establecer que no se configuró el
elemento temporal de la inhabilidad pues no tuvo en cuenta las pruebas que fueron
aportadas con la demanda, lo que desconoce el artículo 164 del Código General
del Proceso que impone que toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso y el artículo 176 de ese mismo estatuto
procesal, que pregona por una apreciación conjunta de los medios aportados al
proceso.

35. Resaltó que la eficacia, validez y vigencia de los actos de nombramiento y
posesión del hermano del accionado como rector de la institución educativa ya
referida, no fueron objeto de reproche alguno ni se aportó prueba que diera cuenta
que en el período inhabilitante se hubieren suspendido, modificado o extinguido;
tampoco el demandado esbozó argumento o allegó medios de convicción con
miras a establecer que el señor Edwin René Teteye Botyay había cesado en sus
funciones como regente del colegio o perdido esa investidura. En todo caso, señaló
que el a quo no valoró estos aspectos.

36. Recalcó que los actos administrativos proferidos por las autoridades del
orden nacional y territorial existen y son válidos desde el momento mismo de su
expedición, por ello, la conclusión a la que arribó el tribunal, en punto a que no se
acreditó la totalidad de los elementos configurativos de la inhabilidad alegada,
«estaría tolerando dentro de su parte resolutiva la ausencia de debate probatorio

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de dos (2) pruebas contundentes e incontrovertidas por el DEMANDADO».

1.7. Trámite en segunda instancia

37. Mediante auto del 18 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación, se ordenó poner a disposición del demandado el memorial respectivo y
se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.8. Alegatos de conclusión

1.8.1. Parte demandante

38. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

1.8.2. Parte demandada

39. Expresó que, en el presente caso, no se discute que el demandado es
hermano de quien se predica el ejercicio de autoridad, sin embargo, se debe
demostrar suficientemente que estas se materializaron en punto a la ordenación
del gasto, potestad de sancionar, definición de situaciones administrativas, dentro
de un periodo o lapso de doce (12) meses previos a la elección.

40. Afirmó que, por el contrario, se acreditó que era la Escuela Normal de Leticia
la que tenía el control presupuestal de los gastos de las escuela donde el señor
Edwin René Teteye Botyay funge como rector.

41. Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

1.9. Concepto del Ministerio Público1

42. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación no rindió concepto
en el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

43. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado
contra la sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda contra el

1
Índice 16 del expediente de segunda instancia visible en Samai.
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acto de elección del señor José Benhur Teteye Botyay como diputado del
Amazonas para el período 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1502, 152 numeral 7.a3 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación4.

2.2. El acto acusado

44. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección del señor José Benhur Teteye Botyay como diputado de la Asamblea
del Amazonas para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ASA
del 11 de noviembre de 2023.

2.3. Problema jurídico

45. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 25 de julio de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A denegó las pretensiones de la
demanda contra el acto de elección del señor José Benhur Teteye Botyay como
diputado del Amazonas para el período 2024-2027.

46. Para el efecto, se deberá determinar si le asiste razón al recurrente frente a
la configuración del elemento temporal de la inhabilidad contemplada en el numeral
6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, específicamente en lo que tiene que ver
con la calidad de rector del hermano del demandado durante los doce meses

2
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
3
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros
de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las
demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
4
ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
9

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Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01

anteriores a su elección.

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) marco jurídico de la inhabilidad
invocada y (ii) el caso concreto.

2.4. De la inhabilidad alegada

47. El artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, respecto de las inhabilidades de los
diputados, dispone:

«ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario,
no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
(…)

6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud
en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado
consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido
o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el departamento en la misma fecha.» (Se resalta)

48. De la norma transcrita se pueden identificar los elementos que estructuran
el supuesto inhabilitante, sin cuya acreditación no podría erigirse el límite impuesto
al derecho a ser elegido del inscrito o elegido, a saber:

a. Parentesco: que exista un vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil con un funcionario público.

b. Elemento temporal: que se haya constatado el ejercicio de autoridad en
cualquier momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

c. Elemento territorial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo
departamento para el cual se inscribió o resultó electo el diputado.

d. Elemento objetivo: que haya un ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar, conforme a las tres primeras condiciones.

49. De igual forma, conviene precisar que para que se configure la inhabilidad

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se deben reunir todos y cada uno de los elementos anteriormente señalados, por
cuanto, la ausencia de uno solo de ellos hace inviable la materialización de la
figura.

50. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el ejercicio de autoridad civil y
administrativa invocado en la demanda, la Sala ha acudido a lo dispuesto en los
artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994, a saber:

«Artículo 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por
delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

(…)

Artículo 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las
unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias». (Se
resalta)

51. La Sección Quinta de tiempo atrás5 se ha referido a los presupuestos o
elementos que estructuran la definición de autoridad, para cuyo propósito se ha
partido de la premisa de la realización de actos de dirección que impliquen un cierto
grado de autonomía decisoria o de imposición de sanciones, de acuerdo con las
funciones legalmente establecidas para cada cargo.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 10 de septiembre de
2020. Rad. 44001-23-40-000-2019-00184-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Demandado: Juan José Robles Julio - alcalde de Manaure (La Guajira), período 2020-2023.
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52. En cuanto a los elementos de la autoridad administrativa, desde el año
6
2005 , en tesis que más adelante se reiteró en la sentencia del 23 de septiembre
de 20137, la Sala ha precisado que para establecer «si el ejercicio de determinado
cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien
a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible
entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que
de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto» (Negrillas fuera de texto
original).

53. De acuerdo con lo anterior, para identificar si un cargo implica el ejercicio de
autoridad administrativa, se puede acudir a un criterio orgánico o a un criterio
funcional.

54. Ahora bien, tanto la Sala Plena de la Corporación, como esta Sección, han
fijado como criterio, que la autoridad administrativa hace referencia a los poderes
decisorios de mando o imposición que ejercen quienes desempeñan cargos de la
administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y
de control con capacidad para «hacer que la administración funcione, también
ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y
removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios,
castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, es la autoridad
administrativa».8

55. Se reitera que todas aquellas funciones que de acuerdo con la estructura
orgánica de la administración confieran al respectivo cargo autonomía en la
adopción de decisiones y potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa.

56. Sin embargo, también esta Sala de Decisión ha precisado que ciertas
potestades con autonomía decisoria y que estén encaminadas «a dirigir las
actividades de coordinación, programación de los procesos de administración de personal,
seguridad industrial, y relaciones laborales (num. 2); dirigir la ejecución de los programas
de selección, inducción, capacitación (num. 3); controlar y evaluar la ejecución de las
políticas, planes y programas de gestión presupuestal (num. 5); dirigir la elaboración del

6
Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Darío Quiñones
Pinilla, Exp. 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657).
7
Sentencia de 23 de septiembre de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Exp. No.
41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de junio 9 de 1.998,
Exp. AC-5779, reiteración realizada en sentencia de Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
de 16 de mayo de 2019. Radicado 11001-03-28-000-2018-00628-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad (num. 6), y dirigir, coordinar y
controlar la adecuada prestación de los servicios (num. 9), asignaciones todas estas
precedidas del verbo dirigir, no implican, por esta sola característica terminológica,
que constituyan funciones que conlleven, que tengan inmerso o implícito —per se—
autonomía con poder en función de mando que incluya posibilidad de coerción» (Se
destaca)9.

57. Lo anterior, en razón a que el solo hecho de ostentar esta clase de
atribuciones, el servidor público con cierto grado de jerarquía funcional dentro de
la entidad u organismo no necesariamente implica que “goce de facultades que le
concedan autonomía funcional para tomar decisiones en campos tales como: nombrar
o remover personal de la corporación, conferir comisiones y traslados, sancionar
disciplinariamente, comprometer el presupuesto, celebrar contratos, imponer medidas de
obligatorio acatamiento”10(Se resalta).

58. Con fundamento en lo expuesto, resulta del caso recalcar que la autoridad
administrativa está determinada desde el punto de vista funcional, por tener a
cargo autonomía en la facultad de tomar decisiones y potestad de mando, que se
puede ver reflejada, entre otras, en las siguientes facultades11:

• Celebrar contratos o convenios.
• Ordenar gastos con cargo al presupuesto de una entidad pública.
• Conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas.
• Trasladar horizontal o verticalmente a funcionarios subordinados.
• Reconocer horas extras.
• Vincular personal supernumerario.
• Fijarle nueva sede al personal de planta.
• Las propias de los funcionarios de las unidades de control interno.

59. De otra parte, en cuanto a la autoridad civil, esta Sección ha dicho12:

«(…) Teniendo en cuenta el fallo proferido por la Sala Plena el 15 de febrero de
201113, esta Sección dictó la sentencia del 19 de febrero de 201514, en la que se
ajustó el concepto de autoridad civil con las siguientes pautas:

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
febrero de 2002, radicado 2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de mayo de
2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ)
11
Artículo 190 inciso 2 de la Ley 136 de 1994
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016. Expediente: 54001-23-
33-000-2016-00008-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13
M. P. Enrique Gil Botero, exp. No. 11001-03-15-000-2010-01055-00(PI), actor: Asdrúbal
González Zuluaga, demandado: Noel Ricardo Valencia Giraldo.
14
M. P. Alberto Yepes Barreiro (E), exp. No. 11001-03-28-000-2014-00045-00, actor: José Julio
Arboleda Sierra, demandado: Oscar de Jesús Hurtado Pérez.
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“Sea lo primero advertir, que la noción de autoridad civil ha sufrido grandes
trasformaciones, pues a lo largo del tiempo la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha dotado con diverso contenido a esta acepción. No obstante lo anterior, en el año
2011 la Sala Plena de esta Corporación zanjó la discusión existente y señaló que:

“Estima la Corporación que la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP.,
es una especie de la autoridad pública –como lo es la jurisdiccional, la política, la
militar, la administrativa, entre otras, y consiste en el ejercicio de actos de poder y
mando, que se desarrollan mediante típicos actos de autoridad, así como a través
de la definición de la orientación de una organización pública, y de sus objetivos y
tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública;
poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general -
expresión exógena de la autoridad civil- como al interior de la organización estatal -
expresión endógena de la autoridad civil.”15 (Subrayas fuera de texto)

En otras palabras, la autoridad civil implica la posibilidad de tomar decisiones en
materia de policía administrativa, materializadas en actos administrativos, y de
hacerlas cumplir incluso en contra de la voluntad de los destinatarios»16.

60. De acuerdo con lo anterior, se entiende la autoridad civil como aquella que
ejerce un servidor o un particular que cumple funciones públicas y consiste en el
ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante actos de
autoridad o a través de la orientación de una organización pública. Este poder se
expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general, como al interior de
la organización estatal.17

61. Lo anterior, por cuanto desde el mismo desarrollo legislativo contenido en
los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994 y la interpretación jurisprudencial
que de esas normas se ha efectuado en los criterios orgánico y funcional
anteriormente expuestos, se advierte que para la configuración de este tipo de
autoridades se requiere ser “empleado oficial” o por lo menos ejercer funciones
públicas específicas que resultan completamente ajenas a un trabajador particular.

62. Ahora bien, sobre el ejercicio de autoridad civil y administrativa, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo18 y la Sección Quinta19 del Consejo de

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de
2008, exp. 11001-03-15-000-2007-00287-00- CP Enrique Gil Botero, reiterado en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-
01055-00 (PI)- MP Enrique Gil Botero.
16
Esta Corporación en sentencia del 15 de febrero 2011 radicado nº11001-03-15-000-2010-01055-
00 (PI)- señaló que no es cualquier clase de decisión la que configura la autoridad civil, sino
solamente aquellas que “determinan el obrar mismo del Estado” y que su ejecución o puesta en
práctica demuestra el control que se ejerce sobre la administración, los ciudadanos y los demás
funcionarios.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 76001-
23-33-000-2020-000013-01. Providencia del 28 de enero de 2021. M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia del 29 de enero de 2019, CP. Rocío
Araújo Oñate Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2013, CP. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 19001-33-31-006-2011-00442-01.
14

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Estado, han argumentado que el análisis debe ser objetivo, en otras palabras, no
se requiere determinar si efectivamente el servidor realizó este tipo de
competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye, sino que sólo basta con
que el referido tenga la virtualidad o potencialidad de desarrollarlas, para afirmar
que se hizo uso de las facultades de mando y obediencia.

63. Lo antes afirmado obedece a que: «Este alcance realiza el sentido y propósito
de la inhabilidad analizada, porque salvaguardar la igualdad y el equilibrio de la contienda
electoral, impone realizar la misma bajo un alcance preventivo. Ello quiere decir que, si se
entendiera que la inhabilidad se configura por el hecho de ejercer efectivamente la
autoridad civil o política y no por el sólo hecho de detentarla, la finalidad constitucional se
tornaría inane. En consecuencia, los derechos fundamentales a elegir y ser elegido bajo
el principio democrático de igualdad quedarían desprotegidos en el ámbito material, lo cual
resulta contrario a los fines que inspiran el Estado Social de Derecho»20.

2.5. Caso concreto

64. Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, denegó las pretensiones de la demanda al no encontrar
acreditado el elemento temporal de la inhabilidad endilgada.

65. En este caso, aunque el a quo concluyó que los aspectos parental, territorial
y objetivo de la causal de inelegibilidad estaban demostrados, consideró que los
actos de nombramiento y posesión que daban cuenta de la condición de rector del
hermano del demandado desde febrero de 2016, no probaban por sí mismos que
este familiar hubiere ejercido el cargo dentro del período inhabilitante.

66. Por su parte, el aquí recurrente se aparta del anterior razonamiento, por
cuanto considera que dicha apreciación descarta la eficacia, validez y vigencia de
los actos administrativos allegados con la demanda, máxime cuando no han sido
modificados, suspendidos, o extinguidos. Por consiguiente, es vehemente en
afirmar que no hay motivo ni prueba alguna que de cuenta que el hermano del
demandado haya cesado en sus funciones de rector de la Institución Educativa
Colegio Indígena Casa del Conocimiento.

67. Al respecto, la sala coincide con la postura que defiende el recurrente y que,
inclusive, fue planteada por el Ministerio Público cuando emitió su concepto en
primera instancia, pues es claro que no fue objeto de controversia el hecho si el
hermano del demandado estaba vinculado como rector de la mentada institución
educativa durante el año anterior a la elección del diputado José Benhur Teteye
Botyay. Esto se evidencia al leer los hechos aducidos por la parte actora y el
pronunciamiento que sobre los mismos efectuó el accionado:

20
Id. Nota al pie 34.
15

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Demanda Contestación de la demanda
3. El Sr. JOSE BENHUR TETEYE Parcialmente Cierto, en efecto EDWIN
BOTYAY, es hermano del Sr. EDWIN RENE TETEYE BOTYAY es mi hermano,
RENE TETEYE BOTYAY identificado con pero se debe aclarar que, tanto su
cedula de ciudadanía No. 79.632.394
Postulación y Elección como rector de la
quien se desempeña como RECTOR de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO Institución Educativa Colegio Indígena
INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO Casa del Conocimiento, fue producto del
del Corregimiento de La Chorrera ejercicio de la autonomía de las
Amazonas, nombrado mediante autoridades indigenas de la ASOCIACION
RESOLUCIÓN No. 0339 del 08 de febrero ZONAL DE CABILDOS Y
de 2016 y acta de posesión No. 049 del 09 AUTORIDADES TRADICIONALES DE
de febrero de 2016, emitida por el
LA CHORRERA ﴾AZICATCH﴿ conforme a
despacho del Gobernador departamental y
la Secretaria de Gobierno con funciones la Acta de Elección del 17 de diciembre de
asignadas de Gobernador del Amazonas. 20154. (Anexo No. 2, Copia simple de Acta
(se anexa Resolución de Nombramiento y y remisión de la Comunicación de la
acta de posesión). (Sic a toda la cita) elección) (Sic a toda la cita)

68. Acorde con lo anterior, no hay cabida a la duda en relación con el elemento
temporal de la causal, ya que dentro del año anterior a la elección del demandado,
el hermano de este último ostentaba la calidad de rector de la Institución Educativa
Colegio Indígena Casa Del Conocimiento.

69. Aunado a lo anterior, tal aspecto no solo se vislumbra con el aparte
destacado de la contestación de la demanda, sino también de la lectura integral
del memorial en el que la defensa se centra en demostrar la inexistencia de
funciones que comprendan ejercicio de autoridad civil y administrativa; sumado a
que el debate probatorio nunca se orientó a dilucidar si, en efecto, el hermano del
señor José Benhur tenía esa calidad o no en el referido lapso.

70. Así las cosas, contrario a la conclusión a la que arribó el juzgador de primera
instancia, es evidente que el presupuesto temporal de la inhabilidad endilgada sí
se cumple en el presente caso.

71. Por lo tanto, comoquiera que el a quo dio por probados los elementos
parental, territorial y objetivo, y el único aspecto que fue objeto del recurso de
apelación era el relativo al requisito temporal, la sala encuentra demostrados todos
los presupuestos de la causal de inelegibilidad prevista en el numeral 6 del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se declarará la nulidad de la elección del señor José Benhur Teteye
Botyay como diputado de la Asamblea del Amazonas para el período 2024-2027.

72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

16

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Demandado: José Benhur Teteye Botyay –
Diputado del Amazonas para el período 2024-2027
Radicación: 25001-23-41-000-2024-00098-01

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A denegó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declárase la nulidad de la elección
del señor José Benhur Teteye Botyay como como diputado de la Asamblea del
Amazonas para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ASA del
11 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial del diputado, la cual se hará
efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

17

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