RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2024-00158-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-00158-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-00158-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 21 de marzo de 2024 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-00158-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de septiembre de 2024

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01
Demandantes: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional

Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 21 de marzo de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente el medio de control de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Ángel
Rodrigo Pérez Lemus demandó al Ministerio de Defensa Nacional por el presunto
incumplimiento del artículo 6.° de la Ley 1996 de 20191. En ese sentido, en el
escrito de demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1- Que el ministerio de defensa nacional de cumplimiento del artículo 6 Parágrafo
de la ley 1996 de 2019 que otorga beneficios de vinculación laboral y protección
retroactiva a los inhabilitados con discapacidad, como lo es Ángel Rodrigo Pérez
Lemus, persona con discapacidad, en retiro del Ejército Nacional, inhabilitado por el
Ministerio de Defensa Nacional de Colombia por su lesión en el servicio activo.

2-Se ordene al Ministerio de defensa Nacional el cumplimiento del artículo 6
Parágrafo de la ley 1996 de 2019 que otorga beneficios de vinculación laboral y
protección retroactiva a los inhabilitados, personas con discapacidad, como lo es
Ángel Rodrigo Pérez Lemus, persona con discapacidad 100%, en retiro del Ejército
Nacional, inhabilitado por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia por su
lesión en el servicio activo[2].

1 Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con

discapacidad mayores de edad.
2 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.

1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

2. Hechos

El actor indicó que el Ministerio de Defensa Nacional no ha cumplido el artículo 6.º
de Ley 1996 de 2019, norma que, según indicó, otorga beneficios de vinculación
laboral y protección retroactiva para los discapacitados de las Fuerzas Militares de
Colombia. Sostuvo que él prestó el servicio militar en el Ejército Nacional de
Colombia, cuenta con discapacidad auditiva producto de la pérdida del 100 % de
la audición durante el servicio, y actualmente se encuentra en retiro, por ende,
considera que tiene derecho a que se le otorguen los beneficios que la norma
mencionada prevé.

El 9 de noviembre de 2021, el actor solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el
cumplimiento del artículo 6.º de Ley 1996 de 2019. Sin embargo, sostuvo que la
entidad no emitió respuesta dentro del término previsto en la Ley 393 de 1997. Por
tanto, acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En auto de 19 de febrero de 20243, el ponente de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y
ordenó la notificación de lo decidido a los extremos activo y pasivo.

4. Informe

El Ministerio de Defensa Nacional informó que, producto de las lesiones del actor;
sufridas durante la prestación del servicio militar en el Ejército Nacional y que le
generaron la pérdida de la capacidad laboral del 100 %, le fue reconocida la
pensión por invalidez. Asimismo, señaló que la prestación se ha incrementado
anualmente conforme las previsiones legales, por lo que la entidad ha cumplido el
régimen legal vigente.

De acuerdo con lo anterior, la demandada sostuvo que, si el actor no se
encontraba conforme con el reconocimiento prestacional debió haber acudido al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el acto de
liquidación de la prestación, las respuestas negativas expresas y fictas que ha
obtenido frente a las múltiples peticiones que ha formulado a la entidad. En suma,
la entidad se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 21 de marzo de 2024, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción, concluyó que, más
allá del cumplimiento de la disposición invocada por el accionante, este asunto

3 Previa inadmisión de la demanda de cumplimiento a través de auto de 25 de enero de 2024.

2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

conlleva un debate que escapa al objeto y naturaleza de esta acción que no es
declarativa, pues del contexto de la demanda se alega el cumplimiento de unas
condiciones de discapacidad por la prestación del servicio militar, sobre los cuales se
alude que encuadrarían en el marco normativo demandado, en tanto, que sus
pretensiones buscan el reconocimiento de un derecho subjetivo, planteándose así
una discusión que no es pasible de ser dirimida por este cause judicial.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia. En síntesis, argumentó
que ha agotado todos los mecanismos judiciales disponibles y que el medio de
control de cumplimiento es el único recurso que le queda para hacer valer sus
derechos, pues ya acudió a la acción de tutela, y pese a las decisiones judiciales a
su favor, no se ha ejecutado el cumplimiento del artículo de la ley que invocó.
Reiteró sus argumentos en cuanto a que la entidad demandada incumplió el
artículo 6.º de la Ley 1996 de 2019, que tiene una incapacidad absoluta y
permanente del 100 %, reconocida mediante resoluciones administrativas que
están en firme por lo que debe brindársele la protección laboral.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
21 de marzo de 2024 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
21 de marzo de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto de las normas invocadas en la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.

4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento. Frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado6.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La subsidiariedad implica
la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para
lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté
en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento
judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que
acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no
principales.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Lo anterior, por expresa disposición legislativa la
acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,8 a menos que

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.

5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

estén apropiados;9 o cuando se pretenda la protección de derechos
fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite
en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional10.

Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política11.

Lo anterior, sin dejar a un lado la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es
dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»12.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».

6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo

14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»17.

En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
9 de noviembre de 2021, en donde solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el
cumplimiento del artículo 6 de Ley 1996 de 2019. A su turno, el extremo pasivo no
emitió respuesta, dentro del término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997 Por tanto, la anterior circunstancia es suficiente para que la Sala concluya
que el requisito de procedibilidad se debe entender superado.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición legal incumplida el artículo 6 de Ley 1996 de 2019, vigente, que
dispone lo siguiente:

LEY 1996 DE 2019
(agosto 26)
por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad.

[…]
Artículo 6.° Presunción de capacidad. Todas las personas con discapacidad son
sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de
condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos
para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la
restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las
personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.

17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente
artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación
anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los
trámites señalados en el artículo 56 de la misma. […]

La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que el Ministerio
de Defensa Nacional cumpla el artículo 6.º de la Ley 1448 de 2011, para que se le
reconozcan beneficios laborales dada la discapacidad laboral de 100 % que sufrió
en servicio activo y a los cuales considera tener derecho. A su turno, la
demandada alude que ya le reconoció la pensión de invalidez y esta prestación se
ha actualizado anualmente conforme las previsiones de ley.

Ahora bien, lo cierto es que este asunto enerva una discusión jurídica que
trasciende al obedecimiento de la disposición legal invocada e implican en que el
juez de cumplimiento determine la legalidad de la Resolución RS20220411035053
de abril 11 de 2022, negativa a los pedimentos del actor. En otras palabras, el
problema jurídico que plantea el demandante se trata de un asunto que no debe
ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues debió ser objeto de
pronunciamientos judiciales a través de los medios idóneos y eficaces previstos
por el ordenamiento jurídico para ese tipo de discusiones, esto es, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
CPACA.

En efecto, este caso, no depende solo de la observancia de la disposición que se
invocó, sino que conlleva a desvirtuar la presunción de legalidad que reviste al
mencionado acto administrativo, lo cual implica invadir la órbita de las
competencias legales por parte del juez de la legalidad de los actos y escapa al
objeto de este medio de control que no es declarativo de derechos subjetivos.

De esta manera, para la Sala la demanda del actor es improcedente18, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Lo anterior,
porque existen otros mecanismos de defensa judicial a los cuales debió acudir en
oportunidad, asimismo, se precisa que este mecanismo no se puede utilizar para
revivir los términos con que contó el actor para controvertir el acto adverso a sus
intereses, sin que el hecho de que se limite a pedir el cumplimiento de normas
conlleve a que este mecanismo se torne en el procedente para sus finalidades.

Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento, pese a la
existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con

18 En similar sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos recientes: Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta -Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate: sentencias de 7
de marzo de 2019, radicación: 25000-23-41-000-2018-01107-01, accionante: Grupo Irene Melo Internacional
S.A.S., de 25 de julio 2019, radicación: 25000-23-41-000-2019-00354-01, accionante C.E.A. ARODAR, de 5
de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-00730-01, accionante Miriam Cecilia Char Muvdi y de 8
de octubre 2020, radicación 25000-23-41-000-2020-00199-01, accionante: TECNOCAM S.A.S. y Magistrado
Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio sentencia de 12 de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-
00774-01, accionante Clínica La Victoria SAS, entre otras.

9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00158-01

la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la
referencia, no se puede tener como configurado uno de tal entidad, precisamente,
en atención a que el actor disfruta de la pensión de invalidez producto de la
incapacidad laboral que sufrió en el servicio activo y, en gracia de discusión, de
superarse este presupuesto, el artículo invocado es general, prevé una presunción
de capacidad y no establece ningún tipo de obligación como la que se pretende.

En suma, se confirmará la sentencia de 21 de marzo de 2024, en tanto declaró
improcedente la acción por subsidiariedad, conforme a lo explicado por esta Sala.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 21 de marzo de 2024 de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.