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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00534-02

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00534-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», 31Corte Constitucional. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladirmiro Naranjo Mesa. Reiterada en la Sentencia C-808 del 1 de agosto de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Demandante: Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular Demandado: Alfredo Molano Jimeno Rad.: 25000-23-41-000-2024-00534-02 que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2024-00534-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandante: Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
Demandado: Alfredo Molano Jimeno
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00534-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00534-02
Demandante: UNIÓN DE FUNCIONARIOS DE CARRERA
DIPLOMÁTICA Y CONSULAR - UNIDIPLO
Demandado: ALFREDO MOLANO JIMENO – CONSEJERO DE
RELACIONES EXTERIORES ANTE EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Temas: Carrera diplomática y consular – Nombramientos en
provisionalidad – Disponibilidad de servidores de carrera.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el demandado contra la sentencia del 6 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección «B» que declaró la nulidad del nombramiento acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO),
actuando a través de apoderada, formuló demanda en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la
nulidad del Decreto 0074 del 30 de enero de 2024, por medio del cual se
designó en provisionalidad al señor Alfredo Molano Jimeno como consejero de
relaciones exteriores de la Embajada de Colombia ante el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos.

1.2. Hechos

En acápite que la actora denominó como hechos y omisiones «frente a la falta
de competencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores», sostuvo que, el 24
de enero de 2024, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación ordenó la suspensión en el ejercicio del cargo del ministro
de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, por el término de tres meses,
decisión que, aunque puede ser objeto de consulta, no impide su inmediato
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Demandante: Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
Demandado: Alfredo Molano Jimeno
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cumplimiento, según la disposición del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 1.

Esta medida se notificó al presidente de la república, el mismo 24 de enero de
2024, a través de oficio SDI 139-2024, con lo que la suspensión se hizo efectiva.

Agregó que, no obstante, el ministro continuó en ejercicio de sus funciones y,
con ocasión de ello, expidió el Decreto 0074 del 30 de enero de 2024, por medio
del cual designó al señor Alfredo Molano Jimeno como consejero de relaciones
exteriores en la Embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos. El 8 de febrero de 2024, el presidente de la república dictó el
Decreto 150, por el cual hizo efectiva la suspensión del ministro Leyva Durán.

En acápite que la actora denominó como hechos y omisiones «frente al
desconocimiento de las reglas que rigen la carrera diplomática», señaló que el
señor Alfredo Molano Jimeno no pertenece a la carrera diplomática y consular,
por lo que su nombramiento debió ajustarse al artículo 60 del Decreto Ley 274
de 2000, esto es, agotar todas las opciones allí previstas para proveer la plaza
vacante con un funcionario adscrito al régimen de carrera y, subsidiariamente,
disponer el nombramiento con quien no perteneciera a ella.

Agregó que, no obstante, el ministerio se abstuvo de agotar tal procedimiento, y
dictó el acto demandado sin motivar el nombramiento en la imposibilidad de
designar personal de carrera.

Adujo que, con el propósito de identificar la cantidad de funcionarios de carrera
diplomática y consular disponibles para proveer la plaza de que se trata,
UNIDIPLO radicó una petición ante la Dirección de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en procura de obtener la información
correspondiente, sin respuesta para la fecha de presentación de la demanda.

En acápite referente a los hechos relacionados con el incumplimiento de
requisitos del cargo, sostuvo que de acuerdo con el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales contenido en la Resolución 1580 de 2015,
es necesario dominar, además del español, el idioma inglés o cualquier otra
lengua oficial de las Naciones Unidas o del país de destino, requisito acorde con
el previsto en el numeral 3.° literal a) del artículo 61 del Decreto Ley 274 de
2000.

Precisó que la Resolución 018035 del 21 de septiembre de 2021, expedida por
el Ministerio de Educación Nacional, señala la manera de acreditar el dominio de
un idioma extranjero.

Conforme con lo anterior, advirtió que el demandado no acreditó la lengua
extranjera con las certificaciones que indica la referida resolución, pues se limitó

1 Código General Disciplinario.

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a manifestar el dominio de un segundo idioma, lo cual no es suficiente para
cumplir dicha calidad.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Afirmó que el acto demandado adolece de las causales de nulidad por falta de
competencia, infracción de las normas en que debía fundarse, expedición
irregular y falta de motivación, dispuestas como tales en el artículo 137 del
CPACA, y la prevista en el numeral 5.° del artículo 275 ibidem, relacionada con
el nombramiento de personas que no reúnen las calidades y requisitos
constitucionales o legales.

Al respecto, advirtió que la designación enjuiciada se expidió sin competencia
del funcionario que hizo el nombramiento, debido a que el ministro Leyva Durán,
quien lo realizó, se encontraba suspendido en sus funciones por el término de
tres meses, con ocasión de la decisión del 24 de enero de 2024, proferida por la
Procuraduría General de la Nación, razón por la que no podía continuar en
ejercicio del cargo y expedir actos como el que se demanda en esta ocasión.

Por otra parte, alegó que el nombramiento acusado se expidió con infracción de
las normas en que debía fundarse, concretamente los artículos 125 superior;
4.7, 35 a 40, 53, y 60 del Decreto Ley 274 de 2000.

Sobre el particular, afirmó que la cartera ministerial de relaciones exteriores
debió priorizar al personal perteneciente a la carrera diplomática y consular para
proveer el cargo materia de cuestionamiento, en tanto contaba con funcionarios
de este régimen con disponibilidad para ser nombrados. Agregó que, no
obstante, se dispuso el nombramiento en provisionalidad de una persona que no
pertenece al referido régimen, pese a que estas designaciones proceden de
manera excepcional.

Precisó que el nombramiento demandado desconoció el principio de
especialidad (artículo 7) frente a la formación de los funcionarios diplomáticos y
consulares en política y derecho internacional público, política exterior,
relaciones internacionales, protocolo diplomático, etc.

Explicó que, al tenor del artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, el
nombramiento en provisionalidad solo procede cuando no es posible designar
funcionarios pertenecientes al régimen de carrera diplomática y consular. En esa
medida, la ley contempla varios escenarios para proveer cargos de manera
urgente con funcionarios adscritos, sin tener que acudir a la provisionalidad,
como las excepciones a los periodos de alternancia, comisiones o encargos,
opciones que se deben agotar de manera preferente.

Por consiguiente, antes de acudir a la provisionalidad, el Decreto Ley 274 de

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2000 exige agotar todas las posibilidades para designar funcionarios de carrera,
carga que, además, se debe acreditar como fundamento para disponer el
nombramiento excepcional, la cual no se satisface con la mera mención de la
falta de disponibilidad de funcionarios de carrera en cargos inferiores.

A su turno, alegó que el acto acusado adolece de falta de motivación, toda vez
que no hizo indicación alguna sobre la procedencia del nombramiento en
provisionalidad, ni sustentó la imposibilidad de designar un funcionario de
carrera diplomática y consular.

En cuanto a la causal de incumplimiento de requisitos y calidades, sostuvo que
el artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000 exige que, para la designación en
provisionalidad, es necesario hablar y escribir, además del español, el idioma
inglés o cualquier otra de las lenguas oficiales de Naciones Unidas, lo cual no se
acreditó en este caso, puesto que el demandado se limitó a manifestar que
domina un segundo idioma, y el acto demandado y la certificación de talento
humano no dan cuenta de la forma como se superó esta exigencia.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 19 de abril de 2025 se admitió la demanda y se negó la medida
cautelar.

1.5. Contestaciones de la demanda

El demandado, a través de su apoderada, adujo que la suspensión del canciller
Leyva Durán debía acatarse por parte del presidente de la república, a quien
corresponde encargar o designar el reemplazo, por lo que es a partir de ese
momento que tendrían lugar los efectos de la decisión del ente disciplinario, lo
que se concretó hasta el 8 de febrero de 2024 cuando el primer mandatario
nombró a Luis Gilberto Murillo. Por lo tanto, el nombramiento acusado ocurrió
durante el ejercicio legítimo de las funciones del ministro.

Adujo que no solo cuenta con la experiencia en los sectores privado y público,
también como trabajador independiente, con excelente perfil profesional
derivado de su ejercicio como periodista durante más de diez años, en temas
políticos, conflictos armados y derechos humanos, temáticas relevantes para el
cargo.

Sostuvo que su dominio del idioma inglés está debidamente certificado con el
acta de grado de su carrera profesional como comunicador social, que exige
como requisito de grado el nivel B2 de esa lengua. Además, habla el idioma del
país de destino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de su apoderado, señaló

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que la actuación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores es
independiente de la designación que se debate, y no es objeto de control de
legalidad en esta nulidad electoral. En todo caso, el presidente de la república
debía adelantar unos trámites administrativos para cumplir la suspensión
disciplinaria y, a su vez, garantizar la continuidad del servicio.

Mencionó que, para el 30 de enero de 2024, el ministro Leyva Durán se
encontraba en ejercicio de sus funciones, por cuanto el primer mandatario no
había expedido el decreto tendiente a hacer efectiva la suspensión determinada
por el ente de control disciplinario, lo cual tuvo lugar hasta el 8 de febrero,
cuando encargó a Luis Gilberto Murillo.

Explicó que los actos que en su momento expidió el señor Álvaro Leyva Durán
gozan de presunción de legalidad, toda vez que el numeral 18 del artículo 38 del
Código General Disciplinario establece como deber de los servidores públicos
permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haga cargo quien
deba reemplazarlo.

Afirmó que, con todo, la designación de un agente diplomático es una facultad
del presidente de la república por mandato del artículo 189.2 constitucional y el
inciso cuarto del artículo 115 ibidem, por lo que la firma del ministro de
Relaciones Exteriores no da valor o invalida el nombramiento.

Explicó que el acto demandado se expidió de forma excepcional y temporal, y
con respeto hacia las instituciones de la especialidad y provisionalidad de que
tratan los artículos 4.7 y 60 del Decreto Ley 274 de 2000, respectivamente, pues
según la certificación I-GCDA-24-003168 del 10 de enero de 2024 de la
Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, los
funcionarios de carrera inscritos en la categoría de consejero estaban
designados y cumpliendo sus lapsos de alternación en planta interna o externa,
y no había servidores de ese escalafón designados por debajo de esa clase, de
manera que, por aplicación de la ley sobre la materia, no era posible nombrar un
empleado adscrito.

Advirtió que existen 89 cargos en la categoría de consejero, y solo hay 34
funcionarios inscritos en ese rango. En ese orden, debido a esta insuficiencia de
servidores de carrera inscritos en la categoría de consejero, tal desbalance hizo
necesaria la vinculación urgente, excepcional y temporal en provisionalidad,
para cubrir las necesidades del servicio.

Mencionó que, aun cuando al momento de expedición del acto demandado
existieran funcionarios inscritos en la categoría de consejero, cumpliendo sus
lapsos de alternación, no era posible designarlos en el empleo bajo
cuestionamiento, porque la reubicación de otro funcionario en ese destino
dejaría vacante la plaza respectiva, y así sucesivamente.

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Sobre la alternación prevista en los artículos 35 a 40 del Decreto Ley 274 de
2000, precisó que está diseñada para que el funcionario de carrera se
desempeñe tanto en el servicio exterior como en el interior, lo que exige el
acatamiento estricto de los lapsos legales, por lo que su interrupción no puede
considerarse la regla general. En consecuencia, el cumplimiento del término de
alternación es crucial para el adecuado cumplimiento del servicio exterior.

Señaló que, de la revisión del expediente administrativo, está probado que el
demandado cumple los requisitos que exige el artículo 61 del Decreto Ley 274
de 2000 para ocupar el cargo de carrera diplomática y consular y, con todo,
presta sus servicios en un país cuyo idioma oficial es el español.

1.6. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante proveído del 26 de julio de 2024 el a quo dispuso el trámite de
sentencia anticipada. Al pronunciarse sobre las pruebas, decretó como tales las
aportadas por las partes y negó las tendientes a certificar la indisponibilidad de
funcionarios de carrera en el escalafón de consejero, la copia de la hoja de vida
del demandado, y los testimonios que solicitó este sujeto procesal.

El litigio se fijó en los siguientes términos:

Así las cosas, los problemas jurídicos asociados sugieren, establecer a la luz de
la normatividad vigente:

i) ¿Si el nombramiento de el (sic) Alfredo Molano Jimeno se realizó con
desconocimiento del régimen de carrera consular y diplomática?;
ii) ¿Si Alfredo Molano Jimeno, cumplía con los requisitos establecidos para ser
nombrada (sic) como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores (sic), en el
cargo y rango designado o si debía nombrarse a aquellos funcionarios que se
encontraban inscritos en carrera diplomática y consular?; y iii) ¿Si se cumplieron
los presupuestos legales para dar aplicación al artículo 60 del Decreto Ley 274
de 2000 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al realizar el
nombramiento de Alfredo Molano Jimeno?

Además, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto.

En providencia del 16 de septiembre de 2024, se adicionó el auto anterior en el
sentido de negar unas certificaciones, se aclaró la nomenclatura de un acápite
de la providencia y el término para responder los oficios decretados.

Por auto del 18 de noviembre de 2024, el ponente de primera instancia repuso
la decisión del 26 de julio de 2024, en el sentido de decretar las certificaciones
negadas en dicho pronunciamiento, y se mantuvo en su negativa de la prueba
testimonial, por lo que concedió la alzada interpuesta de manera subsidiaria. El
Consejo de Estado, mediante proveído del 18 de diciembre de 2024, confirmó lo
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resuelto sobre el particular.

1.7. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B»,
a través de sentencia del 6 de agosto de 2025, declaró la nulidad del acto de
designación demandado, con fundamento en lo siguiente:

Acerca de la falta de competencia del funcionario que suscribió el acto
demandado, precisó que, en efecto, para el 24 de enero de 2024, tanto la
Presidencia de la República como el señor Leyva Durán conocieron la decisión
de suspensión de este último, dictada por la Procuraduría General de la Nación,
por lo que debió apartarse del cargo y abstenerse del desempeño de sus
funciones, incluso la expedición de actos de nombramiento.

En consecuencia, el señor Leyva Durán no podía fungir como ministro de
Relaciones Exteriores ni realizar nombramientos como el que aquí se cuestiona,
de manera que expidió el acto demandado sin competencia para ello.

Acerca de la disponibilidad de funcionarios de carrera para ser nombrados en la
plaza bajo controversia, adujo que para el momento de la designación acusada
no había empleados de carrera en el grado de consejero que hubieran
culminado su periodo de alternación.

Agregó que, de este modo, se debe acudir al supuesto consistente en
establecer los funcionarios que, aun en cumplimiento de su periodo de
alternación, superaban el término de doce meses en la sede respectiva.

Recordó que el criterio de antaño de esa sala sostenía que el hecho de superar
tal lapso, y estar en el escalafón respectivo, no hacía procedente exigir el
traslado indiscriminado de funcionarios a otro país, por cuanto ello, además del
impacto en la prestación del servicio, conllevaría a acudir nuevamente a la
provisionalidad para proveer la plaza que quedaba vacante.

Mencionó que, sin embargo, el Consejo de Estado es de la tesis según la cual,
incluso cuando se trata de funcionarios ubicados en la misma categoría del
nombramiento demandado, que superaron los doce meses en el exterior, están
disponibles para ser nombrados.

Manifestó que, aunque acoge esta postura, la misma pugna con la prestación
del servicio y con los derechos de los funcionarios, además de las erogaciones
que implican los traslados.

Precisó que el desempeño de la función diplomática y consular en otro país
acarrea un cambio del lugar de residencia, costos de traslado, acomodación, y

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gastos de fondos públicos en los que la administración incurriría cada año para
trasladar al mismo funcionario a otra ciudad del exterior cada vez que cumple
los doce meses en la sede respectiva, lo cual conduce a un servicio inestable,
ineficiente, costoso y traumático para el servidor y su familia.

Agregó que, sin embargo, pese a que esa sala ha hecho hincapié en que la
cartera de relaciones exteriores «debe ofertar entre los funcionarios que
cumplan dicho tiempo en la sede externa la vacante que se apertura, este ha
ignorado tal advertencia, limitándose a indicar, en el sub lite que ninguno de los
servidores ha manifestado su intención de traslado, no obstante, la entidad
vinculada no demostró que haya cumplido con lo requerido, esto brindar (sic)
una oportunidad real para la postulación a través de la convocatoria pública
entre los referidos servidores».

Ahora bien, en punto a seguir el precedente de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, procedió a verificar si para el momento del nombramiento, existían
funcionarios disponibles para ser nombrados, por haber superado el lapso de
doce meses en el servicio exterior, para lo cual relacionó una tabla con varios
servidores en esa situación, por lo que concluyó que alguno de ellos debió
designarse en la plaza cuestionada.

1.8. Apelaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su alzada, advirtió que el
nombramiento demandado fue expedido por el funcionario competente, esto es,
por el presidente de la república, conforme con las atribuciones previstas en el
artículo 189 de la Constitución Política, sin que se requiera la firma del ministro
del ramo, pues se trata del ejercicio de una atribución en su calidad de jefe de
Estado y suprema autoridad administrativa, según la excepción prevista en el
artículo 115 ibidem.

Explicó que una de esas excepciones consiste, precisamente, en el
nombramiento de los agentes diplomáticos y consulares, por lo que no se
requiere la intervención del ministro de relaciones exteriores para la validez de la
designación.

Acerca de la disponibilidad del personal para ser nombrado, afirmó que el hecho
de que un funcionario cumpliera los doce meses de servicio exterior no conlleva
su designación en otra sede externa sin cumplir el periodo de alternación que
exige el artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, a menos que esté nombrado
en un cargo de menor categoría al que pertenece en el escalafón.

Insistió en que solo hay 33 funcionarios de carrera inscritos en el rango de
consejero, 26 de los cuales, según la sentencia, superaron el lapso de doce
meses de servicio exterior. De ahí que se deban proveer las 56 vacantes

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restantes de los 89 cargos de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por lo que el recurso persigue que esta sala rectifique su postura
sobre el particular y retome su tesis de antaño, que exigía el cumplimiento del
periodo de alternación.

Al respecto, destacó los pronunciamientos del 3 de febrero2, 13 de marzo3 17 de
julio4 y 14 de agosto de 20255, en los que se indica que la posición vigente de
esta sala es la que favorece la provisión de cargos de carrera con funcionarios
que prestan su servicio en la planta interna o externa, y han cumplido la
frecuencia de los lapsos de alternación «en un empleo de menor jerarquía al
que les corresponde, para que puedan ocupar aquel en el que están inscritos en
el escalafón en razón del mérito».

Mencionó que esta postura corresponde a la reiteración de dos providencias, a
saber, las sentencias del 16 de octubre de 20146 y 12 de noviembre de 20157,
que condicionan la disponibilidad del funcionario a la terminación de su periodo
de alternación. Además, según el criterio de esta sección, la designación en otra
sede exterior, al cumplimiento de los doce meses, aplica para los servidores de
carrera nombrados en un cargo de menor categoría al que pertenecen8.

Advirtió que, en consecuencia, el nombramiento demandado se ajustó a
derecho, toda vez que, por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no era
posible designar funcionarios inscritos en la categoría de consejero, por cuanto
todos ellos se encontraban cumpliendo su lapso de alternación en el exterior.

Por ende, está probado que i) no existen funcionarios ejerciendo cargos por
debajo de la categoría a la que corresponden (consejero), ii) cada consejero
está cumpliendo su periodo de alternación, prestando sus servicios tanto en el
país como en el exterior, iii) no era posible designar alguno de los 26 servidores
identificados en la sentencia, por el mero hecho de haber superado los doce
(12) meses de servicio exterior, porque están designados en un cargo
equivalente al que pertenecen en el escalafón, y iv) a partir de la insuficiencia de
funcionarios de carrera para ocupar las 89 plazas de la planta global, surgió la
necesidad de hacer la designación en provisionalidad.

Por otra parte, el demandado, en su apelación, explicó que el acto que dispone
la suspensión del ejercicio de las funciones no es el que concreta de manera

2 Exp: 250002341000202401159 00. M.P: Gloria María Gómez Montoya.
3 Exp: 250002341000202400021 00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
4 Exp: 250002341000202500354 01. M.P: Omar Joaquín Barreto Suárez.
5 Exp: 250002341000202500009 00.
6 Exp: 250002341000201400013 01.
7 Exp: 250002341000201500542 01.
8 Cita textual: «(sentencias dictadas el 23 de agosto de 2017 en el proceso radicado N.º
250002341000201600037 01 con ponencia de la Consejera Rocío Araujo Oñate; del 11 de octubre de 2018
del expediente 250002341000201700671 02, con ponencia de la Consejera Rocío Araújo Oñate;
posiciones ratificadas en los expedientes 250002341000201600109 01 y 250002341000201700041 01 de
la Sección Quinta del Consejo de Estado)».
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definitiva la situación del disciplinado, por lo que asumir que la situación del
exministro Leyva Durán se definió al momento en que se le notificó la referida
suspensión, acarrea la vulneración de su derecho a la defensa.

Por consiguiente, la suspensión del excanciller no constituía causal de nulidad ni
de pérdida de competencia para expedir el nombramiento acusado, el cual se
profirió antes de que se perfeccionara su reemplazo el 8 de febrero de 2024.

Alegó que el nombramiento en provisionalidad cuestionado se ajustó a las
necesidades del servicio, dada la inexistencia de funcionarios disponibles para
la designación en la plaza exterior.

Acogió la exposición del a quo relacionada con el impacto en el servicio por los
traslados de funcionarios cada vez que cumplen doce meses de servicio
exterior.

Sostuvo que la carrera diplomática y consular cuenta con un número limitado de
funcionarios de planta interna y externa, lo que hace imprescindible los
nombramientos en provisionalidad, y que ninguno de ellos cumplía con la
disponibilidad inmediata por no haber culminado su periodo de alternación.

Mencionó que en el expediente se probó su dominio del idioma inglés, según las
certificaciones académicas que acreditaron el cumplimiento de ese requisito.

Finalmente, advirtió que la parte actora incurre en un uso abusivo de las
acciones judiciales, por cuanto ha presentado varias demandas con el mismo
formato, sin un análisis de las circunstancias particulares de cada
nombramiento.

1.9. Actuaciones de segunda instancia

A través de proveído del 27 de octubre de 2025 se admitieron los recursos de
apelación.

1.10. Alegatos de conclusión

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró los argumentos de la alzada, y
el demandado insistió en sus fundamentos de defensa.

1.11. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta corporación indicó que la
jurisprudencia de esta sala ha establecido que el funcionario que ha cumplido
los doce meses de servicio exterior se encuentra en disponibilidad para ser
nombrado y/o trasladado, incluso cuando desempeña un cargo equivalente en

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jerarquía a la vacante9.

Sostuvo que el número limitado de funcionarios no es un argumento válido para
negar la existencia de funcionarios disponibles, pues ello no justifica el
desconocimiento del principio del mérito, ni legitima una designación provisional.

Destacó que, al 30 de enero de 2024, fecha del nombramiento acusado, existían
funcionarios de carrera disponibles para ser nombrados, por haber superado los
doce meses de servicio en el exterior. En consecuencia, solicitó que se confirme
la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el demandado contra la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», de
conformidad con lo establecido en los artículos 15010 y 152 numeral 7.c del
CPACA11, al igual que lo normado en el Acuerdo 80 de 2019, Reglamento del
Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en las
apelaciones, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán en cuenta
los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio
señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos de los
recurrentes.

Se advierte que, al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso12, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2023. Exp. 25000-23-41-000-
2023-00045-01 (principal) - 25000-23-41-000-2023-00052-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
10 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
11 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
c. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de
voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados
públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital…»
12 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la

remisión prevista en su artículo 306.
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cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por
la recurrente, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya
sido materia de alzada13.

Para abordar el asunto, la Sala determinará: i) si el acto de designación
demandado fue proferido por un funcionario sin competencia para el efecto; ii) si
es procedente la designación de funcionarios que han cumplido doce meses en
el servicio exterior, sin completar su periodo de alternación, aun cuando no
desempeñan cargos de inferior categoría; iii) si la insuficiencia de funcionarios
de carrera justifica la designación en provisionalidad; y iv) si la Cancillería debe
ofertar las vacantes entre servidores de carrera diplomática y consular.

2.4. El principio de especialidad en la carrera diplomática y consular

En atención a lo establecido en los artículos 12514 y 13015 de la Constitución
Política, se tiene que el sistema de carrera administrativa es la regla general
para el acceso, promoción, permanencia y retiro del empleo público, el cual
admite excepciones en virtud del principio de especialidad, como es el caso del
régimen de carrera diplomática y consular. Así lo avaló la Corte Constitucional
desde la sentencia C-129 de 1994, en la que precisó:

La Carrera diplomática y consular tiene un régimen especial y diferenciado
respecto de la Carrera administrativa. Por tanto, no pueden aplicarse los mismos
principios a las dos carreras, ya que el legislador extraordinario, teniendo en
cuenta la naturaleza de las funciones atribuidas al servicio exterior, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y a las misiones diplomáticas y consulares, dispuso un
sistema diferente, adecuado con las funciones propias dirigidas a desarrollar "en
forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al estudio y
ejecución de la política internacional de Colombia, la representación de los
intereses del Estado colombiano y la tutela de los intereses de sus nacionales
ante los demás estados, las organizaciones internacionales y la comunidad
internacional" (art. 2o. Decreto Ley 10 de 1992)16."

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-

2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
14 ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los

de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. (…)
15
ARTÍCULO 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.
16 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro

Naranjo Mesa.
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Este régimen encuentra entonces su justificación en la naturaleza específica del
servicio exterior, entendido como la actividad a cargo de la Cancillería en
desarrollo de la política exterior del Estado (dentro y fuera del territorio nacional),
para efectos de representar los intereses estatales y proteger los derechos de
los colombianos en otros países (art. 3 del Decreto Ley 274 de 2000), cuya
prestación efectiva requiere de personal idóneo, con formación y experiencia en
la materia, tal como lo reconoció el legislador extraordinario cuando señaló que
«el servicio exterior es un servicio especializado, profesional, jerarquizado y
disciplinado, que se funda en el principio del mérito» (artículo 13 ejusdem).

2.5. La alternación como situación administrativa en la carrera diplomática
y consular

La alternación se encuentra definida por el artículo 13 del Decreto Ley 274 de
2000 como una situación administrativa especial de los funcionarios
pertenecientes a la carrera diplomática y consular, que:

(…) permite, entonces, la óptima utilización de los recursos disponibles "[d]e
suerte que sea posible ejecutar la Misión y las atribuciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores en forma adecuada y oportuna" (art. 4, núm. 2, D.L.
274/2000), materializándose así los principios de eficiencia y eficacia (ibídem).
En concordancia con tales principios se suma la prevalencia del interés general
sobre el particular (art. 2 CP) que el Decreto 274 desarrolla bajo el principio de
transparencia, así: "[p]revalencia de los intereses de la colectividad nacional
respecto de los intereses personales de cada funcionario, en orden a una
prestación del servicio acorde con las responsabilidades de quienes ejercen
función pública en desarrollo de la política internacional del Estado"17.

Su justificación ha sido precisada tanto por la jurisprudencia constitucional como
la contencioso-administrativa, en el sentido de que con esta figura «(…) se
busca que los funcionarios que pertenecen a la carrera no permanezcan
indefinidamente en el servicio exterior, circunstancia que les impediría
mantenerse en un contacto directo y saludable con la problemática nacional y
que iría en desmedro de su propia identidad cultural. Por ello se establece la
obligación de trabajar, durante lapsos alternativos, en el servicio exterior y en el
interior»18; así lo ha entendido también esta Sala19 al explicar que con la
alternación «(…) se pretende que quienes prestan sus servicios en el extranjero
no lo hagan en forma indefinida sino que retornen, así sea por un tiempo, al país
para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar de
origen y puedan representar mejor los intereses del Estado».

En este orden, dicha figura está regulada en los artículos 35 a 40 ejusdem, que
establecen su naturaleza jurídica, lapsos, frecuencia, obligatoriedad, aplicación y
excepciones, respectivamente, a partir de los cuales se deducen las siguientes
características:

17 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 30 de abril de 2018,

Radicación: 2365, M.P. Álvaro Namén Vargas.
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Reiterada en la Sentencia C-808 del 1 de agosto de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Sentencia de 16 de octubre de 2014. Exp: 25000-23-41-000-2014-00013-01.

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(i) Consiste en el deber de los empleados de la carrera especial de desempeñar
sus funciones con lapsos de alternación entre su servicio en planta interna y
externa, en referencia a la ubicación territorial de su sede de trabajo, dentro o
fuera del país, en virtud de los principios de eficiencia y especialidad.

(ii) Tales periodos se deben cumplir con la siguiente frecuencia: el tiempo de
servicio en planta externa será de 4 años, prorrogables hasta por 2 años más
bajo condiciones, y en planta interna de 3 años prorrogables con excepciones
(sin definir un límite máximo), a solicitud del funcionario, aprobada por la
Comisión de Personal de esta carrera especial. Quienes se encuentren
cumpliendo su alternancia en planta externa no podrán ser designados en otro
cargo en el exterior antes de cumplir doce (12) meses en la sede respectiva,
salvo casos extraordinarios.

(iii) Dicha frecuencia se contabilizará desde la fecha en que el funcionario
respectivo se posesione o asuma funciones en el exterior, o tome posesión en el
cargo de planta interna; el tiempo de servicio que exceda aquella, mientras se
hace efectivo el desplazamiento a que haya lugar, no será considerado como
tiempo de prórroga.

(iv) Es obligación prestar el servicio en planta interna como condición para la
aplicación de la alternación en el servicio exterior y su incumplimiento es causal
de retiro de la carrera.

(v) Son excepciones a su debido cumplimiento las circunstancias probadas por
el funcionario de fuerza mayor y caso fortuito, la disponibilidad para ser
designado en otro cargo en el exterior, por haber superado el lapso de doce (12)
meses en la sede externa respectiva (se aplica únicamente en relación con el
tiempo de servicio en planta externa) o aquellas de naturaleza especial,
calificadas como tales por la Comisión de Personal, como razones de salud
física o mental y dependencia económica de un pariente (válidas solo en
relación con el tiempo de servicio en planta interna).

(vi) El procedimiento administrativo para aplicar la alternación comprende que la
Dirección del Talento Humano mantenga un registro actualizado de los periodos
de alternación que cumple cada funcionario y coordine las gestiones necesarias
para los desplazamientos a que haya lugar, en la medida en que vayan
cumpliendo la frecuencia de sus correspondientes lapsos en planta interna y
externa, según el siguiente cronograma: durante el mes de julio, se harán
efectivos los que se causen en el primer semestre y en enero los causados
durante el segundo semestre, según lo dispuesto en el parágrafo primero del
artículo 39 del Decreto Ley 274 de 200020.

20
PARAGRAFO PRIMERO. Para los efectos relacionados con lo previsto en este artículo, el Decreto o los
Decretos respectivos deberán ser expedidos y comunicados durante el mes de Mayo para los
desplazamientos que se produzcan en el mes de Julio y, durante el mes de Noviembre cuando el
desplazamiento se realizare en el mes de Enero. En todo caso, a partir de la comunicación del decreto
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2.6. El nombramiento en provisionalidad en la carrera diplomática y
consular

Esta modalidad de provisión de los empleos en este régimen de carrera se
encuentra reglada en los artículos 60 y 61 del Decreto Ley 274 de 2000, que
determinan su naturaleza, presupuesto y condiciones de aplicación, los cuales
fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-292
de 2001 (aunque con algunas salvedades y condicionamientos en cuanto al
alcance de esta última disposición).

Lo anterior, en atención a su carácter excepcional teniendo en cuenta las
necesidades del servicio, que consideró compatible con el principio del mérito
que rige el acceso, permanencia, promoción y retiro de aquella, según lo
expuesto en aquel fallo, reiterado por la sentencia C-808 del mismo año, que
declaró la existencia de cosa juzgada al respecto, con base en la motivación
original que señaló que:

La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de especialidad
se hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera diplomática y
consular de personas que no pertenecen a ella y que a ello se remite la
naturaleza de los nombramientos en provisionalidad. En cuanto a esto hay que
indicar que la provisionalidad es una situación jurídica especial que hace parte
de cualquier carrera administrativa pues en muchas ocasiones la urgencia en la
prestación del servicio impone la realización de nombramientos de carácter
transitorio hasta tanto se surten los procedimientos necesarios para realizar los
nombramientos en período de prueba o en propiedad. Si ello es así, no se
advierten motivos para declarar inexequible una norma que se ha limitado a
permitir tales nombramientos previendo una solución precisamente para ese tipo
de situaciones.
(…)
De otro lado, el artículo 61 del Decreto 274 de 2000 desarrolla las condiciones
básicas para la realización de nombramientos en propiedad (…). Ante ello, la
Corte advierte que ni con los requisitos implementados en el literal a, ni con la
fijación del plazo para hacer dejación del cargo se está desconociendo la Carta
Política pues nada más natural que el legislador extraordinario, en ejercicio de
facultades legítimamente concedidas, especifique las (sic) requisitos necesarios
para realizar nombramientos en esa situación administrativa excepcional que es
la provisionalidad y que regule el plazo para que quienes han sido nombrados
en esas condiciones hagan dejación del cargo pues se trata de cargos que se
ejercen en el exterior.

En este orden, la jurisprudencia de esta sección21 ha indicado que la excepción
prevista en el referido artículo 60, no hace más que confirmar la regla general
referida a que los empleos de la planta interna y externa del Ministerio de

respectivo, el funcionario tendrá derecho a dos meses de plazo para iniciar sus labores en el nuevo
destino, además de los 5 días de permiso remunerado necesarios para el desplazamiento. El término de
dos meses a que hace referencia este parágrafo podrá ser prorrogado mediante resolución suscrita por el
Secretario General, a solicitud del interesado y previo acuerdo con el funcionario a reemplazar en Planta
Externa, cuando a ello hubiere lugar.
21 Sentencia de 12 de noviembre de 2015. Exp. 25000-23-41-000-2015-00542-01.

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Relaciones Exteriores son propios de la carrera diplomática y consular y, por
ende, se deben proveer en virtud de concurso de méritos, excepto cuando no
sea posible designar a funcionarios escalafonados para proveerlos, hipótesis en
que se autoriza el nombramiento en provisionalidad de personas ajenas a ella,
bajo las siguientes reglas:

(i) La designación en provisionalidad de funcionarios en cargos pertenecientes a
la Carrera Diplomática y Consular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 del Decreto Ley 274 de 2000, se ajusta a la ley cuando se demuestre: (a) el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 61 Ibídem por parte de la
persona designada en provisionalidad; y, (b) la falta de disponibilidad de
funcionarios inscritos en la Carrera Diplomática y Consular para ocupar el
respectivo cargo.

(ii) El requisito de la disponibilidad no se cumple: (a) cuando los funcionarios
inscritos en el respectivo escalafón en la Carrera Diplomática y Consular que se
encuentran ocupando cargos de menor jerarquía están cumpliendo el período de
alternación; o, (b) cuando éstos, a pesar de estar cumpliendo el período de
alternación en el exterior, no han cumplido el período de 12 meses en la sede
respectiva para que puedan ser designados excepcionalmente en otro cargo en el
exterior, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000.

(iii) La demostración del requisito de disponibilidad es una carga probatoria que
recae sobre el demandante. Esta carga probatoria no se puede satisfacer con el
simple suministro del listado de funcionarios inscritos para el respectivo cargo,
sino que exige la demostración del cumplimiento del término alternación o del
término de 12 meses consagrado en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley
274 de 2000, hecho que debe ser probado mediante la respectiva acta de
posesión. De lo contrario, el juzgador se encuentra en la imposibilidad para
determinar si dicho término ha sido cumplido o no.

Esta es la interpretación judicial vigente sobre la materia, en sede de nulidad
electoral, en observancia del artículo 125 superior, la cual favorece que los
cargos vacantes en este régimen especial de carrera sean provistos con los
funcionarios que están prestando su servicio en planta interna o externa y han
cumplido la frecuencia de los lapsos de alternancia en los términos del artículo
37 ibidem, en un empleo de menor jerarquía al que les corresponde, para que
puedan ocupar aquel en el que están inscritos en el escalafón en razón del
mérito, que les da un derecho no solo preferente sino además excluyente para
ocuparlo frente a las personas que no pertenecen a ella, elemento que deberá
demostrar al demandante en este tipo de procesos.

2.7. Caso concreto

En el sub examine, el a quo declaró la nulidad del acto acusado, toda vez que i)
el entonces canciller Álvaro Leyva Durán no tenía competencia para efectuar el
nombramiento, con ocasión de la suspensión en sus funciones, y ii) en razón a
que en el expediente quedó demostrado que para dicha data había servidores
de carrera diplomática que, por haber cumplido el lapso de doce (12) meses de

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que trata el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, se
encontraban en disponibilidad para ser designados en el cargo en el que se
nombró al demandado.

2.7.1. Funcionario incompetente

Respecto de la competencia del funcionario que expidió el acto enjuiciado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la atribución para el efecto es
del presidente de la república, por lo que no se requiere la intervención del
ministro de dicha cartera para la validez de la designación. El demandado, a su
turno, consideró que la suspensión del canciller no definió su situación definitiva,
por lo que podía expedir el nombramiento.

Frente a este punto, la sala reiterará lo resuelto en sentencia del 9 de octubre de
202522, donde expuso que el nombramiento de agentes diplomáticos y
consulares es una atribución discrecional del presidente de la república,
conforme con el artículo 189.2 constitucional23, en concordancia con el artículo
115 ibidem24, por lo que la provisión aquí acusada, al estar suscrita por el
presidente de la república en ejercicio de dicha potestad «no requería, para su
validez, la firma del ministro de Relaciones Exteriores, toda vez que fue suscrito
por el primer mandatario, en ejercicio de sus funciones como jefe de Estado,
conforme a las excepciones previstas en el artículo 115 de la Constitución
Política».

En consecuencia, la intervención del canciller no afectaba la validez de la
designación, comoquiera que también fue suscrita por el presidente de la
república, en quien recae esa atribución, de manera que no se configuró la
causal de falta de competencia.

2.7.2. Disponibilidad de funcionarios de carrera

El a quo advirtió que, para el 30 de enero de 2024, había varios funcionarios
escalafonados como consejeros de relaciones exteriores, que superaban el

22 25000-23-41-000-2024-00428-02 (Principal). M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
23 ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno

y Suprema Autoridad Administrativa:
(…)
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
24 ARTICULO 115. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema

autoridad administrativa.
(…)
Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de
Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema
autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el
Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes,
por el mismo hecho, se hacen responsables.

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término de doce (12) meses en la planta externa, por lo que tenían
disponibilidad para ser designados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su alzada, alegó que el cumplimiento
de tal lapso no conlleva su designación en otra sede externa, toda vez que se
debe cumplir el periodo de alternación, a menos que el funcionario esté
nombrado en un cargo de menor categoría al rango que pertenece, y advirtió,
además, la insuficiencia de servidores inscritos en el escalafón de consejero de
relaciones exteriores para proveer todas las vacantes, por lo que conmina a esta
sala a rectificar su postura en favor del cumplimiento del lapso de alternación.

Por su parte, el demandado, en su apelación, advirtió que su nombramiento se
ajustó a las necesidades del servicio, por la inexistencia de funcionarios de
carrera disponibles y, además, se refirió a la exposición del a quo en sus
observaciones sobre el impacto en el servicio derivado de los traslados de
funcionarios que cumplen los doce meses en la sede externa respectiva, y la
necesidad de ofertar la vacante entre los servidores que cumplen dicho lapso.

La sala advierte que estos fundamentos no tienen vocación de prosperidad.

En primer lugar, es necesario reiterar que el parágrafo del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000 permite la designación de funcionarios de carrera
diplomática y consular que se encuentran en el servicio exterior, cuando han
cumplido doce (12) meses en la sede foránea respectiva, por lo que, al decir de
esta sala, se trata de una de las excepciones al cumplimiento del periodo de
alternación25.

De ahí que la postura de esta sección sobre el particular provenga del contenido
de una fuente de derecho, como es el Decreto Ley 274 de 2000, por lo que no
es procedente rectificar la tesis de la jurisprudencia en un sentido opuesto al
fundamento legal que la sostiene. Además, el alcance de tal precepto justificó
que la sala modificara su posición de antaño que exigía la terminación del
periodo de alternación26.

Ahora bien, tampoco es de recibo sustentar los nombramientos provisionales en
la insuficiencia de funcionarios inscritos en el escalafón de consejero para
proveer las plazas exteriores.

25 Al respecto, consultar entre otras sentencias del: 9 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto,

Rad. 25000-23-41-000 2023-00444-01; del 14 de diciembre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
25000-23-41-000-2023-00044-01; del 14 de diciembre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; del 14 de
diciembre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 25000 23-41-000-2023-00048-01; sentencia del
1° de febrero de 2024, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 25000-23-41-000-2023 00130-01; del 1° de
febrero de 2024, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E), Rad. 25000-23-41-000-2023-00130-01; del 7 de
marzo de 2024 Luis Alberto Álvarez Parra (E), Rad. 25000-23-41-000-2023-00551-01.
26
Sentencia de tutela contra providencia judicial de 12 de marzo de 2015. Exp: 2014-2418-01. M.P: Alberto
Yepes Barreiro. La posición expuesta en esta providencia fue acogida por esta sala, en sede de nulidad
electoral, en sentencia del 31 de marzo de 2016. Exp: 25000-23-41-000-2015-00443-01. M.P: Lucy
Jeannette Bermúez.
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Esta judicatura, en otras oportunidades, ha dicho que «la cantidad de cargos de
consejero y la diferencia con el número de funcionarios pertenecientes a la
carrera diplomática, no es un argumento válido que justifique la designación en
provisionalidad, pues, tal circunstancia, además de no encontrarse descrita
dentro de las posibilidades para optar por este tipo de nombramientos, no
pretende demostrar la legalidad del acto demandado sino poner de presente
aspectos que no corresponden a la órbita de estudio del acto en el curso de la
nulidad electoral»27.

De igual manera, el traslado del funcionario que cumple doce (12) meses en el
servicio exterior no es la única alternativa para proveer vacantes en la planta
externa. La Cancillería puede acudir a otras dinámicas para la gestión del
personal de carrera diplomática y consular, como designar funcionarios
adscritos a ella para que cumplan la comisión para situaciones especiales en
sedes exteriores, en los términos de los literales a) y b) del artículo 53 del
Decreto Ley 274 de 200028.

En ese orden, la comisión para situaciones especiales hace posible proveer las
plazas vacantes del servicio exterior, con funcionarios de carrera diplomática y
consular, por lo que la problemática que invoca la cartera ministerial no justifica
acudir a la provisionalidad de que trata el artículo 60 del Decreto Ley 274 de
2000.

La sala debe insistir en que «acudir a los funcionarios de carrera en primer lugar
corresponde al mandato axiológico superior del artículo 125 de la Constitución
Política que pregona, respecto del acceso al empleo público, los criterios
objetivos dentro de los que se destaca el del mérito»29, de modo que la provisión
de cargos con funcionarios ajenos a la carrera diplomática y consular es la
última alternativa a contemplar.

A su turno, la advertencia de la Cancillería, según la cual el traslado al
cumplimiento del término de doce (12) meses solo es procedente si el
funcionario está nombrado en un cargo de menor categoría en el escalafón al
que pertenece, carece de asidero legal.

27 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 5 de junio de 2025. Exp: 25000-23-41-000-2024-
01670-02. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
28 ARTÍCULO 53. Procedencia y Fines. Los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y
Consular podrán ser autorizados o designados para desempeñar Comisión para situaciones
especiales, en los siguientes casos:
a. Para desempeñar en Planta externa o en Planta interna cargos de la Carrera Diplomática y Consular,
correspondientes a categorías superiores o inferiores a aquella a la cual perteneciere el funcionario
dentro del escalafón de la Carrera contenido en el Artículo 10 de este Decreto.
b. Para desempeñar en el exterior el cargo dentro de la categoría del escalafón de la Carrera
Diplomática y Consular a la cual perteneciere, sin cumplir la frecuencia del lapso de alternación
dentro del Territorio de la República de Colombia a la que se refiere el art. 37, literal b., de este Estatuto,
previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.
(…)
29 Ibidem.

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Demandante: Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
Demandado: Alfredo Molano Jimeno
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La cartera ministerial parte de una hermenéutica aislada y errónea de la tesis de
esta corporación que «favorece que los cargos vacantes en este régimen
especial de carrera sean provistos con los funcionarios que están prestando su
servicio en planta interna o externa y han cumplido la frecuencia de los lapsos
de alternancia en los términos del artículo 37 ibidem, en un empleo de menor
jerarquía al que les corresponde, para que puedan ocupar aquel en el que están
inscritos en el escalafón en razón del mérito, que les da un derecho no solo
preferente sino además excluyente para ocuparlo frente a las personas que no
pertenecen a ella, elemento que deberá demostrar al demandante en este tipo
de procesos»30.

Sobre el particular, esta judicatura reitera que, como excepción a la regla
general del cumplimiento del periodo de alternación, existe la posibilidad de
trasladar a un funcionario que presta su servicio exterior a otra sede
internacional cuando completa doce (12) meses en la plaza asignada, por virtud
del parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, norma que, en
manera alguna, exige o condiciona que el servidor que cumpla el periodo
previsto en esa disposición se encuentre desempeñando un cargo de inferior
categoría en el escalafón al que pertenece.

Frente al impacto económico y en el servicio, y los traumatismos que generan
los traslados en el funcionario y su familia, la sala advierte que este reparo no
tiene sustento en norma alguna regente de la carrera diplomática y consular,
sino en cargas que, hipotéticamente, tendría que asumir la administración y el
funcionario ubicado en el servicio exterior, aspectos que escapan al análisis de
legalidad del acto demandado.

En todo caso, la sala debe poner de presente que la carrera diplomática y
consular no está concebida para admitir vínculos de permanencia o apego del
funcionario en alguna sede externa. La alternancia, entendida como «los
períodos durante los cuales el funcionario con categoría Diplomática y Consular
cumple su función tanto en Planta Externa como en Planta Interna», al tenor del
artículo 38 del Decreto Ley 274 de 2000, respalda esta interpretación.

En efecto, según el literal a) del artículo 37 ibidem, la frecuencia de permanencia
en el exterior es de cuatro años, al cabo de los cuales el funcionario debe
retornar para alternar su servicio desempeñando sus funciones en la planta
interna, con lo que «se busca que los funcionarios que pertenecen a la carrera
no permanezcan indefinidamente en el servicio exterior, circunstancia que les
impediría mantenerse en un contacto directo y saludable con la problemática
nacional y que iría en desmedro de su propia identidad cultural. Por ello se
establece la obligación de trabajar, durante lapsos alternativos, en el servicio

30 Expuesta en los pronunciamientos de esta sala del 3 de febrero, 13 de marzo 17 de julio y 14 de agosto

de 2025, a los que se refirió el demandante.
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exterior y en el interior»31.

Adicional a ello, se insiste, es posible disponer el traslado de un servidor de
carrera a otra plaza del exterior cuando ha cumplido el lapso de doce (12)
meses en la sede respectiva, al tenor del parágrafo del artículo 37, o para
desempeñar una comisión para situaciones especiales en los términos de los
literales a) y b) del artículo 53 del Decreto Ley 274 de 2000.

En ese orden, por disposición legal, la permanencia de un funcionario de carrera
diplomática y consular en una sede del servicio exterior está circunscrita,
principalmente, a un lapso de cuatro años, al cabo del cual debe retornar al país,
aunque podría reducirse a doce (12) meses, que es el tiempo mínimo de
permanencia en una sede, para poder disponer su traslado a otra plaza externa,
o por el término de duración de una comisión para situaciones especiales;
dinámicas que el funcionario diplomático y consular conoce y debe cumplir.

Finalmente, el argumento de la apelación del demandado, según el cual acreditó
el dominio del idioma inglés, no se analizará en esta instancia comoquiera que
el a quo no se pronunció sobre el particular, por lo que no es posible confrontar
el fundamento de la alzada de cara a la cuestión decidida. En todo caso, la
fijación del litigio no contempló resolver sobre este particular.

Tampoco se estudiará el señalamiento sobre el abuso de las acciones judiciales
de la parte actora, comoquiera que tal reparo no fue planteado ante la primera
instancia y, además, no está amparado en algún fundamento legal que
conduzca a revocar la sentencia.

En la medida que las apelaciones no cuestionaron el cumplimiento del lapso de
doce (12) meses de los funcionarios escalafonados como consejeros de
relaciones exteriores, según el listado y soportes a los que acudió el tribunal
para demostrar su disponibilidad para que fueran nombrados en la plaza
demandada, se impone confirmar la sentencia del 6 de agosto de 2025,
proferida por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección «B» que accedió las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B»,

31Corte Constitucional. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladirmiro Naranjo Mesa.
Reiterada en la Sentencia C-808 del 1 de agosto de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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