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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01225-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01225-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada para en su lugar DECLARAR la nulidad del Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, mediante el cual el presidente de la República designó al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2024-01225-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01225-01
Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancur
Demandado: Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro de Relaciones Exteriores

Tema: Inhabilidad por condena penal debidamente ejecutoriada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación que interpusieron el señor Luis Ángel Hincapié
Betancur1 contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C el 6 de abril del 2026, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. El señor Luis Ángel Hincapié Betancur, en ejercicio del medio de control consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el propósito de que se declare la
nulidad del Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, por el cual se designó al señor Luis Gilberto
Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores.

1.2. Hechos

2. Fueron relatados por los demandantes como se expone a continuación:

3. El 29 de agosto de 1997, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Chocó condenó al
señor Luis Gilberto Murillo Urrutia a la pena de 6 meses de prisión, multa de 1.000 pesos e
interdicción de derechos y funciones públicas por un año, por el delito de peculado por
aplicación oficial diferente.

4. El 21 de mayo de 2024, el presidente de la República nombró al señor Murillo Urrutia como
ministro de Relaciones Exteriores en propiedad, sin tener en cuenta que se encontraba
inhabilitado para ser elegido o designado como servidor público, por la condena penal en su
contra.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. El demandante sostuvo que se desconoció el artículo 122 de la Constitución Política, en
tanto el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia fue designado como ministro de Relaciones
Exteriores pese a haber sido condenado por un delito contra el patrimonio público,
circunstancia que, a su juicio, configuraba una inhabilidad para su nombramiento.

1
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 00074.

Demandantes: Luis Ángel Hincapié Betancur
Demandado: Luis Gilberto Murillo Urrutia.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01
6. Para sustentar su argumento, citó los antecedentes de la condena reseñados en la
sentencia SU-917 de 2013 de la Corte Constitucional2, en la cual se indicó que esta tuvo origen
en la celebración del contrato N.° 104 del 5 de septiembre de 1994, cuyo objeto consistió en
la reparación locativa de la escuela «Pascual de Andagoya». Dicho contrato fue imputado al
presupuesto de CODECHOCÓ, programa 3301, subprograma 009, proyecto 005, recurso 25,
correspondiente al «saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento del Chocó».

7. Señaló que tales hechos dieron lugar a la condena por el delito de peculado por aplicación
oficial diferente, sancionado con seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones
públicas por el término de un año y multa de mil pesos. Indicó, además, que el señor Murillo
Urrutia interpuso recurso extraordinario de casación y el de revisión, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente por la Corte Suprema de Justicia3.

8. Señaló que por esta misma circunstancia (condena penal), el 26 de junio de 2013, la Sección
Quinta del Consejo de Estado4 declaró la nulidad de su elección como gobernador de Chocó.
Igualmente, aludió a la acción constitucional promovida por el demandado, en la que solicitó la
aplicación del principio de favorabilidad respecto de dicha inhabilidad, pretensión que fue
negada por el juez de tutela y confirmada por la Corte Constitucional5.

9. Con fundamento en lo expuesto, concluyó que el acto demandado es nulo por desconocer
el artículo 122 de la Carta Política, asunto que ya habría sido objeto de pronunciamiento por
parte de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

10. Finalmente, recalcó que el transcurso del tiempo no extingue la inhabilidad prevista en la
Constitución Política.

1.4. Actuaciones procesales en primera instancia

11. El 23 de agosto de 20246, se admitió la demanda y se resolvió negar la medida cautelar
solicitada. Dentro del término procesal correspondiente el demandante presentó escrito de
reforma a la demanda7 que fue admitido el 23 de octubre de 2024.8

12. Luego de los traslados correspondientes, intervinieron:

13. La Presidencia de la República9solicitó que no se accediera a la nulidad del acto
demandado, pues la situación jurídica del señor Luis Guillermo Murillo Urrutia se tornaba
diferente a la expuesta por el demandante, conforme se detalla a continuación:

14. El señor Murillo Urrutia solicitó ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Quibdó la aplicación del principio de favorabilidad10, en desarrollo del control de
convencionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que con la

2
Con ocasión de la revisión del fallo de tutela dictado en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
5 de julio de 2012, que resolvió la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Luis Gilberto Murillo Urrutia contra el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó (Chocó) y la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Quibdó.
3
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 0002 carpeta anexo03072024_091113.pdf
4
Bajo el radicado 27001-23-31-000-2012-00024-02, MP: Alberto Yepes Barreiro.
5
Sentencia SU-917 de 2013
6
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 00022.
7
Agregó pruebas.
8
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 00040.
9
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 00031.
10
Por considerar que existe un nuevo referente de antijuridicidad material sobreviniente, esto es, que el delito por el que fue juzgado se
modificó en los elementos del tipo penal.

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Demandantes: Luis Ángel Hincapié Betancur
Demandado: Luis Gilberto Murillo Urrutia.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01
expedición de la Ley 599 de 2000 (actual Código Penal), se modificó la descripción típica del
delito de peculado por aplicación oficial diferente11.

15. La mencionada autoridad judicial, el 5 junio de 2015, dispuso dejar sin efectos la
inhabilidad intemporal existente contra el condenado.

16. Como consecuencia de esa decisión, solicitó, por vía de tutela, la supresión de los
antecedentes en materia penal; petición que le fuera amparada y en consecuencia se ordenó
la protección de sus derechos fundamentales y con ella, la actualización de los registros,
eliminando los negativos de las bases de datos12.

17. Lo anterior permitió que el demandado participara en las elecciones presidenciales de
2022, en donde se postuló a la Presidencia de la República, candidatura que fue avalada por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien conceptuó que reunía las
calidades exigidas en la Constitución para desempeñar dicha función.

18. El señor Luis Gilberto Murillo Urrutia13, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda porque su designación se adelantó conforme a los presupuestos
legales y constitucionales.

19. Resaltó que, de acuerdo con el numeral 5.° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, los
actos de elección son nulos cuando se hallen incursos en causales de inhabilidad vigentes,
pero si la sanción carece de efectos, no es posible aplicarla al caso concreto.

20. Advirtió que el demandante omitió analizar los efectos de la providencia 447 del 5 de junio
de 2015, proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó,
la cual fue aportada en el escrito de oposición a la medida cautelar, por lo que ningún
impedimento constitucional o legal lo limita para ser nombrado o ejercer empleo público.

21. El Ministerio de Relaciones Exteriores14 formuló la excepción de inepta demanda por
falta de requisitos formales al haberse omitido la identificación de la causal de nulidad y reiteró
los argumentos de defensa expuestos por el demandado y el DAPRE.

22. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado15 intervino para señalar que el
Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024 corresponde a un acto potestativo de designación de
un empleo de libre nombramiento y remoción de quien acreditó la totalidad de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios exigidos.

23. Resaltó la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de presupuestos procesales
requeridos, ya que su contenido no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 161 y 166 de la
Ley 1437 de 2011, pues el demandante debía explicar y demostrar por qué se produce un vicio
de ilegalidad, pese a que una autoridad judicial dejó sin efectos la inhabilidad constitucional
que recaía para ser designado servidor público.

11
El artículo 136 del Decreto-Ley 100 de 1980 (derogado) establecía que incurría en el mencionado delito el servidor público «que dé a los
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de
sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto,
o las invierta o utilice en forma no prevista en éste», la nueva codificación, esto es, el artículo 399 del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000)
exige, además, la aplicación de los recursos se concrete en «perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los
servidores».
12
Radicación Nro.: 11001 – 33 – 36 – 038 – 2022 – 00071 – 01
13
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00032
14
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00033
15
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00044.

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Demandado: Luis Gilberto Murillo Urrutia.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01

24. Concluyó que la situación jurídica actual del señor Luis Gilberto Murillo Urrutia revelaba la
ausencia de limitantes y/o restricciones para el cabal desempeño de funciones públicas.

25. El 18 de febrero de 2025 se consideró dictar sentencia anticipada, se decidió sobre las
pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos:

[…] SEGUNDO: FIJAR el litigio y el problema jurídico que se debe resolver en la sentencia, así ¿Es
ilegal el acto administrativo cuya nulidad se pide (Decreto 0657 de 2024), mediante el cual se nombró
a Luis Gilberto Murillo Urrutia, como Ministro de Relaciones Exteriores? Para la decisión, se
resolverá el cargo de nulidad – Inhabilidad constitucional, artículo 122 – que se endilga en la
demanda, que se analizará junto con todos los argumentos de defensa, las pruebas aportadas al
expediente y la normativa y jurisprudencia aplicables.

1.5. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, el 6 de
abril de 202616, negó las pretensiones de la demanda por las razones que se exponen a
continuación:

27. Sostuvo que, con el auto interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015, proferido por el juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó (Chocó), la condena impuesta en 1997
al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia, luego del control convencional, «quedó de manera expresa,
perentoria y taxativa, sin efectos la inhabilidad intemporal existente contra Murillo Urrutia (i.19), por lo
que para en adelante, quedó habilitado en ese caso, para ser elegido y nombrado como servidor
público».

28. Para reforzar la anterior afirmación, trajo a colación la decisión de la acción constitucional
que amparó los derechos fundamentales de habeas data y de elegir y ser elegido del
demandado ordenando la supresión del registro de la inhabilidad en la base de datos de la
Policía Nacional17, así como la decisión contenida en la Resolución 2941 del 24 de mayo de
2022 del Consejo Nacional Electoral que niega la solicitud de revocatoria de la inscripción de
la candidatura del señor Murillo Urrutia como fórmula presidencial 2022-2026.

29. Finalmente, trajo a colación un antecedente proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el radicado 25000-23-41-000-2024-00520-00, entre las mismas partes
respecto del Decreto 150 de 202418, en el que se adoptó la decisión de negar las pretensiones
de la demanda, por cuanto la providencia del juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad aludido, dejó sin efectos la inhabilidad de que se trata.

30. Por lo anterior, resolvió que no es nulo el nombramiento de Luis Gilberto Murillo Urrutia
como ministro de Relaciones Exteriores.

1.6. Recurso de apelación

31. Inconforme con la decisión, el demandante Luis Ángel Hincapié Betancur presentó recurso
de apelación con el fin de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda.

16
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00054.
17
Acción constitucional 11001 3336 038 2022 00071 01 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.
18 Que encargó a Luis Gilberto Murillo de las funciones de canciller.

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01

32. Resaltó que la inhabilidad dispuesta en el artículo 122 de la Constitución es de carácter
permanente e intemporal, lo que fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia C-038
de 1996 y con posterioridad en la sentencia C-630 de 2012. Por lo que a su juicio, la sentencia
de primera instancia incurrió en un error fundamental de otorgar validez y eficacia al auto
interlocutorio 447 del 5 de julio de 2015.

33. Siendo así, el auto interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015 era ineficaz para modificar un
mandato constitucional, pues el juez de ejecución de penas carece de toda facultad para dejar
sin efecto una inhabilidad de raigambre constitucional, por lo que un auto interlocutorio no
puede prevalecer sobre la norma de normas.

34. Resaltó que la expresión «en cualquier tiempo» contenida en el artículo 122 superior es
una manifestación clara de la voluntad intemporal del constituyente, pues, si bien la Corte
Constitucional en sentencia SU-917 de 2013 indicó al señor Murillo Urrutia que debía acudir
ante el juez de ejecución de penas para que este decidiera sobre la aplicación del principio de
favorabilidad respecto de la pena, lo cierto es que no autorizó que se desconociera la
Constitución.

35. Finalmente concluyó que la decisión de primera instancia se debía revocar, pues le otorgó
a una decisión de un juez de ejecución de penas un alcance superior al permitido. Además, la
condena penal se encuentra ejecutoriada por lo que, es claro que se configuró la inhabilidad
del artículo 122 de la Constitución Política, la cual se encuentra vigente ante su carácter
intemporal.

1.8. Actuaciones procesales en segunda instancia

36. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 30 de abril de 202619, admitió la
alzada y ordenó correr traslado para que las partes alegaran de conclusión, así como al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.

37. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se presentaron las siguientes
intervenciones:

38. El señor Luis Ángel Hincapié Betancur20 reiteró los argumentos de la demanda y del
recurso de apelación, por lo que pidió que se revocara la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, declarar la nulidad del decreto enjuiciado.

39. El Ministerio de Relaciones Exteriores21, a través de su apoderado judicial, solicitó que
se confirme la decisión de primera instancia al encontrarse íntegramente sometida al sistema
legal aplicable, para lo cual reiteró que la situación jurídica del demandado cambió a partir del
año 2015, en virtud de la providencia 447 de 5 de junio de 2015, proferida por el Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó.

40. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado22 consideró que no se
dan los elementos de juicio para que prosperen los argumentos del recurrente, toda vez que

19
Expediente digital SAMAI (Segunda Instancia) - 00004
20
Expediente digital SAMAI (Segunda Instancia) – Índice 00009.
21
Expediente digital SAMAI (Segunda Instancia) – índice 00010
22
Expediente digital SAMAI (Segunda instancia) – Índice 00013

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del texto constitucional ni de ninguna decisión judicial se desprende una regla que impida el
ejercicio de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
sanciones penales en firme y según la decisión que sea favorable cesen los efectos de dicha
restricción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

41. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C el 6 de abril de 2026, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15023 y el literal c) del numeral 7 del artículo 15224
de la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

42. La Sección Quinta del Consejo de Estado deberá determinar si revoca, modifica o confirma
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C el 6 de abril de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda. Para ello se resolverá el siguiente problema jurídico:

• ¿El Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, mediante el cual el presidente de la República
nombró al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores, se
encuentra viciado de nulidad por presunta infracción del inciso quinto del artículo 122 de la
Constitución Política, por encontrarse incurso en la inhabilidad intemporal consistente en
haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado.?

43. Para solucionar los cuestionamientos planteados, la Sala abordará los siguientes tópicos
(i) El artículo 23 de la CIDH (ii) generalidades de las inhabilidades – reiteración jurisprudencial;
(ii) inhabilidad por haber sido condenado por sentencia judicial en delitos contra el patrimonio
público; y (ii) el caso concreto.

2.3. El artículo 23 de la CIDH25

44. La convencionalidad26 surge como una manifestación de la constitucionalización del
derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el «control difuso de
convencionalidad» e implica el deber de todo juez nacional de realizar un examen de
compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso

23
«Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
24
«Artículo 152. (…) Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) c) (…) de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos
del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional (…); (…)».
25 25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-28-000-2019-00013-00. MP .: Rocío
Araujo Oñate.
26
Cfr. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: Estructura, régimen y el principio
de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática”, en BREWER CARÍAS, Allan R., SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando
(Autores). Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, 1 ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013. Págs. 175-
181

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01
concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH).27

45. La Corte IDH define ese control de convencionalidad por parte de los jueces nacionales,
así:

«[…] La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y,
por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes
contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el
Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana»28.

46. A su vez corresponde a los jueces hacer prevalecer la Constitución y el bloque29 que la
compone, con miras a preservar los derechos humanos, es decir, «deben ejercer, en el marco de
sus respectivas competencias /…/, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de
normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,
juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio
tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte
Interamericana».

47. Sobre el bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional30 sostuvo:

Bloque de constitucionalidad. La Corte desarrolló la figura del bloque de constitucionalidad para
armonizar, principalmente, el artículo 4 y el inciso primero del artículo 93 de la Constitución
Política[101]. Es decir, para armonizar la supremacía constitucional, de un lado, y la “prevalencia
en el orden interno” de los tratados internacionales sobre derechos humanos (…)

En suma, el artículo 93 de la Constitución Política es una cláusula de apertura al DIDH cuyo
contenido y alcance ha sido precisado por la Corte mediante la figura del bloque de
constitucionalidad. Esta herramienta jurídica permite explicar que la Corte utilice como parámetro de

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1° de febrero de 2016, MP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, Radicado 41001-23-31-000-2005-01497-01(48842). “Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo
convencional, que se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano internacional que los interpreta. Este nuevo tipo de
control no tiene sustento en la CADH, sino que deriva de la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
FERRER MAcGREGOR, Eduardo. “El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional”, en
[http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf; consultado 9 de febrero de 2014].
28
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo
124. En opinión de Ferrer MacGregor: “Si observamos los alcances del “control difuso de convencionalidad”, podemos advertir que en realidad
no es algo nuevo. Se trata de una especie de “bloque de constitucionalidad” derivado de una constitucionalización del derecho internacional,
sea por las reformar que las propias Constituciones nacionales han venido realizando o a través de los avances de la jurisprudencia
constitucional que la han aceptado. La novedad es que la obligación de aplicar la CADH y la jurisprudencia convencional proviene directamente
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un “deber” de todos los jueces nacionales; de tal manera que ese imperativo representa
un “bloque de convencionalidad” para establecer “estándares” en el continente o, cuando menos, en los países que han aceptado la
jurisdicción de dicho tribunal internacional”. FERRER MAcGREGOR, Eduardo. “El control difuso de convencionalidad en el estado
constitucional”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf; consultado 9 de febrero de 2014].
29
Al respecto ver Corte Constitucional, M.P: Mauricio González Cuervo, sentencia C-500 de 16 de julio de 2014, en donde se señala que: “La
significativa importancia que la Corte Constitucional le ha asignado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana a efectos de interpretar las
normas de derechos humanos que se integran al bloque de constitucionalidad en virtud de lo establecido en el artículo 93 [CP]” y, de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley 137 de 1994, son derechos intangibles de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el
derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de
religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer
matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho
a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser
extraditados.
30
Sentencia C-146 de 2021.

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constitucionalidad normas que no están en el texto de la Constitución Política y que tampoco tienen
rango supraconstitucional. De tal suerte que, “si bien los tratados de derechos humanos tienen
una prevalencia en el orden interno por disposición del artículo 93 superior, dicha prevalencia no
implica la subordinación de la Constitución al contenido de aquellas”[110]. (…)
Interpretación armónica. La Corte ha sostenido que “la aplicación del bloque de constitucionalidad
debe armonizarse [con] la Constitución, a partir de una interpretación coherente, sistemática y
teleológica, con el propósito de lograr conciliar las reglas de uno y otro estatuto”[147]. En este sentido,
ha sostenido que la aplicación de la CADH “debe tener en cuenta la arquitectura institucional de
cada Estado, esto es, del contexto en el que se inserta, como lo reconoce la Convención al indicar
que corresponde a la ley reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y el mecanismo de
sanción”[148].

La exigencia de interpretar las normas que integran el bloque de constitucionalidad con el
texto constitucional es una consecuencia lógica de la ausencia de normas
supraconstitucionales en el ordenamiento jurídico colombiano[149]. Como se explicó, las normas
del bloque de constitucionalidad en sentido estricto tienen el mismo rango de la Constitución
Política, que no superior y, por tanto, unas y otras deben interpretarse armónicamente[150]. Negrillas
propias.

48. Así las cosas, la apertura al DIDH y al bloque de constitucionalidad implica la integración
de los instrumentos internacionales a la Constitución Política, los cuales deben aplicarse de
manera armónica.

49. La Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH-, respecto de los derechos
políticos, estableció en su artículo 23, lo siguiente:

«1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal».[Énfasis por la Sala]

50. De conformidad con la norma convencional, los derechos políticos deben ser
reglamentados por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad o condena. Sin embargo, la Corte IDH como intérprete autorizado de la CADH,
frente a este punto ha dicho31:

«La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se,
una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar
sujetos a limitaciones32. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de
legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que
los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el
procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención
se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de
dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe
encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables,
atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés
público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para

31
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yatama vs Nicatagua, sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 206.
32
Cfr. Case of Hirst v. the United Kingdom (no. 2), no. 74025/01, § 36, ECHR-2004.

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alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor
proporcionalidad con el propósito que se persigue33» [Negrillas y subrayas propias].

51. La anterior interpretación fue reiterada34 por la Corte IDH, en tanto señaló que: «salvo
algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a no
ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no
son absolutos” y que “Los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos
a limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática»35 Negrillas propias.

52. Se puede concluir, que al no ser absolutos los derechos políticos, los estados parte pueden
regular su aplicación con miras a darles efectividad conforme con su realidad, basados en el
principio de autonomía y soberanía, es decir, la Corte IDH reconoce «una amplia variedad de
formas de gobierno y ha resaltado que su función y objetivo no es crear un modelo uniforme de
democracia representativa para todos los Estados, sino determinar si /…/ un Estado infringe derechos
humanos fundamentales»36, por ello, toda limitación debe cumplir los parámetros de legalidad,
necesidad y proporcionalidad.

53. Al respecto, se precisa que, si bien la CADH en el sistema normativo colombiano hace
parte del bloque de constitucionalidad, lo cierto es que, en aspectos como el analizado en este
caso, las inhabilidades per se no comportan un desconocimiento del citado instrumento
internacional.

2.4 Generalidades de las inhabilidades – reiteración jurisprudencial37

54. La Constitución Política de 1991, al establecer desde el artículo 1.º la forma de
organización que se adoptaría, precisó que Colombia es una república unitaria «democrática,
participativa y pluralista» y, en el artículo 2º íd. consagra como finalidades del Estado «facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación».

55. Este principio fundante de la estructura constitucional está relacionado con el derecho de
participación política en su componente de acceso al ejercicio de funciones públicas, tal como
lo consagra el artículo 40 constitucional:

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1 . Elegir y ser elegido.

33
Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 5, párrs. 96 y 133; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 121
y 123; y La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-
5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46. Asimismo cfr. Eur. Court H.R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March
1985, Series A no. 90, para. 58; Eur. Court H.R., Case of Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, para.
59; O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 27, Libertad de circulación (art. 12) de 2 de noviembre de 1999, párrs. 14
y 15; y O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y
derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25) de 12 de julio de 1996, párrs. 11, 14, 15 y 16.
34
Concretamente frente al derecho consagrado en el artículo 29.b de la CADH.
35
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 26 de septiembre de
2006, párrafo 124.
36
DALLA VIA Alberto Ricardo, Los Derechos Políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Political Rights in the Inter-
American System of Human Rights. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30080.pdf
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Radicación 11001-03-28-
000-2022-00107-00 (Acum). M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 19 de noviembre de 2020. Radicación 50001-23-33-000-2020-00001-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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(…) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y
determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

56. Acorde con lo anterior, no existen derechos absolutos, tal como lo ha señalado esta
sección38 y, por ende, tal prerrogativa constitucional puede ser objeto de restricciones
razonables y proporcionales siempre que estén permitidas en el texto fundamental y la ley,
limitaciones que, desde luego, se contraponen directamente al interés del ciudadano de
participar en el ejercicio, conformación y control del poder político39.

57. Tales limitaciones también encuentran sustento en la finalidad de la función pública, que
busca la satisfacción de los intereses de la población desde los específicos criterios que guían
su ejercicio, como son la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, conforme al artículo 209 superior40

58. Es que, las inhabilidades constituyen una forma legítima de restringir el alcance de los
derechos políticos, reafirmando que no se trata de una prerrogativa absoluta y, así lo señaló la
Corte Constitucional:

[L]as inhabilidades son ‘aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o
imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público (…) y tienen como
objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos’, y que las mismas pueden tener
naturaleza sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional y de punición
por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza.38

[…] Sin perjuicio de su relevancia para el desarrollo del sistema democrático, en varios
pronunciamientos, la Corte ha sido enfática en señalar que el ejercicio de los derechos asociados a
la participación política, incluyendo el de elegir y ser elegido, no revisten carácter absoluto, puesto
que dependen de las reglas que imponga el legislador con el fin de asegurar principios democráticos,
tales como el pluralismo, la defensa de las minorías y la transparencia en los procesos electorales.41

59. Esta corporación también se refirió a las inhabilidades como una figura que implica
restricciones al ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político, para:

impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran afectadas por situaciones,
circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó como riesgos que afectan intereses,
valores y principios superiores protegidos.42

60. Así pues, es abundante la jurisprudencia que coincide en señalar que el régimen de
inhabilidades busca «impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que
no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad
y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público»43, cuyo propósito

38 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez Rad. 11001032800020140005100. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 12 de marzo de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500.
39 Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
y C-408 de 2001 M.P. Jaime Araújo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
40 Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-150 del 21 de mayo de 2021, M.P: Alejandro Linares Cantillo, expediente No. T-7.585.858.
42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29 de enero del 2019. Radicación 11001-03-
28-000-2018-00031-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
43
Corte constitucional. Sentencia del 4 de febrero de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. Expediente D-4060

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consiste en «preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»44.

61. Respecto de la acción electoral la Corte Constitucional45 ha reiterado que:

[…]

205. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado coinciden en señalar que el
objeto principal de la acción electoral “es determinar a la mayor brevedad la legalidad y
conformidad con la Constitución de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales.” Ello significa que “el juez solo debe confrontar la disposición que se dice
vulnerada con el acto de elección o designación, para determinar si el mismo se aviene o
no a los supuestos exigidos por la disposición que se dice desconocida, juicio meramente
objetivo que protege la voluntad popular del electorado.”[127]

206. Sobre las principales características de este medio de control, la Corte Constitucional,
en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha destacado las siguientes:

“a) Se trata de una acción pública que puede ser ejercida por el Ministerio Público o por
cualquier otro ciudadano que quiera discutir la legalidad del acto de la elección.

“b) Tiene la finalidad de proteger las condiciones de elección y elegibilidad establecidas por
la ley, por lo que sus objetivos son tres: (i) garantizar la constitucionalidad y la legalidad de
la función administrativa; (ii) salvaguardar la independencia y eficacia del voto y el uso
adecuado del poder administrativo en la designación de servidores públicos; (iii) preservar
la validez de los actos administrativos que regulan aspectos de contenido electoral con el
fin de materializar el principio de democracia participativa como base del Estado Social de
Derecho.

“c) El principio pro actione es propio de este medio de control, lo que quiere decir que las
normas procesales son instrumentos o medios para la materialización del derecho
sustancial.

“d) La nulidad electoral se origina en la violación de las disposiciones que regulan los
procesos y decisiones electorales y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que
existe para los ciudadanos elegidos por votación popular para ocupar cargos públicos.

“e) Las pretensiones en la acción de nulidad electoral solo están dirigidas a los siguientes
asuntos: (i) restaurar el orden jurídico abstracto vulnerado por un acto ilegal o
inconstitucional, es decir, aquellas que busquen dejar sin ningún efecto jurídico la
regulación electoral, la elección o nombramiento irregulares; (ii) retrotraer la situación
abstracta anterior a la elección o nombramiento irregulares; y (iii) sanear la irregularidad
que constato el acto inválido.

44
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 31 de julio de 2009. M.P. Susana Buitrago
Valencia Rad. 2007-00244-02.
45 Sentencia SU 326 de 2022 Corte Constitucional, 14 de septiembre de 2022, M.P Jorge Enrique Ibáñez Nazar

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“f) La acción deja sin efectos un acto administrativo de contenido electoral, previa
invocación, sustentación y prueba del hecho alegado que debe encontrar tipificación en
una de las causales de nulidad del acto acusado, dispuestas por la ley.

“g) Por ser una acción de nulidad la sentencia tendrá efectos erga omnes, es decir
generales, por lo que incluye incluso, desde el punto de vista electoral, a todos aquellos
que pudiendo haber participado en el proceso, se marginaron voluntariamente del mismo
o no concurrieron a él.”[128]

62. Por su parte, esta corporación ha sostenido que:46
[…]
En suma, el contencioso de nulidad electoral se instituyó con el propósito de revisar la mera
legalidad objetiva o juridicidad del acto demandado, este es, aquel declarativo de una
elección, pero nunca como un examen de la conducta desplegada por el candidato
que resultó elegido.

Así, la nulidad de un acto electoral no se concibe como una sanción, y por lo tanto en esta
disciplina no resulta admisible la aplicación del principio de favorabilidad para determinar la
configuración de las inhabilidades.
[..]

63. En ese orden de ideas, en el juicio penal el juez confronta la conducta del sujeto con el
ordenamiento jurídico para determinar si se debe imponer una sanción con las consecuencias
que establezca el régimen penal, mientras que en la nulidad electoral se confrontan las normas
jurídicas invocadas y el concepto de violación, es decir se hace un control objetivo de legalidad
que en nada se asemeja a una sanción.

2.5 Inhabilidad derivada de condena impuesta por delitos contra el patrimonio público

64. El artículo 122 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo
01 de 2009 establece:

ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

[…] Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior. (Negrillas fuera del texto)

65. De acuerdo con esta disposición constitucional, para que se configure la causal de
inhabilidad en comento se requiere que exista una condena en firme por delitos que afecten el
patrimonio del Estado.

66. Por su parte, el numeral 5° del artículo 275 de la ley 1437 de 2011 establece:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además cuando:

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 26 de junio de 2013, radicado 27001-23-31-
000-2012-00024-02, M.P Alberto Yepes Barriento.

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[…] 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

67. Siendo así, no podrán ostentar la calidad de servidor público quienes hayan sido
condenados por delitos que afecten el patrimonio del estado lo que acarreará la nulidad de la
designación.

68. La jurisprudencia constitucional47 ha sido consistente en señalar que la inhabilidad prevista
en el artículo 122 de la Constitución Política tiene carácter intemporal, en la medida en que el
Constituyente no estableció un límite temporal para sus efectos:

[…]

En desarrollo de su función interpretativa constitucional, esta Corporación tuvo oportunidad de
definir el alcance del artículo 122 del Estatuto Superior a propósito de una demanda dirigida
contra el artículo 17 de la Ley 190 de 1995, que permitía la rehabilitación de servidores públicos
condenados por delitos contra el patrimonio estatal.

Así, en Sentencia C-038 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte Constitucional declaró
inexequible la citada norma por considerar que la inhabilidad consagrada en el artículo 122
Superior es una inhabilidad intemporal que, por su misma naturaleza, impide tiempos inferiores
de purga. Al respecto, la Corte sostuvo que el texto constitucional no permitía al legislador
establecer inhabilidades inferiores a la intemporal en el caso de los servidores públicos
condenados por delitos contra el patrimonio del Estado y para efectos de que los mismos pudieran
ocupar de nuevo un cargo público.
[…]

Esta apreciación fue refrendada en otros fallos de la Corte, de los cuales vale la pena mencionar
los contenidos en las Sentencias C-374/97, C-948/02, C-209/00, C-1212/01, C-952/01, C-373/02,
C-948/02, y más recientemente en la Sentencia C-037/03.

Aunque alrededor del tema de las inhabilidades y más específicamente de la posibilidad que le
asiste al legislador para crear nuevos modelos de inhabilidad intemporal existe una ardua
discusión en la jurisprudencia, baste con decir por ahora que a la luz de la jurisprudencia transcrita
y de las sentencias enlistadas, la inhabilidad contenida en el artículo 122 de la Carta es una
inhabilidad sin término, que impide al servidor público afectado por ella volver a ejercer
función pública alguna. (negrillas propias)

69. En consecuencia, se ha precisado respecto de la inhabilidad señalada no es posible una
rehabilitación inferior al previsto por la propia Constitución, pues ello implicaría restringir el
alcance de una prohibición de rango constitucional.

2.6. Caso concreto

70. El señor Luis Ángel Hincapié Betancur sostiene que el Decreto 0657 del 21 de mayo de
2024, mediante el cual se designó al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de
Relaciones Exteriores, debe declararse nulo porque a la fecha de su expedición, el designado
se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la
Constitución Política, dado que se le había impuesto condena penal como autor del delito de
peculado por aplicación oficial diferente.

47
Corte Constitucional, 5 de agosto de 2003, Sentencia C-652 de 2003, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

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71. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la decisión adoptada mediante el auto
interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015, proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Quibdó, produjo efectos suficientes para entender que cesaron los
efectos de la inhabilidad constitucional para el señor Murillo Urrutia.

72. Inconforme con esa determinación, el demandante interpuso recurso de apelación
señalando que el juez de primera instancia otorgó a la referida providencia efectos que
exceden el ámbito propio de competencia del juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, pues una decisión adoptada dentro del trámite de ejecución de la sentencia penal
no puede modificar el alcance de una inhabilidad prevista directamente por la Constitución
Política ni desplazar el examen que corresponde realizar al juez electoral sobre la legalidad
del acto de nombramiento.

73. Sostiene el demandante que la naturaleza constitucional e intemporal de la inhabilidad
consagrada en el artículo 122 de la Constitución Política configura la nulidad electoral porque
le impide al demandado acceder a los cargos públicos y, si bien es cierto que el auto 447 del
5 de junio de 2015 dejó sin efectos la inhabilidad intemporal del señor Murillo Urrutia, dicho
auto interlocutorio no tiene la vocación de modificar un mandato constitucional.

74. Tanto el demandado como la autoridad que expidió el acto coinciden en sostener que, para
la fecha de nombramiento del señor Luis Guillermo Murillo Urrutia, su situación jurídica había
cambiado, pues la inhabilidad intemporal dejó de existir de manera expresa producto de la
decisión del juez de ejecución de penas.

75. Para resolver el problema jurídico, la Sala analizará el conjunto probatorio obrante en el
expediente, particularmente, las decisiones proferidas por la jurisdicción penal, aportadas al
plenario, sin censuras sobre su autenticidad y las actuaciones adelantadas posteriormente en
sede administrativa y constitucional, con el propósito de establecer el alcance jurídico de cada
una de ellas, frente a la configuración de la inhabilidad alegada, a saber:

• Auto del 17 de marzo de 1998, en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
inadmitió el recurso extraordinario de casación discrecional interpuesto por el defensor del
señor Luis Gilberto Murillo Urrutia y el procurador 158 Judicial en lo Penal de Quibdó contra
la sentencia de 29 de agosto de 1997. Por lo tanto, adquirió firmeza la condena penal que
impuso el Tribunal Superior de Quibdó al señor Murillo Urrutia.

• Providencia del 12 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Quibdó, en el radicado 112, mediante la cual se negó la solicitud de aplicar el principio
de favorabilidad y declarar la ineficacia de la sentencia que condenó a LUIS GILBERTO
MURILLO URRUTIA por peculado por aplicación oficial diferente48, dado que el artículo 136
del Decreto 100 de 1980 conservó la tipificación de la conducta en el artículo 399 de la Ley
599 de 200049. En esta oportunidad se indicó:

48
El Señor Murillo Urritia invocó el principio de favorabilidad con sustento en que la estructura del delito por el cual fue condenado varió
ostensiblemente con ocasión de la descripción típica prevista en el código penal actual, que exige que la destinación de los recursos se de
en perjuicio de la inversión social o de salarios y prestaciones, por lo que su conducta, al tenor de la nueva legislación, resulta atípica.
49
Dado que, a partir de su vigencia, para que se configure ese tipo penal se requiere que los recursos destinados de manera oficial diferente
provengan de la inversión social o los salarios y prestaciones.

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[…] 1993, los recursos que se destinan al “saneamiento ambiental” se consideran “gasto
público social” lo que impone concluir que el encartado con su accionar sí afectó la inversión
social a cargo de CODECHOCO, en el componente del saneamiento ambiental.

Corolario de lo esbozado es, que, si para la época de los hechos la definición del delito de
Peculado por Aplicación Oficial diferente fuese(sic) sido idéntica a la que hoy trae el artículo
599 del 2000, la conducta comportaba por el doctor LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
habría resultado ser típica de esa conducta punible.

• Auto del 15 de septiembre de 2010, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el
proceso radicado Nº 34471, por el cual inadmitió el recurso extraordinario de revisión contra
el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Quibdó el 29 de agosto de
1997, sustentado en la existencia de prueba nueva y, en esta ocasión se concluyó:

[…] Como viene de verse, es claro que el medio probatorio ahora aportado en nada cuestiona las
pruebas que sirvieron de pilar a la sentencia contra la cual se dirige la acción, ni tampoco tiene la
virtud de derruir los planteamientos del Tribunal, pues no pasa de ser una opinión del Jefe de
Inversiones y Finanzas del Departamento Nacional de Planeación, la cual, desde luego, carece de
carácter vinculante en la formación del criterio de los funcionarios judiciales, los cuales únicamente
están sometidos al imperio de la ley.

Adicionalmente se tiene que las consideraciones del ad quem siguen vigentes en punto de
la utilización de recursos dispuestos en el presupuesto para una finalidad diversa de la
establecida allí, sin poderse argumentar válidamente que dentro del concepto de saneamiento
ambiental también estaba incluida la reparación de la escuela ordenada por el sentenciado».
(Resaltado propio).

• Auto interlocutorio 208 del 8 de julio de 2011, mediante el cual el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó resolvió una nueva petición de ineficacia de
la sentencia penal proferida en segunda instancia el 29 de agosto de 1997. Al responder los
argumentos de la defensa sobre unos antecedentes de orden contencioso administrativo,
concretamente, las sentencias 15001-23-31-000-2003-02964-02 (3760) y 2452-2483 de la
Sala Electoral, sostuvo que:

[…] no desconocemos representa un efecto legalmente contrario a las decisiones conocidas
del Consejo de Estado en sede electoral del cual nos permitimos transcribir poniendo en relieve
también la opinión en contrario de la sala de consulta y servicio civil (sic); podría advertirse
que en sede de esa instancia administrativa al momento que un aspirante opte por ser
nombrado en un cargo como es el gobernador eventualmente podría salir indemne del
proceso de nulidad de su elección si la sala electoral del Consejo de Estado mantiene
su línea jurisprudencial conocida hasta el año 2006; empero, esto para efectos de la
ineficacia de la sentencia no es pertinente no sólo porque el precedente judicial no obliga si no
desde la óptica legal planteada por la Corte Suprema de Justicia; ya que cuando ésta
consideró al reponer una decisión propia que se estaba juzgando en sede de única instancia,
lo único alcanzado con ella era retirar del mundo jurídico la inhabilidad perpetua del artículo
122 para los funcionarios públicos condenados por delitos culposos exceptuando los dolosos,
situación totalmente contraria al propósito objeto de esta solicitud, no sólo porque la Corte
consideró que los delitos de peculado no pueden decretarse la extinción de los mismos como
es lo pretendido por el peticionario, lo que se determinó es la inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas, sentencia de única instancia radicado 18029 de 2008 que nos permitimos
transcribir sus apartes:

[…] hasta ahora decantado; es que dentro del proceso ordinario se puede reclamar los efectos
de la inhabilidad perpetua constitucional del artículo 122 no se hagan efectiva cuando se trata
de que erróneamente se le aplicó a un peculado culposo, está claro que en ningún caso lo ha
aplicado para derrumbar una sentencia penal y menos para un peculado doloso como el caso
presente.

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Demandantes: Luis Ángel Hincapié Betancur
Demandado: Luis Gilberto Murillo Urrutia.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01225-01

En resumen, la norma incriminadora prevista en el Código Penal de 1980 de cara al artículo
38-9 de la Ley 906 de 2004 no ha sido declarada inexequible y tampoco ha perdido su
vigencia, como lo dijo el despacho al resolver el recurso en el interlocutorio, trayendo a
colación los radicados 20740 del 23 de febrero de 2006 de la Sala Penal de la Corte Suprema,
sino que con la Ley 599 en su artículo 399 le agregó un ingrediente que lo hizo más exigente
y por ende no es posible acceder a la petición del togado; adicionalmente tampoco
podríamos, so pretexto de una tesis jurisprudencial, declarar ineficaz un proceso penal;
por cuanto, la Corte Constitucional tiene por entendido que las inhabilidades por razón
de conductas punibles deben cumplirse a cabalidad de la Constitución del año 1991;
como quiera que los hechos ocurrieron luego de su promulgación, el operador judicial debe
respetar como lo dice la Corte Constitucional el precedente constitucional enarbolado en la
Sentencia C-072 de 2010 como inhabilidad para el desempeño del servicio público, ha estado
presente en la Carta desde el año de 1991, primero impidiendo que los servidores públicos se
posesionen cuando han sido condenados por conductas contra el patrimonio económico del
Estado. (Resaltado propio).

76. Hasta este momento el juez natural descartó la posibilidad de declarar la ineficacia de la
sentencia condenatoria impuesta al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia, pues al analizar el
alcance de la modificación introducida por el artículo 399 de la Ley 599 de 2000, concluyó que
la conducta seguía siendo típica, por lo que no fue posible acceder a la petición elevada,
decantándose por separar los pronunciamientos de las diferentes jurisdicciones y su ámbito
competencial.

• Auto del 11 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Superior de Quibdó -Sala
Penal de descongestión- por medio del cual se desató el recurso de apelación contra el auto
208 del 8 de julio de 2011

77. Dicha corporación sostuvo que la pena del demandado se extinguió conforme lo decidió el
juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, el 11 de agosto de 2009,
razón por la cual desapareció el poder punitivo del Estado. Por ello concluyó que:

[…] En este orden de ideas, no hay lugar en ésta instancia procesal a que el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, se hubiese pronunciado conforme lo pretende
de la defensa y su prohijado: MURILLO URRUTIA, en reexaminar la situación jurídica de éste
profesional, con la finalidad de que se aplique el principio de favorabilidad y consecuente se
declare la ineficacia de la sentencia que fuera proferida en contra suya, por el delito de
peculado por aplicación oficial diferente, pues se encontraban frente a situaciones jurídicas
ya consolidades en el tiempo, situación por la que no resultaba viable estudiar la solicitud
presentada.

Esta es la razón por la cual, pese que al parecer el artículo 399 del nuevo Código Penal, cuya
estructura típica se modificó en el sentido de ser aumentadas las exigencias para que se configurara
el delito y, en el entendido que si no hay perjuicio para la inversión social o para los salarios o
prestaciones de los servidores con las consecuencias beneficiosas o no para el sentenciado
MURILLO URRUTIA, eso no significa que dicha consideración resulte aplicable al caso ya juzgado,
pues la declaratoria de extinción de las penas principales de PRISIÓN y MULTA, así como la
accesoria de INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS, ya cumplieron su
función y, el proceso se encuentra legalmente terminado y, hace tránsito a cosa juzgada
material.

La Sala no podría culminar sin advertir que de prosperar lo pretendido por la defensa y su
prohijado LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, generaría efectos nocivos para el proceso,
pues éste dejaría de ser escenario firme y claro, regido por la transparencia y la legalidad,
con reglas claras para el Juez y los sujetos procesales, para convertirse en un pantano
paradigmático de inestabilidad jurídica. (Resaltado propio).

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• Sentencia del 26 de junio de 2013, proferida por esta Sala Electoral, dentro del radicado
27001-23-31-000-2012-00024-02, en la cual se declaró la nulidad del acto de elección del
demandado como gobernador del Chocó para el periodo 2012-2015, al considerar que al
tenor del artículo 122 de la CP, se encontraba inhabilitado para ser elegido.

78. Esta providencia citó dos sentencias de la Sección50, en las cuales se refirió a las condenas
penales impuestas por el delito de peculado por aplicación oficial diferente y su
despenalización, salvo cuando se genera perjuicio a la inversión social o a los salarios o
prestaciones sociales de servidores públicos, para concluir que, el principio de favorabilidad
era extensible a las inhabilidades de origen electoral.

79. Seguidamente, rectificó su jurisprudencia en lo referente a los efectos de la favorabilidad
señalando que i) este principio es aplicable en derecho sancionatorio y laboral, pero es
incompatible con la materia electoral, cuyo objeto se agota en la mera legalidad objetiva o
juridicidad del acto y no examina la conducta del demandado, ii) el régimen de inhabilidades
es de reserva legal, iii) la inhabilidad no es una sanción, sino una garantía de que el
comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función pública y su finalidad consiste
en proteger el interés general y la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante, iv) el artículo
122 de la Constitución Política consagra una inhabilidad intemporal avalada en sentencias
como la C-426 de 2002 y C-038 de 1996 y v) aceptar la favorabilidad en materia de
inhabilidades, admite que el juez legisle y pueda ser creador de excepciones de las normas y
sus elementos.

• Sentencia SU-917 de 201351 de la Corte Constitucional en la que se declaró improcedente
el amparo solicitado por el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia contra el Juzgado de Ejecución
de Penas y medidas de seguridad de Quibdó (Chocó) y la Sala de Descongestión del
Tribunal Superior de Quibdó. Consideró que existía un fallo del Consejo de Estado
relacionado con la aplicación del principio de favorabilidad para decretar la ineficacia de la
condena penal y, tratándose de una decisión de alta corte, estaba amparada por la
presunción de juridicidad, con mayor razón al tener en cuenta que en su contra no se había
formulado acción de tutela; por lo tanto, concluyó:

(…) 39.3. Finalmente, en cuanto al tercer aspecto y al margen de la necesidad de contar con una
acusación concreta contra el fallo del Consejo de Estado, la Sala advierte prima facie que no hay
circunstancias objetivas sobrevinientes que justificasen la pretendida ineficacia de dicha decisión.

En efecto, la argumentación central del actor consiste en considerar que la modificación del
tipo penal tornó atípica la conducta cometida y que, por lo mismo, la inhabilidad para ejercer
cargos y funciones públicas perdería sustento normativo. En criterio de la Corte, en tanto se
trata de una modificación del tipo penal de peculado por destinación diferente y no su
derogatoria, la corrección del anterior argumento dependería de demostrar que a partir de la
nueva regulación, la conducta por la cual el ciudadano Murillo Urrutia fue condenado
penalmente no sería actualmente punible. Esta labor escapa de la competencia de la
jurisdicción penal (sic)52, puesto que corresponde a los jueces penales.» (Resaltado propio).

50 Sentencia de 19 de julio de 2022. M.P. Roberto Medina López, Radicado 11001-03-28-000-2000-00047-01 (2452) acumulado al 11001-
03-28-000-2002-00015-01 (2483) y sentencia de 17 de marzo de 2006. M.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicado No. 15001-23-31-000-2003-
02964-02 (3760)
51
Proceso de revisión del fallo de tutela dictado en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de
julio de 2012, que negó la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Luis Gilberto Murillo Urrutia contra el Juzgado de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Quibdó (Chocó) y la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Quibdó.
52
Mas adelante en las conclusiones del fallo aclaró que la evaluación de una conducta punible corresponde, de manera general, a la
jurisdicción penal y no a la Corte Constitucional, puesto que es a ella a la que corresponde definir la responsabilidad por la comisión de delitos.

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• Auto del 5 de junio de 2015, proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Quibdó, en el que indico que el 11 de agosto de 2009, ese despacho
declaró extinguidas las sanciones penales principales y accesorias impuestas en la
sentencia de 29 de agosto de 1997 y, por ello, negó la ineficacia de la sentencia penal.
Seguidamente, sostuvo que el fallo condenatorio expedido, aun declarada extinta la pena,
generó la inhabilidad intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución Política que
indefectiblemente continuaba produciendo efectos lesivos relacionados con el ejercicio de
los derechos políticos y demás conexos del señor Murillo Urrutia, lo que, según ella,
constituía un supuesto válido para asumir el estudio de la petición.

80. Para negar la ineficacia de la sentencia condenatoria dijo que:

[…] Del análisis de los antecedentes y de las sentencias se observa que las peticiones que
fueran negadas en este proceso, estaban orientadas a indicar que el delito había dejado de
existir dentro del ordenamiento jurídico, aspecto del que esta Juez no se encuentra de
acuerdo, porque la modificación del delito en alguno de sus aspectos no fue excluido del
ordenamiento nacional y si bien es cierto, varió sustancialmente, ese tema ya fue decantado
y definido por las instancias. Empero, aplicar la ineficacia indudablemente involucraría
que esta funcionaria invadiera órbitas de los jueces de conocimiento ya superadas y
solo podría hacerse ello, si la nueva normatividad, excluyera su persecución como
parecieron interpretarlo en un inicio el defensor del condenado, lo que no aconteció,
máxime si se tiene en cuenta que la condena ya se encontraba extinguida. (Negrillas
propias).

81. No obstante, decidió ejercer control de convencionalidad sobre la inhabilidad del artículo
122 superior, en donde dispuso la cesación de sus efectos para, en su lugar, otorgar en favor
del condenado, el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos, al considerar que:

[…] Es por lo anterior que si realizamos el análisis para que se aplique el principio de favorabilidad
frente a la conducta fallada en desfavor del señor MURILLO URRUTIA, por la modificación legal,
tendríamos que decir, como se ha reconocido, que si bien el delito fue típico, no fue antijurídico y
al no serlo, mucho menos podríamos acudir al referente de la culpabilidad, e indudablemente
incursionaríamos en la sentencia misma, cuya condena ya se extinguió, por ello no es factible
invadir competencias diferentes a la de ejecución de la sanción penal, quedando indefectiblemente
supeditado el presente pronunciamiento a los efectos desfavorables al condenado y es así
como lo entiende la suscrita.

Sin ir más lejos, ejerciendo el control de convencionalidad, con miras a la aplicación del principio
de favorabilidad solicitada por el defensor del señor MURILLO URRUTIA, y con ocasión del nuevo
y favorable referente de antijuridicidad por la modificación sobreviniente, esto es, la Ley 599 de
2000, el principio debe aplicarse de manera genérica y no restringida; por ello es procedente el
petito, pero subsumido a este especial sentido.

Deviene de lo anterior, que se dispondrá la cesación de los efectos de la inhabilidad intemporal que
existe en contra del condenado y por ello se restablecerán sus derechos civiles y políticos,
subsistentes como consecuencia de dicho fallo de condena, hoy extinguido. (...)

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la INEFICACIA de la sentencia penal propuesta nuevamente por la defensa del
señor LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, por las razones arriba expuestas.

SEGUNDO: En ejercicio de control de convencionalidad APLICAR el principio de favorabilidad en
este asunto y DEJAR SIN EFECTOS la inhabilidad intemporal existente contra el condenado
MURILLO URRUTIA, con arreglo a las consideraciones de esta decisión. (…)

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82. Esta decisión constituye el principal fundamento de la defensa y de la sentencia apelada,
para concluir que el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia no se encontraba inhabilitado al
momento de su designación como ministro de Relaciones Exteriores. Por ello, corresponde a
la Sala determinar el alcance jurídico de dicha providencia y establecer si la decisión allí
adoptada impide al juez electoral verificar la configuración de la inhabilidad prevista en el inciso
quinto del artículo 122 de la Constitución Política.

• Sentencia de tutela de 6 de junio de 2022, mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de 11 de
marzo de 2022 que amparó los derechos del demandado y declaró la carencia actual
por hecho superado.

83. En primera instancia, el Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó
a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional- Dirección de Investigación
Criminal e Interpol- Área de Administración de Información Criminal que en el término de seis
(6) horas actualizara los efectos del auto interlocutorio 477 del 15 de junio de 2015, dictado por
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó (Chocó), en los registros
y bases de datos públicos que administra, entre ellos, Sistema de Información Operativo,
suprimiendo la anotación que reposa sobre la sentencia condenatoria del 19 de agosto de 1997
para garantizar al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia el goce efectivo de los derechos civiles y
políticos, en especial postularse a cualquier cargo de elección popular.

84. El 6 de junio de 2022, en sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la decisión del 11 de marzo de 2022
y declaró la carencia actual objeto por hecho superado, tras constatar que la entidad accionada
actualizó la información conforme al auto 447 de 5 de junio de 2015 y no se encuentra
anotación vigente respecto a la sentencia condenatoria de 1997; de ahí que al consultar los
antecedentes judiciales en la página web de la Policía Nacional para el 6 de junio de 2022
aparece que “no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales”

Análisis probatorio

85. La prueba recaudada permite acreditar que:

• No es materia de discusión entre las partes que el demandado fue condenado por el delito
de peculado por aplicación oficial diferente, el 29 de agosto de 1997, mediante sentencia de
segunda instancia que le impuso las penas principales de 6 meses de prisión con multa de
$1.000.oo y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 1
año. Esta sentencia quedó en firme cuando la Corte Suprema de Justicia inadmitió53 el recurso
extraordinario de casación el 17 de marzo de 1998, tras señalar que no se transgredía el
principio de legalidad con el particular alcance que pretendían darle a la conducta realizada
por el enjuiciado y asumir como hecho cierto que se había ordenado un gasto no autorizado
presupuestalmente.

53
La inadmisión, al tenor del artículo 226 del Decreto 2700 de 1991, normativa procesal penal bajo la cual se
tramitó la casación, impone la devolución del proceso al tribunal de origen, por incumplimiento de los requisitos
de admisibilidad del recurso, lo que significa que no es procedente su trámite y resolución de fondo.

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86. Teniendo en cuenta que dicha sentencia había cobrado ejecutoria, se interpuso en su
contra el recurso extraordinario de revisión, argumentando la aparición de una prueba nueva;
sin embargo, también fue inadmitido por la Corte Suprema de Justicia el 15 de septiembre de
2010. Ello implica que no se estudió de fondo la decisión cuestionada y, por ende, permaneció
incólume; es decir se mantuvo la ejecutoria y todos sus efectos jurídicos porque ya hizo tránsito
a cosa juzgada.

87. El delito de peculado por aplicación oficial diferente por el cual fue condenado el
demandado estaba consagrado en el Decreto Ley 100 de 1980, artículo 136, el cual fue
modificado por la Ley 599 de 2000, que no lo eliminó, pero lo modificó, adicionando un
elemento normativo, así:

Decreto 100 de 1980 (art. 136) Ley 599 de 2000 (art. 399)
ARTÍCULO 136. Peculado por aplicación oficial El servidor público que dé a los bienes del Estado
diferente. El empleado oficial que dé a los bienes o de empresas o instituciones en que éste tenga
del Estado o de empresas o instituciones en que parte, cuya administración, tenencia o custodia
éste tenga parte, cuya administración o custodia se se le haya confiado por razón o con ocasión de
le haya confiado por razón de sus funciones, sus funciones, aplicación oficial diferente de
aplicación oficial diferente de aquella a que están aquella a que están destinados, o comprometa
destinados, o comprometa sumas superiores a las sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en las invierta o utilice en forma no prevista en éste,
forma no prevista en éste, incurrirá en prisión de en perjuicio de la inversión social o de los
seis (6) meses a tres (3) años, (multa de un mil a salarios o prestaciones sociales de los
cincuenta mil pesos) e interdicción de derechos y servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a
funciones públicas de uno (1) a tres (3) años. cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece
punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo término. (Las
negrillas corresponde a la modificación de la
norma)

88. Con fundamento en dicha modificación, el demandado elevó numerosas solicitudes
tendientes a obtener la ineficacia de la sentencia condenatoria y todas fueron negadas, así:

• 12 de julio de 2007 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó negó la petición,
tras considerar que los dineros con los que se pagó la reparación del plantel educativo,
estaban destinados al «SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ZONA MINERA DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO», que se consideran «gasto público social» conforme
a los artículos 366-1 de la Constitución Política y 47 de la Ley 99 de 1993. En ese orden
de ideas, el delito también se tipificaría al tenor de la nueva disposición.
• 8 de julio de 2011 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Quibdó consideró que solo se ha declarado la ineficacia de la inhabilidad perpetua
prevista en el artículo 122 de la Constitución Política cuando erróneamente se le aplicó
a un peculado culposo, no para derrumbar una sentencia penal y menos para un
peculado doloso; máxime que la norma no ha perdido vigencia.
• 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior de Quibdó confirmó la decisión
impugnada (208 de 8 de julio de 2011) indicando que, al declararse la extinción de la
sanción penal, desaparece el poder punitivo del Estado y los jueces no pueden
continuar pronunciándose, excepto sobre asuntos consustanciales a tal declaratoria.
Además, citó decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
según la cual «resulta pertinente aclarar que frente a situaciones jurídicas ya

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consolidadas en el tiempo no puede aducirse la aplicación retroactiva de la ley más
favorable ...».
• 5 de junio de 2015 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Quibdó decidió: i) negar la ineficacia de la sentencia penal propuesta y, ii) en ejercicio
de control de convencionalidad, aplicar el principio de favorabilidad, dejando sin efectos
la inhabilidad intemporal.

89. Así las cosas, la sentencia penal impuesta no se dejó sin efectos, no fue anulada,
revocada, sustituida, ni declarada ineficaz. Por el contrario, todas reafirmaron la vigencia de la
sentencia ejecutoriada, incluso el auto que efectuó el estudio de convencionalidad e inaplicó
la inhabilidad intemporal, porque señaló expresamente en el numeral primero de la parte
resolutiva que la sentencia ya se había extinguido y, por ende, no podía declararse su
ineficacia.

90. En cuanto al control de convencionalidad ejercido por la juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad que dejó sin efectos la inhabilidad intemporal, es necesario hacer
precisiones sobre: i) control ejercido por el juez de ejecución de penas, ii) los efectos del control
difuso de convencionalidad y iii) la vinculatoriedad de dicha decisión para el juez electoral.

Control ejercido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad

91. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP461-2020
(rad. 56289) del 19 de febrero de 202054, precisó que el juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad únicamente puede reconocer la ineficacia de una sentencia condenatoria cuando
se presenta alguno de los eventos taxativamente previstos en el numeral 8 del artículo 79 de
la Ley 600 de 2000, esto es, cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible
o haya perdido vigencia, dado que no puede reabrir el debate sobre la tipicidad de la
conducta, modificar los hechos establecidos en la sentencia ni desconocer la cosa juzgada, ya
que su competencia se limita a la vigilancia de la ejecución de la sanción penal y a la
aplicación objetiva del principio de favorabilidad en los eventos expresamente
autorizados por la ley, al respecto señaló:

Corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, reconocer la ineficacia de
la sentencia condenatoria, cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya
perdido su vigencia, como lo prevé el artículo 79 de la Ley 600 de 2000, en su numeral 8° (…)

Deviene de lo anterior, que el reconocimiento de la ineficacia de la sentencia atribuida como función
jurisdiccional al juez que vigila el cumplimiento de las penas se circunscribe a las dos causales
mencionadas, quedando excluidas circunstancias adicionales, no sólo porque el legislador
no previó otros eventos, sino porque cualquier amplificación de la norma por vía
interpretativa pondría en riesgo la inmutabilidad de la sentencia, ámbito exclusivo de la
acción de revisión.

No en vano, el legislador fue cuidadoso para no adjudicar al juez encargado de vigilar el
cumplimiento de las sanciones penales, alguna función que conlleve examen del fallo proferido por
el funcionario de conocimiento, que en ocasiones puede ser incluso de mayor jerarquía. (Negrillas
propias).

92. Conforme a lo expuesto, la decisión del juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad se circunscribe a la vigilancia de las sanciones penales y, si bien en este caso dicho

54
https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2feb2020/SP461-2020(56289).pdf

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funcionario optó por ejercer un control difuso de convencionalidad para inaplicar la sanción
intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, es preciso determinar el efecto
de esa decisión sobre el elemento objetivo de la inhabilidad.

93. El control difuso de convencionalidad exige al juez, en casos concretos y en el ámbito de
su competencia, un examen oficioso de compatibilidad entre las disposiciones internas, la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos como parte integrante del bloque de
constitucionalidad en estricto sentido y la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
privilegiando la interpretación que garantice de mejor manera, en el caso concreto, los
derechos humanos.

94. Por lo tanto, en caso de inaplicar una norma, la decisión no deroga ni anula el precepto;
es decir que no produce efectos generales o erga omnes porque la disposición no se expulsa
del ordenamiento jurídico y conserva su vigencia.

95. Los anteriores planteamientos permiten concluir que la inhabilidad constitucional e
intemporal consagrada en el artículo 122 C. P., como causal de nulidad, conserva vigencia y
opera de pleno derecho, como salvaguarda del interés general, por estar consagrada en la
carta de derechos. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en providencia del 6 de agosto de 2025, radicado 63591 sostuvo:

6.3. De otro lado, en los términos acotados por la Sala en otras oportunidades, si bien resulta
acertado el lapso por el cual se impuso la sanción de inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas, dicho quantum solamente aplica en relación con el ejercicio de los derechos
políticos de elegir y ser elegido, ya que al tenor del artículo 122 de la Constitución Nacional y
considerando que se profirió condena por el delito de peculado por apropiación, el cual afecta el
patrimonio estatal, la prohibición para el ejercicio de funciones públicas como desempeñar cargos
públicos y celebrar contratos con el Estado en forma directa o a través de interpuesta persona,
procede de modo intemporal.

(...) «En todos los casos de condena por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado,
o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, se debe imponer la pena de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término previsto en el Código Penal.

Es deseable en la sentencia, a la vez, imponer la sanción permanente del artículo 122, inciso
5°, de la Constitución. Pero si no se hace, es una omisión intrascendente porque, de todas
formas, como lo ha reiterado la Sala, la medida opera de pleno derecho. (Negrillas fuera del
texto).

96. La decisión adoptada por la juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
fundamentó la decisión del CNE para negar la revocatoria de inscripción de la candidatura del
señor Murillo Urrutia como fórmula vicepresidencial del doctor Sergio Fajardo Valderrama y la
sentencia de tutela que ordenó cancelar el registro de la condena; por lo tanto, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió el 14 de marzo de 2022 certificación
según la cual, el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia reunió las calidades exigidas por el artículo
91 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) para desempeñar el cargo de presidente de
la República, advirtiendo que el despacho consultó y descargó la certificación de antecedentes
penales y requerimientos judiciales de la página web de la Policía Nacional de Colombia, en la
cual consigna que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. De la misma
manera, consultó certificados del Sistema Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), el de
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, de que no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes y tampoco para el cargo de presidente de la Republica y

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certificado del contralor delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro
coactivo, de la Contraloría General de la República, según el cual, en el Sistema de Información
del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) no está reportado como responsable fiscal.

97. Aunque un juez de tutela ordenó suprimir el registro de la condena impuesta, la inhabilidad
no depende de los antecedentes, sino de la existencia de la sentencia penal ejecutoriada que,
en este caso, no perdió eficacia jurídica; por lo tanto, corresponde al juez electoral adoptar la
decisión correspondiente verificando que: i) el delito de peculado por aplicación oficial
diferente no desapareció del ordenamiento jurídico, pese a que se le adicionó un elemento
normativo, ii) la sentencia que le impuso condena al demandado nunca fue declarada ineficaz
y, iii) la inhabilidad intemporal proviene de la disposición constitucional y opera de pleno
derecho, aun en el evento de que la sentencia no la consagre expresamente.

98. Acorde con lo expuesto, se reitera el precedente adoptado por esta Sección al proferir la
sentencia que declaró la nulidad de la elección como gobernador del Chocó del señor Luis
Gilberto Murillo Urrutia, para el período 2012-2015, cuando se rectificó la jurisprudencia y se
centró nuevamente el estudio de legalidad del medio de control de nulidad electoral.

99. En consecuencia, se verificarán los siguientes elementos que exige la configuración de la
inhabilidad, así: i) La prohibición cobija, en general, a quienes pretendan ser servidores
públicos, ii) que el sujeto haya sido condenado penalmente, iii) que se trate de la comisión de
delitos que afecten el patrimonio del Estado, o relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en
Colombia o en el exterior y, finalmente iv) que la condena penal se hubiese proferido en
cualquier época.

100. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que el demandado fue nombrado ministro
de Relaciones Exteriores, aunque en su contra existe sentencia penal ejecutoriada, proferida
el 29 de agosto de 1997, por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, el cual fue
modificado en el sentido de adicionar un elemento normativo, pero no se declaró inexequible,
no perdió vigencia ni desapareció del ordenamiento jurídico.

101. Además, dicho delito afecta el patrimonio del Estado como lo ha sostenido la Corte
Suprema de Justicia55 así:

[…]
16. Estos reatos, es decir, los que afectan el patrimonio del Estado, a voces del
derogado canon 38 de la ley 734 de 2002, reproducción exacta de manera en el
precepto 42 de la Ley 1952 de 2019, son “aquellos que produzcan de manera directa
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterior de los bienes o recursos públicos,
producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público”

17. Así mismo, por previsión de la misma norma, “la sentencia condenatoria deberá
especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecta el
patrimonio del Estado”.

55
Radicado C.U.I 20001600107520150477301 del 1 de marzo de 2023 M.P Myriam Ávila Roldán

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18. Como ejemplos distintivos de los injustos que lesionan el patrimonio público,
respecto de los cuales siempre debe imponerse la inhabilidad intemporal, sentencia
CC C-652 de 2003 identificó los delitos de peculado por apropiación, peculado por
uso, peculado por aplicación oficial diferente y destino de recursos del tesoro nacional
para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales
preciosos.

102. Por su parte, la Corte Constitucional56 señaló respecto del peculado por aplicación oficial
diferente que:

[…]

En relación con el peculado por aplicación oficial diferente (art. 399 C.P.) puede
decirse otro tanto. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el perjuicio
al patrimonio del Estado también se ve representado en el uso indebido
de los bienes públicos. Dice en lo pertinente la norma:

Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política
a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el
patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento,
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una
conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Por ello, aunque en principio el peculado por aplicación diferente no conlleva
menoscabo, pérdida o deterioro del patrimonio público, la utilización indebida
también ha sido considerada por el legislador como causal de detrimento de la
hacienda estatal y debe generar inhabilidad intemporal. (negrillas propias)

103. Al tratarse de un delito que afecta el patrimonio del Estado el legislador estableció que
la inhabilidad para esos casos es intemporal, tal como lo señaló la Corte Constitucional57, así:

iii) La condena debe proferirse por la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado

La inhabilidad a que hace referencia el artículo 122 debe imponerse al servidor público
que ha sido condenado por un delito cometido contra el patrimonio del Estado.

No basta con que el delito afecte la administración pública. Es necesario que el mismo
se dirija específicamente contra el patrimonio público, es decir, que atente contra el
erario.

104. Como en este caso la condena fue por un delito en contra del patrimonio del Estado, el
señor Luis Gilberto Murillo Urrutia se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el inciso
quinto del artículo 122 de la Constitución Política para la fecha de su designación como ministro

56
Corte Constitucional, 5 de agosto de 2003, Sentencia C-652 de 2003, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
57 Ibidem

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de Relaciones Exteriores, circunstancia que configura la causal de nulidad invocada por el
demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada para en su lugar DECLARAR la nulidad del
Decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, mediante el cual el presidente de la República designó
al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx ».

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