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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01412-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01412-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el sentido de DECLARAR LA IMPROCEDENCIA las pretensiones respecto del departamento de Cundinamarca y la Comisión Nacional del Servicio Civil por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diana Patricia López Godoy Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro Radicación: 25000-23-41-000-2024-01412-01 TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2024-01412-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de diciembre de 2024

Demandante: Diana Patricia López Godoy
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01412-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01412-01
Accionante: DIANA PATRICIA LÓPEZ GODOY
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

Tema: Modifica primera instancia – declara improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 10 de octubre de 2024, dictada por la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. La señora Diana Patricia López Godoy, actuando a nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en
adelante CNSC) y el departamento de Cundinamarca. Su solicitud tiene como fin
que se le ordene el cumplimiento de lo ordenado en la Circular Externa 0011 de
2021, emitida por la CNSC.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las anteriores disposiciones
pretende lo siguiente:

[…] deberán efectuar su reporte en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad, en adelante SIMO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
ocurrencia de la novedad.

[…] se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de
elegibles, los empleos equivalentes con la denominación de PROFESIONAL
UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 3 que hayan sido declarados en vacancia
definitiva en virtud de alguna de las causales de retiro del servicio; o aquellos que
posterior a la fecha de la Convocatoria No. 1345 de 2019 – Territorial 2019 –
II, fueron declarados en vacancia definitiva y que al momento de la apertura de
dicha convocatoria estaban provistos con personal en Provisionalidad o en
encargo; o aquellos cargos para los causales de retiro del servicio consagradas
en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Lo anterior con estricto apego a los
parámetros consignados en el artículo 2.2.11.2.3. Del Decreto 1083 de 2015 y a
la CIRCULAR EXTERNA No 0011 de 2021.

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Demandante: Diana Patricia López Godoy
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
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1.2. Hechos y fundamento de la demanda

3. El 17 de junio de 2019, la CNSC expidió el Acuerdo No. CNSC –
20191000006326. Allí, convocó y estableció las reglas del proceso de selección
para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de la planta de personal de la Gobernación de
Cundinamarca – Convocatoria No. 1345 de 2019 – Territorial 2019 – II.

4. Adelantado el concurso, mediante Resolución 8599 del 11 de noviembre
de 2021, la CNSC expidió la lista de elegibles para proveer una vacante con la
denominación «Profesional Universitario, Código 219, grado 3», identificado con
el Código OPEC 108603. En esa oportunidad, la señora Diana Patricia López
Godoy ocupó el lugar número 5 de la anterior lista de elegibles, con 68.02 puntos
definitivos.

5. Posteriormente, por medio de la Ley 1960 de 2019 se modificaron algunas
disposiciones de la Ley 909 de 2004. La parte actora enfatizó en que el numeral
4.º del artículo 31, quedó de la siguiente manera:

ARTÍCULO 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de
selección comprende:

(…)

4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada por delegación de aquella elaborara (sic) en estricto orden de
mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y
en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó
el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que
surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.

6. Luego, el 16 de enero de 2020, la CNSC expidió el criterio unificado «Uso
de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019». La accionante
aseveró que allí se dejó clara la obligatoriedad de hacer uso de las listas de
elegibles con los cargos no ofertados en las respectivas convocatorias, cuyas
vacantes surgieran con posterioridad.

7. Mencionó que la lista de elegibles, conformada mediante la Resolución
8599 del 11 de noviembre de 2021, venció el 28 de noviembre de 2023, sin que
se le diera la posibilidad de que se usara, a pesar de que hubo vacantes antes
de que caducara esta.

8. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2021, la CNSC profirió la Circular
Externa 0011 con el asunto «Reporte de vacantes definitivas de empleos de
carrera administrativa en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad (SIMO)». En dicho documento, se indicó que las entidades que se
encuentren en una de las circunstancias previstas en los artículos 2.2.5.1.13 y
2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la vacante
definitiva en un empleo de carrera administrativa, deben realizar el reporte en el
sistema de apoyo SIMO dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
ocurrencia de la novedad; asimismo, dejó sin efectos las Circulares Externas
números 001, 0006, 0012 y 0019 de 2020.

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9. La señora López Godoy sostuvo que, en marzo de 2024, solicitó a la
Gobernación de Cundinamarca y a la CNSC el cumplimiento de la Circular
Externa 0011 de 2021 proferida por esta última.

3. Actuaciones procesales

10. En providencia del 6 de septiembre de 2024, la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda
En consecuencia, dispuso la notificación de la CNSC y del Departamento de
Cundinamarca.

4. Informes

4.1. CNSC

11. La autoridad se opuso a las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
adujo que carece de competencia, comoquiera que la obligación de
diligenciamiento de recolección de la información de los empleos de carrera
administrativa que se encuentran en vacancia definitiva corresponde
exclusivamente a los nominadores; para el caso puntual, la Gobernaciónón de
Cundinamarca.

12. En relación con los requisitos de la acción de cumplimiento, adujo que no
se acreditó el requisito de la renuencia, pues la solicitud 2024RS056586 del 19
de abril de 2024, fue atendida. De otro lado, mencionó que la pretensión de la
accionante no se limita a la exigencia de un mandato claro, expreso y exigible,
sino que solicita un pronunciamiento sobre la manera en que la Gobernación de
Cundinamarca debe surtir las plazas que resulten vacantes en el cargo de
Profesional Universitario, Código 219, Grado 3 al que se presentó el accionante.

13. Aunado a ello, mencionó que en el sub examine no resulta razonable
hacer uso de la lista de elegibles, toda vez que acaeció su pérdida de ejecutoria
y, durante la vigencia de la lista, no se encontró solicitud de autorización de uso
de la lista para proveer vacante alguna por parte de la entidad, en consonancia
con lo instituido en el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 “uso de listas
de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019”.

4.2. Gobernación de Cundinamarca

14. El ente territorial manifestó su oposición con lo pretendido a través de la
presente demanda. Adujo que no hay evidencia de que no le hubiera dado
cumplimiento a la Circular 011 de 2021 pues, contrario a lo referido por la actora,
le ha solicitado a la CNSC la autorización del uso de la lista de elegibles para
designar empleos.

15. En este punto, señaló que dicha autoridad actúa bajo el principio de
coordinación que debe existir entre esta y la CNSC para la provisión de cargos
en vacancia definitiva. Por ello, su deber es poner a disposición de la Comisión
todos los elementos necesarios, incluyendo las partidas presupuestales y sus

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respectivos giros, para que sea esta quien lleve a cabo el proceso concursal
hasta la conformación de la lista de elegibles y su utilización.

16. En razón a ello, solicitó su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que los hechos expuestos en la acción permiten entrever que no debe
soportar las supuestas vulneraciones a derechos fundamentales pregonadas por
el accionante.

5. Fallo de primera instancia

17. En sentencia del 10 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A rechazó la demanda en contra
del Departamento de Cundinamarca y negó las pretensiones respecto de la
CNSC.

18. Como sustento su decisión, el a quo consideró que, si bien la actora allegó
la solicitud que remitió ante el departamento de Cundinamarca, lo cierto es que
la misma no podía considerarse como constitución en renuencia, pues con la
petición no buscó el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto
administrativo, sino que se le brindara una información particular.

19. Por el contrario, estimó que la solicitud radicada ante la CNSC si reunía
las condiciones para ser entendida como renuencia, en la medida que lo
pretendido fue el cumplimiento de la Circular Externa 0011 de 2021 de dicha
autoridad. Con tal consideración, se adentró en el estudio de fondo de la
demanda, de donde concluyó que la misma no reunía las características de acto
administrativo en sentido estricto, porque no está creando, modificando o
extinguiendo situaciones jurídicas con efectos frente a los administrados.

20. Justificó ello, en la jurisprudencia de la Sección Quinta de la corporación
relacionada con la naturaleza de las Circulares Externas, a propósito de las
expedidas por la CNSC y, con ello, precisó que el cumplimiento de la disposición
invocada solo reitera las disposiciones y conceptos establecidos en el Decreto
1083 de 2015 y la Ley 909 de 2004. Es decir, no consagra un mandato o deber
claro, preciso e inobjetable a cargo de las autoridades demandadas.

6. Impugnación

21. La parte actora solicitó que se revocará la decisión de primera instancia y
en su lugar se accediera a las pretensiones. Para tal fin, indicó que la Circular
Externa de la CNSC si tiene efectos jurídicos, pues, con lo estipulado en la
misma, han realizado varias autorizaciones de uso de lista de elegibles para
nombramientos en periodo de prueba, incluso cuando estaban vencidas.

22. Mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C en los procesos con radicados: 25000-23-41-000-2024-
00059-00, 25000-23-41-000-2024-00239-00, 25000-23-41-000-2024-00394-00,
admitió la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir el acatamiento
de la Circular Externa 0011 de 2021.

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23. En virtud de ello, expuso que su impugnación tiene por objeto que el
«Tribunal revise su decisión de primera instancia, la cual carece de las
condiciones necesarias […] porque el fallo en su contra, no se ajusta a los hechos
y antecedentes que motivaron la acción de cumplimiento ni las normas
invocadas».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la Diana Patricia López Godoy contra la sentencia del 10 de octubre de 2024,
proferida por el Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251,
1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia
de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

25. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

26. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

27. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..].
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].

2.3. De la renuencia

28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

29. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.

30. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está

7 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos9”. (Negrillas fuera de texto).

31. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

32. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».10

34. En este caso, la Sala observa que la solicitud mediante la cual la
accionante aduce que constituyó en renuencia al departamento de
Cundinamarca es del 6 de enero de 2023. Allí, la parte actora solicitó que se le
informara la denominación, código, grado, asignación básica mensual, rol o perfil,
propósito, funciones y ubicación geográfica del cargo o los cargos Profesional
Universitario, Código 219, Grado 3 que sean equivalentes y si a la fecha estaban
provistos por algún funcionario y si era así, bajo cuál modalidad.

9 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

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35. La petición fue atendida por el ente territorial mediante oficio DATH-SFP
del 17 de enero de 2023. En dicho documento expuso que no existían empleos
vacantes iguales o similares al ofertado con la OEC 108603 – Profesional
Universitario, Código 219, Grado 3–. Además, precisó que dicha vacante fue
provista con servidor público de carrera.

36. También obra oficio del 12 de abril de 2024 mediante el cual, la
Gobernación de Cundinamarca dio respuesta al radicado 2024133831 de 2024
contentivo del derecho de petición presentado por la señora Diana Patricia López
Godoy. Allí, le indicó que han venido realizando el proceso de reporte en el portal
SIMO de las vacancias definitivas que no se encuentran inmersas en el proceso
de concurso de méritos “Territorial 2022”, adelantado por la CNSC porque el actor
pidió el acatamiento de la Circular Externa 0011 de 2021.

37. A su vez, mencionó que realizó todos los nombramientos de quienes
hacían parte de la OPEC 108603 de acuerdo al proceso de selección. Y, señaló
que, en todo caso, la lista de elegibles de tal proceso, caducó el 29 de noviembre
de 2023, razón improcedente para proveer empleos relacionados.

38. En ese orden de ideas, se revocará la decisión del 10 de octubre de 2024
proferida por el a quo que rechazó la demanda respecto del departamento de
Cundinamarca, y se estudiarán los requisitos de procedencia de la acción en
relación con esta autoridad. Si bien la solicitud de enero de 2023 fue un derecho
de petición de información, de la respuesta de abril del corriente año se logra
inferir que la actora constituyó en renuencia al ente territorial.

39. En relación con la CNSC, obra oficio 2024RS056586 del 19 de abril de
2024 mediante el cual la autoridad le dio respuesta a la solicitud de cumplimiento
de la Circular Externa 0011 de 2021, elevada por la señora López Godoy. Allí, la
autoridad le indicó que es deber de las entidad aplicarla y, en consecuencia,
reportar las vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el SIMO.

40. Así las cosas, la Sala encuentra que la accionante cumplió con el deber
de constituir en renuencia a las autoridades accionadas. Aunque no obra
constancia de las solicitudes de abril del presente año, de las respuestas
otorgadas por las accionadas, se logró verificar el contenido de las peticiones y,
en consecuencia, advertir que fueran dirigidas a que se acatara el deber y la
norma que se pide en esta instancia. Por lo tanto, se encuentra acreditado el
requisito de procedibilidad respecto del departamento de Cundinamarca y la
CNSC.

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

41. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la
presente acción, pretende que se le ordene al departamento de Cundinamarca y
a la CNSC el cumplimiento de la Circular Externa 0011 de 2021 que dispone:

CIRCULAR EXTERNA № 0011 DE 2021

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PARA: Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de las entidades del
Sistema General de Carrera Administrativa y, de los Sistemas Específicos y
Especiales de Creación Legal.
ASUNTO: Reporte de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO)

La CNSC con el propósito de proteger el sistema de mérito en el empleo público, y garantizar
la adecuada aplicación de los criterios expedidos en lo relacionado al reporte de vacantes
definitivas, en ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del artículo 11 de la Ley
909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083
de 2015, el cual determina que “Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las
entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de origen
legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos
vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca”, procede a impartir los siguientes lineamientos, sobre el particular:

Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la vacante
definitiva en un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su reporte en el
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad, y el
procedimiento a realizar en el aplicativo dependerá de la existencia o no de listas de elegibles
vigentes, esto para determinar si la provisión del empleo se efectúa a través de uso de listas
de elegibles o proceso de selección de ascenso o abierto, según corresponda.

En tal sentido, y para efectos de adelantar dicho reporte se deberán tener en cuenta las
instrucciones dadas en el anexo técnico adjunto, que hace parte integral de la presente
circular, el cual se compone de dos (2) partes:

• Parte I: Situaciones administrativas en torno a la generación de vacancia definitiva
en empleos de carrera administrativa. Anexo en la cual se detallan las situaciones que
generan vacancia definitiva y en consecuencia dan lugar al reporte y las que no.
• Parte II: Procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de empleos de
carrera administrativa en el aplicativo SIMO. Anexo en el cual se detallan los pasos
para el reporte de la vacante tanto para provisión de empleo por uso de listas como a
través de un nuevo proceso de selección, así como el procedimiento para certificar el
cumplimiento de requisitos para procesos de selección en la modalidad de ascenso.

Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o quien
haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la OPEC y su
omisión constituye una violación a las normas de carrera administrativa que podrá ser
sancionada por la CNSC, de conformidad con lo establecido en la el parágrafo 2 del artículo
12 de la Ley 909 de 2004.

Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos las
siguientes:
1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “instrucciones para la
aplicación del Criterio Unificado Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960
de 27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles
vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “instrucciones para el
reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC – en procesos de Selección
Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el registro
y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.
4. 4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el registro
y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo aplicativo
SIMO.” 11

42. En relación con la naturaleza de las Circulares, esta corporación ha
precisado lo siguiente:

11 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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Las instrucciones o circulares administrativas, son actos jurídicos de la Administración en
sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativa, dependiendo básicamente de su contenido. En efecto, esta Corporación ha
señalado en reiteradas oportunidades, que las circulares de servicios son susceptibles de
ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando contengan una
decisión emanada de una autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y de producir
efectos vinculantes frente a los administrados, pues si se limitan a reproducir el contenido
de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e
instrucciones a sus destinatarios, no serán susceptibles de demanda12.

43. En este orden de ideas, la Circular Externa 0011 de 2021 proferida por la
CNSC, tiene por objeto determinar la obligación de las entidades, de reportar las
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el SIMO, deber que
no está contenido en el Decreto Reglamentario 1083 de 2015, por el cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública; por tanto,
al establecer dicha obligación, capaz de producir un efecto jurídico y vinculante
frente a los administrados, es susceptible de ser exigida ante esta jurisdicción13.

44. Lo anterior permite inferir que, contrario a lo afirmado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, si se está en
presencia de una manifestación de la administración susceptible del mecanismo
constitucional14.

45. No obstante lo anterior, advierte la Sala que revocará la decisión del a quo
que negó las pretensiones, para en su lugar declarar la improcedencia, por las
razones que pasan a exponerse.

46. La parte actora con el ejercicio de este medio de control busca que se le
ordene a las accionadas que hagan uso de la lista de elegibles en estricto orden
de mérito para cubrir las vacantes con la denominación de Profesional
Universitario, Código 219, grado 3 y, para las definitivas en cargos equivalentes
no convocados, que surgieron con posterioridad al proceso de selección. Como
consecuencia y en atención a que participó en el concurso de méritos para
acceder al cargo al que se postuló y ocupó el lugar 5, solicitó su nombramiento.

47. Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente a la
Circular Externa 0011 de 2021. Como puede evidenciarse, el objeto de discusión
en este asunto parte de la utilización de la lista de elegibles citada, en la que
ocupó el quinto lugar.

48. En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice
desatendido por las accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta
Corporación analice de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es necesario

12 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 19 de marzo de 2009, expediente 11001-

03-25-000-2005-00285-00, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Ver entre otras: Consejo de
Estado Sección Primera del Consejo de Estado: 10 de mayo de 2012, expediente 11001-03-24-
000-2007-00258-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 27 de noviembre de 2014, expediente
05001-23-33-000-2012-00583-01 M.P. Guillermo Vargas Ayala.
13 Sobre el particular: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de octubre de 2024.

Expediente: 25000-23-41-000-2024-01404-01. M.P: Omar Joaquín Barreto Suárez.
14 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de

25 de abril de 2024, radicado 68001-23-33-000-2024-00181-01, MP. Gloria María Gómez
Montoya.

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establecer si la lista de elegibles resulta ser un acto que puede ser discutido en
el curso de la presente acción constitucional15.

49. Es importante destacar que mediante Resolución 8599 del 11 de
noviembre de 2021, la CNSC conformó la lista de elegibles para proveer el cargo
descrito previamente. De ahí que, tiene la connotación de acto administrativo,
cuya vigencia transcurrió hasta el 28 de noviembre de 2023.

50. La CNSC afirmó que, duante la vigencia de la lista, la Gobernación no
reportó ninguna vacante definitiva que se ajustara al criterio de mismo empleos.
Luego, como perdió su ejecutoria, no era posible hacer uso de la misma. Por su
parte, la actora alega que Congreso de la República expidió la Ley 1960 de 2019
antes de la expiración del acto y ella solicitó su nombramiento, por lo que no era
de recibo ese argumento.

51. En otras acciones de cumplimiento similares a la presente, frente a
pretensiones como las propuestas por la actora, se ha precisado que
pronunciarse sobre la utilización de listas de elegibles en las que está en tema
de discusión su temporalidad, con ocasión del concepto de 16 de enero de 2020,
son improcedentes16.

52. Este mecanismo de origen constitucional procura por hacer efectivo el
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos que
imponen determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad. Por ende,
es menester que la norma sobre la que versa la acción sea lo suficientemente
clara en cuanto a su aplicación al caso y la orden que se persigue dar por parte
del juez, de tal forma que no implique una interpretación o análisis de legalidad
de otras normas o actos administrativos a la hora de definir su procedencia.
Aceptar lo contrario implicaría desconocer los causes ordinarios dispuestos por
el legislador para controvertir las decisiones de la administración.

53. Es importante destacar que, además de ser expreso el mandato que se
pide cumplir, tiene que constar en una norma con fuerza material de ley o de un
acto administrativo actualmente exigible. En consecuencia, al ser un tema de
discusión entre las partes la vigencia o temporalidad de la lista de elegibles sobre
la cual se pide la aplicación de la norma en cuestión, pierde competencia el juez
de cumplimiento, porque su fin último es respetar el ordenamiento jurídico. Así,
el tener que definir si una disposición se encuentra aún en vida jurídica escapa
de la órbita de sus funciones porque recae en un análisis de legalidad o de
discusión frente a las consecuencias jurídicas de la decisión de la administración.

54. Adicionalmente, se pone de presente que la lista de elegibles en la que la
señora López Godoy ocupó el quinto puesto, además de que no se encuentra

15 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),

MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado
n° 05001-23-31-000-2006-01095- 01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
16 En igual sentido se decidieron, entre otras, las acciones de cumplimiento con radicados 17001-

23-33-000-2021-00078-01, 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. sentencia
de 24 de septiembre de 2020, radicación 66001-23-33-000-2020-00368-01, MP Lucy Jeanette
Bermúdez Bermúdez y sentencia de 29 de abril de 2021, radicación 47001-23-33-000-2020-
00691-01, MP Rocío Araújo Oñate.

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vigente, no puede ser modificada a través de este medio con el fin de asignarle
el único cargo que había disponible en la plaza para la cual concursó, pues
actualmente se encuentra ocupado por el funcionario de carrera, como lo afirmó
el ente territorial.

55. Tampoco se puede pasar por alto que, definir si la Ley 1960 de 2019 aplica
o no a una situación como la planteada por la demandante o si de ella se debe
ordenar la conformación de nuevas listas es improcedente por cuanto conlleva
toda una controversia legal que no es definible vía este medio de control. Se pone
de presente que, según el criterio unificado del 16 de enero de 2020 de la CNSC,
los procesos de selección realizados antes de entrada en vigencia de la Ley 1960
de 2019, continuaban bajo las disposiciones y lineamientos previstos en su
respectivo acuerdo regulatorio, acto vigente cuya presunción de legalidad no
puede desconocer el juez de cumplimiento.

56. Se insiste, el asunto no se limita simplemente a concluir que existe
incumplimiento de las normas invocadas. Por el contrario, implica definir si a la
lista de elegibles les son aplicables las disposiciones de la Ley 1960 de 2019 y
definir su temporalidad.

57. En este orden de ideas, para la Sala existen dos claras causales de
improcedencia que impiden a esta colegiatura abordar el análisis de fondo de las
pretensiones de la demandante. La primera, la no vigencia de la lista de elegibles
contenida en la Resolución 8599 del 11 de noviembre de 2021. La segunda, el
debate del orden legal existente entre las partes a la hora de establecer si la Ley
1960 de 2019, aplica para el caso de la demandante en la medida que se profirió
cuando ya la lista de elegibles estaba en firme.

2.5. Síntesis de la decisión

58. Se modificará la sentencia del 10 de octubre de 2024 emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Ello,
en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento ejercida
por la señora Diana Patricia López Godoy en contra del departamento de
Cundinamarca y la CNSC.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el
sentido de DECLARAR LA IMPROCEDENCIA las pretensiones respecto del
departamento de Cundinamarca y la Comisión Nacional del Servicio Civil por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

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TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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