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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01761-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01761-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada y revocar el numeral segundo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2024-01761-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de enero de 2025

Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01761–01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01761–01
Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Tema: Confirma parcialmente sentencia impugnada por
improcedencia de la acción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 31 de octubre de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente el medio de control respecto de una de las disposiciones invocadas
y declaró la configuración de la cosa juzgada frente a los demás artículos
invocados en la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José Luis
Avella Chaparro demandó a la Fiscalía General de la Nación, en delante FGN. En
el escrito se plantearon los siguientes pedimentos:

Se pretende con la presente acción de cumplimiento que, en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales del Estado, que:

PRIMERA: En los términos del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 concordante
con el art 20 de la ley 393 de 1997, se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL el
inciso tercero del artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014 que en su tenor literal
establece “Una vez los empleos hayan sido provistos en período de prueba, las
listas de elegibles resultantes del proceso de selección solo podrán ser utilizadas
para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los
mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración de alguna
de las causales de retiro del servicio para su titular.” en tanto esta disposición
impide se provean con las listas de elegibles aún vigentes el enorme volumen de
vacantes que aún existen en la entidad.

SEGUNDA: En los términos del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 concordante
con el art 20 de la ley 393 de 1997, se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL la
expresión “solamente proveerá las vacantes de los empleos ofertados en el
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01761–00

presente concurso.” contenidas en el artículo 44 del ACUERDO No. 001 DE 2021
“Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para
proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades
ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”, el cual fue suscrito por LA
COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, lo anterior, en tanto esta disposición impide se provean con las listas de
elegibles aún vigentes el enorme volumen de vacantes que aún existen en la
entidad.

TERCERA: En los términos del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 concordante
con el art 20 de la ley 393 de 1997, se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONALES
las expresiones “en relación con el número de vacantes ofertadas” y “solo para
las vacantes ofertadas en el presente concurso de méritos.” contenidas en los
artículos 44 y 45 del ACUERDO No. 001 DE 2023 de 20 de febrero de 2023 “Por el
cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 1.056
vacantes definitivas en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”,
el cual fue suscrito por LA COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, lo anterior, en los términos del artículo 148
de la Ley 1437 de 2011, en tanto esta disposición impide se provean con las listas
de elegibles aún vigentes el enorme volumen de vacantes que aún existen en la
entidad.

CUARTA: En los términos del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 concordante con
el art 20 de la ley 393 de 1997, se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL el
PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO TERCERO, de cada una de las listas de elegibles
expedidas en el marco de los concursos convocados por los acuerdos 01 de 2021 y
01 de 2023 de LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en tanto limitan el uso de
las listas de elegibles exclusivamente para los cargos convocados, impidiendo así
que se provean con dichas listas aún vigentes el enorme volumen de vacantes que
aún existen en la entidad.

QUINTA. Se declare a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en incumplimiento
de las obligaciones dispuestas en los artículos 125 de la Constitución Política;
artículos 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
34; 35; 46; 118; del Decreto Ley 020 de 2014 (Por el cual se clasifican los empleos
y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de
sus entidades adscritas)., así como el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006 que
adicionó la Ley 909 de 2004 y el artículo transitorio de la misma Ley 909;
disposiciones que son aplicables a los regímenes especiales de carrera por así
disponerlo el numeral 2 del art 3 de dicha Ley, respecto de LA TOTALIDAD de
cargos de carrera administrativa que a corte MAY DE 2024 se encontraban en
vacancia definitiva en la planta de personal de la entidad.

SEXTA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la
entidad demandada que:

6.1. Se ordene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a utilizar en su totalidad
las listas de elegibles expedidas en el marco de los concursos convocados por los
acuerdos 01 de 2021 y 01 de 2023, sin limitación a las vacantes convocadas, para
que con éstas listas provea en carrera administrativa a la totalidad de las vacantes
existentes en la entidad, hasta el agotamiento de cada lista o su fenecimiento.

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6.2. Agotadas las listas de elegibles vigentes, se ordene a la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, a convocar un nuevo concurso de méritos que tenga como objeto
la provisión de las vacantes de los cargos que aún no han sido convocados o
respecto de los cuales se agotó las listas de elegibles quedando aún sin ser
provistos en carrera administrativa. En esa línea, se ordene a la entidad
demandada a que:

6.2.1 DEFINA la modalidad de concurso (ascenso o abierto), que se requerirá
desarrollar para proveer la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en
la entidad a la fecha, incluyendo, pero no limitándose a los CARGOS vacantes
DEFINITIVAMENTE (sin titular de derechos de carrera administrativa) con corte
Mayo de 2024.

6.2.2 DEFINA el tipo de pruebas a aplicar para proveer por concurso de méritos la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la entidad a la fecha,
incluyendo, pero no limitándose a los CARGOS vacantes DEFINITIVAMENTE (sin
titular de derechos de carrera administrativa) con corte Mayo de 2024.

6.2.3 SUSCRIBA las convocatorias a concurso público de méritos para proveer la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la entidad a la fecha,
incluyendo, pero no limitándose a los CARGOS vacantes DEFINITIVAMENTE (sin
titular de derechos de carrera administrativa) con corte Mayo de 2024. Dentro
de dicha reglamentación, disponga el cobro de los derechos de participación de los
concursantes, tal y como lo habilitan el art 9 de la Ley 1033 de 2006 que modificó la
Ley 909 de 2004; disposiciones estas que son aplicables a los regímenes
especiales de carrera por así disponerlo el numeral 2 del art 3 de dicha Ley 909 de
2004.

6.2.4. ADELANTE el proceso de selección (concurso público de méritos) que
permita proveer la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la entidad
a la fecha, incluyendo, pero no limitándose a los CARGOS vacantes
DEFINITIVAMENTE (sin titular de derechos de carrera administrativa) con corte
Mayo de 2024. Para lo anterior, podrá desarrollar el concurso de manera directa o a
través de contratos administrativos con instituciones de educación superior.

6.2.5 En firmes los resultados de las pruebas e instrumentos aplicados en el
concurso de méritos, CONFORME las listas de elegibles para la TOTALIDAD de las
vacantes definitivas que existan en la entidad a la fecha, incluyendo, pero no
limitándose a los CARGOS vacantes DEFINITIVAMENTE (sin titular de derechos
de carrera administrativa) con corte Mayo de 2024.

6.2.6 En firmes las listas de elegibles, proceda a los nombramientos en periodo de
prueba de la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la entidad a la
fecha, incluyendo, pero no limitándose a los CARGOS vacantes
DEFINITIVAMENTE (sin titular de derechos de carrera administrativa) con corte
Mayo de 2024.

6.2.7. EXPIDA los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución en
oportunidad, eficiencia y eficacia del concurso de méritos que permita proveer la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la entidad a la fecha,
incluyendo, pero no limitándose a los 20000 CARGOS vacantes
DEFINITIVAMENTE (sin titular de derechos de carrera administrativa) con corte
Mayo de 2024 [1].

1
Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción del accionante.

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2. Hechos

Los supuestos fácticos de la demanda se resumen de la siguiente manera:

El actor indicó que se han realizado 3 concursos de méritos (2008, 2021 y 2022),
en los cuales se han provisto más de 3.000 cargos de planta de carrera
administrativa de la FGN. Sin embargo, del total de cargos «24.511», para mayo
de 2024, habían «20.000» en vacancia definitiva; provistos mediante
nombramiento provisional o encargo, a pesar de que el Decreto Ley 020 de 2014
estableció un plazo perentorio de tres (3) años para convocar a concurso a la
totalidad de las vacantes previo concurso público de méritos.

Sostuvo que la transgresión de la Constitución es reiterada por parte de la
demandada, por cuanto dilata en el tiempo la provisión de la totalidad de los
cargos de carrera administrativa con las listas de elegibles existentes o con la
realización de una nueva convocatoria, tal y como se ha determinado en diferentes
pronunciamientos judiciales2.

El 5 de julio de 2024, el demandante le pidió a la demandada el cumplimiento de
los artículos 125 de la Constitución Política; 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46 y 118 del Decreto Ley 020 de
2014; 9 de la Ley 1033 de 2006 y el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004,
para que provea la totalidad de los cargos de carrera administrativa con las listas
de elegibles existentes o con la realización de una nueva convocatoria.

La FGN respondió, a través del oficio 20247010005431 de 12 de julio 2024, que
se encuentra adelantando las fases de planeación de un concurso que adelantará
con gradualidad, pero indicó que el número de vacantes a convocar, en todo caso,
no será el de la totalidad, porque no cuenta con el presupuesto necesario para
financiar un proceso de selección de tal magnitud.

3. Admisión de la demanda

En auto de 7 de octubre de 2024, el ponente de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y
ordenó la notificación de lo decidido a los extremos activo y pasivo.

4. Informe

La FGN se opuso a las pretensiones de la demanda, explicó que en los concursos
de méritos adelantados en las vigencias 2021 y 2022 se determinó la provisión de

2
El actor citó las sentencias de tutela T-131 de 2005 y SU-446 de 2011, y la sentencia de 4 de marzo de 2020
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, confirmada por el Consejo de
Estado, dentro de acción de cumplimiento, identificada con el radicado 25000-23-41-000- 2020-00185-01.

4

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500 y 1.056 vacantes de la planta global, respectivamente, en las modalidades de
ascenso y de ingreso, en concordancia con lo establecido en el artículo 118 del
Decreto Ley 020 de 2014. Asimismo, que la Comisión de la Carrera Especial de la
entidad, el 20 de junio del año 2023, aprobó el Diseño y Estructuración del
Concurso de Méritos para la provisión de vacantes definitivas de la planta de
personal.

Alegó que en el Régimen Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación
no es posible acudir de manera supletoria al Sistema General de Carrera
Administrativa y que la acción de cumplimiento no es procedente para inaplicar
una norma como lo pretende el aquí demandante. En ese sentido, acudió a las
consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C387 de 2023, en la
que se indicó que no era posible proveer de manera inmediata todas las vacantes
de un determinado cargo con una lista de elegibles, pues se trata de una situación
gradual debido a que la accionada está en la obligación de realizar los procesos
de selección necesarios para implementar el régimen de carrera.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 31 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de
cumplimiento respecto del artículo 115 constitucional y declaró la configuración de la
cosa juzgada, por cuanto, en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2020-00185-
01, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de 4 de marzo de 2020 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la que se
ordenó el acatamiento del artículo 148 del Decreto Ley 020 de 2014, para que la
demandada realizara las gestiones necesarias para proveer todos los cargos de
carrera de la FGN por medio de concurso.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia. En síntesis, concretó su
inconformidad en que el Tribunal no debió declarar la configuración de la cosa
juzgada porque, en este proceso, lo que pretendió fue la declaratoria de la
excepción de inconstitucionalidad del inciso 3 del Artículo 35 Decreto Ley 20 de
2014, respecto de los actos administrativos que regularon los 3 concursos de
méritos (2008, 2021 y 2022) realizados para la provisión de cargos en la FGN,
toda vez que no permiten la provisión total de los «24.511» cargos con las listas
de elegibles existentes.

En los términos del impugnante sostuvo que : «[…] el Juez constitucional, deberá
despachar favorablemente las pretensiones de INAPLICACIÓN por
INCONSTITUCIONAL de las expresiones demandadas, por cuanto, SON
INCONSTITUCIONALES por contradecir los principios de eficiencia, eficacia y

5

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economía de mandatorio cumplimiento para las autoridades públicas en los
términos establecidos en el Artículo 209 Constitucional, y amenazar con violentar
el derecho político subjetivo de los ciudadanos a acceder a los cargos […]».

7. Manifestación de impedimento

Mediante escrito enviado el 28 de enero de 2025, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente
mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el
numeral 1.° del artículo 130 del Código General del Proceso, en adelante CGP3.

La Sala conformada por los magistrados de la Sección Quinta, Gloria María
Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra y Pedro Pablo Vanegas Gil, en uso de
sus facultades constitucionales y legales, en providencia de esta misma fecha,
declaró fundado el impedimento del doctor Omar Joaquín Barreto Suárez y, en
consecuencia, fue separado del conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
31 de octubre de 2024 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
31 de octubre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto de las normas invocadas en la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3
«ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.»

6

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3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.

4
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.

7

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento. Frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado6.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La subsidiariedad implica
la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para
lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté
en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento
judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que
acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no
principales.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Lo anterior, por expresa disposición legislativa la
acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,8 a menos que

6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.

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estén apropiados;9 o cuando se pretenda la protección de derechos
fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite
en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional10.

Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política11.

Lo anterior, sin dejar a un lado la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es
dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»12.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y

9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10
Sentencia antes citada.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
13
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».

9

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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no

14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

10

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lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»17.

En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
5 de julio de 2024, en el que le pidió a la FGN el cumplimiento de los artículos 125
de la Constitución Política; 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46 y 118 del Decreto Ley 020 de 2014; 9 de la Ley 1033
de 2006 y el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004, para que provea la totalidad
de los cargos de carrera administrativa con las listas de elegibles existentes o con
la realización de una nueva convocatoria.

A su turno, la respuesta emitida por la entidad demandada resulta contraria al
querer del ciudadano. Por tanto, la anterior circunstancia permite a la Sala concluir
que el requisito de procedibilidad se debe entender superado.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior, como se expuso en
los antecedentes, excluye que se procure por el obedecimiento de normas de
rango constitucional. Por tanto, como acertadamente concluyó la primera instancia
este medio de control resulta improcedente respecto de la disposición
constitucional citada en la pretensión Quinta en la cual se procura porque se
ordene el acatamiento del artículo 125 de la Constitución Política. Lo anterior,
impone confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada.

Ahora bien, en cuanto a la declaratoria de la cosa juzgada, la Sala considera que
debe revocarse la sentencia impugnada, en atención a la lectura integral de las
pretensiones planteadas en la demanda y los argumentos de la impugnación, pues

17
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

11

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este caso no tiene por objeto principal el de que se realice una convocatoria para
la provisión de los cargos de carrera en la FGN, porque si bien, en la pretensión
quinta de la demanda se tiene como sustento el incumplimiento de los artículos 2,
3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46
y 118 del Decreto Ley 020 de 2014; 9 de la Ley 1033 de 2006 y el artículo
transitorio de la Ley 909 de 2004, lo cierto es que la parte actora busca que esta
Corporación module unas normas que regulan las convocatorias que ha
adelantado la entidad, de conformidad con sus intereses, pero condicionado a que
el juez de conocimiento de esta acción previamente aplique la excepción de
inconstitucionalidad, bajo el argumento de que son «inconstitucionales».

Al respecto, la Sala considera oportuno indicar que, si bien existe una obligación
en cabeza de los jueces de aplicar de oficio o a petición de parte la excepción
alegada por el actor, lo cierto es que, en este caso, no se cumplen los
presupuestos para ello.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la excepción de
inconstitucionalidad es una herramienta a través de la cual las autoridades
judiciales cumplen con la facultad-deber18 de inaplicar en un caso concreto una
norma por contrariar la Constitución Política. Es una figura jurídica que se
fundamenta en el artículo 4 de la Constitución 19, el cual prevé que «[e]n todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales». Adicionalmente, se han establecido tres
escenarios puntuales20 en los que procede dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad, a saber:

(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad […]; (ii) La regla formalmente
válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una
declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de
nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la
aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la
luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir
también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte
conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto
sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

18
Corte Constitucional, sentencia T-681 de 2016.
19
Diferente a la establecida en el artículo 20 de la Let 393 de 1997, según la cual, cuando el incumplimiento
de norma con fuerza de Ley o Acto Administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad, el Juez de cumplimiento deberá resolver el asunto en la sentencia. Lo anterior sin
perjuicio de que el Juez la aplique oficiosamente.
Parágrafo.
El incumplido no podrá alegar la excepción de inconstitucionalidad sobre normas que hayan sido objeto de
análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, según sea el caso, norma que
únicamente puede ser invocada por la Adminsitración.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-599 de 2019.

12

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Tal y como se indicó, la excepción consiste en inaplicar una norma que es
contraria al ordenamiento jurídico, para dar prevalencia a la Constitución Política.
En ese orden de ideas, no sería procedente este medio, dado que, en caso de
que se dejaran de aplicar el inciso tercero del artículo 35 del Decreto Ley 020 de
2014, esta Corporación tendría que ordenar el cumplimiento de los artículos 125 y
209 de la Constitución (según los argumentos de la parte actora), lo cual, de
conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala21, no es posible, por cuanto
la acción de cumplimiento únicamente resulta procedente para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos
Administrativos (Artículo 1 de la Ley 393 de 1997).

Adicionalmente, se evidencia que los argumentos para sostener que el inciso
tercero del artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014 contenido en los acuerdos
citados en las pretensiones deben ser inaplicados es una discusión que ataca la
presunción de legalidad de los acuerdos que rigen las convocatorias que ha
promovido la demandada y las respectivas listas de elegibles que de dichos
procedimientos de selecciona se derivaron; asunto que debe ser definido por el
juez ordinario y no el de cumplimiento.

De conformidad con lo anterior, para la Sala, es claro que lo pretendido por la
parte actora consiste precisamente en que se aplique la mencionada excepción y
que se modulen unas normas con las cuales no está de acuerdo, a través de este
medio. En ese orden, y ante el incumplimiento de los requisitos para dar
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte actora,
se cumple la causal de improcedencia por subsidiariedad, que impide que el juez
de cumplimiento estudie el fondo del asunto, ello, porque la facultad de analizar la
constitucionalidad de las normas, modularlas o imponer aplicaciones
excepcionales es competencia del juez de la legalidad de los actos
administrativos a través de los medios de control previstos en el CPACA22.

Por tanto, se revocará el numeral segundo de la sentencia impugnada en el que
se declaró la cosa juzgada porque este proceso, frente al identificado con el
radicado 25000-23-41-000-2020-00185-01, no tiene el mismo objeto, pues en esta
oportunidad se plantea un debate de legalidad que escapa a este medio de control
y tienen como sustento diferentes disposiciones legales. En todo caso, lo anterior
no es óbice para precisarle al actor que en el mencionado radicado esta
Corporación ya ordenó a la demandada la provisión de todos los cargos de carrera
administrativa en cumplimiento del artículo 118 del Decreto Ley 020 de 201423.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de octubre de
2024, expediente 20-001-23-33-000-2024-00227-01, entre otras.
22
En similar sentido puede consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de diciembre de
2024, radicado 25000-23-41-000-2024-01619-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado 25000-23-41-000-2020-
00185-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

13

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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01761–00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada y revocar el
numeral segundo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
cumplimiento por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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