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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02068-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02068-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la sentencia de 9 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: “[…] TERCERO. – ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR– que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y dentro del término de tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, realice un estudio técnico con el fin de determinar la las condiciones en que debe hacerse la restitución del cauce natural de la quebrada Casablanca en el tramo afectado dentro del predio San Patricio, así como las medidas de restauración que resulten más adecuadas para restituir a las condiciones naturales el cuerpo hídrico y prevenir futuros represamientos o desbordamientos. ORDENAR A LA SOCIEDAD INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A. que ejecute las obras que determine la autoridad ambiental en el estudio técnico dentro del término que establezca la autoridad ambiental, que en todo caso no podrá superar los 6 meses a partir del momento en el que la CAR comunique al particular responsable los resultados del estudio […]”. “[…] QUINTO. – ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR– que: 1. Continúe tramitando de manera diligente los procesos administrativos sancionatorios ambientales adelantados con ocasión de las intervenciones no autorizadas realizadas sobre el cauce de la quebrada Casablanca y ejerza los poderes que le otorga la normativa sancionatoria ambiental y el ordenamiento jurídico en general para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses colectivos amparados en esta providencia. 2. Ejerza las funciones de control, vigilancia, seguimiento y supervisión técnica respecto de las medidas de restauración que deban ejecutarse en cumplimiento de esta sentencia. 3. Realice visitas técnicas periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al particular infractor y adopte las medidas administrativas a que haya lugar en caso de incumplimiento. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-02068-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2024-02068-01
Actor: Personería Municipal de Sopó
Demandados: Municipio de Sopó, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR y Sociedad de Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A.

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR1 contra la sentencia de 9 de octubre
de 20252 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Personería Municipal de Sopó presentó demanda3 en ejercicio de la
acción popular contra el municipio de Sopó, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR y la Sociedad de Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A.,

1 En adelante la CAR.
2 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 8ED_Sentencia(.pdf) NroActua

2 […]”.
3 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.

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con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los
literales a), g) y l)4 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19985.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] PRIMERA: Que se protejan los derechos colectivos amenazados y vulnerados
ordenándose a las entidades demandadas a ordenar (sic) y garantizar de inmediato
la protección del cauce normal de la quebrada Casablanca y restaurar las
condiciones normales del predio, restaurando el ecosistema y reparando el daño
causado.

SEGUNDA: Que se ordene a la sociedad INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE
PLATA S.A. representada legalmente por la señora MARYORIE SLENDY REY DE
CASTELLANOS, propietaria, poseedora o tenedora del inmueble retornar las cosas
al estado anterior, con la asistencia técnica de la autoridad ambiental.

TERCERA: Que se establezca la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia, conformado por las personas pertenecientes a la
comunidad […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora

3. La parte actora señaló que la Sociedad de Inversiones y Desarrollo Mar de
Plata S.A., es propietaria del predio denominado San Patricio, ubicado en la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Sopó, en el cual se realizaron intervenciones sobre el
terreno, consistentes en la modificación del curso natural de la quebrada
Casablanca y la nivelación del predio con materiales de excavación y residuos de
construcción, pese a tratarse de una zona de protección ambiental.

4. Adujo que dichas intervenciones se realizaron desconociendo la normativa
vigente sin que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR ni el
municipio de Sopó adoptaran medidas efectivas para prevenir o corregir el daño
ambiental.

5. Señaló que la modificación del cauce de la quebrada Casablanca generó la
creación de un canal artificial que alteró el flujo natural del agua, lo cual se evidencia

4 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
[…]
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2 […]”.

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en registros y análisis multitemporales, produciendo cambios en la morfología del
cauce.

6. Indicó que como consecuencia de lo anterior se han presentado
inundaciones recurrentes en el sector Niño de la vereda Pueblo Viejo, donde habitan
aproximadamente 324 personas, debido al estancamiento del flujo hídrico generado
por la desviación del cauce.

7. Manifestó que la obstrucción del flujo del agua ha ocasionado inundación en
predios aledaños, generando riesgos sanitarios, proliferación de vectores, olores
ofensivos y un incremento del riesgo de inundaciones, especialmente en
temporadas de lluvias.

8. Finalmente, afirmó que pese a las medidas preventivas impuestas desde
2019, las solicitudes de la comunidad y los requerimientos de las autoridades, no
se han adoptado acciones definitivas para restablecer el cauce natural de la
quebrada, lo que configura un riesgo inminente para la comunidad afectada.

Contestaciones de la demanda

7. El Municipio de Sopó presentó escrito de 20 de marzo de 20257 en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que no ha existido inactividad
de parte de la entidad y por el contrario ha adelantado múltiples actuaciones
administrativas y técnicas desde el año 2015 para atender la problemática
ambiental.

8. Precisó que la afectación fue generada por la sociedad Inversiones y
Desarrollo Mar de Plata S.A. y que la competencia para la recuperación del cauce
y la imposición de medidas correctivas corresponde a la CAR, por lo que propuso
como excepciones la inexistencia de omisión o inactividad del municipio, la falta de
legitimación en la causa por pasiva y la responsabilidad de un tercero.

9. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR presentó
escrito de 25 de marzo de 20258 en el que, entre otras cosas, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que no ha incurrido en omisión alguna
en el ejercicio de sus funciones.

7 Cfr. Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
7_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-1Rad202402068C(.pdf) NroActua 10 […]”
8
Cfr. Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20250325Contestac(.pdf) NroActua 11 […]”.

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10. Indicó que ha adelantado actuaciones de control, vigilancia y sanción frente
a las intervenciones realizadas en el predio San Patricio, mediante la apertura de
varios expedientes administrativos, imposición de medidas preventivas, sanciones
y seguimiento técnico al caso. En ese sentido, propuso las excepciones de “[…]
inexistencia de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] inexistencia de
omisión o inactividad imputable a la CAR […]” y “[…] responsabilidad exclusiva del
particular que realizó la intervención […]”.

11. La Sociedad de Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A., pese a haber
sido debidamente notificada de la demanda, no presentó escrito de contestación.

Actuaciones en primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto de 24 de enero de
20259 en el que admitió la demanda, ordenó notificar personalmente a las entidades
demandadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como informar a la comunidad sobre
la existencia del proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia especial de
pacto de cumplimiento el día 29 de julio de 202510, la cual se declaró fallida ante la
falta de acuerdo entre las partes, por lo que se dispuso continuar con el trámite del
proceso.

14. El Tribunal profirió auto de 29 de julio de 202511 a través del cual corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

15. La parte actora, el municipio de Sopó12 y la CAR13 presentaron escritos en
los que reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones
de la demanda, respectivamente.

16. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

9
Cfr. Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
5AUTOINTERLOCUT_2024206800AutoAPAvoc(.pdf) NroActua 4 […]”.
10
Cfr. Índice 25 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
27Audiencia_actaaudie_2024206800Actaaudien(.pdf) NroActua 25 […]”.
11 Cfr. Índice 25 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

27Audiencia_actaaudie_2024206800Actaaudien(.pdf) NroActua 25 […]”.
12
Cfr. Índice 28 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
27_MemorialWeb_Alegatos-01Rad202402068(.pdf) NroActua 28 […]”.
13 Cfr. Índice 30 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

31_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 30 […]”.

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Sentencia de primera instancia

17. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el día 9 de octubre de 2025 en la que resolvió lo
siguiente14:

“[…] PRIMERO. - DECLÁRANSE no probadas las excepciones formuladas por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) y el
MUNICIPIO DE SOPÓ.

SEGUNDO. - AMPÁRASE los derechos colectivos al i) goce de un ambiente sano,
ii) a la seguridad y salubridad públicas, y iii) a la seguridad y a la prevención de
desastres técnicamente previsibles.

TERCERO. - ORDÉNASE a la sociedad INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE
PLATA S.A. para que dentro del término de 3 meses siguientes a la notificación de
esta sentencia: 1. Restituya el cauce natural de la quebrada Casablanca en el tramo
afectado dentro del predio San Patricio, eliminando el canal artificial y retirando el
material de relleno y escombros dispuestos en la ronda hídrica. 2. Ejecute las obras
de restauración necesarias para garantizar el flujo natural de las aguas y evitar futuros
represamientos o desbordamientos. 3. Presente ante la CAR Cundinamarca un Plan
de Restauración Ambiental y de Manejo que contenga el cronograma, fases y
medidas de seguimiento, el cual deberá ser aprobado y vigilado por dicha entidad. El
incumplimiento de estas obligaciones facultará a la CAR para proceder a la ejecución
subsidiaria de las obras, con cargo económico a la sociedad infractora.

CUARTO. - ORDÉNASE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA:
1. Ejecutar obras complementarias de drenaje, limpieza, saneamiento en la zona
afectada garantizando la prevención de nuevos represamientos. 2. Implementar
medidas de control sanitario para evitar la proliferación de insectos y mantener
condiciones adecuadas de salubridad públicas. 3. Coordinar con la CAR y la
comunidad acciones de mantenimiento y conservación del cauce restaurado. 4.
Desplegar con mayor suficiencia y efectividad, las gestiones necesarias que estén
dentro de sus competencias, para evitar la vulneración de los derechos protegidos,
esto incluye visitas, seguimientos, adelantar procedimientos administrativos o
cualquier tipo de acción pertinente.

QUINTO. - ORDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA: 1. Tramitar de la manera más expedita los procesos
sancionatorios ambientales e imponer al particular infractor, medidas drásticas que
solucionen la problemática. 2. Ejercer la dirección técnica y de coordinación de todas
las actividades de restitución y restauración de cauce, conforme a sus competencias.
3. Aprobar, supervisar y realizar visitas periódicas del Plan de Restauración Ambiental
y de Manejo hasta la completa ejecución de las obras. 3. (sic) En caso de
incumplimiento del particular, ejecutar subsidiariamente las medidas correctivas, con
cargo económico a la sociedad infractora.

SEXTO. - ORDÉNASE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA y
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA implementar
todas las acciones que consideren necesarias, urgentes y oportunas, dentro del
marco de sus competencias, para recuperar el cauce de la quebrada Casablanca en
el tramo afectado dentro del predio San Patricio.

SÉPTIMO. - SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS, por no haberse causado.

OCTAVO. - NIÉGASE el pago del incentivo, por las razones anotadas en la presente
providencia.

14Cfr. índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
35Sentencia_202402068SentenciaAP(.pdf) NroActua 32 […]”.

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NOVENO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación que vigile y asegure el
cumplimiento de lo ordenado en esta providencia, el cual será presidido por el
Magistrado Sustanciador y el cual estará integrado por el ACTOR POPULAR, un
delegado de la ALCALDÍA MUNICIPAL SOPÓ (CUNDINAMARCA), un delegado de
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y un delegado
de la sociedad INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A.

DÉCIMO. - REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

DÉCIMO PRIMERO. - Ejecutoriada esta providencia y previo las constancias del
caso, ARCHÍVESE el expediente y DESACTÍVESE del aplicativo SAMAI. […]”

18. El Tribunal consideró que las excepciones propuestas por las entidades
demandadas no estaban llamadas a prosperar, en la medida en que, si bien tanto
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR como el municipio de
Sopó acreditaron la realización de actuaciones administrativas y técnicas, lo cierto
es que dichas gestiones no resultaron eficaces para conjurar la vulneración de los
derechos colectivos, pues la alteración del cauce de la quebrada Casablanca y el
riesgo de inundación en el sector Niño persistían al momento de proferir la
sentencia.

19. Asimismo, concluyó que, de conformidad con el material probatorio allegado
al expediente, se encontraba acreditada la vulneración de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, como consecuencia de la
intervención irregular del cauce de la quebrada Casablanca en el predio San
Patricio, la cual generó obstrucciones en el flujo hídrico, procesos de inundación y
riesgos para la comunidad del sector Niño de la vereda Pueblo Viejo.

Recurso de apelación

20. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR presentó
escrito de 21 de octubre de 2025 mediante el cual interpuso recurso de apelación
que fundamentó en los siguientes argumentos15:

21. Indicó que la sentencia apelada desconoce el alcance exacto de las
competencias de la autoridad ambiental y la naturaleza jurídica de su intervención
sancionatoria.

22. Señaló que aunque el Tribunal reconoció la existencia de diversas
actuaciones administrativas adelantadas por la CAR, concluyó que la persistencia

15Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 4ED_Apelacion(.pdf)
NroActua 2 […]”.

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del daño ambiental implicaba una “ineficacia” institucional. Sin embargo, adujo que
una lectura armónica del expediente permite determinar que la autoridad ambiental
ha ejercido de manera diligente, técnica y sostenida sus competencias.

23. Sostuvo que acreditó la apertura de los expedientes 71147, 74449, 91574 y
91648, referidos a las intervenciones no autorizadas efectuadas por la Sociedad de
Inversiones y Desarrollo Mar de Plata al cauce de la quebrada, imponiendo
sanciones económicas, preventivas y órdenes de restauración ambiental.
Asimismo, realizó visitas técnicas, seguimientos y requerimientos sucesivos a la
misma, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1333 de
2009.

24. Argumentó que la permanencia del daño ambiental no implica que la
autoridad ambiental haya sido omisiva, sino que la precitada sociedad no ha
cumplido con las sanciones impuestas, motivo por el cual su responsabilidad no se
define por el resultado físico, sino por la diligencia en el ejercicio de sus
competencias. Señaló que ha ejercido la potestad sancionatoria demostrando un
ejercicio técnico y jurídico enmarcado en la ley.

25. Mencionó que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece que “quien
cause el daño ambiental será responsable del mismo, aun a título de culpa leve”,
disposición que contiene el principio de responsabilidad directa del infractor; en ese
sentido, sostuvo que el daño ambiental tiene origen en actuaciones materiales
ejecutadas por un particular sobre el cauce natural de la quebrada Casablanca, sin
la respectiva autorización, circunstancia que fue debidamente constatada por la
autoridad ambiental, la cual, en ejercicio de sus funciones ha dado cumplimiento a
las competencias previstas en los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 1993 mediante
la apertura de procesos administrativos, la imposición de medidas preventivas y el
seguimiento técnico correspondiente.

26. Por lo anterior, afirmó que no puede ser jurídicamente equiparada al sujeto
que ocasionó el daño, en tanto sus funciones de control y vigilancia se diferencian
de la ejecución material de las conductas que dieron origen a la afectación
ambiental, la cual corresponde exclusivamente al particular infractor.

27. Expresó que la sentencia introduce una interpretación extensiva de la noción
de responsabilidad concurrente, lo que podría generar una carga desproporcionada
a la entidad, pues la responsabilidad administrativa de una autoridad no puede
derivarse únicamente de un resultado ambiental negativo, sino que debe estar
sustentada en la omisión deliberada o en la inobservancia de competencias legales.

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28. Destacó que el acervo probatorio evidencia un marco de actuación
permanente, documentado y acompañado de ejercicios de seguimiento técnico, lo
que impide sostener que hubiera inactividad estatal y, en ese sentido, señaló que
más que una concurrencia, se observa la existencia de una secuencia causal
cronológicamente atribuible a la sociedad infractora.

29. Alegó que de acuerdo con el principio de legalidad y los límites funcionales
previstos en el artículo 113 de la Constitución Política, el juez de la acción popular
debe ejercer sus competencias sin desbordar el ámbito propio de la función judicial.

30. Adujo que si bien el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 le corresponde al juez
popular impartir órdenes para la protección de los derechos colectivos, estas deben
enmarcarse estrictamente dentro de sus competencias constitucionales y legales,
sin que le sea dable suplantar la función administrativa ni intervenir en la definición,
asignación o ejecución de recursos públicos, por lo que a juicio de la entidad, las
órdenes impartidas a la CAR, concretamente la ejecución subsidiaria con recursos
propios de obras de restauración del cauce que corresponde ejecutarlas al particular
infractor, desnaturalizan la función del juez popular.

31. Señaló que la sentencia apelada al impartirle de manera subsidiaria a la CAR
la ejecución de las obras para volver a su cauce la quebrada Casablanca
desconoció los principios de planeación, contratación y ejecución presupuestal
regulados por el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en las leyes 38 de 1989, 179
de 1994 y 819 de 2003, toda vez que la ordenación del gasto corresponde
exclusivamente a los órganos del Ejecutivo, en armonía con los principios de
planeación, legalidad y sostenibilidad fiscal..

32. Afirmó que el Tribunal al impartir este tipo de órdenes desnaturaliza la función
judicial en sede de acción popular, al convertir al juez en un agente de
coadministración que define prioridades presupuestales y compromete recursos sin
el cumplimiento de los procedimientos legales ni la intervención de las autoridades
competentes, afectando además la estructura de control fiscal y administrativo y
desconociendo los instrumentos de planificación institucional como el Plan de
Acción Cuatrienal y el Plan Anual de Inversiones previstos en la Ley 99 de 1993,
razón por la cual las órdenes judiciales dirigidas a la CAR deben limitarse al ejercicio
de sus funciones de vigilancia, seguimiento y sanción en los términos de la Ley 1333
de 2009, garantizando la protección de los derechos colectivos sin trasladarle
cargas de ejecución presupuestal que el ordenamiento jurídico no le impone.

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33. Adujo que su actuación frente a los hechos objeto de la acción popular no se
limita a la apertura de expedientes administrativos, que además ha desplegado
visitas de inspección, requerimientos al infractor, medidas de suspensión de
actividades, formulación de cargos y decisiones sancionatorias, lo que demuestra
una acción continua y diligente, orientada tanto a la prevención como a la
restauración del daño, en el marco de los principios de precaución, prevención y
desarrollo sostenible establecidos en la Ley 99 de 1993.

34. Finalmente formuló la siguiente solicitud:

“[…] Por lo expuesto, esta parte solicita respetuosamente al Honorable Consejo de
Estado:
1. Revocar la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

2. Declarar no acreditada la omisión administrativa atribuida a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca.

3. Reconocer la legitimación en la causa por pasiva únicamente en cabeza del
particular Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A., conforme al principio de
responsabilidad ambiental directa.

4. Adecuar las órdenes judiciales impartidas a la CAR al marco competencial
previsto por los artículos 31, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 39 y 40 de
la Ley 1333 de 2009, garantizando así su viabilidad jurídica y presupuestal. […]”.

Concesión del recurso de apelación

35. El magistrado sustanciador del Tribunal profirió auto de 13 de febrero de
202616, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por la CAR
contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

36. El Despacho sustanciador profirió auto de 6 de marzo de 202617, mediante el
cual admitió el recurso de apelación referido, ordenó notificar a las partes e
intervinientes y al procurador delegado en lo contencioso administrativo ante el
Consejo de Estado. Igualmente advirtió que si las partes no solicitaban la práctica
de pruebas durante el término de ejecutoria de la precitada providencia, se
prescindiría del traslado para alegar de conclusión y entraría el proceso al despacho
para fallo.

16
Cfr. índice 38 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 41Autoqueconced_20242068AutoAPconced(.pdf) NroActua 38 […]”.
17 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_AP2024206801Personer(.pdf) NroActua 4 […]”.

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37. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

38. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

39. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15019 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

40. Asimismo, de conformidad con los artículos 32020 y 32821 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201222, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por la CAR.

41. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

42. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
19 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
20 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
21 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
22 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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42.1. Si la CAR es responsable de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos amparados en la sentencia apelada por la omisión en el seguimiento y
control ambiental con ocasión de la desviación del cauce de la quebrada
Casablanca realizada por un particular.

42.2. Si las órdenes impartidas por el Tribunal son proporcionales y se ajustan al
marco competencial de la entidad o por el contrario desconocen los principios de
legalidad, planeación y ejecución del presupuesto y desnaturalizan el alcance de la
función judicial del juez de la acción popular

42.3. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

43. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

44. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

45. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

46. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.

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47. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”23.

48. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

49. La parte actora señaló en la demanda como vulnerados los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, cuyos contenido y
alcance se sintetizan a continuación de manera general:

Derecho colectivo al goce de un ambiente sano

50. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que tiene múltiples referencias a la protección del medio ambiente, entre las cuales
se encuentran los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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y de las personas naturales y jurídicas de proteger las riquezas naturales de la
Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.

51. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197324 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197425, cuyos artículos 1 y 2, establecen respectivamente que i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

52. La Ley 99 de 1993 prevé como principios que la política ambiental debe
seguir haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

53. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional26 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y

24 […] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
25 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.
26
Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas

54. El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas se encuentra
previsto en el literal g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, el cual reconoce la
protección de aquellas condiciones que permiten garantizar la integridad física, la
salud y el bienestar de la comunidad frente a riesgos que puedan afectar la
convivencia social y la calidad de vida de las personas.

55. Sobre el alcance de este derecho colectivo, el Consejo de Estado ha
señalado que la seguridad y salubridad públicas comprenden el conjunto de
condiciones que deben existir en los espacios donde se desarrolla la vida en
comunidad para evitar riesgos que puedan afectar la salud o la integridad de las
personas. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que este derecho se
relaciona con la obligación de las autoridades de prevenir situaciones que generen
focos de contaminación, insalubridad o peligro para la población. En palabras del
Consejo de Estado:

“[…] El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas busca preservar las
condiciones mínimas de higiene, sanidad y seguridad necesarias para la convivencia
social, de manera que se eviten situaciones que puedan comprometer la salud o la
integridad de la comunidad […]”27.

56. En ese sentido, la protección de este derecho colectivo implica que las
autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir o mitigar situaciones que
puedan generar riesgos sanitarios o de seguridad para la comunidad,
especialmente cuando se derivan de condiciones ambientales inadecuadas,
obstrucción de cauces, acumulación de residuos o cualquier circunstancia que
comprometa la salubridad y el bienestar de la población.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de

2008, rad. 25000-23-24-000-2002-00127-01(AP.

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Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente

57. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente está enlistado en el literal l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

58. Para precisar el contenido de este derecho es pertinente hacer referencia al
artículo 1 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201228, el cual dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 1. De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

59. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.

60. La Ley 1523 de 2012 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país […]”.

28
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.

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61. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo 3
de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

Análisis del caso concreto

62. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de 9 de octubre de 2025 en la que amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad
públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente al
evidenciar la persistencia de una situación de riesgo originada en la alteración del
cauce natural de la fuente hídrica, la disposición inadecuada de materiales de
excavación y residuos de construcción en su ronda de protección, la obstrucción del
flujo del agua y el consecuente estancamiento e inundaciones que afectan a la
comunidad. En consecuencia, impartió órdenes a las entidades demandadas
dirigidas a la adopción de medidas eficaces, coordinadas y sostenidas en el tiempo
para conjurar el riesgo, restablecer el cauce natural y garantizar la protección de los
derechos colectivos vulnerados.

63. Contra la sentencia proferida por el Tribunal, la CAR interpuso recurso de
apelación que, en síntesis, fundamentó en los siguientes argumentos: i) sostuvo que
la CAR ha actuado en cumplimiento de sus funciones como autoridad ambiental por
lo que no es cierto que exista omisión atribuible a la entidad; ii) señaló que la
responsabilidad de la vulneración de los derechos e intereses colectivos recae en
la Sociedad Inversiones y Desarrollo Mar de Plata y no en la autoridad ambiental; y
iii) adujo que las órdenes impartidas a la CAR desbordan las competencias de la
entidad, desconocen los principios de legalidad, sostenibilidad fiscal y planeación
del gasto público y desnaturalizan la función del juez de la acción popular,
particularmente al imponerle la ejecución subsidiaria de obras que implican
decisiones de carácter presupuestal sin sujeción a los instrumentos de planificación
y disponibilidad presupuestal de la entidad.

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64. Por lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos en el recurso de
apelación en el siguiente orden: i) lo probado en el proceso respecto de las
actuaciones de la CAR como autoridad ambiental; ii) la responsabilidad de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos; y iii) la proporcionalidad de las
órdenes impartidas a la CAR.

Lo probado en el proceso respecto de las actuaciones adelantadas por la CAR
como autoridad ambiental

65. La Sala destaca que el recurso de apelación presentado por la CAR no
cuestiona la existencia de la vulneración de los derechos e intereses colectivos que
fueron amparados por el Tribunal como consecuencia del desvío de la quebrada
Casablanca efectuado por la Sociedad Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A.
sin los permisos ambientales correspondientes, sino que la entidad afirma que el
Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran que la CAR no ha sido
omisiva respecto al control y seguimiento ambiental por el desvío del cauce.

66. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala destaca el siguiente material
probatorio:

67. Copia del informe técnico de visita realizada el 12 de agosto de 2024 por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Sopó en el asunto “[…]
informe de gestión del riesgo – caso San Patricio, quebrada Casablanca […]”, en el
que se indicó lo siguiente29:

“[…] 2. Antecedentes

A continuación, se hace relación de los expedientes encontrados en archivo
relacionados con el caso, y con la relación de la información consultada en el Sistema
De Administración de Expedientes- SAE CAR:

29Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: "[...]
1ED_001EXPEDIENTEREMITID(.rar) NroActua 2 [...]".

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Teniendo en cuenta los expedientes identificados, es preciso señalar las
afectaciones que ha presentado el predio en atención a la adecuación generada
por el propietario del mismo dada la intervención y disposición de materiales
de excavación, residuos de construcción y Demolición- RCD en zona de ronda
o zona de protección de la quebrada Casablanca, en el predio denominado San
Patricio, identificado con número de cédula catastral 25758000000003010700,
ubicado en la Vereda Pueblo Viejo, municipio de Sopó.
La actividad desarrollada por el propietario del predio, anteriormente
mencionada presenta una repercusión en un área de influencia que incluye la
comunidad del sector Niño ubicado en la vereda pueblo viejo, comunidad que
presenta la siguiente clasificación etaria de acuerdo a la información suministrada por
la oficina de Sisbén del municipio de Sopó.

Información que permite corroborar la afección directa a aproximadamente
trescientas veinticuatro (324) personas, habitantes del sector niño- vereda
pueblo viejo, quienes con la intervención adelantada en el predio San Patricio,
han venido presentando procesos de inundación, toda vez, que las viviendas
se encuentran ubicadas sobre la ronda de la Quebrada Casablanca, la cual
presenta un estancamiento en su flujo laminar, dada la modificación de su
cauce natural, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico, en el
que se hace un análisis multitemporal.

[…]

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En la ilustración 9 presentada anteriormente, se observan dos líneas que
representan diferentes cauces de agua en el área de estudio:
Línea Azul: Representa el curso natural de la quebrada Casablanca. Este es el
cauce original por donde fluían las aguas de manera natural a través del terreno,
respetando el relieve y las características geográficas del área.
Línea Roja: Corresponde al cauce antrópico creado en el predio San Patricio.
Este es un canal artificial diseñado y ejecutado dentro del predio mencionado, que ha
desviado el flujo del agua de la quebrada Casablanca, por el tramo que atraviesa por
el predio en mención.

La comparación de las imágenes multitemporales permite identificar tendencias
y patrones de cambio a lo largo del tiempo, proporcionando una base sólida
para comprender las dinámicas hidrológicas y geomorfológicas de la quebrada
Casablanca.

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En el análisis multitemporal de imágenes satelitales y aéreas, se ha
documentado de manera sistemática la evolución y modificación del cauce de
la quebrada Casablanca. Estas imágenes, capturadas en diferentes intervalos
temporales, evidencian un patrón claro de afectación y alteración en la
morfología del cauce. La evaluación técnica de los datos muestra cambios
significativos en la geometría del lecho de la quebrada, que incluyen
desviaciones en su curso original.
Por otra parte, desde la administración municipal, se ha llevado a cabo una
documentación a través de registros fotográficos que ilustran las modificaciones
geométricas y las intervenciones realizadas en el predio San Patricio. Estos registros
fotográficos, obtenidos en diversas fechas, proporcionan evidencia visual clara de los
cambios en la estructura y el cauce de la quebrada.

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Esta información es crucial para evaluar el impacto de las intervenciones
realizadas, el análisis integrado de los registros fotográficos y los datos
multitemporales facilita una comprensión más profunda de las
transformaciones geométricas y las implicaciones de las modificaciones en la
dinámica del cauce.
Cabe señalar que el proceso asociado al predio San Patricio cuenta con una
medida preventiva impuesta desde la Inspección de Policía del municipio de
Sopó, la cual fue adelantada en el mes de julio del año 2019. Adicionalmente, desde
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR se dio lugar a las
siguientes medidas preventivas:
1. Medida preventiva impuesta a través del Auto 0986 de 22 de marzo de 2019,
expediente 74449.
2. Medida preventiva impuesta a través de la Resolución DRSC 09227000114 del
28 de marzo de 2022, expediente 91574.
3. Medida preventiva impuesta a través de la Resolución DRSC 09237000100 del
21 de marzo de 2023, expediente 91648.

Por otra parte, se presenta la relación de los actos administrativos relacionados
con trámites administrativos de tipo sancionatorio, hacia el propietario del
predio San Patricio, aperturados por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca- CAR los cuales se relacionan a continuación:
En relación al expediente 71147
● Auto No 09186102017 inicia proceso sancionatorio de fecha 20 de septiembre de
2018.
● Auto No 09216003192 inicia proceso sancionatorio de fecha 14 de octubre de 2021.
● Auto 09216003890 modifica el acto administrativo de fecha 29 de noviembre de
2021.
● Auto 09216004081 modificatorio acto administrativo de fecha 06 de diciembre de
2021.
● Auto 09226000654 modificatorio acto administrativo de fecha 07 de marzo de 2022.
● Auto 0922600316 se deja sin efecto acto administrativo y se toman otras decisiones
de fecha 29 de abril de 2022
● Auto 09222014007 formulación de cargos de fecha 14 de septiembre de 2022.
● Auto 09226003806 acto administrativo apertura etapa de aprobación de fecha 03
de noviembre de 2022.
● Resolución No 50237002205 decide un trámite sancionatorio de fecha 22 de
noviembre 2023

En relación al Expediente 74449:

● Acto administrativo que inicia un proceso sancionatorio, de fecha 22 marzo de 2019,
Radicado 09186100986.
● Auto por el cual se modifica acto administrativo, de fecha 19 diciembre del 2022,
radicado 09226004643.

En relación al Expediente 97574:

● Auto acto administrativo apertura de indagación preliminar, de fecha 7 marzo del
2022, radicado 09226000683.
● Acto administrativo que inicia un proceso sancionatorio, de fecha 3 marzo del 2023,
radicado 09236000708.
● Auto de formulación de cargos, de fecha 11 octubre del 2023, radicado
09236004258.

En relación al Expediente 91648:

● Auto 09226000726 inicia proceso sancionatorio de fecha 10 de marzo de 2022
● Informe técnico 09235001492 sancionatorio de fecha 12 de mayo de 2023
● Auto 09236004551 formulación de cargos de fecha 25 de octubre de 2023
● Auto 09246001465 revocatoria directa de fecha 09 de agosto de 2024

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Para efectos de validación de la trazabilidad del proceso para cada uno de los
expedientes relacionados, se anexan capturas de pantalla de la información
consultada en el SAE- CAR.

Desde la administración municipal se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo (CMGRD) del municipio de Sopó, llevada a cabo el 22 de abril de
2024, se discutió la problemática recurrente de inundaciones que afecta al sector Niño
durante cada temporada de ola invernal. Estas inundaciones han generado
preocupación tanto por sus impactos en la comunidad como por el riesgo
ambiental asociado.

En respuesta a la situación, se decidió realizar una visita de inspección ocular en el
sector Niño, con el objetivo de identificar las causas subyacentes de las inundaciones
y proponer medidas correctivas para mitigar estos eventos en el futuro.

La inspección ocular realizada en el sector Niño permitió identificar que la
principal causa de las inundaciones recurrentes es la alteración del flujo natural
de las aguas, atribuida a las intervenciones realizadas en el predio San Patricio.
Se constató que el canal antrópico en dicho predio ha desviado el cauce natural,
ocasionando un estancamiento cuando hay precipitaciones, lo que
desencadena las inundaciones en el sector Niño.

[…]

Con base en los hallazgos y análisis realizados por el CMDGR, se elaboró un informe
técnico dirigido al Dr. Alfred Ignacio Ballesteros, este documento fue remitido bajo el
número consecutivo 2024-SAM-06908, el cual da a conocer los impactos ambientales

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generados por afectación al cauce en el predio San Patricio. El informe detalla las
afectaciones directas al sector Niño, subrayando la necesidad de implementar
acciones correctivas para restaurar el flujo natural de las aguas y prevenir
futuras inundaciones.

[…]

Durante la vigencia 2024 se han realizado varios acercamientos y visitas técnicas al
área de influencia, señalando de manera particular los siguientes acontecimientos:

Informe de Visita

El día 12 de agosto de 2024, la administración municipal llevó a cabo un recorrido
técnico en el predio San Patricio, empleando un dron como equipo para realizar una
inspección aérea. El propósito principal del sobrevuelo fue identificar el estado actual
de la estructura del canal antrópico que atraviesa dicho predio.

Durante la inspección aérea, se constató que el flujo de agua dentro del canal
se encuentra obstruido; situación que, está provocando el estancamiento del
flujo del recurso hídrico; con ello se está generando un depósito de agua en los
predios aledaños a la afectación; de tal manera que, se ha observado la formación de
zonas de amortiguación y de alivio de la quebrada en los predios colindantes al área
de afectación. Dicha situación, representa un riesgo significativo, puesto que,
constituye un foco propagador de vectores, tales como mosquitos, que son
potenciales transmisores de enfermedades, además de constituir una fuente de
generación de olores ofensivos, los cuales generan malestar en la comunidad
aledaña a la zona.

[…]

En este vuelo se pudo identificar la ocupación del cauce el cual fue generado
por el relleno realizado en este predio el cual ha interrumpido el flujo natural del
agua, lo que ha afectado gravemente el flujo y discurrir normal y natural de la
quebrada. Por tal razón es necesario restablecer de manera inmediata el cauce
natural de la quebrada para eliminar el riesgo asociado al hecho.

De (sic) igual manera se evidencia de forma clara la modificación y alteración del
cauce lo cual está generando riesgos aguas arribas de este predio, La obstrucción
del cauce natural de la quebrada aumenta significativamente el riesgo de
inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias. Esto representa
una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de la población que habita
aguas arriba, siendo inminente la afectación al Sector Niño ubicado en la vereda
en referencia.

3. Concepto Técnico

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Teniendo presente lo observado a través de las diferentes evidencias y registros
fotográficos que tienen hasta la actualidad, lo cual se puede identificar de la evolución
que han tenido los expedientes a través del tiempo, la afectación del recurso natural
y la afectación que está generado a los habitantes del sector, se pude identificar
que en primera medida no se han cumplido las órdenes sancionatorias emitidas
por parte de la corporación autónoma regional car. de acuerdo con los
expedientes que a la fecha se encuentran activos con relación del predio san
patricio.

[…]

A continuación, se presenta un modelo de elevación que permite identificar a través
de las curvas de nivel las características propias del área de influencia de la
intervención realizada por el tercero y con las cuales es posible realizar un análisis
correspondiente a los efectos posiblemente se podrían ocasionar como consecuencia
de la modificación del cauce de la quebrada.

El modelo de elevaciones se realizó con imágenes satelitales y toma de coordenadas
en campo de latitud, longitud y altimetría como puntos de control, donde se logró
obtener curvas de nivel y mapa de colores de alturas.

Los colores azules corresponden a las zonas donde la altura sobre el nivel del mar es
menor y los tonos amarillos y naranjas son aquellos donde hay una mayor altura.

Como es clara la mayor depresión se encuentra en los cauces naturales (parte
norte del modelo, que incluye aquellas vegas de inundación natural de los
terrenos que va siendo evacuada por el cauce natural de la quebrada.

Por otro lado, se evidencia una depresión bastante marcada en la zona
suroriental del modelo, que es donde se encuentra el centro poblado del Sector
Niño, por lo cual al momento de generar el represamiento de la quebrada en el
predio San Patricio el agua por gravedad se ira a estas zonas de menor altura,
generando inundaciones.

Si el cauce natural de la quebrada se hubiese mantenido, la amenaza por
inundación del sector Niño seria baja o media, pero al haber esta estructura de
relleno antrópico que obstaculiza el paso, la amenaza sube a alta.

Al ser un centro poblado rural y existir edificaciones habitadas por humanos,
ya se determina que hay una vulnerabilidad alta, por consiguiente al realizar la
operación de amenaza por vulnerabilidad indica que el riesgo es alto.

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5. Recomendaciones y disposiciones

Inicialmente, uno de los problemas asociados a la intervención radica en que la
alteración al curso natural del cauce de la quebraba no es compatible con la topografía
del área, es decir, como se puede observar en el modelo de elevación y en las curvas
de nivel presentadas, el trazado en color rojo atraviesa múltiples curvas con altitud
ascendente. Por consiguiente, es muy probable que el volumen de agua proveniente
tanto de fenómenos climatológicos como de la población ubicada aguas arriba de la
quebrada se estanque en el área en la que empieza a aumentar la altura del tramo
en cuestión; lo cual generará inundaciones y desbordamiento en predios aledaños.
Adicionalmente, la intervención realizada afecta directamente el régimen hidrológico
de la quebrada, lo que se traduce en un aumento en la probabilidad de desencadenar
inundaciones y en época de sequía, se disminuye la capacidad de abastecimiento de
la quebrada en mención.
Tal como se observa el trazado rojo, el flujo de agua de la quebrada, debe
realizar un recorrido que implica desplazamiento por cotas que van en aumento,
por lo que eventualmente, se generará erosión en el terreno correspondiente a
las orillas y en el suelo a lo largo de la intervención. Además, en el área en la
que se concentra el recurso hídrico se evidenciará un aumento en los
sedimentos (Afectando notablemente la calidad del agua del sector) que son
transportados, lo cual generará que se depositen aguas abajo y
consecuentemente se obstruyan más cuerpos de agua.
Adicionalmente y como se informó en la explicación del modelo de elevación, tenemos
una amenaza alta por inundación en el sector Niño, y al ser poblado la vulnerabilidad
es alta y por consiguiente el riesgo se convierte en alto.
Por las razones anteriormente expuestas es imperativo, adelantar acciones que
contribuyan al restablecimiento del cauce natural de la quebrada, además del
desarrollo de acciones que mitiguen los impactos ambientales asociados a la
desviación de la fuente hídrica y las acciones adelantadas por el propietario del
Predio San Patricio. […]”. (Destacado fuera de texto).

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68. Copia del auto DSRC 09226000726 de 10 de marzo de 2022 “[…] Por medio
del cual se inicia proceso sancionatorio y se toman otras determinaciones […]”,
dentro del expediente 91648, en el que se resolvió lo siguiente30:

“[…] ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de Inversiones y Desarrollo MAR de Plata S.A. […],
representada legalmente por Marjorie Slendy Rey de Castellanos, […], por la
disposición de residuos de demolición y construcción sobre el cauce y ronda de
protección de la quebrada Toribio, así como, desvío y alteración del flujo natural
de las aguas de dicha fuente hídrica, en la calidad de responsable de la actividad
y propietario del predio denominado San Patricio, ubicado en el la vereda Pueblo Viejo
del Municipio de Sopó, Cundinamarca, identificado con cédula catastral No.
257580000000000030107000000000, por la afectación a los recursos agua y
flora.

PARÁGRAFO 1: Ordenar a la sociedad Inversiones y Desarrollo MAR de Plata
S.A. […], suspender las actividades de disposición de residuos de demolición y
construcción sobre el cauce y ronda de protección de la quebrada Toribio, así
como, desvío y alteración del flujo natural de las aguas de dicha fuente hídrica
[…]”. (Destacado fuera de texto).

69. En la parte considerativa del auto DSRC 09226000726 de 10 de marzo de
2022 expedido por el director regional sabana centro de la CAR se indicó lo
siguiente:

“[…] Que en el Informe Técnico DRSC No. 0408 del 24 de febrero de 2022, el cual se
acoge por medio del presente, el área técnica procedió a recomendar:

“VII. RECOMENDACIONES:

A partir de lo conceptuado y la evaluación realizada se recomienda al Área Jurídica
lo siguiente:

• Se recomienda acoger el presente informe técnico de manera conjunta con
el Informe Técnico DRSC No. 0397 de 22 febrero de 2022.

• Imponer medida preventiva a los responsables de la actividad y
propietarios del predio San Patricio identificado con código catastral No.
257580000000000030107000000000 y matrícula inmobiliaria No. 176-131005,
ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopó, con el fin de
suspender de actividades de disposición de residuos de demolición y
construcción sobre el cauce y ronda de protección de la quebrada Toribio,
así como, desvío y alteración del flujo natural de las aguas de dicha fuente
hídrica.

• Determinar la conducta de los responsables de la actividad y
propietarios del predio San Patricio identificado con código catastral
No.257580000000000030107000000000 y matrícula inmobiliaria No. 176-
131005, ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopó, por la
disposición de residuos de demolición y construcción sobre el cauce y
ronda de protección de la quebrada Toribio, así como, desvío y alteración
del flujo natural de las aguas de dicha fuente hídrica. Igualmente, por la
afectación al recurso flora.

30
Cfr. índice 11 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: "[...]
12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20250325AnexosCo(.pdf) NroActua 11 [...]".

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• Requerir a la Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo de Sopó,
informar la vigencia y las condiciones en las que se encuentra licencia de
construcción y obra nueva para industria y comercio clase III, a nombre de
Inversiones y Desarrollo MAR de Plata S.A. Marjorie Slendy Rey de
Castellanos, para el predio identificado con código catastral No.
257580000000000030107000000000 y matrícula inmobiliaria No. 176-131005,
otorgadas mediante la Resolución No. 209 del 6 de septiembre de 2018,
prorrogada con la Resolución 148 del 12 de junio de 2015.

• Requerir a la Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo de Sopó, la
dirección de notificación y correo electrónico de la sociedad Inversiones y
Desarrollo MAR de Plata S.A., representada legalmente por Marjorie Slendy
Rey de Castellanos.

• Requerir a la Alcaldía de Sopó para que adopte las medidas a las que haya
lugar por los hechos evidenciados en el predio identificado con código catastral
No. 257580000000000030107000000000 y matrícula inmobiliaria No. 176-
131005, de acuerdo con su competencia.

Las demás que el área jurídica estime pertinentes a partir de lo señalado en el
presente informe […]”. (Destacado fuera de texto).

70. De acuerdo con el material probatorio referido la Sala evidencia que la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR ha adelantado
diversas actuaciones tendientes a proteger el medio ambiente y la seguridad y
prevención de desastres en el área en la que se realizó el desvío del cauce.

71. Al respecto, con las pruebas referidas se logra demostrar que la CAR ha dado
apertura a 4 procesos administrativos sancionatorios por presuntas infracciones
ambientales en el predio San Patricio de la vereda Pueblo Viejo en el municipio de
Sopó.

72. Sin embargo, la afectación ambiental generada por la desviación de la
quebrada es objeto de investigación en el expediente 91648, en el que mediante
auto DSRC 09226000726 de 10 de marzo de 2022, la autoridad ambiental inició el
trámite sancionatorio e impartió medidas preventivas.

73. En lo referente a la desviación de la quebrada Casablanca o Toribío, según
lo indicado en el precitado auto, dichas actuaciones no han logrado que se supere
la vulneración de los derechos colectivos amparados con ocasión de la alteración
del cauce, ni mitigar los riesgos derivados de la intervención.

74. Al respecto, el Tribunal en la sentencia sostuvo lo siguiente:

“[…] De todo lo anterior, se evidencia que tanto la CAR como la administración
municipal, han desplegado labores tendientes a solucionar la problemática que
se ha venido presentado en el referido predio.

128. Dichas gestiones son tenidas en cuenta por parte de esta Sala que
reconoce la labor que en el marco de sus competencias han desarrollado las
dos entidades.

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129. No obstante, como se señaló en el acápite que resolvió las excepciones
planteadas, si la vulneración no ha cesado, quiere decir que las acciones
implementadas no han sido lo suficientemente eficaces para detener la
vulneración de los derechos colectivos invocados.

130. Por lo anterior, la Sala protegerá los derechos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles.

131. Destacando igualmente que se encuentra probado que la vulneración de
los derechos colectivos está siendo realizada por un particular, el propietario
del predio en cuestión: INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

75. En relación con el argumento de la CAR, según el cual, la entidad no es
responsable de la vulneración de los derechos colectivos, toda vez que ha ejercido
las funciones de control, vigilancia y sanción, la Sala considera que tal como lo
advirtió el Tribunal la responsabilidad de la autoridad ambiental no se deriva de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos afectados por la precitada
sociedad sino que la responsabilidad de la CAR deviene de sus funciones como
autoridad ambiental en esa jurisdicción.

76. En este orden de ideas, los argumentos expuestos por la CAR relacionados
con que la sentencia apelada desconoció las acciones realizadas por la entidad
consistentes en: i) el ejercicio diligente, técnico y sostenido de sus competencias; ii)
el cumplimiento de las competencias previstas en los artículos 31 y 66 de la Ley 99
de 1993; y iii) la realización de actuaciones permanentes, documentadas, visitas de
inspección, requerimientos al infractor y medidas de suspensión y de sanción, no
tienen vocación de prosperidad, dado que contrario a lo afirmado por la entidad, el
Tribunal reconoció las acciones adelantadas por la autoridad ambiental, las cuales
a juicio del a quo no han sido suficientemente eficaces para detener la vulneración
de los derechos e intereses colectivos amparados y, adicionalmente, precisó que la
responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos recae en la Sociedad
Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A.

77. En consecuencia, el argumento estudiado en este acápite no prospera y por
lo tanto, la CAR, como autoridad ambiental en el área objeto de protección debe
permanecer vinculada a las órdenes judiciales tendientes a superar la situación de
vulneración de los derechos e intereses colectivos.

La responsabilidad de la vulneración de los derechos e intereses colectivos

78. La CAR en el recurso de apelación señaló que: i) la sentencia apelada
desconoce el alcance exacto de las competencias de la autoridad ambiental y la

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naturaleza jurídica de su intervención sancionatoria; ii) introduce una interpretación
extensiva de la noción de responsabilidad concurrente; y iii) la responsabilidad recae
en la Sociedad de Inversiones y Desarrollo Mar de Plata, quien no ha cumplido con
las sanciones impuestas y es responsable de acuerdo con el principio de
responsabilidad directa previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 200931.

79. La Sala destaca que el artículo 31 de la Ley 99 de 199332 establece las
funciones de las corporaciones autónomas regionales, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:

[…]

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

[…]

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental
y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;

31 “[…] ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. (Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 2387 de 2024). Se

considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido
ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la presente ley.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión.

PARÁGRAFO 3o. Será también constitutivo de infracción ambiental el tráfico ilegal, maltrato, introducción y
trasplante ilegal de animales silvestres, entre otras conductas que causen un daño al medio ambiente.

PARÁGRAFO 4o. El incumplimiento de las obligaciones o condiciones previstas en actos administrativos sin
contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente será objeto de aplicación del artículo 90
de la Ley 1437 de 2011. Se entenderá por obligaciones o condiciones sin contenido ambiental, aquellas cuyo
incumplimiento no afecten conocimiento, educación, seguimiento, planificación y control ambiental, las que no
hayan sido emitidas para evitar el daño ·o afectación ambiental, y/o aquellas que no hayan sido impuestas para
mitigarlos, compensarlos y restaurarlos.

PARÁGRAFO 5o. Los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental
competente como las licencias ambientales, o permisos ambientales, incluyen también los planes de
contingencia para la mitigación del riesgo y el control de las contingencias ambientales […]”.
32 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

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[…]

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no
formal, conforme a las directrices de la política nacional;

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

[…]

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

[…]

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las
disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con
los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes […];

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;

[…]

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

[…]

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PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus
tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los
organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia
[…]”. (Destacado fuera de texto).

80. Asimismo, las corporaciones autónomas regionales en materia de gestión del
riesgo de desastres tienen específicas funciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, en el que se dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes
que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen
a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben
apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas
jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la
implementación.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”. (Destacado fuera de texto).

81. Sobre esta materia, en sentencia de 2 de octubre de 2025 esta Sección
consideró lo siguiente33:

“[…] Sobre el alcance del artículo 31 de la Ley 1523, en un asunto de similares
características al caso bajo examen, la Sala estableció34:

“[…] Así pues, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las entidades
territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 contempla a las CAR como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y les impone los
siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de
2025, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 680012333000202100152-01.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre

de 2016, número único de radicación: 660012331000201100050-02.

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ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo, los cuales serán integrados a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y
de desarrollo; (ii) apoyar las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio; (iii) propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible;
y (iv) apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas
jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo
de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en
la implementación.

No desconoce la Sala que las funciones encomendadas a las CAR están
regidas por los principios de complementariedad, solidaridad social,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el numeral
23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual le impone a las CAR los
deberes de realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y
control de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes; asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; y adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de
áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión,
manejo de cauces y reforestación.

Ahora bien, está claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda, aparte de la
demolición y retiro de las obras colapsadas que producen el desvío del cauce
de la quebrada Manizales, resolvió ordenarle al Municipio de Dosquebradas,
ejecutar las obras de protección y recuperación de la ladera con el fin de mitigar
el riesgo que se presenta en la calle 69 entre carreras 16 y 20 del barrio Camilo
Torres I.

Es evidente que para ejecutar ese tipo de obras, se requiere de una
asesoría técnica, materializada en unos estudios concretos, habida cuenta
de la especialidad e importancia de las mismas. Es por ello que la
CARDER, como única y máxima autoridad ambiental en el Departamento
de Risaralda, en virtud de su especialidad técnica en materia ambiental y
de los deberes legales mencionados en materia de gestión del riesgo, es
a la que le corresponde suministrar los estudios de simulación hidráulica
y de suelos y brindar la asesoría y la asistencia técnica requerida para la
estabilización de las márgenes de la quebrada Manizales, tal y como lo
expuso en los conceptos técnicos núms. 1047 de 2008 y 459 de 2009 […]”.

Entonces, bajo esa lógica argumentativa, para la Sala resulta claro que la
obligación de ejecutar las obras que, desde el punto de vista técnico resulten
necesarias para mitigar el riesgo de erosión advertido en el talud aledaño a la
quebrada en inmediaciones los barrios Independencia, Libertadores y Divino
Niño, en el que según lo acreditado en el proceso tienen injerencia la
deforestación del área de reserva protectora adyacente a la fuente hídrica, la
construcción de viviendas en ese espacio físico de protección y el manejo
inadecuado de aguas lluvias, recae de principalmente en el MUNICIPIO, en
consideración a la forma en que está estructurado el Sistema de Gestión y
Prevención del Riesgo.

En efecto, en el ámbito territorial, la Ley ídem otorgó funciones específicas en materia
de gestión del riesgo a los alcaldes en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el

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distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción […]”.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública [...]”.

De igual manera, las funciones encomendadas a cada uno de los integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, definidos por la misma Ley
1523, reconocidos en el artículo 288 de la Constitución Política como rectores en el
ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y
desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

Asimismo, cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,
en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311 de la
Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 199415, que definen al
municipio como la entidad territorial fundamental en la división político administrativa
del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes, buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población de su territorio.

Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención del riesgo,
es al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien corresponde de manera
principal implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas,
actividades y gestiones tendientes a dicho fin.

No obstante, lo anterior no implica que deba dejarse de lado que la misma Ley
1523 y el Decreto 4147 de 2011 establecieron un trabajo coordinado y armónico
con las demás entidades, en torno al desarrollo de dicha política, esquema
dentro del cual a la CARDER también le asiste competencias.

En consecuencia, dado que el proceso erosivo inicia en el cauce de la quebrada
Manizales y se acentúa a lo largo de la pendiente del talud adyacente con
ocasión de actividades antrópicas, la ejecución de las intervenciones de orden
técnico que demanda la problemática expuesta no solo competen al MUNICIPIO,
sino a la CARDER en virtud de la consecuente afectación del cuerpo hídrico y
los recursos naturales asociados a esta, y acorde con las funciones legales que
atañen a la autoridad ambiental, concretamente las previstas en el artículo 31,
numerales 19, 20 y 23 de la Ley 99 de 1993.

En tal sentido, contrario a lo expuesto por la CARDER en la alzada, la solución
efectiva e integral para superar las múltiples causas de la afectación acreditada
durante el trámite de este proceso hacen imperiosa la concurrencia de ambas
entidades en el ámbito funcional que a cada una de estas compete […]”. (Destacado
fuera de texto).

82. De lo dicho hasta aquí, se destaca que esta Sección35, ha determinado que
en materia de gestión del riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar,

35Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencias de 29 de julio de 2021, NUR 81001-23-39-000-2018-00043-01, 28 de

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desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin
es, principalmente al municipio en cabeza de su alcalde. No obstante, ello no indica
que se deba dejar de lado que la misma Ley 1523 de 2012 estableció un trabajo
coordinado y armónico con las demás entidades, dentro de las que se encuentran
las corporaciones autónomas regionales, a quienes se les asignan especiales
funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades territoriales de distinto
orden en materia de gestión del riesgo.

83. De la misma manera, respecto de las corporaciones autónomas regionales,
el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, estableció su competencia en materia de
gestión del riesgo. Concretamente, la precitada norma establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales “[…] [A]poyarán a las entidades territoriales
de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento
y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas,
de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo […]”.

84. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia apelada no
desconoció las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico a la CAR, no
desconoció el principio de legalidad, ni ignoró que la responsabilidad de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados recae en la Sociedad
de Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A.; por el contrario, de conformidad con
las funciones de la autoridad ambiental referidas en esta providencia es claro que
la CAR como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción tiene, entre
otras las funciones de ejercer la evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua y “[…] Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua,
y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección
y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su
jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y
a las previsiones técnicas correspondientes […].

85. En consecuencia, no le asiste razón a la entidad apelante al sostener que la
responsabilidad debe recaer de manera exclusiva en el particular, pues, en el
presente asunto la CAR tiene responsabilidades como autoridad ambiental en la
zona y le corresponde garantizar la protección de manera efectiva de los derechos
colectivos vulnerados.

noviembre de 2019, NUR 13001-23-33-000-2015-00052-02, y de 5 de octubre de 2023, NUR
17001233300020170052401.

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La proporcionalidad de las órdenes impartidas a la CAR

86. La CAR señaló en el recurso de apelación que la orden impartida relacionada
con ejecutar de manera subsidiaria lo ordenado a la Sociedad Inversiones y
Desarrollo Mar de Plata S.A.: i) desnaturaliza la función judicial al impartir órdenes
con las que el juez popular invade las funciones de la administración; ii) desconoce
los principios de planeación, contratación y ejecución presupuestal, por lo que
solicitó adecuar las órdenes judiciales de acuerdo con lo previsto en los artículos
31, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993 y 39 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

87. La Sala destaca que la normativa que regula el procedimiento sancionatorio
ambiental contiene herramientas que la autoridad ambiental debe utilizar con el
objeto de hacer efectivas las medidas que adopte en el marco de las actuaciones
que tiene a su cargo.

88. Así las cosas, las siguientes disposiciones normativas contenidas en la Ley
1333 de 2009 son relevantes para el caso concreto:

“[…] ARTÍCULO 36. TIPOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. <Artículo modificado por
el artículo 19 de la Ley 2387 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible, y las demás autoridades ambientales, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, las Autoridades Ambientales, las entidades territoriales, los
demás centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las
delegaciones de asuntos ambientales de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la
Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con
la gravedad de la infracción, entre otras, alguna o algunas de las siguientes
medidas preventivas:

1. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infracción.

2. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de flora y
fauna silvestres o acuática.

3. Suspensión del proyecto, obra o actividad cuando pueda derivarse daño o
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y los
ecosistemas o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental; o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.

4. Realización de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la
naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la
infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

PARÁGRAFO 1o. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la
imposición de las medidas preventivas como almacenamiento, transporte,
vigilancia, parqueadero, destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo del
infractor.

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, la medida preventiva se levantará una vez se
cumplan las condiciones impuestas para tal efecto, en los términos que dispone el

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artículo 35 de la presente ley, o hasta la expedición de la decisión que ponga fin al
procedimiento; la cual se pronunciará sobre su levantamiento […]”.

“[…] ARTÍCULO 37. AMONESTACIÓN PÚBLICA ESCRITA COMO SANCIÓN.
<Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2387 de 2024. El nuevo texto es el
siguiente:> Consiste en la llamada de atención escrita a quién ha infringido las normas
ambientales y ha cometido infracción ambiental, esta deberá ser publicada en la
página web de la autoridad ambiental competente y en la(s) alcaldía(s) donde ocurrió
la infracción, sin perjuicio de su inclusión en el RUIA. La amonestación deberá incluir
la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o servicio comunitario de
que trata el artículo 49 de esta ley. El infractor que incumpla el servicio comunitario o
la asistencia al curso será sancionado con multa equivalente hasta de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Esta sanción se aplicará cuando el presunto
infractor sea una persona natural y podrá reemplazar la multa sólo cuando la
capacidad socioeconómica del infractor sea insuficiente […]”.

“[…] ARTÍCULO 38. DECOMISO Y APREHENSIÓN PREVENTIVOS. Consiste en la
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos,
medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer
la infracción ambiental o producido como resultado de la misma.

Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud humana,
vegetal o animal, la autoridad ambiental procederá de inmediato a su inutilización,
destrucción o incineración a costa del infractor. Los productos perecederos que no
puedan ser objeto de almacenamiento y conservación podrán ser entregados para su
uso a entidades públicas, de beneficencia o rehabilitación, previo concepto favorable
de la entidad sanitaria competente en el sitio en donde se hallen los bienes objeto del
decomiso. En caso contrario, se procederá a su destrucción o incineración, previo
registro del hecho en el acta correspondiente.

PARÁGRAFO. Se entiende por especie exótica la especie o subespecie taxonómica,
raza o variedad cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio
nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el país, es como resultado
voluntario o involuntario de la actividad humana”.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> <Parágrafo
adicionado por el artículo 1 del Decreto 4673 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>
La autoridad ambiental podrá disponer en forma directa o a través de convenios
interinstitucionales con terceras entidades, el uso de los elementos, medios, equipos,
vehículos o implementos respecto de los cuales pese una medida de decomiso
preventivo en los términos del presente artículo, con el exclusivo fin de atender las
necesidades relacionadas con los motivos de la declaratoria de emergencia a las que
se refiere el Decreto 4580 de 2010 y, en particular, para:

-- La construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura y actividades
para el control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de
escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y
corrientes de agua y demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de
suelos, aguas y vegetación de las áreas hidrográficas citadas.

-- La restauración, recuperación, conservación y protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural
de las áreas citadas.

-- Rehabilitación de la red vial afectada por situaciones de desastre.

-- Labores de búsqueda y rescate y primeros auxilios.

-- Recuperación de vivienda (Averiada y destruida), y

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-- Obras de emergencias (reforzamiento de terraplenes, obras de control) y obras de
prevención y mitigación en la zona.

-- Construcción y/o rehabilitación de obras de acueducto y saneamiento básico
ambiental.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 4673 de 2010.
El nuevo texto es el siguiente:> El uso de los elementos decomisados se comunicará
previamente a los sujetos involucrados en el trámite sancionatorio, sin que frente a
esta decisión proceda recurso alguno en la vía gubernativa. El uso se suspenderá en
forma inmediata en caso de que la autoridad ambiental decida levantar la medida
preventiva, o por la terminación del procedimiento sancionatorio sin que se declare la
responsabilidad administrativa del presunto infractor. Lo anterior, sin perjuicio de que
se acuerde con el titular del bien la prolongación del uso a cualquier título en la
atención de la obra o necesidad respectiva.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> <Parágrafo
adicionado por el artículo 1 del Decreto 4673 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>
A partir del momento en que se autorice el uso, la entidad pública o privada que utilice
los bienes decomisados deberá hacerse cargo de los gastos de transporte,
combustible, parqueadero, cuidado, impuestos y mantenimiento preventivo y
correctivo que se requieran, los cuales en caso de que el procedimiento administrativo
sancionatorio concluya sin la declaratoria de responsabilidad del presunto infractor,
no podrán ser cobrados al titular del bien como condición para su devolución.

Así mismo, la entidad pública o privada que haga uso de los bienes decomisados
asumirá, en forma obligatoria, los gastos que genere la toma de las pólizas que
aseguren todo tipo de riesgos, en beneficio de los titulares de tales bienes. La
devolución de los mismos, cuando la medida se levante o cuando se dé la terminación
del procedimiento administrativo sancionatorio sin declaración de responsabilidad
administrativa del presunto infractor, se hará en el estado en que le fueron
entregados, salvo el desgaste normal de las cosas […]”.

“[…] ARTÍCULO 39. SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD. Consiste
en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su
realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con
la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas […]”.

“[…] ARTÍCULO 40. SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley
2387 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Las sanciones señaladas en este
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. La autoridad ambiental competente impondrá al (los) infractor (es), de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita.

2. Multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes
(100.000 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente).

3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

4. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.

5. Demolición de obra a costa del infractor.

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6. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.

7. Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuática.

PARÁGRAFO 1o. La imposición de una o varias de las sanciones aquí
señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por
la autoridad ambiental competente, de restaurar el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o los ecosistemas afectados. Estas sanciones se
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales y disciplinarias
a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional definirá mediante reglamento los criterios
para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo
atenuantes y agravantes contemplados en la ley. Se tendrá en cuenta la magnitud del
daño o afectación ambiental, y las capacidades socioeconómicas del infractor sea
persona natural o jurídica, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

PARÁGRAFO 3o. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño o afectación ambiental,
las capacidades socioeconómicas del infractor sea persona natural o jurídica, en caso
de que la multa quede como sanción deberá imponerse siempre acompañada de una
o varias de las otras sanciones mencionadas en el presente artículo de acuerdo con
lo considerado por la autoridad ambiental competente.

En todo caso, cuando la autoridad ambiental decida imponer una multa como sanción,
sin una sanción adicional, deberá justificarlo técnicamente.

PARÁGRAFO 4o. Ante la renuencia del infractor en el cumplimiento de las
sanciones previstas en los numerales 1, 3, 5, 7, cuando se haya designado como
tenedor de fauna silvestres, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley
1437 de 2011.

PARÁGRAFO 5o. El valor de la multa en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
establecido en el numeral 2 del presente artículo se liquidará con el valor del Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente a la fecha de expedición del acto administrativo que
determine la responsabilidad e imponga la sanción […]”.

89. Adicionalmente, el numeral 10 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993 dispone
lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito
Capital de Santafé de Bogotá. (Adicionado por el art. 12, Decreto 141 de 2011).
Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen
constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o
de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio
Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales:

[…]

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las
Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces
o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas
y micro-cuencas hidrográficas […]”. (Destacado fuera de texto).

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90. De acuerdo con la normativa transcrita, la Sala considera que no le asiste
razón al apoderado de la CAR cuando señala que la sentencia apelada
desnaturaliza la función judicial al impartir órdenes con las que el juez popular
invade las funciones de la administración, toda vez que lo ordenado se ajusta a los
límites competenciales de la autoridad ambiental.

91. Asimismo, la Sala destaca que, si bien es cierto, la CAR mediante el auto
DSRC 09226000726 de 10 de marzo de 2022 inició el trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra la sociedad Inversiones y Desarrollo Mar
de Plata S.A. por “[…] la disposición de residuos de demolición y construcción sobre
el cauce y ronda de protección de la quebrada Toribio, así como, desvío y
alteración del flujo natural de las aguas de dicha fuente hídrica, en la calidad
de responsable de la actividad y propietario del predio denominado San Patricio,
ubicado en el la vereda Pueblo Viejo del Municipio de Sopó […]” y dispuso como
medida preventiva “[…] ordenar a la sociedad Inversiones y Desarrollo MAR de
Plata S.A. […], suspender las actividades de disposición de residuos de
demolición y construcción sobre el cauce y ronda de protección de la quebrada
Toribio, así como, desvío y alteración del flujo natural de las aguas de dicha
fuente hídrica […]”, no es menos cierto que, como también lo advirtió el Tribunal,
las medidas adoptadas por la autoridad ambiental no han sido lo suficientemente
eficaces para impedir que se sigan vulnerando los derechos e intereses colectivos
amparados.

92. En este orden de ideas, la autoridad ambiental, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dispone de herramientas
jurídicas para proteger el medio ambiente y evitar que se presenten riesgos
previsibles técnicamente en el área. Lo cual quedó referenciado en las normas
transcritas, que permiten en el trámite de los procesos sancionatorios ambientales
obligar a los particulares infractores a cesar las acciones que afectan, entre otros,
el recurso hídrico, por lo que no es de recibo para la Sala el argumento expuesto
por la CAR en el recurso de apelación según el cual la responsabilidad únicamente
recae en el particular infractor, cuando el ordenamiento jurídico le da a las
corporaciones autónomas regionales especiales facultades para proteger el medio
ambiente en su jurisdicción, las cuales no se han ejercido de manera eficaz en el
caso bajo estudio.

93. A lo anterior se suma que la CAR no inició, dentro del ámbito de sus
competencias, actuación alguna en contra de las personas naturales y/o jurídicas
que ostentan la condición de administradores de la sociedad comercial con

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denominación social INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S.A.,
compañía que, como sociedad anónima tiene unos administradores que, al tenor
del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son sus representantes legales y miembros
de la Junta Directiva.

94. En efecto, la ley colombiana en materia de sociedades comerciales es de
notoria imperatividad en el sentido de señalar en el artículo 200 del Código de
Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que “[…] Los
administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros […]”. Señala incluso
el inciso 3 de esta norma que “[…] En los casos de incumplimiento o extralimitación
de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del
administrador […]”.

95. Se observa entonces que la CAR puede y debe actuar en contra de quienes
al tiempo de los hechos ostentaron o tienen la condición de administradores de la
compañía mencionada, pues como administradores les podría caber
responsabilidad de conformidad con la normativa sobre la materia ya que el respeto
de los preceptos de contenido ambiental son ley que debe ser observada por los
administradores de todas las sociedades nacionales y extranjeras en el desarrollo
de su objeto social, esto por virtud de los deberes de diligencia, lealtad y buena fe,
tal como lo señala, por ejemplo, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia
de Sociedades36.

96. Así las cosas, la Sala reitera que la CAR en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, dispone de herramientas jurídicas y
facultades para lograr la efectividad de sus funciones como máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción

97. Por otro lado, la Sala tampoco evidencia que la decisión de primera instancia
desconozca los principios de planeación, contratación, ejecución presupuestal y
sostenibilidad fiscal, en razón a que la orden de restituir el cauce de la quebrada
Casablanca a su curso natural y la ejecución de obras para la restauración
ambiental en esa área como consecuencia del desvío ilegal del cuerpo de agua se
impartió a la sociedad infractora.

98. No obstante lo anterior, la Sala considera necesario modificar las órdenes
impartidas por el Tribunal en los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de

36 Cfr. https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/cap-5-administradores.

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la sentencia proferida en primera instancia, con el objeto de que la CAR, en el plazo
de 3 meses a partir de la notificación de esta providencia, realice un estudio técnico
en el sector en el que se desvió la quebrada en el cual se determinen las condiciones
en que debe hacerse la restitución del cauce natural de la quebrada Casablanca en
el tramo afectado dentro del predio San Patricio, así como las medidas de
restauración que resulten más adecuadas para restituir a las condiciones naturales
el cuerpo hídrico y prevenir futuros represamientos o desbordamientos, con el objeto
de proteger los derechos colectivos amparados en esta providencia.

99. Una vez la autoridad ambiental realice el precitado estudio, deberá
comunicarlo a la Sociedad Inversiones y Desarrollo Mar de Plata S.A. o al
propietario del predio San Patricio al momento de la ejecución de las obras, para
que proceda a realizar las obras que indique la CAR, para lo cual se otorgará un
plazo de 6 meses a partir del momento en el que se comunique el resultado del
estudio técnico al particular responsable.

100. Asimismo, se ordenará a la CAR que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, continúe con el trámite de los procesos
ambientales sancionatorios contra el infractor ambiental y ejerza los poderes que le
otorga la normativa sancionatoria ambiental y el ordenamiento jurídico en general
para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses colectivos amparados
en esta providencia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva.

101. Igualmente, la Sala instará a la CAR para que, en el ámbito de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, inicie los trámites de
investigación y sanción en contra de las personas naturales y jurídicas
administradoras de la sociedad propietaria del inmueble.

Conclusiones

102. La Sala modificará los ordinales tercero y quinto de la sentencia apelada en
lo referente a las órdenes impartidas a las autoridades demandas y confirmará el
amparo de los derechos colectivos invocados.

103. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales 1 y
8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la sentencia de 9 de
octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, los cuales quedarán así:

“[…] TERCERO. – ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA –CAR– que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias y dentro del término de tres (3) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia, realice un estudio técnico con el fin de determinar la
las condiciones en que debe hacerse la restitución del cauce natural de la quebrada
Casablanca en el tramo afectado dentro del predio San Patricio, así como las medidas
de restauración que resulten más adecuadas para restituir a las condiciones naturales
el cuerpo hídrico y prevenir futuros represamientos o desbordamientos.

ORDENAR A LA SOCIEDAD INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA
S.A. que ejecute las obras que determine la autoridad ambiental en el estudio técnico
dentro del término que establezca la autoridad ambiental, que en todo caso no podrá
superar los 6 meses a partir del momento en el que la CAR comunique al particular
responsable los resultados del estudio […]”.

“[…] QUINTO. – ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA –CAR– que:

1. Continúe tramitando de manera diligente los procesos administrativos
sancionatorios ambientales adelantados con ocasión de las intervenciones no
autorizadas realizadas sobre el cauce de la quebrada Casablanca y ejerza los
poderes que le otorga la normativa sancionatoria ambiental y el ordenamiento jurídico
en general para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses colectivos
amparados en esta providencia.

2. Ejerza las funciones de control, vigilancia, seguimiento y supervisión
técnica respecto de las medidas de restauración que deban ejecutarse en
cumplimiento de esta sentencia.

3. Realice visitas técnicas periódicas para verificar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas al particular infractor y adopte las medidas administrativas a
que haya lugar en caso de incumplimiento.

INSTAR a la CAR para que inicie, en el ámbito de sus competencias sancionatorias,
las investigaciones y procesos administrativos en contra de las personas naturales y
jurídicas que tienen la calidad de administradores de la sociedad INVERSIONES Y
DESARROLLO MAR DE PLATA S.A. por los hechos que originaron la presente
acción popular y por el desacato de las órdenes impartidas por la CAR. Para el efecto
la CAR deberá revisar en el registro mercantil quienes tenían para la fecha de los
hechos la condición de administradores de la mencionada sociedad, en especial pero
sin circunscribirse a ello, para la fecha del desvío del cauce de la quebrada
Casablanca y quienes han tenido y tienen actualmente dicha condición de
administrador para efectos de las actuaciones administrativas que deberán iniciarse
y adelantarse respetando el debido proceso. […]”.

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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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