Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00248-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL TOLIMA
TESIS: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA PORQUE LAS ÓRDENES JUDICIALES CUESTIONADAS
GUARDAN CONGRUENCIA INTERNA, LA AUTORIDAD APELANTE NO
HA CUMPLIDO EFICIENTEMENTE SUS FUNCIONES AMBIENTALES Y
LOS PLAZOS IMPUESTOS PARA CULMINAR CIERTAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS NO SON ARBITRARIOS NI INFUNDADOS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PÚBLICAS, Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA1 contra la
sentencia de 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima2.
1
En adelante CORTOLIMA.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 73001 23 33 000 2021 00248 01
Actora: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA
EL TOLIMA3, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de
agosto de 19984, presentó demanda contra el MUNICIPIO DE
ORTEGA5, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE ORTEGA S.A. E.S.P.6, y CORTOLIMA,
tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico para el
desarrollo sostenible, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
I.2. Hechos
Manifestó que CORTOLIMA, por Resolución núm. 2483 de 8 de
octubre de 2009, acogió el “Proyecto de gestión integral de residuos
sólidos” para el MUNICIPIO, en el que las actividades para el
3
En adelante la Actora.
4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
En adelante el MUNICIPIO.
6
En adelante EMPORTEGA.
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abandono y cierre del botadero de basura a cielo abierto Los
Colorados no comprende la disposición de residuos, no obstante, el
MUNICIPIO y EMPORTEGA continúan disponiendo los residuos con
la anuencia de la autoridad ambiental.
Informó que, en efecto, recibió múltiples peticiones, quejas y
reclamos en torno a la disposición indebida de residuos en el
botadero de basura, motivo por el que decidió “adelantar desde 2020
actuaciones relacionadas con el tema”.
Puso de manifiesto que en Resolución núm. 1374 de 6 de mayo de
2021, CORTOLIMA negó la solicitud de actualización del Plan de
Manejo Ambiental presentada por EMPORTEGA para poner en
funcionamiento una “celda de disposición de residuos de emergencia”
en el botadero de basura, y les ordenó al MUNICIPIO y
EMPORTEGA allegar el plan de clausura y restauración ambiental de
las celdas de disposición final.
Adujo que, pese a no contar con autorización, el MUNICIPIO
continúa disponiendo residuos en el botadero de basura con la
anuencia de CORTOLIMA, lo cual transgrede la Resolución 2483 de
2009 y los derechos colectivos invocados.
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I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los
demandados, lo siguiente:
“[…] 2. Ordenar al municipio de Ortega y a Emportega E.S.P., cumplir
[…] el plan de abandono y cierre del botadero a cielo abierto […].
3. Ordenar a Cortolima, hacer cumplir lo contenido en la resolución
No. 2483 de octubre 8 de 2009 […], adelantar con estricto apego a
los principios de economía y celeridad en materia administrativa y
llevar a término los procedimientos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas que han incumplido lo establecido en
la resolución en comento […]”7.
I.4. Defensa
I.4.1.- El MUNICIPIO8 adujo que no ha causado perjuicio alguno ni
vulnerado los derechos colectivos invocados, razón por la que en el
expediente no reposa ninguna prueba que así lo demuestre.
Alegó que la prestación del servicio de aseo no está a su cargo, sino
de EMPORTEGA, por lo que su ámbito de competencias se reduce a
ejercer control y vigilancia sobre dicha empresa.
7
Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado.
8
Índice 45 del expediente digital de primera instancia, documento 29.
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Por lo anterior, propuso las excepciones de “falta de legitimación por
pasiva”, “imposibilidad legal del municipio para acceder a lo
pretendido” y “carencia de fundamentos legales y fácticos para
demandar”.
I.4.2.- EMPORTEGA9 adujo que no obra prueba de que haya
vulnerado los derechos colectivos alegados, sino que, por el
contrario, sus actuaciones han sido diligentes y acorde con sus
funciones.
Afirmó que, desde la Resolución 2483 de 2009, ha desplegado todos
los esfuerzos técnicos y administrativos para no generar daños
ambientales en las zonas intervenidas, al igual que ha procurado
cumplir con la normativa vigente, lo cual fue verificado por
CORTOLIMA.
Indicó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1374
de 202110, por lo que dicho acto “carece de poder vinculante”.
9
Ibid., archivo 26.
10
A través de la cual CORTOLIMA le negó la solicitud de actualización del plan de manejo ambiental y
le exigió implementar un nuevo plan de clausura y restauración ambiental del botadero de basura a
cielo abierto.
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Adujo que la acción de la referencia no pretende el amparo de
derechos colectivos, sino de los derechos individuales de los vecinos
del botadero de basura con base en una queja que no demuestra la
presunta vulneración de aquellos derechos.
Por lo anterior, formuló las excepciones de “improcedencia de la
acción”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos”,
“carencia de fundamentos legales y fácticos para demandar” y “extra
y ultra petita”.
I.4.3.- CORTOLIMA11 solicitó que fuera desvinculada del proceso
porque ha “demostrado el cumplimiento y el interés permanente de
contribuir significativamente a la problemática que gira en torno al
botadero”.
Aseguró que ha cumplido con su labor de garantizar el desarrollo
sostenible y “los demás intereses de la comunidad conculcados por
la existencia y el funcionamiento del botadero a cielo abierto”; no
obstante, en informes de visita en 2020 y 2021 advirtió que el
11
Ibid., archivo 26.
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botadero estaba “en condiciones aceptables de operación y
mantenimiento” y “actividades de reciclaje de manera adecuada”.
Informó que mediante la Resolución 2483 determinó que no se podía
continuar con la disposición de residuos en el botadero, para lograr
la “óptima restauración ambiental del predio”; y mediante Resolución
1374 negó la actualización del plan de manejo ambiental y ordenó
que se presentara el plan de clausura y restauración ambiental de las
celdas de disposición final.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió los días 24 de
febrero12 y 26 de septiembre13 de 2023, declarándose fallida por
ausencia de ánimo para pactar.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 14 de noviembre de 202414, amparó los
derechos colectivos invocados por el indebido funcionamiento del
12
Ibid., índice 56.
13
Ibid., índice 77.
14
Ibid., índice 97.
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botadero de basura a cielo abierto “Los Colorados”, y por la falta de
medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento ambiental de
las celdas de disposición final.
Advirtió que CORTOLIMA, a través de las resoluciones núms. 1196
de 4 de octubre de 2005 y 2483 de 8 de octubre de 2009, asumió el
control y seguimiento del cierre, clausura y restauración ambiental
del botadero de basura o su transformación técnica a relleno
sanitario, al igual que acogió el plan de abandono presentado por
EMPORTEGA, con lo cual, a su juicio, se cumplió con la obligación
de imponer “un cierre definitivo que impedía la [disposición de
residuos] en Los Colorados”.
Mencionó que, no obstante lo anterior, mediante Resolución 1390 de
27 de septiembre de 2005, CORTOLIMA aprobó la construcción de
una celda adicional en el botadero de basura para operar durante un
periodo máximo de 36 meses, pues el MUNICIPIO debía adquirir un
nuevo sitio para diseñar una solución definitiva, y en Resolución 431
de 28 de abril de 2006 acogió el PMA para dicha celda que sería
implementada por EMPORTEGA, el cual fue prorrogado por otro
plazo de 36 meses mediante la Resolución 869 de 7 de abril de 2009.
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Encontró que, pese a lo anterior, la celda temporal autorizada siguió
operando con la anuencia de CORTOLIMA hasta finales de 2021, en
contravía de las disposiciones aplicables y en detrimento de los
derechos colectivos.
Precisó que la operación de la celda transitoria durante 12 años sin
autorización legal genera efectos adversos en el aire y el agua y, por
ende, crea riesgos de salud para la comunidad, pues en el sector se
verificó la falta de cubrimiento oportuno de los residuos, la emisión
de olores ofensivos, la proliferación de vectores y roedores, procesos
erosivos, vertimientos de lixiviados al suelo y otros factores
contaminantes que el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial
buscó evitar mediante la Resolución 1045 de 2003.
Concluyó que las accionadas no adoptaron las medidas necesarias
para dar cumplimiento al plan de saneamiento y cierre del botadero
de basura, contenido en la Resolución 2483, en especial a las
actividades de contorneado y armonización del terreno, extensión y
compactación uniforme de la corona del relleno, control y manejo de
aguas superficiales, lixiviados y gases, revitalización del predio,
recuperación edáfica y paisajística, entre otras.
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Constató que CORTOLIMA inició dos procesos administrativos
sancionatorios por el indebido funcionamiento de la celda de
disposición transitoria, sin haber emitido decisión de fondo;
asimismo, tampoco se acreditó alguna gestión en el marco de la Ley
1333 de 2009 respecto del incumplimiento del plan de saneamiento
y cierre del botadero de basura.
Precisó que, a través de la Resolución 8373 de 22 de diciembre de
2023, CORTOLIMA aprobó el plan de manejo, abandono y cierre
ambiental de la celda de disposición final transitoria, pero les otorgó
al MUNICIPIO y a EMPORTEGA un plazo de 15 años para adelantar
las actividades allí contenidas y, además, precisó que “para la
realización de las obras o actividades en las que involucre el
aprovechamiento o uso de recursos naturales deberán tramitar los
respectivos permisos ambientales”.
Adujo que desde finales de 2021 el botadero de basura y su celda
adicional autorizada se encuentran fuera de funcionamiento, y que
actualmente el servicio de recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos se presta en el municipio por EMPORTEGA.
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Argumentó que, no obstante, en el proceso se demostró la desidia
de las autoridades demandadas frente al proceso de cierre definitivo
del botadero de basura a cielo abierto Los Colorados, y en la adopción
de las medidas oportunas para su saneamiento, lo cual afectó los
derechos colectivos alegados en la demanda.
Consideró que “al no verificarse el estricto cumplimiento a las
medidas de abandono y saneamiento ambiental adoptadas en las
Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre de 2009 y 8373 del 22 de
diciembre de 2023, así como la falta de decisión de los procesos
sancionatorios ambientales en trámite”, se hacía necesario adoptar
las siguientes medidas de amparo:
“[…] Primero. LEVANTAR la medida cautelar decretada mediante
providencia del 17 de noviembre de 2022[15].
Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al ambiente sano, la
existencia, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la seguridad
y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna al permitir el indebido
funcionamiento del botadero a cielo abierto denominado Los
Colorados en zona rural del Municipio de Ortega Tolima y no adoptar
las medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento ambiental
de las celdas de disposición final.
15
Por auto de 17 de noviembre de 2022, el Tribunal ordenó las siguientes medidas cautelares: i) que
el MUNICIPIO y EMPORTEGA cumplieran las obligaciones establecidas en las resoluciones 2483 de
2009 y 1374 de 2021; ii) que CORTOLIMA verificara y garantizara el cumplimiento de las obligaciones
establecidas; y iii) que las accionadas presentaran informes mensuales de cumplimiento. Cfr. Ibid.,
índice 41.
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Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así:
• El municipio de Ortega y la Empresa de Servicios Públicos
Emportega deberán iniciar de manera inmediata con la
materialización de todas y cada una de las actividades aprobadas en
el Plan de Manejo, abandono, cierre y saneamiento Ambiental de las
Celdas de Disposición final a cielo abierto en el predio denominado
“Los Colorados”, contenidas en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de
octubre de 2009 y 8373 del 22 de diciembre de 2023 expedidas por
la Corporación Autónoma Regional del Tolima.
• El municipio de Ortega y la Empresa de Servicios Públicos
Emportega se abstendrán de disponer residuos sólidos en el botadero
ubicado en el predio denominado “Los Colorados”.
• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
culminar, en un período máximo de tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, en caso de no haberlo hecho, los
procesos administrativos sancionatorios Nos. SAN 03387 y 00878
iniciados contra el Municipio de Ortega y de Emportega E.S.P. con
ocasión a la presunta comisión de infracciones ambientales en el
botadero a cielo abierto “Los Colorados”.
• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
implementar y ejecutar un plan serio de control y seguimiento de las
actividades de cierre, abandono y saneamiento ambiental dispuestas
en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre de 2009 y 8373 del
22 de diciembre de 2023 expedidas por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, que garantice la restauración ambiental final del
antiguo sitio de disposición en el tiempo estipulado en tales actos
administrativos. En el evento que se presenten incumplimientos,
deberá iniciar y culminar de manera célere, los correspondientes
procesos administrativos sancionatorios ambientales.
• El Municipio de Ortega, la Empresa de Servicios Públicos Emportega
y la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, deberán
remitir de manera trimestral a esta Corporación, los informes
contentivos de las labores ejecutadas, término que empezará a
contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.
Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un Comité de Verificación
del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará conformado por el
Magistrado Ponente de esta decisión, el Procurador Judicial II
Ambiental y Agrario para el Tolima, el agente del Ministerio Público
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delegado ante esta Corporación, el Alcalde Municipal de Ortega o su
delegado, el Gerente de la EMPORTEGA E.S.P. o su delegado, y el
Director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima o su
delegado.
Quinto. Condenar en costas al Municipio de Ortega, a la Empresa de
Servicios Públicos Emportega y a la Corporación Autónoma Regional
del Tolima - Cortolima, y a favor de la demandada. La liquidación se
realizará de manera concentrada por esta Corporación, una vez quede
ejecutoriada la presente providencia, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 366 del C.G.P.
Sexto. Esta sentencia será publicada a cargo del Municipio de Ortega,
en un diario de amplia circulación nacional. […]”. (Negrilla del texto
original).
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
CORTOLIMA solicitó16 que se revoque la sentencia de primera
instancia y se desestimen las pretensiones de la demanda en cuanto
a las obligaciones que le fueron impuestas.
Aseguró, para el efecto, que ha cumplido con sus funciones legales
al desplegar las siguientes actividades: i) visita de seguimiento de 9
de diciembre de 2020, ii) informe técnico de 15 de febrero de 2021,
iii) expedición de la Resolución 1374 de 6 de mayo de 2021, y iv) el
estudio que viene realizando del recurso de reposición interpuesto
contra dicha resolución.
16
Ibid., índice 104.
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Manifestó que, con lo anterior, “ha asumido la responsabilidad
jurídica y técnica de adelantar todas las actuaciones administrativas
tendientes a garantizar los derechos e intereses colectivos”.
Alegó que “el despacho de conocimiento no declara que la
Corporación Autónoma Regional del Tolima haya vulnerado los
derechos objeto de amparo, ni se pronuncia respecto de las
recomendaciones emanadas de la subdirección de calidad ambiental
[…] [pero] deberá continuar ejerciendo vigilancia, control y
seguimiento al objeto de debate”.
Reprochó que el Tribunal le haya impuesto culminar en un plazo de
3 meses los procesos administrativos sancionatorios iniciados contra
el MUNICIPIO y EMPORTEGA, cuya orden, a su juicio, contraviene
el término procesal de caducidad de 5 años de la acción sancionatoria
establecido en el parágrafo del artículo 10° de la Ley 1333 de 2009.
Aseguró que el Tribunal no puede imponer, de manera arbitraria y
sin fundamento, términos menores o específicos para la finalización
de los procesos, pues el término de caducidad es inmutable, y la
norma debe prevalecer sobre la sentencia de primera instancia.
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Se opuso a la orden de implementar y ejecutar un plan de control y
seguimiento de las actividades de cierre, abandono y saneamiento
del botadero de basura a cielo abierto, porque el Tribunal no precisó
un término específico para su cumplimiento y, además, tampoco
previó el tiempo que demanda la complejidad de la orden.
Explicó que, para su ejecución la anterior orden, se requiere una serie
de estudios, diseños, diagnósticos, análisis, evaluación de riesgos y
afectaciones, protocolos, metodologías, estrategias de mitigación de
impactos, selección de técnicas y planificación de actividades que se
deben realizar cuidadosamente, lo cual no es posible en un plazo
corto sin comprometer su calidad y efectividad.
Adujo que, además, se debe considerar su capacidad técnica,
logística y presupuestal, pues sus condiciones de disponibilidad de
recursos limitan su capacidad de cumplir con un plazo perentorio
como el que se pretende imponer.
IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN
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El MINISTERIO PÚBLICO y las partes guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA17
V.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199818 tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción u omisión de autoridades o
particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad
afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la
protección de esa clase de derechos.
V.2.- Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con la condena emitida por el Tribunal y los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, a la Sala le
corresponde determinar lo siguiente:
17
Mediante auto de 24 de julio de 2025, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes para intervenir en el proceso de la referencia.
18
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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¿Se deben revocar o modificar las órdenes de amparo de los derechos
colectivos impuestas a CORTOLIMA porque i) no tienen fundamento
en una declaratoria de responsabilidad, ii) ha cumplido cabalmente
con sus funciones; y iii) los plazos de cumplimiento no se encuentran
ajustados a derecho?
V.2.1.- Sobre la congruencia de la sentencia impugnada
En sentencia de 14 de noviembre de 2024, el Tribunal le ordenó a
CORTOLIMA ejecutar diversas actividades para el amparo de los
derechos colectivos vulnerados, frente a lo cual ésta se opuso porque
no se estableció su responsabilidad, lo cual, a su juicio, es una
condena sin motivación pertinente o una presunta falta de coherencia
de la decisión judicial impugnada.
Sobre el particular, esta Corporación19 ha destacado la importancia
del principio de congruencia como un componente fundamental del
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 21 de noviembre de 2007. Rad. núm. 50001-
23-31-000-2002-00198-02(15770). C.P.: María Inés Ortiz Barbosa. “[e]l principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia
en el proceso”.
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 19 de
agosto de 2010. Rad. núm. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05). C.P.: Bertha Lucía Ramírez
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debido proceso, pues la sentencia debe ser una pieza coherente
teniendo armonía entre sus partes motiva y resolutiva y, además, al
ser el acto procesal que por excelencia le pone fin al proceso, debe
estar acorde con los aspectos esenciales del debate judicial, a saber:
los hechos, las pretensiones y la oposición de la parte demandada.
Pues bien, en atención a las afirmaciones de CORTOLIMA, se
advierte que el cargo carece de fundamento debido a que el Tribunal
le atribuyó, por omisión, el incumplimiento del régimen de transición
para substituir los botaderos de basura o sitios de disposición final
transitorios de residuos sólidos (SDFT) por sistemas con tecnología
de relleno sanitario.
En ese sentido, al estudiar las pruebas incorporadas al expediente,
el Tribunal fundamentó su decisión en que la autoridad ambiental: i)
permitió operar la celda transitoria por más de 12 años; ii) no adoptó
las medidas necesarias para que el MUNICIPIO y EMPORTEGA
cumplieran el plan de saneamiento y cierre definitivo del botadero; e
iii) inició procesos sancionatorios únicamente por la celda transitoria,
de Páez; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de
7 de abril de 2015. Rad. núm. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro;
Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2019. Rad. núm. 08001-33-33-001-2013-00006-
01(REV). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón
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los cuales no han sido resueltos. Por tales razones, determinó la
responsabilidad de CORTOLIMA en los siguientes términos:
“[…] Las pruebas obrantes en el expediente son indicativas de
la desidia con la que ha actuado el Municipio de Ortega, la Empresa
de Servicios Públicos Emportega y la Corporación Autónoma
Regional del Tolima en el proceso de cierre definitivo del
botadero de basura a cielo abierto que venía funcionando en el
Municipio de Ortega, así como en la adopción de las medidas para
su saneamiento, afectando de manera directa los derechos
colectivos […]” (Negrilla fuera del texto).
Tal motivación es coherente con la parte resolutiva de la sentencia:
“[…] Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al ambiente sano,
la existencia, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la seguridad y
salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna al permitir el indebido
funcionamiento del botadero a cielo abierto denominado Los
Colorados en zona rural del Municipio de Ortega Tolima y no adoptar
las medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento
ambiental de las celdas de disposición final.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados […]”. (Negrilla fuera del
texto).
Como puede observarse, los hechos demostrados y las
consideraciones expuestas por el Tribunal guardan congruencia con
la responsabilidad de CORTOLIMA en la vulneración de los derechos
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colectivos y, por ende, con las órdenes dictadas para su
restablecimiento, razón por la que este cargo no prospera.
V.2.2. Sobre la responsabilidad de CORTOLIMA en la
vulneración de los derechos colectivos
CORTOLIMA afirmó que, en ejercicio adecuado de sus
competencias, desplegó todas las actuaciones que estaban a su
alcance para proteger los derechos colectivos conculcados, lo cual,
en su parecer, fue cumplido a través de la visita de seguimiento de
9 de diciembre de 2020, el informe técnico de 15 de febrero de 2021,
la expedición de la Resolución 1374 de 6 de mayo de 2021 y el
estudio del recurso de reposición contra este acto administrativo.
Con fundamento en lo anterior, la Sala examinará las actividades
alegadas por la autoridad ambiental, a fin de verificar si realizó un
ejercicio oportuno y suficiente de sus deberes de seguimiento y
control del botadero de basura a cielo abierto o SDFT Los Colorados:
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i.- Informe de visita de evaluación y seguimiento núm. 132 de 9 de
diciembre de 202020, “para el ajuste del plan de manejo ambiental
de la celda de emergencia de la zona de disposición de residuos
sólidos del municipio de Ortega”.
Al observar el documento, le asiste razón a CORTOLIMA cuando
afirma que en esa oportunidad conceptuó que: i) las celdas de
disposición final se encontraron en condiciones aceptables de
operación; ii) se desarrollaron actividades de reciclaje de los residuos
que son conducidos a una bodega de almacenamiento; y iii) se
evacuaban los gases mediante chimeneas de PVC perforado.
Sin embargo, el informe no permite concluir una actuación
contundente de CORTOLIMA en defensa de los derechos colectivos,
pues, para esa época, la celda transitoria había sobrepasado por
mucho el plazo de funcionamiento de 36 meses establecido en la
Resolución 1390 de 27 de septiembre de 200521; lo cual confirma la
necesidad de amparo planteada por el Tribunal, pues el SDFT llevaba
alrededor de 12 años transgrediendo la ley y generando impactos
20
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 31.
21
“por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación
técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en la
misma”.
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ambientales sin que CORTOLIMA adoptara medidas eficientes para
evitarlo.
Además, no se debe perder de vista que el propósito de dicho informe
era determinar la viabilidad del ajuste del PMA solicitado por el
MUNICIPIO para la “celda de emergencia”.
En tal virtud, CORTOLIMA decidió extender el concepto favorable a
pesar de haber constatado que: i) los taludes de la celda no habían
sido reconformados con las pendientes adecuadas, por lo cual no se
estaban controlando los procesos erosivos existentes; ii) no se
estaban ejecutando las labores de arborización y, por ende, no se
tomaron medidas de mantenimiento y mitigación de impactos de la
piscina de lixiviados; iii) carece de condiciones óptimas de
señalización, lo cual afecta la seguridad del botadero; iv) no cuenta
con pruebas del aprovechamiento del material que se dice reciclar en
las instalaciones del botadero; y v) no ha salvaguardado el
componente social del proyecto mediante las actividades de diálogo
y socialización y el trámite de las quejas presentadas por la
comunidad vecina22.
22
Literales d., f., i., j., k., m. y m. de la matriz de cumplimiento del auto 4444 de 11 de diciembre de
2020.
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Frente al incumplimiento de tales obligaciones, las cuales fueron
requeridas mediante el auto 4444 de 11 de diciembre 202023,
CORTOLIMA no presentó ningún reparo o condicionamiento, ni
adelantó gestión alguna para remediar las irregularidades
detectadas; por el contrario, dio vía libre a las actividades de
disposición de residuos por parte del MUNICIPIO y EMPORTEGA,
aun cuando en el referido acto administrativo, advirtió que “los
anteriores requerimientos son necesarios para continuar con el
trámite de ajuste del plan de manejo ambiental”24, lo cual fue
totalmente desconocido por la autoridad ambiental recurrente.
ii.- Informe de visita de evaluación y seguimiento núm. 650 de 15
de febrero de 202125, para la “aclaración y modificación del informe
remitido con el número de intranet 132 del 14 de enero de 2021”.
Al igual que el informe anterior, CORTOLIMA observó que: i) las
celdas de disposición final estaban en condiciones aceptables de
mantenimiento; ii) se desarrollaron actividades de reciclaje de los
residuos que son conducidos a una bodega de almacenamiento; iii)
23
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 12.
24
Artículo segundo, inciso segundo.
25
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 89.
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se realizaba cubrimiento periódico de los residuos; y iv) se
evacuaban los gases mediante chimeneas de PVC perforado.
Sin embargo, tales observaciones no permitían concluir un ejercicio
idóneo de las funciones de CORTOLIMA para prevenir la afectación
de los derechos colectivos, pues en la Resolución 822 de 25 de julio
de 200526, se evidenció que el botadero “no cumple con lo establecido
dentro de la política ambiental”; en consecuencia, el director general
de dicha Corporación ordenó la suspensión inmediata de las
actividades de disposición final de residuos sólidos.
En ese orden, se observa que los documentos alegados como
fundamento de la apelación de CORTOLIMA no tuvieron en cuenta
el contexto y propósito de la función administrativa desplegada,
según los cuales, dicha autoridad, desde la Resolución 1196 de 4 de
octubre de 200527, estaba en la obligación de “verificar que el sitio de
disposición final de residuos sólidos […] se encuentra efectivamente
cerrado o suspendido o en proceso de transformación técnica a
26
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 88, folio 38.
27
Ibid., archivo 88, folio 44.
“Por la cual se da aplicación a la Resolución 1390 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial al Municipio de Ortega. […].
[E]n aplicación al artículo primero del decreto 1390 de 2005, esta corporación deberá iniciar el
correspondiente control y seguimiento el cierre, clausura y restauración ambiental o su
transformación técnica a relleno sanitario del botadero a cielo abierto”. (Negrilla fuera del
texto).
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25
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relleno sanitario de conformidad con el artículo 3 de la Resolución
1390 de 2005[28]”.
Pese a que el artículo segundo de la Resolución 1196 ordenó “a los
técnicos de la entidad para que de manera inmediata reali[zaran] tal
verificación”, lo cierto es que los informes de visita de 9 de diciembre
de 2020 y 15 de febrero de 2021 se limitaron a describir las
condiciones operativas del SDFT, lo cual era totalmente impertinente,
toda vez que 15 años atrás CORTOLIMA había concluido que el
botadero transgredía el régimen de transición establecido por el
gobierno nacional, por lo cual era indispensable desplegar
actuaciones oportunas y eficaces para detener su funcionamiento y
restaurar los ecosistemas afectados.
Sin embargo, CORTOLIMA no demostró haber procurado tal
objetivo u ofrecer herramientas a la administración municipal para
iniciar la transformación técnica del SDFT bajo la tecnología de
relleno sanitario.
28
“[…]. Artículo 3°. Municipios con una población menor o igual a 100.000 habitantes. Las autoridades
ambientales regionales verificarán que los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan
cumplido con la normativa vigente, se encuentren cerrados o en proceso de transformación técnica a
relleno sanitario, en la fecha de que trata el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 […]”.
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La Sala advierte que, tan solo 15 años después, en el informe de
visita alegado, se reconoció que “no es viable aprobar la actualización
del plan de manejo para la zona de disposición de residuos sólidos
[…] ya que el parágrafo primero del artículo uno de la Resolución No.
2483 del 08 de octubre de 2009[29] […] expresa […] que las
actividades que se desarrollen para el plan de cierre y abandono del
botadero a cielo abierto del municipio de Ortega, NO comprenden la
disposición de residuos”. En consecuencia, estimó necesario:
“[…] solicita[r] al municipio de Ortega que presente a Cortolima el
Plan de Clausura y Restauración Ambiental de las celdas de
disposición final, determinándose el uso futuro del terreno donde
actualmente se está realizando la disposición final de los residuos
sólidos […] con el fin de lograr una óptima restauración ambiental del
predio […]”.
iii.- Resolución núm. 1374 de 6 de mayo de 202130, “por medio de
la cual se niega la actualización de un Plan de Manejo Ambiental”.
En la parte resolutiva del referido acto administrativo, CORTOLIMA
dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO: Negar la actualización del Plan de Manejo
Ambiental radicado bajo No. 22765 del 16/12/2019, presentado por
29
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 84, folio 166.
“Por la cual se acoge un Plan de Saneamiento y Cierre del Botadero a Cielo Abierto. […].
[L]a Resolución 1390 establece que las entidades territoriales deberán presentar el Plan de Manejo
Ambiental que incluya la clausura y restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos
sólidos que no hayan cumplido la normativa vigente, sitios donde no podrán seguir realizando
dicha disposición inadecuada […]”. (Negrilla fuera del texto).
30
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 103.
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27
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EMPORTEGA E.S.P. […] para la celda de emergencia de la zona de
disposición de residuos sólidos del municipio de Ortega […].
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE ORTEGA y a
EMPORTEGA E.S.P. […] presentar en el término de tres meses ante
esta Corporación Plan de Clausura y Restauración Ambiental de las
celdas de disposición final, donde se determine el uso futuro del
terreno donde actualmente se disponen los residuos sólidos del
municipio. […]”.
iv.- Resolución núm. 4228 de 12 de octubre de 202131, “por medio
de la cual se desata un recurso de reposición en contra de la
Resolución CORTOLIMA No. 1374”.
Mediante dicho acto administrativo, CORTOLIMA desconoció la
resolución por la cual había ordenado la clausura y restauración del
botadero, para seguir permitiendo la disposición de residuos por
presuntas razones de seguridad. Veamos:
“[…]. ARTÍCULO PRIMERO.- REPONER parcialmente la resolución
1374 de 6 de mayo de 2021 […] en el sentido de modificar el artículo
2 el cual quedará así:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE ORTEGA y a
EMPORTEGA E.S.P. […] presentar en el término de tres meses ante la
Corporación Plan de Clausura y Restauración Ambiental corresponde a la
celda de disposición final Zona 1 que está activa, para el proceso de
reconformación geomorfológica que impide que se cierre de
manera inmediata, ya que se pueden generar riesgos por su
inadecuado abandono, tales como inestabilidad, falta de
cobertura final de la masa de residuos hasta el 31 de diciembre del
2021 conforme al término establecido en la parte conceptual del informe
técnico de fecha 27 de agosto del año 2021 […] con un volumen de 187.98
m3, con los siguientes lineamientos: […].
31
Ibid., folio 259.
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28
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4) Cumplir con la conformación del vaso relacionando solo la
conformación geomorfológica de la zona 1, proyectando los
volúmenes de la zona sur o zona transitoria de la zona 1 y 2 […].
1) Se fija la vida útil de la celda […] en 4 meses de operación
adicional […].
2) La vida útil fijada podrá ser modificada con la presentación del
balance de rellenos y excavaciones de la zona 1 de la celda 1 […].
5) Controlar los procesos de erosión y la reconformación de las
pendientes en los taludes de la celda […]”.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
Con fundamento en lo expuesto, a juicio de la Sala, no le asiste razón
a CORTOLIMA cuando afirma que tales actos implicaron “el cierre
definitivo del botadero de basura” ya que, como pudo observarse, en
la parte resolutiva extendió la vida útil del botadero con un término
fijo, pero también con la posibilidad de continuar su funcionamiento
indefinidamente, lo cual puede corroborarse al observar las
actividades establecidas en el “plan de cierre”, pues éstas no
conducen a la cesación inmediata o cercana de la disposición de
residuos sólidos en el botadero, sino que comprenden actividades de
mantenimiento orientadas a continuar con la operación irregular del
SFDT de manera permanente32.
32
“[…]. Realizar manejo de aguas lluvias […], manejo de lixiviados […], manejo de gases […],
conformación geomorfológica […], programas del plan de manejo ambiental […], control de erosión
[…], manejo de material particulado […], barreras vivas […], información y participación comunitaria
[…], reparación de la geomembrana […], limpieza constante de la piscina de lixiviados […], controles
de plagas y vectores […]”.
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Asimismo, las actividades para el proceso de reconformación
geomorfológica fueron ordenadas desde la Resolución núm. 2483,
que en octubre de 2009 acogió el “Plan de Saneamiento y Cierre del
Botadero a Cielo Abierto”33 Los Colorados en el marco del “Proyecto
de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.
En esa oportunidad, CORTOLIMA estableció que las labores de
cierre, abandono y recuperación ambiental no permitían continuar
con la disposición de residuos y previó la necesidad de ejecutar, entre
otras obligaciones, obras de contorneado y armonización del terreno
para el control de la erosión, cuyo incumplimiento fue evidenciado en
los informes de 31 de mayo de 201034, 26 de enero de 201135, 24 de
enero de 202036, entre otros:
“[…]. IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A continuación, se transcribe la matriz de seguimiento de la resolución
2483 del 8 de octubre de 2009:
OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO
Se realizará contorneado No se han realizado dichas obras.
y armonizado del terreno Actualmente se sigue disponiendo residuos en
[…]. este sitio.
[…]”. (Negrilla del texto original).
33
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 84, folio 166.
34
Ibid., folio 199.
“[…]. El municipio de Ortega no ha cumplido las obligaciones estipuladas en la resolución 2483 del 8 de
octubre de 2009 […]”.
35
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 75, folio 3.
36
Ibid., archivo 91, folio 270.
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De tal modo, se observa que la supuesta necesidad de adelantar
actividades de reconformación geomorfológica no es un hecho
identificado en 2021, sino una obligación impuesta 12 años atrás,
cuyo cumplimiento no fue objeto de ningún apremio por parte de
CORTOLIMA.
Además de lo anterior, la Sala pone de manifiesto que la premisa
según la cual “el proceso de reconformación geomorfológica impide
el cierre inmediato” del botadero, carece de coherencia, toda vez que
CORTOLIMA no sustentó técnicamente la manera en que la
disposición permanente de residuos sólidos contribuye a la adecuada
y oportuna ejecución de las obras de acondicionamiento del suelo de
Los Colorados.
Por el contrario, si el fundamento de la decisión de CORTOLIMA es
garantizar la seguridad del botadero y de sus operarios y
contratistas, lo razonable es suspender la acumulación permanente
de residuos sólidos para ejecutar las obras sin elevar los riesgos
identificados; tal y como lo había ordenado desde la aprobación del
“Plan de Saneamiento y Cierre del Botadero a Cielo Abierto” en 2009.
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De tal modo, la Sala concluye que: i) con el trámite administrativo
surtido en las resoluciones 1374 y 4228 de 2021 no se “conminó al
cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto”; y ii) la
extensión de la vida útil del botadero ha sido forzada desde el 2005
con la aquiescencia prolongada de CORTOLIMA.
Esta conclusión también guarda sustento en que, posteriormente,
mediante la Resolución 8373 de 22 de diciembre de 202337,
CORTOLIMA insistió en autorizar el funcionamiento de la celda de
disposición ubicada en la zona 1 del SDFT por un plazo de 15 años,
a pesar de que 2 años atrás había concluido que al mismo le restaba
una vida útil de 2 meses y 19 días.
Por todo lo anterior, la Sala coincide con el Tribunal en que
CORTOLIMA no ha actuado diligentemente para detener el
crecimiento de los impactos ambientales generados por el botadero
de basura a cielo abierto Los Colorados, ni para cooperar con la
administración local en la búsqueda de una solución técnica para la
prestación sostenible de ese servicio público.
37
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 77.
“Por medio del cual se aprueba un Plan de Abandono y Cierre Ambiental de las Celdas de Disposición
final a cielo abierto denominados “los Colorados” del Municipio de Ortega – Tolima […]”.
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Por el contrario, es un hecho totalmente evidenciado que dicha
autoridad ambiental ha omitido el ejercicio de sus competencias
legales por más de 18 años para procurar la administración eficiente
del medio ambiente y los recursos naturales en lo concerniente a los
impactos del botadero de basura a cielo abierto Los Colorados.
V.2.3. Sobre los plazos para el cumplimiento de las órdenes
de amparo
El Tribunal, en sentencia de 14 de noviembre de 2024, ordenó a
CORTOLIMA que finalizara en un plazo de 3 meses los
procedimientos administrativos sancionatorios ambientales que ha
iniciado con ocasión de las irregularidades del SDFT Los Colorados, y
que implementara un plan de control y seguimiento para las
actividades de cierre, abandono, saneamiento y restauración
ambiental de ese botadero, en los siguientes términos:
“[…]. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así: […].
• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
culminar, en un período máximo de tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, en caso de no haberlo hecho, los
procesos administrativos sancionatorios Nos. SAN 03387 y
00878 iniciados contra el Municipio de Ortega y de Emportega E.S.P.
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con ocasión a la presunta comisión de infracciones ambientales en el
botadero a cielo abierto “Los Colorados”.
• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
implementar y ejecutar un plan serio de control y seguimiento
de las actividades de cierre, abandono y saneamiento
ambiental dispuestas en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre
de 2009 y 8373 del 22 de diciembre de 2023 expedidas por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, que garantice la
restauración ambiental final del antiguo sitio de disposición en el
tiempo estipulado en tales actos administrativos. En el evento que se
presenten incumplimientos, deberá iniciar y culminar de manera
célere, los correspondientes procesos administrativos sancionatorios
ambientales. […].
[…]” (Negrilla fuera del texto).
CORTOLIMA se opuso a culminar los procedimientos administrativos
sancionatorios en el plazo de 3 meses porque ello contraviene lo que
denominó el “término de caducidad de cinco años para la resolución
de los procesos sancionatorios” establecido en la Ley 1333 de 200938.
Además, aseguró que la orden de implementar un plan de control y
seguimiento no previó un plazo razonable en virtud de la gran
complejidad que demanda su cumplimiento.
Para resolver, la Sala advierte que el parágrafo del artículo 10° de la
Ley 1333, introducido por el artículo 18 de la Ley 2387 de 25 de julio
202439, obligó a que las autoridades competentes finalicen los
38
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
39
“Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el
propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras
disposiciones”.
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procedimientos dentro un término máximo de 5 años, lo que no
implica que la autoridad ambiental pueda evacuarlos con anterioridad
a dicho término, pues éste constituye es un plazo máximo y, por
ende, no autoriza a la administración a dilatar injustificadamente sus
actuaciones, máxime si se tiene en cuenta que los procesos
sancionatorios sub examine iniciaron con anterioridad a la expedición
de la Ley 2387 de 2024.
La Sala considera que el hecho de que la reforma de la Ley 1333
haya establecido un plazo máximo de 5 años para resolver los
procedimientos administrativos sancionatorios, de ninguna manera
supone que la gestión de CORTOLIMA -hasta el momento ineficiente
como se evidenció en el apartado anterior-, necesariamente deba
extenderse por 5 años adicionales.
Una interpretación de tal naturaleza desconoce los principios propios
de la función administrativa y del derecho ambiental, tales como
moralidad, eficacia, economía, celeridad, debido proceso, buena fe,
entre otros40, los cuales demandan de CORTOLIMA actuaciones
céleres, cumpliendo con rectitud y lealtad sus competencias,
40
Constitución Política, artículo 209; Ley 1437 de 2011, artículo 3; y Ley 1333 de 2009, artículo 3.
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removiendo de oficio los obstáculos formales, optimizando el uso del
tiempo y de otros recursos con el fin de materializar las finalidades
preventiva, correctiva, restaurativa y compensatoria de la potestad
sancionatoria ambiental41 en tiempos razonables.
En consecuencia, y en atención a la necesidad de armonizar el
término de 5 años que tiene la autoridad ambiental para resolver los
procesos administrativos ambientales a su cargo con la urgencia de
que culmine de manera célere los procesos iniciados con ocasión de
la problemática sub examine para lograr un amparo efectivo de los
derechos conculcados, la Sala modificará el inciso tercero del ordinal
tercero de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a
CORTOLIMA que continúe tramitando de manera diligente los
procesos administrativos sancionatorios ambientales SAN 0338742 y
SAN 0087843 a fin de que sean resueltos dentro de plazos razonables
en atención a la normativa aplicable y la etapa procesal en la que
cada uno se encuentra.
41
Ley 1333 de 2009, artículo 4.
42
Se demostró que se encuentra en fase probatoria por auto 9444 de 28 de noviembre de 2022 (Índice
57 del expediente digital de primera instancia), luego se debe recordar que a partir de allí la etapa de
alegatos de conclusión es de 10 días hábiles, emitir decisión definitiva dentro de 15 días hábiles, y
resolver los eventuales recursos contra esa decisión dentro de 60 días hábiles.
43
Está acreditado que se encuentra en etapa de alegatos de conclusión, que se agotó mediante el auto
7162 de 11 de noviembre de 2021 con la presentación de alegatos por parte del municipio (Índice 86
del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 297). Luego se deberá tener en cuenta
que para emitir decisión definitiva son 15 días hábiles, y para surtir los eventuales recursos contra esa
decisión son 60 días hábiles.
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Esta medida busca garantizar el cumplimiento efectivo de los
términos previstos en la ley, pues tiene fundamento en: i) la
conducta omisiva de las autoridades ambientales, ii) la normativa
procedimental aplicable, iii) la etapa en la que se encuentre el
proceso; y iv) la apremiante necesidad del amparo efectivo de los
derechos colectivos vulnerados44.
Ahora bien, en relación con la implementación de un plan de control
y seguimiento para las actividades de cierre, abandono, saneamiento
y restauración ambiental del botadero, no hay lugar a que el juez de
la acción popular fije un plazo para su cumplimiento, toda vez que,
como se mencionó en el recurso de apelación, es CORTOLIMA,
quien, en ejercicio de sus competencias técnicas, debe definir el
cronograma y la matriz de seguimiento y monitoreo para cada una
de las actividades que conforman los planes aprobados por la
autoridad ambiental, a saber: el “proyecto de gestión integral de
residuos sólidos”, el “plan de cierre, abandono y recuperación del
44
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 23 de abril de 2026. Rad. núm. 25000-23-
41-000-2024-02068-01. C.P.: Pablo Andrés Córdoba Acosta: “[…] las medidas adoptadas por la
autoridad ambiental no han sido los suficientemente eficaces para impedir que se sigan vulnerando los
derechos […]”; 19 de marzo de 2026. Rad. núm. 17001-23-33-000-2022-00192-01. C.P.: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes: “[…] en este proceso no se demostró la culminación del proceso sancionatorio
[…]. Mientras no se adopte una decisión definitiva dentro de dicho trámite administrativo ni se
implementen las medidas correctivas derivadas del mismo, persiste una situación que compromete […]
los derechos colectivos […]”; 11 de diciembre de 2025. Rad. núm. 20001-23-33-000-2021-00335-02,
27 de noviembre de 2025. Rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00157-01, 28 de agosto de 2025. Rad.
núm. 73001-23-33-000-2019-00005-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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botadero a cielo abierto del municipio de Ortega”, y el “plan de
manejo, abandono y cierre ambiental de las celdas de disposición
final del botadero de basura a cielo abierto ´Los Colorados´”.
Precisamente, en atención a la complejidad de las actividades
propuestas por los responsables del botadero, pero también en
observancia de los incumplimientos reiterados, del régimen de
transición para la conversión de los botaderos en rellenos sanitarios45,
la guía técnica ambiental correspondiente y demás lineamientos
establecidos por el gobierno nacional, es que CORTOLIMA debe
hacer el seguimiento de rigor, evaluar y exigir, con los apremios de
ley, los cumplimientos del caso dentro de plazos razonables; los
cuales serán objeto de verificación en el comité de cumplimiento de
la sentencia.
V.3. Conclusión, comité de verificación y costas
Conforme a lo expuesto en los capítulos anteriores, la Sala plantea
las siguientes conclusiones:
45
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 2026. Rad. núm. 44001-23-
40-000-2018-00089-01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón: Resolución 1045 de 2003: 2 años;
Resolución 1390 de 2005: +36 meses; Resolución 1684 de 2008: hasta 29 de septiembre de 2009;
Resolución 1822 de 2009: hasta 1 año desde el 30 de septiembre; Resolución 1529 de 2010: hasta el
29 de septiembre de 2011; y Resolución 1890 de 2011: definió alternativas de adaptación.
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i.- Las órdenes de amparo de los derechos colectivos que le fueron
impuestas a CORTOLIMA son congruentes con la parte motiva de la
sentencia impugnada, y coherentes con la demostración de su
responsabilidad en la situación transgresora;
ii.- CORTOLIMA no ha cumplido cabalmente con sus funciones
legales a fin de proteger oportuna y eficazmente los derechos
colectivos, sino que, por el contrario, su conducta ha sido descuidada
en la adopción de medidas que permitan prevenir, corregir y
compensar los impactos ambientales que está generando el botadero
de basura a cielo abierto Los Colorados a lo largo de 20 años;
iii.- El hecho de imponer un plazo para el cumplimiento de ciertas
actuaciones administrativas no supone necesariamente una decisión
judicial arbitraria, en tanto que se observó una conducta pasiva de
CORTOLIMA, al no imponer medidas preventivas ni sancionatorias
en más de 20 años de haber detectado múltiples irregularidades.
Además, en atención a la ley aplicable, los plazos impuestos resultan
más que suficientes para la adopción de las decisiones
administrativas a que haya lugar; y
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iv.- De lo expuesto no solo se evidencia un incumplimiento puntual
de las obligaciones legales a cargo de CORTOLIMA, sino la
configuración de una ineficacia estructural en el ejercicio de sus
funciones como autoridad ambiental, manifestada en la prolongada
tolerancia de actividades contrarias al ordenamiento jurídico, la
ausencia de medidas oportunas y eficaces para garantizar el cierre
del SDFT y la dilación y falta de decisión de los procedimientos
sancionatorios iniciados.
Lo anterior, permiten concluir que no se trata de una falencia aislada,
sino de un déficit sistemático de gestión administrativa que ha
impedido la protección efectiva de los derechos colectivos
vulnerados.
Ahora, la Sala encuentra necesario modificar el ordinal cuarto de la
sentencia apelada en el sentido de aclarar que el magistrado ponente
del Tribunal deberá presidir el comité para la verificación del
cumplimiento de las órdenes de amparo de los derechos colectivos.
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Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de
unificación proferida el 6 de agosto de 201946 por la Sala de Decisión
Especial núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en
esta instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba
sobre su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, los ordinales TERCERO - inciso 3° y
CUARTO de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:
“[…]. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así:
[…].
• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA deberá,
continuar tramitando de manera diligente los procesos
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27,
sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.: Rocío Araújo
Oñate.
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administrativos sancionatorios ambientales SAN 03387 y SAN 00878
a fin de que sean resueltos dentro de plazos razonables en atención
a la normativa aplicable y la etapa procesal en la que cada uno se
encuentra.
[…].
Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un Comité de Verificación
del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará conformado por el
magistrado ponente de esta decisión, quien lo presidirá, el procurador
Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el agente del Ministerio
Público delegado ante esta Corporación, el alcalde Municipal de
Ortega o su delegado, el gerente de la EMPORTEGA E.S.P. o su
delegado, y el director de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima o su delegado.
[…]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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