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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los ordinales TERCERO - inciso 3° y CUARTO de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así: “[…]. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así: […]. - La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA deberá, continuar tramitando de manera diligente los procesos 46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27, sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.: Rocío Araújo Oñate. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 Número único de radicación: 73001 23 33 000 2021 00248 01 Actora: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima administrativos sancionatorios ambientales SAN 03387 y SAN 00878 a fin de que sean resueltos dentro de plazos razonables en atención a la normativa aplicable y la etapa procesal en la que cada uno se encuentra. […]. Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un Comité de Verificación del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará conformado por el magistrado ponente de esta decisión, quien lo presidirá, el procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación, el alcalde Municipal de Ortega o su delegado, el gerente de la EMPORTEGA E.S.P. o su delegado, y el director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima o su delegado. […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. TERCERO: Sin costas en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00248-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00248-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL TOLIMA

TESIS: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA PORQUE LAS ÓRDENES JUDICIALES CUESTIONADAS
GUARDAN CONGRUENCIA INTERNA, LA AUTORIDAD APELANTE NO
HA CUMPLIDO EFICIENTEMENTE SUS FUNCIONES AMBIENTALES Y
LOS PLAZOS IMPUESTOS PARA CULMINAR CIERTAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS NO SON ARBITRARIOS NI INFUNDADOS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PÚBLICAS, Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA1 contra la

sentencia de 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal

Administrativo del Tolima2.

1
En adelante CORTOLIMA.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 73001 23 33 000 2021 00248 01
Actora: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA

EL TOLIMA3, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo

88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19984, presentó demanda contra el MUNICIPIO DE

ORTEGA5, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS DE ORTEGA S.A. E.S.P.6, y CORTOLIMA,

tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico para el

desarrollo sostenible, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso

a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

I.2. Hechos

Manifestó que CORTOLIMA, por Resolución núm. 2483 de 8 de

octubre de 2009, acogió el “Proyecto de gestión integral de residuos

sólidos” para el MUNICIPIO, en el que las actividades para el

3
En adelante la Actora.
4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
En adelante el MUNICIPIO.
6
En adelante EMPORTEGA.

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3

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abandono y cierre del botadero de basura a cielo abierto Los

Colorados no comprende la disposición de residuos, no obstante, el

MUNICIPIO y EMPORTEGA continúan disponiendo los residuos con

la anuencia de la autoridad ambiental.

Informó que, en efecto, recibió múltiples peticiones, quejas y

reclamos en torno a la disposición indebida de residuos en el

botadero de basura, motivo por el que decidió “adelantar desde 2020

actuaciones relacionadas con el tema”.

Puso de manifiesto que en Resolución núm. 1374 de 6 de mayo de

2021, CORTOLIMA negó la solicitud de actualización del Plan de

Manejo Ambiental presentada por EMPORTEGA para poner en

funcionamiento una “celda de disposición de residuos de emergencia”

en el botadero de basura, y les ordenó al MUNICIPIO y

EMPORTEGA allegar el plan de clausura y restauración ambiental de

las celdas de disposición final.

Adujo que, pese a no contar con autorización, el MUNICIPIO

continúa disponiendo residuos en el botadero de basura con la

anuencia de CORTOLIMA, lo cual transgrede la Resolución 2483 de

2009 y los derechos colectivos invocados.

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I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los

demandados, lo siguiente:

“[…] 2. Ordenar al municipio de Ortega y a Emportega E.S.P., cumplir
[…] el plan de abandono y cierre del botadero a cielo abierto […].

3. Ordenar a Cortolima, hacer cumplir lo contenido en la resolución
No. 2483 de octubre 8 de 2009 […], adelantar con estricto apego a
los principios de economía y celeridad en materia administrativa y
llevar a término los procedimientos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas que han incumplido lo establecido en
la resolución en comento […]”7.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO8 adujo que no ha causado perjuicio alguno ni

vulnerado los derechos colectivos invocados, razón por la que en el

expediente no reposa ninguna prueba que así lo demuestre.

Alegó que la prestación del servicio de aseo no está a su cargo, sino

de EMPORTEGA, por lo que su ámbito de competencias se reduce a

ejercer control y vigilancia sobre dicha empresa.

7
Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado.
8
Índice 45 del expediente digital de primera instancia, documento 29.

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Por lo anterior, propuso las excepciones de “falta de legitimación por

pasiva”, “imposibilidad legal del municipio para acceder a lo

pretendido” y “carencia de fundamentos legales y fácticos para

demandar”.

I.4.2.- EMPORTEGA9 adujo que no obra prueba de que haya

vulnerado los derechos colectivos alegados, sino que, por el

contrario, sus actuaciones han sido diligentes y acorde con sus

funciones.

Afirmó que, desde la Resolución 2483 de 2009, ha desplegado todos

los esfuerzos técnicos y administrativos para no generar daños

ambientales en las zonas intervenidas, al igual que ha procurado

cumplir con la normativa vigente, lo cual fue verificado por

CORTOLIMA.

Indicó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1374

de 202110, por lo que dicho acto “carece de poder vinculante”.

9
Ibid., archivo 26.
10
A través de la cual CORTOLIMA le negó la solicitud de actualización del plan de manejo ambiental y
le exigió implementar un nuevo plan de clausura y restauración ambiental del botadero de basura a
cielo abierto.

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Adujo que la acción de la referencia no pretende el amparo de

derechos colectivos, sino de los derechos individuales de los vecinos

del botadero de basura con base en una queja que no demuestra la

presunta vulneración de aquellos derechos.

Por lo anterior, formuló las excepciones de “improcedencia de la

acción”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos”,

“carencia de fundamentos legales y fácticos para demandar” y “extra

y ultra petita”.

I.4.3.- CORTOLIMA11 solicitó que fuera desvinculada del proceso

porque ha “demostrado el cumplimiento y el interés permanente de

contribuir significativamente a la problemática que gira en torno al

botadero”.

Aseguró que ha cumplido con su labor de garantizar el desarrollo

sostenible y “los demás intereses de la comunidad conculcados por

la existencia y el funcionamiento del botadero a cielo abierto”; no

obstante, en informes de visita en 2020 y 2021 advirtió que el

11
Ibid., archivo 26.

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7

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botadero estaba “en condiciones aceptables de operación y

mantenimiento” y “actividades de reciclaje de manera adecuada”.

Informó que mediante la Resolución 2483 determinó que no se podía

continuar con la disposición de residuos en el botadero, para lograr

la “óptima restauración ambiental del predio”; y mediante Resolución

1374 negó la actualización del plan de manejo ambiental y ordenó

que se presentara el plan de clausura y restauración ambiental de las

celdas de disposición final.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió los días 24 de

febrero12 y 26 de septiembre13 de 2023, declarándose fallida por

ausencia de ánimo para pactar.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 14 de noviembre de 202414, amparó los

derechos colectivos invocados por el indebido funcionamiento del

12
Ibid., índice 56.
13
Ibid., índice 77.
14
Ibid., índice 97.

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botadero de basura a cielo abierto “Los Colorados”, y por la falta de

medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento ambiental de

las celdas de disposición final.

Advirtió que CORTOLIMA, a través de las resoluciones núms. 1196

de 4 de octubre de 2005 y 2483 de 8 de octubre de 2009, asumió el

control y seguimiento del cierre, clausura y restauración ambiental

del botadero de basura o su transformación técnica a relleno

sanitario, al igual que acogió el plan de abandono presentado por

EMPORTEGA, con lo cual, a su juicio, se cumplió con la obligación

de imponer “un cierre definitivo que impedía la [disposición de

residuos] en Los Colorados”.

Mencionó que, no obstante lo anterior, mediante Resolución 1390 de

27 de septiembre de 2005, CORTOLIMA aprobó la construcción de

una celda adicional en el botadero de basura para operar durante un

periodo máximo de 36 meses, pues el MUNICIPIO debía adquirir un

nuevo sitio para diseñar una solución definitiva, y en Resolución 431

de 28 de abril de 2006 acogió el PMA para dicha celda que sería

implementada por EMPORTEGA, el cual fue prorrogado por otro

plazo de 36 meses mediante la Resolución 869 de 7 de abril de 2009.

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Encontró que, pese a lo anterior, la celda temporal autorizada siguió

operando con la anuencia de CORTOLIMA hasta finales de 2021, en

contravía de las disposiciones aplicables y en detrimento de los

derechos colectivos.

Precisó que la operación de la celda transitoria durante 12 años sin

autorización legal genera efectos adversos en el aire y el agua y, por

ende, crea riesgos de salud para la comunidad, pues en el sector se

verificó la falta de cubrimiento oportuno de los residuos, la emisión

de olores ofensivos, la proliferación de vectores y roedores, procesos

erosivos, vertimientos de lixiviados al suelo y otros factores

contaminantes que el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial

buscó evitar mediante la Resolución 1045 de 2003.

Concluyó que las accionadas no adoptaron las medidas necesarias

para dar cumplimiento al plan de saneamiento y cierre del botadero

de basura, contenido en la Resolución 2483, en especial a las

actividades de contorneado y armonización del terreno, extensión y

compactación uniforme de la corona del relleno, control y manejo de

aguas superficiales, lixiviados y gases, revitalización del predio,

recuperación edáfica y paisajística, entre otras.

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Constató que CORTOLIMA inició dos procesos administrativos

sancionatorios por el indebido funcionamiento de la celda de

disposición transitoria, sin haber emitido decisión de fondo;

asimismo, tampoco se acreditó alguna gestión en el marco de la Ley

1333 de 2009 respecto del incumplimiento del plan de saneamiento

y cierre del botadero de basura.

Precisó que, a través de la Resolución 8373 de 22 de diciembre de

2023, CORTOLIMA aprobó el plan de manejo, abandono y cierre

ambiental de la celda de disposición final transitoria, pero les otorgó

al MUNICIPIO y a EMPORTEGA un plazo de 15 años para adelantar

las actividades allí contenidas y, además, precisó que “para la

realización de las obras o actividades en las que involucre el

aprovechamiento o uso de recursos naturales deberán tramitar los

respectivos permisos ambientales”.

Adujo que desde finales de 2021 el botadero de basura y su celda

adicional autorizada se encuentran fuera de funcionamiento, y que

actualmente el servicio de recolección, transporte y disposición final

de residuos sólidos se presta en el municipio por EMPORTEGA.

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Argumentó que, no obstante, en el proceso se demostró la desidia

de las autoridades demandadas frente al proceso de cierre definitivo

del botadero de basura a cielo abierto Los Colorados, y en la adopción

de las medidas oportunas para su saneamiento, lo cual afectó los

derechos colectivos alegados en la demanda.

Consideró que “al no verificarse el estricto cumplimiento a las

medidas de abandono y saneamiento ambiental adoptadas en las

Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre de 2009 y 8373 del 22 de

diciembre de 2023, así como la falta de decisión de los procesos

sancionatorios ambientales en trámite”, se hacía necesario adoptar

las siguientes medidas de amparo:

“[…] Primero. LEVANTAR la medida cautelar decretada mediante
providencia del 17 de noviembre de 2022[15].

Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al ambiente sano, la
existencia, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la seguridad
y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna al permitir el indebido
funcionamiento del botadero a cielo abierto denominado Los
Colorados en zona rural del Municipio de Ortega Tolima y no adoptar
las medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento ambiental
de las celdas de disposición final.

15
Por auto de 17 de noviembre de 2022, el Tribunal ordenó las siguientes medidas cautelares: i) que
el MUNICIPIO y EMPORTEGA cumplieran las obligaciones establecidas en las resoluciones 2483 de
2009 y 1374 de 2021; ii) que CORTOLIMA verificara y garantizara el cumplimiento de las obligaciones
establecidas; y iii) que las accionadas presentaran informes mensuales de cumplimiento. Cfr. Ibid.,
índice 41.

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Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así:

• El municipio de Ortega y la Empresa de Servicios Públicos
Emportega deberán iniciar de manera inmediata con la
materialización de todas y cada una de las actividades aprobadas en
el Plan de Manejo, abandono, cierre y saneamiento Ambiental de las
Celdas de Disposición final a cielo abierto en el predio denominado
“Los Colorados”, contenidas en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de
octubre de 2009 y 8373 del 22 de diciembre de 2023 expedidas por
la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

• El municipio de Ortega y la Empresa de Servicios Públicos
Emportega se abstendrán de disponer residuos sólidos en el botadero
ubicado en el predio denominado “Los Colorados”.

• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
culminar, en un período máximo de tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, en caso de no haberlo hecho, los
procesos administrativos sancionatorios Nos. SAN 03387 y 00878
iniciados contra el Municipio de Ortega y de Emportega E.S.P. con
ocasión a la presunta comisión de infracciones ambientales en el
botadero a cielo abierto “Los Colorados”.

• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
implementar y ejecutar un plan serio de control y seguimiento de las
actividades de cierre, abandono y saneamiento ambiental dispuestas
en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre de 2009 y 8373 del
22 de diciembre de 2023 expedidas por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, que garantice la restauración ambiental final del
antiguo sitio de disposición en el tiempo estipulado en tales actos
administrativos. En el evento que se presenten incumplimientos,
deberá iniciar y culminar de manera célere, los correspondientes
procesos administrativos sancionatorios ambientales.

• El Municipio de Ortega, la Empresa de Servicios Públicos Emportega
y la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, deberán
remitir de manera trimestral a esta Corporación, los informes
contentivos de las labores ejecutadas, término que empezará a
contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un Comité de Verificación
del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará conformado por el
Magistrado Ponente de esta decisión, el Procurador Judicial II
Ambiental y Agrario para el Tolima, el agente del Ministerio Público

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delegado ante esta Corporación, el Alcalde Municipal de Ortega o su
delegado, el Gerente de la EMPORTEGA E.S.P. o su delegado, y el
Director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima o su
delegado.

Quinto. Condenar en costas al Municipio de Ortega, a la Empresa de
Servicios Públicos Emportega y a la Corporación Autónoma Regional
del Tolima - Cortolima, y a favor de la demandada. La liquidación se
realizará de manera concentrada por esta Corporación, una vez quede
ejecutoriada la presente providencia, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 366 del C.G.P.

Sexto. Esta sentencia será publicada a cargo del Municipio de Ortega,
en un diario de amplia circulación nacional. […]”. (Negrilla del texto
original).

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

CORTOLIMA solicitó16 que se revoque la sentencia de primera

instancia y se desestimen las pretensiones de la demanda en cuanto

a las obligaciones que le fueron impuestas.

Aseguró, para el efecto, que ha cumplido con sus funciones legales

al desplegar las siguientes actividades: i) visita de seguimiento de 9

de diciembre de 2020, ii) informe técnico de 15 de febrero de 2021,

iii) expedición de la Resolución 1374 de 6 de mayo de 2021, y iv) el

estudio que viene realizando del recurso de reposición interpuesto

contra dicha resolución.

16
Ibid., índice 104.

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Manifestó que, con lo anterior, “ha asumido la responsabilidad

jurídica y técnica de adelantar todas las actuaciones administrativas

tendientes a garantizar los derechos e intereses colectivos”.

Alegó que “el despacho de conocimiento no declara que la

Corporación Autónoma Regional del Tolima haya vulnerado los

derechos objeto de amparo, ni se pronuncia respecto de las

recomendaciones emanadas de la subdirección de calidad ambiental

[…] [pero] deberá continuar ejerciendo vigilancia, control y

seguimiento al objeto de debate”.

Reprochó que el Tribunal le haya impuesto culminar en un plazo de

3 meses los procesos administrativos sancionatorios iniciados contra

el MUNICIPIO y EMPORTEGA, cuya orden, a su juicio, contraviene

el término procesal de caducidad de 5 años de la acción sancionatoria

establecido en el parágrafo del artículo 10° de la Ley 1333 de 2009.

Aseguró que el Tribunal no puede imponer, de manera arbitraria y

sin fundamento, términos menores o específicos para la finalización

de los procesos, pues el término de caducidad es inmutable, y la

norma debe prevalecer sobre la sentencia de primera instancia.

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Actora: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima

Se opuso a la orden de implementar y ejecutar un plan de control y

seguimiento de las actividades de cierre, abandono y saneamiento

del botadero de basura a cielo abierto, porque el Tribunal no precisó

un término específico para su cumplimiento y, además, tampoco

previó el tiempo que demanda la complejidad de la orden.

Explicó que, para su ejecución la anterior orden, se requiere una serie

de estudios, diseños, diagnósticos, análisis, evaluación de riesgos y

afectaciones, protocolos, metodologías, estrategias de mitigación de

impactos, selección de técnicas y planificación de actividades que se

deben realizar cuidadosamente, lo cual no es posible en un plazo

corto sin comprometer su calidad y efectividad.

Adujo que, además, se debe considerar su capacidad técnica,

logística y presupuestal, pues sus condiciones de disponibilidad de

recursos limitan su capacidad de cumplir con un plazo perentorio

como el que se pretende imponer.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ALEGATOS DE

CONCLUSIÓN

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Actora: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima

El MINISTERIO PÚBLICO y las partes guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA17

V.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199818 tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción u omisión de autoridades o

particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad

afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la

protección de esa clase de derechos.

V.2.- Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con la condena emitida por el Tribunal y los

argumentos expuestos en el recurso de apelación, a la Sala le

corresponde determinar lo siguiente:

17
Mediante auto de 24 de julio de 2025, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes para intervenir en el proceso de la referencia.
18
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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17

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¿Se deben revocar o modificar las órdenes de amparo de los derechos

colectivos impuestas a CORTOLIMA porque i) no tienen fundamento

en una declaratoria de responsabilidad, ii) ha cumplido cabalmente

con sus funciones; y iii) los plazos de cumplimiento no se encuentran

ajustados a derecho?

V.2.1.- Sobre la congruencia de la sentencia impugnada

En sentencia de 14 de noviembre de 2024, el Tribunal le ordenó a

CORTOLIMA ejecutar diversas actividades para el amparo de los

derechos colectivos vulnerados, frente a lo cual ésta se opuso porque

no se estableció su responsabilidad, lo cual, a su juicio, es una

condena sin motivación pertinente o una presunta falta de coherencia

de la decisión judicial impugnada.

Sobre el particular, esta Corporación19 ha destacado la importancia

del principio de congruencia como un componente fundamental del

19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 21 de noviembre de 2007. Rad. núm. 50001-
23-31-000-2002-00198-02(15770). C.P.: María Inés Ortiz Barbosa. “[e]l principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia
en el proceso”.
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 19 de
agosto de 2010. Rad. núm. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05). C.P.: Bertha Lucía Ramírez

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debido proceso, pues la sentencia debe ser una pieza coherente

teniendo armonía entre sus partes motiva y resolutiva y, además, al

ser el acto procesal que por excelencia le pone fin al proceso, debe

estar acorde con los aspectos esenciales del debate judicial, a saber:

los hechos, las pretensiones y la oposición de la parte demandada.

Pues bien, en atención a las afirmaciones de CORTOLIMA, se

advierte que el cargo carece de fundamento debido a que el Tribunal

le atribuyó, por omisión, el incumplimiento del régimen de transición

para substituir los botaderos de basura o sitios de disposición final

transitorios de residuos sólidos (SDFT) por sistemas con tecnología

de relleno sanitario.

En ese sentido, al estudiar las pruebas incorporadas al expediente,

el Tribunal fundamentó su decisión en que la autoridad ambiental: i)

permitió operar la celda transitoria por más de 12 años; ii) no adoptó

las medidas necesarias para que el MUNICIPIO y EMPORTEGA

cumplieran el plan de saneamiento y cierre definitivo del botadero; e

iii) inició procesos sancionatorios únicamente por la celda transitoria,

de Páez; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de
7 de abril de 2015. Rad. núm. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro;
Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2019. Rad. núm. 08001-33-33-001-2013-00006-
01(REV). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón

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los cuales no han sido resueltos. Por tales razones, determinó la

responsabilidad de CORTOLIMA en los siguientes términos:

“[…] Las pruebas obrantes en el expediente son indicativas de
la desidia con la que ha actuado el Municipio de Ortega, la Empresa
de Servicios Públicos Emportega y la Corporación Autónoma
Regional del Tolima en el proceso de cierre definitivo del
botadero de basura a cielo abierto que venía funcionando en el
Municipio de Ortega, así como en la adopción de las medidas para
su saneamiento, afectando de manera directa los derechos
colectivos […]” (Negrilla fuera del texto).

Tal motivación es coherente con la parte resolutiva de la sentencia:

“[…] Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al ambiente sano,
la existencia, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la seguridad y
salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna al permitir el indebido
funcionamiento del botadero a cielo abierto denominado Los
Colorados en zona rural del Municipio de Ortega Tolima y no adoptar
las medidas de manejo, abandono, cierre y saneamiento
ambiental de las celdas de disposición final.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados […]”. (Negrilla fuera del
texto).

Como puede observarse, los hechos demostrados y las

consideraciones expuestas por el Tribunal guardan congruencia con

la responsabilidad de CORTOLIMA en la vulneración de los derechos

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colectivos y, por ende, con las órdenes dictadas para su

restablecimiento, razón por la que este cargo no prospera.

V.2.2. Sobre la responsabilidad de CORTOLIMA en la

vulneración de los derechos colectivos

CORTOLIMA afirmó que, en ejercicio adecuado de sus

competencias, desplegó todas las actuaciones que estaban a su

alcance para proteger los derechos colectivos conculcados, lo cual,

en su parecer, fue cumplido a través de la visita de seguimiento de

9 de diciembre de 2020, el informe técnico de 15 de febrero de 2021,

la expedición de la Resolución 1374 de 6 de mayo de 2021 y el

estudio del recurso de reposición contra este acto administrativo.

Con fundamento en lo anterior, la Sala examinará las actividades

alegadas por la autoridad ambiental, a fin de verificar si realizó un

ejercicio oportuno y suficiente de sus deberes de seguimiento y

control del botadero de basura a cielo abierto o SDFT Los Colorados:

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i.- Informe de visita de evaluación y seguimiento núm. 132 de 9 de

diciembre de 202020, “para el ajuste del plan de manejo ambiental

de la celda de emergencia de la zona de disposición de residuos

sólidos del municipio de Ortega”.

Al observar el documento, le asiste razón a CORTOLIMA cuando

afirma que en esa oportunidad conceptuó que: i) las celdas de

disposición final se encontraron en condiciones aceptables de

operación; ii) se desarrollaron actividades de reciclaje de los residuos

que son conducidos a una bodega de almacenamiento; y iii) se

evacuaban los gases mediante chimeneas de PVC perforado.

Sin embargo, el informe no permite concluir una actuación

contundente de CORTOLIMA en defensa de los derechos colectivos,

pues, para esa época, la celda transitoria había sobrepasado por

mucho el plazo de funcionamiento de 36 meses establecido en la

Resolución 1390 de 27 de septiembre de 200521; lo cual confirma la

necesidad de amparo planteada por el Tribunal, pues el SDFT llevaba

alrededor de 12 años transgrediendo la ley y generando impactos

20
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 31.
21
“por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación
técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en la
misma”.

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ambientales sin que CORTOLIMA adoptara medidas eficientes para

evitarlo.

Además, no se debe perder de vista que el propósito de dicho informe

era determinar la viabilidad del ajuste del PMA solicitado por el

MUNICIPIO para la “celda de emergencia”.

En tal virtud, CORTOLIMA decidió extender el concepto favorable a

pesar de haber constatado que: i) los taludes de la celda no habían

sido reconformados con las pendientes adecuadas, por lo cual no se

estaban controlando los procesos erosivos existentes; ii) no se

estaban ejecutando las labores de arborización y, por ende, no se

tomaron medidas de mantenimiento y mitigación de impactos de la

piscina de lixiviados; iii) carece de condiciones óptimas de

señalización, lo cual afecta la seguridad del botadero; iv) no cuenta

con pruebas del aprovechamiento del material que se dice reciclar en

las instalaciones del botadero; y v) no ha salvaguardado el

componente social del proyecto mediante las actividades de diálogo

y socialización y el trámite de las quejas presentadas por la

comunidad vecina22.

22
Literales d., f., i., j., k., m. y m. de la matriz de cumplimiento del auto 4444 de 11 de diciembre de
2020.

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23

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Frente al incumplimiento de tales obligaciones, las cuales fueron

requeridas mediante el auto 4444 de 11 de diciembre 202023,

CORTOLIMA no presentó ningún reparo o condicionamiento, ni

adelantó gestión alguna para remediar las irregularidades

detectadas; por el contrario, dio vía libre a las actividades de

disposición de residuos por parte del MUNICIPIO y EMPORTEGA,

aun cuando en el referido acto administrativo, advirtió que “los

anteriores requerimientos son necesarios para continuar con el

trámite de ajuste del plan de manejo ambiental”24, lo cual fue

totalmente desconocido por la autoridad ambiental recurrente.

ii.- Informe de visita de evaluación y seguimiento núm. 650 de 15

de febrero de 202125, para la “aclaración y modificación del informe

remitido con el número de intranet 132 del 14 de enero de 2021”.

Al igual que el informe anterior, CORTOLIMA observó que: i) las

celdas de disposición final estaban en condiciones aceptables de

mantenimiento; ii) se desarrollaron actividades de reciclaje de los

residuos que son conducidos a una bodega de almacenamiento; iii)

23
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 12.
24
Artículo segundo, inciso segundo.
25
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 89.

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24

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se realizaba cubrimiento periódico de los residuos; y iv) se

evacuaban los gases mediante chimeneas de PVC perforado.

Sin embargo, tales observaciones no permitían concluir un ejercicio

idóneo de las funciones de CORTOLIMA para prevenir la afectación

de los derechos colectivos, pues en la Resolución 822 de 25 de julio

de 200526, se evidenció que el botadero “no cumple con lo establecido

dentro de la política ambiental”; en consecuencia, el director general

de dicha Corporación ordenó la suspensión inmediata de las

actividades de disposición final de residuos sólidos.

En ese orden, se observa que los documentos alegados como

fundamento de la apelación de CORTOLIMA no tuvieron en cuenta

el contexto y propósito de la función administrativa desplegada,

según los cuales, dicha autoridad, desde la Resolución 1196 de 4 de

octubre de 200527, estaba en la obligación de “verificar que el sitio de

disposición final de residuos sólidos […] se encuentra efectivamente

cerrado o suspendido o en proceso de transformación técnica a

26
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 88, folio 38.
27
Ibid., archivo 88, folio 44.
“Por la cual se da aplicación a la Resolución 1390 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial al Municipio de Ortega. […].
[E]n aplicación al artículo primero del decreto 1390 de 2005, esta corporación deberá iniciar el
correspondiente control y seguimiento el cierre, clausura y restauración ambiental o su
transformación técnica a relleno sanitario del botadero a cielo abierto”. (Negrilla fuera del
texto).

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25

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relleno sanitario de conformidad con el artículo 3 de la Resolución

1390 de 2005[28]”.

Pese a que el artículo segundo de la Resolución 1196 ordenó “a los

técnicos de la entidad para que de manera inmediata reali[zaran] tal

verificación”, lo cierto es que los informes de visita de 9 de diciembre

de 2020 y 15 de febrero de 2021 se limitaron a describir las

condiciones operativas del SDFT, lo cual era totalmente impertinente,

toda vez que 15 años atrás CORTOLIMA había concluido que el

botadero transgredía el régimen de transición establecido por el

gobierno nacional, por lo cual era indispensable desplegar

actuaciones oportunas y eficaces para detener su funcionamiento y

restaurar los ecosistemas afectados.

Sin embargo, CORTOLIMA no demostró haber procurado tal

objetivo u ofrecer herramientas a la administración municipal para

iniciar la transformación técnica del SDFT bajo la tecnología de

relleno sanitario.

28
“[…]. Artículo 3°. Municipios con una población menor o igual a 100.000 habitantes. Las autoridades
ambientales regionales verificarán que los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan
cumplido con la normativa vigente, se encuentren cerrados o en proceso de transformación técnica a
relleno sanitario, en la fecha de que trata el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 […]”.

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26

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La Sala advierte que, tan solo 15 años después, en el informe de

visita alegado, se reconoció que “no es viable aprobar la actualización

del plan de manejo para la zona de disposición de residuos sólidos

[…] ya que el parágrafo primero del artículo uno de la Resolución No.

2483 del 08 de octubre de 2009[29] […] expresa […] que las

actividades que se desarrollen para el plan de cierre y abandono del

botadero a cielo abierto del municipio de Ortega, NO comprenden la

disposición de residuos”. En consecuencia, estimó necesario:

“[…] solicita[r] al municipio de Ortega que presente a Cortolima el
Plan de Clausura y Restauración Ambiental de las celdas de
disposición final, determinándose el uso futuro del terreno donde
actualmente se está realizando la disposición final de los residuos
sólidos […] con el fin de lograr una óptima restauración ambiental del
predio […]”.

iii.- Resolución núm. 1374 de 6 de mayo de 202130, “por medio de

la cual se niega la actualización de un Plan de Manejo Ambiental”.

En la parte resolutiva del referido acto administrativo, CORTOLIMA

dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: Negar la actualización del Plan de Manejo
Ambiental radicado bajo No. 22765 del 16/12/2019, presentado por

29
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 84, folio 166.
“Por la cual se acoge un Plan de Saneamiento y Cierre del Botadero a Cielo Abierto. […].
[L]a Resolución 1390 establece que las entidades territoriales deberán presentar el Plan de Manejo
Ambiental que incluya la clausura y restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos
sólidos que no hayan cumplido la normativa vigente, sitios donde no podrán seguir realizando
dicha disposición inadecuada […]”. (Negrilla fuera del texto).
30
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 103.

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27

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EMPORTEGA E.S.P. […] para la celda de emergencia de la zona de
disposición de residuos sólidos del municipio de Ortega […].

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE ORTEGA y a
EMPORTEGA E.S.P. […] presentar en el término de tres meses ante
esta Corporación Plan de Clausura y Restauración Ambiental de las
celdas de disposición final, donde se determine el uso futuro del
terreno donde actualmente se disponen los residuos sólidos del
municipio. […]”.

iv.- Resolución núm. 4228 de 12 de octubre de 202131, “por medio

de la cual se desata un recurso de reposición en contra de la

Resolución CORTOLIMA No. 1374”.

Mediante dicho acto administrativo, CORTOLIMA desconoció la

resolución por la cual había ordenado la clausura y restauración del

botadero, para seguir permitiendo la disposición de residuos por

presuntas razones de seguridad. Veamos:

“[…]. ARTÍCULO PRIMERO.- REPONER parcialmente la resolución
1374 de 6 de mayo de 2021 […] en el sentido de modificar el artículo
2 el cual quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE ORTEGA y a
EMPORTEGA E.S.P. […] presentar en el término de tres meses ante la
Corporación Plan de Clausura y Restauración Ambiental corresponde a la
celda de disposición final Zona 1 que está activa, para el proceso de
reconformación geomorfológica que impide que se cierre de
manera inmediata, ya que se pueden generar riesgos por su
inadecuado abandono, tales como inestabilidad, falta de
cobertura final de la masa de residuos hasta el 31 de diciembre del
2021 conforme al término establecido en la parte conceptual del informe
técnico de fecha 27 de agosto del año 2021 […] con un volumen de 187.98
m3, con los siguientes lineamientos: […].

31
Ibid., folio 259.

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28

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4) Cumplir con la conformación del vaso relacionando solo la
conformación geomorfológica de la zona 1, proyectando los
volúmenes de la zona sur o zona transitoria de la zona 1 y 2 […].

1) Se fija la vida útil de la celda […] en 4 meses de operación
adicional […].
2) La vida útil fijada podrá ser modificada con la presentación del
balance de rellenos y excavaciones de la zona 1 de la celda 1 […].
5) Controlar los procesos de erosión y la reconformación de las
pendientes en los taludes de la celda […]”.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

Con fundamento en lo expuesto, a juicio de la Sala, no le asiste razón

a CORTOLIMA cuando afirma que tales actos implicaron “el cierre

definitivo del botadero de basura” ya que, como pudo observarse, en

la parte resolutiva extendió la vida útil del botadero con un término

fijo, pero también con la posibilidad de continuar su funcionamiento

indefinidamente, lo cual puede corroborarse al observar las

actividades establecidas en el “plan de cierre”, pues éstas no

conducen a la cesación inmediata o cercana de la disposición de

residuos sólidos en el botadero, sino que comprenden actividades de

mantenimiento orientadas a continuar con la operación irregular del

SFDT de manera permanente32.

32
“[…]. Realizar manejo de aguas lluvias […], manejo de lixiviados […], manejo de gases […],
conformación geomorfológica […], programas del plan de manejo ambiental […], control de erosión
[…], manejo de material particulado […], barreras vivas […], información y participación comunitaria
[…], reparación de la geomembrana […], limpieza constante de la piscina de lixiviados […], controles
de plagas y vectores […]”.

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29

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Asimismo, las actividades para el proceso de reconformación

geomorfológica fueron ordenadas desde la Resolución núm. 2483,

que en octubre de 2009 acogió el “Plan de Saneamiento y Cierre del

Botadero a Cielo Abierto”33 Los Colorados en el marco del “Proyecto

de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

En esa oportunidad, CORTOLIMA estableció que las labores de

cierre, abandono y recuperación ambiental no permitían continuar

con la disposición de residuos y previó la necesidad de ejecutar, entre

otras obligaciones, obras de contorneado y armonización del terreno

para el control de la erosión, cuyo incumplimiento fue evidenciado en

los informes de 31 de mayo de 201034, 26 de enero de 201135, 24 de

enero de 202036, entre otros:

“[…]. IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A continuación, se transcribe la matriz de seguimiento de la resolución
2483 del 8 de octubre de 2009:

OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO
Se realizará contorneado No se han realizado dichas obras.
y armonizado del terreno Actualmente se sigue disponiendo residuos en
[…]. este sitio.

[…]”. (Negrilla del texto original).

33
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 84, folio 166.
34
Ibid., folio 199.
“[…]. El municipio de Ortega no ha cumplido las obligaciones estipuladas en la resolución 2483 del 8 de
octubre de 2009 […]”.
35
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 75, folio 3.
36
Ibid., archivo 91, folio 270.

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De tal modo, se observa que la supuesta necesidad de adelantar

actividades de reconformación geomorfológica no es un hecho

identificado en 2021, sino una obligación impuesta 12 años atrás,

cuyo cumplimiento no fue objeto de ningún apremio por parte de

CORTOLIMA.

Además de lo anterior, la Sala pone de manifiesto que la premisa

según la cual “el proceso de reconformación geomorfológica impide

el cierre inmediato” del botadero, carece de coherencia, toda vez que

CORTOLIMA no sustentó técnicamente la manera en que la

disposición permanente de residuos sólidos contribuye a la adecuada

y oportuna ejecución de las obras de acondicionamiento del suelo de

Los Colorados.

Por el contrario, si el fundamento de la decisión de CORTOLIMA es

garantizar la seguridad del botadero y de sus operarios y

contratistas, lo razonable es suspender la acumulación permanente

de residuos sólidos para ejecutar las obras sin elevar los riesgos

identificados; tal y como lo había ordenado desde la aprobación del

“Plan de Saneamiento y Cierre del Botadero a Cielo Abierto” en 2009.

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De tal modo, la Sala concluye que: i) con el trámite administrativo

surtido en las resoluciones 1374 y 4228 de 2021 no se “conminó al

cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto”; y ii) la

extensión de la vida útil del botadero ha sido forzada desde el 2005

con la aquiescencia prolongada de CORTOLIMA.

Esta conclusión también guarda sustento en que, posteriormente,

mediante la Resolución 8373 de 22 de diciembre de 202337,

CORTOLIMA insistió en autorizar el funcionamiento de la celda de

disposición ubicada en la zona 1 del SDFT por un plazo de 15 años,

a pesar de que 2 años atrás había concluido que al mismo le restaba

una vida útil de 2 meses y 19 días.

Por todo lo anterior, la Sala coincide con el Tribunal en que

CORTOLIMA no ha actuado diligentemente para detener el

crecimiento de los impactos ambientales generados por el botadero

de basura a cielo abierto Los Colorados, ni para cooperar con la

administración local en la búsqueda de una solución técnica para la

prestación sostenible de ese servicio público.

37
Índice 86 del expediente digital de primera instancia, archivo 77.
“Por medio del cual se aprueba un Plan de Abandono y Cierre Ambiental de las Celdas de Disposición
final a cielo abierto denominados “los Colorados” del Municipio de Ortega – Tolima […]”.

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Por el contrario, es un hecho totalmente evidenciado que dicha

autoridad ambiental ha omitido el ejercicio de sus competencias

legales por más de 18 años para procurar la administración eficiente

del medio ambiente y los recursos naturales en lo concerniente a los

impactos del botadero de basura a cielo abierto Los Colorados.

V.2.3. Sobre los plazos para el cumplimiento de las órdenes

de amparo

El Tribunal, en sentencia de 14 de noviembre de 2024, ordenó a

CORTOLIMA que finalizara en un plazo de 3 meses los

procedimientos administrativos sancionatorios ambientales que ha

iniciado con ocasión de las irregularidades del SDFT Los Colorados, y

que implementara un plan de control y seguimiento para las

actividades de cierre, abandono, saneamiento y restauración

ambiental de ese botadero, en los siguientes términos:

“[…]. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así: […].

• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
culminar, en un período máximo de tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, en caso de no haberlo hecho, los
procesos administrativos sancionatorios Nos. SAN 03387 y
00878 iniciados contra el Municipio de Ortega y de Emportega E.S.P.

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con ocasión a la presunta comisión de infracciones ambientales en el
botadero a cielo abierto “Los Colorados”.

• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima deberá
implementar y ejecutar un plan serio de control y seguimiento
de las actividades de cierre, abandono y saneamiento
ambiental dispuestas en las Resoluciones Nos. 2483 del 8 de octubre
de 2009 y 8373 del 22 de diciembre de 2023 expedidas por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, que garantice la
restauración ambiental final del antiguo sitio de disposición en el
tiempo estipulado en tales actos administrativos. En el evento que se
presenten incumplimientos, deberá iniciar y culminar de manera
célere, los correspondientes procesos administrativos sancionatorios
ambientales. […].

[…]” (Negrilla fuera del texto).

CORTOLIMA se opuso a culminar los procedimientos administrativos

sancionatorios en el plazo de 3 meses porque ello contraviene lo que

denominó el “término de caducidad de cinco años para la resolución

de los procesos sancionatorios” establecido en la Ley 1333 de 200938.

Además, aseguró que la orden de implementar un plan de control y

seguimiento no previó un plazo razonable en virtud de la gran

complejidad que demanda su cumplimiento.

Para resolver, la Sala advierte que el parágrafo del artículo 10° de la

Ley 1333, introducido por el artículo 18 de la Ley 2387 de 25 de julio

202439, obligó a que las autoridades competentes finalicen los

38
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
39
“Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el
propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras
disposiciones”.

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procedimientos dentro un término máximo de 5 años, lo que no

implica que la autoridad ambiental pueda evacuarlos con anterioridad

a dicho término, pues éste constituye es un plazo máximo y, por

ende, no autoriza a la administración a dilatar injustificadamente sus

actuaciones, máxime si se tiene en cuenta que los procesos

sancionatorios sub examine iniciaron con anterioridad a la expedición

de la Ley 2387 de 2024.

La Sala considera que el hecho de que la reforma de la Ley 1333

haya establecido un plazo máximo de 5 años para resolver los

procedimientos administrativos sancionatorios, de ninguna manera

supone que la gestión de CORTOLIMA -hasta el momento ineficiente

como se evidenció en el apartado anterior-, necesariamente deba

extenderse por 5 años adicionales.

Una interpretación de tal naturaleza desconoce los principios propios

de la función administrativa y del derecho ambiental, tales como

moralidad, eficacia, economía, celeridad, debido proceso, buena fe,

entre otros40, los cuales demandan de CORTOLIMA actuaciones

céleres, cumpliendo con rectitud y lealtad sus competencias,

40
Constitución Política, artículo 209; Ley 1437 de 2011, artículo 3; y Ley 1333 de 2009, artículo 3.

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removiendo de oficio los obstáculos formales, optimizando el uso del

tiempo y de otros recursos con el fin de materializar las finalidades

preventiva, correctiva, restaurativa y compensatoria de la potestad

sancionatoria ambiental41 en tiempos razonables.

En consecuencia, y en atención a la necesidad de armonizar el

término de 5 años que tiene la autoridad ambiental para resolver los

procesos administrativos ambientales a su cargo con la urgencia de

que culmine de manera célere los procesos iniciados con ocasión de

la problemática sub examine para lograr un amparo efectivo de los

derechos conculcados, la Sala modificará el inciso tercero del ordinal

tercero de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a

CORTOLIMA que continúe tramitando de manera diligente los

procesos administrativos sancionatorios ambientales SAN 0338742 y

SAN 0087843 a fin de que sean resueltos dentro de plazos razonables

en atención a la normativa aplicable y la etapa procesal en la que

cada uno se encuentra.

41
Ley 1333 de 2009, artículo 4.
42
Se demostró que se encuentra en fase probatoria por auto 9444 de 28 de noviembre de 2022 (Índice
57 del expediente digital de primera instancia), luego se debe recordar que a partir de allí la etapa de
alegatos de conclusión es de 10 días hábiles, emitir decisión definitiva dentro de 15 días hábiles, y
resolver los eventuales recursos contra esa decisión dentro de 60 días hábiles.
43
Está acreditado que se encuentra en etapa de alegatos de conclusión, que se agotó mediante el auto
7162 de 11 de noviembre de 2021 con la presentación de alegatos por parte del municipio (Índice 86
del expediente digital de primera instancia, archivo 81, folio 297). Luego se deberá tener en cuenta
que para emitir decisión definitiva son 15 días hábiles, y para surtir los eventuales recursos contra esa
decisión son 60 días hábiles.

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Esta medida busca garantizar el cumplimiento efectivo de los

términos previstos en la ley, pues tiene fundamento en: i) la

conducta omisiva de las autoridades ambientales, ii) la normativa

procedimental aplicable, iii) la etapa en la que se encuentre el

proceso; y iv) la apremiante necesidad del amparo efectivo de los

derechos colectivos vulnerados44.

Ahora bien, en relación con la implementación de un plan de control

y seguimiento para las actividades de cierre, abandono, saneamiento

y restauración ambiental del botadero, no hay lugar a que el juez de

la acción popular fije un plazo para su cumplimiento, toda vez que,

como se mencionó en el recurso de apelación, es CORTOLIMA,

quien, en ejercicio de sus competencias técnicas, debe definir el

cronograma y la matriz de seguimiento y monitoreo para cada una

de las actividades que conforman los planes aprobados por la

autoridad ambiental, a saber: el “proyecto de gestión integral de

residuos sólidos”, el “plan de cierre, abandono y recuperación del

44
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 23 de abril de 2026. Rad. núm. 25000-23-
41-000-2024-02068-01. C.P.: Pablo Andrés Córdoba Acosta: “[…] las medidas adoptadas por la
autoridad ambiental no han sido los suficientemente eficaces para impedir que se sigan vulnerando los
derechos […]”; 19 de marzo de 2026. Rad. núm. 17001-23-33-000-2022-00192-01. C.P.: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes: “[…] en este proceso no se demostró la culminación del proceso sancionatorio
[…]. Mientras no se adopte una decisión definitiva dentro de dicho trámite administrativo ni se
implementen las medidas correctivas derivadas del mismo, persiste una situación que compromete […]
los derechos colectivos […]”; 11 de diciembre de 2025. Rad. núm. 20001-23-33-000-2021-00335-02,
27 de noviembre de 2025. Rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00157-01, 28 de agosto de 2025. Rad.
núm. 73001-23-33-000-2019-00005-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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botadero a cielo abierto del municipio de Ortega”, y el “plan de

manejo, abandono y cierre ambiental de las celdas de disposición

final del botadero de basura a cielo abierto ´Los Colorados´”.

Precisamente, en atención a la complejidad de las actividades

propuestas por los responsables del botadero, pero también en

observancia de los incumplimientos reiterados, del régimen de

transición para la conversión de los botaderos en rellenos sanitarios45,

la guía técnica ambiental correspondiente y demás lineamientos

establecidos por el gobierno nacional, es que CORTOLIMA debe

hacer el seguimiento de rigor, evaluar y exigir, con los apremios de

ley, los cumplimientos del caso dentro de plazos razonables; los

cuales serán objeto de verificación en el comité de cumplimiento de

la sentencia.

V.3. Conclusión, comité de verificación y costas

Conforme a lo expuesto en los capítulos anteriores, la Sala plantea

las siguientes conclusiones:

45
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 2026. Rad. núm. 44001-23-
40-000-2018-00089-01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón: Resolución 1045 de 2003: 2 años;
Resolución 1390 de 2005: +36 meses; Resolución 1684 de 2008: hasta 29 de septiembre de 2009;
Resolución 1822 de 2009: hasta 1 año desde el 30 de septiembre; Resolución 1529 de 2010: hasta el
29 de septiembre de 2011; y Resolución 1890 de 2011: definió alternativas de adaptación.

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i.- Las órdenes de amparo de los derechos colectivos que le fueron

impuestas a CORTOLIMA son congruentes con la parte motiva de la

sentencia impugnada, y coherentes con la demostración de su

responsabilidad en la situación transgresora;

ii.- CORTOLIMA no ha cumplido cabalmente con sus funciones

legales a fin de proteger oportuna y eficazmente los derechos

colectivos, sino que, por el contrario, su conducta ha sido descuidada

en la adopción de medidas que permitan prevenir, corregir y

compensar los impactos ambientales que está generando el botadero

de basura a cielo abierto Los Colorados a lo largo de 20 años;

iii.- El hecho de imponer un plazo para el cumplimiento de ciertas

actuaciones administrativas no supone necesariamente una decisión

judicial arbitraria, en tanto que se observó una conducta pasiva de

CORTOLIMA, al no imponer medidas preventivas ni sancionatorias

en más de 20 años de haber detectado múltiples irregularidades.

Además, en atención a la ley aplicable, los plazos impuestos resultan

más que suficientes para la adopción de las decisiones

administrativas a que haya lugar; y

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iv.- De lo expuesto no solo se evidencia un incumplimiento puntual

de las obligaciones legales a cargo de CORTOLIMA, sino la

configuración de una ineficacia estructural en el ejercicio de sus

funciones como autoridad ambiental, manifestada en la prolongada

tolerancia de actividades contrarias al ordenamiento jurídico, la

ausencia de medidas oportunas y eficaces para garantizar el cierre

del SDFT y la dilación y falta de decisión de los procedimientos

sancionatorios iniciados.

Lo anterior, permiten concluir que no se trata de una falencia aislada,

sino de un déficit sistemático de gestión administrativa que ha

impedido la protección efectiva de los derechos colectivos

vulnerados.

Ahora, la Sala encuentra necesario modificar el ordinal cuarto de la

sentencia apelada en el sentido de aclarar que el magistrado ponente

del Tribunal deberá presidir el comité para la verificación del

cumplimiento de las órdenes de amparo de los derechos colectivos.

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Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de

unificación proferida el 6 de agosto de 201946 por la Sala de Decisión

Especial núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en

esta instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba

sobre su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia, los ordinales TERCERO - inciso 3° y

CUARTO de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por

el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:

“[…]. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos
colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así:

[…].

• La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA deberá,
continuar tramitando de manera diligente los procesos

46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27,
sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.: Rocío Araújo
Oñate.

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administrativos sancionatorios ambientales SAN 03387 y SAN 00878
a fin de que sean resueltos dentro de plazos razonables en atención
a la normativa aplicable y la etapa procesal en la que cada uno se
encuentra.

[…].

Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un Comité de Verificación
del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará conformado por el
magistrado ponente de esta decisión, quien lo presidirá, el procurador
Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el agente del Ministerio
Público delegado ante esta Corporación, el alcalde Municipal de
Ortega o su delegado, el gerente de la EMPORTEGA E.S.P. o su
delegado, y el director de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima o su delegado.

[…]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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