RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2021-00335-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2021-00335-02

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2021-00335-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, los cuales quedaran así: «TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO de Valledupar que, en coordinación con CORPOCESAR, de manera inmediata, ejerza las funciones de control y vigilancia del medio ambiente de las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los Venados, evitando que se continúe con la tala de árboles nativos en las mismas, y, de conformidad con sus competencias, ejerza su poder coercitivo contra las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona, al tenor de las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, iniciando de forma oportuna los procesos sancionatorios a que haya lugar». […] 25 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, magistrado ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33- 000-2018-00361-01, magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02 Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO «QUINTO: CONFORMAR un Comité de Verificación del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por: a). El actor popular, b). El Alcalde Municipal de Valledupar o su delegado, c). El Inspector Rural del Corregimiento de Los Venados, d). El Director de CORPOCESAR o su delegado, e). El Personero Municipal, f). El Defensor del pueblo, g). El Procurador 47 Judicial en Asuntos Administrativos, h). El Director de la Agencia Nacional de Tierras o su delegado y i). El Magistrado Ponente de la decisión del Tribunal, quien lo presidirá». SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2021-00335-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

TESIS: EL MUNICIPIO TIENE EXPRESAS COMPETENCIAS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES QUE LO LEGITIMAN PARA FUNGIR COMO PARTE
DEMANDADA EN EL PROCESO

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE
UN AMBIENTE SANO, AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE
LOS RECURSOS NATURALES, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LA
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS1 y el MUNICIPIO DE

VALLEDUPAR2 contra la sentencia de 30 de noviembre de 2023,

proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar3.

1
En adelante ANT.
2
En adelante el MUNICIPIO.
3
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

El señor ARMANDO VALERA SARMIENTO, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó

demanda contra el MUNICIPIO5 y la ANT, tendiente a que se

protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al

manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al goce

del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso

público y a la defensa del patrimonio público.

I.2. Hechos

Manifestó que las sabanas comunales del corregimiento de Los

Venados del MUNICIPIO están siendo invadidas y apropiadas por

más de 100 personas particulares de otras regiones, lo que ha

ocasionado daños sobre la fauna y la flora del sector, la cual está

desapareciendo, y la disminución del espacio para albergar el ganado

4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
En adelante el Municipio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

y alimentar los semovientes y, por ende, la desnaturalización de

dicha figura.

Indicó que ni la ANT ni las demás autoridades competentes han

adoptado medidas efectivas para la protección de las sabanas, pese

a que tienen conocimiento de tal invasión.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de las

demandadas, lo siguiente:

“[…] Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a los
demandados ejecutar las acciones tendientes a recuperar las
sabanas comunales y que se le dé el uso colectivo, con el fin de
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda.

De igual forma solicita, que se declare la omisión de parte de la
Agencia Nacional de Tierras y del Municipio de Valledupar, en
recuperar las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los
Venados, y, que, en caso de ser condenados, la orden se cumpla
con base en los artículos 39 y 40 de la Ley […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

I.4. Defensa

I.4.1.- La ANT manifestó que junto con las solicitudes de

intervención del actor popular encaminadas a recuperar las

sabanas no se allegaron pruebas sobre la ocupación alegada.

Indicó que el acto administrativo que deslindó los predios privados y

declaró como bien baldío inadjudicable se encuentra debidamente

ejecutoriado, de manera que solo está pendiente determinar la forma

en que va a administrarse dicho bien para el cumplimiento de los

fines sociales de la propiedad.

Expuso que el actor popular puede promover acciones policivas a

cargo de autoridades municipales, departamentales y del orden

nacional para superar la afectación; además, en los casos de indebida

ocupación de terreno baldíos, el Decreto Ley 902 de 2017 prevé un

procedimiento jurídico para su recuperación que comprende una fase

administrativa a su cargo y una etapa judicial en la que es un juez

quien decide sobre la eventual restitución al dominio del Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

I.4.2.- El MUNICIPIO refirió que no tiene responsabilidad en

la vulneración o amenaza de los derechos colectivos

invocados, porque las competencias relacionadas con las

sabanas comunales están radicadas en la ANT, conforme con

la Constitución y la Ley.

Adujo que el proceso para recuperar las sabanas comunales no es

mecánico, sino que requiere de un trámite previo y del concurso de

varias autoridades administrativas, por lo que la acción popular no

es el medio idóneo para materializar dicho fin, aunado a que tampoco

le corresponde ejercer la defensa de esos bienes.

Propuso, con fundamento en lo expuesto, las excepciones de falta de

legitimación en la causa por pasiva e “inexistencia de vulneración de

derecho colectivo por parte el Municipio de Valledupar”.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 19 de

septiembre de 2022, declarándose fallida por ausencia de fórmulas

de acuerdo entre las partes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

I.6. Medida cautelar

El Tribunal mediante auto de 27 de enero de 2022, accedió a la

solicitud de medida cautelar formulada en la demanda y, en

consecuencia, dispuso:

«[...] PRIMERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS, y, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, para que de FORMA
INMEDIATA, ejecuten los actos necesarios para la recuperación de
las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados.

SEGUNDO: ORDENAR con cargo al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, que se realicen los estudios
necesarios para establecer la naturaleza del daño en las sabanas
comunales del Corregimiento de Los Venados, y las medidas urgentes
a tomar para mitigarlo. Por Secretaría, ofíciese a dicha dependencia.

TERCERO: De igual forma, y como parte de la medida cautelar, se
ORDENA a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CESAR - CORPOCESAR, que ejerza su función de control y
vigilancia, garantizando que no se continúe con la tala de árboles
nativos en las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados.
Asimismo, se CONMINA a dicho ente, que ejerza su poder coercitivo
de forma rigurosa, conforme a sus competencias, contra las personas
que cometan infracciones ambientales en esa zona […]».

Contra la anterior decisión, la ANT interpuso recurso de apelación,

el cual fue resuelto por la Sección en auto de 14 de julio de 2022, en

el sentido de modificar la medida cautelar decretada en los siguientes

términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y tercero de la parte
resolutiva de la providencia de 27 de enero de 2022, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, los cuales quedarán en los
siguientes términos:

“[...] PRIMERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
que de manera inmediata inicie el procedimiento
correspondiente para que en el menor tiempo posible, que no
podrá ser superior a seis (6) meses, expida el reglamento
general de la sabana comunal del corregimiento de Los Venados,
el cual deberá contener, como mínimo, la determinación de las
áreas, usos, reglas, prohibiciones, obligaciones, condiciones de
permanencia y número de sujetos, y con base en este
documento asignar los derechos de uso, conforme lo dispone el
Acuerdo 058 de 2018.

[...]

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, que ejerza
su función de control y vigilancia, garantizando que no se
continúe con la tala de árboles nativos en las sabanas comunales
del Corregimiento de Los Venados. Asimismo, se CONMINA a
dicho ente territorial, que ejerza su poder coercitivo de forma
rigurosa, conforme a sus competencias, contra las personas que
cometan infracciones ambientales en esa zona [...]”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 30 de noviembre de 2023, declaró la

vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio

público, a la utilización y la defensa de los bienes de uso público y a

la defensa del patrimonio público, con fundamento en lo siguiente:

Destacó que aunque la ANT ha adelantado las gestiones tendientes

a lograr la expedición del reglamento de uso y manejo de las Sabanas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Comunales del Corregimiento de Los Venados, ordenado en la

medida cautelar decretada, hasta el momento no ha sido expedido.

Indicó que resulta flagrante la vulneración de los derechos colectivos

aludidos en la demanda popular por parte del MUNICIPIO, pues

pese a que el Consejo de Estado lo conminó para que ejerciera su

función de control y vigilancia, así como su poder coercitivo para

evitar la continuidad de la tala de árboles nativos en las sabanas

comunales, no ha presentado ningún informe sobre el cumplimiento

de las medidas adoptadas, mucho menos, allegó el informe solicitado

a través del auto para mejor proveer emitido por este Tribunal, en el

que diera cuenta de las acciones emprendidas para evitar dicho

flagelo.

En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:

“[…]PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar decretada por este Tribunal,
modificada por el Consejo de Estado, a través de autos de fechas 27 de enero
de 2022 y 14 de julio de 2022, respectivamente; por las razones esbozadas en
precedencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al GOCE DE UN AMBIENTE
SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, AL GOCE
DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE
USO PÚBLICO Y A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, de los habitantes
del Corregimiento de Los Venados, quebrantados con ocasión de la indebida
ocupación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Valledupar que, de manera inmediata,
ejerza las funciones de control y vigilancia del medio ambiente de las Sabanas
Comunales del Corregimiento de Los Venados, evitando que se continúe con la
tala de árboles nativos en las mismas, y, de conformidad con sus competencias,
ejerza su poder coercitivo contra las personas que cometan infracciones
ambientales en esa zona, al tenor de las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que culmine, dentro de
un término que no podrá exceder de 6 meses, el procedimiento para expedir el
reglamento de uso y manejo de la sabana comunal del Corregimiento de Los
Venados, en donde se atisbe, como mínimo, la determinación de las áreas,
usos, reglas, prohibiciones, obligaciones, condiciones de permanencia y número
de sujetos, y con base en ello, asignar los derechos de uso, de conformidad con
lo regulado en el Acuerdo 058 de 2018, como quedó señalado en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento
de esta sentencia, el cual estará integrado por: a). El actor popular, b). El
Alcalde Municipal de Valledupar o su delegado, c). El Inspector Rural del
Corregimiento de Los Venados, d). El Personero Municipal, e). El defensor del
pueblo y f). el Procurador 47 Judicial en Asuntos Administrativos.

SEXTO: Cada dos (2) meses las entidades condenadas, AGENCIA NACIONAL
DE TIERRAS “ANT”, y, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, deberán rendir un
informe ejecutivo a esta Corporación. El primero deberá efectuarse dentro de
los primeros 5 días del mes febrero de 2024 y así sucesivamente.

SÉPTIMO: Condenar en costas a las entidades condenadas, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Para tal
efecto, se fijan 5 SMLMV como agencias en derecho, de conformidad con las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el Acuerdo No.
PSAA16- 10554 del 5 de agosto de 2016, ordinal 1. Procesos declarativos en
general – primera instancia, literal b […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III. 1.- La ANT manifestó que antes de expedir el reglamento de

uso y manejo de las Sabanas Comunales se deben culminar todos los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

trámites previstos en el Acuerdo núm. 058 de 2018, dentro de los

cuales está instaurar la Junta de Baldíos; sin embargo, no se ha

logrado debido al cambio en la administración local y las

modificaciones en los cargos de secretarios de Agricultura y de

Planeación Municipal, quienes deben participar en la junta.

Destacó que debe agotarse asimismo un procedimiento consistente

en la expedición del acto de apertura de la reglamentación del uso y

manejo de la sabana comunal, una fase de preinscripción de posibles

beneficiarios de esa reglamentación y la evaluación y asignación de

puntajes a los inscritos.

Indicó que lo anterior se extiende aproximadamente por 12 meses,

por lo que existe una limitación en términos de viabilidad jurídico –

administrativa para cumplir con el término de seis (6) meses para

expedir el reglamento de uso y manejo de la sabana comunal.

A su juicio, la limitación temporal impuesta compromete su

capacidad para llevar a cabo una labor exhaustiva y rigurosa en la

creación de normativas que cumplan con los estándares legales y

administrativos requeridos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Cuestionó la condena en costas porque no ha incurrido en conductas

reprochables ni en acciones dilatorias, tampoco adoptó una postura

temeraria, ni omitió la colaboración solicitada por el despacho judicial

y, en todo momento, demostró una actitud colaborativa en total

concordancia con el marco legal vigente.

III. 2.- El MUNICIPIO insistió en la ausencia de responsabilidad por

la vulneración de los derechos alegados porque su actuar se ha

ajustado a la Constitución y a la Ley; además, no es el llamado a

ejercer la defensa de ese tipo de bienes, de manera que no se

acredita el nexo causal en relación con el daño alegado.

Reiteró que no le asiste legitimación en la causa por pasiva porque

no existe una relación jurídica sustancial entre el actor popular y el

Municipio en cuanto a los derechos invocados, sino que en el caso se

plantea un asunto propio de la ANT.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto de 5 de febrero

de 2024 y, posteriormente, en providencia de 3 de octubre de 2025, se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

vinculó a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR6,

razón por la cual se le puso en conocimiento la causal de nulidad procesal

saneable prevista en el artículo 133, numeral 8, del Código General del

Proceso – CGP7.

No obstante, dentro de término concedido, CORPOCESAR no alegó la

nulidad en comento y, en consecuencia, mediante proveído de 19 de

noviembre de 2025 se declaró saneada la irregularidad procesal, y se

ordenó que el proceso continue su curso con la audiencia de la autoridad

ambiental vinculada al trámite.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante esta Corporación guardó silencio en la

oportunidad procesal prevista para su intervención.

6
En adelante CORPOCESAR.
7
Para el efecto, en la providencia se argumentó: “[…] Lo anterior, en razón a que en los hechos sustento
de la demanda se indicó que en las sabanas comunales existentes en el corregimiento de Los Venados,
del municipio de Valledupar, viene ejecutándose la tala de árboles nativos por parte de particulares,
con la consecuente pérdida de fauna y flora, y aunque la Sala al resolver el recurso de alzada contra la
medida cautelar decretada en primera instancia en este proceso estableció la necesidad de vincular a
dicha autoridad ambiental, por tratarse de un asunto directamente relacionado con su gestión, ello no
se dispuso por parte del a quo.

Comoquiera que CORPOCESAR no fue notificada del auto admisorio de la demanda de la acción popular,
se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 133, numeral 8, del Código General del
Proceso -CGP […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19988, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problemas jurídicos

Conforme con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,

a la Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:

i) ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva

respecto del MUNICIPIO? y, en caso negativo:

8
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

ii) ¿El MUNICIPIO es responsable de la transgresión de los

derechos colectivos?

iii) ¿Es procedente ampliar el plazo otorgado para la expedición del

reglamento de las sabanas comunales?

iv) ¿Están acreditados los supuestos de procedencia de la condena

en costas?

De la legitimación en la causa por pasiva del MUNICIPIO

Sobre el particular, la Sala destaca que, en materia de acciones

populares, el estudio y análisis de esta excepción supone establecer

la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y,

a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o

fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos

colectivos.

En consecuencia, están legitimados por activa y pasiva, según la ley

(artículos 13 y 14 de la ley 472 de 1998) las personas naturales o

jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u

omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.

Es decir, dicha excepción constituye a su vez un presupuesto procesal

que, de no acreditarse, conlleva a la imposibilidad del juez de emitir

un pronunciamiento de fondo respecto del sujeto procesal en quien

recae la falta de legitimación para concurrir al litigio, siendo

procedente disponer su desvinculación del proceso.

Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los

supuestos fácticos de la demanda como las pretensiones de la

misma, surge con claridad que los asuntos ventilados en esta acción

constitucional están relacionados con las funciones de policía

atribuidas al Alcalde Municipal de Valledupar para la protección de

bienes de uso público destinados al goce y disfrute por parte de una

determinada colectividad, como es el caso de las sabanas comunales,

conforme con lo precisado por esta Sala al resolver el recurso de

apelación interpuesto contra la providencia que accedió a la solicitud

de medida cautelar9; y la protección del medio ambiente y los

recursos naturales en su jurisdicción.

9 En providencia de 14 de julio de 2022, se puntualizó: “[…] Sala destaca que las sabanas comunales

son bienes de uso público, catalogados por disposición legal expresa como baldíos inadjudicables,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Otro asunto es que, en el marco del juicio de responsabilidad que

corresponde adelantar luego de dilucidar si existe o no vulneración

de tales derechos colectivos, eventualmente se advierta la ausencia

de una acción u omisión del MUNICIPIO que sea susceptible de

calificarse como causa determinante de la transgresión que motivó

al actor para acudir ante el juez constitucional.

Entonces, bajo tal entendido, la Sala considera que lo alegado por el

MUNICIPIO sobre la ausencia de legitimación para ser llamado a

este proceso, no tienen vocación de prosperidad, razón por la cual

este cargo será denegado.

De la responsabilidad del Municipio por la vulneración de los

derechos colectivos

Para efectos de dilucidar este asunto, la Sala hará referencia a los

hechos probados que conllevaron al Tribunal a declarar la vulneración

que hacen parte de la reserva territorial de Estado y, por tanto, son imprescriptibles, inalienables e
inembargables.
Asimismo, la Sala observa que las sabanas comunales son de uso comunitario, lo que implica que los
vecinos del lugar pueden ocuparlas con ganados y, por tanto, no debe existir ningún tipo de
cerramiento que impida ese aprovechamiento; sin embargo, también se permite que las áreas
determinadas por la ANT puedan ser empleadas para cultivos de pancoger y, además, los usuarios
pueden construir obras menores necesarias para la tecnificación y mejoramiento de la calidad de vida
de los ocupantes pero, en todo caso, dichos usos por parte de los ocupantes es a título de mera
tenencia, toda vez que el dominio es de la Nación […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la

existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales, al goce del espacio público y la

utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del

patrimonio público.

Así, en Oficio núm. 20203200884981 de 7 de septiembre de 202010,

la subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, en

respuesta al derecho de petición formulado por el señor Armando

Valera Sarmiento, destacó:

«[...] 3. De conformidad con el Decreto Único 1071 de 2015 “las
sabanas comunales son terrenos baldíos (…)”1. En ese orden de
ideas, las SABANAS COMUNALES DE LOS VENADOS son bienes
de uso público en la categoría de bien baldío cuyo titular es la
Nación.

Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 63 dispuso
que los bienes de uso público son inalienables,
imprescriptibles e inembargables, y por ende no pueden ser
adjudicados, ni apropiados por particulares, ya que están
destinados al uso colectivo.

De igual manera, el artículo 69 de la ley 160 de 1994, modificado por
el artículo 4 de la Ley 1900 de 2008, reafirma el carácter
inadjudicable de los terrenos comunales (como las sabanas
objeto de esta petición). Esto debido a su connotación de reserva
territorial del Estado y la afectación de uso público que tienen.
Al respecto, el mencionado artículo señala que:

10
Fls. 7 a 10 del escrito de la demanda obrante en el expediente digital del Tribunal, índice SAMAI 00096, archivo «
82_ED_02ACCIONPOPULAR20210(.pdf) NroActua 96».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

“(…) En las sabanas y playones comunales que periódicamente se
inunden a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o
ciénagas, no se adelantaran programas de adquisición de tierras. En
las reglamentaciones que dicte el Instituto sobre uso y manejo de las
sabanas y playones comunales, deberán determinarse las áreas que
pueden ser objeto de ocupación individual, pero solo para fines de
explotación con cultivos de pancoger.

Los playones y sabanas comunales constituyen reserva
territorial del estado y son imprescriptibles. No podrán ser
objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de
dichas tierras por los vecinos del lugar” (subrayas fuera de texto).

En ese entendido, se concluye que no es procedente la
adjudicación de las SABANAS COMUNALES DE LOS VENADOS
[...]» (Negrillas fuera del texto original).

A su turno, en atención a la solicitud formulada por el actor

relacionada con la presunta ocupación irregular de las sabanas

comunales, el Inspector Rural de Policía del corregimiento de Los

Venados mediante oficios de 17 de noviembre de 202011 y 23 de abril

de 202112, relacionó los nombres de las personas que «[...] se

encuentran asentadas o han invadido las sabanas comunales de dicho

corregimiento [...]».

De otro lado, la Procuraduría 8 Judicial II Ambiental de Valledupar en

Oficio núm. 3600008-233 de 15 de abril de 202113, indicó:

11
Fls. 21 y 22, ídem.
12
Fls. 25 y 26, ídem.
13
Fl. 23, ídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

«[...] En atención a su denuncia sobre la apropiación de las sabanas
comunales de los venados, y la tala de árboles nativos y en ejercicio
de nuestra labor de seguimiento y control preventivo me permito
informarle que se solicitó a la directora de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar y al alcalde de Valledupar, información necesaria
a fin de determinar la conducta a seguir por esta dependencia de la
Procuraduría [...]».

Posteriormente, mediante Oficio núm. 3600008-243 de 22 de abril de

202114, la misma entidad, en respuesta a la denuncia formulada por

el actor acerca de «[...] la tala indiscriminada de árboles entre Cerezo,

y Trupillo en las Sabanas Comunales de los Venados [...]», expuso

que en ejercicio de la función preventiva logró que CORPOCESAR

mediante Auto núm. 0158 del 14 de abril de 2021, iniciara el proceso

sancionatorio ambiental contra los presuntos responsables de dicha

actividad.

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno Municipal, por medio de

Oficio de 30 de abril de 202115 informó al actor que la problemática de

ocupación irregular de las sabanas y el aprovechamiento forestal

desprovisto de autorización «[...] es de conocimiento del inspector de

policía rural del corregimiento de los venados [...]», indicando

además que:

«[...] se le informa al peticionario que su reiteración fue remitida
nuevamente a la Inspección urbana de policía presidida por el

14
Fl. 24, ídem.
15
Fls. 27 a 29, ídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

inspector de policía KARIN ALFONSO QUINTERO PAYARES, esto con
el fin de que el inspector de policía en cumplimiento de las
competencias legales establecidas en el artículo 14 del decreto 1203
de 2017, los artículos 206 y 223 de la ley 1801 de 2016, ejerza control
urbano, avoque conocimiento y en caso de existir motivación, inicie y
lleve hasta su culminación el respectivo proceso verbal abreviado
[...]».

A su turno, en Oficio núm. 20213200595621 de 28 de mayo de 202116,

la subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de ANT

informó al actor aspectos relacionados con la gestión y el estado del

trámite del deslinde de los terrenos que hacen parte de las sabanas,

destacando lo siguiente:

«[...] La Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
confirma el recibo de su comunicación identificada con el radicado
ANT No. 20216200387512 del 13 de abril de 2021, mediante la cual
solicitó al Alcalde de Valledupar lo siguiente:

“PRIMERO: Señor alcalde para su conocimiento y competencia le
informo, en el corregimiento de los Venados se están apropiando de
las sabanas comunales, personas nativas y de otros territorios, hay
que tener en cuenta que dichas sabanas son patrimonio del estado
colombiano.”

De acuerdo con lo anterior, esta Subdirección considera pertinente
señalar que:

Una vez revisadas las bases de datos que se manejan al interior de
esta Dependencia, se evidenció la existencia de un Procedimiento
Administrativo Especial Agrario de Deslinde o Delimitación de Tierras
de la Nación, adelantado por los extintos Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria -INCORA- e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
-INCODER respecto de las SABANAS COMUNALES LOS VENADOS,
ubicadas en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, del
cual se destacan las siguientes actuaciones:

16
Fls. 32 y 33, ídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

 Con ocasión a la denuncia realizada por el señor Francisco Maestre
Cuello, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de
Los Venados, por la presunta apropiación de los terrenos de las
SABANAS COMUNALES LOS VENADOS, el liquidado INCORA
ordenó mediante Auto de 17 de septiembre de 1992, practicar una
diligencia de visita previa sobre las mencionadas Sabanas.

Diligencia de la que obra informe del 26 de septiembre de 1992.

 En ese sentido, mediante Resolución No. 02030 del 12 de
noviembre de 1992, el INCORA ordenó el inicio de las diligencias
administrativas tendientes a delimitar los terrenos que constituyen
las SABANAS COMUNALES LOS VENADOS, ubicados en el
municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

 Con ocasión a la liquidación del INCORA, y entrada en
funcionamiento del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
-INCODER-, este último ordenó mediante Auto del 31 de julio de
2007, la práctica de una inspección ocular sobre los terrenos que
conforman las SABANAS COMUNALES LOS VENADOS, diligencia
que no se llevó a cabo debido a la imposibilidad de notificar del Auto
al Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente fue posible
adelantar dicha diligencia entre el 26 y el 27 de abril de 2010, según
consta en el acta de diligencia de inspección ocular.

 Con dicho insumo y demás pruebas la anterior institucionalidad
profirió la Resolución Final No. No. 2161 del 31 de octubre de 2012,
por lo que actualmente el citado procedimiento se encuentra en
ETAPA FINAL.

De conformidad con lo expuesto, esta Subdirección actualmente se
encuentra validando y verificando las actuaciones adelantadas por las
anteriores institucionalidades INCORA e INCODER, con el fin de
establecer que el procedimiento se haya llevado adecuadamente,
respetando los principios del debido proceso, e identificando
actuaciones por cumplir para así proceder a finalizar el mismo.

Por último, es menester comunicarle que las sabanas
comunales son bienes baldíos inadjudicables y como tal, la
Constitución Política en el artículo 63 las dotó de las
características de ser inalienables, imprescriptibles e
inembargables, por lo que no pueden ser apropiadas por
particulares ya que su destinación es de uso colectivo.

Lo anterior en concordancia con el artículo 69 de la Ley 160 de
1994, en el inciso 8° señala que los playones y sabanas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

comunales constituyen reserva territorial del Estado y son
imprescriptibles, por lo tanto, “No podrán ser objeto de
cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de
dichas tierras por los vecinos del lugar”. Así pues, se tiene que
las sabanas comunales no son susceptibles de ser
adjudicadas, sin embargo, respecto a ellas puede adelantarse el
reglamento de uso y manejo y la conformación de Junta de Baldíos
Inadjudicables, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.
058 de 2018 expedido por esta Agencia, una vez finalice el
Procedimiento Agrario de Deslinde o Delimitación de Tierras de la
Nación y se tenga certeza así de su extensión y ubicación [...]»
(Negrillas fuera del texto).

Conforme con el recuento probatorio precedente, es incuestionable

que en las áreas de terreno que conforman las sabanas comunales

Los Venados se encuentran asentados particulares que vienen

haciendo uso de esos espacios sin que a la fecha la ANT haya

expedido la reglamentación legal que condiciona las actividades a

desarrollar en esos bienes de uso público consistentes en el

establecimiento de cultivos de pancoger no susceptibles de adquirirse

por terceros vía administrativa o por el paso del tiempo, como bien

lo precisó esta Sección al resolver el recurso de apelación interpuesto

contra la medida cautelar decretada en el sub lite.

Asimismo, se demostró que en el predio en comento se efectuó una

tala de árboles nativos respecto de la cual no se evidencia alguna

acción contundente para impedirla o sancionarla, así como tampoco

que se hubiesen efectuado los estudios correspondientes para efecto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

de evaluar el impacto ambiental que ha generado la ocupación y la

tala en la zona, la implementación de medidas de mitigación o

compensación, entre otras, lo que, sin lugar a dudas, deviene en la

amenaza y vulneración de los derechos colectivos relacionados con

el goce de una ambiente sano y el manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales.

Ahora, la Sala aclara que la imputación de responsabilidad efectuada

por el Tribunal al MUNICIPIO obedeció al desconocimiento de sus

competencias en materia ambiental en su territorio y no en lo

referente a los aspectos relacionados con el manejo de las sabanas

comunales, cuya competencia recae en la ANT, razón por la que el

Tribunal le ordenó al ente territorial en el ordinal tercero de la parte

resolutiva de la sentencia que “[…] de manera inmediata, ejerza las

funciones de control y vigilancia del medio ambiente de las Sabanas

Comunales del Corregimiento de Los Venados, evitando que se

continúe con la tala de árboles nativos en las mismas, y, de

conformidad con sus competencias, ejerza su poder coercitivo contra

las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona, al

tenor de las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

En consecuencia, los reparos del MUNICIPIO relacionados con la

defensa por la ocupación de las sabanas comunales no tienen

respaldo alguno en la imputación efectuada por el Tribunal y en las

órdenes que le fueron impartidas.

Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las competencias del

MUNICIPIO en materia ambiental, para efecto de establecer si lo

considerado por el Tribunal se encuentra ajustado a derecho.

Al respecto, se destaca que, por mandato constitucional, es deber del

Estado, en las diferentes instancias de gobierno: i) proteger la

integridad del ambiente, ii) planificar el manejo y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y iii) prevenir

y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las

sanciones legales a que haya lugar17.

En esa línea, el legislador ha otorgado al ente territorial expresas

funciones encaminadas a la conservación del medio ambiente y los

recursos naturales, concretamente en los artículos 65 de la Ley 99

17
Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 79 y 80.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

de 199318; 6, numeral 10 de la Ley 1551 del 6 de julio de 201219 y 76

de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200120.

Lo precedente, pone de manifiesto que el MUNICIPIO sí tiene

expresas obligaciones de preservación y defensa del medio ambiente

en su territorio, las cuales han sido desconocidas, pues no se

evidencian actuaciones claras en busca de dicho cometido.

Por consiguiente, para la Sala es claro que la decisión adoptada en

primera instancia en relación con la responsabilidad del ente territorial

en la configuración de la situación descrita encuentra pleno sustento

jurídico en las competencias constitucionales y legales que le han sido

18
«[…] Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital de Santafe de
Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional
especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las
siguientes atribuciones especiales: […] 6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad
de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones
de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por
el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el
derecho constitucional a un ambiente sano; 7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones
Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen
en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo […]». (Negrillas fuera del texto
original).
19
«[...] ARTÍCULO 6o. El artículo 3o de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: […] 10. Velar por el adecuado
manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]».
20
«[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: […] 76.5. En materia ambiental. 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación
con las corporaciones autónomas regionales [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

conferidas a los municipios y, por tanto, los cargos de apelación no

tienen vocación de prosperidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente destacar que en este asunto

resulta imperiosa la concurrencia de CORPOCESAR, quien funge

como autoridad ambiental con jurisdicción en el área afectada, con el

objeto de lograr una solución definitiva, adecuada e integral a la

problemática que suscitó esta acción constitucional, conclusión que

encuentra en las funciones que son de su cargo, previstas en el

artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en los siguientes términos:

«[...] ARTÍCULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;

[...] 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados [...]».
(Negrillas y subrayado fuera del texto original).

Siendo ello así, se modificará la orden de que trata el ordinal tercero

de la parte resolutiva de esta providencia en el sentido de precisar

que corresponderá a CORPOCESAR, en coordinación con el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

MUNICIPIO, ejercer las funciones de control y vigilancia ambiental

en las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los Venados y, de

resultar necesario, iniciar de manera oportuna las gestiones de

carácter sancionatorio a que haya lugar, bajo el amparo de lo

dispuesto en el citado artículo 31, en concordancia con los artículos

76, numerales 76.5.1. y 76.5.3 de la Ley 715 de 200121, y 1º de la

Ley 1333 de 21 de julio de 200922, como se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

De la ampliación del plazo

Para abordar dicho cargo, a continuación, se hace referencia a la

orden impartida a la ANT y al término concedido para su

cumplimiento:

21
«[...] ARTÍCULO 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en
la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
[...] 76.5. En materia ambiental
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente
en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
[...]
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio [...]».
22
«Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones»;
«[...] Artículo 1º. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y lo ejerce sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 55 y 66 de la
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

«[…] CUARTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que
culmine, dentro de un término que no podrá exceder de 6 meses, el
procedimiento para expedir el reglamento de uso y manejo de la
sabana comunal del Corregimiento de Los Venados, en donde se
atisbe, como mínimo, la determinación de las áreas, usos, reglas,
prohibiciones, obligaciones, condiciones de permanencia y número
de sujetos, y con base en ello, asignar los derechos de uso, de
conformidad con lo regulado en el Acuerdo 058 de 2018, como
quedó señalado en la parte motiva de esta providencia […]».

Al respecto, la Sala precisa que si bien no desconoce que la

expedición del mencionado reglamento implica el agotamiento de un

procedimiento reglado, también es cierto que han transcurrido cerca

de tres (3) años desde la fecha en que la medida cautelar decretada

quedó en firme, sin que, en la actualidad, haya culminado el trámite

administrativo correspondiente.

Bajo ese entendido, el argumento según el cual «[…] la limitación

temporal impuesta compromete la capacidad de la Agencia Nacional

de Tierras –ANT– para llevar a cabo una labor exhaustiva y rigurosa

en la creación de normativas que cumplan con los estándares legales

y administrativos requeridos […]» no constituye una razón válida

para justificar la ampliación del plazo y mucho menos desvirtuar lo

razonable y suficiente que este resulta de cara a la protección

efectiva de los derechos conculcados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Adicionalmente, aunque la ANT enuncia las diferentes gestiones que

ha llevado a cabo en el marco del trámite previo a la expedición el

reglamento, como sustento de la solicitud de ampliar el plazo, lo

cierto es que dichas afirmaciones carecen de respaldo probatorio en

el expediente.

De igual forma, argumenta hechos atribuibles a terceros, como la

ausencia de nombramiento de los funcionarios de la Alcaldía de

Valledupar tras el cambio de administración municipal con la

consecuente imposibilidad de conformar la Junta de que trata el

artículo 11 del Acuerdo 058 de 2011. No obstante, la Sala advierte

que dicha transición se produjo desde inicios del año 2024 sin que

obre en el proceso elemento de convicción para inferir que, a la

fecha, el impedimento alegado persista, esto es, que los cargos del

gobierno local que deben integrar la junta continúen sin ser

provistos.

En conclusión, la apelante no logra acreditar hechos que se tornen

en obstáculos insuperables y jurídicamente relevantes que

justifiquen, de manera razonable, la dilación de la efectiva protección

de los derechos colectivos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

De la condena en costas

Sobre el particular la Sala advierte que los fundamentos de la

apelación en cuanto a la decisión de condenar en costas a la parte

demandada se enfocaron en la inexistencia de conductas dilatorias o

temerarias de su parte, lo cual constituye aspectos subjetivos que no

desvirtúan los razonamientos desarrollados por el juez de primera

instancia a partir de la normativa del Código General del Proceso,

aplicable por remisión expresa del artículo 38 de la Ley 472 de 5 de

agosto de 199823 y, en esa medida, se mantendrá incólume la

imposición de la condena.

En efecto, respecto de la condena en costas, el a quo consideró que:

“Además de lo anterior, es menester recalcar también, que para el
reconocimiento de las agencias en derecho no necesariamente se
debe actuar por intermedio de apoderado judicial, como
expresamente lo dispone el numeral 3 del artículo 366 del CGP.

En virtud de lo narrado, como quiera que en el asunto de marras el
actor popular resultó vencedor con sus pretensiones de protección de
los derechos colectivos invocados, procederá la condena en costas a
su favor.

Cabe resaltar, en cuanto a la prueba de su causación, que esta
Corporación tendrá en cuenta que la parte actora, si bien no actuó
por conducto de apoderado judicial, desplegó las actuaciones

23
«Por la cualcual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

procesales encaminadas a demostrar la afectación de los derechos
colectivos invocados en la demanda, tales como la presentación de
escritos, de pruebas, alegatos de conclusión y la asistencia a las
diligencias judiciales decretadas por el Tribunal.

En consecuencia, se condenará a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
y al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, al pago de las costas las cuales
deberán ser liquidadas según lo prevé el inciso primero del artículo
366 del CGP. Para lo anterior, se fija como agencias en derecho 5
SMLMV, de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, en el Acuerdo No. PSAA16- 10554 del 5 de
agosto de 2016, ordinal 1. Procesos declarativos en general – primera
instancia, literal b […]”

Ahora bien, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de

unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 2019 24, en la

que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, no se

condenará en costas en esta instancia, comoquiera que no obra

prueba de su causación.

Del Comité de Verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada omitió

incluir en el comité de verificación al magistrado ponente de la

decisión de primera instancia como presidente y al representante

24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, magistrada ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

legal de la ANT o su delegado, conforme lo ordena el artículo 34 de

la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección25, razón por la que se

modificará el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo apelado

en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la parte

resolutiva de la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por

el Tribunal Administrativo del Cesar, los cuales quedaran así:

«TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO de Valledupar que, en
coordinación con CORPOCESAR, de manera inmediata, ejerza las
funciones de control y vigilancia del medio ambiente de las Sabanas
Comunales del Corregimiento de Los Venados, evitando que se
continúe con la tala de árboles nativos en las mismas, y, de
conformidad con sus competencias, ejerza su poder coercitivo contra
las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona, al
tenor de las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, iniciando de forma oportuna los procesos sancionatorios a
que haya lugar».
[…]

25
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01,
magistrado ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-
000-2018-00361-01, magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02
Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

«QUINTO: CONFORMAR un Comité de Verificación del cumplimiento
de esta sentencia, el cual estará integrado por: a). El actor popular,
b). El Alcalde Municipal de Valledupar o su delegado, c). El Inspector
Rural del Corregimiento de Los Venados, d). El Director de
CORPOCESAR o su delegado, e). El Personero Municipal, f). El
Defensor del pueblo, g). El Procurador 47 Judicial en Asuntos
Administrativos, h). El Director de la Agencia Nacional de Tierras o su
delegado y i). El Magistrado Ponente de la decisión del Tribunal, quien
lo presidirá».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.