Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2019-00005-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2019-00005-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ
TESIS: LOS MUNICIPIOS, EN COORDINACIÓN CON LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, DEBEN ADOPTAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO DE PROTECCIÓN HÍDRICA, DE ACUERDO CON
SUS COMPETENCIAS EN ESPACIO PÚBLICO Y PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LA UTILIZACIÓN
Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y A LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el
MUNICIPIO DE IBAGUÉ1, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA2 y los señores FERNANDO TRUJILLO y,
JOSÉ OLIVARES contra la sentencia de 2 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima3.
1
En adelante el MUNICIPIO.
2
En adelante CORTOLIMA.
3
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2019-00005-01
Actora: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ LUNA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La señora SANDRA MILENA HERNÁNDEZ LUNA4, en ejercicio de
la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó
demanda ante el Tribunal contra el MUNICIPIO, CORTOLIMA, la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL6 y los señores JOSÉ FERNANDO TRUJILLO y JOSÉ
OLIVARES, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico
al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público y a la seguridad y salubridad públicas.
I.2. Hechos
Manifestó que en la vereda El Cural parte baja, el señor José
Olivares, en calidad de arrendatario del predio de propiedad del
señor Fernando Trujillo, viene ejecutando actividades de
4 En adelante la Accionante
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 En adelante el Ministerio.
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Actora: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ LUNA
explotación avícola a gran escala, sin tener en cuenta el uso del suelo
y sin la respectiva licencia ambiental y certificación del Instituto
Colombiano Agropecuario -ICA como granja biosegura, lo que implica
riesgos para los consumidores del producto avícola.
Adujo que la explotación no cumple con las condiciones mínimas
sanitarias, pues en los galpones se presenta descomposición de la
gallinaza, del material usado para la cama de las aves y animales
muertos, todo lo cual ha generado proliferación de roedores,
gallinazos, insectos y enfermedades contagiosas que afecta a los
habitantes de esa zona, además de estar ubicados en la zona
protectora de la quebrada El Salero – Pan de Azúcar.
Aseguró que, con fundamento en lo anterior, ha formulado
requerimientos reiterados al MUNICIPIO y a CORTOLIMA, las
cuales se limitan a afirmar que realizarían visitas técnicas e iniciarían
una investigación administrativa.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los
demandados, lo siguiente:
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“[…] 3.2 Que se ordene a los accionados, cesar en forma inmediata
y definitiva las actividades de explotación avícola (era, engorde,
cuidado, sacrificio y comercialización) que se desarrolla en la finca de
de propiedad del señor Fernando Trujillo de la Vereda el Cural Parte
Baja del Municipio de Ibagué Tolima, por no cumplir las condiciones
mínimas sanitarias, no contar con una certificación del ICA como
granja biosegura, no tener licencia ambiental, ni el uso del suelo
permitir (sic) ejercer la actividad de cría y engorde de pollos.
3.3 Que a los accionados. La restitución del espacio público ocupada
por las estructuras (galpones) que se encuentran localizadas dentro
de los 30 metros de la zona protectora de los afluentes el Salero y/o
Pan de Azúcar de la Vereda el Cural Parte Baja del Municipio de
Ibagué, Departamento del Tolima.
3.4 Disponer como pretensión autónoma, en los Artículos 34 inciso 4
de la Ley 472 de 1998, la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento del fallo, con la participación del
Demandante, la Personería Municipal de Ibagué autoridades que
dispongan el Despacho […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- CORTOLIMA manifestó que viene cumpliendo sus funciones
de acuerdo con la Ley 99 de 1993, como lo demuestra el hecho de
que, ante la denuncia presentada por la actora, dio apertura al
expediente administrativo en el que estaba pendiente la visita técnica
correspondiente.
Destacó que la competencia para intervenir ante la ocupación del
espacio público de la zona protectora está radicada en el
MUNICIPIO.
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I.4.2.- El MUNICIPIO sostuvo que los llamados a atender la
problemática son CORTOLIMA y el ICA, como autoridad ambiental
y sanitaria, respectivamente.
Propuso como excepción la “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD
IMPUTABLE AL ENTE TERRITORIAL” porque a la luz de la
normatividad aplicable y las pruebas allegadas, las autoridades en
mención son las únicas competentes para responder y/o conminar a
los responsables de la afectación al cumplimiento de las normas
sanitarias y ambientales.
I.4.3.- Los señores FERNANDO TRUJILLO GUTIÉRREZ y JOSÉ
OLIVARES CANIZALEZ argumentaron que en el tiempo de ejercicio
de la actividad económica avícola se ha cumplido con todos y cada
uno de los requisitos legales y administrativos exigidos, al punto de
que las autoridades encargadas del control y vigilancia han expedido
las licencias y certificaciones para continuar con su desarrollo.
Destacaron que la actividad se limita a la cría y engorde de aves, en
tanto que los demás procesos se llevan a cabo en las plantas de
sacrificio existentes en Ibagué, cuyo funcionamiento se encuentra
debidamente autorizado por el INVIMA.
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Manifestaron que conforme con el concepto de usos del suelo
expedido por la Secretaría de Planeación Municipal, mediante Oficio
de 20 de diciembre de 2018, la zona donde se desarrolla la actividad
es viable para ese tipo de proyectos productivos.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el día 12 de octubre
de 2021, declarándose fallida por la ausencia de fórmulas de acuerdo
entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 2 de junio de 2022, declaró la
vulneración de los derechos e intereses colectivos, con fundamento
en lo siguiente:
Destacó que conforme con la normativa sobre usos del suelo del
MUNICIPIO, la explotación avícola es una actividad agropecuaria de
bajo impacto que puede desarrollarse en zonas de mitigación de
manera condicionada a las normas ambientales; sin embargo, según
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las disposiciones aplicables, no requiere licencia ambiental para el
funcionamiento de las granjas.
Refirió que las pruebas, en especial las visitas realizadas por
CORTOLIMA, dan cuenta de la generación de olores ofensivos por
los cuales la autoridad ambiental ha realizado varios requerimientos
al señor Olivares para que implemente medidas tendientes a
disminuir su propagación en el sector.
Precisó que CORTOLIMA tiene el deber de evaluar, controlar y
efectuar un seguimiento ambiental de la actividad, así como imponer
y ejecutar las sanciones previstas en la ley ante el incumplimiento de
las normas ambientales; no obstante, ha omitido cumplir de forma
adecuada sus funciones frente a quienes generan los olores ofensivos
con la explotación avícola.
Manifestó que el material probatorio demostró la invasión de la ronda
de protección de la quebrada “El Salero” con la instalación de los
galpones, el uso del agua sin la autorización legal que corresponde y
la presencia de desechos sólidos en ese lugar, sin que exista
evidencia de las gestiones realizadas por el MUNICIPIO como
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primera autoridad de policía para la recuperación de ese espacio
público.
En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:
“[…] Segundo: PROTEGER los derechos colectivos “al goce de un
ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas, la preservación y restauración del medio
ambiente, espacio público y la utilización y defensa de los publico, la
seguridad y salubridad públicas”, según las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
Tercero: ORDENÁSE al señor JOSE ISAURO OLIVARES CANIZALES,
que dentro del término de tres (3) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, satisfaga todos los requerimientos realizados por
la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA a fin de
cumplir con toda la normatividad ambiental relativa a la explotación
avícola que desarrolla en la finca La Mejor ubicada en la vereda el
Cural parta baja del municipio de Ibagué. Asimismo, adelante los
trámites pertinentes a fin de obtener la certificación como Granja
Avícola Biosegura expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario-
ICA.
Cuarto: ORDENASE al alcalde del municipio de Ibagué cumplir con
sus funciones en materia de protección del medio ambiente, de los
recursos naturales y del uso del suelo haciendo seguimiento y control
de la problemática existente, acompañando al señor JOSE ISAURO
OLIVARES CANIZALES, en su proceso explotación avícola, ubicado en
la finca LA MEJOR en la vereda el Cural parte baja de Ibagué.
Quinto: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA - para que realice un eficiente, eficaz y continuo
seguimiento ambiental y sanitario de la actividad desarrollada,
adelante las investigaciones a que haya lugar e interponga las
sanciones pertinentes a que haya lugar al señor JOSE OLIVARES en
caso de verificar el incumplimiento de las normas ambientales
vigentes, en el desarrollo de la actividad de explotación avícola, que
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ejerce en la finca LA MEJOR ubicada en la vereda el Cural parte baja
de Ibagué.
Sexto: ORDÉNASE al señor JOSE ISAURO OLIVARES CANIZALES, que
dentro del término de tres (3) meses siguientes a la notificación de
esta providencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
1000-0823 de 2014, mediante el cual se adoptó el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, realice todos los
trámites tendientes a la reubicación de los galpones que se
encuentran construidos en la ronda hídrica de la quebrada el Salero,
respetando la delimitación de esa ronda en una franja de 30 metros
según lo estipulado en el art. 36 del Plan de Ordenamiento Territorial.
Séptimo: ORDÉNASE al municipio de Ibagué que dentro del término
perentorio de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, si no lo hubiera hecho, aperture todos los trámites
administrativos de restitución de bienes de uso público en la ronda
protectora de la quebrada El Salero, en la zona a que se refiere este
proceso, contra el señor José Olivares.
Octavo: ORDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
TOLIMA - CORTOLIMA implementar en lo de su competencia, la
Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de 2013 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan
otras disposiciones”, y efectuar el control, seguimiento y aplicación
de las medidas correspondientes con relación al señor JOSE
OLIVARES, respecto de la actividad pecuaria avícola que desarrolla en
la finca LA MEJOR, ubicada en la vereda el Cural parte baja de la
ciudad de Ibagué, en relación con la generación de olores ofensivos.
Para tal efecto, la entidad dispone de un término máximo de seis (6)
meses, a partir de la notificación de la presente sentencia, conforme
lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.
Noveno: ORDÉNASE al señor JOSE ISAURO OLIVARES CANIZALES,
implementar en lo de su competencia, la Resolución No. 1541 del 12
de noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad
del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras
disposiciones”. Además, deberá realizar las actividades que la
Corporación Autónoma le señale, tendientes a la disminución de los
efectos generadores de olores ofensivos en la finca LA MEJOR,
ubicada en la vereda el Cural parte baja de la ciudad de Ibagué, por
las razones consignadas en la parte considerativa del presente
proveído […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
III.1.- El MUNICIPIO reiteró que ha actuado de manera oportuna
y de acuerdo con sus competencias, pues ha advertido a la
comunidad del sector sobre lo ordenado en el POT vigente (Decreto
núm. 1000-0823 de 2014) en cuanto a la incompatibilidad de la
actividad avícola con el uso del suelo en ese predio, porque se trata
de una zona de mitigación de impacto.
Refirió que, mediante Oficio núm. 1011-2018-29761 de 2018, el
Grupo de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación
informó al señor Álvaro Trujillo Gutiérrez que el uso de suelo de la
finca La Mejor corresponde a zona de mitigación de impacto, de
manera que “[…] la actividad avícola no es compatible con el uso del
suelo, EN ZONA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO, ya que esta zona se
permite únicamente las actividades de conservación y restauración
de los recursos naturales […]”.
Insistió en la responsabilidad del ICA como autoridad sanitaria, la
cual, luego de la visita técnica realizada el 8 de mayo de 2021, la
rechazó como granja avícola biosegura.
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Anotó que a CORTOLIMA le corresponde determinar la existencia de
presuntas infracciones a la normatividad ambiental y, de hallarlas,
proceder con las sanciones administrativas necesarias, para lo cual,
a la fecha, se encuentra en trámite el expediente COR-00432-18.
III.2.- Los señores FERNANDO TRUJILLO GUTIÉRREZ y JOSÉ
ISAURO OLIVARES indicaron que el a quo incurrió en una
indebida valoración probatoria, pues analizó parcialmente las
pruebas.
Señaló que no era viable jurídicamente atribuírsele responsabilidad
con fundamento en un proceso administrativo sancionatorio
ambiental que no había culminado, en desconocimiento de la
presunción de inocencia.
Destacó que las visitas de 15 de mayo de 2017 y 22 de marzo de
2018, así como el informe de visita técnica de 14 de mayo de 2021
por parte de CORTOLIMA carecen de contundencia para soportar la
decisión del Tribunal, pues son actuaciones en trámite que no
conllevaron a una decisión sancionatoria que demostrara la
vulneración de los derechos colectivos.
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A su juicio, la prueba que sí resulta relevante es el Auto núm. 8113
de 2 de diciembre de 2021, por el cual CORTOLIMA ordenó el
archivo definitivo de las diligencias adelantadas con ocasión de las
denuncias presentadas por el desarrollo de la actividad agrícola, cuya
prueba tiene el carácter de sobreviniente al haberse notificado al
señor Olivares el 3 de marzo de 2022, esto es, cuando el proceso ya
se encontraba para fallo.
Adujeron que respecto de los presuntos olores ofensivos se han
realizado visitas y controles en los que se ha concluido que la
actividad cumple requisitos exigidos, aunado a que en la decisión
impugnada se acepta que no existe prueba técnica sobre la existencia
de los mismos.
Afirmaron que la causa de la ocupación de la zona de ronda hídrica
radica exclusivamente en las construcciones de invasión ubicadas a
menos de veinte metros de la quebrada, cuyos habitantes crían
cerdos y arrojan desechos a la quebrada.
Expusieron que el ICA, mediante Resolución núm. 115680 de 24 de
diciembre de 2021, les otorgó la certificación como granja biosegura,
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cuya prueba sobreviniente fue allegada al expediente, pues acredita
que la actividad cumple con las condiciones sanitarias requeridas.
III.3.-CORTOLIMA adujo que no existe prueba que demuestre
la existencia de un daño ambiental como olores ofensivos,
contaminación de afluentes, proliferación de roedores, así
como enfermedades infectocontagiosas.
Indicó que, conforme con el testimonio de la ingeniera adscrita a la
Subdirección de Calidad Ambiental de la entidad, el MUNICIPIO
debe verificar el uso del suelo en ese sector para determinar la
viabilidad de la actividad avícola.
Refirió las actuaciones surtidas dentro del expediente sancionatorio
iniciado con ocasión de los hechos objeto de esta acción, con
fundamento en las cuales afirmó estar cumpliendo sus funciones de
evaluación y seguimiento ambiental.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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Mediante auto 2 de febrero de 2023 el Despacho sustanciador 7
admitió los recursos de apelación y en proveído de 29 de septiembre
de ese año se tuvieron como pruebas en segunda instancia la
Resolución núm. 115680 de 24 de diciembre de 2021, expedida por
el ICA y el Auto núm. 8113 de 2 de diciembre de 2021, proferido por
CORTOLIMA, de los cuales se corrió traslado a las partes por el
término de tres (3) días.
Asimismo, con el fin de aclarar puntos dudosos de la controversia, el
Despacho ofició a: i) CORTOLIMA para que presentara un informe
acerca de las decisiones y medidas preventivas, correctivas y
sancionatorias adoptadas desde el segundo semestre de 2021 hasta
la fecha en que fue proferida dicha providencia, dentro de los
expedientes administrativos relacionados con la problemática que
suscito esta acción popular; y ii) ICA con el fin de que informara si
en el mismo período había realizado visitas técnicas a la granja La
Mejor y allegara las respectivas actas.
Posteriormente, a través de auto de 30 de noviembre de 2023 se
ordenó correr traslado para alegar de conclusión y, encontrándose el
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Inicialmente el expediente le correspondió por reparto al Despacho del entonces magistrado Roberto
Augusto Serrato Valdés, el cual fue sucedido por el doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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proceso para proferir sentencia de segunda instancia, el magistrado
de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes manifestó impedimento
para conocer del proceso, el cual fue aceptado por la Sala en proveído
de 23 de mayo de 2024.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Dentro del término concedido para alegar de conclusión en esta
instancia, CORTOLIMA solicitó revocar la sentencia porque, a su
juicio, ha obrado de forma diligente en el cumplimiento sus
funciones, como lo evidencia: i) la apertura del proceso sancionatorio
mediante Auto No. 001953 del 14 de mayo de 2021, por las
presuntas afectaciones ambientales generadas por la actividad
avícola; ii) la indagación preliminar contenida en la Resolución núm.
3971 del 30 de septiembre de ese mismo año; iii) el cumplimiento
de la Resolución núm. 15411 de 2013, con ocasión de la cual la
Subdirección de Calidad Ambiental realizó visitas técnicas que dieron
origen a los informes de 14 y 31 de mayo y el 11 de octubre de 2021;
iv) las acciones orientadas a la evaluación de actividades
generadoras de olores ofensivos y al control de los niveles de calidad
del aire, en aras de garantizar el derecho colectivo al ambiente sano.
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Las demás partes e intervinientes guardaron silencio, así como el
Ministerio Público
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19988, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos, como los invocados en el
presente asunto, cuya transgresión deriva, presuntamente, del
desarrollo de una actividad agrícola que además de llevarse a cabo
en una zona no apta para ello y ocupar un área de protección, genera
olores ofensivos que afectan a los residentes del sector.
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Problemas jurídicos
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, a la Sala corresponde determinar, en su orden, lo
siguiente:
i) ¿Está debidamente acreditada la trasgresión de los derechos
colectivos, a raíz de la cancelación del certificado del predio “La
Mejor” como granja biosegura, la presunta ocupación de la ronda
hídrica, el uso inadecuado del suelo y la generación de olores
ofensivos con ocasión de la actividad avícola?
ii) ¿Es procedente atribuir responsabilidad a las personas naturales
accionadas, al MUNICIPIO y a CORTOLIMA por la vulneración de
y/o amenaza de los derechos colectivos acreditada?
De la transgresión de los derechos colectivos
Para efecto de resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala
se referirá a cada una de las conductas vulneradoras, con el fin de
determinar si con ocasión de las mismas se transgredieron los
derechos colectivos amparados en primera instancia.
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i.- De la certificación como granja biosegura y el archivo del
proceso sancionatorio ambiental
En orden a resolver este primer asunto, a continuación, se enuncian
los elementos de convicción que se tornan relevantes:
• Lista de Chequeo del ICA9 de 9 de septiembre de 2015, en la que
se emitió concepto favorable para certificar la Granja Avícola
Biosegura del predio La Mejor, así:
• Resolución núm. 00040004 de 27 de diciembre de 2018, “Por
medio de la cual se certifica la Granja LA MEJOR, como Granja
Avícola Biosegura de Engorde”10, en razón a que “[…] en visita
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Fls. 6 a 25, ídem.
10
Fls. 26 a 28, ídem.
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realizada el día cuatro (04) de Mayo de 2018, a la Granja La Mejor
ubicada en la vereda El Cural, por parte del ICA / los auditores
actuando bajo el marco normativo interinstitucional se verificó el
cumplimiento de los requisitos mínimos legales de bioseguridad e
infraestructura exigidos por la Resolución No. 3652 de 2014
expedida por el ICA […]”11.
• Memorando núm. 019007 de 27 de abril de 202112, mediante el
cual la Jefe de la Oficina Jurídica de Municipio de Ibagué solicitó a
los secretarios de Ambiente, Agricultura, Gobierno, Salud, así como
a los directores de Agua, Ambiente y Cambio Climático, Espacio
Público, Información y Aplicación de la Norma Urbanística y Salud
Pública que emitieran respuesta sobre asuntos relacionados con el
proyecto avícola desarrollado en el predio La Mejor.
• Oficio núm. 022797 de 30 de abril de 2021 por el cual la directora
de Salud Pública de Ibagué trasladó la solicitud formulada en el
11
Fl. 27, ídem. En la citada Resolución núm. 3652 se prevén como requisitos para las granjas
bioseguras, además de los documentales, aquellos relacionados con factores de bioseguridad en la
infraestructura, a saber: ubicación y distancia entre galpones, señalización de cada área de la granja,
sistema de desinfección acorde con la capacidad instalada y el volumen de vehículos que ingresan y
salen de allí; área para el manejo y disposición de la mortalidad que se encuentra fuera de las área de
producción; áreas delimitadas para almacenamiento del alimento, cumplimiento de procedimientos
operativos estandarizados; contar con mínimo una unidad sanitaria; contar con áreas identificadas y
separadas físicamente que estén elaboradas en materiales de fácil limpieza y desinfección para
almacenamiento de insumos veterinarios, almacenamiento y tratamiento de agua, bodega de equipos,
disposición de desechos, cabina de desinfección con puerta de ingreso a la zona sucia y puerta de salida
a la zona limpia.
12
Fls. 31 a 33, archivo 36 del expediente digital descargado del sistema SAMAI.
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memorando antes referido, al ICA -Seccional Tolima13- para que
asumiera los asuntos propios de su competencia especialmente lo
relacionado con la certificación de granjas avícolas bioseguras.
-Certificado de Registro Sanitario de Predio Pecuario de la finca La
Mejor14 de fecha 10 de mayo de 2021, según el cual dicho
reconocimiento solo tiene fines sanitarios.
• Oficio núm. 40212100263 de 11 de mayo de 2021 emitido por la
gerente Seccional Tolima del ICA en respuesta al traslado de la
solicitud remitida por la directora de Salud Pública de Ibagué15 en el
cual se indicó que:
“[…] realizó visita de Inspección, Vigilancia y Control – Acta No.
4858, el día 08/05/2021, a la Granja Avícola “La Mejor” […] en donde
se evidenció que […] no mantenía las condiciones que dieron lugar
a su certificación, por tal motivo se emitió concepto “Rechazado”
[…], de acuerdo a lo anterior se procederá a realizar la derogación
de la resolución GAB y anulación del certificado […]. Así mismo se
evidenciaron situaciones de tipo ambiental, como el vertimiento
inadecuado de residuos líquidos y contaminación de riveras de
quebrada con residuos sólidos, por tal motivo se procederá a remitir
a CORTOLIMA, para que realice la verificación de estas condiciones
y conceptúe sobre las mismas […]”.
13
Fl. 30, ídem.
14
Fl. 1, archivo 36 del expediente digital descargado del sistema SAMAI.
15
Fl. 34, ídem.
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• Resolución núm. 097159 de 13 de mayo de 2021, “Por medio de la
cual se deroga la Resolución ICA No- 00040004 del 27 de diciembre
del 2018 y se anula el CERTIFICADO de la Granja La Mejor, como
Granja Avícola Biosegura de Pollo de Engorde”16, con ocasión de la
visita realizada el 8 de mayo de 2021 en la cual se advirtió el
incumplimiento de los requisitos legales para tal efecto.
• Resolución núm. 115680 de 24 de diciembre de 2021 “Por la cual
se certifica la Granja La Mejor como Granja Avícola Biosegura de
Pollo de Engorde”17, en la que se indicó que:
«[…] Que el señor JOSE ISAURO OLIVARES CANIZALES, identificado
con documento NIT No.14237803-7 en calidad de Propietario de la
GRANJA LA MEJOR, ubicada en la Vereda El Cural Parte Baja, en el
municipio de lbagué- Tolima, solicitó al ICA - Seccional Tolima, la
Certificación Sanitaria como Granja Avícola Biosegura.
Que, en visita realizada por parte del ICA, el día veintiuno (21) de
diciembre de 2021 a la GRANJA MEJOR, ubicada en la Vereda El Cural
parte baja, en el municipio de lbagué - Tolima, se verificó el
cumplimiento de los requisitos mínimos legales de bioseguridad e
infraestructura exigidos por la Resolución No. 3652 de 2014 expedida
por el ICA.
Que teniendo en cuenta lo anterior, resulta procedente acceder a la
solicitud y en consecuencia otorgar la Certificación como Granja
Avícola Biosegura, a la GRANJA LA MEJOR, como en efecto se hará
[…]».
16
Fls. 43 y 44, archivo 36 del expediente digital descargado del sistema SAMAI
17
Fls. 3 a 6, archivo 52 del expediente digital descargado del sistema SAMAI
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De lo anterior, la Sala advierte que dichas pruebas dan cuenta del
nivel de cumplimiento de las exigencias que compete verificar al ICA
en aspectos relacionados con las condiciones de infraestructura, el
manejo de las aves, el control sanitario, la ubicación y distancia entre
los galpones, la fijación de espacios para el almacenamiento de
alimentos, un sistema de desinfección acorde con la capacidad
instalada, un área para el manejo y disposición de la mortalidad fuera
de las áreas de producción, entre otras18; cuyos requerimientos
tienen por objeto establecer la procedencia de certificar las granjas
avícolas que incorporan prácticas de bioseguridad en su operación.
Bajo ese entendido, es claro que los aspectos de índole sanitario a
los que está supeditada la certificación de bioseguridad no tienen una
relación directa con los hechos constitutivos de las afectaciones
alegadas en la demanda y, en esa medida, el que el ICA mediante la
Resolución núm. 115680 de 24 de diciembre de 202119 hubiere
otorgado nuevamente dicho certificado al predio La Mejor, previo
18
De acuerdo con la información obrante en la Resolución núm. 3652 se prevén como requisitos para
las granjas bioseguras, además de los documentales, aquellos relacionados con factores de
bioseguridad en la infraestructura, a saber: ubicación y distancia entre galpones, señalización de cada
área de la granja, sistema de desinfección acorde con la capacidad instalada y el volumen de vehículos
que ingresan y salen de allí; área para el manejo y disposición de la mortalidad que se encuentra fuera
de las área de producción; áreas delimitadas para almacenamiento del alimento, cumplimiento de
procedimientos operativos estandarizados; contar con mínimo una unidad sanitaria; contar con áreas
identificadas y separadas físicamente que estén elaboradas en materiales de fácil limpieza y
desinfección para almacenamiento de insumos veterinarios, almacenamiento y tratamiento de agua,
bodega de equipos, disposición de desechos, cabina de desinfección con puerta de ingreso a la zona
sucia y puerta de salida a la zona limpia.
19
“Por la cual se Certifica la Granja La Mejor como Granja Avícola Biosegura de Pollo de Engorde”.
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concepto favorable acerca del cumplimiento de las requerimientos
fijados en la Resolución núm. 3652 de 13 de noviembre de 2014 20,
no implica por sí mismo que los demás impactos atribuidos a la
explotación avícola en comento hayan cesado, como lo sugiere el
propietario del predo en su recurso de apelación, por lo que este
cargo no prospera.
Sin embargo, comoquiera que el Tribunal, en el numeral tercero de
la parte resolutiva de la sentencia apelada21, ordenó al señor José
Isauro Olivares tramitar la certificación como granja biosegura, la
cual, como se vio, ya fue obtenida, la Sala revocará dicha orden.
En lo que respecta a la indebida valoración de la decisión de
CORTOLIMA de archivar las diligencias surtidas al interior del
proceso sancionatorio ambiental núm. 3680 T.25, mediante el Auto
núm. 4697 de 30 de diciembre de 202022, es pertinente resaltar que
tal proceso fue iniciado con ocasión del informe de 25 de mayo de
20
“Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras
y se dictan otras disposiciones”.
21
El Tribunal dispuso: “[…] Tercero: ORDENÁSE al señor JOSE ISAURO OLIVARES CANIZALES, que
dentro del término de tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, satisfaga todos
los requerimientos realizados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA a fin de
cumplir con toda la normatividad ambiental relativa a la explotación avícola que desarrolla en la finca
La Mejor ubicada en la vereda el Cural parta baja del municipio de Ibagué. Asimismo, adelante los
trámites pertinentes a fin de obtener la certificación como Granja Avícola Biosegura
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA […] (Resaltado fuera del texto).
22
“Por medio de la cual se ordena el archivo de un proceso sancionatorio ambiental y se adoptan otras
medidas”22, dentro del expediente sancionatorio No. 3680 T.25.
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2017, en el que se expuso el manejo inadecuado de residuos
ordinarios y orgánicos en el proyecto avícola del predio “Boquerón”.
En efecto, en el citado auto se expuso:
«[…] CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Una vez analizado en su totalidad el trámite adelantado dentro del
expediente sancionatorio No. 3680 T.25, se pueden evidenciar
distintas falencias en términos procedimentales y la motivación de
diferentes actos administrativos emitidos, en el entendido que la
Corporación tuvo inicialmente acerca de unas presuntas infracciones
ambientales relacionadas con la actividad avícola desarrollada en
la Granja Avícola Boquerón, de propiedad del señor Fernando
Trujillo Gutiérrez […]
Que ha transcurrido un tiempo considerable sin realizar ningún tipo
de actuación aparte de los seguimientos realizados a través de visitas
técnicas plasmadas en los informes técnicos a folios 194-209, en los
que claramente se evidencian actividades que bien podrían
enmarcarse dentro de presuntas infracciones, las cuales se
encuentran debidamente identificados, al igual que circunstancias de
tiempo de, modo y lugar, constituyéndose entonces en razones
suficientes para ordenar el inicio de indagación preliminar y de existir
mérito el inicio del proceso sancionatorio, esta vez con las condiciones
adecuadas y en debida forma, sin incurrir en situaciones que puedan
dar lugar a la nulidad de las actuaciones.
Así las cosas, no habría lugar a continuar con el presente proceso
sancionatorio ambiental, siendo procedente el archivo del presente
expediente y en consecuencia ordenar el desglose de los informes
técnicos de fecha 09 de noviembre de 2015 (F.194-197), 25 de mayo
de 2017 (F.199-203) y 22 de marzo de 2018 (F.205-209) […] para
proceder con la apertura de un nuevo proceso sancionatorio en contra
de los actuales y presuntos responsables, en razón a las presuntas
infracciones ambientales identificadas en dichos informes
técnicos producto del ejercicio de la actividad avícola en el
predio Granja Avícola Boquerón […]» (Negrillas fuera del texto
original).
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Posteriormente, con el recurso de apelación se allegó el Auto núm.
8113 de 2 de diciembre de 202123, mediante el cual se dispuso el
archivo definitivo de las diligencias iniciadas que tuvieron origen en
el Informe de 11 de julio de 2019, del cual se destaca:
«[…] B. ANTECEDENTES:
1. Mediante oficio radicado bajo el No. 12937 de 11 de julio de
2019 (F.7-17), se pone en conocimiento de esta autoridad
ambiental por parte del Corregidor de Carmen de Bulira del
Municipio de Ibagué, copia de la inspección al predio granja
“La Mejor” y viviendas ubicadas sobre la margen de la Quebrada
‘El Salero´ en la vereda ´El cural´ parte baja corregimiento 17 ´La
Florida´ del municipio de Ibagué.
2. Mediante informe de visita de fecha 23 de agosto de 2019
(F. 1-6), efectuada por profesionales adscritos a la
Subdirección de Calidad Ambiental de CORTOLIMA, se deja
constancia de los hechos evidenciados en la visita técnica
realizada el día 29 de julio de 2019.
C. DE LOS INFORMES TÉCNICOS
Se practicó por parte de la Subdirección de Calidad Ambiental
el día 23 de agosto de 2019, visita técnica en el predio ´Granja La
Mejor, vereda ´El cural´[…] concluyendo entre otras cosas lo
siguiente:
“V. SE CONCEPTÚA
Una vez realizada la visita al predio Granja La Mejor […] para
verificar las condiciones actuales de la situación que dio origen a
la solicitud del radicado No. 12937 del 11/07/2019 se determina:
[…]
23
“Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de unas diligencias”23, obrante a fls. 5 a 7, recurso
de apelación demandados.
“8_730012333006201900005002RECEPCIONRECURFERNANDOT20220616085904_TCDescargaTotall
ment133197444283428272.pdf”.
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2. En el predio actualmente se encuentran 4 estructuras y/o
galpones en material de cemento […] con capacidad para 17.000
aves (Pollos de Engorde).
3. En el momento de la visita las estructuras se encontraban
desocupadas […].
4. Para el ciclo final de las aves, estos son sacrificados en
matadero “El Bosque” con el cual el señor José tiene contrato (Se
anexa certificación) por lo tanto en el predio no se realiza el
sacrificio, ni se generan residuos peligrosos (vísceras, plumas,
sangre, cutículas, etc.).
5. En el recorrido por el interior de los galpones no se evidenciaron
humedades, goteos de agua ni presencia de vertimientos,
tampoco conducciones de agua a fuentes hídricas.
6. En el momento de la visita se evidenció presencia mínima de
olores ofensivos y poca proliferación de vectores.
7. Mediante resolución 00040004 del 27/12/2018 el ministerio de
agricultura certifica la Granja La Mejor, como granja Bio segura de
Engorde: teniendo en cuenta que la certificación se otorga por un
plazo de 3 años, contados a partir de la fecha de expedición
pertinente del acto administrativo, actualmente cuenta con la
documentación (…)”
D. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, por
medio de profesionales adscritos a la Subdirección de Calidad
Ambiental, logró la verificación del lugar sobre el cual se solicitó
práctica de visita ocular sin que se evidenciara la comisión de
infracciones ambientales por parte del señor José Isauro Olivares
Cañizales […].
De esta manera, en consonancia los principios generales de la
actuación administrativa […], las presentes diligencias deberán
archivarse […]». (Negrillas fuera del texto original).
Asimismo, obra la Resolución núm. 3971 de 30 de septiembre de
2021, “Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio
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ambiental y se adoptan otras determinaciones”24, expedida dentro
del expediente SAN-03025, iniciado por la presunta afectación
ambiental advertida en la Granja Avícola “La Mejor” consistente en
la intervención de la zona de ronda de la quebrada El Salero con la
instalación de galpones destinados para albergar aves, documentada
en los informe de visita de 14 y 31 de mayo de 202125 por parte de
la Subdirección de Calidad Ambiental.
En tal contexto resulta claro que el expediente núm. 3680 T.25,
dentro del cual se expidió el Auto núm. 0497, fue iniciado con ocasión
del informe de 25 de mayo de 2017 que advirtió el manejo
inadecuado de residuos ordinarios y orgánicos en el proyecto avícola
desarrollado en el predio “Boquerón”, mientras que en el proceso
SAN-03025, actualmente vigente, se investiga la actividad
desarrollada en el predio “La Mejor” en el año 2021, es decir, entre
ambos procesos existen diferencias sustanciales en cuanto a la
ubicación y los hechos constitutivos de infracciones ambientales que
impiden afirmar que las razones que motivaron la acción popular se
encuentran superadas.
24
Fls. 128 a 135, archivo 29 del expediente digital descargado del sistema SAMAI.
25 Fls. 5 a 20, archivo 22 del expediente digital descargado del sistema SAMAI
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Lo anterior, también es predicable del Auto núm. 8113 de 2 de
diciembre de 202126, comoquiera que las diligencias respecto27 de
las cuales se dispuso el archivo tuvieron por causa del informe de 11
de julio de 2019 y, además, porque el fundamento de tal decisión
radicó en un informe rendido dos años antes, concretamente el 23
de agosto de 201928, sin considerar que para mayo de 2021 las
irregularidades de orden ambiental persistían en la operación de la
granja La Mejor, como bien lo documentan los informes de 14 y 31
de mayo de esa anualidad29, consistentes en la ocupación de la zona
de ronda hídrica de la quebrada El Salero, la quema de residuos
sólidos y disposición final inadecuada, la pérdida de vigencia de la
concesión de aguas, falta de claridad del certificado de uso del suelo
reciente acerca de las actividades permitidas en ese sector, ausencia
26 “Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de unas diligencias”.
27
Las diligencias archivadas tuvieron origen en el informe núm. 12937 de 11 de julio de 2019 en el
cual se reportaron como infracciones ambientales, las siguientes: […] 3. En el momento de la visita las
estructuras se encontraban desocupadas […] 4. Para el ciclo final de las aves, estos son sacrificados en
matadero “El Bosque” con el cual el señor José [..] tiene contrato (Se anexa certificación) por lo tanto,
en el predio no se realiza el sacrificio, ni se generan residuos peligrosos (vísceras, plumas, sangre,
cutículas, etc.) 5. En el recorrido por el interior de los galpones no se evidenciaron humedades, goteos
de agua ni presencia de vertimientos, tampoco conducciones de agua a fuentes hídricas. 6. En el
momento de la visita se evidenció presencia mínima de olores ofensivos y poca proliferación de
vectores. 7. Mediante resolución 00040004 del 27/12/2018 del ministerio de agricultura, se certifica la
Granja La Mejor, como granja Bio Segura de Engorde; teniendo en cuenta que la certificación se otorga
por un plazo de 3 año. Contados a partir de la fecha de expedición pertinente del acto administrativo,
actualmente cuenta con la documentación […]. […] por tanto no se ha quebrantado el ordenamiento
positivo ambiental. De esta manera, en consonancia con los principios generales de la actuación
administrativa Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, por medio de
profesionales adscritos a la Subdirección de Calidad Ambiental, logró la verificación del lugar sobre el
cual se solicitó la practica de la visita ocular sin que se evidenciara la comisión de infracciones
ambientales por parte del señor José Isauro Olivares Cañizales […] las presentes diligencias deberán
archivarse […]”.
28en el cual se estableció que para ese momento las presuntas infracciones no
existían
29
Obrantes a folios 5 a 20, archivo 22, y 100 a 115 del archivo 29 del expediente digital descargado
del sistema SAMAI.
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de mantenimiento y limpieza de canales para el manejo de aguas
lluvias, compostera de mortalidad inadecuada e inexistencia de
sistema de tratamiento de aguas grises; que motivaron la apertura
de un nuevo proceso sancionatorio por parte de CORTOLIMA30.
Adicionalmente, la Sala precisa que el hecho de que en el marco del
proceso sancionatorio ambiental en curso no se hubiere resuelto
sobre las infracciones ambientales observadas en el informe de mayo
de 202131 , no condiciona la decisión del juez en el marco de la acción
popular, habida cuenta que este medio de control no es de carácter
sancionatorio, sino preventivo32, de suerte que la decisión de fondo
30
De acuerdo con la Resolución No. 3971 de 30 de septiembre de 2021, “Por la cual se inicia un
procedimiento sancionatorio ambiental y se adoptan otras determinaciones”, obrante a folios 128 a
135, del archivo 29 del expediente digital descargado del sistema SAMAI.
31
Según lo conceptuado en el informe de mayo de 2021, las irregularidades halladas están relacionadas
con la ocupación de la zona de ronda hídrica de la quebrada El Salero, según la Clasificación y
Codificación Hidrográfica del Tolima de CORTOLIMA; quema de residuos sólidos y disposición final
inadecuada; concesión de aguas que venció en el año 2010, certificado de uso del suelo reciente para
aclarar información acerca de las actividades permitidas; falta de mantenimiento y limpieza de canales
para el manejo de aguas lluvias; compostera de mortalidad inadecuada; inexistencia de sistema de
tratamiento de aguas grises, por tanto, el vertimiento se hace de forma directa al suelo.
32
Al respecto, la Sala en sentencia de 24 de agosto de 2024, proferida dentro del radicado:
170012333000201900163-01, puntualizó: “[…] La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°,
4.° y 9.° de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio
sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando
ello fuere posible; iii) es una acción pública y un mecanismo propio de la democracia
participativa, por lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el
Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma
y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida
como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento
en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar
una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones
pertinentes [...]”.
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sobre la responsabilidad que a la luz de la Ley 1333 de 2009 sea
endilgable a los infractores de la normativa ambiental, no resulta
determinante en este escenario judicial a efectos de acreditar la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos y la procedencia
de su amparo, en razón a que la naturaleza disímil de ambos
procedimientos excluye una relación de dependencia entre estos.
ii- De la ocupación de la ronda hídrica
En relación con este punto de la apelación, dentro del plenario
reposan los siguientes elementos de convicción:
• Informe Técnico de 14 de mayo de 2021 con visita a campo de 11
de mayo de 2021 suscrito por profesionales de la Subdirección de
Calidad Ambiental de CORTOLIMA33, en el cual se consignó:
«[…]
33
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-Informe técnico de 31 de mayo de 2021, con visita a campo el
24 de mayo de 2021, suscrito por funcionarios de la Subdirección
de Calidad Ambiental de CORTOLIMA34, en el cual se expuso:
34
Fls. 100 a 115, archivo 29 del expediente digital descargado del sistema SAMAI
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-Resolución núm. 3971 de 30 de septiembre de 2021, “Por la cual se
inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se dictan otras
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determinaciones”35, proceso SAN-03025, expedida con fundamento
en el informe de 14 de mayo de 2021, en cuya parte considerativa
se consignó:
«[…] conforme con lo observado en la visita realizada por esta
Corporación, emitiéndose por parte de la Subdirección de Calidad
Ambiental concepto técnico de fecha 14 de mayo de 2021, […], se
procederá a dar inicio a procedimiento sancionatorio contra los
señores FERNANDO TRUJILLO GUTIÉRREZ […] y JOSÉ ISAURO
OLIVARES […] por la posible afectación ambiental ocasionada por la
Granja Avícola “La Mejor”, ubicada en la vereda Cural parte baja,
sector Boquerón, sobre la variante de la vía Ibagué – Armenia, en
jurisdicción del municipio de Ibagué – Tolima, por la intervención de
la zona protectora de la quebrada “El Salero” con las construcción de
arte de la estructura de los galpones No. 1 y No. 2, y demás
afectaciones ambientales relacionadas con el desarrollo de la
actividad, a fin de investigar si los hechos constituyen infracción
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 […]».
• Testimonio de la Ingeniera Ambiental Leidy Daniela Díaz Garatejo,
recepcionado en audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 3 de
noviembre de 202136, en el cual reiteró la ocupación de la zona de
ronda hídrica, las inconsistencias advertidas entre el uso del suelo y
la capacidad de la granja avícola.
Bajo este escenario probatorio, la Sala advierte que de acuerdo con
advertido en los informes técnicos de 14 y 31 mayo de 2021,
corroborado por la Ingeniera Leidy Rivas en su declaración como
35
Fls. 127 a 135, ídem.
36
Índice SAMAI 00026
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testigo en la audiencia de 3 de noviembre de 2021, en las visitas
realizadas a la granja en los meses de mayo y octubre de 2021,
mediante el uso del aplicativo dispuesto por CORTOLIMA, se
determinó que los galpones están ubicados parcialmente al interior
de la ronda hídrica de la quebrada El Salero.
En efecto, en los citados informes de 14 y 31 de mayo de 202137 se
indicó:
“[…] [D]urante la comisión se hace la verificación de la ronda hídrica
done se tomaron las respectivas coordenadas geográficas, haciendo
uso de las plataformas Google Earth y el Visor Cartográfico de
CORTOLIMA […].
Dentro de la ronda hídrica de la Quebrada El Salero según la
Clasificación y Codificación Hidrográfica del Tolima de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA se
encuentra una parte de la estructura del Galpón No. 1 dentro
de la zona protectora de la fuente hídrica, con un área
aproximada de 264m2, identificando una distancia entre 19m a 27m
aproximadamente con respecto al drenaje de la fuente hídrica en
mención. Sin embargo, en la visita técnica se identificó un punto (No.
4 señalada en el mapa) que cruza en cercanías al galpón con una
distancia aproximada de seis (6) metros con respecto al cauce de la
Quebrada en mención […]
Dentro de la ronda hídrica de la Quebrada El Salero según la
clasificación y Codificación Hidrográfica del Tolima de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA, una
parte de la estructura del galpón No 2, dista entre 9 m a 25m
aproximadamente con respecto al drenaje de la fuente hídrica
en mención. No obstante, en la visita técnica se evidenció que la
fuente hídrica cruza por la parte posterior de unas viviendas del sector
y no por la parte frontal de las mismas […]” (Negrillas fuera del texto).
37 Fls. 5 a 20, archivo 22 del expediente digital descargado de SAMAI.
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Respecto de la protección de las rondas hídricas, los artículos 83 del
Decreto núm. 2811 de 1974 y 206 de Ley 1150 de 2007, prevén que:
«[…] ARTÍCULO 83.- Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del
Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
[…] d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho […]”.
“[…] ARTÍCULO 206. Rondas hídricas. Corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos
Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco
de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación
aferente, para lo cual deberán realizar los estudios
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno
Nacional […]»
En consonancia con lo anterior, el Decreto núm. 1504 de 4 de agosto
de 199838, artículos 1º39 y 5º40, este último compilado en el Decreto
38
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
39
“[…] Artículo 1º.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la
función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación,
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”.
40
“Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios: I. Elementos constitutivos
1) Elementos constitutivos naturales: […] b. Áreas para la conservación y preservación del sistema
hídrico: conformado por: i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como:
cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas
de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como
mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental […]”.
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núm. 1077 de 26 de mayo de 201541, artículo 2.2.3.1.5, de forma
expresa catalogan esa área de terreno como elemento constitutivo
del espacio público bajo la administración, gestión y protección de los
gobiernos locales, conforme con los parámetros de sostenibilidad
ambiental orientados a salvaguardar las estructuras ecológicas allí
establecidas, dada su incidencia directa en la preservación,
disponibilidad y calidad del recurso hídrico que las hacen meritorias
de un régimen riguroso de protección.
Así las cosas, es un hecho probado que parte de las estructuras
destinadas para albergar las aves se encuentra a distancias inferiores
a los 30 metros de retiro del cauce exigido en el POT42 y, en esa
medida, es incuestionable la vulneración del derecho colectivo al
goce del espacio público en virtud de la ocupación indebida de la zona
de protección especial contigua a la quebrada El Salero, razón de
peso para mantener incólume la decisión del Tribunal encaminada a
la reubicación de los galpones que hacen parte del proyecto avícola
desarrollado en la gran “La Mejor”.
41
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio".
42
El artículo 36del POT prevé: “Artículo 36. CATEGORÍAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. Se definen las siguientes categorías, las cuales se encuentran
espacializadas en el Mapa U4. Denominada Suelos de protección - Lineamientos estructura ecológica
principal.
[…] Rondas hídricas. De conformidad con el artículo 83 literal d) del Decreto-Ley 2811 de 1974, se
entiende por ronda hídrica la franja hasta de 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces permanentes de los ríos, quebradas y arroyos, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua, de la manera en que se han establecido en el presente decreto”.
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42
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iii- Del uso del suelo
Sobre dicha conducta, la Sala destaca que según el concepto de uso
del suelo de 20 de diciembre de 201843, expedido por el MUNICIPIO
con fundamento en el POT44, el terreno de dominio privado aledaño
al área de protección hídrica constituye una zona de mitigación de
impactos “[…] cuyo fin es minimizar los impactos generados por las
actividades que se desarrollan en cada uno de estos suelos, para la
cual se define como uso principal el de restauración y conservación
ambiental […]”.
En tal sentido, el citado Oficio se refirió al uso condicionado en el
sector donde está ubicada la granja La Mejor, así:
“[…] Explotaciones Agrícolas Pecuaria de bajo impacto […].
Condiciones de uso en la zona de mitigación
-No podrá establecerse nuevas industrias ni explotaciones
agropecuarias a gran escala, las que actualmente existen
deberán presentar los respectivos estudios ante la autoridad
ambiental competente, en caso de no cumplir no podrán continuar
allí […].
Nota: Para poder emitir concepto con precisión debe describir
con mayor claridad la actividad Galpón para pollos en menor
producción ya que puede corresponder a actividades con
43 Fls. 46 y 47, archivo 77.
44 Decreto núm. 1000-0823 de 23 de diciembre de 2014
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43
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distintas consideraciones normativas […]”45 (Negrillas fuera del
texto original).
A su turno, la ingeniera ambiental de CORTOLIMA destacó que
según el certificado de uso del suelo del predio en referencia “[…] no
podrá establecerse nuevas industrias ni explotaciones agropecuarias
a gran escala […]”; empero, los galpones tienen capacidad para
16.000 aves, razón por la cual recomendó en sus informes solicitar
la aclaración del uso del suelo, en razón a que el certificado aportado
indica que se trata de un área destinada a la mitigación de impactos
ambientales con el fin de salvaguardar espacios ecológicos sensibles.
Así las cosas, la Sala considera que de los elementos de juicio
atinentes a las características del suelo donde opera la granja avícola
y a la capacidad de producción de esta, es posible inferir una
presunta contradicción entre dicha actividad productiva y el uso del
suelo atribuido a ese sector en el POT, pues dentro del plenario no
existen parámetros técnicos a partir de los cuales sea posible
establecer de forma objetiva y cierta si el proyecto avícola es de
pequeña, mediana o gran escala y, con ello su viabilidad bajo
determinadas y precisas condiciones ambientales.
45 Fls. 11 a 13, archivo 21 del expediente digital descargado del sistema SAMAI.
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44
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Sin embargo, la ausencia de tales criterios objetivos no es óbice para
concluir que, en el caso sub lite, no se configura una amenaza para
el derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, habida
cuenta que la actividad productiva involucra más de 16.000 aves,
circunstancia que por sí sola denota un uso intensivo del suelo y, por
tanto, debe aplicarse el principio de prevención.
Con fundamento en lo anterior, la Sala ordenará al Municipio que, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales, en el
término de 30 días, clarifique y precise los criterios a considerar para
calificar la actividad avícola como agropecuaria de baja, mediana y
alta densidad en el suelo del sector donde se ubica la granja La Mejor,
de conformidad con el Decreto Municipal No. 0823 de 2014,
información que deberá tenerse en cuenta para que el ente territorial
y la autoridad ambiental ejerzan las funciones de seguimiento y
control que les competen, las cuales deberán efectuarse una vez sean
expedidos tales criterios.
iv- De los olores ofensivos
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45
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Sobre este asunto particular, la jurisprudencia de esta Sección46 ha
establecido algunas reglas probatorias a la hora de verificar la
existencia de impactos de los olores ofensivos, a saber:
1.- La Sala ha indicado que, para constatar la afectación de los
derechos colectivos, no basta con la mera percepción subjetiva de
una comunidad en torno a la sensación de “fastidio”, “molestia” o
“incomodidad” olfativa que le puede llegar a producir la emisión de
ciertas sustancias, pues es necesario acudir a estándares que
permitan evaluar de manera más objetiva la clase y magnitud de las
sustancias contaminantes a efectos de ser catalogadas o no como
olores ofensivos.
2.- Se precisó que dichas normas o estándares de evaluación se
componen, de un lado, por los umbrales estadísticos de tolerancia y,
de otro, por los niveles de calidad del aire, para comprobar si las
sustancias emitidas respetan o no los límites permisibles de
concentración (inmisión) y de descarga (emisión).
46
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, radicación núm. 68001-
23-33-000-2015-00962-01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 13 de diciembre
de 2023, radicación núm. 68001-23-33-000-2017-01449-01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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3.- Se aclaró que la queja tampoco constituye un parámetro objetivo
para determinar la existencia de olores ofensivos. Sin embargo, en
razón a que la comunidad puede estar en una posición de desventaja
para conseguir las modalidades de prueba técnica antes referidas, la
autoridad ambiental debe definir la situación conforme a la ley, es
decir que, una vez recibida la queja, en atención a las circunstancias
del caso, podrá determinar los umbrales de tolerancia (mediante
encuestas, estadísticas y evaluaciones sicométricas) o, si hay lugar
a ello, acudir directamente a la medición de los niveles de calidad del
aire, con el fin de garantizar el derecho sustancial por encima del
procedimiento establecido en la Resolución 2087 de 201447.
4.- La Sala advirtió que los resultados de las encuestas constituyen
un insumo suficiente para que la autoridad ambiental adopte las
medidas de protección que resulten procedentes, tales como el
establecimiento de un plan de reducción del impacto por olores
ofensivos (PRIO), o cualquier otra, como ciertas restricciones o
condicionantes para la actividad generadora de olores o, incluso, la
medición directa de la calidad del aire, pues el procedimiento de la
47 “Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores
ofensivos”.
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Resolución núm. 2087 no puede conducir a la prolongación indefinida
de una situación de amenaza.
En el caso concreto, la Sala advierte que la demandante, mediante
derecho de petición de 12 de octubre de 201848, solicitó al alcalde del
MUNICIPIO y a CORTOLIMA ordenar la suspensión de las
actividades de explotación avícola en la finca de propiedad del señor
Fernando Trujillo ubicada en la vereda El Cural, parte baja, por no
cumplir entre otras, con las condiciones mínimas sanitarias
generando “olores nauseabundos”. Para el efecto, expuso lo
siguiente:
«[…] SEGUNDO: Las actividades de explotación avícola (cría,
engorde, cuidado, sacrificio y comercialización) desarrolladas en la
Finca de propiedad del Señor FERNADNO TRUJILLO de la Vereda El
Cural Parte baja de Ibagué Tolima, no cumple las condiciones
mínimas sanitarias, pues presenta galpones en mal estado (animales
muertos, la descomposición de pollinaza – gallinaza y el material
utilizado para la cama de pollos).
TERCERO: Con ocasión de lo anterior los habitantes de la Vereda […],
tienen que soportar todo el día y todos lo días olores nauseabundos
(ofensivos) […] circunstancia que transciende el límite de lo
soportable y perturba de manera directa la intimidad de los hogares
en el sentido que no pueden desarrollar sus actividades normales
[…]».
48
Fls. 8 a 10, expediente digital, archivo
“15_7300123330006201900005001EXPEDIENTEDIGI2023127162609_TCDescargaTotalltem13319744
4011560834.pdf”.
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Según el informe técnico de 31 de mayo de 202149 dichos olores no
fueron percibidos en la inspección que antecedió al citado informe, y
vienen siendo controlados con el uso de catalizadores aplicados sobre
la cama cada 3 días50.
Sin embargo, conforme con lo narrado por la ingeniera en su
testimonio, en visita realizada el 11 de octubre de 2021 se evidenció
que el reciclaje de la cama de los galpones continuaba realizándose,
generando vectores y olores ofensivos “en el galpón de la entrada
del predio”.
No obstante, según las pruebas allegadas, en la actuación
desplegada por CORTOLIMA en relación con los “olores ofensivos”
se echa de menos la existencia de la prueba técnica requerida para
tener certeza sobre la intensidad y periodicidad de los olores
generados por la explotación avícola, pues su intervención se limitó
a la realización de visitas de control y seguimiento, hecho que fue
ratificado por la ingeniera Leidy Daniela Garatejo en su testimonio, y
49
“[…] Para el control de olores se está realizando con catalizadores de tipo comercial, el cual se informa
que se aplica sobre la cama cada 3 días […]. Al momento de la diligencia no se evidenciaron olores
ofensivos generados por la cama de los galpones […]”.
50
De acuerdo con lo consignado en el numeral 11, del acápite “Desarrollo de la visita” así: «[…] 11.
Para el control de olores se está realizando con catalizadores de tipo comercial, el cual se informa que
se aplica sobre la cama cada 3 días […] Al momento de la diligencia no se evidenciaron olores ofensivos
generadores por la cama de los galpones […]”.
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aunque la parte actora solicitó en la demanda decretar un dictamen
pericial con el fin de establecer entre otros aspectos, si la granja
estaba certificada como biosegura por el ICA y si con ocasión de ello
se evidenciaban olores ofensivos en la zona, el Tribunal no accedió a
dicha solicitud51.
Aunado a lo anterior, la Sala destaca que la Resolución 1541 de 2013
relacionó la actividad de “unidad de producción pecuaria” - UPP, a la
emisión de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3), sustancias
que, al estar catalogadas como “generadoras de olores ofensivos”,
deben ser sometidas al procedimiento de medición directa para
determinar su nivel de concentración en el aire (inmisión), bajo los
siguientes procedimientos52:
Sustancia Evaluación analítica Evaluación
sensorial
• Método 16 A
• Método del azul de metileno
Sulfuro de • Analizadores automáticos incluidos dentro del
hidrógeno programa de Verificación de Tecnología
(H2S) Ambiental de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los
criterios establecidos en la Norma Europea
[…] […] • NTC 5880 Calidad del
• Método CTM027 aire. Determinación de
• Método IO-4.2 de la Agencia de Protección la concentración de
Ambiental de los Estados Unidos (Usepa). olor por olfatometría
Determinación de compuestos inorgánicos en el dinámica
aire ambiente.
51
Conforme con lo consignado en el acta de 12 de octubre de dos mil 2021, fecha en el cual tuvo lugar
la audiencia de pacto de cumplimiento y en el marco de la cual se resolvió sobre la solicitud de pruebas
(archivo31_73001233300620190000500117EXPEDIENTEDIGI20230127162600_TCDescargaTotalltem
133197443588887174.pdf”, del expediente digital que reposa en SAMAI.)
52
Artículo 7°.
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Amoniaco • Analizadores automáticos incluidos dentro
(NH3) del programa de Verificación de Tecnología
Ambiental de la Agencia de Protección
Ambiental
de los Estados Unidos (Usepa).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los
criterios establecidos en la Norma Europea
Siendo ello así, la existencia de la queja sobre los olores ofensivos y
las falencias en el seguimiento y control de estos por parte de
CORTOLIMA, denotan un escenario de amenaza para los derechos
colectivos al goce del ambiente sano y la salubridad pública, sin que
la falta de certeza acerca de la intensidad y frecuencia de dichos
olores constituya una razón válida para negar el amparo deprecado.
Por el contrario, habida cuenta que los hechos relacionados con los
olores ofensivos fueron puestos en conocimiento de las accionadas
en el año 2018 y desde ese entonces las acciones desplegadas
carecen de idoneidad para hacer cesar la amenaza advertida, en este
escenario judicial la naturaleza preventiva de la acción popular
impone a la Sala ordenar medidas eficaces y oportunas para
neutralizar el riesgo que representan los olores ofensivos generados
por la explotación avícola y, asimismo, amerita reducir el término
fijado para ello en la sentencia apelada.
En consecuencia, se ordenará a CORTOLIMA que, además de
implementar la Resolución 1541 de 2012, como lo dispuso el
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Tribunal, agote el procedimiento previsto en el protocolo para el
monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087
de 2014), con el fin de avaluar en términos objetivos las sustancias
emitidas y, conforme con los resultados, adopte las medidas que
encuentre necesarias para i) hacer cesar los hechos que estarían
desconociendo la norma de calidad del aire, ii) mitigar los posibles
impactos o iii) prevenir cualquier amenaza futura, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Para tal efecto, se establecerá un término de tres (3) meses que
comenzarán a computarse al término de la ejecutoria de esta
providencia, como se dispondrá en la parte resolutiva del presente
fallo.
De la responsabilidad de los accionados
Lo expuesto conlleva a concluir que al MUNICIPIO, en cabeza de su
Alcalde como primera autoridad de policía en el ámbito local 53, le
53
Según lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016, que es del siguiente tenor: “[…]
ARTÍCULO 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la primera autoridad de Policía del
Distrito o Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su
jurisdicción […].
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asiste responsabilidad por la transgresión del derecho colectivo al
goce del espacio público y la amenaza del derecho al equilibrio
ecológico, habida cuenta que según lo afirmado por el ente territorial
al contestar la demanda, de su parte no ha existido una intervención
efectiva frente a las irregularidades descritas, valga decir, la
ocupación del área constitutiva de espacio público y el alcance del
proyecto productivo desarrollado en la finca “La Mejor”, sino que se
ha limitado a prevenir a los residentes del sector donde opera la
granja sobre la imposibilidad de llevar a cabo allí ese tipo de
actividad.
En efecto, se echan de menos medios de prueba sobre las acciones
desplegadas por el MUNICIPIO para recuperar el espacio público
contiguo a la quebrada El Salero y, de esa manera, contener los
factores de degradación del suelo asociados a la actividad
agropecuaria en la magnitud que se desarrolla, omisión que, además
de contrariar la naturaleza protectora de esa área de especial
relevancia ecológica, constituye una evidente inobservancia de los
deberes que le resultan exigibles al Alcalde, en función de sus
facultades como representante legal de la entidad territorial y como
máxima autoridad de policía en ese territorio, tal y como se advierte
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de la lectura armónica de los mandatos legales previstos en los
artículos 139, 140, 198, numeral 3; 204; y 205, numeral 3, de la Ley
1801 de 2016, que prevén:
“[…] Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes
fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de
necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales de todas las personas en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro
electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal,
en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de
las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los
cuerpos de agua […].
[…] Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos
son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo
tanto no deben efectuarse:
[…]
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
[…]
Artículo 198. Autoridades de Policía. Corresponde a las
autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos
de convivencia ciudadana.
Son autoridades de Policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de Policía y los corregidores.
5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio
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cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que
determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención
inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía
Nacional.
[…] Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la
primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. En tal condición,
le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su
jurisdicción.
[…] ARTÍCULO 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al
alcalde:
[…] 3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio
y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que
se imponga […]”.
Amén de lo anterior, el escenario descrito también impone endilgar
responsabilidad al ente territorial por alejarse de las funciones legales
que le son propias en materia de conservación del medio ambiente y
los recursos naturales, al tenor de lo previsto en los artículos 65 de
la Ley 99 de 22 de diciembre de 199354, 6º, numeral 10, de la Ley
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“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo prevé: “[…] Artículo 65.
Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital de Santafe de Bogotá. Corresponde en
materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales: […] 6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el
apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes
del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un
ambiente sano; 7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio
o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo […]”.
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1551 del 6 de julio de 201255 y 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre
de 200156.
Asimismo, el MUNICIPIO omitió su deber de ejercer la vigilancia y
control encaminado al acatamiento las normas urbanísticas fijadas
en el POT para el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo
bajo criterios de sostenibilidad, de conformidad con sus facultades
policivas, concretamente de la normativa consignada en los artículos
3° y 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 199757; 135, literal C),
numerales 11 y 1258; y los ya citados artículos 198, numeral 3, y 204
de la Ley 1801.
55
“[..] ARTÍCULO 6o. El artículo 3o de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: […] 10. Velar por el adecuado
manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”.
56
“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: […] 76.5. En materia ambiental. 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación
con las corporaciones autónomas regionales [...]”.
57
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, cuyos
artículos 3 y 8 son del siguiente tenor:
“[…] ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en
su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: […] 2. Atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible. […] ARTICULO 8o. ACCION URBANISTICA. La función pública del
ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas que les son propias, relacionadas con
el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo, adoptadas mediante actos
administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido particular y concreto. Son acciones
urbanísticas, entre otras: 1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana […] 3.
Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
[…] 3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
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“[…] Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los siguientes
comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso y
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En cuanto a CORTOLIMA, lo acreditado vislumbra las falencias en
su proceder como autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales en esa jurisdicción, comoquiera que las
actuaciones hasta ahora desplegadas en relación con las
irregularidades expuestas en el informe de 14 de mayo de 2021 y los
olores ofensivos generados objeto de queja, resultan insuficientes de
cara a la protección efectiva de los derechos colectivos cuyo amparo
se pretende, al punto que su pasividad ha permitido que los hechos
fuente de la afectación se mantengan en el tiempo.
Incluso, pese a haber transcurrido más de tres años desde que
resolvió iniciar el proceso sancionatorio a raíz de las irregularidades
ambientales halladas en la granja “La Mejor”, esto es, desde
septiembre de 2021, al interior del acervo no obran medios de
convicción acerca del informe técnico ordenado en dicho acto, como
tampoco de la formulación del pliego de cargos y del agotamiento de
el espacio públicos, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto
no deben realizarse, según la modalidad señalada:
[…]
C) Usar o destinar un inmueble a:
[…]
11. Contravenir los usos específicos del suelo.
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no
autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos
específicos […]”.
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las etapas de descargos y probatoria y, en general, de ninguna acción
o decisión encaminada a salvaguardar la zona afectada.
De igual manera, le asiste responsabilidad a la autoridad ambiental
por la amenaza a la que están expuestos los derechos colectivos al
goce del ambiente sano y la salubridad pública, por omitir una
respuesta efectiva a la queja presentada por la demandante sobre
los olores ofensivos, como le resultaba exigible de la lectura del
artículo 31 de la Ley 99 de 199559, la referida Resolución No. 2087 y
los lineamientos jurisprudenciales reseñados anteriormente.
Así las cosas, a juicio de la Sala, los argumentos expuestos por
CORTOLIMA para exonerarse de responsabilidad en este asunto y
trasladarla de forma exclusiva al MUNICIPIO, carecen de vocación
de prosperidad; contrario a ello, compete a dicha autoridad
ambiental concurrir a la adopción y ejecución de las medidas idóneas
para restablecer la ronda hídrica indebidamente ocupada y hacer
cesar los hechos constitutivos de la amenaza advertida para el
ambiente sano y la salubridad pública, ciñéndose al procedimiento
previsto en la Resolución núm. 2087.
59
“[…] 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente […]”.
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Del comité de verificación
La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada omitió
indicar que el Comité de Verificación estaría presidido por el
Magistrado ponente del fallo de primera instancia.
Así las cosas, atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección60, se modificará el numeral duodécimo
de la parte resolutiva del fallo recurrido en el sentido de establecer
que será el Magistrado Ponente de esa decisión judicial quien funja
como presidente de dicho Comité, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La Decisión
En consideración a los razonamientos desarrollados de manera
precedente, la Sala modificará el numeral segundo de la parte
resolutiva del fallo apelado en el sentido declarar la vulneración del
derecho al goce del espacio público, así como la amenaza de los
60
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01,
magistrado ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-
000-2018-00361-01, magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la salubridad
pública y la existencia del equilibrio ecológico.
En consecuencia, se modificarán las ordenes impartidas en los
numerales: i) tercero, en el sentido de suprimir lo atinente al
trámite para obtener la certificación de Granja Biosegura; ii) sexto,
con el fin de indicar que la reubicación de los galpones que ocupan
el área de ronda deberá materializarse bajo la dirección y vigilancia
del MUNICIPIO, con el apoyo y orientación de CORTOLIMA; iii)
octavo, con el objeto de establecer que las mediciones de olores
ofensivos a cargo de CORTOLIMA y la definición de las acciones que
resulten exigibles deberán llevarse a cabo dentro de los tres (3)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia; y iv)
duodécimo, para definir que el Comité de Verificación será presidido
por el Magistrado Ponente de la sentencia de primera instancia y
como parte del mismo será incluido el señor Fernando Trujillo
Gutiérrez, quien funge también funge como accionado.
Por último, se adicionará el fallo apelado en el sentido de ordenar al
MUNICIPIO que, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales, en el término de 30 días, clarifique y precise los criterios a
considerar para calificar la actividad avícola como agropecuaria de
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baja, mediana y alta densidad en el suelo del sector donde se ubica
la granja La Mejor, de conformidad con el Decreto Municipal 0823 de
2014, información que deberá tenerse en cuenta para que el ente
territorial y la autoridad ambiental ejerzan las funciones de
seguimiento y control que les competen, las cuales deberán
efectuarse una vez sean expedidos tales criterios.
En lo demás, la sentencia impugnada será confirmada, tal y como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero, cuarto,
sexto, octavo y duodécimo, de la parte resolutiva del fallo apelado,
los cuales quedarán así:
“[…] SEGUNDO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo al
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
así como la amenaza de los derechos al goce de un ambiente sano,
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas, la preservación y restauración del medio
ambiente; y a la seguridad y salubridad públicas, según las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR al señor JOSE ISAURO OLIVARES
CANIZALES, que dentro del término de tres (3) meses siguientes a
la notificación de esta providencia, satisfaga todos los
requerimientos realizados por la Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA a fin de cumplir con toda la normatividad
ambiental relativa a la explotación avícola que desarrolla en la finca
La Mejor ubicada en la vereda el Cural parta baja del municipio de
Ibagué.
CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ cumplir con sus
funciones en materia de protección del medio ambiente, de los
recursos naturales y del uso del suelo haciendo seguimiento y
control de la problemática existente, acompañando al señor JOSE
ISAURO OLIVARES CANIZALES, en su proceso explotación avícola,
ubicado en la finca LA MEJOR en la vereda el Cural parte baja de
Ibagué.
[…]
SEXTO: ORDENAR al señor JOSE ISAURO OLIVARES
CANIZALES, que dentro del término de tres (3) meses siguientes a
la notificación de esta providencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto 1000 823 de 2014, mediante el cual se adoptó el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, realice todos
los trámites tendientes a la reubicación de los galpones que se
encuentran construidos en la ronda hídrica de la quebrada el Salero,
respetando la delimitación de esa ronda en una franja de 30 metros
según lo estipulado en el art. 36 del Plan de Ordenamiento
Territorial.
Para el cumplimiento de lo anterior, deberá atender las ordenes,
directrices y requerimientos establecidos de forma coordinada por el
MUNICIPIO y CORTOLIMA, atendiendo a las competencias policivas
del ente territorial para proteger la integridad del espacio público, y
las atribuciones de la autoridad ambiental en función de la
protección de los recursos naturales en esa jurisdicción.
[…]
OCTAVO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE TOLIMA- CORTOLIMA implementar en lo de su
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competencia, la Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de 2013
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión,
el procedimiento para la evaluación de actividades que generan
olores ofensivos y se dictan otras disposiciones” y, conforme a lo
regulado en la Resolución No. 2087, efectuar las mediciones, el
control, el seguimiento y la aplicación de las medidas
correspondientes a cargo del señor JOSE OLIVARES, respecto de la
actividad pecuaria avícola que desarrolla en la finca LA MEJOR
generando olores ofensivos.
Para tal efecto, la entidad dispone de un término máximo de tres
(3) meses, a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.
[…]
DUODÉCIMO: CONFÓRMASE el Comité de verificación de que
trata el artículo 34 de la ley 472 de 1998, el cual deberá estar
integrado por el Magistrado Ponente, quien lo presidirá; el
procurador que actuó en este proceso, la Directora o un
representante de la Corporación Autónoma Ambiental –
CORTOLIMA, el Alcalde del Municipio de Ibagué, o su delegado; los
señores JOSE OLIVARES y FERNANDO TRUJILLO GUTIÉRREZ, en
calidad de accionados; y la actora popular, comité que hará
seguimiento a las órdenes impartidas en el presente proveído […]”.
SEGUNDO: ADICIONAR el fallo apelado en el sentido de ORDENAR
al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, en el término de 30 días, clarifique y
precise los criterios a considerar para calificar la actividad avícola
como agropecuaria de baja, mediana y alta densidad en el suelo del
sector donde se ubica la granja La Mejor, de conformidad con el
Decreto Municipal 0823 de 2014, información que deberá tenerse en
cuenta para que el MUNICIPIO y CORTOLIMA ejerzan las
funciones de seguimiento y control que les competen, las cuales
deberán efectuarse una vez sean expedidos tales criterios.
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TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 2 de junio de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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