Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-01673-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de diciembre de 2025
Demandante: Eolos Energía S.A.S. E.S.P. en Liquidación y otra
Demandado: XM S.A. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-01673-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01673-01
Accionante: EOLOS ENERGÍA SAS E.S.P. – EN LIQUIDACIÓN Y
VIENTOS DEL NORTE SAS E.S.P. – EN LIQUIDACIÓN
Accionado: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Temas: Confirmar la sentencia que declaró improcedencia de las
pretensiones de la acción de cumplimiento.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 14 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró improcedente la acción
de cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Eolos Energía SAS E.S.P. – en
Liquidación y Vientos del Norte SAS E.S.P. – en Liquidación -, a través de su
representante legal, presentaron demanda contra XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS
EN MERCADOS S.A. E.S.P. -en adelante XM S.A. E.S.P.1-, con el fin de obtener el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de la Resolución CREG 0157 de 2011 y
en el artículo 5 de la Resolución MME 4-0590 de 2019.
1 Empresa de servicios públicos mixta, del orden nacional, en virtud de las autorizaciones legales
contenidas en el parágrafo 1° del artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 848 del 28 de
marzo de 2005, organizada bajo la forma de sociedad anónima, constituida el 1° de septiembre de
2005 mediante escritura pública No. 1080 de la Notaría Única de Sabaneta, regida por los estatutos
sociales contenidos en la escritura pública 486 del 22 de mayo de 2017 de la Notaría Catorce de
Medellín, y sometidos al régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios), la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) y en las normas del derecho privado.
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Demandante: Eolos Energía S.A.S. E.S.P. en Liquidación y otra
Demandado: XM S.A. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-01673-01
2. Pretensiones de la demanda
2. La parte actora solicitó:
(…) proceda de manera inmediata con su deber regulatorio de administrar y hacer
efectivas las garantías de pago otorgadas por Air-e S.A.S. 4 E.S.P. (“Air-e”) en el
marco de los contratos de suministro de energía a largo plazo suscritos con las
Demandantes.
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
3. Señalaron que participaron como oferentes en la segunda subasta de energías
renovables (CLPE No. 02-2019) convocada por el Gobierno nacional en desarrollo
del Decreto 570 y la Resolución 4-0590 del MME, de la cual, resultaron
adjudicatarias. Al respecto, manifestaron que, de conformidad con la adjudicación
de la subasta en mención, el 9 de diciembre de 2019, en su condición de
vendedoras, celebraron los Contratos de Suministro de Energía a Largo Plazo
identificados con los códigos SIC 47490 y 48697, los cuales fueron cedidos
parcialmente a Air-e mediante los otrosíes No. 1 del 10 de marzo de 2020, donde
XM ostentaba la condición de compradora.
4. Refirieron que, en virtud de las obligaciones establecidas en los contratos, Air-e
otorgó en favor de la accionada dos garantías de pago que debían ser administradas
por XM, deber que comprende su ejecución cuando exista un incumplimiento del
agente deudor respecto de cualquiera de las obligaciones amparadas por ellas.
5. Sostuvieron que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) de la Sección 4.02
de los contratos, Air-e tenía la obligación de pagar mensualmente la cantidad de
energía establecida en cada periodo de facturación a un precio determinado; por lo
cual, el incumplimiento de dicha obligación hace procedente la ejecución de las
garantías de pago por parte de XM S.A. E.S.P. quien, en su condición de ASIC,
tiene la función de administración, lo cual incluye el deber de ejecutarlas y hacerlas
efectivas cuando con ocasión de un incumplimiento del comprador, cuando ello sea
requerido por los vendedores como parte garantizada.
6. La parte actora afirmó en los hechos de la demanda que Air-e dejó de pagar la
cantidad de energía que le suministraron entre el 1 de agosto y el 12 de septiembre
de 2024, obligaciones surgidas con antelación a la notificación de la Resolución
20241000531665 del 11 de septiembre de 2024 mediante la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión
de Air-E.
7. Además, afirmó que el 13 de septiembre de 2024, notificaron a Air-E la
terminación de los contratos con fundamento en la causal prevista en la Sección
17.01 literal (g) de cada uno de ellos, por encontrarse configurada la causal de
suspensión de pagos que no fue remediada. Pero, aunque esta terminación fue
notificada oportunamente a XM S.A. E.S.P., dicha entidad, de manera injustificada,
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se negó a registrarla con el mismo argumento que ahora invoca para negarse a
ejecutar las garantías de pago.
8. Así las cosas, manifestaron que el registro de la terminación de los contratos solo
ocurrió luego que vencieran a XM S.A. E.S.P. en una acción de cumplimiento,
pasados seis (6) meses de haberse solicitado, resaltando que, a pesar de la demora
de esta, la fecha de terminación quedó fijada el 30 de septiembre de 2024, en virtud
de la sentencia AC del 27 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, lo
cual demuestra las reiteradas renuencias en el cumplimiento de sus deberes
regulatorios, donde solo ha sido posible la satisfacción de los deberes regulatorios
mediante decisiones judiciales.
9. Como consecuencia, argumentaron que el incumplimiento de las obligaciones de
pago del precio de la energía entre el 1 de agosto y el 12 de septiembre de 2024,
se sumó a la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones de entrega de
energía futura hasta el vencimiento de los plazos pactados, la cual sobrevino por
causas imputables a Air-e.
10. Por tanto, resaltaron que la obligación de pago del precio de la energía estaba
sujeta a plazos, de donde se infiere que se trataba de una obligación existente cuya
exigibilidad devino en imposible por causas exclusivamente atribuibles a Air-e, la
cual era responsable del pago del valor íntegro de tales obligaciones,
responsabilidad que está amparada por las garantías de pago.
4. Actuaciones procesales
11. Mediante proveído del 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la acción de cumplimiento
contra XM S.A. E.S.P.
4.1. Contestaciones a la demanda
12. XM S.A. E.S.P. sostuvo que, si bien las normas invocadas le asignan la función
de administrar las garantías otorgadas en el marco de los contratos de suministro
de energía a largo plazo; no se trata de un mandato claro, expreso y exigible que
esta deba ejecutar, menos aún, cuando existe un acto administrativo obligatorio y
con fuerza vinculante expedido por otra autoridad, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, que suspende los pagos.
13. En cuanto al fondo del asunto, señaló que la necesidad de integrar
normativamente en el análisis otras normas reglamentarias y sectoriales, impide
tener por acreditada la existencia de un mandato imperativo, inobjetable y expreso,
al existir, por lo menos, otra norma en el ordenamiento jurídico que impide la
ejecución de la orden de cumplimiento que se pretende.
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14. En ese sentido, sostuvo que las demandantes persiguen que XM S.A. E.S.P.
ejecute la garantía de pago otorgada por Air-E por un supuesto incumplimiento del
contrato suscrito entre ellas, lo anterior, pese a que, en una acción de cumplimiento
anterior, solicitó que se ordenara la terminación de este.
15. Además, adujo que la parte accionante controvierte los fundamentos de
aplicación de las instrucciones, actos de autoridad y actos administrativos expedidos
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los que ordenó la
suspensión de los pagos de las empresas intervenidas, lo que impide realizar el
cobro de estos, incluso a través de las garantías otorgadas en el marco de dichos
convenios.
16. Como consecuencia, afirmo que la inconformidad final de las accionantes
atiende a las decisiones adoptadas por la Superintendencia, para lo cual cuenta con
mecanismos de defensa idóneos para controvertir la legalidad de dichas decisiones,
tales como nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
17. Señaló que, si la inconformidad recae sobre la no renovación de las garantías
por parte de Air-E, ello se trata de una controversia de carácter contractual, que
también cuenta con un medio de control específico; lo cual permite concluir que no
se cumple con el criterio de subsidiariedad y, por tanto, la presente acción de
cumplimiento es improcedente.
18. De otra parte, informó que, mediante Resolución No. SSPD – 20241000531665
del 11 de septiembre de 2024, la SSPD decidió tomar posesión de la sociedad Air-
E. Tal decisión fue adoptada al concluir que Air-E no prestaba “el servicio de energía
con la continuidad y calidad debidas, ha incumplido las normas a las que debe estar
sujeta, ha omitido su deber de remitir información veraz, completa y oportuna y,
conforme con los análisis financieros, su situación podría conllevar, en el corto
plazo, a la suspensión de sus obligaciones mercantiles, por lo cual, es procedente
la toma de posesión, con el fin de preservar el señalado servicio, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 365 de la Constitución Política y 2 de la Ley 142 de
1994”.
19. Refirió que, de conformidad con lo indicado en la respuesta al requerimiento
realizado por la parte demandante, los contratos suscritos entre Vientos del Norte y
Eolos como vendedores, y Air-E como compradora, fueron terminados por solicitud
de aquellos, así como en virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 27 de marzo de 2025, de modo que, en virtud de dicha terminación,
el agente Air-E no renovó la garantía de pago otorgada para tal efecto, por lo que
no hay una garantía vigente a la fecha susceptible de ser ejecutada.
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4.2. Fallo de primera instancia
20. En sentencia del 14 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró improcedente la acción de
cumplimiento.
21. El Tribunal estableció que, la acción de cumplimiento entraña un análisis objetivo
a través del cual se busca establecer si el deber jurídico incumplido, contenido en
una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo, contiene un
mandato inobjetable, preciso y exigible a la autoridad frente a la cual se busca su
cumplimiento y si ésta ha sido renuente en su acatamiento, pero no es un
mecanismo coercitivo para el pago de obligaciones dinerarias, sin dejar a un lado
que en el presente caso, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, siendo
impropia para resolver respecto de la pretensión de hacer efectivas las garantías de
pago otorgadas por Air-e S.A.S. E.S.P. en el marco de los contratos de suministro
de energía a largo plazo suscritos con las demandantes.
4.3. Impugnación2
22. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda; además,
sostuvo que se trata de hacer efectivo el cumplimiento de actos administrativos
generales incumplidos por una empresa de servicios públicos mixta del orden
nacional, que actúa en ejercicio de una función administrativa, asignada por la ley y
la regulación, específicamente en el mercado de energía eléctrica.
23. Afirmó que la presente acción de cumplimiento tiene como propósito principal
garantizar que XM S.A. E.S.P. acate sus deberes legales, lo cuales se encuentran
definidos entre otras en el artículo 1 de la Resolución CREG 157 de 2011 y en el
artículo 5 de la Resolución MME 40590 de 2019, siendo dichas disposiciones actos
administrativos generales e imperativos de obligatorio cumplimiento de carácter
preciso, claro y actual.
24. Sostuvo que el Tribunal, no tuvo en cuenta que la función de administración de
las garantías emanadas de contratos de suministro de energía a cargo de XM S.A.
E.S.P. como Administrador del SIC constituye un deber regulatorio no discrecional
que se enmarca en el ejercicio de la función pública.
25. Indicó que la finalidad de esta acción de cumplimiento es la búsqueda de una
orden judicial dirigida a XM S.A. E.S.P. para que, en su condición de Administrador
del SIC, cumpla con su deber regulatorio de administrar las garantías de pago
emanadas de los Contratos de Suministro en vista de los mandatos claros, expresos
e inobjetables contenidos en los actos administrativos que la accionada ha sido
renuente en cumplir, a pesar de los reiterados requerimientos formulados.
2 La sentencia del 14 de noviembre de 2025 fue notificada por correo electrónico el 24 de noviembre
de 2025, y el escrito de impugnación se presentó el 1 de diciembre de 2025, término que se
encuentra oportuno.
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26. Indicó que existe un riesgo grave e inminente en vista de que las garantías de
cumplimiento derivadas de los contratos se encuentran próximas a vencerse y
afirmó que: “el 4 de septiembre de 2024 XM informó que la garantía correspondiente
a dicha vigencia ya había sido actualizada. No obstante, al serle solicitada copia de
la misma, XM se abstuvo de entregarla. Esta circunstancia, sumada a los reiterados
incumplimientos en que ha incurrido la empresa Air-e, configura un escenario de
alto riesgo que constituye un perjuicio irreparable para las Demandantes, al
encontrarse las garantías de pago en una etapa crítica cercana a su expiración”.
27. Asimismo, manifestó que, aunque XM justificó su omisión en la Circular Externa
No. 20241000001274 de 2024 de la SSPD, la demandante sostiene que las
circulares carecen de fuerza normativa para derogar, suspender o modificar
disposiciones provenientes de la autoridad que regula el sector energético (CREG).
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
28. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 14 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según
lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.
2. Objeto de la decisión
29. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 14 de noviembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró improcedente la acción
de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de XM S.A.
E.S.P. de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de
1997?
3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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30. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Los preceptos enunciados como incumplidos son normas aplicables con
fuerza material de ley o actos administrativos vigentes?
(iii) ¿Resulta procedente la acción de cumplimiento en el caso concreto?
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
31. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
32. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
33. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
34. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
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4. La constitución de la renuencia
35. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».
36. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.
37. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia»7.
38. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
39. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.
40. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.
41. En el caso concreto está acreditado que la parte actora, el 15 de septiembre de
2025, le solicitó XM S.A. E.S.P. el cumplimiento de los artículos 1 de la Resolución
CREG 157 de 2011 y 5 de la Resolución MME 40590 de 2019.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre
20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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42. Además, no se probó que la entidad hubiera dado respuesta a la solicitud; por
tanto, la Sala entenderá superado el requisito de renuencia.
5. De las causales de procedencia
43. Este mecanismo vela por hacer efectivo el acatamiento de normas con fuerza
material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u
omisión de la respectiva autoridad; por tanto, su finalidad es la observancia del
ordenamiento jurídico vigente.
44. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, la
acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de la norma o
acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante.
45. En el sub lite, las accionantes pretenden el acatamiento los artículos 1 de la
Resolución CREG 157 de 2011 y 5 de la Resolución MME 40590 de 2019, cuyo su
contenido es el siguiente:
ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente resolución se tendrán en
cuenta, además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en
las resoluciones vigentes de la CREG, las siguientes:
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC: dependencia del
Centro Nacional de Despacho de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994, encargada
del registro de fronteras comerciales y de los contratos de energía a largo plazo; de la
liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos, contratos y transacciones
y en general de todas las obligaciones que resulten por el intercambio de energía en la
bolsa, para generadores y comercializadores; de las subastas de obligaciones de
energía firme; de la aprobación y administración de garantías o mecanismos de
cubrimiento; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de
computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el
funcionamiento adecuado del sistema de intercambios comerciales, SIC.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Cargos por Uso de los SDL: son los cargos, expresados en pesos por kilovatio hora,
$/kWh, que remuneran los activos de uso de los sistemas de distribución local, SDL,
conforme a lo establecido en la regulación vigente.
Cargos por Uso de los STR: son los cargos, expresados en pesos por kilovatio hora,
$/kWh, que remuneran los activos de uso de los sistemas de transmisión regional, STR,
conforme a lo establecido en la regulación vigente.
Cargos por Uso del STN: son los cargos, expresados en pesos por kilovatio hora,
$/kWh, que remuneran los activos de uso del sistema de transmisión nacional, STN,
conforme a lo establecido en la regulación vigente.
Centro Nacional de Despacho, CND: dependencia encargada de la planeación,
supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación,
interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional, SIN, así como de la
supervisión de algunos recursos de distribución, teniendo como objetivo una operación
segura, confiable y económica, con sujeción a la reglamentación vigente y a los
Acuerdos del Consejo Nacional de Operación, CNO.
Equipo de Medida o Medidor: dispositivo destinado a la medición o registro del
consumo o de las transferencias de energía.
Facturación Mensual: proceso que adelantan el ASIC y el LAC para expedir la factura
comercial correspondiente al Mes anterior al Mes en que se emiten los documentos o
correspondiente a períodos anteriores a este.
Frontera Comercial: corresponde al punto de medición asociado al punto de conexión
entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de
transmisión nacional, STN, o a los sistemas de transmisión regional, STR, o a los
sistemas de distribución local, SDL, o entre diferentes niveles de tensión de un mismo
operador de red. Cada agente en el sistema puede tener una o más Fronteras
Comerciales.
Liquidador y Administrador de Cuentas, LAC: dependencia del Centro Nacional de
Despacho, de que tratan las leyes 142 y 143 de 1994, encargada de la liquidación y
administración de cuentas por los cargos por uso de las redes del SIN que le sean
asignadas y de calcular el ingreso regulado de los transmisores nacionales y de los
operadores de red, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la regulación
vigente.
Mes o mes calendario: para los efectos de esta resolución, se entiende por mes o
mes calendario cada uno de los doce meses de un año, con la totalidad de sus días.
Prestador de Última Instancia: agente seleccionado para realizar la actividad de
Comercialización de energía eléctrica cuando el prestador que ha sido escogido por un
Usuario no puede prestar el servicio por las causas definidas en la regulación.
Reclamación a la Facturación Mensual: documento mediante el cual un agente
presenta al ASIC o al LAC observaciones a la factura mensual o a los ajustes a la
facturación, con el fin de que se aclare, modifique o revoque.
Sistema de Medida o Sistema de Medición: conjunto de dispositivos destinados a la
medición y/o registro de las transferencias de energía, según lo dispuesto en el Código
de Medida.
Sistema de Transmisión Nacional, STN: es el sistema interconectado de transmisión
de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de compensación y
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, los
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Demandante: Eolos Energía S.A.S. E.S.P. en Liquidación y otra
Demandado: XM S.A. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-01673-01
transformadores con tensiones iguales o superiores a 220 kV en el lado de baja, y los
correspondientes módulos de conexión.
Sistema de Transmisión Regional, STR: sistema de transporte de energía eléctrica
compuesto por los activos de conexión del operador de red al STN y el conjunto de
líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el nivel de
tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno o más operadores
de red.
ARTÍCULO 5o. SEGUIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución
40678 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Teniendo en cuenta que la energía que
se asignará como resultado de la aplicación del mecanismo de que trata la presente
resolución contribuirá al cumplimiento de los objetivos de política establecidos en el
artículo 2.2.3.8.7.3 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 0570 de 2018,
la CREG podrá designar al ASIC como el administrador de la garantía de puesta en
operación de los proyectos de generación que resulten adjudicados en dicho
mecanismo, conforme al régimen y a la naturaleza jurídica que le aplica.
El ASIC u otra entidad especializada, podrá encargarse de las actividades que implican
la administración centralizada de los contratos y de las garantías, de acuerdo con lo
que defina el Ministerio de Minas y Energía para estos efectos. En este caso, todos los
agentes que resulten adjudicados con contratos mediante el proceso de que trata el
artículo 24 de la presente resolución, estarán obligados a aceptar regirse por el
mecanismo de administración centralizada de contratos y garantías, así como a cubrir
los costos que indique la entidad encargada de la administración centralizada. Dichos
costos deberán ser autorizados de manera previa por el Ministerio de Minas y Energía.
46. Si bien no se advierte que el acatamiento de lo pretendido por las actoras
establezca gastos a la Administración, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, se observa que la acción no supera los demás
requisitos de procedencia, como pasa a explicarse.
6. Caso concreto
47. Al verificar la respuesta otorgada por la entidad demandada, se advierte que, en
relación con los pagos del contrato suscrito entre la demandante y Air-E., la primera
debe atenerse a lo establecido en la circular externa del 27 de noviembre de 2024
No. 20241000001274, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
48. En todo caso, a pesar de que las accionantes invocaron una serie de normas
como supuestamente incumplidas, lo cierto es que, para la Sala, el problema gira
en torno a que la demandada no ha ejecutado la garantía de pago otorgada por Air-
E dado que, al ser esta última una sociedad intervenida por la SSPD, operó la
suspensión de los pagos previos a la toma de posesión, como consecuencia de la
aplicación de una circular con la cual la actora no está de acuerdo.
49. En efecto, este caso implica un debate jurídico para controvertir la legalidad y la
aplicación o no de la circular externa 20241000001274 del 27 de noviembre de
2024, que estableció los lineamientos a aplicar frente a la situación actual de los
contratos celebrados con empresas intervenidas. Al respecto, determinó que: “Una
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vez adoptada la medida de suspensión de pagos de las obligaciones causadas
hasta el momento de la toma de posesión, es decir, de las obligaciones pre-toma,
la empresa intervenida no podrá realizar el pago de las mismas, considerando que
dicha orden constituye una fuerza mayor originada de un acto de autoridad, que
además impide el reconocimiento de intereses hasta tanto la medida no sea
levantada”.
50. Además, busca la consecución de un interés particular y subjetivo que tiene su
origen en unos contratos de suministro de energía a largo plazo suscritos con las
demandantes. Así, para la Sala, lo que realmente se persigue es un control de
legalidad de tales actos y la modificación de su impacto económico en el esquema
regulatorio, aun cuando no se formule expresamente una pretensión indemnizatoria,
lo que desborda el objeto de la acción de cumplimiento.
51. En otras palabras, el problema jurídico que implica lo pretendido se trata de un
asunto que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues debe
ser objeto de pronunciamientos judiciales a través de los medios idóneos y eficaces
previstos por el ordenamiento jurídico para ese tipo de discusiones, esto es, el
medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según estime
pertinente la accionante contra las decisiones que suspendieron los pagos,
específicamente en el caso de AIR-E SAS E.S.P.
52. En efecto, este caso, no depende solo de la observancia de las disposiciones
que se invocaron, sino que conlleva a desvirtuar la presunción de legalidad que
reviste a los actos administrativos, lo cual implica invadir la órbita de las
competencias legales por parte del juez de cumplimiento y escapa al objeto de este
medio de control que, por demás tampoco es declarativo de derechos subjetivos.
53. De esta manera, para la Sala la demanda es improcedente9; de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Lo anterior, porque existen
otros mecanismos de defensa judicial a los cuales debió acudir en oportunidad y en
los que podía solicitar medidas especiales.
54. Como consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada ante la
improcedencia de la acción porque no se cumple el requisito de subsidiariedad, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
9 En este contexto, pueden consultarse como antecedentes próximos las sentencias de 25 de
septiembre de 2025, radicado: 25000-23-41-000-2025-01019-01 y la sentencia de 23 de octubre de
2025, radicado 08001-23-33-000-2025-00306-01, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Eolos Energía S.A.S. E.S.P. en Liquidación y otra
Demandado: XM S.A. E.S.P.
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de noviembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, de conformidad con las razones expuestas
en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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