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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00306-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00306-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 15 de septiembre de 2025 de la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico para declarar que operó la cosa juzgada parcial y confirmar la improcedencia de la acción en cuanto al artículo 2 de la Resolución CREG 19 de 2006 y el Anexo C de la Resolución CREG 24 de 1995, de acuerdo con lo explicado en esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00306-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de octubre de 2025

Demandante: Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P
Demandada: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00306-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: acción de cumplimiento
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00306-01
Demandante: Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P
Demandada: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Tema: revoca parcialmente; declara cosa juzgada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La sala decide la impugnación interpuesta por las autoridades demandadas contra
la sentencia de 15 de septiembre de 2025 de la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la sociedad Enfragen
Termoflores S.A.S E.S.P., por medio de su representante legal, demandó a la
sociedad XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. En la demanda se
formularon las siguientes pretensiones:

1. […] se le ordene a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en el artículo 5 de la Resolución CREG 116 de 1998 y en consecuencia, inicie
el programa de limitación de suministro en contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el
incumplimiento de las obligaciones que tiene con el MEM […]

2. […] se le ordene a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en el literal c) del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998 y en
consecuencia, inicie el programa de limitación de suministro en contra AIR-E
S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que tiene con el MEM
[…]

3. […] se le ordene a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en el artículo 10 de la Resolución CREG 19 de 2006 y en consecuencia, inicie
el programa de limitación de suministro en contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el
incumplimiento de las obligaciones que tiene con el MEM […]

4. […] se le ordene a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en el artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006, en
concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la misma Resolución y en
consecuencia, exija a AIR-E la entrega y actualización del esquema de
garantías de que trata el Anexo C de la Resolución CREG 24 de 1995 y la
Resolución CREG 19 de 2006 […]

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Demandante: Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P
Demandada: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00306-01

5. […] se le ordene a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en el artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006 y en
consecuencia, inicie el programa de limitación de suministro en contra AIR-E
S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que tiene con el MEM
[…]1.

2. Hechos

En resumen, la parte actora señaló que, con la intervención estatal sobre AIR-E, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD, ordenó la
toma de posesión para asegurar la continuidad del servicio, decisión que XM
invocaría después como razón para no activar medidas restrictivas en el mercado
eléctrico.

En ese contexto, pese a la intervención, AIR-E siguió operando en el Mercado de
Energía Mayorista y acumuló mora en la bolsa de energía y en otras obligaciones
del MEM, configurando, según la actora, las causales del artículo 5 de la
Resolución CREG 116 de 1998.

La demandante sostiene que correspondía a XM, en su calidad de Administrador
del Sistema de Intercambios Comerciales, iniciar de oficio el programa de limitación
de suministro y hacer efectivas las garantías constituidas por AIR-E, deber que no
se ha cumplido

XM justifica su inacción en la Circular Externa SSPD 20241000001314 del 13 de
diciembre de 2024, que exhorta a los agentes del mercado a abstenerse de iniciar
o continuar procesos de limitación de suministro respecto de empresas bajo toma
de posesión, por el riesgo que ello entraña para la continuidad del servicio.

Ante ello, el 24 de julio de 2025, la actora requirió formalmente a XM para que
cumpliera las normas que indicó en la demanda.

El 8 de agosto de 2025 (comunicación 202544015583-1), XM negó la solicitud, al
estimar improcedente iniciar limitación de suministro contra una empresa
intervenida por la SSPD.

3. Admisión de la demanda

En auto de 3 de septiembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda y ordenó notificar a la demandada. Según la
sentencia de primera instancia, XM, pese a ser notificada en debida forma, no se
opuso a la solicitud de cumplimiento.

1 Se transcribe tal cual consta en la demanda.

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4. Sentencia de primera instancia

En fallo de 15 de septiembre de 2025, la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró improcedente la acción de cumplimento por existir otro
mecanismo judicial idóneo para obtener el cumplimiento de las normas invocadas,
además indicó que no se acreditó perjuicio grave, inminente y urgente que
habilitara un pronunciamiento de fondo; precisó que las circulares de servicio sólo
son controlables cuando comportan decisiones con efectos jurídicos, y que, si son
meras orientaciones, quedan excluidas de dicho control.

5. Impugnación

La accionante, en síntesis, sostuvo que el fallo que declaró improcedente la acción
de cumplimiento es errado porque este es el medio idóneo y directo para hacer
efectivas las Resoluciones CREG 116/1998 y 19/2006 frente a XM, y no la nulidad
simple de la circular de la SSPD; alegó que la Circular SSPD 20241000001314
carece de jerarquía y competencia para suspender o modificar la regulación de la
CREG y no puede servir de excusa para que XM omita iniciar la limitación de
suministro y ejecutar garantías; advirtió que el Tribunal no resolvió de fondo todas
las pretensiones; afirmó que la inacción genera riesgo sistémico y perjuicio
irremediable para el MEM y los usuarios.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
15 de septiembre de 2025 de la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125,
150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm.
080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para
conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso
que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 15
de septiembre de 2025. Para lo anterior, la sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se configuró la cosa juzgada?

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3. Razones jurídicas de la decisión

La sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

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Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10
Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».

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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda escrito del 24 de
julio de 2025, en el que requirió que cumpliera las normas que indicó en la
demanda. La accionada emitió respuesta negativa al interés de la actora,
circunstancia que resulta suficiente para entender agotado el requisito de
procedibilidad en este caso.

3.4. Cosa juzgada

Se parte de que la cosa juzgada, en los términos del artículo 303 del CGP, impide
reabrir un debate ya decidido en sentencia ejecutoriada cuando concurren
identidad de objeto y de causa.

Tratándose de acción de cumplimiento no se exige identidad estricta del extremo
actor por su naturaleza pública. Bajo ese estándar, las pretensiones formuladas
frente a XM coinciden con las que resolvió esta Sección en segunda instancia en la
sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado: 25000-23-41-000-2025-01019-
01, M. P. Omar Joaquín Barreto Suárez, en la que se solicitó que la aquí accionada
active el programa de limitación de suministro por las causales del artículo 5 de la
Resolución CREG 116 de 1998, aplique el procedimiento previsto en esa
regulación y haga efectivas las garantías conforme a la Resolución CREG 19 de
2006, todo ello con fundamento en la mora de AIR-E dentro del MEM tras su
intervención y toma de posesión.

La causa petendi también es la misma: los mismos hechos y la misma razón
jurídica—deberes regulatorios de XM derivados de iguales artículos de las
resoluciones de la CREG y la discusión sobre el alcance impeditivo de la circular de
la SSPD frente a empresas intervenidas.

Con ese marco, el proceso que antecede y que fue resuelto por esta Sección, en
segunda instancia, zanjó el mismo conflicto objetivo y causa respecto de XM:
definió el alcance exigible de algunas de las normas invocadas y la imposibilidad de
dispensar, por esta vía, órdenes de limitación y ejecución de garantías en el
escenario fáctico y regulatorio planteado. Ejecutoriada esa decisión, se consolidó la
cosa juzgada parcial oponible frente a nuevas demandas que repliquen las mismas

15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00306-01

pretensiones y fundamentos contra el mismo obligado, aun cuando varíe el
accionante.

Ahora bien, en el asunto de la referencia y el decidido por la Sala el 25 de
septiembre de 2025 guardan relación en cuanto a la pretensión derivada del
cumplimiento normativo y a la demandada, pero lo cierto es que la cosa juzgada
debe ser parcial. Esto, por cuanto en la ocasión previa no se demando el
cumplimiento del artículo 2 de la Resolución CREG 19 de 2006 y el Anexo C de la
Resolución CREG 24 de 1995.

En consecuencia, se revocará parcialmente la decisión del a quo y se declarará
que operó la institución jurídica de la cosa juzgada parcial y se continuará con el
estudio de procedencia en cuanto a las disposiciones que no guardan identidad con
el caso ya resuelto por esta Sala el 25.9.25.

3.5. Procedencia de la acción

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, la acción
de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de la norma o
acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante.

La Sala advierte que, más allá del cumplimiento del artículo 2 de la Resolución
CREG 19 de 2006 y el Anexo C de la Resolución CREG 24 de 1995, la discusión
propuesta por la demandante implica debatir la legalidad de la Resolución MME
40307 del 5 de agosto de 2024, por medio de la cual se adoptaron medidas
transitorias para garantizar la prestación del servicio público y se dispuso la
suspensión de los programas de limitación de suministro de energía; las
Resoluciones MME 40359 del 30 de agosto de 2024 y MME 40409 del 30 de
septiembre de 2024, que prorrogaron la medida; además, en aplicación de lo
establecido en la circular externa 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024.

Para la Sala, el problema gira en torno a que la demandada no ha adelantado el
procedimiento para la imposición de programas de limitación de suministro para
agentes morosos, específicamente en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P., como
consecuencia de la aplicación de una circular con la cual la actora no está de
acuerdo.

En efecto, este caso implica un debate jurídico para controvertir la legalidad y la
aplicación o no de la circular externa 20241000001314 del 13 de diciembre de
2024, que estableció lineamientos básicos en relación con los procesos de
limitación de suministro en prestadores de servicios públicos de energía eléctrica
en toma de posesión y la posibilidad de ser aplicada o no en el caso concreto, así
como lo establecido en la Resolución MME 40307 del 5 de agosto de 2024;
además, busca la consecución de un interés particular y subjetivo, asuntos que

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Demandante: Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P
Demandada: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00306-01

escapan al objeto de esta acción constitucional. Además no se alegó desde la
presentación de la demanda la ocurrencia de un perjuicio irremediable y tampoco
se advierte su configuración.

Como consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada ante la
improcedencia de la acción por subsidiariedad respecto de las disposiciones que
no se vieron afectadas por la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 15 de septiembre de 2025 de la
Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico para declarar que operó la cosa
juzgada parcial y confirmar la improcedencia de la acción en cuanto al artículo 2 de
la Resolución CREG 19 de 2006 y el Anexo C de la Resolución CREG 24 de 1995,
de acuerdo con lo explicado en esta sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con permiso
Magistrado

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