Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-02130-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-02130-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-02130-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-02130-01
Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA
S.A.S. – CANAL TRECE
Temas: Publicidad de la actividad contractual de las entidades
exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Modifica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 2 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
La demanda fue admitida en providencia del 26 de enero de 20265 y el recurso
de apelación fue concedido mediante auto del 19 de marzo del 2026. Por lo
anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado
de Derecho presentó demanda contra el Canal Regional de Televisión
Teveandina S.A.S. – Canal Trece (Teveandina S.A.S.), con el fin de obtener el
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada
al Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S. – Canal Trece y le comunicó la decisión al
Ministerio Público.
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Accionante: Fundación para el Estado de Derecho
Accionado: Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S. –
Canal Trece
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cumplimiento de lo previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 20226.
2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a la accionada cumplir con el
deber de publicar «toda la actividad contractual» en la plataforma del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).
1.2. Posición de la parte demandante
3. La fundación explicó que Teveandina S.A.S. es una sociedad constituida
entre entidades públicas, que tiene el carácter de entidad descentralizada
indirecta perteneciente al orden Nacional. A su vez, señaló que los contratos que
celebra se rigen por las reglas del derecho privado y, por lo tanto, se encuentran
exceptuados del Estatuto General de Contratación.
4. Afirmó que Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular Única Externa
No. 002 del 23 de agosto de 2024, reiteró la obligación legal de las entidades
estatales que cuentan con régimen de contratación excepcional y especial, de
publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el SECOP
II.
5. Mencionó que, el 24 de noviembre de 2025, presentó requerimiento ante
la sociedad accionada, en el que puso de presente que, al consultar dicha
plataforma y la página web de la sociedad, evidenció que no ha publicado su
actividad contractual tal como lo exige la norma. Sin embargo, resaltó que, a la
fecha, Teveandina S.A.S. no le ha dado respuesta.
6. Como consecuencia, y en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
promovió la presente acción en la que solicitó el cumplimiento material de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, dado que, al consultar la plataforma, no se observa que
le haya dado publicidad a los documentos que integran su actividad contractual.
1.3. Posición de la parte demandada
7. TEVEANDINA S.A.S. solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, ya que la norma objeto de cumplimiento no contiene un mandato legal
claro, expreso y exigible, dado que no establece de manera taxativa y detallada
el listado de documentos de deben publicarse.
8. A su vez, afirmó que realiza la publicación de su contratación por diversos
medios, incluyendo la plataforma SECOP ll. Además, explicó que existen
documentos contractuales que, por su naturaleza comercial y estratégica, se
encuentran amparados por las causales de reserva legal, lo que impide su
divulgación.
6«Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos».
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9. Por su parte, el Ministerio Público señaló que no existe un mandato
imperativo para la accionada de publicar su información contractual, dado que es
se trata de una empresa Industrial y comercial del Estado, sujeta a un régimen
legal especial. Por lo tanto, la parte demandante no demostró el incumplimiento
de las normas invocadas.
1.4. Fallo de primera instancia
10. En sentencia del 2 de marzo de 2025, la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones
de la demanda. En ese sentido, declaró el incumplimiento de Teveandina S.A.S.
en acatar lo previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
11. Por lo anterior, ordenó lo siguiente:
SEGUNDO: ORDENAR al gerente general de TEVEANDINA, que en el término
de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, publique
en la plataforma SECOP II la totalidad de la actividad contractual de la entidad,
en todas sus etapas, desde el 18 de julio de 2022 inclusive, e incluya todos los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratistas,
contratantes, supervisores o interventores, salvo aquellos con reserva legal
caso en el cual deberá explicar las razones que lo sustentan.
12. Concluyó que Teveandina S.A.S. incumplió con su deber legal, debido a
que, al consultar la plataforma SECOP ll, en contratos, cuyo plazo de ejecución
ya finalizó, no reposan los soportes de liquidación del contrato, informes de
supervisión, actas de recibido de bienes y servicios, entre otros documentos.
13. A su vez, precisó que, de conformidad con la sentencia del 11 de diciembre
del 2025 dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado7, la orden de
publicación no incluye documentos que ostenten el carácter de reservado.
1.5. Impugnación
14. La parte accionada señaló que el a quo incurrió en una imprecisión, debido
a que, contrario a lo señalado en la sentencia, sí atendió el requerimiento
realizado por Fedederecho el 24 de noviembre de 2025, razón por la cual «no se
encuentra en renuencia».
15. Por otra parte, consideró que el periodo otorgado en el fallo desconoce la
realidad de la entidad, debido a que la plata de personal está conformada por 23
personas, circunstancia que no le permite cumplir con tal obligación.
16. Por último, remitió links de diversos contratos, con los que pretende
acreditar que sí ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
7 Identificada con el radicado 5000-23-41-000-2025-01392-01.
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II. CONSIDERACIONES
17. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró el
incumplimiento de Teveandina S.A.S. en acatar lo previsto el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, y, en
consecuencia, le ordenará que, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la sentencia, proceda a publicar en el
SECOP II toda su actividad contractual. Para ello, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la constitución en renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento y, iii) el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
2.1. Caso concreto
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del accionado
18. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento8.
19. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»9. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
20. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia a
Teveandina S.A.S. En efecto, el 24 de noviembre de 2025 le solicitó que diera
cumplimiento a lo previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. En consecuencia, pidió que le de publicidad
a toda su actividad contractual en la plataforma SECOP ll.
21. Por otra parte, se evidenció que, el 18 de diciembre de 2025, Teveandina
S.A.S. dio respuesta a la solicitud. En ella le indicó que la entidad es una empresa
industrial y comercial del Estado, organizada como una sociedad entre diferentes
8 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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entidades públicas y con carácter de entidad descentralizada indirecta del orden
nacional.
22. A su vez, señaló que reconoce la vigencia y obligatoriedad de la
disposición cuyo cumplimiento le fue solicitado. Sin embargo, resaltó que, debido
a su objeto social, se encuentra en un entorno competitivo, por lo que el deber
debe armonizarse con la protección de la libre competencia, la información
sensible y la facultad de reserva legal.
23. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
24. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)10.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
25. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
5
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26. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por las siguientes razones:
27. Primero, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley.
28. Segundo, el mandato está radicado en cabeza de una autoridad. Lo
anterior, dado que Teveandina S.A.S es una entidad pública descentralizada
indirecta que cuenta con un régimen contractual exceptuado del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con sus
estatutos11. En ese orden, está legitimada para ser demandada en ejercicio de la
acción de cumplimiento, con el fin de analizar el acatamiento de lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022.
29. Tercero, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que las
pretensiones de la parte accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la referida disposición legal.
30. Cuarto, la norma que contiene el deber cuyo cumplimiento se exige se
encuentra actualmente vigente, en la medida en que no ha sido derogada,
modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
31. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido es que la demandada haga la publicación de
los contratos y documentos que los integren.
32. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
es procedente.
2.1.3. La norma sub examine contiene un mandato imperativo e inobjetable
que ha sido incumplido por Teveandina
33. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal.
11
https://www.teveandina.gov.co/uploads/file_uploads/ESTATUTOS_CANAL_REGIONAL_DE_TELE
VISION_TEVEANDINA_SAS.pdf
6
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En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP II- o la plataforma transaccional que haga sus
veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en
la contractual y la postcontractual.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo
de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo
a lo aquí establecido.
34. La norma establece una obligación en cabeza de las «entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública» de aplicar, en
desarrollo de su régimen contractual, los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal. En consecuencia, dichas entidades deben publicar los
documentos relacionados con su actividad contractual —es decir, los
documentos descritos en el inciso segundo de dicho precepto— en el SECOP II.
Por lo demás, la norma consagró un régimen de transición de 6 meses contado
desde su promulgación.
35. Al respecto, la Sala de Consunta y Servicio Civil12 de esta Corporación
refirió que, en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el legislador, sin desconocer
la naturaleza de los contratos celebrados por entidades exceptuadas del régimen
general de contratación estatal, estableció los límites de su autonomía y les
impuso el deber de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
36. Sostuvo que «es intención expresa del Legislador la de sujetar su
actividad contractual a unos mínimos del Derecho administrativo por la
preponderancia de los intereses públicos que finalmente desarrollan y para
precaver la arbitrariedad, el subjetivismo, la improvisación, los sobrecostos, etc.
(con fundamento en el preámbulo y en los artículos 2º, 123 inciso 2º y 209 de la
C.P), privilegiando así la transparencia y la selección objetiva en su contratación,
aun cuando ellas se sirvan de herramientas, mecanismos e institutos del Derecho
privado como estrategia y medios para favorecer y beneficiar la eficiencia en la
gestión».
37. Para la Sala, entonces, la norma antes descrita sí contiene un deber legal
susceptible de ser exigido mediante la acción de cumplimiento. Así lo ha
reconocido esta Sección en las decisiones identificadas con los radicados 25000-
23-41-000-2024-01213-00/01, 25000-23-41-000-2024-01906-00/01, 25000-23-
41-000-2024-01938-00/01, 25000-23-41-000-2024-01876-01- En estos casos,
se estudió el incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en el caso de entidades exceptuadas
del régimen de contratación, a saber: la UNGRD, la Fiduprevisora S.A., Satena
S.A., Ecopetrol S.A. y Fiducoldex.
12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Civil, radicado No, 11001-03-06-000-2017-00058-00.
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38. La referida obligación también le es exigible a Teveandina S.A.S., dado
que, como se señaló previamente, es una entidad pública descentralizada
indirecta del orden Nacional, exceptuada del Estatuto General de Contratación13.
39. En tales términos, le corresponde a la entidad demandada publicar su
actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP), según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 202214. En consecuencia, tiene la
obligación de publicar los documentos, contratos, actos e información generada
por oferentes, contratista, contratante, o interventor, tanto en la etapa
precontractual, como en la contractual y la postcontractual. Este deber es
actualmente exigible, comoquiera que ya culminó el periodo transición previsto
en la ley.
40. Al verificar la página web del SECOP ll15, la Sala advierte que, si bien
existen múltiples publicaciones por parte de la entidad, en su mayoría los
contratos aparecen en estado de «presentación de oferta», como se observa a
continuación:
41. Sin embargo, tras seleccionar la opción de «Detalle» para consultar la
información de cada uno de los procesos contractuales, se evidencia que, en su
mayoría, ya han sido finalizados, y, a pesar de ello, solo es posible conocer
órdenes de compra, sin que se advierta la publicación de documentos relativos a
la etapa a la etapa precontractual y poscontractual, como se evidencia a
continuación:
13 «ESTATUTOS CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S. (…) Artículo 52.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. La Sociedad Canal Regional de Televisión
TEVEANDINA S.A.S., en las actividades propias de su objeto social se rige por las normas de
contratación ordinarias del Derecho Privado, Civil y Comercial». (Énfasis de la Sala)
14 Al respecto, la Circular Externa Única de 2023, expedida por Colombia Compra Eficiente, indica
que «la fiduciaria que actúe como vocero de los patrimonios autónomos, en calidad de
contratante, debe publicar la información oficial de la contratación derivada en el SECOP I o II
mediante una cuenta de entidad compradora en los módulos de “régimen especial”. En este caso
Colombia Compra Eficiente recomienda que se cree una cuenta por patrimonio autónomo con la
información correspondiente de la fiduciaria en su calidad de vocero».
15https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa
nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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42. La consulta al SECOP ll también evidencia que la información publicada
por la sociedad accionada no incluye los «documentos, contratos, actos e
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual».
43. Por ende, resulta suficiente concluir que, con base en la información que
reposa en SECOP ll, Teveandina S.A.S. no ha cumplido a cabalidad con el
mandato imperativo que le impone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, sin que se advierta que la
referida ley excluye a la sociedad accionada del cumplimiento de dicho deber de
publicidad.
44. Ahora bien, la Sala reconoce que, tal como lo advirtió la demandada, los
documentos contractuales pueden contener información reservada o
confidencial, respecto de la cual no es exigible su publicación. Así mismo,
reconoce que Teveandina S.A.S. es quien está en capacidad de determinar, en
principio, si se configura o no una causal de reserva respecto de los documentos
que integran cada contrato. Por tanto, las objeciones puedan presentarse frente
a la reserva deberán estudiarse caso a caso; análisis que, por demás, escapa de
la competencia del juez de cumplimiento.
45. Ahora bien, al respecto se reitera que las causales de reserva son
taxativas y de interpretación restrictiva. Por tanto, estas no pueden ser alegadas
de forma general, bajo un argumento universal acerca de la actividad comercial
de la empresa. Luego, corresponde a Teveandina S.A.S. analizar en cada caso
la procedencia de la reserva, para lo cual deberá ceñirse a lo dispuesto en la Ley
1712 de 201416.
46. Por último, en atención a la manifestación hecha por la demandada en el
escrito de impugnación relacionada al plazo que le otorgó el juez de primera
instancia para cumplir con el mandato, esta Sección modificará la decisión de
primera instancia y, en su lugar, le ordenará a Teveandina S.A.S. que, en el
16 En particular, ver el Título III “EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN”.
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Canal Trece
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término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, dé cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, salvo en los casos en los que se configure
una causal de reserva.
47. Lo anterior, por considerar que es un periodo razonable para que la entidad
cumpla con el mandato.
2.2. Conclusión
48. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, le ordenará le ordenará a Teveandina S.A.S. que, en el término de
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé
cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, y, en consecuencia, publique toda su actividad
contractual, salvo en los casos en los que se configure una causal de reserva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la Sala confirmará la sentencia proferida el 2 de marzo
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C. En su lugar, se ORDENA al Canal Regional de Televisión
Teveandina S.A.S. – Canal Trece que, en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022,
y, en consecuencia, publique toda su actividad contractual, salvo en los casos en
los que se configure una causal de reserva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Fundación para el Estado de Derecho
Accionado: Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S. –
Canal Trece
Radicación: 25000-23-41-000-2025-02130-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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