Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-01876-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de abril de 2025
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandados: Fondo Nacional de Turismo y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01876-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01876-01
Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: FONDO NACIONAL DE TURISMO Y OTRO
Tema: Modifica sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 19 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado
de Derecho presentó demanda contra el Fondo Nacional de Turismo (en
adelante, FONTUR) y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (en
adelante, FIDUCOLDEX), con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 20221.
2. Como consecuencia, solicitó que se le ordene a la accionada cumplir con
el deber de publicar «toda la actividad contractual» en la plataforma del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).
2. Hechos relevantes
3. El actor explicó que FONTUR es un patrimonio autónomo que se
encuentra sometido al régimen de derecho privado y tiene como función dirigir
los recursos públicos asignados para la infraestructura turística. Su
administración está en cabeza de la fiduciaria FIDUCOLDEX.
1«Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos».
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandados: Fondo Nacional de Turismo y otro
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4. Sostuvo que la actividad contractual de FONTUR está exceptuada del
Estatuto General de Contratación Pública, por lo tanto, se rige por las reglas del
derecho privado.
5. Precisó que Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular Única
Externa No. 002 del 23 de agosto de 2024, reiteró la obligación legal de las
entidades estatales que cuentan con régimen de contratación especial y
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
de publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el
SECOP II.
6. Mencionó que, el 27 de agosto de 2024, presentó requerimiento ante las
accionadas, en el que puso de presente que, al consultar dicha plataforma,
evidenció que, desde julio de 2022 a agosto de 2024, FONTUR no ha publicado
la totalidad de los documentos contractuales exigidos por la norma.
7. FONTUR dio respuesta a la solicitud el 17 de septiembre de 2024, en la
que le indicó que el régimen legal aplicable a los negocios jurídicos que celebra
son las normas del derecho privado, y, en consecuencia, su régimen de
contratación es el civil y mercantil.
8. Señaló que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195 de 2022, no le resulta aplicable, pues la disposición se refiere
al deber de las entidades públicas que por disposición legal cuenten con un
régimen contractual excepcional del Estatuto General de Contratación Pública,
naturaleza jurídica que, en ninguna circunstancia, corresponde a la del patrimonio
autónomo.
9. Como consecuencia, y en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
promovió la presente acción en la que solicitó el cumplimiento material de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, dado que, al consultar la plataforma, no se observa que
le haya dado publicidad a la totalidad de los documentos que integran la actividad
contractual de FONTUR.
3. Actuaciones procesales en primera instancia
10. Mediante providencia del 8 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca admitió la demanda. En consecuencia, ordenó
notificar FIDUCOLDEX y FONTUR como accionados y les concedió el término
de 3 días para intervenir en el proceso.
3.1. FIDUCOLDEX Y FONTUR
11. El apoderado judicial de FIDUCOLDEX, en virtud del poder conferido por
la representante legal de la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo FONTUR, solicitó negar la acción de
cumplimiento. Refirió que FONTUR y FIDUCOLDEX no pueden ser objeto de la
acción de cumplimiento instaurada, debido a que no son entidades estatales.
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12. Indicó que el SECOP ll no está habilitado para las contrataciones que
realiza FONTUR, pues las modalidades de contratación pública establecidas en
la Ley 1150 de 2007 difieren de las del Manual de Contratación de FONTUR, ya
que se rigen por las normas del derecho privado.
13. Sostuvo que obligar a FIDUCOLDEX y FONTUR a usar dicho sistema,
generaría costos adicionales como la contratación de personal, capacitación y
modificación de contratos, lo que no es exigible para entidades de derecho
privado. Señaló que las leyes 1558 de 2012 y 2294 de 2023, ratifican el carácter
de patrimonio autónomo de FONTUR.
14. Finalmente, puso de presente que FIDUCOLDEX carece de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que funge únicamente como vocera y
administradora de FONTUR, razón por la cual, las acciones o relaciones jurídicas
en las que se vea inmerso el patrimonio autónomo, no le son atribuibles.
4. Fallo de primera instancia
15. En sentencia del 19 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, accedió a las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, declaró el incumplimiento de FONTUR y
FIDUCOLDEX en acatar lo previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
16. Por lo anterior, ordenó lo siguiente:
SEGUNDO.- ORDENAR a FONTUR y a FIDUCOLDEX, deber que se asigna en
cabeza de sus respectivos Directores o Jefes de entidad quienes tienen la
obligación de cumplir, que procedan a la publicación de la totalidad de la actividad
contractual, en todas sus etapas, que se haya realizado desde el 27 de agosto
de 2024 inclusive, con cargo a los recursos de FONTUR y FIDUCOLDEX, que
incluyan todos los documentos, contratos, actos e información generada por
oferentes, contratistas, contratantes, supervisores o interventores, tanto en la
etapa precontractual, como en la contractual y la poscontractual; deben hacer en
un término máximo e improrrogable de cuatro (4) meses en la plataforma
SECOP II, tal como lo ordenan las disposiciones incumplidas, sin más dilaciones;
y también deben proceder a la publicación inmediata en la misma forma que se
acaba de ordenar, de toda la actividad contractual en todas sus etapas, que
realicen a partir de la fecha de notificación de esta sentencia.
17. Concluyó que las accionadas son entidades estatales y que, si bien se
rigen por las normas del derecho privado, su naturaleza jurídica les impone
obligaciones en materia de publicidad y transparencia. En consecuencia, sus
procesos de contratación deben ser publicados en la plataforma SECOP ll.
6. Impugnación
18. La parte demandada indicó que el tribunal desconoció la naturaleza
jurídica del patrimonio autónomo, debido a que FONTUR no es una entidad
estatal. Asimismo, refirió que no tomó en consideración el principio de
separabilidad patrimonial de los patrimonios autónomos, de conformidad con el
artículo 1233 del Código de Comercio.
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19. Por otra parte, sostuvo que se omitió analizar el manual de contratación
de FONTUR, ya que en este se refleja la imposibilidad de dar cumplimiento al
mandato legal, pues aplica procedimientos y etapas diferentes a las previstas en
la plataforma SECOP ll.
20. No obstante, resaltó que FONTUR ha venido publicando los negocios
jurídicos que ha suscrito desde el 1 de enero de 2020 en el referido sistema, en
cumplimiento de la Circular Externa No. 1 de 2019 proferida por Colombia
Compra Eficiente, en la que se indicó que, a partir del 1 de enero de 2020, las
«entidades» relacionadas en ella deberán gestionar en SECOP ll los procesos de
contratación con ESALES (Decreto 092 de 2017), cuyo anexo 1 hizo referencia
expresa FONTUR.
21. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, y
de manera subsidiaria, que se modifique el fallo de primera instancia en el sentido
de indicar que la publicación ordenada se debe realizar en el módulo publicitario.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la parte accionada contra la sentencia del 19 de febrero de 2025, proferida por el
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de
la Ley 1437 de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última disposición establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
23. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
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(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
25. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
2.3. De la renuencia
26. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de este7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
28. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).
29. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, mencione, de forma explícita y expresa, que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393
de 1997 no lo prevé así Por ello, basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.
32. Descendiendo al caso concreto, esta colegiatura comienza por señalar
que está acreditado que, el 27 de agosto de 2024, la parte actora le solicitó a
FONTUR y FIDUCOLDEX que diera cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. En particular,
reclamó el cumplimiento del deber de publicidad de los contratos suscritos por
FONTUR. Lo anterior, debido a que, en el periodo de búsqueda desde 2022 a
agosto de 2024, al entrar al SECOP II, se advierte que no ha publicado la totalidad
de los documentos contractuales en los negocios jurídicos celebrados, para lo
cual se refirió a «documentos, contratos, actos e información generada por
oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa
precontractual, como en la contractual y la postcontractual».
33. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
34. A su vez, FONTUR dio respuesta a la solicitud el 17 de septiembre de
2024. En esta le indicó a la fundación accionante que el régimen legal aplicable
a los negocios jurídicos que celebra son las normas del derecho privado, y, en
consecuencia, su régimen de contratación es el civil y mercantil.
35. Pese a que no obra prueba de la respuesta de FIDUCOLDEX frente a la
petición radicada por la parte demandante, se evidencia que se cumplió con el
requisito de procedibilidad de la demanda, dado que la Fundación para el Estado
11Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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de Derecho acreditó la remisión del requerimiento a las accionadas y la respuesta
de FONTUR es contraria al querer del extremo activo. Por lo anterior, se entiende
agotada la constitución en renuencia prevista en el artículo 8 de la Ley 393 de
1997.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
36. La Fundación para el Estado de Derecho solicitó el cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022. Para el accionante, de acuerdo con estas normas, FONTUR, cuya
administración y vocería está a cargo de FIDUCOLDEX, tiene del deber de
publicar toda su actividad contractual en la plataforma SECOP II.
37. La parte actora señaló que dicho deber ha sido incumplido por las
accionadas, dado que no aparecen registros de la totalidad de la documentación
contractual sobre los negocios celebrados por FONTUR, conforme lo establece
el inciso segundo del artículo 13 de la referida Ley. Agregó que esta obligación
fue reconocida por Colombia Compra Eficiente, en la Circular Única Externa No.
002 de 23 de agosto de 2024.
38. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción, por las siguientes razones:
39. Primero, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley. En efecto, la
Fundación para el Estado de Derecho interpuso la acción que se estudia en esta
oportunidad para exigir el cumplimiento del deber contenido en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
40. Segundo, se satisface el presupuesto de que el mandato que se solicita
atender esté radicado en cabeza de la autoridad o del particular en ejercicio de
funciones públicas. Lo anterior, porque expresamente dicha obligación fue
atribuida a FONTUR, administrado por la entidad estatal FIDUCOLDEX, ya que
es un patrimonio autónomo que cuenta con un régimen contractual exceptuado
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por las
siguientes razones:
41. El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dispuso que, para efectos del Estatuto
General de Contratación Pública, se denominan entidades estatales, ente otras,
a las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación
superior al 50%. A su vez, los artículos 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007
establecieron que las sociedades de economía mixta con participación estatal
mayoritaria y los contratos que celebren los establecimientos de crédito público,
estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 13 ibidem, norma cuyo
cumplimiento se reclama por esta vía.
42. El artículo 2 de los Estatutos Sociales de FIDUCOLDEX12 dispone que
esta una sociedad comercial, anónima, de economía mixta indirecta del orden
nacional, y vinculada al Ministerio de Comercio Exterior. En su composición
12Consagrados en las siguientes escrituras públicas: (i) No. 6088 del 3 de junio de 2014, (ii) No.
1058 del 27 de mayo de 2016, y (iii) No. 1229 del 9 de mayo de 2019.
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accionaria, el Banco de Comercio Exterior S.A. (en adelante, Bancóldex) tiene
una participación del 89,6 %13. Esta entidad bancaria es, a su vez, una sociedad
anónima de economía mixta del ordena nacional, organizada como
establecimiento de crédito bancario, y vinculada al Ministerio de Comercio
Exterior, de conformidad con el artículo 2.4.13.1.1. de la Ley 2505 de 199114.
43. Por su parte, FONTUR es un patrimonio autónomo del Ministerio de
Industria y Turismo, sin personería jurídica, «regido por normas de derecho
privado, con la función de administrar los recursos señalados en los artículos 1°
y 8° de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto General
de la Nación para la infraestructura turística, promoción y la competitividad
turística, el recaudo del impuesto al turismo, la contribución parafiscal para la
promoción del turismo y las demás fuentes de recursos que señale la ley»15. Este
fondo es administrado por FIDUCOLDEX, en virtud del contrato de fiducia
mercantil No. 137 de 2013, celebrado entre la sociedad fiduciaria y Bancóldex.
44. Asimismo, el Manual de Contratación de FONTUR dispuso como uno de
los principios orientadores de las etapas precontractules, contractuales y
poscontractuales, el deber de publicidad. Al respecto, señaló lo siguiente:
I. PUBLICIDAD: FONTUR promoverá la participación de todos los interesados en
los procesos de contratación; para tal efecto, dependiendo de la modalidad de
contratación, naturaleza, cuantía y objeto del proceso, publicará en su página
web y en el SECOP, como entidad con régimen especial, los procesos de
contratación que adelante.
45. Finalmente, frente al régimen aplicable a las actuaciones contractuales, el
referido Manual dispuso que serán de obligatoria aplicación los principios de la
función administrativa y de la gestión fiscal, tales como transparencia, moralidad,
economía, publicidad, entre otros. En concordancia lo anterior, refirió las leyes
que deberán tenerse en cuenta para la aplicación del manual, entre las cuales
identificó a la Ley 1150 de 2007, artículos 13 y 18, «en lo que resulte aplicable».
46. En ese orden, FIDUCOLDEX, como vocera y administradora de FONTUR,
está legitimada para ser demandada en ejercicio de la acción de cumplimiento,
con el fin de analizar el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
47. Tercero, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad. Las
pretensiones de la fundación accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la obligación establecida.
13Al respecto, ver https://www.fiducoldex.com.co/accionistas.
14ARTÍCULO 2.4.13.1.1 NATURALEZA JURIDICA. Incorporado en el Decreto 663 de 1993,
EOSF, bajo el artículo 279. El Banco de Comercio Exterior, creado por el artículo 21 de la Ley 7a
de 1991, es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada como
establecimiento de crédito bancario, y vinculada al Ministerio de Comercio Exterior.
15 Ley 2294 de 2023, artículo 307.
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48. Cuarto, la norma que contiene el deber cuyo cumplimiento se exige se
encuentra actualmente vigente, en la medida en que no ha sido derogada,
modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
49. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido es que la demandada haga la publicación
completa de los contratos y documentos que los integren.
50. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
en procedente.
2.5 Caso en concreto
51. Corresponde a la Sala determinar si FIDUCOLDEX, como vocera y
administradora de FONTUR, ha incumplido lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
52. Para resolver lo anterior, es necesario analizar el contenido del precepto
que se alega como desacatado, los elementos de convicción que forman parte
del expediente, de ser el caso, la exigencia de los mandatos y posteriormente,
realizar unas consideraciones finales.
53. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal.
En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP II- o la plataforma transaccional que haga sus
veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en
la contractual y la postcontractual.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo
de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo
a lo aquí establecido.
54. La norma establece una obligación en cabeza de las «entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública» de aplicar, en
desarrollo de su régimen contractual, los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal. En consecuencia, dichas entidades deben publicar los
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documentos relacionados con su actividad contractual —es decir, los
documentos descritos en el inciso segundo de dicho precepto— en el SECOP II.
Por lo demás, la norma consagró un régimen de transición de 6 meses contado
desde su promulgación.
55. Al respecto, la Sala de Consunta y Servicio Civil16 de esta Corporación
refirió que, en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el legislador, sin desconocer
la naturaleza de los contratos celebrados por entidades exceptuadas del régimen
general de contratación estatal, estableció los límites de su autonomía y les
impuso el deber de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
56. Sostuvo que «es intención expresa del Legislador la de sujetar su actividad
contractual a unos mínimos del Derecho administrativo por la preponderancia de
los intereses públicos que finalmente desarrollan y para precaver la arbitrariedad,
el subjetivismo, la improvisación, los sobrecostos, etc. (con fundamento en el
preámbulo y en los artículos 2º, 123 inciso 2º y 209 de la C.P), privilegiando así
la transparencia y la selección objetiva en su contratación, aun cuando ellas se
sirvan de herramientas, mecanismos e institutos del Derecho privado como
estrategia y medios para favorecer y beneficiar la eficiencia en la gestión».
57. Para la Sala, entonces, la norma antes descrita sí contiene un deber legal
susceptible de ser exigido mediante la acción de cumplimiento. Así lo ha
reconocido esta Sección en las decisiones identificadas con los radicados 25000-
23-41-000-2024-01213-00/01, 25000-23-41-000-2024-01906-00/01, 25000-23-
41-000-2024-01938-00/01. En estos casos, se estudió el incumplimiento del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022, en el caso de entidades exceptuadas del régimen de contratación, a
saber: la UNGRD, la Fiduprevisora S.A., Satena S.A. y Ecopetrol S.A.
58. La referida obligación le es exigible a FIDUCOLDEX, como vocera y
administradora de FONTUR. Como se señaló previamente, FONTUR es un
patrimonio autónomo que tiene la función de gestionar los recursos del fondo de
la promoción turística, cuya administración y vocería se encuentra a cargo de
FIDUCOLDEX, sociedad anónima de economía mixta indirecta del orden
nacional, y vinculada al Ministerio de Comercio Exterior.
59. En tales términos, le corresponde a FIDUCOLDEX, en calidad de vocera
y administradora de FONTUR, publicar la actividad contractual de FONTUR en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), según lo establecido
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 202217. En consecuencia, tiene la obligación de publicar los documentos,
contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante,
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Civil, radicado No, 11001-03-06-000-2017-00058-00.
17 Al respecto, la Circular Externa Única de 2023, expedida por Colombia Compra Eficiente, indica
que «la fiduciaria que actúe como vocero de los patrimonios autónomos, en calidad de
contratante, debe publicar la información oficial de la contratación derivada en el SECOP I o II
mediante una cuenta de entidad compradora en los módulos de “régimen especial”. En este caso
Colombia Compra Eficiente recomienda que se cree una cuenta por patrimonio autónomo con la
información correspondiente de la fiduciaria en su calidad de vocero».
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supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual
y la postcontractual. Este deber es actualmente exigible, comoquiera que ya
culminó el periodo transición previsto en la ley.
60. En el caso concreto, se discute el incumplimiento parcial de la referida
obligación por de FONTUR, administrada por FIDUCOLDEX. Para la parte
actora, aun cuando FONTUR publica sus procesos contractuales, no lo hace en
los términos señalados en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, es decir, no carga en el SECOP II los «documentos, contratos, actos e
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual».
61. Al verificar la página web del SECOP ll18, la Sala advierte que, si bien
existen múltiples publicaciones por parte de la entidad desde el 2022, en su
mayoría los contratos aparecen en estado de «presentación de oferta», como se
observa a continuación:
62. Tras consultar la opción de «Detalle» para verificar la información de cada
uno de los procesos contractuales, se evidencia que, en su mayoría, ya han sido
finalizados, y, a pesar de ello, solo es posible conocer órdenes de compra, sin
que se advierta la publicación de documentos relativos a la etapa precontractual
y poscontractual, como se evidencia a continuación:
18https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa
nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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63. Lo anterior evidencia que, en efecto, en los procesos contractuales que
FONTUR ha cargado al SECOP II, la información publicada no refleja la actividad
contractual. Ciertamente, más allá de la publicación de la minuta contractual, no
existe mayor información acerca del estado del proceso contractual y sus etapas.
64. La consulta al SECOP ll también evidencia que la información publicada
por FONTUR no incluye los «documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto
en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual».
65. Al respecto, la Sala no desconoce que el régimen contractual de FONTUR
es del derecho privado. Sin embargo, como se señala en su propio Manual de
Contratación, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2011, modificado por la Ley 2195
de 2022, le es exigible «en lo que resulte aplicable», sin condicionar la publicación
de su actividad contractual en el «módulo publicitario». De allí que, aunque es
posible que no todos los documentos contractuales que señala la norma
necesariamente correspondan a la gestión contractual del fondo, de ello no se
sigue que la entidad quede sustraída de la obligación sub examine. En otras
palabras, FIDUCOLDEX, como vocera y administradora de FONTUR, deberá
cumplir con el referido mandato, en aquello que le resulte aplicable y en el módulo
que corresponda de manera completa, pues, se reitera, su cumplimiento ha sido
parcial.
66. Por ende, resulta suficiente concluir que, con base en la información que
reposa en SECOP ll, FONTUR, cuya administración y vocería es ejercida por
FIDUCOLDEX, no ha cumplido a cabalidad con el mandato imperativo que le
impone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022, sin que se advierta que la referida ley excluye al patrimonio
autónomo del cumplimiento de dicho deber de publicidad.
67. Ahora bien, la Sala reconoce que los documentos contractuales pueden
contener información reservada o confidencial, respecto de la cual no es exigible
su publicación. Así mismo, reconoce que FONTUR y FIDUCOLDEX son quienes
están en capacidad de determinar, en principio, si se configura o no una causal
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de reserva respecto de los documentos que integran cada contrato. En esos
casos, deberán ceñirse a lo dispuesto en la Ley 1712 de 201419.
2.6. Conclusión
68. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia
proferida el 19 de febrero de 2025, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, que accedió a las
pretensiones de la demanda, y, en su lugar, le ordenará a FIDUCOLDEX que, en
calidad de vocera y administradora de FONTUR, en el término de cuatro (4)
meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022, salvo en los casos en los que se configure una causal de reserva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de febrero de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, en
el sentido de ORDENAR a FIDUCOLDEX, en calidad de vocera y administradora
de FONTUR, que, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, salvo en los casos
en los que se configure una causal de reserva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
19 En particular, ver el Título III “EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN”.
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Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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