Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00162-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00162-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2026-00162-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00162-01
Accionante: NUBIA CRISTINA SALAS SALAS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Regulación del trabajo en casa para funcionarios de la
Rama Judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 4 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
La demanda fue admitida en providencia del 5 de febrero de 20265 y el recurso
de apelación fue concedido mediante auto del 16 de abril del 2026. Por lo anterior,
procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de
1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Nubia Cristina
Salas Salas presentó demanda contra el Consejo Superior de la Judicatura con
el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 de la Ley 2088
de 2021 y el 8.8 de la Ley 1437 de 2011.
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada
al Consejo Superior de la Judicatura y ordenó la comunicación del proceso a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
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2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a la entidad demandada
suministrar la información completa de la regulación de trabajo en casa para
trabajadores de la Rama Judicial, que expida su reglamentación y que señale el
plazo dentro del cual puede presentar opiniones, sugerencias y propuestas
alternativas.
1.2. Posición de la parte demandante
3. La accionante explicó que el 12 de mayo del 2021 se expidió la Ley 2088
del 2021, por medio de la cual se reguló el trabajo en casa. Señaló que dicha ley
le impone a las entidades públicas la obligación de determinar los procedimientos
para la implementación del trabajo en casa.
4. Sin embargo, refirió que, han pasado más de cuatro años desde la
expedición de la mencionada ley sin que el Consejo Superior de la Judicatura
expida el respectivo procedimiento.
5. Por lo anterior, mencionó que el 26 de junio del 2025 presentó
requerimiento ante la entidad accionada, en el que solicitó el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 2088 de 2021, con el fin de que defina el
procedimiento para la implementación del trabajo en casa de los trabajadores de
la Rama Judicial.
6. Luego, el 18 de noviembre del 2025, remitió un nuevo memorial en el que
solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley
1437 del 2011, «en torno a la reglamentación de la modalidad de trabajo en casa
que, según la información entregada por la vicepresidenta en el Oficio PCSJO25-
615 del 11 de julio del 2025, se presentará a la corporación para su análisis, en
el mes de septiembre de los concursantes».
1.3. Posición de la parte demandada
7. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare
improcedente la acción de cumplimiento, debido a que las normas invocadas por
la parte accionante no contienen un mandato claro, expreso e imperativo
susceptible de ser exigible mediante la presente acción.
8. Al respecto, señaló que el artículo 9 de la Ley 2088 de 2021 no consagró
un deber automático de implementación del trabajo en casa ya que únicamente
regula las condiciones aplicables en caso de habilitar dicha modalidad. En ese
sentido, refirió que se trata de una disposición que estructura un marco normativo
«de eventual aplicación».
9. Sobre el artículo 8.8 de la Ley 1437 del 2011, consideró que no impone un
deber «abstracto» de publicación de cualquier actuación interna o estudio
preliminar, sino que se refiere a proyectos específicos de regulación.
10. Por lo anterior, sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia
decantada del Consejo de Estado, la acción de cumplimiento no procede cuando
la norma invocada consagra facultades, competencias o atribuciones, cuyo
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ejercicio se encuentra condicionado a valoraciones técnicas, jurídicas o
presupuestales.
11. Por otra parte, consideró que las normas tampoco fijan parámetros
temporales objetivos que permitan determinar cuándo un documento en
elaboración adquiere la condición de «proyecto» susceptible de divulgación.
12. A su vez, puso de presente que la corporación ha venido adelantando un
proceso técnico, gradual y documentado orientado a evaluar la viabilidad y
condiciones de una eventual reglamentación del trabajo, puesto que ha realizado
los estudios técnicos requeridos para la eventual regulación del trabajo en casa.
1.4. Fallo de primera instancia
13. En sentencia del 4 de marzo de 2025, la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró el incumplimiento del
Consejo Superior de la Judicatura de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 2088
de 2021.
14. Por lo anterior, ordenó lo siguiente:
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, cuya obligación de
cumplir se radica en cabeza de sus seis Magistrados, que dentro de los tres (3)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, proceda a expedir el
procedimiento tendiente a la implementación del Trabajo en Casa, que ordena el
artículo 9, Ley 2088 de 2021.
15. Concluyó que la mencionada disposición contiene un deber de carácter
directo e inmediato, sin estar sujeto a reglamentación alguna. Señaló que, si bien
no se estipuló un plazo expreso para que se expida el procedimiento, sostuvo
que han transcurrido más de cinco años sin que la entidad demandada lo hubiese
adoptado.
16. Respecto al artículo 8.8 de la Ley 1437 de 2011, señaló que si bien en la
sentencia del 26 de febrero del 20266, la Sección Quinta del Consejo de Estado
le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en adelante, dé cumplimiento
a dicho mandato, lo cierto es que en el caso sub examine dicho precedente no
resulta aplicable, en la medida de que el cumplimiento de dicho artículo pende
de la existencia de un «proyecto de implementación de trabajo en casa» y, en
esa medida, recalcó que «ese es el documento que se deberá publicar en su
momento».
17. Por lo anterior, ante la inexistencia de dicho escrito, consideró que no es
posible exigir su publicación.
1.5. Impugnación
6Proceso identificado con el radicado 70001-23-33-000-2025-00175-01.
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18. La parte accionada señaló que no existe la obligación a cargo de las
entidades públicas de adoptar el trabajo en casa. A su vez, consideró que la
providencia recurrida no realizó una interpretación sistemática de la normativa
que regula el trabajo en casa, pues, si bien el artículo 9 de la Ley 2088 de 2021
contempla un deber, este se encuentra condicionado a que la entidad
previamente determine que va a implementar la modalidad de trabajo en casa
para los funcionarios que laboren en la Rama Judicial.
19. En ese sentido, refirió que el artículo 1 ibidem, al definir el trabajo en casa
como una habilitación para desempeñar temporalmente las funciones fuera del
sitio habitual de trabajo, refleja que se trata de una figura excepcional que puede
ser utilizada por las entidades cuando las circunstancias del servicio lo ameriten.
20. A su vez, resaltó que el artículo 2.2.37.1.3 del Decreto 1662 de 2021
dispuso que entidad que «pretenda» habilitar el trabajo en casa deberá hacerlo
a través de un acto administrativo, comunicado o memorando motivado. Por lo
anterior, indicó que no existe en el ordenamiento jurídico una obligación de
implementar dicha modalidad, puesto que depende de la voluntad institucional.
II. CONSIDERACIONES
21. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró el
incumplimiento del Consejo Superior de la Judicatura en acatar lo previsto en el
artículo 9 de la Ley 2088 de 2021 y, en su lugar, negará las pretensiones de la
demanda. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) la constitución en
renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y, iii) la
existencia de un mandato imperativo, expreso y exigible en cabeza de la entidad
demandada.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del accionado
22. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
23. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
7 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
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el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
24. En este caso está probado que la demandante constituyó en renuencia a
al Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, el 26 de junio del 2025, le solicitó
que diera cumplimiento al artículo 9 de Ley 2088 de 2021, con el fin de que defina
el procedimiento tendiente a regular el trabajo en casa de la totalidad de
servidores de la Rama Judicial.
25. Luego, el 18 de noviembre del 2025 le solicitó el cumplimiento del numeral
8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, «en torno al proyecto de reglamentación
de la modalidad de trabajo en casa».
26. A su vez, se evidenció que el 11 de julio del 2025, el Consejo Superior de
la Judicatura dio respuesta respecto del primer requerimiento. Al respecto, le
indicó que se encontraba realizando los estudios técnicos requeridos para
cumplir con el mandato legislativo, el cual incluye el análisis de antecedentes
relacionados con las recomendaciones de la ARL y casos de trabajo en casa por
condiciones de seguridad.
27. Señaló que la regulación de dicha modalidad se está desarrollando a partir
de criterios normativos, técnicos, ocupacionales y administrativos, con el
propósito de garantizar la prestación del servicio de la justicia cuando se generen
circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que le impidan a los
servidores ejercer sus funciones desde la sede judicial.
28. En ese sentido, «refirió que mediante el Acuerdo PCSJA24-12151 de
2024, reguló la modalidad de trabajo en casa en la Rama Judicial», la cual
permite a los servidores judiciales desempeñar sus funciones desde un lugar
distinto a la sede habitual de trabajo, mediante el uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones, y sin que ello implique una desnaturalización
de la función judicial ni del principio de presencialidad que rige el servicio de
justicia.
29. No obstante, resaltó que dicha modalidad podrá ser autorizada previa
solicitud del servidor judicial a través del aplicativo dispuesto por la corporación.
30. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
31. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
32. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
33. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por las siguientes razones:
34. Primero, las normas que se solicita acatar tienen rango de ley.
35. Segundo, los mandatos están radicados en cabeza de una autoridad
pública.
36. Tercero, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que las
pretensiones de la parte accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
las referidas disposiciones legales.
37. Cuarto, las normas que contiene el deber cuyo cumplimiento se exige se
encuentra actualmente vigente, en la medida en que no ha sido derogada,
modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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38. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido por la parte accionante es que la entidad
demandada realice un proyecto que regule la modalidad de trabajo en casa para
los servidores de la Rama Judicial y que se surta su respectiva publicación, con
el fin de que pueda presentar opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
39. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
es procedente.
2.1.3. El Consejo Superior de la Judicatura no incumplió el mandato
contenido en las normas invocadas por la parte demandante
40. El contenido de las disposiciones invocadas es el siguiente:
LEY 2088 DE 2021
"POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN CASA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
ARTÍCULO 9. Procedimientos necesarios para la implementación del
Trabajo en Casa. Previo a la implementación del trabajo en casa, toda empresa
y entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento tendiente a
proteger este derecho y garantizar a través de las capacitaciones a que haya
lugar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación -
TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda generar alguna
limitación al mismo.
Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus
trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa, y en dicha
comunicación, se indicará el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando
bajo esta habilitación.
LEY 1437 DE 2011
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”
ARTÍCULO 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán
mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en
el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los
medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por
correo, sobre los siguientes aspectos:
[…]
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán
presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso
la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general.
41. A juicio de la señora Nubia Cristina Salas Salas, el Consejo Superior de la
Judicatura incumplió los mandatos contenidos en los artículos 9 de la Ley 2088
de 2021 y 8.8 de la Ley 1437 de 2011, debido a que no ha expedido un proyecto
de regulación de la modalidad de trabajo en casa para los servidores de la Rama
Judicial, cuyo procedimiento de expedición garantice los principios de
participación y publicidad.
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42. En el presente asunto, si bien para la Sala es claro que del contenido de
las normas invocadas podría involucrar, prima facie, un mandato claro, expreso
y exigible, lo cierto es de dichas disposiciones únicamente resultan aplicables en
aquellos casos en los cuales, por decisión de la misma entidad nominadora, se
habilite la modalidad de trabajo en casa como una forma de prestación de servicio
en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, bajo la observancia de
los requisitos y procedimientos que se dispongan para tal fin.
43. Ello, de conformidad con el artículo 1 de Ley 2088 de 2021, que dispuso
lo siguiente:
ARTÍCULO 1. Objeto y campo de aplicación. La presente ley tiene por objeto
regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del
servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se
presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado
o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales
establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. (Énfasis de la Sala)
44. En ese sentido, la Sala advierte que las disposiciones invocadas no le
imponen a la entidad demandada el cumplimiento de un mandato imperativo
encaminado a reconocer o implementar el trabajo en casa de los servidores de
la Rama Judicial. Por el contrario, la Ley 2088 de 2021 se limita a regular las
condiciones y los procedimientos que deben observarse cuando dicha modalidad
ha sido previamente habilitada por el nominador.
45. En otras palabras, la Ley 2088 de 2021 no consagra un derecho al trabajo
en casa —y tampoco un deber correlativo de concederlo por parte de los
empleadores o entidades nominadoras—, sino que parte de la existencia de una
habilitación previa del nominador, quien es el encargado de determinar si autoriza
el ejercicio de las funciones bajo dicha modalidad.
46. A su vez, se evidencia que, si bien el Consejo Superior de la Judicatura no
ha habilitado el trabajo en casa para funcionarios de la Rama Judicial, sí habilitó
la modalidad de «teletrabajo» (diferente al trabajo en casa) en mediante el
Acuerdo 12024 del 14 de diciembre de 2022.
47. Por otra parte, resulta pertinente resaltar que mediante la sentencia del 26
de febrero del 202610, esta Sección estudió el contenido del mandato contenido
del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. En dicha oportunidad se precisó que la
norma exige la publicación previa de los proyectos de regulación.
48. En ese sentido, la Sala estima que, debido a que el Consejo Superior de
la Judicatura no ha incumplido con dicho mandato, en la medida en que no ha
habilitado la modalidad de trabajo en casa y, en ese orden, no existe un proyecto
regulatorio que deba publicar.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2026. Radicado num.
70001-23-33-000-2025-00175-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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49. Por lo anterior, la Sala considera que Consejo Superior de la Judicatura
no incumplió las normas invocadas por la parte demandante, puesto que el
artículo 9 de la Ley 2088 de 2021 pende de una habilitación previa de la
modalidad de trabajo en casa, que, a la fecha, no ha sido habilitado por la entidad
demandada y, respecto del contenido del artículo 8.8. la Ley 1437 de 201, no le
resulta aplicable, en la medida en que no existe un proyecto regulatorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 4 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, y, en
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por la señora Nubia
Cristina Salas Salas contra el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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