Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2025-00175-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de febrero de 2026
Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 70001-23-33-000-2025-00175-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00175-01
Demandante: DANIEL EDUARDO ROMERO VITOLA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionada contra la
sentencia del 15 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Daniel Eduardo Romero Vitola, actuando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra del Consejo Superior de la Judicatura en la que
pretende se dé cumplimiento al numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).
Conforme lo anterior, a título de pretensión, solicita que se declare el
incumplimiento, por parte de la autoridad accionada del deber previsto en la norma
solicitada en cumplimiento, consistente en publicar previamente los proyectos
específicos de regulación y permitir la participación ciudadana en su trámite.
Asimismo, solicita que se disponga la adopción e implementación de un mecanismo
para la publicación previa de los proyectos normativos y la recepción y registro
público de observaciones ciudadanas; que se ordene modificar el Acuerdo PSAA16-
10556 de 2016 para incorporar expresamente el procedimiento interno
correspondiente; y que se requiera a la entidad la remisión de un informe detallado
sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del citado deber legal.
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1.2. Hechos
El accionante señala que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus
competencias reglamentarias, ha venido expidiendo acuerdos sobre materias de su
resorte sin someter previamente sus proyectos a publicación ni permitir la
participación ciudadana, en los términos previstos en el artículo 8, numeral 8, del
CPACA. Afirma que, en algunos casos, la entidad se ha limitado a publicar el acto
ya adoptado en la página web institucional o en la Gaceta de la Rama Judicial, sin
habilitar un espacio previo para observaciones.
Con fundamento en lo anterior, el 15 de septiembre de 2025 el actor elevó petición
ante la demandada, solicitando el cumplimiento del deber consagrado en el artículo
8, numeral 8, del CPACA, en el sentido de garantizar la publicación previa de los
proyectos de acuerdos de carácter general y abstracto y la participación ciudadana
correspondiente.
Mediante oficio PCSJO25-928 del 29 de septiembre de 2025, el Consejo Superior
de la Judicatura dio respuesta a la solicitud. En dicha contestación explicó que
algunos de los acuerdos que expide constituyen actos administrativos de carácter
general con contenido normativo o regulatorio y, por tanto, están sometidos al deber
de publicidad previsto en la norma citada. No obstante, precisó que, según la
interpretación del Consejo de Estado, la obligación contenida en el numeral 8 del
artículo 8 del CPACA no se predica de todo tipo de acto administrativo general, sino
únicamente de aquellos con contenido normativo o regulatorio, excluyéndose los
actos de contenido particular, aquellos que gocen de reserva legal y los eventos en
que exista ley especial sobre la materia.
En cuanto al cumplimiento solicitado, la entidad manifestó que actualmente dispone
de un enlace destacado en la página principal del portal institucional, el cual redirige
a una sección en la que se publican proyectos específicos de acuerdos de
regulación con el fin de recibir comentarios, en observancia de los principios de
publicidad, transparencia y participación, concluyendo que con ello acata lo
dispuesto en la norma invocada.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
El accionante sostuvo que, con posterioridad a la respuesta contenida en el oficio
PCSJO25-928 del 29 de septiembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió nuevos acuerdos de carácter general y contenido regulatorio, como los
Acuerdos PCSJA25-12349 de 18 de noviembre de 2025 y PCSJA25-12350 de 20
de noviembre de 2025, sin que sus proyectos hubiesen sido publicados previamente
ni sometidos a participación ciudadana, en los términos del artículo 8, numeral 8, de
la Ley 1437 de 2011.
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Afirmó que los proyectos de tales acuerdos no fueron divulgados en el enlace
institucional destinado a la publicación de proyectos normativos ni en la sección de
noticias del portal web. Tampoco se señaló plazo para la presentación de
observaciones ni se dejó constancia pública de intervenciones ciudadanas, lo que,
a su juicio, evidencia la persistencia en el incumplimiento del deber legal invocado.
Alegó que esta omisión vulnera los principios de transparencia, publicidad y
participación ciudadana, al impedir que los ciudadanos intervengan en la definición
de reglas relacionadas con la carrera judicial, las condiciones de trabajo de los
servidores judiciales y otros aspectos relevantes del servicio público de
administración de justicia.
Finalmente, sostuvo que la acción de cumplimiento resulta procedente por cuanto
no existe otro mecanismo judicial idóneo para obtener la observancia general y
permanente del deber previsto en el artículo 8, numeral 8, del CPACA. Refirió que
la acción de nulidad contra actos específicos no garantiza el cumplimiento general
y permanente del deber de publicidad, y que la acción de tutela no constituye el
medio principal, dado que no se trata de la protección directa de derechos
fundamentales.
1.4. Admisión, notificación e intervenciones
Por auto del 24 de noviembre de 20251, e Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo Sucre admitió la acción de cumplimiento y ordenó la notificación de
la entidad demandada2. Realizadas las notificaciones correspondientes, se recibió
la siguiente intervención:
1.4.1 Consejo Superior de la Judicatura
La entidad demandada explicó que el numeral 8 del artículo 8 del CPACA establece
un deber de publicación previa únicamente respecto de proyectos específicos de
regulación, mas no frente a todos los actos administrativos de carácter general.
En tal sentido y en relación con los acuerdos citados por el actor como ejemplo de
incumplimiento, indicó que su carácter general no implica, por sí mismo, que
estuvieran sujetos a publicación previa, y que la obligación legal solo opera cuando
el acto constituye efectivamente un proyecto específico de regulación.
Refirió que el numeral 8 del artículo 8 del CPACA no resulta aplicable a actos de
trámite, organizativos internos, decisiones operativas, actos sometidos a reserva o
1 Índice 3 de Samai – cuaderno de primera instancia.
2 Notificación enviada a los correos electrónicos deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co
saladmconsecsucre@cendoj.ramajudicial.gov.co. Índice 8 de Samai – cuaderno de primera
instancia.
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a ley especial, ni a aquellos que, por razones de urgencia, deban expedirse de
manera inmediata para garantizar la continuidad del servicio público.
Argumentó que la acción de cumplimiento no procede cuando el deber invocado
exige interpretación de la norma que lo contiene. Lo anterior, tal como ocurre en el
caso de estudio en el cual la disposición normativa alude a «proyectos específicos
de regulación» sin definir expresamente su alcance, lo que impide predicar la
existencia de un mandato claro, expreso e inobjetable cuya ejecución pueda
imponerse por esta vía.
Adicionalmente, afirmó que varias pretensiones desbordan el contenido del
mandato legal invocado, en la medida en que buscan la adopción de un esquema
general y permanente de publicación previa y la modificación del reglamento interno
de la Corporación para incorporar reglas abstractas sobre divulgación y
participación, lo cual no corresponde al cumplimiento de un deber concreto previsto
en la ley, sino a la definición judicial de un procedimiento administrativo general no
contemplado por el legislador.
Finalmente, indicó que, conforme se explicó en el oficio PCSJO25-928 del 29 de
septiembre de 2025, la Corporación sí ha publicado proyectos normativos cuando
su contenido regulatorio así lo exige, habilitando espacios de consulta pública y
recepción de observaciones. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción y,
subsidiariamente, negar las pretensiones, al considerar que no se acreditó
incumplimiento del numeral 8 del artículo 8 del CPACA.
1.5. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 15 de enero de 2026,
declaró el incumplimiento parcial de la norma solicitada en cumplimiento por parte
del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, le ordenó que, dentro de
los 8 días siguientes a la notificación del fallo, publicara los Acuerdos PCSJA25-
12349 de 18 de noviembre de 2025 y PCSJA25-12350 de 20 de noviembre de 2025,
y que presentara un informe detallado sobre las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a lo ordenado y sobre la forma en que, en adelante, garantizaría la
observancia del deber legal.
El Tribunal consideró que, si bien la disposición invocada no define expresamente
qué debe entenderse por proyectos específicos de regulación, su contenido y
alcance han sido delimitados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, lo que dota al mandato de la claridad suficiente para efectos de su
exigibilidad.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que el incumplimiento solo se acreditó
respecto de los dos acuerdos antes mencionados, los cuales no fueron publicados
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previamente en el espacio institucional dispuesto para tal fin, ni sometidos a
participación ciudadana antes de su expedición.
En relación con las demás pretensiones, el Tribunal las declaró improcedentes, al
estimar que excedían el ámbito propio de la acción de cumplimiento, en tanto
buscaban la imposición judicial de procedimientos internos que corresponden al
ámbito de la autonomía reglamentaria de la autoridad demandada.
La anterior decisión se notificó mediante correo electrónico remitido a las partes el
20 de enero de 20263.
1.6. Impugnación4
La accionada, en su escrito de impugnación, sostuvo que la providencia recurrida
incurre en contradicción al reconocer que el numeral 8 del artículo 8 del CPACA no
consagra un mandato claro, expreso e inobjetable por la falta de definición del
concepto de «proyecto específico de regulación» y, pese a ello, fundamentar la
decisión en una interpretación judicial apoyada en un concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para delimitar el alcance de la
disposición.
Alega que los conceptos de dicha Sala no tienen carácter vinculante, por lo que no
pueden suplir la ausencia de precisión normativa del precepto invocado ni
convertirlo en un deber exigible por esta vía. En ese sentido, afirma que la acción
de cumplimiento no es el mecanismo idóneo cuando la determinación del deber
exige interpretación, definición conceptual o valoración normativa.
Sostiene que el fallo no realizó un análisis concreto del contenido de los acuerdos
PCSJA25-12349 de 18 de noviembre de 2025 y PCSJA25-12350 de 20 de
noviembre de 2025, ni explicó por qué estos debían calificarse como proyectos
específicos de regulación. Asimismo, reprochó que la decisión desconoce el
principio de congruencia y el derecho de defensa, en la medida en que se profirió
una orden respecto de estos actos específicos que no fueron objeto de las
pretensiones.
Por otra parte, cuestionó la orden impartida de publicar los acuerdos en la página
oficial, al considerar que estos ya fueron expedidos y se encuentran produciendo
efectos jurídicos, por lo que no constituyen proyectos normativos susceptibles de
publicación previa. Afirmó que la orden resulta jurídicamente imposible de cumplir
si se entiende en el marco del numeral 8 del artículo 8 del CPACA, pues implicaría
exigir una publicación anterior a la expedición de actos ya vigentes. Añadió que el
juez de cumplimiento no puede retrotraer, condicionar ni dejar sin efectos actos
administrativos.
3 Índice 14 expediente digital – cuaderno de primera instancia.
4 Índice 15 expediente digital – cuaderno de primera instancia.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de
la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 5, y el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 15
de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento. Con tal fin, deberá
absolverse la siguiente pregunta:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:
(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del numeral
8°, artículo 8 de la Ley 1437 de 2011?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii)
procedencia de la acción de cumplimiento y (iv) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1 de la Ley 393 de 1997 precisa que
«Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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actos administrativos».
Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional6:
[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica,
e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)7.
b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
6 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en
la demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Consejo Superior de la Judicatura.
En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con
ésta, se tiene que, el 15 de septiembre de 2025, el señor Romero Vitola, en conjunto
con otras personas, radicó ante la autoridad accionada escrito en el cual requirió el
cumplimiento del numeral 8° del artículo 8 del CPACA en los siguientes términos:
8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
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1. Dar cumplimiento inmediato y efectivo al artículo 8, numeral 8, de la Ley 1437 de
2011.
2. Para ello, establecer o hacer pública la existencia de un mecanismo claro y
accesible (por ejemplo, una sección visible en su página web oficial y comunicación
por canales oficiales como redes sociales y correos institucionales) donde se
publiquen de manera oportuna y actualizada todos los proyectos específicos de
regulación que su entidad esté considerando, junto con la información que los
fundamente, así como una plataforma ágil y sencilla que permita adjuntar las
intervenciones.
[…]
De esta radicación, la parte actora aportó la siguiente constancia:
Al anterior requerimiento la entidad accionada dio respuesta mediante oficio
PCSJO25-928 del 29 de septiembre de 2025. El Consejo Superior de la Judicatura
negó que estuviera incumpliendo el mandato legal, toda vez que cumplía con la
publicidad de los proyectos específicos de regulación al tenor de lo establecido en
la norma invocada.
Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de procedibilidad,
según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
2.3.3. Caso concreto
2.3.3.1. De la procedencia de la acción
Para determinar si la demanda de cumplimiento promovida es procedente a la luz
de la Ley 393 de 1997, es necesario traer de presente las pretensiones formuladas
por el accionante.
En asunto bajo estudio, el señor Romero Vitolo persigue que se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura acatar lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del
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CPACA. De manera consecuente, solicitó que se impartiera una orden dirigida a
que la entidad cumpla, de manera integral y permanente, con la obligación de
publicación previa allí prevista frente a todos los proyectos de contenido regulatorio
que pretenda expedir.
De igual manera, requirió que se disponga la adopción e implementación de un
mecanismo claro para la publicación previa de los proyectos normativos y para la
recepción y registro público de observaciones ciudadanas; que se ordene la
modificación del Acuerdo PSAA16-10556 de 2016 con el fin de incorporar
expresamente el procedimiento interno correspondiente; y que se exija a la
demandada la remisión de un informe detallado sobre las medidas adoptadas para
garantizar el cumplimiento del deber legal invocado.
Precisado lo anterior, como punto de partida se tiene que la disposición invocada
corresponde a una norma con fuerza material de ley, susceptible de ser exigida
mediante acción de cumplimiento, en los términos del artículo 1° de la Ley 393 de
1997. Asimismo, se trata de una norma vigente, pues no obra en el expediente
disposición posterior o decisión judicial que la haya retirado del ordenamiento
jurídico.
Ahora bien, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada. Al
respecto, resulta relevante precisar que no se advierte que el señor Romero Vitolo
esté cuestionando la validez de actos administrativos específicos por la supuesta
omisión del procedimiento de publicidad previsto en el artículo 8.8 del CPACA. En
realidad, aunque en la demanda se hace alusión a determinados acuerdos respecto
de los cuales, posiblemente, se habría presentado el desconocimiento del deber
legal, de la lectura integral del libelo introductorio se desprende que tales referencias
cumplen una finalidad argumentativa y ejemplificativa, orientada a ilustrar el
presunto incumplimiento de la entidad, mas no a promover un control de legalidad
de las decisiones adoptadas. De ello se sigue que lo pretendido por el actor es el
cumplimiento de una obligación legal, y no la apertura de un juicio de legalidad
propio de los medios de control contencioso administrativos.
En igual sentido, el debate aquí planteado no es susceptible de ventilarse a través
de la acción de tutela, en la medida en que no se observa comprometida la
protección directa e inmediata de derechos fundamentales. Así las cosas, el
accionante no solicita la salvaguarda de una garantía constitucional respecto de su
situación particular, eventualmente afectada por la omisión de publicidad; antes
bien, orienta su pretensión a obtener el cumplimiento general del procedimiento de
publicidad previsto en el artículo 8.8 del CPACA.
Finalmente, no se advierte que la observancia del mandato normativo invocado
conlleve para la parte demandada la realización de un gasto no presupuestado.
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Surtido el análisis de los requisitos de procedencia, la Sala concluye que la acción
de cumplimiento es el mecanismo idóneo para examinar lo perseguido por el
accionante. En ese sentido, no se comparten las conclusiones del a quo en cuanto
declaró la improcedencia parcial del medio de control por considerar que ciertas
pretensiones excedían el ámbito propio de la acción, particularmente aquellas
relacionadas con la adopción de mecanismos de publicidad de proyectos
regulatorios y la modificación del reglamento interno del Consejo Superior de la
Judicatura.
Este desacuerdo se funda en que la improcedencia declarada por el Tribunal
Administrativo de Sucre respecto de tales pedimentos no fue sustentada a partir de
las causales taxativas previstas en la Ley 393 de 1997 y desarrolladas de manera
reiterada por la jurisprudencia de esta Sección. De tal manera, atendida la
naturaleza cerrada de dichas causales y ante la falta de configuración de alguna de
ellas, corresponde al juez de cumplimiento adelantar el estudio de fondo, orientado
a determinar si existe un mandato imperativo, expreso e inobjetable, y si de su
contenido se desprenden las órdenes solicitadas por el actor.
2.3.3.2. Sobre la existencia de un mandato
Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción de cumplimiento es
que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera9:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
9Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-
2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»10.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si del numeral 8 del artículo
8 del CPACA se desprende un mandato imperativo, expreso e inobjetable. La norma
en cuestión dispone:
Artículo 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a
disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de
atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos
y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los
siguientes aspectos:
[…]
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el
efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones,
de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará
autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.
De la norma transcrita se extrae un deber de publicidad dirigido a todas las
autoridades administrativas que, a través de un procedimiento previo al ejercicio de
la potestad reglamentaria, persigue materializar los principios de transparencia,
publicidad y participación ciudadana.
En tal sentido, la disposición es clara al establecer que, en la etapa de formación de
sus decisiones administrativas, las autoridades deben: (i) informar al público los
proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten; (ii)
recibir, de cualquier persona, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas
respecto de tales proyectos; (iii) señalar el plazo dentro del cual podrán presentarse
dichas observaciones; y (iv) dejar registro público de los comentarios, sugerencias,
opiniones y propuestas alternativas formuladas por los particulares.
Al tenor del encabezado general del artículo 8 del CPACA, los proyectos específicos
de regulación, la información que los fundamenta, la indicación del término para
recibir observaciones y el registro de estas deben mantenerse a disposición del
público en el sitio de atención y en la página electrónica de la entidad. Asimismo, en
caso de requerirse, deberán suministrarse a través de los medios impresos y
electrónicos disponibles, así como por medio telefónico o por correo.
10 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del
Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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Ahora bien, la ley no especifica el plazo concreto en el que debe posibilitarse la
participación de los interesados ni el contenido detallado de la información
relacionada con los proyectos específicos de regulación. En consecuencia, estos
aspectos deben ser determinados por la entidad en cada caso concreto, ante la
ausencia de una reglamentación especial que le sea aplicable, como ocurre con el
Consejo Superior de la Judicatura, entidad que no se encuentra dentro del ámbito
de aplicación de los artículos 2.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1081 de 2015, que
regulan tales aspectos para las entidades de la Rama Ejecutiva.
Por otra parte, si bien la disposición emplea una expresión de carácter
indeterminado («proyectos específicos de regulación»), ello no desvirtúa el carácter
expreso e inobjetable del mandato, pues la norma es clara en asignar a todas las
autoridades el deber de surtir el procedimiento de publicidad previamente descrito.
En todo caso, corresponde al juez de cumplimiento precisar el alcance de dicha
expresión, en cuanto ello resulta necesario para garantizar la operatividad del
mandato normativo.
Esta facultad interpretativa la ostenta el juez constitucional, contrario a lo alegado
por la entidad demandada. En efecto, en la Sentencia C-1194 de 2001, referida por
el Consejo Superior de la Judicatura en su impugnación, la Corte Constitucional
precisó sobre el medio de control de la referencia:
De este modo, la acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de
deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto administrativo,
imperativo, inobjetable y expreso, y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del contenido
y alcance de algunos derechos que el particular espera que se le reconozcan.
Tampoco es un mecanismo para esclarecer simplemente el sentido que debe
dársele a ciertas disposiciones legales, pues a pesar de la legitimidad que asiste a
quien promueve todas estas causas, la acción de cumplimiento no resulta ser el
medio idóneo para abrir controversias interpretativas lo cual no obsta, claro está,
para que con el fin de exigir el cumplimiento de un deber omitido, el contenido y los
alcances del mismo sean ineludiblemente interpretados. (Subraya de la Sala).
Lo dicho por la Corte resulta plenamente aplicable al caso bajo estudio. La acción
de cumplimiento no se promueve con la mera finalidad de disipar dudas
interpretativas abstractas sobre la norma invocada; sin embargo, para verificar la
existencia de un deber omitido, es necesario dotar de contenido a la expresión
utilizada por el legislador, a efectos de determinar el alcance del mandato expreso,
imperativo e inobjetable que contiene. Lo anterior, en consonancia con lo sostenido
por esta Sección, en cuanto a que, incluso si el precepto normativo no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el juez constitucional puede ordenar su
cumplimiento si de este se desprende un mandato imperativo, expreso e inobjetable.
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En ese orden de ideas, corresponde a la Sala precisar a qué corresponde la
expresión «proyectos específicos de regulación» contenida en el numeral 8 del
artículo 8 del CPACA.
Al respecto, la Sala acoge la definición adoptada por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado en concepto del 14 de septiembre de 201611, en el cual
se indicó:
En consecuencia, la expresión ‘proyectos específicos de regulación’ hace referencia
a la propuesta de norma jurídica que pretende ser expedida por la autoridad
administrativa en un asunto o materia de su competencia. En otras palabras, cuando
la Ley 1437 de 2011 ordena publicar los proyectos específicos de regulación, debe
entenderse que está ordenando a las autoridades señaladas en el artículo 2º del
CPACA publicar los proyectos de actos administrativos de contenido general y
abstracto que piensa proferir.
Por lo tanto, el deber de publicidad contenido en el numeral 8º del artículo 8º es
exigible a las autoridades administrativas que pueden expedir actos administrativos
de contenido general y abstracto, y por consiguiente, no se encuentra limitado o
restringido únicamente a aquellas autoridades que tienen la posibilidad de expedir
normas de carácter técnico o de regulación económica-social.
Comparte la Sala estas consideraciones, en el sentido de que debe preferirse la
acepción amplia del término, comprensiva de todos los proyectos de actos
administrativos de contenido general y abstracto que la autoridad pretenda proferir,
y no únicamente de aquellos asociados a regulación técnica o económica-social.
Esta interpretación no solo se alinea con el modelo de democracia participativa
consagrado en la Constitución de 1991 y con los principios de transparencia y
seguridad jurídica, en cuanto permite la intervención activa de los ciudadanos en la
formación de las decisiones administrativas, sino que además armoniza con el
alcance general del artículo 8 del CPACA y con el ámbito de aplicación previsto en
el artículo 2 ibidem.
Pues bien, el deber de información al público consagrado en el artículo 8 no se
delimita a un grupo específico de autoridades, sino que se predica de todas las
autoridades en los términos del artículo 2 del CPACA, el cual dispone que las
normas de la Parte Primera del Código se aplican a los organismos y entidades que
conforman las ramas del poder público, a los órganos autónomos e independientes
y a los particulares que ejerzan funciones administrativas.
Dado que no todas estas autoridades tienen competencia para expedir
reglamentación técnica o regulación económica-social, pero sí pueden proferir actos
administrativos de contenido general y abstracto, resulta más acorde con una
interpretación sistemática concluir que la expresión «proyectos específicos de
11 Radicado 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291), C.P. Edgar González López.
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Radicado: 70001-23-33-000-2025-00175-01
regulación» se refiere al contenido normativo general y abstracto del acto
proyectado, y no a una categoría restringida de regulación sectorial.
Así lo advirtió la Sala de Consulta en el concepto citado, al señalar que el concepto
debe entenderse en su sentido general, esto es, como equivalente a contenido
normativo.
Definido el término, el deber contenido en el numeral 8 del artículo 8 del CPACA
implica entonces: (i) informar al público los proyectos de actos administrativos de
contenido general y abstracto y la información en que se fundamenten; (ii) recibir
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de cualquier persona; (iii) señalar
el plazo para su presentación; y (iv) dejar registro público de tales intervenciones.
Debe precisarse, además, que conforme al artículo 2 del CPACA, esta obligación
no se aplica a procedimientos militares o de policía que, por su naturaleza, requieran
decisiones de aplicación inmediata para preservar el orden público en los aspectos
allí señalados.
Precisado el alcance del mandato, observa la Sala que, revisado el micrositio del
Consejo Superior de la Judicatura, no reposa constancia de que se hubiera
publicado previamente el proyecto de los actos administrativos referidos en la
demanda, a saber: el Acuerdo PCSJA25-12349 de 18 de noviembre de 2025,
mediante el cual se modificó la regulación sobre los Comités Paritarios de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y el Acuerdo PCSJA25-12350 de 20 de
noviembre de 2025, por el cual se reglamentó el permiso especial previsto en el
inciso cuarto del artículo 139 de la Ley 270 de 1996.
Los anteriores, se tratan de actos de contenido general y abstracto que, en los
términos del artículo 8.8 del CPACA, debieron someterse al procedimiento de
publicidad previa allí previsto. Adicionalmente, tampoco se evidencia en el portal
institucional el registro público de observaciones ciudadanas respecto de tales
proyectos u otros.
Tal es el caso de otros actos administrativos de carácter general y abstracto
expedidos por la entidad demanda incluso de manera previa al envío del
requerimiento de cumplimiento del señor Romero Vitola. Ejemplo de ello es el
trámite que se dio al Acuerdo –CIRJA25-5 del 13 de marzo de 2025 «por el cual se
unifica, modifica y actualiza el reglamento de la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, de las Comisiones Seccionales Interinstitucionales y se dictan otras
disposiciones».
Si bien dicho acto fue publicado en el portal web del Consejo Superior de la
Judicatura, en la sección de «Acuerdos 2025», no se encuentra que el proyecto del
mismo se publicara en la sección de noticias, como se desprende de la consulta del
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histórico de publicaciones de enero, febrero y marzo del 2025. Tampoco consta el
registro de observaciones recibidas frente al proyecto.
Lo anterior permite corroborar que el Consejo Superior de la Judicatura no cumplió
cabalmente con las obligaciones que se desprenden del mandato contenido en el
numeral 8 del artículo 8 del CPACA. En consecuencia, se ordenará a la entidad
acatar en lo sucesivo el deber allí previsto, en las cuatro manifestaciones ya
precisadas.
No obstante, la Sala difiere de la decisión del a quo en cuanto ordenó publicar los
acuerdos ya expedidos. A este respecto, se advierte que la norma exige la
publicación previa de los proyectos, no de los actos definitivos. Así, el
incumplimiento respecto de tales acuerdos ya se materializó y, encontrándose estos
en firme, resultaría un contra sentido ordenar la publicación de sus proyectos con
fines participativos. En todo caso, no corresponde al juez de cumplimiento
pronunciarse sobre los eventuales efectos que la omisión sobre el procedimiento de
publicidad pueda tener. Por tal razón, se revocará la orden impartida por el Tribunal
Administrativo de Sucre en ese sentido.
De igual forma, se negarán las pretensiones dirigidas a que se ordene la adopción
de un mecanismo específico de publicación y la modificación del Acuerdo PSAA16-
10556 de 2016, pues del numeral 8 del artículo 8 del CPACA no se desprende la
obligación de adoptar procedimientos internos determinados ni de reformar
reglamentos para cumplir el deber legal, sino únicamente la de observar el
procedimiento de publicidad allí previsto.
Finalmente, también será revocada la orden de remitir un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir la sentencia, en la medida en que el accionante puede
acudir al incidente de desacato previsto en el artículo 29 de la Ley 393 de 1997 en
caso de incumplimiento de la orden judicial que se imparta.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, en cuanto declaró la improcedencia parcial de la
acción de cumplimiento y ordenó la publicación de los Acuerdos PCSJA25-12349
de 18 de noviembre de 2025 y PCSJA25-12350 de 20 de noviembre de 2025, así
como la remisión de un informe detallado sobre las medidas adoptadas para el
cumplimiento de dicha orden. En su lugar:
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Radicado: 70001-23-33-000-2025-00175-01
DECLARAR que el Consejo Superior de la Judicatura incumplió el deber
previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en adelante, dé
cumplimiento al deber contenido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437
de 2011, garantizando, respecto de los proyectos de actos administrativos de
contenido general y abstracto que pretenda proferir, (i) su publicación previa
junto con la información en que se fundamenten; (ii) la fijación de un plazo para
la presentación de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas; (iii) la
recepción de dichas intervenciones; y (iv) el registro público de las mismas, en
los términos señalados en la parte considerativa de esta providencia.
NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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