Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2026-00308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2026-00308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2026-00308-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
28 de mayo de 2026
Demandante: Clínica Medicentro Familiar I.P.S. SAS
Demandados: Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Rad: 25000-23-41-000-2026-00308-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00308-01
Accionante: CLÍNICA MEDICENTRO FAMILIAR I.P.S. S.A.S.
Accionado: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Temas: Auditoría integrales a reclamaciones presentadas para recobro
por la prestación de servicios médicos – reiteración
jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 26 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de
cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el representante
legal suplente de la Clínica Medicentro Familiar I.P.S. S.A.S. presentó demanda
contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en adelante ADRES, con el fin de obtener el acatamiento del
artículo 8.º de la Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
1.2. Pretensiones de la demanda
2. La parte actora solicitó:
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Demandante: Clínica Medicentro Familiar I.P.S. SAS
Demandados: Administradora de los Recursos
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Se acojan las consideraciones aquí expuestas teniendo en cuenta que el
procedimiento establecido en el artículo 8° de la Resolución 1236 de 2023 se
encuentra taxativa y perentoriamente establecida en dicho acto administrativo,
máxime si se tiene en cuenta el excesivo tiempo que prolongan las auditorias
integrales como bien se logró demostrar en el cuadro que se adjunta y con las
pruebas que se allegan con la presente acción constitucional.
2. Se ordene y garantice el cumplimiento de los términos establecidos en el artículo
8° de la Resolución 1236 de 2023, en tanto se ordene el cumplimiento efectivo del
acto administrativo en la presente acción constitucional de cumplimiento.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
3. La parte actora manifestó que ha presentado reclamaciones ante ADRES por
servicios de salud prestados, a las cuales se les debe dar el trámite previsto en el
artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023.
4. Precisó que, a pesar de que la norma determina unos términos claros,
expresos, taxativos y perentorios para cada proceso (dos meses para la
realización de la auditoría, dos meses para responder las glosas y un mes para
efectuar el pago una vez aprobada la reclamación), la entidad demandada no les
da cumplimiento pues las auditorías y respuestas a las glosas se han demorado
de seis a 12 meses para ser decididas.
5. Indicó que ha radicado cientos de reclamaciones entre los meses de octubre a
diciembre de 2025, en las cuales aparecen en estado “SIN REPORTAR
AUDITORIA ADRES”. Expresó que la mora o retrasos afectan de manera directa y
grave el flujo de caja de la I.P.S., compromete su sostenibilidad financiera y la
posibilidad de prestar una atención oportuna y adecuada a los pacientes.
1.4. Actuaciones procesales
6. Mediante proveído del 2 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la acción de
cumplimiento. Como consecuencia, ordenó la notificación de la ADRES.
1.5. Contestación de la demanda
7. La apoderada judicial de la ADRES, manifestó que esa entidad está adscrita al
Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente. Asimismo, señaló que, a
partir de su creación y entrada en funcionamiento se suprimió el Fondo de
Solidaridad y Garantía – FOSYGA y con este la Dirección de Administración de
Fondos de la Protección Social – DAFPS.
8. Explicó que la Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -
ECAT tiene por objeto «establecer las condiciones de cobertura, ejecución de
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recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y
pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes
de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de
Consejo de Administración del Fosyga».
9. Resaltó que el artículo 2.6.1.4.1. del Decreto 780 de 2016 estableció las
condiciones de cobertura, ejecución de recursos y aspectos complementarios para
el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos
derivados de un accidente de tránsito.
10. Precisó que el artículo 7 de la Resolución 1645 de 2016 dispuso el término en
el que las personas naturales y jurídicas pueden presentar sus reclamaciones.
Asimismo, que, el artículo 9 de la mencionada disposición estableció que toda
reclamación debe pasar las etapas de preradicación, radicación, auditoría integral,
la comunicación del resultado de la auditoría y finalmente el pago cuando haya
lugar. Relató en qué consiste cada una de las citadas etapas.
11. Finalmente, sostuvo que el presente mecanismo debe negarse porque la parte
demandante no aportó prueba que acredite la fecha cierta de radicación de las
reclamaciones, circunstancia que impide verificar el cómputo de los términos
invocados y, por ende, la configuración de un eventual incumplimiento.
1.6. Fallo de primera instancia
12. En sentencia del 6 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C declaró improcedente la acción de
cumplimiento, por cuanto los requisitos y procedimientos exigidos en la norma
demandada como incumplida no pueden ser desconocidos por parte de ADRES
en las etapas de reconocimiento y pago. Al respecto, agregó:
En este caso, la demandante puede acudir si lo estima pertinente y procede, al
procedimiento administrativo; se descarta la inminencia de un perjuicio grave, el cual
tampoco surge del expediente, pues la demandante indicó que se veía comprometida
su sostenibilidad financiera y la posibilidad de prestar una atención oportuna y
adecuada a los pacientes, pero no aportó prueba alguna de la cual se demuestre esa
situación, con lo que se desvirtúa la aplicación de la excepción legal.
1.7. Impugnación1
13. La parte actora impugnó la decisión, como argumentos sostuvo que el Tribunal
interpretó de manera errada lo pretendido en la acción de cumplimiento por
cuanto, en esta, se busca el cumplimiento del término perentorio de dos (2) meses
consagrados en acto administrativo para que se efectué la auditoria integral que
1 La sentencia del 16 de abril de 2026 fue notificada por correo electrónico el 22 de abril de 2026, y
el escrito de impugnación se radicó el 27 de abril de 2026, término que se encuentra oportuno.
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es indispensable dentro del proceso administrativo y financiero que lleva a cabo la
ADRES.
14. Así, sostuvo que el despacho desarrolló un sustento jurídico para determinar
que la pretensión de la acción de cumplimiento se fundamentaba en el cobro
dinerario de las facturas, argumentando que para dicho cobro existen mecanismos
judiciales distintos a la acción de cumplimiento.
15. Por tanto, consideró que el cobro de las facturas presentadas debía ejercerse
ante la ADRES mediante dichos mecanismos, no haciendo justicia con la
verdadera pretensión que fue aducida en la acción constitucional, consistente en
el cumplimiento de los términos establecidos en la ley.
16. Finalmente, reiteró que, con el material probatorio allegado al expediente se
evidencia de manera clara que la ADRES ha incurrido en una conducta renuente
frente a la realización de la auditoria integral, toda vez que las solicitudes
correspondientes fueron debidamente radicadas en el año 2025 y, pese al tiempo
transcurrido, a la fecha del año 2026 se evidencia que han transcurrido en la
mayoría de los casos más de seis (6) meses, sin que a la fecha exista
pronunciamiento alguno por parte de la entidad accionada continuando en estado
de AUDITORÍA SIN UNA DECISIÓN DE FONDO. Esta dilación injustificada se
corrobora con la imagen adjunta, en la cual se observa la persistencia de dicho
estado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
17. La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la Sentencia del 16 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, según lo
dispuesto en los artículos 1502 y 1523 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080
de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado4.
2 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del
recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
3 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
4 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2.2. Objeto de la decisión
18. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 16 de abril de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los
presupuestos de procedibilidad y procedencia de la acción de cumplimiento y, en
caso de superarse estos requisitos, deberá establecerse si en el presente caso la
ADRES se encuentran en la obligación de acatar la disposición legal indicada.
2.3. Generalidades de la acción de cumplimiento
19. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
20. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].
21. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
22. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
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dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
2.4. La constitución de la renuencia
23. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los
diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
24. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»5.
25. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»6.
26. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano7.
27. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
28. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
6 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
7 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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29. En el caso concreto la parte actora, el 3 de febrero de 2026, solicitó a la
ADRES que diera cumplimiento al numeral 8.3. del artículo 8 de la Resolución
1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.
30. Revisado el expediente, no se encontró respuesta por parte de la entidad
accionada, por tanto, no hay duda de que, previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la Clínica Medicentro Familiar I.P.S. SAS agotó
en debida forma el requisito de renuencia respecto de la ADRES.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
31. Según lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.
32. En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento del numeral 8.3.
del artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección
Social, para que la autoridad accionada adelante el procedimiento de auditoría de
las reclamaciones presentadas por concepto de los servicios médicos prestados a
víctimas de accidentes de tránsito.
33. La Sala destaca que la pretensión de atender las disposiciones invocadas no
conlleva gasto, toda vez que el mandato que se pide hacer cumplir es que se
culmine la auditoría integral a la reclamación presentada a la ADRES, que puede
generar la imposición o no de las respectivas glosas por parte de la
administración, situación previa a la consecución o no del eventual pago de la
indemnización.
34. Por último, se encuentra que lo perseguido por la parte actora no involucra la
protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento.
2.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
35. Es importante destacar que esta Sección resolvió en anteriores oportunidades
casos similares, en los que diferentes IPS acudían en sede de cumplimiento para
que se le ordenada a la ADRES que, en obedecimiento de los artículos
2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 16 de la Resolución 12758 de 2023,
realizara las auditorías integrales producto de reclamaciones de recobro por la
prestación de servicios médicos8.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio 18
de 2019, expediente 25000-23-41-000-2019-00246-01, sentencia de 14 de noviembre de 2019,
expediente 25000-23-41-000-2019-00589-01, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente
08001-23-33-000-2019-00665-01, sentencia de 30 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-
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36. Los asuntos que se conocieron, entre 2018 y 2020, concluyeron que las IPS
contaban con otros mecanismos judiciales de defensa para que se atendieran sus
pretensiones. En ese sentido, se indicó que «en la sentencia T-760 de 2008 la
Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela
cuando lo pretendido sea obtener la resolución y pago de las reclamaciones
de recobro realizadas por las entidades prestadoras de los servicios de
salud ante el antiguo Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA)».
37. Se señaló que, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional resolvió,
entre otros, el problema jurídico relativo a si se vulneraba el derecho a la salud
cuando las EPS brindaban insumos no incluidos en el entonces POS y, como
consecuencia, procedía el recobro ante el FOSYGA. Con ocasión de esta y otras
problemáticas, el tribunal constitucional declaró un estado de cosas
inconstitucional por la violación generalizada del derecho a la salud, debido a las
fallas de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
38. En este marco, la Sección Quinta consideraba que las IPS pretendían
específicamente «que se surta el procedimiento de la reclamación (…), el cual
debe culminar con el pago de los servicios médicos prestados conforme lo indica
el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y, sin embargo, tal normativa está
siendo objeto de estudio y seguimiento por la Sala Especial de la Corte desde el
año 2009 y hasta la fecha». En ese sentido, declaraba que las instituciones podían
hacerse partícipes en la Sala de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 o
acudir a interponer un incidente de desacato. Ello, en procura de satisfacer sus
pretensiones relacionadas con el desarrollo de las auditorías integrales y el
consecuente pago.
39. Asimismo, se disponía la remisión de copias de las sentencias y expedientes
sobre el tema, a la Sala Especial de Seguimiento que conformó la Corte
Constitucional para la sentencia T-760 de 2008.
40. Con ocasión de ello, dos entidades9, que acudieron previamente en acción de
cumplimiento con el fin de obtener los resultados de las mencionadas auditorías
en el término de los dos meses que indican las disposiciones invocadas en esta
oportunidad, interpusieron incidente de desacato ante la Sala de Seguimiento de
la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Su pretensión última se
circunscribía a que la ADRES realizara las auditorías atrasadas para realizar el
recobro de sumas adeudadas.
41. No obstante, mediante auto 325 del 4 de septiembre de 2020, la Corte
Constitucional resolvió «inhibirse de conocer el asunto (…) y devolver a la Sección
Quinta del Consejo de Estado la copia simple de las sentencias y de las copias
000-2019-00660-01, sentencia del 14 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-
00796-01, entre otras.
9 Fundación Campbell y Movemed.
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digitalizadas (cd) de cada expediente, que fueron remitidas a la Corte
Constitucional».
42. Explicó que la sentencia T-760 de 2008 no impartió directrices de pago en
concreto, menos aún causadas con posterioridad a la expedición de la sentencia,
sino ordenarle al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño de «un plan de
contingencia para adelantar el trámite de las solicitudes de recobro que se
encontraban atrasadas». Nótese que las acciones dispuestas por la Corte tenían
como fin último el pago de las reclamaciones auditadas y presentadas con
anterioridad a la mencionada sentencia, pero que por un déficit financiero y
estructural de la ADRES, no habían sido pagadas.
43. Indicó que «la verificación de la realización de las auditorías a las solicitudes
de recobro presentadas con posterioridad a la providencia estructural y el
reconocimiento y pago de los valores en ellas invocados, excede la competencia
de la Sala que se enmarca exclusivamente al seguimiento del cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha decisión». Asimismo, puso de presente que no realizó
ningún tipo de control ni seguimiento a las disposiciones que invocan las IPS en
sede de acción de cumplimiento, ni a aspectos relacionados con el recobro o las
reclamaciones presentadas con cargo a la subcuenta ECAT del entonces
FOSYGA.
44. Lo anterior implica que la parte actora no cuenta con otros mecanismos
judiciales de defensa ordinarios para solicitarle a la ADRES el acatamiento del
numeral 8.3. del artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y
Protección Social, a pesar de que en anteriores oportunidades la Sección Quinta
consideró viable la remisión de este tipo de casos a la Sala de Seguimiento de la
Corte Constitucional.
45. La anterior postura, consistente en que devenía improcedente la acción de
cumplimiento en asuntos como el presente por considerar que existían otros
mecanismos judiciales de defensa, fue rectificada en sentencia del 20 de mayo de
202110 y tal tesis se refuerza en esta oportunidad en el sentido de superar el
requisito bajo análisis y proseguir con el examen de las normas objeto de la acción
constitucional.
2.7. Caso concreto
46. Como se indicó en precedencia, la parte actora solicita que, se cumpla el
término de dos meses dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8 de la Resolución
1236 de 202311 del Ministerio de Salud y Protección Social, para que se realicen
10 Sección Quinta del Consejo de Estado. Exp.13001-33-33-000-2019-00477-01.
11 Por la cual se definen los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las
reclamaciones, la realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud,
indemnizaciones y gastos de las víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos
catastróficos de origen natural presentados ante la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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las auditorías de las reclamaciones radicadas ante la ADRES entre los meses de
octubre y diciembre de 2025, según lo establece la norma:
Artículo 8°. Etapas del procedimiento. Para el reconocimiento y pago de las
reclamaciones objeto de la presente resolución, la ADRES deberá adelantar las
siguientes etapas:
(…)
8.3. Auditoría integral: La ADRES adelantará la auditoría integral, dentro de los dos
(2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación, conforme con lo
establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto número 780 del 2016. Para la
validación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.6.1.4.3.10
ibidem o la norma que la modifique o sustituya, la ADRES verificará los requisitos
establecidos en el artículo 10 del presente acto administrativo.
47. Se destaca en este punto que la parte accionante presentó «reclamaciones
junto con sus soportes debidamente radicadas por la IPS accionante ante la
ADRES» entre los meses de octubre y diciembre de 2025, sin que se haya
cumplido el término de los dos meses que establece el artículo 8 de la Resolución
1236 de 202312, invocado en la acción de cumplimiento.
48. En efecto, la mencionada norma, contempla dentro de la etapa denominada
auditoría integral que «[l]a ADRES adelantará la auditoría integral, dentro de los
dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación, conforme con lo
establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto número 780 del 2016».
49. Asimismo, el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 establece el deber
de auditar integralmente las reclamaciones del capítulo 4, entre las que se
encuentran las que corresponden a los recobros realizados por las IPS a la
ADRES por la prestación de los servicios de salud de las víctimas referidas
anteriormente, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada periodo de
radicación.
50. De lo evidenciado con antelación es claro que existe un deber a cargo de la
ADRES de surtir la etapa de auditoría integral a las reclamaciones presentadas
por la parte actora, dentro del término de los dos meses siguientes al cierre de
cada periodo de radicación. Para el caso en particular, el lapso ya feneció,
teniendo en cuenta que la última reclamación cuyo resultado de auditoría se echó
de menos, data de diciembre de 2025, de conformidad con las pruebas allegadas
al proceso y que para el momento de dictar la sentencia de primera no se advierte
que fueran auditadas.
51. En vista de lo anterior, se revocará la decisión de primer grado que declaró la
improcedencia de la acción y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la
demanda y se ordenará a la ADRES que, en el término perentorio e improrrogable
12 De conformidad con los anexos de la demanda obrantes a partir del folio 27 del expediente
digital.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Clínica Medicentro Familiar I.P.S. SAS
Demandados: Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Rad: 25000-23-41-000-2026-00308-01
de quince (15) días, proceda a realizar la auditoría integral de las reclamaciones
presentadas por la Clínica Medicentro Familiar I.P.S S.A.S. entre los meses de
octubre y diciembre de 2025 que no han sido auditadas y que proceda a notificar
sus resultados dentro del mismo término.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 16 de abril de 2026 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Acceder a las pretensiones de la demanda; como consecuencia
Ordenar a la ADRES que, en el término perentorio e improrrogable de quince (15)
días, proceda a realizar la auditoría integral de las reclamaciones presentadas por
la Clínica Medicentro Familiar I.P.S S.A.S. entre los meses de octubre y diciembre
de 2025 que no han sido auditadas y que proceda a notificar sus resultados dentro
del mismo término.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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