Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2026-00091-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2026–00091–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandada: Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES)
Tema: Revoca sentencia de primera instancia y declara cosa
juzgada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 23 de abril de 2026. En la providencia citada, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente, por subsidiariedad, la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, por medio de
apoderado judicial, la IPS Medicentro Familiar S. A. S. (en adelante la IPS)
demandó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (en adelante ADRES), por el presunto incumplimiento del artículo
8.3 de la Resolución 1236 del 20231 del Ministerio de Salud y Protección Social.
En ese sentido se formularon las siguientes pretensiones:
[…] “1. Se acojan las consideraciones aquí expuestas teniendo en cuenta que el
procedimiento establecido en el artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023 se
encuentra taxativa y perentoriamente establecida en dicho acto administrativo,
máxime si se tiene en cuenta el excesivo tiempo que prolongan las auditorias
integrales como bien se logró demostrar en el cuadro que se adjunta y con las
pruebas que se allegan con la presente acción constitucional.
2. Se ordene y garantice el cumplimiento de los términos establecidos en el artículo
8° de la Resolución 1236 de 2023, en tanto se ordene el cumplimiento efectivo del
acto administrativo en la presente acción constitucional de cumplimiento” [2].
1
Por la cual se definen los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamaciones, la
realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las
víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural presentados
ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
2 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la parte accionante.
1
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Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2026–00091–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandada: ADRES
2. Hechos
La demanda de cumplimiento se resume de la siguiente manera: la IPS actora
manifestó que presta el servicio de salud a víctimas de accidentes de tránsito
ocasionados por vehículos sin póliza SOAT, con cargo a los recursos
administrados por la ADRES, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 2.6.1.4.1.3 del Decreto 780 de 2016.
La actora precisó que en noviembre de 2025 reclamó a la ADRES el
reconocimiento y pago de facturas con ocasión de los servicios médicos que les
prestó a las víctimas de accidentes de tránsito antes mencionadas, sin que a la
fecha de radicación de la demanda se le haya notificado el resultado de las
auditorías.
Así las cosas, indicó que se incumplió el término de dos meses con los que cuenta
la ADRES para realizar las auditorías integrales de dichas reclamaciones, de
conformidad con las disposiciones invocadas. Bajo ese hilo argumentativo,
manifestó que, de conformidad con las normas cuyo cumplimiento solicitó, el
término para realizar la auditoría integral de las reclamaciones se encuentra
ampliamente fenecido.
3. Trámite para la admisión de la demanda
Por auto del 9 de marzo de 20263, el magistrado ponente del Tribunal admitió la
demanda. Asimismo, ordenó la notificación de lo decidido a la demandante y a la
autoridad accionada.
4. Informe
La ADRES se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento. Al respecto,
sostuvo que las reclamaciones por servicios de salud derivados de accidentes de
tránsito deben surtir integralmente las etapas de preradicación, radicación,
auditoría, comunicación del resultado y eventual pago, conforme al Decreto 780 de
2016 y la Resolución 1645 de 2016; además, afirmó que la Clínica Medicentro
Familiar no aportó prueba suficiente de la fecha cierta en que fueron radicadas las
reclamaciones, por lo que no era posible establecer desde cuándo debían
computarse los términos de auditoría ni verificar la existencia de un incumplimiento
atribuible a la entidad.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 23 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones porque, aunque la
Resolución 1236 de 2023 establece que la auditoría debe realizarse en dos
meses, la IPS no acreditó la radicación ni el cierre de los periodos
correspondientes, por lo que no era posible comprobar la mora de la ADRES;
3 Previa inadmisión por medio de auto de 10 de febrero de 2026.
2
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adicionalmente, consideró que existían otros mecanismos administrativos y
judiciales para impulsar o controvertir el trámite.
6. Impugnación
La accionante impugnó la anterior decisión, sostuvo que el Tribunal de primera
instancia interpretó erróneamente la demanda, porque la acción no busca el
reconocimiento de derechos particulares ni el pago de facturas, sino el
cumplimiento del numeral 8.3 del artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023. Afirmó
que esa disposición contiene un mandato claro, expreso y exigible: realizar la
auditoría integral dentro de los dos meses siguientes al cierre del periodo de
radicación; además, indicó que la renuencia fue debidamente constituida mediante
solicitud previa a la ADRES, cuya falta de respuesta habilitó el ejercicio de la
acción.
También cuestionó que el Tribunal remitiera a mecanismos como el derecho de
petición, el impulso administrativo o las acciones contenciosas, pues, a su juicio,
estos no sustituyen la acción de cumplimiento cuando se pretende exigir un plazo
perentorio fijado en un acto administrativo. Reiteró que la auditoría es una etapa
técnica, previa e independiente del eventual pago, y solicitó revocar el fallo,
declarar procedente la acción y ordenar a la ADRES efectuar las auditorías dentro
del término legal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
23 de abril de 2026 de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393
de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
23 de abril de 2026. Para lo anterior, se plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del artículo invocado en la
demanda a la ADRES, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?
3
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Demandada: ADRES
¿En el presente caso se configuró la cosa juzgada?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia en el caso concreto; (iii) requisitos de
procedencia y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. En ese
sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.
4
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4
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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material. Incluso, desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la república, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7. Sin dejar a un
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5
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lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o
particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos.
No obstante, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para
pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio
Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía.
De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-
193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el
cumplimiento de normas supremas»8.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que se
constituye en una exigencia de procedibilidad. Para tenerlo por satisfecho, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado9.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.
3.3. De la renuencia
Como se anticipó, el requisito de la constitución en renuencia consiste en el
reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad
exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con
citación precisa de este13. A su vez, que la autoridad se ratifique en el
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
10
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.
13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
6
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incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, esta sección Sala ha señalado que «el
reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Corporación15 ha dicho
lo siguiente:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, conforme con lo expuesto, para dar por satisfecho este presupuesto no
es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia» o cuando no se señala de manera precisa la disposición que
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
7
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Demandada: ADRES
consagra el deber que se reclama. Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»17.
En el caso concreto, la parte actora requirió en renuencia a la accionada el 13 de
noviembre de 2025, que diera cumplimiento al numeral 8.3. del artículo 8 de la
Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social. 30.
Revisado el expediente, no se encontró respuesta por parte de la entidad
accionada, por tanto, no hay duda de que, previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la Clínica Medicentro Familiar I.P.S. SAS agotó
en debida forma el requisito de renuencia respecto de la ADRES.
3.4. De la cosa juzgada
La cosa juzgada tiene por objeto impedir que hechos, conductas y controversias
que ya fueron resueltos judicialmente sean debatidos nuevamente en un proceso
posterior, pues la decisión ejecutoriada adquiere carácter inmutable, vinculante y
definitivo, en garantía de la seguridad jurídica.
De conformidad con el artículo 303 del Código General del Proceso, su
configuración exige, por regla general, la identidad de objeto, causa y partes. No
obstante, en las acciones de cumplimiento, debido a su carácter público, la
Sección Quinta ha precisado que no siempre resulta indispensable la identidad del
extremo demandante; la identidad de objeto se determina a partir del bien jurídico
y del deber normativo cuyo cumplimiento se reclama, mientras que la identidad de
causa corresponde a la razón fáctica y jurídica por la cual se acude a la
jurisdicción.
En el asunto bajo examen se advierte que, con posterioridad a la sentencia de
primera instancia aquí impugnada, la Sección Quinta profirió la sentencia del 28 de
mayo de 2026, dentro del expediente 25000-23-41-000-2026-00308-0118,
mediante la cual resolvió de fondo la controversia planteada por Medicentro
Familiar IPS S.A.S. contra la ADRES en relación con el cumplimiento del numeral
8.3 del artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023. En esa providencia se declaró
que la ADRES incumplió el término de dos meses para efectuar la auditoría
integral y se le ordenó realizar, dentro de los quince días siguientes, la auditoría de
las reclamaciones presentadas por la IPS entre octubre y diciembre de 2025 que
permanecieran pendientes, así como comunicar sus resultados dentro del mismo
plazo.
17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
18 M. P. Omar Joaquin Barreto Suárez.
8
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Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2026–00091–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandada: ADRES
Elemento Rad. 2026-00091-00 Rad. 2026-00308-01
Medicentro Familiar IPS S.A.S. Clínica Medicentro Familiar IPS
Partes
contra la ADRES. S.A.S. contra la ADRES.
Numeral 8.3 del artículo 8 de la
Norma y Resolución 1236 de 2023: La misma disposición y el mismo
deber auditoría integral dentro de los dos deber de realizar oportunamente la
exigido meses siguientes al cierre del auditoría integral.
periodo de radicación.
Que se ordene a la ADRES Que la ADRES auditara las
efectuar las auditorías pendientes; reclamaciones pendientes
Objeto
no se pretende el pago inmediato radicadas entre octubre y
de las facturas. diciembre de 2025.
Omisión o mora de la ADRES en Incumplimiento del término de
adelantar las auditorías; la auditoría respecto de
Causa
renuencia fue formulada en reclamaciones radicadas entre
noviembre de 2025. octubre y diciembre de 2025.
La Sección Quinta, el 28 de mayo
de 2026, ordenó auditar y
La sentencia de primera instancia comunicar los resultados en quince
Decisión
negó las pretensiones. días. La IPS promovió incidente de
desacato para exigir su
cumplimiento.
Al comparar ambos procesos, la Sala encuentra satisfechos los elementos
constitutivos de la cosa juzgada. Existe identidad jurídica de partes, pues en los
dos asuntos intervienen Medicentro Familiar IPS S.A.S., como accionante, y la
ADRES, como autoridad demandada. También concurre identidad de objeto,
dado que en ambos trámites se pretende hacer efectivo el mismo mandato
administrativo: que la ADRES adelante la auditoría integral dentro del término
previsto en el numeral 8.3 del artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023. En el
presente proceso, la propia demanda y la impugnación reiteran que no se
pretende el pago de las facturas, sino exclusivamente el cumplimiento del plazo
para practicar dicha auditoría, finalidad que coincide con la resuelta en el
expediente 2026-00308-01.
De igual modo, se configura la identidad de causa, porque ambas acciones se
fundamentan en la misma conducta omisiva atribuida a la ADRES: la falta de
auditoría oportuna de las reclamaciones presentadas por la IPS durante 2025. En
este proceso, la solicitud de constitución en renuencia fue presentada el 13 de
noviembre de 2025, fecha comprendida en el periodo temporal —octubre a
diciembre de 2025— respecto del cual la sentencia del 28 de mayo de 2026
impartió una orden concreta. Por consiguiente, las reclamaciones cuyo trámite se
reclamaba para ese momento quedaron comprendidas en la orden judicial
posterior, que no se limitó a unas facturas individualmente consideradas, sino que
cobijó todas las reclamaciones de la accionante radicadas durante ese periodo
que aún no hubieran sido auditadas.
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Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2026–00091–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandada: ADRES
La circunstancia de que la sentencia del radicado 2026-00308-01 se hubiera
proferido después del fallo de primera instancia de este proceso no impide
reconocer sus efectos en segunda instancia. Se trata de una situación
sobreviniente que debe ser considerada al momento de decidir el recurso, pues
para entonces ya existe una decisión de fondo que definió de manera vinculante la
obligación de la ADRES frente al mismo mandato, la misma omisión y las
reclamaciones comprendidas en el mismo periodo. Dictar una nueva orden sobre
ellas desconocería la inmutabilidad de la sentencia anterior y podría producir
duplicidad o contradicción en las decisiones judiciales.
Además, la consulta del expediente 25000-23-41-000-2026-00308-01 en SAMAI
confirma que la accionante ya acudió al mecanismo destinado a obtener la
ejecución de esa sentencia. En la imagen aportada se registran las actuaciones
denominadas «Envío de Comunicación – Auto de obedézcase y cúmplase», del 30
de junio de 2026; «Recibe memoriales online», del 3 de julio de 2026, y Al
«despacho desacato», del 6 de julio de 2026. Esto evidencia que la discusión ya
no corresponde a un nuevo proceso declarativo de cumplimiento, sino a la etapa
de ejecución de la orden impartida el 28 de mayo de 2026. El incidente de
desacato corrobora que la IPS reconoce la existencia y obligatoriedad del fallo
anterior y que ya está utilizando el cauce procesal correspondiente para exigir su
acatamiento.
Por tanto, existe una decisión definitiva que resolvió el mismo objeto y la misma
causa debatidos en este proceso. En consecuencia, siguiendo el criterio aplicado
por esta Sección en el expediente 2025-00621-01, debe revocarse la sentencia
impugnada y, en su lugar, declararse configurada la cosa juzgada, sin que resulte
procedente efectuar un nuevo análisis sobre la exigibilidad del numeral 8.3 del
artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023 ni impartir otra orden a la ADRES
respecto de las reclamaciones ya comprendidas en el fallo del 28 de mayo de
2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 23 de abril de 2026 de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar,
declarar la configuración de la cosa juzgada tal y como se explicó en las
consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
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Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2026–00091–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandada: ADRES
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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