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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00325-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00325-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 27 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 10 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Demandante: Elías Rodríguez Arias Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones Radicación: 25000-23-41-000-2026-00325-01 TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00325-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de junio de 2026

Demandante: Elías Rodríguez Arias
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00325-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00325-01
Demandante: Elías Rodríguez Arias
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
de 27 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Elías
Rodríguez Arias demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, en
adelante Colpensiones, para que se le ordene el cumplimiento del artículo 34 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 y, en
consecuencia, se reliquide su pensión de vejez con un ingreso base de liquidación
del 80 %. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

//PRIMERA. Que, dentro del plazo prudencial perentorio ordenado por la Ley, el
honorable Tribunal Administrativo ORDENE a Colpensiones por conducto de su
Representa Legal, dar aplicación permanente e inexorable al Artículo 34 de la Ley 100
de 1993 en lo sucesivo, por tratarse de una norma con fuerza material de Ley, que
está actualmente en vigor, y la sólida jurisprudencia sobre la materia, especialmente
la expuesta en Sentencia SL3501-2022 y SL810-2023. De manera que, la accionada
proceda a emitir acto administrativo para mi persona, en donde se reliquide mi pensión
de vejez en pleno cumplimiento a la norma que nos ocupa, bajo un estudio serio con
materialización de los principios Pro homine, Pro persona, In dubio pro operario y
Favorabilidad, para que se fije un tope legal de IBL máximo del 80%.

//SEGUNDA. Que el honorable Tribunal Administrativo ORDENE a Colpensiones por
conducto del Jefe Oficina Asesora de Asuntos Legales, dejar sin efecto el Memorando
# OAL-016-2023 para mi situación en concreto y no vuelva a generar una barrera que
impida la aplicación permanente del Artículo 34 de la Ley 100 de 1993 en mi
reliquidación de la pensión de vejez, para que se fije un tope legal de IBL máximo del
80%, lo cual se apoya con la sólida jurisprudencia sobre la materia, especialmente la
expuesta en Sentencia SL3501-2022 y SL810-2023.

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Demandante: Elías Rodríguez Arias
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//TERCERO. Que el honorable Tribunal Administrativo ORDENE a Colpensiones por
conducto del Gerente de Determinación de Derechos y la Directora de Prestaciones
Económicas, que se abstengan de generar trabas en el estudio de mis solicitudes de
reliquidación pensional en miras de que den cabal cumplimiento al Artículo 34 de la
Ley 100 de 1993 y la sólida jurisprudencia sobre la materia, especialmente la expuesta
en Sentencia SL3501-2022 y SL810-2023.

//CUARTO. Que el honorable Tribunal Administrativo en caso de considerarlo
necesario CONDENE en costas y/o agencias en derecho a Colpensiones por conducto
de su Representa Legal, al ser única y exclusiva generadora del conflicto jurídico por
el incumplimiento normativo generalizado y que para el caso en particular se ha
extendido en el tiempo de forma ilegal, esto es, el incumplimiento del Artículo 34 de la
Ley 100 de 1993, y la y la sólida jurisprudencia sobre la materia, especialmente la
expuesta en Sentencia SL3501-2022 y SL810- 2023.

2. Hechos

El actor manifestó que tiene más de 70 años y padece múltiples enfermedades.
Expuso que, el 14 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, solicitó a Colpensiones
la reliquidación de su mesada pensional con un IBL del 80 %.

Indicó que, mediante Resolución SUB-11170 del 17 de enero de 2025, Colpensiones
negó la solicitud; que el 29 de enero de 2025 recurrió la decisión y que, a través de
las resoluciones SUB-38590 del 6 de febrero de 2025 y DPE-6279 del 6 de mayo de
2025, la entidad confirmó la negativa.

Agregó que, el 12 de diciembre de 2025, solicitó a Colpensiones el cumplimiento del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y que, el 19 de diciembre siguiente, la entidad negó
lo pedido.

3. Admisión de la demanda

En auto de 19 de marzo de 20261, del magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, la demanda fue admitida y se
vinculó a Colpensiones y se corrió el traslado correspondiente.

4. Informe

Colpensiones se opuso a la prosperidad de la acción. En primer lugar, sostuvo que
el medio de control de cumplimiento no procede para obtener el reconocimiento de
derechos particulares ni para controvertir actos administrativos que resolvieron una
solicitud pensional concreta.

En cuanto al fondo, indicó que aplicó los parámetros previstos en la Ley 100 de 1993
y en la Ley 797 de 2003 para determinar el IBL y el porcentaje de reemplazo.

1 Previa remisión por competencia que realizó el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, D. C., sección segunda,

a través de auto de 25 de febrero de 2026.

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Además, sostuvo que siguió lo indicado en el memorando OAL-016-2023 que orienta
la actuación interna de la entidad.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 27 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente la acción. Consideró que, aunque el actor invocó el cumplimiento del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, lo pretendido era obtener la reliquidación de su
pensión de vejez, dejar sin efectos los actos administrativos que negaron esa
solicitud y alcanzar el reconocimiento de un derecho particular, asuntos que deben
discutirse ante el juez natural a través del medio de control ordinario.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia. En síntesis, alegó
que el Tribunal no valoró la totalidad de las pruebas aportadas, entre ellas las que,
en su criterio, demostrarían que Colpensiones utiliza el memorando OAL-016-2023
para desconocer el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y negar reliquidaciones
pensionales.

Sostuvo que la norma invocada contiene un mandato claro, expreso y exigible, pues
permite incrementar la tasa de reemplazo hasta alcanzar el 80 % del IBL cuando se
superan las semanas mínimas de cotización. También insistió en que la acción de
cumplimiento es el único medio eficaz para lograr el acatamiento de la ley, pidió tener
en consideración su edad, estado de salud y pidió valorar las pruebas allegadas para
abordar el fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 27
de abril de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo
núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para
conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 27
de abril de 2026. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

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¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se superan los presupuestos de procedencia, en particular los
relativos a la subsidiariedad y a la prohibición de utilizar la acción de cumplimiento
para obtener el reconocimiento de derechos subjetivos?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; y (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló lo siguiente:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 3.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica

3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se pretenda
la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.

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o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es

11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-

2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.

En el caso concreto, el extremo accionante acompañó con la demanda la solicitud
presentada el 12 de diciembre de 2025, en la que requirió a Colpensiones la
aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la
Ley 797 de 2003, y, como consecuencia, que se reliquidara su pensión y se dejaran
sin efectos las resoluciones SUB-11170 del 17 de enero de 2025, SUB-38590 del 6
de febrero de 2025 y DPE-6279 del 6 de mayo de 2025, para que se expidiera un
nuevo acto administrativo de reliquidación de su pensión de vejez con un IBL del
80 %. La entidad respondió el 19 de diciembre de 2025 en sentido contrario a lo
pretendido.

Lo anterior resulta suficiente para entender agotado el requisito de procedibilidad de
la renuencia frente a la autoridad accionada, dado que el reclamo previo identificó la
norma cuya observancia se pretendía y la respuesta de Colpensiones fue adversa al
querer del actor.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

La Sala reitera que la acción de cumplimiento tiene por objeto hacer efectivo el
acatamiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos que
contengan un mandato claro, expreso y exigible. Sin embargo, conforme con el
artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este mecanismo resulta improcedente cuando el
afectado cuenta o contó con otro instrumento judicial para obtener la protección de
sus intereses, salvo que se acredite la existencia de un perjuicio grave e inminente.

En el presente asunto, aunque el actor invoca formalmente el cumplimiento del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de
2003, lo cierto es que sus pretensiones no se dirigen a la materialización objetiva de
un deber legal, sino a obtener la reliquidación de su pensión de vejez, con una tasa
de reemplazo del 80 % del ingreso base de liquidación, así como a dejar sin efectos

15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Demandante: Elías Rodríguez Arias
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00325-01

las decisiones administrativas mediante las cuales Colpensiones sustentó la
negativa a dicha solicitud.

En efecto, de los antecedentes del expediente se advierte que Colpensiones
reconoció la pensión de vejez del demandante mediante Resolución SUB 292300
del 19 de diciembre de 2017 y, posteriormente, negó la reliquidación pretendida a
través de la Resolución SUB 11170 del 17 de enero de 2025, decisión que fue
confirmada, entre otras, mediante Resolución SUB 38590 del 6 de febrero de 2025,
al resolver el recurso de reposición interpuesto por el interesado. En esta última
decisión, la entidad efectuó el análisis de la historia laboral, las semanas cotizadas,
el ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo aplicable al caso concreto.

Así, la controversia planteada por el accionante corresponde a un debate individual
sobre la liquidación de una prestación económica del Sistema General de Pensiones,
administrada por Colpensiones dentro del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida. Por tanto, el asunto no puede ser decidido por el juez de cumplimiento,
pues exige determinar si la entidad liquidó correctamente la pensión de vejez, si
debía aplicar una tasa de reemplazo distinta y si las resoluciones que negaron la
reliquidación se ajustan o no al ordenamiento jurídico.

En ese contexto, la Sala advierte que el actor cuenta con un mecanismo judicial
ordinario idóneo y eficaz para discutir la controversia, esto es, el proceso ordinario
ante la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con la regla general de
competencia prevista para los conflictos relacionados con prestaciones económicas
del Sistema de Seguridad Social Integral, en especial cuando se trata de pensiones
reconocidas y administradas por Colpensiones.

Lo anterior se refuerza porque, de la Resolución SUB 38590 del 6 de febrero de
2025, no se desprende que la prestación reclamada tenga origen exclusivo en una
relación legal y reglamentaria propia de un empleado público que permita atribuir el
conocimiento del litigio a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por el
contrario, la historia laboral allí reseñada comprende tiempos cotizados en
empleadores privados lo que impide concluir que el debate pensional corresponda a
la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, si el demandante estima que Colpensiones desconoció el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral o que aplicó indebidamente el memorando OAL-016-2023, debe
acudir al proceso ordinario laboral para controvertir la liquidación de su pensión y
obtener, de ser procedente, el reajuste económico correspondiente. La acción de
cumplimiento no fue prevista para sustituir ese escenario judicial ni para obtener, por
vía sumaria, la reliquidación de una prestación pensional particular.

Los argumentos de la impugnación, relacionados con la supuesta falta de valoración
de pruebas, la existencia de múltiples solicitudes negadas por Colpensiones, el
alcance de las sentencias de la Sala de Casación Laboral y la legalidad o fuerza

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vinculante del memorando OAL-016-2023, no tornan procedente este medio de
control. Todos esos planteamientos remiten a un debate sobre la correcta
interpretación normativa y jurisprudencial aplicable al caso pensional del actor,
materias que escapan al objeto del juez de cumplimiento.

Tampoco modifica la conclusión el hecho de que el actor afirme que su reclamación
involucra una problemática general o masiva. En el proceso concreto, las
pretensiones se dirigen a que se revise su situación pensional individual y se
reconozca una reliquidación a su favor. En esos términos, la controversia versa sobre
un derecho subjetivo litigioso que no puede ser definido por el juez de cumplimiento.

Frente a los argumentos relativos a la edad y al estado de salud del demandante, la
Sala advierte que tales circunstancias, aunque merecen especial consideración, no
configuran por sí solas un perjuicio irremediable que permita superar la
subsidiariedad que se advierte. Para activar la excepción prevista en el artículo 9 de
la Ley 393 de 1997 no basta invocar condiciones personales de vulnerabilidad, sino
que debe acreditarse una afectación grave, inminente, urgente e impostergable que
haga ineficaz el mecanismo judicial ordinario.

En este caso, las historias clínicas y las manifestaciones sobre su condición de adulto
mayor no demuestran la configuración de un perjuicio irremediable que permita
desplazar el mecanismo ordinario de defensa judicial a efectos de obtener la
reliquidación pensional por este medio judicial.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte configurada la causal de improcedencia
por existencia de otro instrumento judicial idóneo y eficaz. En consecuencia, opera
la improcedencia prevista en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

Así las cosas, los argumentos de la impugnación no desvirtúan la decisión del
Tribunal. Por el contrario, confirman que la controversia se relaciona con el
reconocimiento de un derecho subjetivo pensional y con la existencia de otro
mecanismo judicial, razón por la cual se confirmará la sentencia que declaró
improcedente la acción de cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 27 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la improcedencia de
la acción de cumplimiento, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

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TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
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