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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00800-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00800-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 17 de julio de 2026, dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: MODIFICAR el resolutivo tercero de la sentencia del tribunal a quo, y, en su lugar, disponer lo siguiente: EXHORTAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y a las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta que, en el ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, y conforme a las obligaciones estipuladas en el convenio interadministrativo N.° 9677-07-1697-2011- UNGRD N.° 103-2021, adelanten de manera inmediata las gestiones operativas, administrativas, presupuestales y de coordinación que resulten necesarias para garantizar la afiliación efectiva de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional en Primera Respuesta al Sistema General de Riesgos Laborales. TERCERO: RECHAZAR la solicitud probatoria elevada por la parte demandante. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Hernán Guillermo Sanabria Bermúdez Accionados: Ministerio del Interior y otro Radicado: 25000-23-41-000-2026-00800-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00800-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00800-01
Accionante: HERNÁN GUILLERMO SANABRIA BERMÚDEZ
Accionados: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO

Tema: Afiliación de los voluntarios de los cuerpos de Bomberos de
Colombia, la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana al Sistema
General de Riesgos Laborales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 17 de julio de 2026, dictada por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así
como en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La impugnación fue concedida mediante auto del 6 de agosto de 2026, por lo que
la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 393 de 1997, el subteniente Hernán Guillermo Sanabria
Bermúdez5 presentó demanda en contra del Ministerio del Interior y la Unidad

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5 Quien manifestó actuar como ciudadano y bombero voluntario activo del Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Soacha.

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Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de obtener el
cumplimiento de lo prescrito en el artículo 9 de la Ley 1505 de 20126.

2. En consecuencia, el accionante pidió que se les ordene a las demandadas
hacer efectiva la afiliación de los voluntarios del Subsistema Nacional en Primera
Respuesta al Sistema de Riesgos Laborales. En concreto, solicitó al Ministerio del
Interior dar «cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de apropiación,
gestión y traslado de recursos para la afiliación de los voluntarios acreditados y
activos al Sistema General de Riesgos Laborales»; y a la UNGRD, «dar
cumplimiento a las obligaciones a su cargo relativas a la estructuración,
actualización, validación y gestión operativa de la base de datos y de los trámites
necesarios para la transferencia de recursos destinados a la afiliación».

1.2. Posición de la parte demandante

3. El señor Sanabria Bermúdez indicó que, actualmente, el país cuenta
aproximadamente con 20.000 bomberos voluntarios activos, 45.000 voluntarios en
la Defensa Civil y «decenas de miles de voluntarios de la Cruz Roja Colombiana»,
quienes desarrollan actividades operativas, humanitarias y de atención de
emergencias que implican un alto nivel de riesgo» y hoy no tienen «cobertura
efectiva» al Sistema General de Riesgos Laborales.

4. De acuerdo con el actor, esa situación desconoce el mandato contenido en
el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, consistente en garantizar la afiliación de los
voluntarios activos7 del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta
al Sistema General de Riesgos Laborales y de Seguridad Social en Salud.

5. Tal incumplimiento se lo endilgó a la UNGRD y al Ministerio del Interior,
quienes, en su opinión, deben «cubrir» la afiliación de los voluntarios. A su vez,
afirmó que la referida cartera tiene una obligación concurrente «de garantizar la
disponibilidad y traslado de los recursos necesarios para tal fin».

6. Al respecto, el accionante destacó que, a pesar de que la Ley 1505 de 2012
fue expedida hace más de 14 años, ese mandato aún no ha sido cumplido. Ello,
porque, si bien se han expedido los decretos 780 de 2016 y 1809 de 2020 sobre la
materia, todavía no se ha materializado la afiliación y el pago de los aportes en favor
de los voluntarios del Subsistema Nacional en Primera Respuesta.

6 Al respecto, se precisa que, en la demanda, el actor también hizo referencia a los artículos 3.2.8.4.,

3.2.8.5., 3.2.8.13., 3.2.8.14 del Decreto 780 de 2016, adicionados por el Decreto 1809 de 2020; sin
embargo, en el escrito de subsanación de la demanda, indicó que estas disposiciones fueron
invocadas «únicamente como disposiciones reglamentarias de desarrollo, materialización y
ejecución del mandato legal contenido en el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, mas no como
pretensiones autónomas e independientes respecto de las cuales se pretenda un pronunciamiento
por separado». En consecuencia, el proceso fue admitido únicamente respecto de esta última norma
legal.
7 La norma también se refiere a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad o civil, y

su cónyuge o compañera permanente.

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7. En su criterio, tal incumplimiento compromete derechos fundamentales y
principios constitucionalmente relevantes, como lo son el derecho a la seguridad
social, la dignidad humana y la «protección especial de quienes prestan un servicio
público esencial en condiciones de voluntariado, exponiéndose permanentemente
a riesgos que el propio legislador ordenó cubrir».

8. Lo anterior resulta especialmente relevante en el caso de los bomberos
voluntarios, puesto que el Decreto 1809 de 2020 estableció una obligación reforzada
en virtud de la cual su afiliación debe realizarse de forma permanente; mandato que
aún no ha sido acatado por las demandadas.

9. Por último, indicó que, el 13 de marzo de 2026, presentó requerimiento previo
de cumplimiento al Gobierno nacional (i.e., Presidencia de la República, Ministerio
del Interior y UNGRD), pero no dieron respuesta al requerimiento o se limitaron a
remitir su petición a otras autoridades.

1.3. Posición de la parte demandada

10. UNGRD. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, puesto que
no ha incumplido el mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012. Al
respecto, la unidad reconoció la existencia del mandato de afiliación de los
voluntarios activos al Sistema General de Riesgos Laborales, empero, advirtió que
se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para acatar dicha obligación.

11. Sobre el alcance del mandato, aclaró que este solo beneficia a los voluntarios
activos y acreditados de las entidades integrantes del Subsistema Nacional de
Voluntarios en Primera Respuesta. Asimismo, adujo que la cobertura de la ARL
«solo debe activarse durante la emergencia, es decir, mientras el voluntario se
encuentre en ejercicio activo de sus funciones». En otras palabras, el pago de la
cotización solo se realiza en los periodos de actividad y no de forma permanente.
Agregó que, en todo caso, la afiliación no general vínculo laboral alguno.

12. En cuanto al obedecimiento del mandato, expuso que se encuentra
adelantando la revisión jurídica de un convenio interadministrativo con el Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y cada una de las entidades
que integran Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta. También
explicó que ese proceso contractual se deriva del Convenio Marco n. ° 9677-07-
1697-2021 (Convenio UNGRD No. 103-2021) suscrito con el Ministerio del Interior,
el cual establece la estructura para la recepción y ejecución de recursos destinados
al pago de la ARL de los voluntarios en primera respuesta.

13. Finalmente, puso de presente que, entre las gestiones realizadas, está la
creación de un aplicativo, que se encuentra en etapa de verificación, el cual
permitirá el registro sistemático y la activación oportuna de los voluntarios.

14. Ministerio del Interior. La entidad guardó silencio, pese a ser debidamente
notificada.

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1.4. Fallo de primera instancia

15. En sentencia de 17 de julio de 2026, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó algunas pretensiones y declaró
otras improcedentes, como se explica a continuación.

16. En primer lugar, el a quo se refirió a los incisos 1 y 2 del artículo 9 de la Ley
1505 de 2012. En criterio del tribunal, estos preceptos consagran un deber general
de afiliar a los voluntarios activos del Subsistema Nacional en Primera Respuesta.
No obstante, este no se encuentra dirigido a una determinada autoridad o particular
en ejercicio de funciones públicas, por lo que no es posible concluir que la norma
conlleve un mandato a cargo de alguna de las demandadas. Por tanto, negó las
pretensiones en relación con tales preceptos.

17. Luego, se pronunció respecto al parágrafo 2 del artículo 9 ibidem, que le
impone a la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior el deber cubrir
la afiliación de los voluntarios a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
Para el a quo, esta norma establece un mandato claro y expreso; empero, conlleva
un gasto no presupuestado, lo que conduce a la improcedencia del medio de control.

18. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reprochó que luego
de haber transcurrido aproximadamente 14 años y 6 meses desde la expedición de
la Ley 1505 de 2012, y cerca de 5 años desde que se reglamentó la norma, el
ministerio demandado no hubiera desplegado las acciones necesarias para
garantizar la afiliación de los voluntarios. Por tanto, exhortó a dicha cartera para
que, en el ámbito de sus competencias, adelante de manera inmediata las
actuaciones administrativas, presupuestales y de coordinación que resulten
necesarias para garantizar el cubrimiento de la afiliación de los voluntarios
acreditados y activos del Subsistema Nacional en Primera Respuesta al Sistema
General de Riesgos Laborales.

1.5. Impugnación

19. El accionante recurrió el fallo del a quo, con el fin de que se revoque la
decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

20. En su escrito, puso de presente que, mediante proveído de 6 de julio de este
año, el a quo decretó pruebas en el proceso, tendientes a indagar, entre otras, sobre
el número de voluntarios, afiliados vigentes y porcentaje de cobertura. Sin embargo,
los medios probatorios requeridos nunca fueron allegados al proceso.

21. Asimismo, cuestionó que el tribunal declarara la improcedencia por el
requisito del gasto, sin que hubiese elementos de convicción que permitieran tener
por acreditado que «los recursos no estaban presupuestados». En efecto, señaló:

La providencia no señala una certificación del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Dirección General del

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Presupuesto Público Nacional, del FNGRD o de la dependencia financiera
competente. Tampoco individualiza anteproyectos de presupuesto,
apropiaciones, certificados de disponibilidad, registros presupuestales, actos de
aporte, informes de ejecución o documentos de cierre fiscal correspondientes a
las vigencias posteriores a la expedición del Decreto 1809 de 2020.

La contestación de la UNGRD no contiene una certificación sobre la inexistencia
de apropiación en el presupuesto del Ministerio del Interior. La entidad habló de
revisión jurídica de convenios, de un aplicativo en verificación y de mesas de
trabajo, pero no afirmó ni probó que en ninguna vigencia hubieran faltado
apropiaciones, que no existieran saldos, que jamás se hubieran expedido actos
de aporte o que el Convenio 103 de 2021 careciera de respaldo presupuestal.

22. Adicionalmente, el actor también cuestionó que el a quo hubiese limitado su
estudio al contenido del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, sin extenderlo a las
disposiciones del Decreto 1809 de 2020.

23. También expuso que no se demostró que algunas de las entidades
demandadas hubiesen cumplido el mandato exigido, en tanto la afiliación aún no se
ha materializado. A su juicio, ello es prueba del incumplimiento, de allí que
correspondiese al juez ordenar el cumplimiento del mandato.

24. Finalmente, calificó como contradictorio el exhorto, porque este no se traduce
en una orden efectiva que pueda ser exigida mediante los trámites de cumplimiento
y desacato. A su juicio, no se satisface la finalidad del artículo 87 de la Constitución
Política con el hecho de remitir el cumplimiento a la voluntad de la autoridad
incumplida, mucho menos luego de 14 años en los que no se ha acatado el
contenido de las obligaciones a su cargo.

1.6. Memoriales recibidos en segunda instancia

25. El 31 de agosto de 2026, el accionante allegó un memorial en el que informa
que, para las vigencias fiscales 2025 y 2026, el Ministerio del Interior apropió los
recursos requeridos para hacer efectivo el mandato del artículo 9 de la Ley 1505 de
2012, por valor de $ 8.905.600.000 y $ 9.187.000.000, respectivamente.
Igualmente, insistió en el decreto de algunas pruebas relacionadas con la
apropiación de los recursos, el número de voluntarios y el estado de su afiliación.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala revocará parcialmente la sentencia del 17 de julio de 2026, mediante
la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó algunas pretensiones de la demanda y declaró otras
improcedentes; y, en su lugar, negará la acción y modificará el exhorto realizado por
el a quo.

27. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia; (ii) el examen de los requisitos de procedencia de este

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mecanismo constitucional; y (iii) la existencia de un mandato a cargo de las
demandadas.

2.1. Cuestión previa

28. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala resolverá la solicitud probatoria
realizada por el actor en la impugnación y en el memorial de 31 de agosto de 2026,
en los que insistió en el decreto de varias pruebas relacionadas, entre otras, con la
apropiación de los recursos destinados a cubrir la afiliación, el número de afiliados
de cada una de las entidades del Subsistema Nacional en Primera Respuesta y el
estado de la afiliación.

29. Al respecto, el artículo 27 de la Ley 393 de 1997 dispone que el juez de
segunda instancia «podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas de
oficio». Se trata, por consiguiente, de una facultad oficiosa, cuyo ejercicio está
condicionado a que el fallador advierta la necesidad de complementar el acervo
probatorio para resolver la impugnación, y no de un mandato que deba atenderse
por la sola petición de alguna de las partes.

30. En el presente asunto, los elementos de juicio obrantes en el expediente
resultan suficientes para adoptar la decisión correspondiente, sin perjuicio de que
se valoren los medios de pruebas aportados por el actor en esta instancia. Por tal
motivo, la Sala rechazará la solicitud probatoria de la parte actora.

2.2. Caso concreto

2.2.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

31. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento8.

32. Por tal motivo, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no
es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de

8 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el

propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».

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cumplimiento»9. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de la
demanda.

33. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia. Con
la demanda, el accionante allegó un escrito en el que pidió información sobre la
afiliación de los voluntarios al Sistema General de Riesgos Laborales y, asimismo,
solicitó el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, como requerimiento
previo a la eventual interposición de una acción de cumplimiento. Esa petición fue
enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la UNGRD a
sus direcciones de notificaciones judiciales10.

34. A su vez, el demandante allegó el traslado por competencia que realizó la
referida cartera ministerial a la UNGRD y a los Ministerios del Trabajo y de Salud.
Igualmente, anexó la respuesta de la UNGRD en la que informó que daría respuesta
a la información requerida en el término de un mes11.

35. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del Ministerio del Interior y de la UNGRD.

2.2.2. La acción supera los requisitos de procedencia

36. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales, a saber:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)12.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Al respecto, el accionante aportó copia del correo electrónico de 13 de marzo de 2026, enviado a

las siguientes direcciones: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co y notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co.
11 Luego de presentada la demanda, el accionante presentó un memorial con la respuesta de la

UNGRD a la solicitud de cumplimiento previa.
12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

37. En este caso, el señor Sanabria Bermúdez solicitó el cumplimiento del
artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, con el fin de que se haga efectiva la afiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales de los voluntarios del Subsistema Nacional
en Primera Respuesta, pertenecientes a los cuerpos de bomberos de Colombia, la
Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana.

38. Para la Sala, (i) la norma que se pide acatar está contenida en una ley,
actualmente vigente; (ii) la demanda se dirige en contra de autoridades públicas, a
saber, el Ministerio del Interior y la UNGRD; (iii) la acción no pretende la protección
de derechos fundamentales; y, (iv) en principio, el demandante no cuenta con otro
medio de defensa judicial para exigir el cumplimiento.

39. Asimismo, la Sección encuentra acreditado el requisito del gasto, en este
caso. Sobre el referido presupuesto de improcedencia, en la sentencia C-157 de
1998, que declaró la exequibilidad del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la Corte
Constitucional sostuvo:

Es evidente que si el requisito constitucional para estimar una acción de
cumplimiento se concreta en la omisión de un deber, escapa a esta acción la
impugnación de conductas que carezcan de obligatoriedad, máxime en los
casos en los cuales la Constitución concede un margen de libertad de acción o
atribuye a un órgano una competencia específica de ejecución condicionada.

[…]

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto
previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida
que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal
diseñado por el Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y
procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo
propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del
novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin
embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes
instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita
la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado
por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de
la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos
del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura. (Negrilla fuera del texto original)

40. De conformidad con lo anterior, la Sección Quinta ha indicado que el juez de
cumplimiento no puede incidir en la asignación, reasignación o reducción de
recursos públicos. Sus competencias se circunscriben a verificar que las

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autoridades cumplan las normas con fuerza material de ley o los actos
administrativos obligatorios, sin sustituir la voluntad del legislador en materia fiscal
ni desplazar al Ejecutivo en la gestión presupuestal. Por tanto, «cualquier orden
judicial que implique comprometer, alterar o modificar apropiaciones presupuestales
específicas desborda los límites de esta acción constitucional»13.

41. La única excepción a esa regla de improcedencia es la de los gastos
debidamente presupuestados14, pues, en estos casos, la decisión del juez de
cumplimiento no implicaría alterar o sustituir las competencias fiscales y
presupuestales de la Administración, sino ordenar la ejecución de aquello que ya
fue apropiado con el fin de obedecer un deber legal o reglamentario.

42. En el caso concreto, el a quo analizó el contenido del artículo 9 de la Ley
1505 de 2012, y concluyó que este precepto contiene varios mandatos, uno de los
cuales involucra un gasto, en concreto, el previsto en su parágrafo 2 que dispone:

Artículo 9°. Seguridad social.

Los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los Cuerpos de
Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana, así como sus parientes
dentro del primer grado de consanguinidad o civil, y su cónyuge compañero o
compañera permanente, serán afiliados al régimen subsidiado en salud de
forma prioritaria; salvo que sean cotizantes o beneficiarios del régimen
contributivo.

Adicionalmente los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los
Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana serán afiliados
al Régimen de Riesgos Profesionales (ARP) y gozarán de todos sus beneficios.

Parágrafo 1°.
El Ministerio de Protección Social, en un término no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará las
condiciones especiales de acceso a los programas del presente artículo.

Parágrafo 2°.
El cubrimiento de la afiliación de los voluntarios a la ARP será través de la
Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. (énfasis
fuera de texto original).

43. De la lectura de la norma, la Sección coincide con el a quo en que la norma,
en efecto, contiene diferentes deberes; sin embargo, para la sala, el actor tan solo
está pidiendo el cumplimiento de los apartados normativos del inciso segundo y del
parágrafo 2. Esto, comoquiera que lo pretendido es que se haga efectiva la afiliación

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 11 de

diciembre de 2025. Radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01518-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
14 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 3

de abril de 2014. Radicado núm. 76001-23-33-000-2013-01288-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 22 de
octubre de 2020. Radicado núm. 25000-23-41-000-2020-00185-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
de 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 25000-23-41-000-2024-00875-01, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez.

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de los voluntarios del Subsistema Nacional en Primera Repuesta al Sistema General
de Riesgos Laborales.

44. Pues bien, ambos contenidos normativos se encuentran intrínsecamente
relacionados, por lo que, en principio, ambos serían improcedentes por cuanto
implican un gasto. Ciertamente, de acuerdo con el parágrafo mencionado, el costo
de la afiliación a ARL de los voluntarios lo debe «cubrir» el Ministerio del Interior.

45. Empero, en segunda instancia, el accionante aportó un memorial en el que
dio cuenta de que, para las vigencias 2025 y 2026, la referida cartera ministerial ha
hecho la apropiación de los recursos requeridos para la «Transferencia para el pago
de la afiliación de los miembros activos del Subsistema – vigencia 2025», por valor
de $ 8.905.600.000.

46. El señor Sanabria Bermúdez también allegó la información relativa a la
vigencia 2026, en la que también consta que el Ministerio del Interior presupuestó
los recursos destinados al FNGRD para cubrir el pago de la afiliación de los
miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, por valor de $
9.187.000.000, como se observa, a continuación:

47. Sobre el particular, el actor copió un enlace al portal de Transparencia
Económica del Ministerio de Hacienda15, en el cual puede constatarse que el objeto
de tal rubo es el «pago de aportes sobre voluntarios acreditados y activos del
Subsistema Nacional de Primera Respuesta afiliados al SGRL – Decreto 1809 de
2020 – 76526», por valor de $ 9.187.000.000. En esta página web, también se
especifica que la entidad contratante es el Ministerio del Interior; y la beneficiaria, el
Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

15 Disponible en: https://pte-
prueba.azurewebsites.net/AquienseContrataSectorEntidadDetalle?Anio=2026&Beneficiario=FOND
O+NACIONAL+DE+GESTION+DEL+RIESGO+DE+DESASTRES&CodigoEntidad=37-01-
01&Mes=4&NombreEntidad=MINISTERIO+DEL+INTERIOR+-
+GESTION+GENERAL&NumeroCompromiso=228926

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48. Lo anterior, permite tener por superado el requisito del gasto y, por ende, la
procedencia de la acción. Por consiguiente, la Sala estudiará si el artículo 9 de la
Ley 1505 de 2012 contiene un mandato imperativo e inobjetable a cargo de las
demandadas y si este fue incumplido por aquellas.

2.2.3. Las entidades accionadas no han incumplido con el contenido del
mandato previsto en el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012

49. La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la finalidad de la acción
de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial
competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de un acto
administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo, a
través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes16.

50. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable. Al
respecto, esta Sala ha precisado lo siguiente17:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir
en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces
desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien
estatuyo en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona
solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los
actos administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las
omisiones de las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan
funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o material,
legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»18.

51. En tales términos corresponde a la Sección determinar si de la norma que se
demandó como incumplida, esta es el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, se deriva
un mandato imperativo, expreso y exigible a cargo de las demandadas, relacionado
con garantizar la afiliación efectiva de los voluntarios a ARL. De acuerdo con el
actor, lo anterior se concreta en: (i) el deber del Ministerio de apropiar, gestionar y
trasladar los recursos necesarios para la afiliación; y (ii) la obligación de la UNGRD
de estructurar, actualizar, validar y gestionar operativamente los «datos y de los
trámites necesarios para la transferencia de recursos destinados a la afiliación».

16 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales

o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 25 de

enero de 2024, rad. núm. 25000-23-41-000-2022-00243-01, M.P.: Pedro Pablo Vanegas Gil.
18 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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52. De la lectura del inciso segundo y el parágrafo 2 de la norma sub examine,
se advierte que ella prescribe lo siguiente: (i) los voluntarios activos de la Defensa
Civil Colombiana, de los cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja
Colombiana serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y gozarán
de todos sus beneficios (inciso segundo); y (ii) el cubrimiento de la afiliación de los
voluntarios a la respectiva ARL será a través del Ministerio del Interior (parágrafo
2).

53. Como lo concluyó el a quo, tales preceptos normativos sí establecen dos
tipos de deberes diferenciables, pero relacionados entre sí, a saber: la obligación
de afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los voluntarios activos de las
entidades que integran el Subsistema Nacional en Primera Respuesta; y el
compromiso de cubrir el costo de la afiliación.

54. No obstante, frente a la primero de ellos, el Legislador no dispuso cuál sería
la autoridad encargada de hacer efectiva tal afiliación. Por el contrario, en relación
con el segundo de ellos, la Ley 1505 de 2012 sí le impuso una obligación clara y
expresa al Ministerio del Interior, consistente en el «cubrimiento de la afiliación de
los voluntarios a la ARP».

55. Tal obligación, por demás, ya estaría cumplida por parte de la mencionada
cartera. Como se señaló en el acápite anterior, el mismo accionante aportó
elementos que dan cuentan de que para las vigencias fiscales 2025 y 2026, el
Ministerio del Interior hizo las siguientes apropiaciones presupuestales tendientes a
cubrir con los costos de la afiliación de los voluntarios, que es precisamente el deber
que le es exigible.

56. Sin embargo, lo anterior no se traduce en un mandato a cargo de alguna de
las demandas de llevar a cabo la afiliación. En efecto, el inciso segundo del artículo
9 de la Ley 1505 de 2012 dispone:

[…]
Adicionalmente los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los
Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana serán afiliados
al Régimen de Riesgos Profesionales (ARP) y gozarán de todos sus beneficios.
[…]

57. Del tenor de la norma no es posible que el juez de cumplimiento extienda o
cree un mandato de afiliación a cargo del Ministerio del Interior o de la UNGRD, en
los términos que pretende el demandante.

58. Ahora bien, en la demanda, el actor señaló que su pretensión está
encaminada a que el Ministerio del Interior dé «cumplimiento a las obligaciones a
su cargo en materia de apropiación, gestión y traslado de recursos para la afiliación
de los voluntarios acreditados y activos al Sistema General de Riesgos Laborales»;
y a la UNGRD también obedezca «las obligaciones a su cargo relativas a la

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estructuración, actualización, validación y gestión operativa de la base de datos y
de los trámites necesarios para la transferencia de recursos destinados a la
afiliación».

59. La conclusión acerca de la imposibilidad de ordenar el cumplimiento
pretendido por el actor no varía solo por el hecho de que el actor no pida la afiliación,
sino la realización de actuaciones presupuestales, administrativas y operativas
necesarias para materializar dicha afiliación.

60. Ello es así, comoquiera que, de un lado, la obligación del Ministerio accionado
de cubrir el costo de la afiliación ya estaría cumplida para esta vigencia fiscal; y, de
otro, la norma no hace referencia alguna a la UNGRD ni a algún deber relacionado
con la «estructuración, actualización, validación y gestión operativa de la base de
datos y de los trámites necesarios para la transferencia de recursos destinados a la
afiliación», como lo pretende el señor Sanabria Bermúdez.

61. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que tales deberes podrían estar
contenidos en el Decreto 1809 de 202019, pero no le es factible a este juez colegiado
extender el objeto de la acción a dicha norma reglamentaria por las siguientes
razones:

62. Primero, al revisar el trámite de la acción, se observa que, en el escrito de
renuencia, el actor solo pidió el acatamiento del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012,
sin que en esa oportunidad hiciera mención alguna al Decreto 1809 de 2020, que
adicionó el Decreto 780 de 2016. De hecho, en esa oportunidad, cuando el actor
explicó el mandato y en qué consiste el incumplimiento, lo hizo en los siguientes
términos:

Como se evidencia en la norma anteriormente citada [artículo 9 de la Ley 1505
de 2012], Los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los
Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana serán afiliados
al Régimen de Riesgos Profesionales (ARP - ARL) y gozarán de todos sus
beneficios.

19 Sobre el particular, el artículo 3.2.8.4 de la norma reglamentaria dispone: «Afiliación y pago de

aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales de los voluntarios acreditados activos se realizará por parte de las entidades del
Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta ante la entidad Administradora de
Riesgos Laborales en la cual la entidad esté afiliada, diligenciando el Formulario Único de Afiliación
y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales, o realizar dicha afiliación a
través de la plataforma del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. El pago de aportes al Sistema
se efectuará por estas entidades a través de la Planilla Integrada de Auto liquidación de Aportes y
Contribuciones - PILA
PARÁGRAFO 1. El Ministerio del Interior trasladará, mediante convenio, los recursos al Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, para que el director de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto de este,
celebre los acuerdos o convenios necesarios, con la finalidad de transferir los recursos a las
direcciones generales de las entidades de primera respuesta, para efectuar el pago de los aportes
de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta afiliados al
Sistema General de Riesgos Laborales.
PARÁGRAFO 2. La afiliación de los voluntarios acreditados y activos al Sistema General de Riesgos
Laborales no generará vínculo laboral».

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La misma disposición establece que:

El cubrimiento de la afiliación de los voluntarios a la ARP – ARL será a
través de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y
de Justicia.

En consecuencia, el legislador estableció una obligación clara, expresa
y exigible a cargo del Estado, consistente en garantizar la afiliación al
sistema de riesgos laborales de los voluntarios que integran el Subsistema
Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta.

63. A partir de ello, expuso que, en la práctica no se evidencia la implementación
de un sistema que garantice la afiliación de los voluntarios, a pesar de que estos
realizan actividades de alto riesgo. Luego, concluyó que esa situación «evidencia
un posible incumplimiento del mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 1505 de
2012, disposición que impone al Estado la obligación de garantizar dicha afiliación».

64. Segundo, dado que el escrito de constitución en renuencia no hizo referencia
al Decreto 1809 de 2020, mediante auto del 21 de mayo de 2026, el a quo inadmitió
la demanda, con el fin de que el demandante: (i) precisara el objeto de las normas
contra las cuales dirige sus pretensiones, en tanto «si bien pareciera dirigir el medio
de control frente al artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, en su escrito también hace
mención a otras disposiciones normativas, de manera tal que no se tiene claridad
sobre si también pretende el cumplimiento de éstas»; y (ii) aportara los documentos
de constitución en renuencia, porque en el único escrito aportado solo pidió el
obedecimiento del referido artículo 9 ejusdem, «sin que se evidencie el
requerimiento expreso respecto de los artículos 3.2.8.4, 3.2.8.5, 3.2.8.13 y 3.2.8.14
del Decreto 780 de 2016».

65. A su vez, al subsanar la demanda, el accionante prescindió, expresamente,
de las pretensiones de cumplimiento de los artículos 3.2.8.4., 3.2.8.5., 3.2.8.13. y
3.2.8.14 del Decreto 1809 de 2020 y, a su vez, precisó que el objeto de la acción se
limitaría al contenido del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012. En palabras del
demandante, hizo alusión a aquellos preceptos «únicamente como disposiciones
reglamentarias de desarrollo, materialización y ejecución del mandato legal
contenido en el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, mas no como pretensiones
autónomas e independientes respecto de las cuales se pretenda un
pronunciamiento por separado».

66. Entonces, aun cuando uno de los puntos de la impugnación es cuestionar,
precisamente, que el a quo hubiese limitado el estudio de la acción al artículo 9
ibidem; la Sala coincide con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en que la
competencia del juez de cumplimiento debe restringirse al estudio de la norma legal,
y no a las normas reglamentarias antes citadas.

67. Aceptar lo contrario, implicaría desconocer las normas frente a las cuales las
demandadas fueron efectivamente constituidas en renuencia, así como el objeto de
la litis fijado desde primera instancia.
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68. En otros términos, ampliar el objeto de la demanda, supondría realizar una
suerte de integración de la unidad normativa a efectos de analizar el incumplimiento
con base en disposiciones que no solo no fueron demandadas, sino frente a las
cuales el actor indicó que no pretendía un pronunciamiento autónomo,
independiente ni por separado; lo cual es precisamente lo que correspondería hacer
a esta Sección a efectos de establecer el contenido y el alcance de cada de las
responsabilidades de las demandadas respecto de la materialización del deber de
afiliación de los voluntarios del Subsistema Nacional en Primera Respuesta,
conforme a la norma reglamentaria.

69. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la demanda, comoquiera
que el artículo 9 de la Ley 1505 de 2012 no establece en cabeza del Ministerio del
Interior o de la UNGRD el deber de realizar la afiliación de los voluntarios del
Subsistema Nacional en Primera Repuesta. El único deber que objetivamente
deriva de la norma es el relativo a cubrir el costo de dicha afiliación por parte de la
cartera ministerial, sin que sea posible atribuirle incumplimiento alguno, comoquiera
que, como lo puso de presente el mismo accionante, dicha entidad ha realizado las
apropiaciones presupuestales necesarias en las vigencias 2025 y 2026 para acatar
el deber legal a su cargo.

70. Lo anterior no significa que esta Sección pase por alto la importancia de las
funciones que cumplen los voluntarios o cómo la omisión de su afiliación al Sistema
General de Riesgos Laborales es un compromiso legal que lleva más de 14 años
sin concretarse. Tampoco desconoce la posible afectación del derecho a la
Seguridad Social de los voluntarios derivada de esta situación. Por el contrario, para
la Sala la materialización de dicha afiliación es un tema prioritario que requiere la
atención urgente del Estado.

71. Por ende, la Sala modificará el exhorto realizado por la Sección Primera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca20. Ello, con el fin de
instar a todas las autoridades que, pese a que el legislador no les asignó la función
de asegurar la afiliación de los voluntarios al Sistema de Riesgos Laborales, sí
podrían estar involucradas en la concreción de dicho deber. En ese orden, la Sala
realizará el exhorto en los siguientes términos:

EXHORTAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres y a las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios
en Primera Respuesta que, en el ámbito de sus competencias legales y
reglamentarias, y conforme a las obligaciones estipuladas en el convenio

20 «3.°) Exhortar al Ministerio del Interior para que, en el ámbito de la competencia que le atribuye

el parágrafo 2.° del artículo 9.° de la Ley 1505 de 2012 y las demás normas concordantes, así como
también las obligaciones asumidas en el convenio interadministrativo N.° 9677-07-1697-2011-
UNGRD N.° 103-2021 que suscribió el 23 de noviembre de 2021 con el FNGRD, adelante de manera
inmediata las actuaciones administrativas, presupuestales y de coordinación que resulten
necesarias para garantizar el cubrimiento de la afiliación de los voluntarios acreditados y activos del
Subsistema Nacional de Primera Respuesta al Sistema General de Riesgos Laborales, por las
razones expuestas en ésta providencia».

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interadministrativo N.° 9677-07-1697-2011- UNGRD N.° 103-2021, adelanten
de manera inmediata las gestiones operativas, administrativas, presupuestales
y de coordinación que resulten necesarias para garantizar la afiliación efectiva
de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional en Primera
Respuesta al Sistema General de Riesgos Laborales.

72. Finalmente, la Sala le pone de presente al actor que esta decisión no le
impide promover una nueva acción de cumplimiento para exigir un pronunciamiento
sobre las normas del Decreto 1809 de 2020.

2.3. Conclusión

73. La Sala revocará parcialmente la decisión de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia
y negó algunas de las pretensiones de la acción. En su lugar, negará las
pretensiones de la demanda y modificará el exhorto que hizo el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 17 de julio de 2026,
dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: MODIFICAR el resolutivo tercero de la sentencia del tribunal a quo, y,
en su lugar, disponer lo siguiente:

EXHORTAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres y a las entidades del Subsistema Nacional de
Voluntarios en Primera Respuesta que, en el ámbito de sus
competencias legales y reglamentarias, y conforme a las obligaciones
estipuladas en el convenio interadministrativo N.° 9677-07-1697-2011-
UNGRD N.° 103-2021, adelanten de manera inmediata las gestiones
operativas, administrativas, presupuestales y de coordinación que
resulten necesarias para garantizar la afiliación efectiva de los voluntarios
acreditados y activos del Subsistema Nacional en Primera Respuesta al
Sistema General de Riesgos Laborales.

TERCERO: RECHAZAR la solicitud probatoria elevada por la parte demandante.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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