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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01518-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01518-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-01518-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01518-01
Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

Tema: Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE).
Apropiación de los recursos necesarios para cumplir las
contingencias derivadas de contratos celebrados en el marco de
Asociaciones Público Privadas (APP). Confirma decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La impugnación fue concedida mediante auto del 19 de noviembre de 2025, y el
proceso fue asignado esta Sección el 1 de diciembre de este año. Por lo anterior, la
Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado de
Derecho (en adelante, FEDECOLOMBIA) presentó demanda contra las siguientes

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código [...].

1
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Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
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entidades: (i) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el fin de
obtener el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 448 de 1998 5; y
(ii) la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías
(Invías), por su renuencia en el acatamiento del deber contenido en el artículo
2.4.1.5. del Decreto 1068 de 20156, «en relación con el funcionamiento del Fondo
de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE)».

2. En consecuencia, la accionante formuló las siguientes pretensiones:

1. Ordenar a la Dirección General de Crédito Público del MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir con los deberes establecidos en el
artículo 6 de la Ley 448 de 1998:(i) aprobar las valoraciones de obligaciones
contingentes de las entidades aportantes; (ii) realizar seguimiento periódico a la
evolución de los riesgos cubiertos por el FCEE; y (iii) determinar, conforme a
las disposiciones presupuestales, los incrementos o ajustes de aportes que
sean necesarios.

2. Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a través de
la Dirección General de Crédito Público, adoptar las medidas necesarias para
que las apropiaciones destinadas al FCEE sean adecuadas y suficientes, y
respondan a los parámetros definidos por dicha entidad para el efecto,
incluyendo: (a) un plan de estabilización que asegure la suficiencia financiera
del FCEE y (b) acciones correctivas frente a las dificultades derivadas del
Decreto 050 de 2023.

3. Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS cumplir el deber establecido en el artículo
2.4.1.5 del Decreto 1068 de 2015, de manera que se cumplan las reglas de
suficiencia respecto de las apropiaciones que deben realizarse al FCEE.

1.2. Posición de la parte demandante

3. FEDECOLOMBIA indicó que la Ley 448 de 1998 creó el FCEE, como una
cuenta especial sin personería jurídica, cuya administración corresponde a la
Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP.

4. El FCEE tiene por objeto servir de garantía para el pago de las obligaciones
contingentes contraídas por las entidades estatales sometidas al régimen

5
«ARTICULO 6. Aprobación y seguimiento de la valoración de las contingencias. La Dirección
General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las valoraciones de las
obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales que efectúen aportes al Fondo.
Igualmente, esta Dirección realizará un seguimiento periódico a la evolución de los riesgos cubiertos por
el Fondo y determinará el incremento o la disminución de los aportes que fueren necesarios, de
conformidad con las disposiciones presupuestales».
6
«ARTÍCULO 2.4.1.5. Obligatoriedad del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas por su régimen deberán
incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para
atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan contraído para cada una de las vigencias
fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato.
Los organismos sometidos al régimen de contingencias de las entidades estatales, deberán manejar a
través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la totalidad de los recursos
que apropien en sus presupuestos, para el cumplimiento de obligaciones contingentes contractuales
derivadas de los riesgos comprendidos dentro del área de riesgos definida en el artículo 2.4.1.2.2. del
Capítulo 2 del presente título».

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obligatorio de contingencia, es decir, las enunciadas en el artículo 2.4.1.8. del
Decreto 1068 de 20157.

5. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 448 de 1998, los recursos del FCEE
provienen de «1. Los aportes realizados por las Entidades Estatales. 2. Los aportes
del Presupuesto Nacional. 3. Los rendimientos financieros que generen sus
recursos. 4. La recuperación de cartera»8.

6. En lo que respecta a los deberes de las entidades demandadas en lo que
concierne a la FCEE, indicó que el artículo 6 ibidem le asigna al MHCP tres deberes
específicos: (i) aprobar las valoraciones de las obligaciones contingentes que
realicen las entidades aportantes; (ii) realizar un seguimiento periódico a la
evolución de los riesgos cubiertos por el Fondo y (iii) determinar el incremento o la
disminución de los aportes, de acuerdo con las disposiciones presupuestales de las
entidades estatales.

7. A su vez, aseveró que la ANI y el INVIAS, por ser entidades sometidas al
régimen de contingencias, tienen la obligación de incluir en sus presupuestos, «en
la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el
pago de las obligaciones contingentes contraídas para cada vigencia fiscal», al tenor
de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015.

8. No obstante, consideró que existe un incumplimiento por parte de las
demandadas respecto de los proyectos celebrados en el marco de las Asociaciones
Público Privadas (APP). Esto, comoquiera que el FCEE constituye una de las
fuentes de pago para cubrir la retribución de los contratistas, lo cual tiene por
finalidad garantizar «la estabilidad y viabilidad de los proyectos financiados bajo la
modalidad APP».

9. Dicho incumplimiento se evidencia con la alerta emitida por la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que advirtió sobre «la inusual presión
que se ha generado recientemente sobre los recursos del FCEE, debido a que el
congelamiento de tarifas de los peajes ordenado en el Decreto 50 de 2023 […], tuvo

7
«ARTÍCULO 2.4.1.8. Entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales
del Estado. Se someten al régimen obligatorio de contingencias estatales consagrado por la Ley 448 de
1998 y por el presente título, las siguientes entidades, que -en consecuencia- tienen el carácter de
aportantes del fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales:
1. La Nación.
2. Los establecimientos públicos.
3. Las empresas industriales y comerciales del Estado.
4. Las sociedades de economía mixta en las que la participación estatal sea de más del 75%.
5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.
6. Las corporaciones autónomas regionales.
7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital de Bogotá.
8. Las entidades estatales indicadas en los numerales 2, 3, 4 y 5 de los niveles departamental, municipal
y distrital.
9. Las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas definidas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994
en las que el componente de capital público sea igual o superior al 75%.
10. Las sociedades públicas.».
8
Artículo 5 de la Ley 448 de 1998.

3
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por consecuencia una alteración de los flujos esperados de ingresos para los
particulares, obligando al Estado a asumir los desequilibrios financieros».

10. Lo anterior ha significado el incremento de los pagos que debe llevar a cabo
el FCEE y la reducción de aportes acumulados, lo cual reduce la capacidad futura
para financiar nuevas concesiones. La Procuraduría General de la Nación también
alertó sobre tal situación.

11. FEDECOLOMBIA informó que presentó a las demandadas solicitud de
cumplimiento de los artículos invocados en la presente demanda, en relación con
las cuales aseveró que solo recibió respuestas por parte de la ANI y el Invías9, en
el siguiente sentido:

(i) La ANI reconoció la existencia de 20 contratos de concesión amparados por
cláusulas de compensación por menor tráfico o de ingresos mínimos
garantizados y, por tanto, afectadas con las medidas de congelamiento de las
tarifas de peajes en un valor de $ 494.369.934.650, el cual debe ser
compensado con cargo al FCEE.

Así mismo, informó que, para las vigencias 2023 y 2024, incluyó en sus
anteproyectos de presupuesto la solicitud de recursos necesarios para cumplir
con las contingencias a su cargo. Para 2023, pidió $ 4.6 billones; y, para 2024,
$ 9.7 billones. Sin embargo, el monto finalmente reconocido en las respectivas
leyes de presupuesto fue inferior, pues la Ley 2276 de 2022, reconoció $ 2.7
billones aproximadamente; y la Ley 2342 de 2023, $ 1.5 billones.

(ii) El Invías indicó que tiene un contrato vigente bajo la modalidad de APP en el
que se incluye la referida cláusula de compensación por menor tráfico o de
ingresos mínimos garantizados. También comunicó que para la vigencia 2023
realizó el aporte al FCEE por valor de $ 12.712.784.756, sin que a la fecha se
hayan realizado las apropiaciones presupuestales con destino al Fondo para
las vigencias 2024 y 2025.

12. Para la demandante, lo anterior evidencia que las entidades accionadas no
han cumplido a cabalidad con sus deberes, lo cual compromete directamente la
ejecución de los proyectos «y amenaza la estabilidad del esquema de concesiones
y APP».

13. Finalmente, se refirió al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
acción. En particular, puso de presente que la presente acción no comporta gasto
alguno. Esto, porque «no se solicita que el juez incorpore partidas al presupuesto,
ni que ordene la ejecución inmediata de una apropiación». La finalidad de la
demanda es que se ordene que se cumpla con los deberes de «seguimiento,

9
El MHCP solicitó una prórroga de 15 días hábiles para responder, pero FEDECOLOMBIA indicó que a
la fecha de presentación de la demanda no había recibido respuesta.

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actualización y debida valoración» de las obligaciones contingentes y la
consecuente provisión del FCEE.

14. En el mismo sentido, alegó que se satisface el requisito de subsidiariedad,
habida cuenta de que los instrumentos con los que contarían los contratistas por el
incumplimiento contractual (v.gr., el arbitraje o el medio de control de controversias
contractuales) buscan obtener compensaciones por daños ya consolidados;
mientras que este mecanismo constitucional busca prevenir la configuración de la
omisión administrativa.

1.3. Posición de la parte demandada y concepto del Ministerio Público

15. MHCP. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción por la
inexistencia de un deber exigible, claro y actual y por perseguir la ejecución de
partidas presupuestales.

16. Primero, adujo que la demanda se funda en afirmaciones generales sobre el
funcionamiento del FCEE, sin precisar en qué consiste el incumplimiento del
Ministerio. También alegó que la entidad no ha incumplido sus deberes de
administración del Fondo, en tanto el proceso para la valoración de contingencias
está reglado en el Decreto 1068 de 2015, en el que, necesariamente, participan las
entidades estatales. Al respecto, indicó que ha ejercido seguimiento a los proyectos
APP que incluyen cláusulas de compensación por menor tráfico, y advirtió que a la
fecha dicha cartera ministerial no ha emitido alertas o advertencias técnicas sobre
riesgo de desfinanciamiento del FCEE.

17. Segundo, indicó que la acción de cumplimiento no puede ser empleada para
ordenar la ejecución forzada de normas que conllevan gasto. En esa medida, no
puede declararse el incumplimiento de una disposición legal o reglamentaria si su
acatamiento depende de la concurrencia de distintas etapas del ciclo presupuestal
y menos aún cuando la eventual orden podría desconocer lo dispuesto en las leyes
anuales de presupuesto.

18. ANI. Señaló que la acción de cumplimiento es improcedente, y pidió
«denegar» las pretensiones de la demanda. Esto, porque la agencia ha dado
respuesta a las peticiones elevadas por la actora, las cuales, a su juicio, contienen
decisiones definitivas, que pueden ser cuestionadas por mediante otros medios de
control.

19. Adicionalmente, manifestó que ha cumplido con sus obligaciones como
entidad aportante del FCEE, pues anualmente presenta su anteproyecto de
presupuesto, en el que incluye en el servicio a la deuda los «Planes de aportes
aprobados para la vigencia», «Planes de aportes en trámite o por tramitar»,
«Aportes pendientes de giro de periodos anteriores» y «Decreto 050 de 2023», entre
otros.

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20. Invías. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque las
normas invocadas no contienen un mandato susceptible de ser exigido
judicialmente. Para ello, advirtió que el régimen legal de las APP, en el que el FCEE
constituye una fuente de pago directa al contratista, no es aplicable al instituto, que
se rige por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública. De allí que en el único contrato de concesión celebrado se excluyera
expresamente la garantía de recaudo mínimo, flujo de tránsito o rentabilidades
mínimas de la tasa de peaje. De allí que no exista reclamación alguna contra la
entidad por concepto de compensación por menor tráfico o ingresos mínimos
garantizados.

21. Ministerio Público. Para la procuradora 161 Judicial II para Asuntos
Administrativos deben negarse las pretensiones de la demanda, pues, no hay
prueba de que las demandadas hayan desacatado los deberes contenidos en los
artículos 6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015. En efecto, la
demandante (i) «no demuestra que expresamente que las dos normas se estén
incumpliendo» y (ii) confunde el incumplimiento normativo con el aparente déficit del
fondo, «que tampoco se prueba».

1.4. Oposición a las contestaciones

22. FEDECOLOMBIA indicó que ninguna de las demandadas desvirtuó el
«comportamiento deficitario» del FCEE. Esta situación, a su juicio, da cuenta del
incumplimiento, en tanto las obligaciones contenidas en la normas invocadas en la
demanda «son facultades conjuntas orientadas a un mismo fin, cual es mantener la
suficiente patrimonial del Fondo para cumplir con su objeto legal». En tales términos,
el déficit referido «constituye la prueba directa del incumplimiento». Así mismo,
reiteró que las normas cuyo acatamiento se reclama no conllevan gasto, sino que
constituyen una medida de eficiencia fiscal.

1.5. Fallo de primera instancia

23. En sentencia de 24 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de
la acción sub examine, por considerar que las normas cuyo cumplimiento pidió la
demandante establecen gastos.

24. Lo anterior, porque la accionante pretende que las demandadas, entre otras,
determinen los incrementos o ajustes de sus aportes al FCEE y adopten las medidas
necesarias para que las apropiaciones con destino al Fondo sean adecuadas,
suficientes, a fin de que se asegure la suficiencia financiera y acciones correctivas
frente al déficit existe. En consecuencia, la acción sub examine tiene por objeto que
«medidas de tipo presupuestales para la destinación de recursos públicos», lo cual
desborda el ámbito de protección de esta acción al tenor de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

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1.6. Impugnación

25. FEDECOLOMBIA impugnó la decisión del a quo, con fundamento en los
siguientes argumentos.

26. Primero, los deberes cuyo cumplimiento solicita son de tipo técnico y
administrativo previos al proceso presupuestal, por lo que no conllevan gastos.
Indicó que los artículos 6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015
prevén mandatos relativos a (i) realizar activades de valoración, seguimiento,
cálculo, proyección, registro contable o inclusión en anteproyectos presupuestales,
en el caso del MHCP; y (ii) llevar a cabo una apropiación en el presupuesto, en
relación con la ANI y el Invías. Ninguna de esas normas supone la «disposición
inmediata de recursos del erario».

27. Segundo, la interpretación del Tribunal vacía de contenido la acción de
cumplimiento, en tanto implica que cualquier norma que tenga relación, directa o
mediata, con la destinación de recursos públicos deben considerarse como una que
establece gasto. Tercero, las apropiaciones con destino al FCEE son un mandato
cuyo cumplimiento no es discrecional o facultativo por parte de las demandadas.
Por último, insistió en que el déficit del Fondo acredita el incumplimiento de las
normas; situación que no fue debidamente analizada por el Tribunal.

II. CONSIDERACIONES

28. La Sala confirmará la sentencia del 24 de octubre de 2025, mediante la cual
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró improcedente la acción de cumplimiento sub examine.

29. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia y (ii) el análisis del cumplimiento de los requisitos de
procedencia de este mecanismo constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

30. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que

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la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento10.

31. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»11. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la
demanda.

32. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia.
FEDECOLOMBIA aportó la constancia de haber enviado a las entidades
demandadas el escrito de «petición de información y solicitud de cumplimiento de
deberes legales»12. En esta comunicación solicitó, entre otras: (i) al MHCP, «cumplir
con la obligación» de los artículos 1 y 6 de la Ley 448 de 1998; y (ii) a la ANI y al
Invías, «cumplir con el deber legal establecido» en los artículos 2.4.1.5. y «11» del
Decreto 1068 de 2015. Por su parte, en sus respectivas contestaciones, las
entidades demandadas afirmaron haber recibido la solicitud y, asimismo, haberle
brindado una respuesta a la fundación demandante13.

33. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

34. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)14.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

10
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el
propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12
Este escrito fue enviado el 11 de junio de 2025 a las siguientes direcciones de correo electrónico: Para:
relacionciudadano@minhacienda.gov.co; contactenos@ani.gov.co; atencionciudadano@invias.gov.co.
13
En lo que respecta al MHCP, esta entidad afirmó haber recibido la solicitud y, contrario a lo afirmado
por la accionante, haber dado respuesta el 22 de septiembre de 2025, mediante comunicación n. ° 2-
2025-057476.
14
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

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(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

35. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en
ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

36. En el caso concreto, FEDECOLOMBIA pidió el cumplimiento de los artículos
6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015, con el fin de que el
MHCP, la ANI y el Invías aseguren el correcto funcionamiento del FCEE. Esto,
porque a su juicio, existe un riesgo de desfinanciamiento del Fondo que repercute
en la viabilidad de los actuales proyectos de APP y en la posibilidad de que estos
puedan seguir siendo contratados a futuro.

37. Para la Sala, aunque (i) las normas que se pide acatar están contenidas en
una ley y en un decreto reglamentario, respectivamente; (ii) la demanda se dirige en
contra de autoridades públicas, (iii) la acción no pretende la protección de derechos
fundamentales; y, (iv) en principio, la demandante no cuenta con otro medio de
defensa judicial para exigir el cumplimiento; la acción sub examine es improcedente
porque persigue el obedecimiento de normas que conllevan gasto.

38. Sobre el referido requisito de improcedencia, en la sentencia C-157 de 1998,
que declaró la exequibilidad del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la Corte
Constitucional sostuvo:

Es evidente que si el requisito constitucional para estimar una acción de
cumplimiento se concreta en la omisión de un deber, escapa a esta acción la
impugnación de conductas que carezcan de obligatoriedad, máxime en los
casos en los cuales la Constitución concede un margen de libertad de acción o
atribuye a un órgano una competencia específica de ejecución condicionada.

[…]

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto
previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida
que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal

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diseñado por el Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y
procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo
propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del
novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin
embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes
instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita
la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado
por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de
la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos
del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura. (Negrilla fuera del texto original)

39. El requisito del gasto tiene, entonces, una clara finalidad constitucional: evitar
que el juez de cumplimiento altere o sustituya las competencias propias de otras
autoridades en materia presupuestal, puesto que este tipo de materias, por expresa
disposición constitucional, han sido reservadas al Gobierno nacional, con
participación del Congreso de la República15. De allí que esta acción no pueda
emplearse como un mecanismo de corrección presupuestal ni fiscal, mediante el
cual se sometan a control judicial las decisiones del ejecutivo o del legislativo.

40. Pues bien, en este caso, FEDECOLOMBIA indicó que la acción no persigue
gasto, en tanto no solicita que se incorporen partidas presupuestales concretas, sino
que se cumpla con los deberes de «seguimiento, actualización y debida valoración»
de las obligaciones contingentes y la consecuente provisión del FCEE, a fin de
garantizar su adecuado funcionamiento.

41. Sin embargo, esta Sección considera que lo pretendido por la actora sí se
enmarca en la causal de improcedencia referida. Esto, por cuanto el propósito del
ejercicio de esta acción no es otro que la entidades demandadas realicen los

15
Sobre el particular, la Carta Política dispone, entre otras, que:
ARTICULO 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que
será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de
rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de
sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el
Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la
deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer
debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.
ARTICULO 349. Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las
reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de Rentas y Ley de
Apropiaciones.
Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro, no
podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del
ramo.
ARTICULO 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las
que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado,
la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los
planes y programas a que se refiere el artículo 341.

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aportes necesarios al FCEE, de forma que se supere el déficit alegado por la
demandante.

42. La concreción de tales aportes implica necesariamente la inclusión de tales
gastos en los respectivos presupuestos de las entidades accionadas. Tanto así, que
los argumentos con base en los cuales se pretende demostrar el incumplimiento de
las demandadas están todos relacionados con la insuficiente asignación de
recursos al Fondo. En efecto, en la demanda, la prueba del incumplimiento alegado
es explicada en los siguientes términos:

(i) Frente al MHCP, indicó que: «1. Existe una crisis de desfinanciamiento del
Fondo de Contingencias de las de las Entidades Estatales, debido a la falta de
asignación de los recursos requeridos para atender los desbalances derivados
de la implementación del Decreto 050 de 2023. […] 2. Hay una asignación
insuficiente de recursos a la ANI en la ley de presupuesto general de la nación
para las vigencias 2023 y 2024. 3. No se incluyeron aportes en relación con el
FCEE en el presupuesto asignado al INVIAS para las vigencias 2024 y 2025».

(ii) Respecto de la ANI, manifestó que «no se incluyeron las apropiaciones
necesarias para cumplir con los aportes al FCEE en las vigencias 2023 y
2024».

(iii) En cuanto al Invías, expuso que «la información remitida por [la entidad] no
permite concluir que el valor apropiado corresponde a las sumas necesarias
para cumplir con las contingencias contractuales». Aunado a ello, la
demandada «admitió en su memorial de respuesta, que no se incluyó dentro
del presupuesto […] ninguna partida para atender el pago de las obligaciones
contingentes».

43. Así las cosas, para la Sala no hay duda de que la acción persigue el
cumplimiento de normas que establecen gasto, lo que la torna improcedente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997. Esto, comoquiera
que la accionante pretende que, a través de esta acción, las demandadas
modifiquen las apropiaciones presupuestales con destino al FCEE y, en
consecuencia, realicen los aportes en una cuantía superior para, así, superar el
déficit alegado.

44. Por tanto, acceder a lo pretendido supondría invadir una competencia que
está constitucional y legalmente reservada al Gobierno nacional y al Congreso de
la República. Al respecto, esta Sala reitera que el juez de cumplimiento no puede
incidir en la asignación, reasignación o reducción de recursos públicos. Sus
competencias se circunscriben a verificar que las autoridades cumplan las normas
con fuerza material de ley o los actos administrativos obligatorios, sin sustituir la
voluntad del legislador en materia fiscal ni desplazar al Ejecutivo en la gestión
presupuestal. Cualquier orden judicial que implique comprometer, alterar o modificar

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apropiaciones presupuestales específicas desborda los límites de esta acción
constitucional.

2.2. Conclusión

45. La Sala confirmará la decisión de la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento sub examine, por las razones antes indicadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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