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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2026-00978-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2026-00978-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2026, dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2026-00978-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00978-01
Accionante: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH)
Accionado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Temas: Enajenación gratuita de bienes entre entidades estatales.
Improcedencia de la acción de cumplimiento. Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 10 de julio de 2026, dictada por la Sección Primera, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La impugnación fue concedida mediante auto del 3 de agosto de 2026, por lo que
la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 393 de 1997, el Centro Nacional de Memoria Histórica (en
adelante, CNMH) presentó demanda en contra de la Universidad Nacional de

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].

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Accionante: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
Accionado: Universidad Nacional de Colombia
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Colombia, con el fin de obtener el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 24 de
la Ley 2294 de 20235 y el Decreto 1383 de 20256.

2. En consecuencia, el accionante formuló las siguientes pretensiones:

1. DECLARAR que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ha incumplido
las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y del Decreto
1383 de 18 de diciembre de 2025, en relación con la terminación de la construcción
del “Exploratorio Nacional”.

2. ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA el cumplimiento del
artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 - Colombia Potencia Mundial de la Vida", para que, en
coordinación con el Gobierno Nacional y con el Centro Nacional de Memoria
Histórica – CNMH, realice la terminación de la construcción del "Exploratorio
Nacional" de que trata la Ley 425 de 1998, destinado a conmemorar el legado de
Jorge Eliécer Gaitán, la construcción de la equidad, la justicia social, la cultura
ciudadana participativa, la construcción de la paz, la restauración moral de la
Nación y la dignidad. En desarrollo de lo anterior, solicito respetuosamente se
ordene a la entidad accionada:

2.1. Remitir el inventario de bienes muebles que se encontraban en las manzanas
"A" y "B" y que hacen parte de "El Exploratorio Nacional".

3. ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA el cumplimiento del
Decreto No. 1383 del 18 de diciembre de 2025 "Por medio del cual se reglamenta
el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023, y se adicionan artículos al capítulo 6 del título
7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, en lo relacionado con la
terminación del Exploratorio Nacional", para que la accionada realice el
saneamiento correspondiente de los bienes inmuebles y posteriormente proceda
con la enajenación gratuita de los bienes de las manzanas "A" y "B" pertenecientes
al Exploratorio Nacional al Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, con el
fin de terminar el Exploratorio Nacional. En desarrollo de lo anterior, solicito
respetuosamente se ordene a la entidad accionada:

3.1. Sobre el saneamiento previo: Informar si tiene en su tenencia, posesión o
dominio bienes inmuebles que sean materia de saneamiento previo, en los términos
previstos en el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y en el parágrafo 1 de los artículos
2.2.7.6.23 y 2.2.7.6.24 del Decreto 1084 de 2015 (adicionados por el Decreto 1383
de 2025). En caso afirmativo, indicar:

a) La identificación precisa de los inmuebles que requieren saneamiento, con
señalamiento de su correspondiente Folio de Matrícula Inmobiliaria.

b) La naturaleza jurídica, material o administrativa de las situaciones que hacen
necesario el saneamiento respecto de cada uno de los inmuebles.

c) Las actividades y gestiones que la Universidad Nacional de Colombia ha
adelantado, se encuentra adelantando o tiene proyectado adelantar para efectos
de llevar a cabo el referido saneamiento, con indicación del estado actual de cada
una de ellas.

5 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la

Vida”».
6 «Por medio del cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023, y se adicionan artículos

al capítulo 6 del título 7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, en lo relacionado con la
terminación del Exploratorio Nacional».

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d) El cronograma estimado para la culminación del saneamiento de cada inmueble,
considerando que éste constituye requisito previo a la enajenación gratuita a favor
del Centro Nacional de Memoria Histórica.

3.2. Sobre la notaría: Indicar la notaría ante la cual se surtirá la enajenación
gratuita de los bienes inmuebles pertenecientes a las manzanas "A" y "B" del
complejo arquitectónico denominado "El Exploratorio Nacional", así como la fecha
prevista para el otorgamiento de los actos y escrituras públicas necesarias para
perfeccionar la transferencia del derecho de dominio a favor del Centro Nacional de
Memoria Histórica, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y del
Decreto 1383 de 2025, teniendo en cuenta que, conforme al parágrafo 2 de los
artículos 2.2.7.6.23 y 2.2.7.6.24 del Decreto 1084 de 2015, tales actos quedarán
exentos de los derechos que se generen por concepto del ejercicio de la función
notarial y/o registral.

4. DISPONER que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA adelante, en
forma inmediata y coordinada, las gestiones administrativas, financieras y
presupuestales necesarias para garantizar la ejecución y finalización de los trámites
administrativos y de obra, en cumplimiento de los mandatos legales citados. En
particular, solicito respetuosamente se ordene a la entidad accionada:

4.1. Sobre el cronograma de entrega: Remitir el cronograma de entrega de los
bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que recaen sobre las
manzanas "A" y "B" del complejo arquitectónico "El Exploratorio Nacional", en
cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2.2.7.6.24 del Decreto
1084 de 2015 (adicionado por el Decreto 1383 de 2025), el cual dispone
expresamente que "para la entrega [de] los bienes, derechos y obligaciones […] se
deberá establecer un cronograma entre la(s) entidad(es) pública(s) del orden
nacional que los detente y el Centro Nacional de Memoria Histórica, para asegurar
la entrega efectiva de los mismos dentro del término establecido". En tal sentido, se
informe:

a) Si dicho cronograma ya ha sido elaborado, y en caso afirmativo, se remita copia
de este.

b) En caso contrario, la fecha prevista por la Universidad Nacional de Colombia para
concertar el respectivo cronograma con el Centro Nacional de Memoria Histórica,
así como el funcionario o dependencia encargada de adelantar dicha concertación.

1.2. Posición de la parte demandante

3. El CNMH indicó que, con ocasión del homicidio del jurista y líder político
Jorge Eliécer Gaitán, el presidente de la República promulgó el Decreto 1265 de 17
de abril de 1948, por medio del cual «se declaró como Monumento Nacional la
vivienda donde habitaba el Doctor [Gaitán]».

4. De acuerdo con la parte accionante, en ese mismo decreto se ordenó la
creación de un museo destinado a resguardar su memoria y legado, e, igualmente,
se le impuso al Estado el deber de adquirir los terrenos adyacentes a su vivienda,
«con el fin de establecer una plaza conmemorativa que llevaría su nombre,
declarando dichos espacios como bienes de utilidad pública».

5. También adujo que, en las Leyes 45 de 1948 y 34 de 1979, así como el
Decreto 1948 de 19667, se adoptaron otras medidas tendientes a rendir homenaje

7 Posteriormente derogado por el artículo 18 del Decreto 271 de 2004.

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a la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, entre ellas, la creación del «Centro
Jorge Eliécer Gaitán» (en lo sucesivo, el Centro), que se constituiría como una
fundación o institución de utilidad común, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.

6. La parte actora señaló que el patrimonio del Centro estaría conformado por
«los bienes adquiridos, o que en el futuro adquiriera la Nación, ubicados en la
manzana que rodea la Casa Museo […] como en la manzana delimitada por las
carreras 15 y 16, la calle 43 y la quebrada del río Arzobispo de la ciudad de Bogotá».
En ese orden, afirmó que el Centro adelantó las gestiones para adquirir los
inmuebles8 requeridos para adelantar «actividades de investigación, formación y
difusión científica y cultural».

7. Sin embargo, el CNMH puso de presente que el Decreto 351 de 19949
modificó la naturaleza jurídica del Centro a un establecimiento público del orden
nacional denominado Instituto Colombiano de la Participación «Colparticipar», cuyo
patrimonio estaría conformado por los bienes del Centro y del «Exploratorio
Nacional». En relación con este último, la Ley 425 de 199810 ordenó la finalización
de su construcción y dispuso que formaría parte del referido instituto.

8. Posteriormente, el Decreto 271 de 2004, ordenó la supresión del instituto y,
asimismo, dispuso que sus bienes serían transferidos a la Nación, representada por
el Ministerio de Educación Nacional.

9. Dicha cartera ministerial cedió los bienes a la Universidad Nacional de
Colombia, que, desde entonces, ha asumido la custodia y conservación de los
muebles e inmuebles vinculados al antiguo Centro. En virtud de ello, desde 2005, la
universidad accionada es la entidad administradora de la Casa Museo, la cual,
afirmó, se encuentra en proceso de renovación museográfica, «por lo que se
encuentra cerrada al público, sin cumplir con las finalidades previstas durante más
de 70 años».

10. Ahora bien, el CNHM puso de presente que el artículo 24 de la Ley 2294 de
2023, estableció que el Gobierno nacional «buscará la terminación del “Exploratorio
Nacional”», deber que, de acuerdo con la parte actora, fue reglamentado con el
Decreto 1383 de 2025.

11. La entidad demandante expuso que, el 30 de abril de 2026, presentó una
petición a la Universidad Nacional de Colombia en la que solicitó el cumplimiento de
las normas antes referidas. Este requerimiento fue contestado el 20 de mayo de
esta anualidad, mediante el oficio con radicado «[B.1.013-2-0439-26]», en el que la
accionada informó que no ha incurrido en renuencia.

8 Dichos inmuebles se identifican con las siguientes matrículas inmobiliarias: «50C-213572, 50C-

50020, 50C-1159946, 50C-118345, 50C-1160556, 50C882934, 50C-594286, 50C-88977, 50C-
64906, 50C-180738, 50C-5898, 50C339327, 50C-724673, 50C-724672, 50C-551020, 50C-301771
y 50C301701».
9 Derogado por el artículo 18 del Decreto 271 de 2004.
10 La cual conmemora los 50 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.

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12. No obstante, el CNMH consideró que la Universidad Nacional de Colombia
sí ha incumplido el mandato contenido en el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y
del Decreto 1383 de 2025, por cuanto (i) «no ha culminado el saneamiento orientado
a la transferencia, no ha definido notaría, fecha de otorgamiento de escritura pública
ni cronograma definitivo de entrega […] y conserva los bienes muebles e inmuebles
en su patrimonio sin transferirlos al CNMH, limitando además su actuación a la
manzana “A” y absteniéndose de avanzar respecto de la manzana “B”; y (ii) han
transcurrido más de 70 años sin que se haya completado el «Exploratorio Nacional»
y sin que se hayan entregado sus bienes al CNMH.

13. La parte actora también expuso que, en el proceso con radicado núm. 25000-
23-41-000-2025-01999-00, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca conoció una acción de cumplimiento tendiente a
obtener la obediencia del artículo 24 de la Ley 2294 de 2023.

14. Empero, en su criterio, dicha providencia no es aplicable a este asunto,
habida cuenta de que en esa oportunidad aún no había sido expedido el Decreto
1383 de 2025. Para el actor, fue por esa circunstancia que el tribunal determinó que,
para ese momento, no existía un mandato imperativo y actualmente exigible, pues
dependía del desarrollo reglamentario correspondiente.

15. En ese orden, el demandante destacó que tal presupuesto ya se cumplió, en
tanto el Decreto 1383 de 2025 ya fue proferido y se encuentra «plenamente vigente»
en lo que concierne a los deberes concretos a cargo de la Universidad Nacional de
Colombia, a saber: «el saneamiento previo […], la enajenación gratuita de los bienes
de las manzanas “A” y “B” a favor del [CNMH] […] y establecimiento de un
cronograma de entrega».

1.3. Posición de la parte demandada

16. La Universidad Nacional de Colombia solicitó que se declare la
improcedencia de la acción y, subsidiariamente, que se nieguen las pretensiones.
Esto, por cuanto el objeto de la acción implicaría, a su juicio, sustituir a las
autoridades administrativas en la definición de un «proceso administrativo de alta
complejidad técnica, registral e interinstitucional». Asimismo, destacó que las
normas invocadas condicionaron la enajenación gratuita al «previo saneamiento» y
sometieron la materialización del deber al «Marco Fiscal de Mediano Plazo, al Marco
de Gasto de Mediano Plazo y a las disponibilidades presupuestales».

17. En particular, en relación con cada una de las pretensiones de la demanda
expuso lo siguiente:

(i) La pretensión primera supone una declaratoria de incumplimiento genérica o
abstracta respecto de un proceso administrativo de alta complejidad, que debe
ventilarse ante el «juez natural de la legalidad de los actos administrativos».

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(ii) La pretensión segunda está dirigida a que se le ordene a la universidad la
terminación de la construcción del «Exploratorio Nacional», lo cual implicaría
forzar al ente universitario «a asumir competencias normativas y cargas
presupuestales que el ordenamiento jurídico le ha adscrito de forma exclusiva
a otras autoridades públicas». Ello, comoquiera que entre sus competencias
no se encuentra la ejecución de obras o la construcción de monumentos
nacionales, pues el Decreto 1383 de 2025 le asignó esa función al CNMH en
coordinación con el DPS.

Igualmente, lo pedido por el demandante conlleva un gasto no presupuestado
ni apropiado por la universidad, el cual, por demás, tampoco estaría
relacionado con la prestación del servicio público de «educación superior,
investigación y extensión». Por ende, consideró que una orden en ese sentido
constituiría una «desviación ilegal de fondos públicos y una flagrante
transgresión a la autonomía presupuestal y patrimonial de la universidad».

Asimismo, alegó que es imposible jurídicamente entregar, de forma
indiscriminada, inventarios y bienes ajenos. Sobre este particular, afirmó que:
(a) la Casa Museo es propiedad del Distrito Capital en virtud de una sentencia
de expropiación de 26 de noviembre de 1948 y que la universidad es tenedora
precaria conforme a un contrato de comodato celebrado con el referido ente
territorial; (b) los bienes que ingresaron al patrimonio de la universidad
provienen del proceso de liquidación de Colparticipar, cuyo único sucesor legal
de las deudas, pasivos y obligaciones es la Nación – Ministerio de Educación
Nacional11; y (c) la colección museográfica está sujeta a un régimen de
custodia especial derivado de las actas de cesión de la cartera de Educación,
cuya titularidad real debe ser objeto de estricta verificación antes de que se
emita algún tipo de orden de entrega.

(iii) La pretensión tercera, relativa a la orden de enajenación de bienes, se
encuentra sometida a una condición suspensiva de saneamiento previo, la
cual aún no se ha cumplido. En este caso, ello implica sanear técnica, registral
y catastralmente un polígono integrado por 17 inmuebles, lo cual, a su juicio,
constituye una obligación de medio y de ejecución sucesiva. Aunado a ello,
reiteró que uno de los predios es propiedad del Distrito Capital.

Dicha enajenación también supone la elaboración de un cronograma de
entrega concertado entre la entidad que «detenta» los bienes y el CNMH, por
lo que este no puede ser impuesto por una de las partes ni por el juez de
cumplimiento. Además, señaló que la norma no estableció un plazo para la
fijación del cronograma, por lo que no es exigible temporalmente.

Por último, advirtió acerca de la existencia de un proceso judicial en el que se
discute la legalidad del Decreto 1383 de 2025, que se encuentra en trámite de

11 La universidad puso de presente la existencia de la sentencia del 8 de septiembre de 2001
(radicado 43437) proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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conciliación prejudicial. De allí que el juez de lo contencioso-administrativo no
pueda convalidar anticipadamente los efectos materiales de un acto bajo
sospecha de invalidez12.

(iv) La pretensión cuarta vulnera el marco legal de la acción de cumplimiento y la
autonomía universitaria. En opinión de la universidad, adelantar las gestiones
administrativas, financieras y presupuestales para garantizar la ejecución y
finalización de los trámites y obras del Exploratorio Nacional requiere ordenar
un gasto, puesto que en la «Manzana B» se encuentran las Facultades de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Ciencias Humanas, cuyo
traslado y la realización de obras de infraestructura requería una inversión de
aproximadamente $35.070.588.818; recursos con los que no cuenta la
institución educativa en esta vigencia fiscal, lo que podía afectar la prestación
del servicio de educación.

Asimismo, señaló que son los decanos de cada una de las facultades quienes
ejercen la administración y custodia directa de los bienes fiscales asignados,
por lo que cualquier orden debe respetar la distribución interna de
competencias.

18. Sumado a ello, la Universidad Nacional de Colombia aseveró que la acción
tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que se encuentra en
trámite la solicitud de conciliación prejudicial como requisito para demandar la
legalidad del Decreto 1383 de 2025 y, en este caso, el CNMH también cuenta con
la acción popular para reclamar la terminación de las obras del Exploratorio
Nacional.

19. Por tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en subsidio,
se nieguen en su totalidad las pretensiones de la demanda.

1.4. Otras intervenciones

20. DPS. Coadyuvó las pretensiones de la acción de cumplimiento. Para dar
cuenta del interés que le asiste en el proceso, indicó que el artículo 2.2.7.6.25 del
Decreto 1383 de 202513 dispuso que la terminación del Exploratorio Nacional debe
hacerse en coordinación con esa entidad. Igualmente, señaló que el CNMH está

12 Al respecto, la Universidad precisó que el objeto de la eventual demanda es que se anule el artículo

1 del referido decreto, pues la enajenación de la manzana B desconoce la naturaleza de Bienes de
Interés Cultural (BIC) y configura una expropiación encubierta sin indemnización previa, entre otras
cuestiones. En relación con ello, la demandada informó que, de acuerdo con la Ley 1185 de 2008,
el nivel de protección otorgado a los inmuebles de la manzana B comporta «una prohibición absoluta
de demolición de las estructuras y la sujeción imperativa de cualquier acto de disposición o
intervención física a la obtención de una autorización previa y expresa del Ministerio de las Culturas,
las Artes y los Saberes».
13 «Artículo 2.2.7.6.25. Terminación del Exploratorio Nacional. El Centro Nacional de Memoria

Histórica en coordinación con Departamento Administrativo para la Prosperidad, gestionarán la
terminación y las demás actuaciones necesarias para la construcción y en funcionamiento del
complejo arquitectónico denominado «El Exploratorio Nacional», integrado por las manzanas “A” y
"B" en artículos 2.2.7.6.23 y 2.2.7.6.24, de que trata el presente decreto».

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adscrito al referido departamento administrativo, según lo preceptuado en el
Decreto-Ley 4158 de 2011.

21. Ministerio de Educación Nacional. Expuso que no es la entidad llamada a
cumplir con las pretensiones de cumplimiento, puesto que estas se dirigen contra la
Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, afirmó intervenir en el proceso, a
fin de salvaguardar su posición institucional y, en consecuencia, solicitar que no se
profiera decisión alguna en su contra «sin la debida vinculación formal y sin la
acreditación de una obligación legal o administrativa directamente exigible».

1.5. Fallo de primera instancia

22. En sentencia de 10 de julio de 2026, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la acción
sub examine, por considerar que el cumplimiento de las normas invocadas conlleva
la ejecución de un gasto público y porque tampoco se supera el requisito de
subsidiariedad.

23. Frente a lo primero, el a quo indicó que el parágrafo del artículo 24 de la Ley
2294 de 202314 dispuso expresamente que el acatamiento de dicho precepto estaría
sujeto a un «gasto público en el que deben concurrir distintas entidades del orden
nacional, como lo son las respectivas apropiaciones presupuestales».

24. En cuanto a lo segundo, el tribunal consideró que la terminación de la
construcción del Exploratorio Nacional puede ser demandada a través de una
acción popular, «en procura, por ejemplo, de la protección de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y el goce del espacio público y la defensa
del patrimonio cultural de la nación».

25. En virtud de lo anterior, destacó que este mecanismo constitucional no está
diseñado para resolver una disputa relacionada con la ejecución del «Exploratorio
Nacional ni para coaccionar «la terminación de construcciones que requiere [sic]
que se establezcan gastos».

1.6. Impugnación

26. CNMH. El demandante solicitó que se revoque la decisión de primera
instancia, con fundamento, esencialmente, en los siguientes cuatro argumentos.

27. Primero, adujo que el tribunal confundió el objeto de la acción, pues esta no
persigue que se termine una construcción, sino la enajenación gratuita de bienes
inmuebles a la entidad, previo saneamiento. Para el demandante, dicho deber «no
implica costos por la misma naturaleza de la transferencia gratuita de los inmuebles

14 Artículo 24. Parágrafo: «El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo estará sujeto al Marco

Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo del correspondiente sector y a las
disponibilidades presupuestales».

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[y] las labores de saneamiento son propias de la entidad pública que tenga a su
cargo la administración de cualquier predio». Aunado a ello, destacó que el Decreto
1383 de 2025 estableció que los actos y escrituras relacionados con dicha
enajenación «quedarán exentos de los derechos que se generen por concepto del
ejercicio de la función notarial y/o registral».

28. Segundo, alegó que el a quo asimiló un gasto público a la ejecución de un
deber jurídico. Al respecto, precisó que el deber invocado no establece un gasto,
sino la enajenación gratuita de bienes inmuebles entre entidades del orden nacional,
por lo que «el hecho de que dichas gestiones administrativas puedan generar algún
costo operativo no convierte en Decreto en una norma que establece gastos en los
términos del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997».

29. Asimismo, aclaró que el parágrafo del artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 solo
condicionó el cumplimiento de la norma a la disponibilidad presupuestal en lo que
concierne, específicamente, a la terminación de la construcción del Exploratorio
Nacional, y no a la enajenación gratuita.

30. Tercero, insistió en que los artículos 2.2.7.6.23 y 2.2.7.6.24 del Decreto 1383
de 2025 sí contienen un mandato claro, expreso y actualmente exigible. Ello, por
cuanto dichas normas establecen que las entidades del orden nacional
«enajenarán, a título gratuito, todos los bienes muebles e inmuebles, los derechos
y las obligaciones que tengan, actualmente». En criterio del accionante, ello denota
la existencia de un mandato, y no una facultad discrecional ni una mera aspiración.

31. Por último, el CNMH cuestionó la procedencia de la acción popular «como
vía sustitutiva». Dado que su pretensión no es la protección de derechos e intereses
colectivos, sino el cumplimiento de un deber específico, por lo que el medio de
control desarrollado por la Ley 472 de 1998 es improcedente.

32. DPS. La entidad manifestó coadyuvar el recurso interpuesto por el CNMH,
con el fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

33. La Sala confirmará la sentencia del 10 de julio de 2026, mediante la cual la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró improcedente la acción de cumplimiento sub examine.

34. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia; (ii) el estudio sobre la configuración de cosa juzgada;
y (iii) el examen de los requisitos de procedencia de este mecanismo constitucional.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

35. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento15.

36. Por tal motivo, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no
es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»16. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de la
demanda.

37. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia. Con
la demanda, el CNMH allegó un memorial17 en el que le solicitó a la Universidad
Nacional de Colombia el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y el
Decreto 1383 de 202518, «con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad
[…] de conformidad con lo prescrito en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997».

38. A su vez, ambas partes admiten que dicho requerimiento fue contestado por
la demandada mediante el oficio [B.1.013-2.0439-26] de 15 de mayo de 2026, en el
que la universidad negó la existencia de un «incumplimiento definitivo, absoluto o
contumaz», en tanto ha venido adelantando múltiples actuaciones administrativas,
técnicas, jurídicas y de articulación interinstitucional orientadas al análisis y gestión
de la eventual implementación del Decreto 1383 de 2025.

39. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.

15 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el

propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
17 Con fecha de 22 de abril de 2026, y en relación con el cual también aportó copia del memorando

SAIA 1711-3 mediante el cual la remitió a la Universidad Nacional de Colombia.
18 Aun cuando el accionante se limitó a pedir el cumplimiento del referido decreto, el mandato exigido

es plenamente identificable, comoquiera que la noma solo contiene dos artículos, uno de los cuales
es el relativo a su vigencia. De allí que sea claro que el deber objeto de la acción es el contenido en
el artículo 1.

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2.1.2. Cosa juzgada

40. En la demanda, el CNMH puso de presente que la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una acción
de cumplimiento identificada con el radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01999-
00, la cual estaba encaminada a obtener la obediencia del artículo 24 de la Ley 2294
de 2023. Para la entidad accionante, lo decidido en dicho proceso no constituye
cosa juzgada, en tanto, para ese entonces, aún no había sido expedido el Decreto
1383 de 2025, que reglamentó el deber contenido en la ley antes referida.

41. Respecto el fenómeno de la cosa juzgada, esta colegiatura ha manifestado
que su objeto es evitar que los hechos y conductas que se han resuelto
judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo
anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable19.

42. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica20.

43. La configuración de dicho fenómeno debe ser estudiada conforme a lo
dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso, en virtud del cual los
elementos constitutivos de la cosa juzgada son la identidad de partes, objeto y
causa.

44. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno
de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria
la identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo anterior, dado el
carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier
persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien
jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de
causa, se determina la razón por la cual se acude a esta instancia21.

45. Pues bien, en este caso, no procede la declaratoria de cosa juzgada,
comoquiera que, en el fallo de 27 de enero de 2026, dictado en el proceso 2025-
01999-00, no se emitió una decisión de fondo sobre el contenido del mandato, sino
que el tribunal declaró la improcedencia por no encontrar acreditados los requisitos
de gasto y de subsidiariedad. Aunado a ello, en esta oportunidad también se pide el
obedecimiento del Decreto 1383 de 2025, el cual no formó parte de litigio resuelto
con anterioridad.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de

enero de 2025. Rad. Núm. 54001-23-33-000-2024-00229-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-100 de 2019.
21 Ibidem.

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2.1.3. La acción no supera los requisitos de procedencia

46. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales, a saber:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)22.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

47. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en
ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

48. En el caso concreto, el CNMH pidió que se ordene a la Universidad Nacional
de Colombia que acate el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1383 de
2025. Estas disposiciones establecen lo siguiente:

LEY 2294 DE 2023

“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-
2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”.

[…]

ARTÍCULO 24. El Gobierno nacional buscará la terminación de la construcción del
“El Exploratorio Nacional” de que trata la Ley 425 de 1998, destinado para

22Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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conmemorar el legado de Jorge Eliecer Gaitán, la construcción de la equidad, la
justicia social, la cultura ciudadana participativa, la construcción de la paz, la
restauración moral de la Nación y la dignidad.

Los bienes, derechos y obligaciones que las entidades públicas del orden nacional
tengan actualmente sobre este complejo arquitectónico serán cedidos o enajenados
a título gratuito, previo saneamiento, a la entidad adscrita al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social que el Gobierno nacional disponga.

PARÁGRAFO. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo estará sujeto al
Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo del
correspondiente sector y a las disponibilidades presupuestales.

DECRETO 1383 DE 2025

Por medio del cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023, y se
adicionan artículos al capítulo 6 del título 7 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto 1084 de 2015, en lo relacionado con la terminación del Exploratorio
Nacional

[…]

Artículo 1. Adiciónense los siguientes artículos al capítulo 6 del título 7 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión
Social y Reconciliación, en los siguientes términos:

"Artículo 2.2.7.6.23. Enajenación gratuita de los bienes de la
manzana "A" pertenecientes al Exploratorio Nacional. La(s) entidad
(es) pública (s) del orden nacional enajenarán, a título gratuito, todos
los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que
tengan, actualmente, sobre la manzana "A" del complejo arquitectónico
denominado «EI Exploratorio Nacional», comprendida entre las
carreras 15 y 16, y la calle 42 a 43, de la ciudad de Bogotá D.C., de
que tratan las leyes 425 de 1998 y 34 de 1979, previo saneamiento al
Centro Nacional de Memoria Histórica, y en desarrollo de lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023.

Parágrafo 1. El saneamiento previo de que trata el presente artículo
será realizado por parte de la(s) entidad(es) pública(s) del orden
nacional Llamadas a enajenar, a título gratuito, los bienes muebles e
inmuebles, los derechos y las obligaciones que tengan respecto de «El
Exploratorio Nacional».

Parágrafo 2. Todos los actos y escrituras públicas necesarios para la
enajenación de los bienes inmuebles objeto del presente decreto,
quedarán exentos de los derechos que se generen por concepto del
ejercicio de la función notarial y/o registral.

Artículo 2.2.7.6.24. Enajenación gratuita de los bienes de la
manzana "B" pertenecientes al Exploratorio Nacional. Las entidad
(es) pública (s) del orden nacional enajenarán, a título gratuito, todos
los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que
tengan, actualmente, sobre la manzana "B" del complejo arquitectónico
denominado «El Exploratorio Nacional, comprendida entre las carreras
15 y 16, y la calle 42 y la quebrada del Arzobispo, de la ciudad de
Bogotá D.C., de que tratan las leyes 425 de 1998 y 34 de 1979, previo
saneamiento, al Centro Nacional de Memoria Histórica, y en desarrollo
de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023.

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Parágrafo 1. El saneamiento previo de que trata el presente artículo
será realizado por parte de la(s) entidad(es) pública(s) del orden
nacional Llamadas a enajenar a título gratuito los bienes muebles e
inmuebles, los derechos y las obligaciones que tengan respecto de «El
Exploratorio Nacional».

Parágrafo 2. Todos los actos o escrituras públicas necesarios para la
enajenación de los bienes inmuebles objeto del presente decreto,
quedarán exentos de los derechos que se generen por concepto del
ejercicio de la función notarial y/o registral.

Parágrafo 3. Para la entrega de los bienes, derechos y obligaciones de
que trata el presente artículo se deberá establecer un cronograma entre
la(s) entidad(es) pública(s) del orden nacional que los detente y el
Centro Nacional de Memoria Histórica, para así asegurar la entrega
efectiva de los mismos dentro del término establecido.

Artículo 2.2.7.6.25. Terminación del Exploratorio Nacional. El
Centro Nacional de Memoria Histórica, en coordinación con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, gestionarán
la terminación y las demás actuaciones necesarias para la construcción
y puesta en funcionamiento del complejo arquitectónico denominado
«El Exploratorio Nacional», integrado por las manzanas "A" y "B"
descritas en los artículos 2.2.7.6.23 y 2.2.7.6.24, de que trata el
presente decreto.

Parágrafo. Las actuaciones de las que trata el presente artículo
estarán sujetas a las disponibilidades presupuestales, al Marco Fiscal
de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector de
Inclusión Social y Reconciliación".

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial.

49. Para el demandante, de las anteriores disposiciones se desprenden los
siguientes deberes a cargo de la Universidad Nacional de Colombia: (i) terminar la
construcción del Exploratorio Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional y
con el CNMH, para lo cual debe remitir el «inventario de bienes muebles que se
encontraban en las manzanas “A” y “B”»; (ii) realizar el saneamiento de los
inmuebles y proceder a la enajenación gratuita de los bienes de las manzanas A y
B, en relación con lo cual solicitó cierta información relacionada con los inmuebles
que sean «materia de saneamiento previo» y de la notaría en que se llevará a cabo
el otorgamiento de los actos y escrituras necesarias para perfeccionar la
transferencia del dominio en favor del CNMH; y (iii) adelantar «las gestiones
administrativas, financieras y presupuestales necesarias para garantizar la
ejecución y finalización de los trámites administrativos y de obra, en cumplimiento
de los mandatos legales citados», para lo cual deberá remitir el cronograma de
entrega de los bienes muebles e inmuebles o informar sobre la fecha para
concertarlo.

50. Pues bien, para la Sala, la acción sub examine es improcedente, por las dos
razones que se exponen a continuación:

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51. Primero, el acatamiento del mandato sí involucra la ejecución de un gasto no
presupuestado ni apropiado.

52. Sobre el dicho requisito de improcedencia, en la sentencia C-157 de 1998,
que declaró la exequibilidad del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la Corte
Constitucional sostuvo lo siguiente:

Es evidente que si el requisito constitucional para estimar una acción de
cumplimiento se concreta en la omisión de un deber, escapa a esta acción la
impugnación de conductas que carezcan de obligatoriedad, máxime en los casos
en los cuales la Constitución concede un margen de libertad de acción o atribuye a
un órgano una competencia específica de ejecución condicionada.

[…]

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto
previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que
en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado
por el Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y
procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo
propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del
novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin
embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes
instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la
pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por
las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la
democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del
erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado
y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura.
(Negrilla fuera del texto original)

53. De conformidad con lo anterior, la Sección Quinta ha indicado que el juez de
cumplimiento no puede incidir en la asignación, reasignación o reducción de
recursos públicos. Sus competencias se circunscriben a verificar que las
autoridades cumplan las normas con fuerza material de ley o los actos
administrativos obligatorios, sin sustituir la voluntad del legislador en materia fiscal
ni desplazar al Ejecutivo en la gestión presupuestal. Por tanto, «cualquier orden
judicial que implique comprometer, alterar o modificar apropiaciones presupuestales
específicas desborda los límites de esta acción constitucional»23.

54. La única excepción a esa regla de improcedencia es la de los gastos
debidamente presupuestados24, pues, en estos casos, la decisión del juez de
cumplimiento no implicaría alterar o sustituir las competencias fiscales y

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 11 de

diciembre de 2025. Radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01518-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
24 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 3

de abril de 2014. Radicado núm. 76001-23-33-000-2013-01288-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 22 de
octubre de 2020. Radicado núm. 25000-23-41-000-2020-00185-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
de 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 25000-23-41-000-2024-00875-01, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez.

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presupuestales de la Administración, sino ordenar la ejecución de aquello que ya
fue apropiado con el fin de obedecer un deber legal o reglamentario.

55. Pues bien, en este caso, la Sala considera que la acción se enmarca en el
presupuesto de improcedencia sub judice, por cuanto el mismo parágrafo del
artículo 24 de la Ley 2294 de 2023 dispuso que su cumplimiento «estará sujeto al
Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo del
correspondiente sector y a las disponibilidades presupuestales». Para ello, el
legislador no distinguió entre el contenido del inciso primero (la terminación de la
construcción del Exploratorio Nacional) y del segundo (la cesión o enajenación
gratuita, previo saneamiento, de los bienes, derechos y obligaciones respecto del
complejo arquitectónico).

56. El hecho de que el Decreto 1383 de 2025 haya incluido la referencia al gasto
solo respecto de la obligación de terminación del exploratorio nacional no desvirtúa
ni deja sin efectos el precepto legal que reglamenta. Entrar a preferir una norma
sobre la otra, implicaría hacer un juicio de legalidad que desborda la competencia
del juez de cumplimiento.

57. Aunado a ello, de la revisión de las pretensiones de la acción, se advierte que
algunas de ellas están relacionadas con la terminación de la construcción del
Exploratorio Nacional y la realización de «las gestiones administrativas, financieras
y presupuestales necesarias para garantizar la ejecución y finalización de los
trámites administrativos y de obra». Sin embargo, el demandante no logró acreditar
que la Universidad Nacional de Colombia haya presupuestado o apropiado rubro
alguno con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de alguna de las normas bajo
estudio.

58. Por el contrario, la accionada sí dio cuenta de que «adelantar las gestiones
administrativas, financieras y presupuestales para garantizar la ejecución y
finalización de los trámites y obras» sí implica un gasto, pues en la manzana B se
encuentran las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y
Ciencias Humanas, cuyo traslado y la realización de obras de infraestructura
requería una inversión de aproximadamente $35.070.588.818; recursos con los que
no cuenta la institución educativa en esta vigencia fiscal, lo que podía afectar la
prestación del servicio de educación.

59. Todo ello tiene una evidente connotación de gasto público que no puede ser
obviada bajo el argumento de la impugnación relativo a que el único objeto de la
acción es la mera enajenación gratuita de los bienes muebles e inmuebles en
cuestión.

60. Segundo, aún en gracia de discusión, esta Sala tampoco estima que la acción
verse sobre la simple determinación de un deber de enajenación gratuita
presuntamente incumplido, sino que involucra una controversia jurídica particular y
concreta sobre la titularidad de unos bienes, su saneamiento y las condiciones
necesarias para realizar la trasferencia de la propiedad.

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61. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que la
acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias
jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»25. De lo contrario, «si se
autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias
jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto, se anularía el
principio de separación funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la
existencia de los mecanismos procesales ordinarios y contencioso
administrativos»26.

62. En efecto, la enajenación gratuita «previo saneamiento» a la que alude el
CNMH, implicaría esclarecer, entre otras, (i) la titularidad de algunos de los bienes
en relación con los cuales se pretende la transferencia del dominio (v.gr., la Casa
Museo, las colecciones museológicas y bibliográficas, los inmuebles de la manzana
B), y (ii) la viabilidad de proceder a una enajenación gratuita «pura y simple», en
atención a la declaratoria de bienes de interés cultural que pesa sobre algunos de
los inmuebles, así como a la naturaleza imprescriptible e inembargable de los bienes
de la universidad27.

63. Todas esas cuestiones actualmente son objeto de estudio por parte de la
Sección Primera del Consejo de Estado, lo que impide que el juez de cumplimiento
entre a definirlas. Ciertamente, la Sala logró constatar que la Universidad Nacional
de Colombia presentó una solicitud de conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad al ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Decreto 1383 de 2025.

64. Pues bien, de la consulta del sistema Samai, se advierte que el proceso fue
radicado el 19 de junio de este año, y se identifica con el radicado núm. 11001-03-
24-000-2026-00273-00. Aun cuando aún no se ha proferido decisión alguna, esa
situación tampoco habilitaría al juez constitucional a anticipar alguna decisión que,
so pretexto de estudiar la existencia o no de un deber, se relaciona intrínsecamente,
con los reproches que debe resolver la autoridad judicial competente en la
demandada formulada por la Universidad Nacional de Colombia.

2.2. Conclusión

65. La Sala confirmará la decisión de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento sub examine, por cuanto involucra la ejecución de un gasto
no presupuestado y, asimismo, la resolución de una controversia particular y
concreta sobre titularidad de unos bienes, su saneamiento y las condiciones
necesarias para realizar la trasferencia de la propiedad.

25 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-

000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
26 Id.
27 Artículo 8 del Decreto-Ley 1210 de 1993

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Accionante: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
Accionado: Universidad Nacional de Colombia
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00978-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2026, dictada por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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