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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00305-01

Prestaciones sociales de servidores del ministerio de relaciones exteriores: regulación

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00305-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 57 del Decreto 10 de 1992, 7 de la Ley 797 de 2003 y 66 del Decreto 274 de 2000, por ser violatorios del derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, en cuanto regían hasta la vigencia de la sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, con la que la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad. SEGUNDO. Confirmar en su integridad la sentencia oral proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en audiencia de 22 de octubre de 2013, con la cual accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, que ordenó reliquidar y pagar las cesantías al señor Álvaro Restrepo Hurtado con el salario realmente devengado en los periodos comprendidos entre 1988 y 1991, 1995 y 1997 y 1999 y 2003. TERCERO: Condenar en costas, por el concepto de agencias en derecho, a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, en favor del demandante. CUARTO. Reconocer personería para actuar como apoderada de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, a la doctora PAOLA ANDREA CERÓN GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía 52.410.832 y con Tarjeta Profesional de abogada número 173.799, de conformidad con el memorial poder que obra a folio 222, debidamente presentado. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-00305-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

28 de marzo de 2019

PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – Regulación / RELIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS DE SERVIDOR DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / PRINCIPIO DE IGUALDAD – Vulneración / EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – Aplicación / SENTENCIAS DE INEXEQUIBILIDAD – Efecto

La cuantificación del auxilio de cesantía con exclusión de algunos factores que, según la ley, hacen parte del total de los ingresos devengados por el empleado público en el servicio exterior, constituye un tratamiento discriminatorio que repele nuestro ordenamiento jurídico y que carece del todo de justificaciones relativas al buen servicio que se afecta si no se tiene en cuenta la realidad de la relación laboral y su remuneración, como efectivamente se dio en el presente caso. Además, de aceptarse que el ingreso base para la liquidación del auxilio de cesantía excluye para el demandante los valores devengados por servicios prestados fuera del país, tendría otras implicaciones, como pensionales, al disminuir la posibilidad de que el ex servidor pueda alcanzar un mayor y mejor ingreso que soporte su subsistencia, así como la afectación económica negativa producida en el Sistema General de Pensiones que, como se sabe, establece que por las prestaciones sociales debe cotizarse y liquidarse con base en lo realmente recibido por el servidor público, para el caso, en el país y en el exterior, es decir, no solo con base en lo previsto por los decretos 10 de 1992 y 274 de 2000 que no incluían como factor prestacional el ingreso recibido en el exterior, todo lo cual también ha sido considerado en tal sentido por la jurisprudencia citada. (…)Tomando en cuenta que el demandante reclama el reajuste de su auxilio de cesantía por periodos comprendidos entre los años 1988 y 2003, y que las sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 fueron proferidas por la Corte Constitucional con posterioridad, con efectos hacia el futuro, según los fundamentos de la inexequibilidad declarada conforme los acápites anteriormente reproducidos extensamente, la Sala aplicará la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 57 del Decreto 10 de 1992, 7 de la Ley 797 de 2003 y 66 del Decreto 274 de 2000, por ser violatorios del derecho a la igualdad invocado por el demandante, vigentes para la época que reclama la demanda y, en consecuencia, confirmará la sentencia apelada, favorable a las pretensiones del demandante

FUENTE FORMAL : LEY 6 DE 1945 / DECRETO LEY 10 DE 1992 - ARTÍCULO 52/ DECRETO LEY 274 DE 2000 / LEY 797 DE 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-00305-01(1345-14)

Actor: ÁLVARO RESTREPO HURTADO

Demandado: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Temas: Reliquidación cesantías por pagos recibidos en el servicio exterior
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA - CPACA _____________________________________________________________________
ASUNTO

Conoce la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del recurso de apelación formulado la parte demandada contra la sentencia proferida en audiencia el 22 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

Por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, solicitó lo siguiente:
«PRIMERA. Que se anulen los siguientes actos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores:

A). Las liquidaciones de cesantías correspondientes a los años 1988 a 1991; 1995 a 1997; 1999 a 2003, en lo desfavorable; es decir, en cuanto no tuvieron en cuenta el salario real.

B)- El oficio DTH 64491 del 13 de octubre de 2011, en cuanto negó la reclamación administrativa, comunicado el 18 de octubre de 2011.

C).- El oficio DITH 58211 del 29 de agosto de 2012, en cuanto reiteró la negativa a reliquidar las cesantías y el pago de diferencias e interés moratorio, comunicado el 31 de agosto de 2012.
(Subraya y negrilla del texto).

A título de restablecimiento del derecho solicitó:

SEGUNDA. Que se condene a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores a practicar nuevas liquidaciones de cesantías de mi mandante, por todos y cada uno de los años que estuvo en el servicio exterior, relacionados en el literal A de estas pretensiones, tomando como base los factores salariales REALMENTE devengados en planta externa.

TERCERA. Que las diferencias económicas que resulten entre las liquidaciones ya practicadas y las que se practiquen en obedecimiento de la sentencia, sean giradas al Fondo Nacional del Ahorro y abonados a la cuenta individual de afiliado, de mi mandante.

CUARTA. Que sobre las anteriores diferencias de cesantías, se ordenen liquidar y pagar un interés moratorio del 2% mensual, desde que debió realizarse cada pago y hasta cuando se realice efectivamente, en cumplimiento de la sentencia, y que, de igual manera, se gire al Fondo Nacional del Ahorro, a favor de mi mandante.».
(Subrayado del texto).
Hechos
Como sustento de las pretensiones antes señaladas, el apoderado del demandante indicó, según se desprende del texto en la forma como fue presentado:
El problema de la indebida liquidación de las cesantías con base en un salario distinto al realmente devengado fue colectivo en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el año 2003, inclusive, pues cambió con la aplicación del Decreto 1444 de 2004.

Por esta razón, se emprendieron varias acciones judiciales, tanto colectivas como individuales, a las cuales la demandad se opuso, pero que fueron falladas en favor de los demandantes en tales casos. A partir de la vigencia del Decreto 1395 de 2010, el ministerio comenzó a conciliar la gran cantidad de asuntos pendientes.
No obstante, en otros casos no se concilió, pues la demandada estimó que existía caducidad de la acción, razón por la cual las personas afectadas debieron demandar judicialmente.
Agregó, dentro del acápite fáctico, que sobre el tema existen fallos en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, en procesos de tutela o contencioso administrativos, que han resuelto en favor las pretensiones formuladas similares a la presente.
Inclusive, afirmó, en audiencias de conciliación prejudicial también se han hecho tales reconocimientos; y manifiesta extrañeza porque, en el presente caso, se ha negado el derecho reclamado por caducidad de la acción.
Por solicitud del señor Restrepo Hurtado, el ministerio, con el oficio DTH 64491 de 13 de octubre de 2011, demandado en este proceso, negó las peticiones de la reclamación, que nunca le fue notificado, razón por la cual el término de caducidad que alega la demandada nunca comenzó a correr, ni el acto produjo efectos jurídicos.
Ante una nueva reclamación en el mismo sentido, en vista de que manifiesta que no se enteró del contenido del anterior, y que incluyó la petición del reconocimiento del 2% por interés de la suma reclamada y una certificación salarial con el objeto de acreditar la cuantía para acudir a la conciliación prejudicial, se le respondió con el oficio DITH 58211 de 29 DE AGOSTO DE 2012 que, según afirma, tampoco fue notificado al demandante. Con este oficio se negaron las peticiones presentadas.
Al momento de presentarse la demanda el señor Restrepo Hurtado es funcionario activo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no se ha presentado la prescripción extintiva de su derecho, fuera de que, los actos anuales de liquidación tampoco le fueron notificados.
Contra los actos anteriores no se interpuso el recurso de reposición, que era el único procedente y es facultativo.
La demandada dio un trato discriminatorio al demandante, pues para liquidar su auxilio de cesantía solo tomó en cuenta el salario equivalente a la planta interna, descartando los factores salariales devengados mientras cumplió su servicio en el exterior. Esta situación discriminatoria fue corregida por el propio gobierno al expedir el decreto 4414 de 30 de diciembre de 2004, y por la Corte Constitucional con la sentencia C-535 de 2005.

Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Nacional citó los artículos 13, 53 y 58.

Citó además los artículos 17 literal a) de la Ley 4 de 1992, 29 del Decreto 3118 de 1968, 45 del Decreto 1045 de 1978 y 47 del CCA.

Como fundamento del medio de control, señaló que con la liquidación de la cesantía se le ha dado un trato discriminatorio, violatorio del derecho a la igualdad, que se desprende de lo previsto en las normas citadas, que confieren a los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores los mismos derechos prestacionales que a los demás servidores públicos, en lo relacionado con los factores salariales que se deben tomar en cuenta para su reconocimiento; por esta razón, argumentó, la Corte Constitucional declaró inexequibles, entre otros, los artículos 57 del Decreto Ley 10 de 1992, 66 del Decreto Ley 1188 de 1966 y 66 del Decreto Ley 274 de 2000.

Igualmente, invocó la prelación de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, y la necesidad de respetar los derechos adquiridos por los servidores públicos, y agregó que el actor tiene derecho a que se liquide su auxilio de cesantía como perteneciente a la planta externa del ministerio, y no a la planta interna.

Por otra parte, concluyó que los actos de liquidación anual de cesantía violaron lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto Ley 3118 de 1968, dado que no fueron notificados, lo que impidió la interposición del recurso de reposición en su contra.

Finalizó agregando que los actos acusados violan el principio de la cosa juzgada, lo que sustentó reproduciendo los mismos argumentos presentados anteriormente.

Contestación de la demanda

El Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las pretensiones de la demanda, presentando las siguientes consideraciones:

Las apreciaciones presentadas como hechos por la demanda son producto de las consideraciones subjetivas del actor que, respecto de otros procesos y situaciones definidas por la justicia, no son pertinentes al caso.

Dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso que, a partir de 2004, las cesantías fueran liquidadas con base en el salario realmente devengado por los servidores como el demandante, con lo que acató lo dispuesto en decisiones judiciales que constituyen cosa juzgada, lo que no se podía realizar con anterioridad puesto que el ordenamiento vigente no lo permitía.

En cuanto a la falta de notificación de los actos acusados, sostuvo que frente de ellos se configuró la notificación por conducta concluyente, puesto que con las peticiones de 16 de septiembre de 2011 y 27 de octubre de 2011, dirigidas a su reliquidación con lo realmente devengado, reveló que conocía las liquidaciones de cesantía realizadas por la entidad, como lo señala el artículo 72 del CPACA.

El 22 de septiembre de 2011, el demandante presentó peticiones radicadas con los números 137324 y 137347, solicitando la reliquidación de sus cesantías y la solicitud de conciliación, que el ministerio respondió de fondo con el oficio DTH 64491 del 13 de octubre de 2011; ante una nueva solicitud en el mismo sentido del 12 de agosto de 2012, se dio respuesta con el oficio DITH 58211 de 29 de agosto de 2012, manifestándole al peticionario que sobre el tema el ministerio ya se había pronunciado con el oficio DTH 64491 de 13 de octubre de 2011, por lo que en este caso se configuró la caducidad, si se observa que los actos demandados se ejecutaron con la realización de los pagos mediante consignaciones efectuadas en el Fondo Nacional del Ahorro, a partir de los cuales debe contarse el término que tenía el actor para demandarlos.

Finalizó haciendo notar que el actor no guarda coherencia al afirmar que los actos demandados no le fueron notificados, pero justifica la no interposición de los recursos procedentes en su carácter simplemente facultativo.

Propuso como excepciones las de i) prescripción extintiva de los derechos demandados por el transcurso de más de tres años desde su exigibilidad; ii) caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) buena fe de la administración; iv) irretroactividad de las sentencias citadas de la Corte Constitucional, y v) La que llamó genérica.

Trámite procesal

Mediante auto de 8 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (Folio 26). La notificación a la demandada obra a folios 28 y 29 del cuaderno principal, y dentro del término del traslado, el demandante se opuso a la prosperidad de las excepciones formuladas (Folios 70 a 75).

Audiencia inicial (Art. 180 CPACA)

La decisión sobre excepciones

Consta en la versión magnética de la audiencia inicial, que el tribunal desestimó las excepciones de caducidad de la acción y de prescripción extintiva de los derechos demandados, con fundamento en que si los actos de liquidación de cesantías constan en unos oficios que no fueron notificados personalmente, pues fueron remitidos a la residencia del demandante cuando se encontraba en el exterior y, por otra parte, no se probó que hubiera recibido la comunicación respectiva, no pueden tenerse como legalmente notificados, razón por la cual tampoco le son oponibles al demandante, a quien no le han corrido los términos de caducidad y prescripción extintiva.

En cuanto a las llamadas excepciones de aplicabilidad del artículo 57 del Decreto 1092, la buena fe y la genérica, el tribunal dispuso que se pronunciaría al emitir la sentencia.

La parte demandada interpuso y sustentó el recurso de apelación en audiencia contra el auto anterior, que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2013, en la que se negó su concesión, pues se consideró que como el auto recurrido desestimó las excepciones, no era apelable, dado que el artículo 243 del CPACA establece la apelación del auto que ponga fin al proceso, que es aquel que las declara probadas; como en este caso fueron desestimadas y el proceso continuó, el auto emitido no es apelable, razón por la que el ponente no concedió el recurso de apelación. Al minuto 12:48, el ponente pasó a la fase de fijación del litigio, quedando así definida la negativa de concesión de la apelación interpuesta, y en firme los autos dictados verbalmente en audiencia con que se resolvieron las excepciones propuestas, por preclusión de la etapa procesal de saneamiento y resolución de excepciones previas.

A continuación, en la audiencia inicial se pasó a la etapa de la fijación del litigio, como aparece.

Fijación del litigio

Consta en el soporte magnético que obra en el expediente que entre los minutos 12:56 y 13:13, la magistrada ponente fijó el litigio de la siguiente forma:

«Si los demandantes en su condición de empleados en planta externa tienen derecho o no a la reliquidación de sus prestaciones con base en el salario realmente devengado».

A continuación de lo cual declaró saneado el proceso en vista de no haberse detectado ninguna irregularidad que lo afecte.

Las partes no hicieron manifestación alguna.

La providencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en audiencia oral de 22 de octubre de 2013, profirió sentencia con la cual resolvió:

«Corresponde entonces decretar la anulación de los actos administrativos (. . .) los cuales son los oficios DTH 64491 del 13 de octubre de 2011 y DITH 58211 del 29 de agosto de 2012, en el proceso correspondiente al señor Álvaro Restrepo Hurtado, actos administrativos expedidos, obviamente, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia y en segundo lugar, se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías correspondientes a los años en que los accionantes prestaron sus servicios en el exterior, teniendo en cuenta para ello el salario realmente devengado (. . .) desde 1988 a 1991; 1985 a 1997; 1999 a 2003 en planta externa (. . .). Tercero: Se ordena además al Ministerio de Relaciones Exteriores transferir al Fondo Nacional del Ahorro las diferencias entre los valores que reconoció y los que debe reconocer de acuerdo a la orden emitida precedentemente. No hay lugar a indexar porque se ordena reconocer los intereses en un dos por ciento de que trata el artículo 14 del decreto reglamentario 162 de 1969. Entonces, así las cosas, queda notificada esta decisión en estrados. No hay lugar a condena en costas…».

Como fundamento de la decisión, leyó apartes de los considerandos plasmados en la sentencia dictada el 24 de junio de 2010 por la Sección Segunda del Consejo de Estado con la ponencia de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, dentro del proceso 2005-7605, número interno 2158-2008, y así lo hizo saber en la audiencia. A continuación, agregó que, con los mismos argumentos expuestos, según la lectura hecha, tomaba la decisión respectiva.

Recurso de apelación

La parte demandada, por medio de apoderada judicial, presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia mencionada, con el cual sostuvo lo siguiente:

El derecho reclamado en este proceso, es la reliquidación de cesantías en virtud de los fallos de anulación de normas que hicieron surgir un derecho subjetivo con posterioridad a los pagos por concepto de liquidación de cesantías que había efectuado el Ministerio de Relaciones Exteriores a sus funcionarios de planta externa, en los que se dispuso que la liquidación debía realizarse con base en la asignación mensual realmente devengada. Afirmó el apelante que tal consideración no es aplicable al presente caso, pues las cesantías se pagaron al demandante por consignación en el Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la normatividad vigente en su momento, esto es, las contenidas en los decretos 10 de 1992 y 274 de 2000, que no incluían los ingresos devengados por los servicios prestados en el exterior para la liquidación de prestaciones sociales a sus servidores.

Insistió en la caducidad de la acción y en la prescripción extintiva de los derechos reclamados, con citas jurisprudenciales sobre los dos temas, y argumentó que las sentencias de la Corte Constitucional que cita el demandante no establecieron efectos retroactivos para sus decisiones.

Concluyó advirtiendo que el ministerio realizó en su momento las liquidaciones y los pagos al actor de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, y que las declaraciones posteriores de inexequibilidad no le eran predecibles, por lo que durante su vigencia se sujetó a los mandatos legales que cumplió a cabalidad.

Solicitó absolver al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso, y declarar probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

Trámite en segunda instancia
Mediante auto de 22 de mayo de 2014 se admitió el recurso presentado por la demandada. Posteriormente, en providencia de 30 de septiembre de 2016, se ordenó correr traslado para que alegaran de conclusión.
Alegatos de conclusión

Con escrito del 30 de noviembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su solicitud de revocar la sentencia apelada y absolver a la demandada, por las mismas razones contenidas en el escrito de apelación, con las que insistió en la caducidad de la acción y en la prescripción extintiva de los derechos reclamados, con citas jurisprudenciales sobre los dos temas, y argumentó que las sentencias de la Corte Constitucional que cita el demandante no establecieron efectos retroactivos para sus decisiones, y que el ministerio realizó en su momento las liquidaciones y los pagos al actor de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, y que las declaraciones posteriores de inexequibilidad no le eran predecibles, por lo que durante su vigencia se sujetó a los mandatos legales que cumplió a cabalidad.

Solicitó absolver al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso, y declarar probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

El demandante, por su parte, alegó que el régimen de cesantías que le corresponde no es el anualizado establecido en la Ley 50 de 1990, extensivo al sector público con la Ley 344 de 1996, sino el retroactivo por haberse vinculado al servicio con anterioridad a la vigencia de esta última, que se debe liquidar tomando como base el valor total de lo realmente devengado en el servicio, tanto interior como exterior, tal como lo expuso en la demanda.

Insistió en que a la fecha de la presentación de la contestación de la demanda y aún a la fecha de la presentación del alegato, el demandante, Restrepo Hurtado, era servidor activo en el ministerio; por esta razón, dijo, mientras el vínculo laboral esté vigente, no se puede reconocer de la prescripción del derecho a percibirla, como lo ha sostenido el Consejo de Estado.

Agregó que el Decreto 3135 de 1968 no se refiere al auxilio de cesantía, regulado por otras normas, entre ellas las contenidas en las leyes 4 de 1992 y 432 de 1998, y en los decretos 3118 de 1968 y 1045 de 1978. Por esta razón, la prescripción extintiva que aquel consagra no se puede predicar del auxilio de cesantía, pues su artículo 41 dispone la prescripción de las acciones que se derivan del mismo, quedando excluida la cesantía.

Igualmente, afirmó que en el presente caso no hay caducidad puesto que la reclamación se formuló durante la vigencia del vínculo laboral y, además, no hay prueba de que los actos de liquidación hubieran sido notificados legalmente al demandante, por lo que no le es oponible el término extintivo de su acción.

Finalizó incluyendo la relación de procesos fallados en favor de las pretensiones como las formuladas en este proceso, por esta Corporación, para solicitar la confirmación de la sentencia apelada.

El Ministerio Público guardó silencio.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

II.- CONSIDERACIONES

De conformidad con el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el presente recurso de apelación.

Problema jurídico

Con base en los argumentos que fundamentaron el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde decidir: i) si la parte actora tiene derecho a la reliquidación de sus cesantías con base en lo devengado durante la prestación del servicio en el exterior o si, por el contrario, la normativa vigente para la época de prestación del servicio establecía la liquidación conforme con la equiparación del cargo en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ii) de ser así, determinar si es procedente la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional que declararon la inexequibilidad de las normas prestaciones, con efectos retroactivos, así como la deducción de los descuentos ordenados por la ley en caso de confirmarse la condena.
Como las excepciones de caducidad de la acción y prescripción extintiva de los derechos demandados fueron resueltas en la audiencia inicial, en la fase respectiva, con autos que las desestimaron y que se encuentran en firme al haberse negado por improcedente la concesión del recurso de apelación interpuesto contra ellos, la Sala solo se referirá al asunto de fondo, como aparece a continuación:

Lo probado en el proceso

En la documental aportada al proceso por la parte demandada, como resultado del estudio de la historia laboral del demandante, se da cuenta de la prueba de los siguientes hechos:

Que prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 18 de abril de 1977 hasta el 28 de febrero de 2013, siendo el último cargo desempeñado el de Ministro Plenipotenciario código 0074, grado 22 de la planta global del Ministerio, adscrito a la embajada de Colombia en Buenos Aires, Argentina, con una asignación básica mensual de $6.778.682.

Aparece una certificación emitida por la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Nómina y prestaciones Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que consta la siguiente información del demandante (Folios 84 a 89):

Que estuvo inscrito en el escalafón de carrera diplomática y consular en la categoría de embajador. De acuerdo con lo previsto por los artículos 57 del Decreto Ley 10 de 1992 y 66 del Decreto Ley 274 de 2000, sus prestaciones se pagaron con base en la asignación del cargo equivalente al servicio interno del ministerio, más los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario que le correspondían en la planta interna, hasta el 30 de abril de 2004. Y que a partir del 1 de mayo de 2004, se tomó como base de cotización el salario devengado en divisas, teniendo en cuenta los máximos legales.

Igualmente, aparecen certificados los conceptos devengados y los ingresos bases de cotización a la seguridad social, año por año y mes por mes, entre el mes de septiembre de 1988 y octubre de 2012, con los correspondientes descuentos para los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de la siguiente manera:

CAJANAL (NIT 899.999.010-3), entre el 18 de abril de 1977 y el 11 de enero de 2004, y desde el 20 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2009.

ISS – CAJANAL (NIT 860.013.816-1), desde el 1 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2012.

COLPENSIONES –CAJANAL (NIT 900.336.004-7), desde el 1 de octubre de 2012 y el 31 de octubre de 2012.

En la misma certificación que obra a folio 81, ya mencionada, se dio respuesta al oficio petitorio de la prueba en relación con las liquidaciones de auxilio de cesantía por el periodo en que el demandante laboró en la planta externa del ministerio, a lo cual se respondió con el último punto de la constancia, así:

«5. En lo que se relaciona con las copias auténticas de las liquidaciones de cesantías correspondientes a la época en que laboró en planta externa con constancia de notificación, al respecto le informo que revisada la historia laboral del demandante no se encontraron los documentos por usted solicitados.».

Por otra parte, a folios 131 a 136, obra la certificación que contiene el extracto individual de cesantía correspondiente al demandante, expedido por el Fondo Nacional de Ahorro con fecha 30 de agosto de 2013, que comprende los pagos, movimientos y saldos por el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1999 y el 4 de octubre de 2013.

De lo anterior se considera probado, para los efectos de la pretensión demandada en este proceso, que Álvaro Restrepo Hurtado laboró para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia desde el 18 de abril de 1977 hasta el 28 de febrero de 2013, y que recibió los pagos por concepto de cesantía relativa al tiempo en que laboró en la planta interna del ministerio, ya que no obra prueba de su liquidación y pago por el periodo correspondiente a los servicios que prestó en la planta externa, con lo que la demandada no probó que pagó el derecho reclamado por el lapso de tiempo servido en el exterior, tal como fue certificado por el propio ministerio y admitido en la contestación de la demanda, como se dijo en esta providencia, con el argumento de que tal época fue anterior a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que declaró inexequibles las normas que no contemplaban el reconocimiento de dicha prestación frente a los tiempos de prestación del servicio diplomático externo.

Trato jurisprudencial a casos como el presente

El Consejo de Estado, en sendos fallos sobre el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía a los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores con el cómputo de lo devengado realmente como salario, incluyendo el tiempo servido en el exterior, ha resuelto en favor de las pretensiones de los demandantes con argumentos que se sintetizan en los apartes que se citan a continuación.

«Régimen Aplicable en Materia de Cesantías.

El régimen aplicable a la actora como empleada pública de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en materia de cesantías es el siguiente:

El Decreto 3118 de 1968 mediante el cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro, estableció sobre el auxilio de cesantías de empleados públicos y trabajadores oficiales, lo siguiente:

“ARTICULO 3. ENTIDADES VINCULADAS AL FONDO. Deberán liquidarse y entregarse al Fondo Nacional de Ahorro, conforme a las disposiciones del presente Decreto, las cesantías de empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional.”(Subrayas)

“ARTICULO 27. LIQUIDACIONES ANUALES. Cada año calendario, contado a partir del 1. de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.”

“ARTICULO 28. LIQUIDACION AÑO DE RETIRO. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.”

“ARTICULO 30. NOTIFICACIONES Y RECURSOS. Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados públicos y trabajadores oficiales de que tratan los Artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.
Si el respectivo empleado público o trabajador oficial no estuviere conforme con la liquidación practicada podrá hacer uso de los recursos legales correspondientes.
Vencidos los términos establecidos para tales recursos, la liquidación quedará en firme y contra ella no cabrá ninguna otra clase de acciones.” (Rayas)

“ARTICULO 31. COMUNICACION AL FONDO. En firme las liquidaciones, ellas se comunicarán al Fondo Nacional de Ahorro para que éste las acredite en cuenta a favor del respectivo empleado o trabajador.”

“ARTICULO 32. ENTREGA DE LIQUIDACIONES AL FONDO. La Caja Nacional de Previsión Social, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán entregar al Fondo Nacional de Ahorro las liquidaciones previstas en el Artículo 22 dentro de los términos que señale el Gobierno.

Los Ministerios, Departamentos Administrativos, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado entregarán al Fondo las liquidaciones previstas en el Artículo 27, durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente.”

Vista la normativa anterior, la entidad demandada estaba en la obligación de efectuar anualmente la liquidación de las cesantías de la demandante y notificarlas en debida forma para que la actora las suscribiera si estaba de acuerdo o en caso contrario tuviera la oportunidad de interponer los recursos pertinentes.

Una vez resueltos los recursos o firmadas las liquidaciones en señal de aceptación se comunicarían al Fondo Nacional de Ahorro para que fueran acreditadas en la cuenta a favor de la demandante durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente.

Empero, el Ministerio de Relaciones Exteriores no notificó a la demandante las liquidaciones anuales de las cesantías (fl. 294 cno ppal) restringiéndole la oportunidad de incoar los mecanismos de impugnación respecto del salario base que tuvo en cuenta para el reconocimiento prestacional, obligando a presentar el agotamiento de la vía gubernativa y consecuentemente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de encontrar un mecanismo de defensa de la liquidación de sus cesantías.

DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS.

La Ley 6ª de 1945 establece lo siguiente:

“ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942.
(…)”

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 65 de 1946 previó en materia de cesantías lo siguiente:

“ARTICULO 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1o. de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.
PARAGRAFO. Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los Departamentos, Intendencias, comisarías y Municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6a. de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma Ley.”

A su vez, el Decreto Ley 10 de 1992 “Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular”, estipuló que:

“ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

La anterior norma fue declara inexequible en sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 24 de mayo de 2005, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, por considerar que existe una vulneración del derecho a la igualdad cuando se ordena que las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior devenguen una suma inferior a la asignación percibida, indicando lo siguiente:

“Los problemas constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos.  Esto es así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.  Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada. El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales servidores al costo de vida de los países en los que cumplen sus funciones. Para la Corte, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones.”

Entretanto, el Decreto Ley 274 de 2000, “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular.”, establecía en el artículo 66 el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 66. Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna.”

Ésta norma fue declarada inexequible por sentencia C-292 de 16 de marzo de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, considerando que el Presidente de la República excedió las facultades otorgadas por el Congreso de la República para aprobar prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo siguiente:

“… la Corte considera que la autorización conferida al ejecutivo para dictar normas que regulen el régimen de personal de  quienes atienden el servicio exterior de la república o le prestan apoyo o hacen parte de la carrera diplomática y consular, no contempla la posibilidad de regular el régimen salarial y prestacional que es materia distinta,  reservada por la Carta al Congreso de la República  (Artículo 150, numeral 19, literal e) y propia de una ley marco.
Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional, como legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas otorgadas por el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional la expresión  "salvo las particularidades contempladas en este Decreto"  contenida en el artículo 63.  Esto es así porque al establecer que los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben ser afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social  creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y normas modificatorias y que ello procede  "con las salvedades introducidas en ese Decreto", se crea una excepción y se abre la posibilidad de un régimen especial en materia del sistema de seguridad social aplicable a los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular.

Igual consideración debe hacerse en relación con los parágrafos 2, 3 y 4 del mismo artículo y con los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto todos ellos regulan materias propias del régimen prestacional y salarial que, por definición, están excluidas de los ámbitos que son susceptibles de regulación extraordinaria por parte del Gobierno Nacional con base en leyes de facultades.  En efecto, cuando se hacen regulaciones específicas relacionadas con el régimen de seguridad social de esos funcionarios, cuando se establecen las condiciones en que debe operar la prestación asistencial en el exterior, cuando se determinan bases de cotización y de liquidación de prestaciones sociales y cuando se determinan promedios para la realización de pagos a funcionarios, el Gobierno Nacional está ejerciendo una facultad que no le fue concedida y que el Congreso no podía delegarle en cuanto se trata de un espacio que está supeditado al despliegue de su propia capacidad legislativa.”

Observa la Sala que, las normas que establecían que las prestaciones sociales de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores se liquidarían según la homologación del empleo con la Planta Interna, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional con fundamento en que el régimen prestacional y salarial está excluido de la regulación extraordinaria del Gobierno Nacional habida cuenta que es competencia de la Rama Legislativa.

Las normas que previeron la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, son del siguiente tenor literal:

Art. 57 Decr. 10/92
Art. 66 Decr. 274/00
Art. 7 par. 1 Ley 797/03
“ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.”(Se Subraya)
“ARTÍCULO 66. Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna.”(Se Destaca)
“ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.”

Sin embargo, la entidad demandada fundamentó que su actuación se ajustó a la legalidad habida consideración que durante la liquidación del auxilio de las cesantías aplicó las normas vigentes.

Explica que con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 66 del Decreto Ley 274 de 2000 (C-292/01), al desaparecer el ordenamiento jurídico automáticamente revivió el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 que fue posteriormente declarado inexequible por la Alta Corporación (C-535/05), afirmando que siempre se ajustó la normativa vigente aplicable para los empleados del servicio exterior.

Si bien es cierto, que la normativa acerca de la liquidación de las prestaciones sociales tuvo efectos legales durante el lapso de tiempo en que estuvieron vigentes y la inexequibilidad del artículo 66 del Decreto 274 de 2000 revivió el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, contando la Administración con la aplicación de la misma norma, también lo es, que los argumentos esbozados por el Tribunal Constitucional se orientaron en la sentencia C-535 de 2005 a indicar que la liquidación de las prestaciones sociales de la Planta Externa de la entidad demandada presenta un tratamiento diferente e injustificado contrario al mandato de igualdad, resultando lesivo de los derechos fundamentales a la Seguridad Social, Mínimo Vital, Principio de la Primacía de la realidad en las relaciones laborales, y en fin a los principios sobre los cuales las prestaciones sociales y la pensión deben cotizarse y liquidarse, sin que ello implique irrespetar el límite máximo que en materia pensional rige actualmente.

Sobre este aspecto es menester efectuar algunas precisiones:

Los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, tienen efectos hacia futuro; salvo que la misma Corte expresamente manifieste, de conformidad con su reglamento interno, los alcances que le da a la misma. Esto implicaría que las situaciones adquirieron firmeza durante la vigencia de aquellas normas que posteriormente son declaradas inconstitucionales.

Empero, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 estableció lo siguiente respecto de los efectos de la sentencia de Constitucionalidad:

“ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.”

Según lo anterior, en algunas oportunidades es viable, dadas las condiciones de la norma que se retira del ordenamiento jurídico, aplicar durante la vigencia de la misma la excepción de inconstitucionalidad, en aras de no permitir la existencia de situaciones que a todas luces son inconstitucionales por afectar derechos de naturaleza fundamental.

La entidad demandada (primer cargo) afirma que como las sentencias de inexequibilidad de los artículos 57 del Decreto 10 de 1992 y 66 del Decreto 274 de 2000 no indicaron los efectos retroactivos, el auxilio de cesantías de la actora, por ser anterior, no quedó cobijado por la inconstitucionalidad.

Pese a la ausencia de modulación de las sentencias de inexequibilidad, encuentra la Sala ajustada la situación para declarar la excepción de inconstitucionalidad conforme con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Nacional, habida cuenta que tanto los artículos 57 del Decreto 10 de 1992 y 66 del Decreto 274 de 2000 contrarían los derechos fundamentales a la Igualdad, Dignidad Humana, Mínimo Vital, entre otros, de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Respecto a la primacía de la Constitución Política, esta Sala ha dicho lo siguiente:

“Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Nro. 1670 de 1997 ocurrida mediante la sentencia C-140 de 15 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del DR. CARLOS GAVIRIA DIAZ se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares, se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron hacia el futuro.”. ».

Los argumentos consignados en los apartes jurisprudenciales precedentes, los comparte plenamente la Sala, cuyos conceptos hace aplicables al presente caso. En efecto, la cuantificación del auxilio de cesantía con exclusión de algunos factores que, según la ley, hacen parte del total de los ingresos devengados por el empleado público en el servicio exterior, constituye un tratamiento discriminatorio que repele nuestro ordenamiento jurídico y que carece del todo de justificaciones relativas al buen servicio que se afecta si no se tiene en cuenta la realidad de la relación laboral y su remuneración, como efectivamente se dio en el presente caso.

Además, de aceptarse que el ingreso base para la liquidación del auxilio de cesantía excluye para el demandante los valores devengados por servicios prestados fuera del país, tendría otras implicaciones, como pensionales, al disminuir la posibilidad de que el ex servidor pueda alcanzar un mayor y mejor ingreso que soporte su subsistencia, así como la afectación económica negativa producida en el Sistema General de Pensiones que, como se sabe, establece que por las prestaciones sociales debe cotizarse y liquidarse con base en lo realmente recibido por el servidor público, para el caso, en el país y en el exterior, es decir, no solo con base en lo previsto por los decretos 10 de 1992 y 274 de 2000 que no incluían como factor prestacional el ingreso recibido en el exterior, todo lo cual también ha sido considerado en tal sentido por la jurisprudencia citada.

Como puede verse, no asiste razón al apelante en este aspecto pues, según las consideraciones jurisprudenciales precedentes, no resulta avenido con la Constitución Política que se aplique al actor el régimen establecido en los decretos vigentes con anterioridad a su declaratoria de inexequibilidad que se acaban de mencionar sino, por el contrario, y dando prevalencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, es procedente la confirmación del fallo apelado que así lo aplicó.

Tomando en cuenta que el demandante reclama el reajuste de su auxilio de cesantía por periodos comprendidos entre los años 1988 y 2003, y que las sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 fueron proferidas por la Corte Constitucional con posterioridad, con efectos hacia el futuro, según los fundamentos de la inexequibilidad declarada conforme los acápites anteriormente reproducidos extensamente, la Sala aplicará la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 57 del Decreto 10 de 1992, 7 de la Ley 797 de 2003 y 66 del Decreto 274 de 2000, por ser violatorios del derecho a la igualdad invocado por el demandante, vigentes para la época que reclama la demanda y, en consecuencia, confirmará la sentencia apelada, favorable a las pretensiones del demandante.

En cuanto a la caducidad y la prescripción que nuevamente invoca el apelante en el escrito de sustentación del recurso de apelación, la Sala hace ver que fueron resueltas en la audiencia inicial, como consta en la versión magnética ya mencionada, en que el tribunal desestimó las excepciones de caducidad de la acción y de prescripción extintiva de los derechos demandados, con fundamento en que si los actos de liquidación de cesantías se contienen en unos oficios que no fueron notificados personalmente, pues fueron remitidos a la residencia del demandante cuando se encontraba en el exterior y, por otra parte, no se probó que hubiera recibido la comunicación respectiva, no pueden tenerse como legalmente notificados, razón por la cual tampoco le son oponibles al demandante, a quien no le han corrido los términos de caducidad y prescripción extintiva.

Además de lo anterior, la Sala recuerda que tal decisión fue objeto de recurso de apelación en audiencia, cuya concesión fue negada por auto que se encuentra ejecutoriado, dado que el artículo 243 del CPACA establece la apelación del auto que ponga fin al proceso, que es aquel que las declara probadas, y como en este caso fueron desestimadas y el proceso continuó, el auto emitido no es apelable, razón por la que el ponente no concedió el recurso de apelación. Por eso se declaró surtida la fase de excepciones, y al minuto 12:48, el ponente pasó a la fase de fijación del litigio, quedando así definida la negativa de concesión de la apelación interpuesta.

Por las anteriores consideraciones la Sala estima que no le es dable asumir un nuevo estudio de estos argumentos de la apelación, ya resueltos con providencia ejecutoriada.

En cuanto al reconocimiento del interés del 2% por el no pago de las prestaciones reclamadas, efectuado en la sentencia oral proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en audiencia de 22 de octubre de 2013, con la cual accedió a las pretensiones de la demanda, habrá de confirmarse dado que se ajusta a derecho por encontrarse previsto en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969 que, por lo demás, excluye la aplicación de la fórmula de actualización monetaria de la condena, en tanto que «…al condenar al pago de intereses moratorios, implícitamente se está actualizando su valor y no existe razón para actualizar una condena que, de suyo, ya está más actualizada.».

Conclusión: Al demandante le asiste el derecho a que se reliquide y pague su auxilio de cesantía tomando en cuenta el tiempo laborado para la demandada, en el servicio interno y externo, sobre la base de lo realmente devengado como salario.

Reconocimiento de apoderada

En vista de que a folio 222 obra el poder que confirió la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, debidamente presentado, a la doctora Paola Andrea Cerón Guerrero, se le reconocerá la personería necesaria para actuar.

Condena en costas

En este caso, considera la Sala que hay lugar a la condena en costas a la demandada, en el concepto de agencias en derecho, de conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 8 del artículo 365 del CGP, en la medida en que el demandante intervino en esta instancia presentando alegatos de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 57 del Decreto 10 de 1992, 7 de la Ley 797 de 2003 y 66 del Decreto 274 de 2000, por ser violatorios del derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, en cuanto regían hasta la vigencia de la sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, con la que la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad.

SEGUNDO. Confirmar en su integridad la sentencia oral proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en audiencia de 22 de octubre de 2013, con la cual accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, que ordenó reliquidar y pagar las cesantías al señor Álvaro Restrepo Hurtado con el salario realmente devengado en los periodos comprendidos entre 1988 y 1991, 1995 y 1997 y 1999 y 2003.

TERCERO: Condenar en costas, por el concepto de agencias en derecho, a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, en favor del demandante.

CUARTO. Reconocer personería para actuar como apoderada de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, a la doctora PAOLA ANDREA CERÓN GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía 52.410.832 y con Tarjeta Profesional de abogada número 173.799, de conformidad con el memorial poder que obra a folio 222, debidamente presentado.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido

Folio 10.
Folio 15.
Citó las sentencias C-920 de 1999, C-292 de 2001, C-535 de 2005 y C-173 de 2004.
Folios 30 a 46.
Folio 138.
Constituido en Sala de Decisión.
A partir del minuto 3:20.
Minuto 7:44.
A partir del minuto 0:45 del disco que obra a folio 150. El tribunal se constituyó en Sala de Decisión.
Folio 150.
Minuto 13:21.
Minuto 13:27.
Minuto 32:55.
Minuto 34:45.
Folios 154 a 158.
Folio 185.
Folio 195.
Folios 202 a 206.
Citó la sentencia de 22 de enero de 2015, proferida por esta Sección dentro del proceso radicado 4346-2013, actor María del Socorro Chismas Acevedo.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Artículo 328 inciso primero CGP.
Folio 81 con el oficio remisorio de los documentos aportados, suscrito por el Director de Talento Humano del MEN, de 23 de julio de 2013.
Folios 81 a 83.
Folios 84 a 89.
Cfr. Folio 30 y siguientes.
M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, radicado interno No. 2616-04; C.P. doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de junio de 2010, expediente 250002325000200507605 01 (2158-2008). M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A, sentencia de 21 de octubre de 2011, radicación: 25000-23-25-000-2005-04144-01(1644-08). Actor: Luis Ignacio Andrade Blanco. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), radicación: 25000-23-25-000-2006-07764-01(1400-11). Actor: Berta Elisa Mora Morales. Magistrado ponente: Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), radicación: 25000-23-42-000-2013-00304-01(2623-14). Actor: Antonio José González Castaño. Magistrado ponente: William Hernández Gómez. Subsección B, sentencia de tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018), radicación: 25000-23-25-000-2012-00956-01(1658-16). Actor: Carlos Mauricio González Arévalo. Magistrada ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, y sentencia de veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), radicación: 25000-23-42-000-2012-01850-01(2156-15). Actor: Jaime Antonio Godín Díaz. Magistrada ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Folio 138.
Constituido en Sala de Decisión.
A partir del minuto 3:20.
Ibídem.

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