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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04662-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04662-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Amparo Ángel de Biermann contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Segundo: Sin condena en costa en esta instancia. Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04662-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

18 de agosto de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-04662-01 (4029-2021)
Demandante: Amparo Ángel de Biermann

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04662-01 (4029-2021)
Demandante: AMPARO ÁNGEL DE BIERMANN
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1

Temas: Reliquidación pensión de jubilación post mortem
sustituida a cónyuge supérstite. Régimen de
liquidación pensional aplicable a empleados de la
planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar el artículo 57 del
Decreto Ley 10 de 1992 durante el período que
estuvo vigente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-147-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que
accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Amparo Ángel de Biermann en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 6 a 7)

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Parcialmente
de la Resolución 8521 del 29 de septiembre de 2004 por medio de la cual

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04662-01 (4029-2021)
Demandante: Amparo Ángel de Biermann

la extinta Cajanal reconoció a favor de la demandante la sustitución de la
pensión de jubilación post mortem de su causante, el señor Luis Antonio
Escobar Segura; ii) Resolución RDP 029685 del 16 de agosto de 2016 con
la que la entidad demandada negó la petición de reliquidación pensional
formulada por la libelista; y iii) Resoluciones RDP 037842 del 7 de octubre
de 2016 y RDP 38693 del 12 de octubre del mismo año, a través de la
cuales la UGPP resolvió los recursos de reposición y apelación
respectivamente, presentados por la parte activa contra el acto primigenio
que denegó la solicitud de reajuste sobre su prestación, ello en el entendido
de que dicha decisión fue confirmada.

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte pasiva reliquidar el IBL de la pensión
sustitutiva otorgada a la señora Ángel de Biermann, a fin de que se tengan
en cuenta los salarios realmente devengados por su causante y no con
base en su equivalente en la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores, ello durante el tiempo en que aquel se desempeñó como
agregado cultural, grado ocupacional 1EX en el Consulado General de
Colombia en Miami (Estados Unidos).

3. Condenar a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores a girar a la
UGPP los aportes a pensión del señor Escobar Segura con base en el
salario real devengado por este.

4. Conminar a la entidad demandada a pagar a favor de la libelista el
respectivo reajuste del valor de la prestación debatida con sus respectivos
incrementos anuales, al igual que con el retroactivo indexado por la
diferencia entre el monto de las mesadas reliquidadas y las efectivamente
pagadas.

5. Ordenar a la UGPP reconocer a la demandante el pago de las mesadas
reajustadas adicionales de junio y diciembre, así como de la indemnización
moratoria a que haya lugar, y finalmente los intereses corrientes y
moratorios a la máxima tasa legal vigente.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 6)

1. El señor Luis Antonio Escobar Segura ocupó el cargo de agregado cultural,
grado ocupacional 1EX en el Consulado General de Colombia en Miami
(Estados Unidos), esto al servicio de la Nación, Ministerio de Relaciones
Exteriores.

2. El referido causante falleció el 11 de septiembre de 1993. Ahora, con
posterioridad, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) expidió la
Resolución 8521 del 29 de septiembre de 2004 con la que reconoció a su
favor una pensión de jubilación post mortem, y a su vez otorgó a favor de
la demandante la sustitución de dicha prestación por haber acreditado la
calidad de beneficiaria del de cuius al ser su cónyuge supérstite.

3. La plaza de agregado cultural, grado ocupacional 1EX, era equivalente en
la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 1993 al
empleo de técnico administrativo, código 4065, grado 11, el cual tenía fijada
una asignación básica mensual de $231.410, monto que fue tenido en

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

cuenta por la entidad demandada como IBL para reconocer el derecho
pensional en litigio en un 75% de ese valor.

4. El último salario devengado por el causante de la libelista fue de
US$1.816,76, el cual en pesos colombianos para el 11 de septiembre de
1993 equivalía a $1.471.630,10.

5. La señora Ángel de Biermann solicitó ante la UGPP la reliquidación de su
pensión sustitutiva el 14 de julio de 2016, en el sentido de que se tuviera
en cuenta como ingreso base de liquidación, el salario real percibido por su
cónyuge antes de su muerte y no el equivalente al de un cargo de la planta
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6. La autoridad demandada expidió la Resolución RDP 029685 del 16 de
agosto de 2016 en virtud de la cual negó lo deprecado por la demandante.
Ante ello formuló recursos de reposición y en subsidio apelación contra
dicha manifestación, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante
las Resoluciones RDP 037842 del 7 de octubre de 2016 y RDP 038693 del
12 de octubre de la misma anualidad que finalmente confirmaron la
decisión inicial.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 12 de junio de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto, pues el a quo estimó que los medios
de defensa propuestos por la parte pasiva atacaban el fondo del asunto, y por
lo tanto debían ser resueltos al momento de dictar la sentencia.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que se reliquide el
Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación post mortem que le fue
sustituida, teniendo en cuenta los salarios realmente devengados y no tomando la

3 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

asignación del cargo equivalente en la planta interna, durante el tiempo que el
causante se desempeñó como Agregado Cultural, Grado Ocupacional 1EX, en el
Consulado General de Colombia en Miami, Estados Unidos de América, al servicio
del Ministerio de Relaciones Exteriores. […]». (Folio 111 vuelto y CD que reposa
a folio 94 del expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 155 a 166)

El a quo profirió sentencia escrita el 8 de abril de 2021, por medio de la cual
accedió a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El tribunal de origen inicialmente resaltó que en virtud de la Ley 41 de 1975 y
los Decretos 2016 de 1968, 1253 de 1975, 10 de 1992, 1181 de 1999 y 274
de 2000, resultaba palmario que los funcionarios inscritos en la Carrera
Diplomática y Consular no están sujetos a un régimen especial de pensiones
que determine requisitos de edad, tiempo y monto diferentes a los contenidos
en las normas de carácter general aplicables a los empleados públicos, por lo
cual se debería tener presente que la única regulación especial obedece a la
forma como deben ser liquidadas las prestaciones sociales, en el entendido
de que por las especiales características de tales plazas desempeñadas en el
exterior, sus remuneraciones tendrían que ser equiparadas a las de la planta
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Adujo que respecto del ingreso base de cotización, el artículo 20 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 7.° de la Ley 797 de 2003, se refirió
específicamente a los funcionarios de la planta externa de la aludida entidad,
sin embargo, los apartes de dicha norma relacionados con la planta interna en
los cuales no se hizo diferenciación alguna entre embajadores y demás
servidores, fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-173 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, en razón a que se consideró que la
equivalencia allí fijada atentaba contra el derecho a la igualdad de los
trabajadores destinatarios de la norma.

Sostuvo que lo mismo ocurrió con el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, el cual
fue declarado inexequible conforme a la sentencia C-535 de 2005, en razón a
que la equiparación de empleos de ambas plantas constituyen una
desigualdad injustificada que lesiona el derecho fundamental a la seguridad
social de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior.

Bajo aquel contexto precisó que no es procedente liquidar las prestaciones
sociales ni las pensiones de los funcionarios que ejercen sus labores en otros
países con base en el salario que corresponda a una plaza comparada con la
de la planta interna, y mucho menos sobre una remuneración diferente a la
verdaderamente percibida, esto so pena de vulnerar las garantías
fundamentales a la igualdad, seguridad social y mínimo vital y el principio de
la primacía de la realidad laboral sobre las formalidades. Igualmente indicó que
en virtud de lo anterior, resulta claro que quienes hacen parte de la carrera
diplomática y consular no gozan de un régimen especial en pensiones, sino
que es el mismo contenido en las normas de carácter general aplicable a los
empleados públicos.

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

Con base en lo expuesto afirmó que la demandante tiene derecho a que la
pensión de jubilación post mortem que le fue sustituida, se reliquide y pague
en forma indexada con el equivalente al 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios del causante, esto es, mediante el cálculo
del IBL conforme al salario realmente percibido por aquel, el cual se determina
mediante la conversión que efectúe la UGPP de la moneda extranjera (dólares
estadounidenses) a pesos colombianos.

Seguidamente planteó que, si bien es cierto para el momento en que el de
cuius se desempeñó como agregado cultural, grado ocupacional 1EX, no se
había adelantado el estudio de constitucionalidad sobre el asunto para
equiparar el ingreso base de liquidación para pensión de los funcionarios de la
planta externa con los de la interna del Ministerio de Relaciones Exteriores,
esto de conformidad con las sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005, lo
cierto es que una vez la Corte Constitucional profirió dichas providencias,
correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores actualizar los salarios
devengados en moneda foránea por los funcionarios de la planta externa, no
solo a partir del 1.º de mayo de 2004, sino de forma retroactiva, posición que
fue acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia del 22 de abril de 2015 proferida en el proceso con radicado 25000-
23-25-000-2001-01312-01(2506-13).

Adicionalmente acotó que tal como lo ha precisado esta última Alta Corte, la
mesada pensional que resulte de la reliquidación no puede superar el tope
máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes fijados en el
artículo 5.º de la Ley 797 de 2003.

De otra parte sostuvo que es procedente declarar la prescripción de las
mesadas pensionales causadas antes del 14 de julio de 2013, toda vez que el
reconocimiento pensional data del año 2004, mientras que la petición de
reliquidación pensional fue presentada por la parte activa el 14 de julio de 2016
y además radicó la demanda el 22 de septiembre de 2017, es decir, que entre
el reconocimiento y la reclamación administrativa transcurrieron más de los 3
años de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.

Por último puntualizó que en caso de que no se le hubiesen efectuado
cotizaciones para pensión al causante de la libelista respecto de lo realmente
devengado por el primero como funcionario de planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se deberá previamente hacer el respectivo descuento
en el porcentaje que legalmente le correspondía al trabajador.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva, así: i) declaró la nulidad parcial
de la Resolución 8521 del 29 de septiembre de 2004, así como la nulidad de
los demás actos administrativos censurados; ii) a título de restablecimiento del
derecho condenó a la UGPP a reliquidar y pagar de forma indexada la pensión
de jubilación post mortem sustituida a la libelista, a fin de que corresponda al
75% del salario promedio devengado por su causante durante el último año de
servicio, calculado con la conversión que se efectúe a pesos colombianos de
la moneda extranjera (dólares estadounidenses) con la se pagó el salario de
aquel, esto con efectividad desde el 12 de septiembre de 1993, pero con
efectos fiscales desde el 14 de julio de 2013 y sin que supere el tope máximo
de 25 smlmv; iii) ordenó a la entidad demandada descontar del valor de la
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condena el monto correspondiente a los aportes a pensión no efectuados por
el de cuius sobre el mayor valor del salario realmente percibido; y iv) conminó
a la parte pasiva a reajustar las mesadas pensiones con la respectiva
actualización conforme al IPC reportado por DANE.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 176 a 179)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente para que en su lugar se denieguen las pretensiones
de la libelista.

Al respecto señaló que conforme a las pruebas aportadas a la actuación, se
extrae que el causante laboró 22 años, 1 mes y 21 días, por lo que el
reconocimiento de la pensión post mortem se liquidó con base en el 75% de
los salarios devengados durante el último año de servicio, que para el caso
concreto corresponde al promedio de lo percibido entre el 12 de septiembre
de 1992 y el 11 de septiembre de 1993.

Ahora bien, respecto de la aplicación del artículo 57 del Decreto Ley 10 de
1992, aclaró que si bien es cierto tal normativa fue declarada inexequible por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-535 de 2005, también lo es que
al momento del fallecimiento del causante (11 de septiembre de 1993), dicho
precepto estaba vigente para los funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por lo que resultaba plenamente aplicable al caso específico de
aquel, más aún en el entendido de si determinada regulación es declarada
inconstitucional con posterioridad a su entrada en vigor, esa decisión regiría
hacia futuro por no ser un fallo con efectos retroactivos.

En virtud de lo anterior aseguró que los actos administrativos demandados
fueron proferidos con estricta sujeción a los parámetros de la Ley 33 de 1985,
lo cual aunado a la presunción de legalidad que los ampara, implica que las
decisiones adoptadas no presentan ninguna irregularidad que dé lugar a la
declaratoria de nulidad.

Al respecto precisó que la pensión de jubilación de los servidores públicos está
regulada en la norma aludida, razón por la cual en el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación se tuvieron en cuenta como factores de salario
los certificados con aportes por su empleador durante el último año de servicio,
monto al que se le aplicó el 75% para hallar la cuantía definitiva a pagar. No
obstante, indicó que la libelista pretende que se le liquide el derecho con
inclusión de más factores de remuneración, ello sin mencionar cuales son los
que en su entender no fueron tenidos en cuenta, lo cual no es procedente en
la medida en que la determinación del valor de la pensión se efectuó de
acuerdo con la regulación aplicable a la situación de su causante en el
respectivo momento en que se otorgó la prerrogativa, esto es, según los
emolumentos enlistados en la Ley 62 de 1985.

De otro lado destacó que la financiación de dichas pensiones se realiza en
parte con los aportes que realiza el trabajador, quien en el presente caso,
durante su vida laboral no realizó las cotizaciones sobre los factores que ahora
reclama su beneficiaria para que sean tenidos en cuenta en la liquidación
prestacional, de manera que incluir otros haberes en el IBL atentaría contra el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, razón por la cual
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deben desestimarse las pretensiones de la parte activa por ser en contra de la
legislación aplicable, más aún cuando dicha postura fue modificada por el
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Adujo además que en igual sentido se pronunció la Corte Constitucional a
través de la sentencia SU-427 del 11 de agosto de 2016, por medio de la cual
reiteró su posición frente a la aplicación ultractiva de los regímenes de los
cuales es beneficiario el pensionado, esto en el sentido de aclarar que los
postulados aplicables son solo los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, no así el ingreso base de liquidación. Por
ello aseveró que no es dable hacer interpretaciones de la aplicabilidad del
referido artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este último concepto no fue
sometido a transición.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el suscrito ponente mediante
auto del 24 de noviembre de 2021 admitió el recurso de alzada y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA,
dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de
mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar
sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia proferida por la
Secretaría el 1.° de febrero de 2022 (visible a folio 207 del plenario), en la cual
se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de fondo el
asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿Es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación post mortem
reconocida a favor del señor Luis Antonio Escobar Segura y sustituida a la
señora Amparo Ángel de Biermann por su calidad de cónyuge supérstite, esto
en el sentido de tener en cuenta para el cálculo del IBL, el valor real convertido
en pesos colombianos del salario percibido por el causante en dólares
estadounidenses durante el último año de servicio en el que se desempeñó
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en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores como agregado
cultural, grado ocupacional 1EX del Consulado General de Colombia en Miami
(Estados Unidos), ello a pesar de que el derecho pensional fue consolidado
en vigencia del artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, que fue declarado
inexequible con posterioridad a través de la sentencia C-535 de 2005?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: procede la reliquidación de la
pensión de jubilación post mortem sustituida a favor de la libelista, ello con
base en el salario realmente percibido por su causante durante su último año
de servicio, tal como se explica a continuación:

 Marco legal y jurisprudencial en materia pensional de los
empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993, los empleados de la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban regulados por los Decretos
311 de 1951, 2016 de 1968 (arts. 66, 75 y 76) que contenían el «Estatuto
Orgánico del Servicio Diplomático y Consular» y 1253 de 1975 por el cual se
modificó el artículo 76 del Decreto 2016 de 1968.

Posteriormente, la Ley 41 de 1975 derogó los artículos 1.º y 2.º del Decreto
1253 de 1975 y se determinó que las prestaciones sociales de los referidos
servidores debían ser liquidadas y pagadas «con base en las asignaciones del
cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968, salvo lo
previsto en el artículo 66 del mismo Decreto».

Luego, con el Decreto Ley 10 de 1992, «Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y
de la Carrera Diplomática y Consular», se dispuso:

«Artículo 9.º. La Carrera Diplomática y Consular es el estatuto que regula el
ingreso, ascenso, permanencia, alternación, régimen de comisiones,
evaluación, disponibilidad, asignaciones especiales y retiro de los
funcionarios que desempeñan funciones diplomáticas y Consulares.

Artículo 10. Las categorías de los funcionarios de la Carrera Diplomática y
Consular son las siguientes:

a) Embajador;
b) Ministro Plenipotenciario;
c) Ministro Consejero;
d) Consejero;
e) Primer Secretario;
f) Segundo Secretario;
g) Tercer Secretario.

Artículo 11. Las equivalencias entre el servicio diplomático y el servicio
consular son las siguientes:

En el Servicio Diplomático En el Servicio Consular
Ministro Plenipotenciario Cónsul General
Ministro Consejero Cónsul General
Consejero Cónsul General

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04662-01 (4029-2021)
Demandante: Amparo Ángel de Biermann

Primer Secretario Cónsul de Primera
Segundo Secretario Cónsul de Segunda
Tercer Secretario Vicecónsul

Parágrafo. Los funcionarios escalafonados en la Carrera podrán ser
designados indistintamente tanto en el servicio diplomático como en el
consular.»

Y en los artículos 55, 56 y 57 se reguló la liquidación pensional de los
funcionarios de carrera diplomática, así:

«Artículo 55. Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que
reúnan los requisitos legales en cuanto a edad y tiempo de servicio, que hayan
alcanzado la categoría de Embajador y que al retirarse del servicio soliciten
su pensión de jubilación o invalidez tendrán derecho a que ésta les sea
liquidada y pagada con base en las asignaciones de los Ministros del
Despacho, calculada a la fecha de retiro del funcionario.

Artículo 56. La liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez de los
funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, se hará sobre la base del
cargo de mayor categoría que haya desempeñado el funcionario durante su
carrera, por un año al menos, conforme a las categorías y equivalencias
establecidas en este Estatuto y aplicando, cuando fuere el caso el artículo
anterior.

Artículo 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior,
a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con
base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.»

Respecto de la norma en cita, el Consejo de Estado ha indicado que contenía
una regla general, según la cual, para la liquidación de prestaciones de los
funcionarios de planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores se
acudía a una equivalencia con los cargos de la planta interna4.

Ahora bien, el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de Carrera Diplomática
y Consular, fue reemplazado por el Decreto Ley 1181 de 1999 5, que fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-920
de 1999, como consecuencia de la inconstitucionalidad del artículo que
concedió las facultades extraordinarias.

Actualmente el Decreto 274 de 20006 regula el Servicio Exterior de la República
y la Carrera Diplomática, en su artículo 66 determinó que las prestaciones
sociales de los funcionarios de la carrera diplomática y consular debían
liquidarse y pagarse «con base en la asignación básica mensual y en los conceptos
laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en
planta interna».

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad.: 25000-23-25-000-2005-03519-

01 (1829-09).
5 Dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo

120 de la Ley 489 de 1998.
6 Proferido por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el

artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000, que de conformidad con lo establecido en su
artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.

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Sin embargo, la Corte Constitucional con sentencia C-292 de 2001 declaró
inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del citado decreto, para lo cual
argumentó que el Gobierno excedió las facultades otorgadas por el Congreso
de la República al regular el régimen salarial y prestacional de quienes laboran
en el servicio exterior.

Así mismo, en la sentencia C-173 de 2004, declaró inexequible el aparte
tachado del artículo 7.° de la Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993, que sobre el ingreso base de cotización para los funcionarios que
presten servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
previó:

«Artículo 7º.- El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo. 20.-
Monto de las cotizaciones: (...) Parágrafo 1º- Para efectos del cálculo del
ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la
planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base
la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las
normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna.

En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será
el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la
planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables»

Del mismo modo, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado
inexequible en sentencia C-535 de 2005, tras considerar que la equivalencia
de cargos entre funcionarios de la planta externa con los de planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores constituye una desigualdad injustificada
que lesiona el derecho fundamental a la seguridad social de los funcionarios
que prestan sus servicios en el exterior.

En cuanto al servicio exterior, el artículo 3.° del Decreto 274 de 20007, lo define
como aquella actividad administrada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o fuera del
territorio de la República, con el fin de representar los intereses del Estado y
de proteger y asistir a sus nacionales en el exterior.

En anteriores pronunciamientos, la Sección Segunda ha precisado que el
Servicio Exterior comporta una naturaleza especial pues tiene unas
condiciones y connotaciones particulares inherentes a las necesidades
propias de las relaciones del Estado con las demás Naciones, que además,
por las características pluriétnicas y multiculturales, requiere de personal
altamente calificado en las materias relativas a la política exterior de la
República.8 Ello justifica la existencia de un régimen especial de la carrera
diplomática, que actualmente se encuentra regulado por el mencionado
Decreto.

Dentro de las particularidades propias del servicio exterior, se encuentra el
principio de la alternación, con el cual se pretende que quienes prestan sus

7 Este Decreto está vigente desde la fecha de su publicación [22 de febrero de 2000]. En su

artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992 “Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera
Diplomática y Consular”.
8 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del

25/03/2010, Rad.: 11001-03-25-000-2005-00010-00 (0177-2005).

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servicios en el extranjero no lo hagan de forma indefinida, sino que retornen,
así sea un tiempo, al país, para que se mantengan en permanente contacto
con la realidad de su lugar de origen y puedan representar aún mejor los
intereses del Estado.

Sobre el particular, con el artículo 35 del Decreto 274 de 2000 se previó que
«en desarrollo de los principios rectores de Eficiencia y Especialidad, los funcionarios
de la Carrera Diplomática y Consular deberán cumplir actividades propias de la
misión y de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lapsos de
alternación entre su servicio en Planta Externa y su servicio en Planta Interna».

Por lo tanto, en virtud del principio de «alternación», unos miembros de la
carrera diplomática deben desempeñarse en el exterior y otros al interior del
Ministerio, bajo las condiciones y formas fijadas en sus respectivas épocas,
entre otros, por el Decreto 10 de 1992 y el Decreto 274 de 2000. Para ello
aparecen regladas equivalencias entre la planta exterior y la interna9.

 Régimen aplicable en materia de liquidación de pensiones y
cesantías de empleados vinculados a la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Frente al régimen especial de la carrera diplomática y la manera en que deben
liquidarse las prestaciones sociales del personal que labora en el servicio
exterior, planta externa, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente10:

«[…] el Decreto 10 de 1992 [Derogado por el Decreto 274 de 2000], que
contenía el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática
y Consular previó:

“ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio
exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se
pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio
interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.”11.

Mediante la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005, la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad del artículo antes transcrito, el cual hacía referencia
a la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios de la planta
externa con fundamento en los salarios devengados por quienes
desempeñaban cargos equivalentes en planta interna. En esa providencia, la
Corte resaltó la inviabilidad de que persistieran esa clase de normas en el
ordenamiento jurídico, pues las mismas dan lugar a desigualdades que riñen
con la Carta Política.

Como sustento de su decisión, esa Corporación explicó que en el régimen
legal de la carrera diplomática y consular se ha distinguido entre el ingreso
base de cotización de la pensión de jubilación y, el de las demás prestaciones

9 Apartes extraídos de la sentencia del 3/05/2018, número interno 1658-16, proferidos por la

Sección Segunda del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 3/05/2018, Rad.: 25000-23-25-000-2012-00956-01(1658-16).
11 «Con posterioridad a este cuerpo normativo el Decreto Ley 1181 de 1999, dictado por el Ejecutivo en

ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, reguló el
Estatuto Orgánico de Servicio Exterior y de Carrera Diplomática y Consular; sin embargo, esta
normatividad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-920 de 1999,
en razón a que la Corte había declarado inconstitucional el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y en
consecuencia, los Decretos Leyes dictados con fundamento en él debían correr la misma suerte. »

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sociales. Es decir que, no obstante que aquella y éstas se han sujetado al
salario de cargos equivalentes en planta interna, su regulación se ha hecho
en disposiciones diferentes.

Precisó:

“Así, por ejemplo, en el caso del Decreto 10 de 1992, la liquidación de la
pensión de jubilación o invalidez de los funcionarios del servicio exterior,
estaba regulada en el artículo 56 y la liquidación de las prestaciones
sociales de tales funcionarios estaba regulada en el artículo 57.
Posteriormente, en el caso del Decreto 1181 de 1999, la liquidación de la
pensión de jubilación o invalidez de los funcionarios del servicio exterior,
estaba regulada en el artículo 65 y la liquidación de las prestaciones
sociales de tales funcionarios estaba regulada en el artículo 66.
Finalmente, en el caso del Decreto 274 de 2000, la liquidación de la
pensión de jubilación o invalidez de los funcionarios del servicio exterior,
estaba regulada en el artículo 65 y la liquidación de las prestaciones
sociales de tales funcionarios estaba regulada en el artículo 66”.

Explicó que no obstante su regulación en normas legales diversas, los
problemas constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la
pensión de jubilación y por el cómputo de las prestaciones sociales de los
funcionarios del servicio exterior con base en el salario que corresponde a un
cargo equivalente en planta interna y no con fundamento en el salario
realmente devengado, son los mismos. Dijo que esto es así en tanto en uno
y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que
contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente
a casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de
seguridad social y mínimo vital.

Para la Corte, la previsión según la cual la cotización y liquidación de la
pensión de jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del
servicio exterior con base en el salario que corresponde a un cargo
equivalente en planta interna, implica un desconocimiento del mandato de
igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la
realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la
pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse
con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y
no con base en un salario inferior que no le corresponde.

El máximo Tribunal encargado de la guarda de la Constitución, agregó que:

“Ésta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones
como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice
respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de
tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social
en pensiones”.

De otro lado, el Decreto 274 de 2000, -que derogó el Decreto 10 de 1992-,
por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera
Diplomática y Consular, previó en el artículo 66:

“ARTÍCULO 66.- Liquidación de Prestaciones Sociales. - Las prestaciones
sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y
Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica
mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como
factores de salario, que le correspondieren en planta interna.”.

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La norma antes transcrita también fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto
consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los
funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no
estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el
legislador, expresamente así lo sustentó:

“Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional, como
legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas otorgadas
por el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el numeral 10
del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional la
expresión “salvo las particularidades contempladas en este Decreto”
contenida en el artículo 63. Esto es así porque al establecer que los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben ser
afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social creado por la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios y normas modificatorias y que ello
procede “con las salvedades introducidas en ese Decreto”, se crea una
excepción y se abre la posibilidad de un régimen especial en materia del
sistema de seguridad social aplicable a los funcionarios pertenecientes a
la carrera diplomática y consular.

Igual consideración debe hacerse en relación con los parágrafos 2, 3 y 4
del mismo artículo y con los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto todos ellos
regulan materias propias del régimen prestacional y salarial que, por
definición, están excluidas de los ámbitos que son susceptibles de
regulación extraordinaria por parte del Gobierno Nacional con base en
leyes de facultades. En efecto, cuando se hacen regulaciones específicas
relacionadas con el régimen de seguridad social de esos funcionarios,
cuando se establecen las condiciones en que debe operar la prestación
asistencial en el exterior, cuando se determinan bases de cotización y de
liquidación de prestaciones sociales y cuando se determinan promedios
para la realización de pagos a funcionarios, el Gobierno Nacional está
ejerciendo una facultad que no le fue concedida y que el Congreso no
podía delegarle en cuanto se trata de un espacio que está supeditado al
despliegue de su propia capacidad legislativa.”. […]»

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado, al igual que la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, ha reconocido que la cotización y liquidación de la
pensión de vejez y la liquidación de las prestaciones sociales, como las
cesantías de los funcionarios del servicio exterior, debe efectuarse con base
en el salario realmente devengado y de ninguna manera con uno inferior.

Específicamente, sobre las pensiones de los empleados vinculados a la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 11 de marzo de 201012, precisó lo siguiente:

«[…] Según lo expuesto en el acápite normativo y jurisprudencial, la normatividad
que permitía la equivalencia de cargos de Planta Externa a Planta Interna para
efectos de la liquidación pensional de funcionarios pertenecientes a la primera,
es inconstitucional, y lo ha sido así a la luz de la Constitución Política desde el
mismo momento de su expedición; razón por la cual, en virtud de la primacía de
dicho cuerpo normativo superior no es dable sostener una situación a todas luces
ajena a nuestro ordenamiento jurídico. […]».

12 Sentencia del 11 de marzo de 2010. Expediente No. 250002325000200503120-01 (0613-

2008), Demandante: Ramiro Zambrano Cárdenas.

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Y en sentencia del 3 de mayo de 2018 se indicó:

«[…] De este modo, en materia de liquidación de pensiones y cesantías de los
funcionarios de la planta externa del Ministerio de relaciones exteriores, resulta
claro que se debe tener en cuenta el salario efectivamente devengado, el cual -
entratándose de quienes se desempeñan en la planta externa- es mayor que el
que perciben quienes laboran al servicio de la planta interna […]»13

En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto rendido
el 19 de julio de 2006 en el asunto con radicación número: 11001-03-06-000-
2006-00053-00(1749), expuso:

«[…] En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el fallo T-098 de
2006, en la que de manera explícita la Corte extiende los efectos de sus
decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse
generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y
al Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que
el afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su
derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex
funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
reajuste de su pensión, so pena de comprometer su responsabilidad”. […]»

Por lo anterior se colige que el ingreso base de cotización y de liquidación para
el sistema general de pensiones de los funcionarios de la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores deben reflejar lo efectivamente devengado,
sin acudir a equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de
los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de
los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre
otros, como quedó visto14.

Aunado, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia15 ha sostenido el
mismo criterio, consistente en que «la cotización y liquidación de la pensión de
jubilación de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con base en el salario de cargos equivalentes en la planta interna, vulnera
los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad y, además, lesiona, en
casos concretos, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado o
aspirante a pensionado»16.

 Sobre la situación particular del causante

Frente a todo lo antedicho, la Sala procede a analizar los supuestos fácticos
demostrados en el proceso, los cuales corresponden a los siguientes:

 En virtud de la Resolución 8521 del 29 de septiembre de 2004 (folios 16 a
20), se extrae que le extinta Caja Nacional de Previsión Social reconoció a

13 Apartes extraídos de la sentencia del 3 de mayo de 2018, rad. 1658-16, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado.
14 Al respecto puede verse la sentencia de 23 de febrero de 2011. Rad. 2128-2009. M.P. Dr. Gerardo

Arenas Monsalve.
15 Al respecto se pueden consultar, las siguientes providencias: Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 7/10/2010, número interno 0539-09, y sentencia del 1/03/2012, número
interno 2613-08; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11/03/2010, número interno
0543-2009; sentencia del 23/02/2011, número interno 2128-09, y sentencia del 3/03/2011,
número interno 1491-10, entre otras.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad.: 25000-23-25-000-2011-00709-

01 (2060-2013).

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favor del señor Luis Antonio Escobar Segura una pensión de jubilación post
mortem por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos para la
consolidación de tal derecho, esto luego de su fallecimiento ocurrido el 11
de septiembre de 1993. La prestación fue concedida en cuantía de
$173.557 efectiva a partir del 12 de septiembre de 1993, calculada sobre el
75% de la asignación básica fijada para un empleado de la planta interna
del Ministerio de Relaciones Exteriores equivalente a la plaza de agregado
cultural, grado ocupacional 1EX que aquel ocupaba en el extranjero durante
el último año de servicio.

Adicionalmente, según este mismo acto administrativo, la referida entidad
sustituyó la prestación en comento a favor de la señora Amparo Ángel de
Biermann, dado que esta demostró su calidad de cónyuge supérstite del
causante.

 Según el certificado del 8 de marzo de 2011 expedido por el jefe de la
División de Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales (e) del
Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 21), el último cargo desempeñado
por el señor Escobar Segura en la planta externa de la entidad fue el de
agregado cultural, grado ocupacional 1EX en el Consulado General de
Colombia en Miami (Estados Unidos), esto desde el 2 de agosto hasta el 11
de septiembre de 1993, con una asignación básica mensual a esta fecha de
US$1.816,76.

 Conforme a la certificación del 13 de febrero de 2003 suscrita por el
coordinador de nómina y prestaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores (folio 21 vuelto), el cargo de agregado cultural 1EX ejercido por
el de cuius era equivalente a la plaza de técnico administrativo, código 4065,
grado 11 de la planta interna de dicha entidad, la cual tenía fijado un salario
mensual en el año 1993 de $231.410.

 La demandante formuló petición de reliquidación pensional el 14 de julio de
2016 ante la UGPP (ver folio 22), ello con el fin de que la prestación que le
fue sustituida, se calculara con el salario real convertido en pesos
devengado por su causante durante el último año de servicio y no con la
remuneración equivalente a la de un empleo similar de la planta interna de
la Cancillería.

 La entidad demandada profirió la Resolución RDP 029685 del 16 de agosto
de 2016 (folios 22 a 23), con la que negó la reclamación presentada por la
libelista al aducir que la determinación del valor de la pensión se hizo con
base en la normativa vigente y aplicable al momento del fallecimiento del
señor Escobar Segura.

 La señora Ángel de Biermann radicó recurso de reposición y subsidio
apelació, el 8 de septiembre de 2016, contra el referido acto administrativo
(folio 25), el cual fue resuelto mediante las Resoluciones RDP 037842 del 7
de octubre de 2016 (folios 26 a 27) y RDP 038693 del 12 de octubre de
2016 (folios 31 a 32), con base en las cuales se confirmó la decisión
primigenia al aducir que la regulación en materia prestacional aplicable al
causante para el momento en que este falleció, era el Decreto Ley 10 de
1992 y los demás preceptos propios del régimen de transición de la Ley 100

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de 1993 que le permitieron acceder a la prerrogativa en la forma en la que
fue liquidada.

Pues bien, en primer lugar se destaca que tanto del litigio como fue fijado (ver
folio 111 vuelto), así como del fallo apelado y los argumentos de impugnación
formulados por la parte pasiva, el centro de discusión en esta causa judicial
radica exclusivamente en la procedencia de la reliquidación de la pensión
sustitutiva reconocida a favor de la demandante, en orden de tener en cuenta
en el IBL el salario efectivamente devengado por el causante y no el
equivalente a la de un cargo de la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

En tal sentido, resulta evidente que no es del caso analizar en el sub lite
aspectos relacionados con la aplicabilidad del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 respecto de la situación jurídica del señor Luis Antonio Escobar
Segura, así como tampoco el planteamiento adicional de censura formulado
por la UGPP atinente a que en el cálculo de la prestación no deben incluirse
factores salariales diferentes a los que hubiesen sido objeto de cotización
conforme a la tesis jurisprudencial desarrollada en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018. Lo anterior en la
medida en que tales presupuestos no fueron materia de discusión con la
demanda y su contestación, ni a lo largo de la sentencia recurrida.

Luego de esta aclaración, se resalta que el sustento de inconformidad
planteado por la autoridad demandada, radica en el hecho de asegurar que
su actuación se ajustó a la legalidad, habida cuenta de que al liquidar la
pensión post mortem bajo examen, aplicó la normativa vigente al momento
del reconocimiento de la prestación (año 1993), esto es, el artículo 57 del
Decreto Ley 10 de 1992, el cual si bien posteriormente fue declarado
inexequible por parte de la Corte Constitucional en virtud de la sentencia C-
535 del 24 de mayo de 2005, en realidad tuvo vigor hasta esta última data,
toda vez que dicha providencia no contempló expresamente efectos
retroactivos (ex tunc), lo que implicaba asumir que estos se generarían hacia
futuro (ex nunc).

Ahora, pese a que efectivamente en el presente litigio se advierte que el
reconocimiento de la pensión post mortem y su respectiva sustitución se
determinó desde el 12 de septiembre de 1993 cuando la normativa en
comento prevista para la liquidación de las prestaciones sociales del personal
de servicio exterior de la Cancillería todavía tenía efectos jurídicos, lo cierto
es que los planteamientos de la aludida sentencia de inexequibilidad, denotan
que el cálculo de derechos como la pensión bajo examen con base en el
salario equivalente al de un empleado de la planta interna de aquella entidad
gubernamental, conlleva en virtud de los postulados de la Constitución Política
de 1991, un tratamiento discriminatorio e injustificado que vulnera
directamente derechos fundamentales como la igualdad, la seguridad social,
el mínimo vital y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

Al respecto debe tenerse en cuenta que, en principio, los efectos de las
sentencias emitidas por la Corte Constitucional en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad sobre las normas con fuerza material de ley,
surten efectos desde el momento en que tales providencias son proferidas,
ello salvo que el referido juez plural expresamente manifieste lo contrario, es
decir, que su decisión tenga aplicación retroactiva, lo cual correspondería a
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una modulación explícita de su propio pronunciamiento, tal como lo prevé el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996. Lo propio daría a entender que en el primer
evento relativo a la regla general, las situaciones jurídicas que se hubiesen
estructurado en vigencia de las normas declaradas inexequibles estarían
debidamente consolidadas.

Empero, en casos como el sub examine es dable tener en cuenta que la norma
superior contempla en su artículo 4.° la primacía de la Constitución sobre
cualquier otra regulación que le sea contraria, lo cual se traduce en lo que la
misma Corte Constitucional ha definido como la excepción de
inconstitucionalidad, la cual corresponde a una surte de control difuso y
concreto de constitucionalidad contemplado como un deber, aplicable por
parte de las autoridades y demás operadores jurídicos cuando estos deban
resolver casos particulares en los que se advierta una trasgresión a los
preceptos supralegales, especialmente los relacionados con las garantías
fundamentales de los administrados.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-132 del 13 de
marzo de 2013 precisó lo siguiente:

«[…] La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de
inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una
herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en
tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso
concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se
usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma
de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política. […]».

De acuerdo con lo expuesto, resulta viable que en determinados asuntos
concretos y específicos, dadas las condiciones de la norma que haya sido
sometida a control de constitucionalidad por parte de la Corte y que en virtud
de este se hubiese declarado inexequible sin manifestación sobre los efectos
de la decisión, se pueda e incluso deba dar aplicación directa a la excepción
de inconstitucionalidad para inobservar el postulado regulatorio retirado del
ordenamiento jurídico durante el tiempo en que hubiese estado vigente, esto
con el fin de evitar la configuración de situaciones que puedan concretar
abiertas vulneraciones a la norma superior, puntualmente a los derechos
fundamentales de los administrados involucrados en el asunto analizado.

La entidad apelante sostuvo en la alzada que en razón a que la sentencia C-
535 de 2005 no planteó que sus efectos fueran retroactivos (lo cual es cierto),
el reconocimiento pensional efectuado al causante de la señora Ángel de
Biermann y luego sustituido a favor de esta, por haber ocurrido antes de la
expedición de dicha providencia, no puede considerarse inconstitucional, sino
por el contrario, cobijado por la legalidad que le es propia a la norma aplicable
en su momento que era el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992.

Sin embargo, aun ante la ausencia de modulación de los efectos de la referida
sentencia, la Subsección dará aplicación a la tesis que ha sostenido en casos
de contornos fácticos y jurídicos similares al sub iudice, tal como se expresó

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04662-01 (4029-2021)
Demandante: Amparo Ángel de Biermann

en la sentencia del 28 de marzo de 2019 en la que se señaló lo siguiente: «[…]
encuentra la Sala ajustada la situación para declarar la excepción de
inconstitucionalidad conforme con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución
Nacional, habida cuenta que tanto los artículos 57 del Decreto 10 de 1992 y 66 del
Decreto 274 de 2000 contrarían los derechos fundamentales a la Igualdad, Dignidad
Humana, Mínimo Vital, entre otros, de los funcionarios de la Planta Externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores. […]»17.

Es decir, en el asunto de marras resulta igualmente necesario acudir a la figura
de la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el artículo 57 del
Decreto Ley 10 de 1992 en lo que respecta a la forma de liquidación de la
pensión de jubilación post mortem sustituida a la libelista, pues efectivamente
dicha prestación debía calcularse con el salario real percibido por el causante
de aquella durante su último año de servicio conforme a la conversión que en
su momento se hiciera del monto devengado en dólares estadounidenses a
pesos colombianos, pues solo así se garantizaría la prevalencia de las
garantías constitucionales a la igualdad y a la seguridad social de la que era
titular el cónyuge de la demandante y por ende esta misma.

Acerca de la primacía de los postulados constitucionales, este Juez Colegiado
ha expresado lo siguiente:

«[…] Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del
Decreto Nro. 1670 de 1997 ocurrida mediante la sentencia C-140 de 15 de abril de
1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del DR. CARLOS GAVIRIA
DIAZ se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un
imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con
fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que
desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad
y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de
inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la
sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente
contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares,
se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron
hacia el futuro.18 […]»19.

Lo anterior por cuanto la liquidación de la pensión de jubilación objeto de
estudio con base en el salario fijado para un empleado de la planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores y no conforme al realmente percibido por
el de cuius convertido de dólares a pesos, constituye un tratamiento
discriminatorio proscrito en el ordenamiento jurídico, pues no se encuentran
justificaciones válidas cuando la misma Corte Constitucional determinó la
inconstitucionalidad del precepto normativo que permitía esa posibilidad de
calcular la referida prestación, más aún cuando convalidar lo propio sería tanto

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 28 de marzo de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2013-00305-01(1345-14).
18 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, radicado

interno No. 2616-04.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de junio de 2010, expediente

250002325000200507605 01 (2158-2008). En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2011,
radicación: 25000-23-25-000-2005-04144-01(1644-08). Sentencia del 20 de octubre de 2014, radicación:
25000-23-25-000-2006-07764-01(1400-11). Sentencia del 16 de noviembre de 2017, radicación: 25000-
23-42-000-2013-00304-01(2623-14). Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2018, radicación: 25000-
23-25-000-2012-00956-01(1658-16). Y sentencia del 20 de septiembre de 2018, radicación: 25000-23-
42-000-2012-01850-01(2156-15).

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

como desconocer la realidad de la relación legal y reglamentaria que
detentaba el señor Escobar Segura, así como su verdadera remuneración.

De hecho, debe tenerse en cuenta que para el 12 de septiembre de 1993
cuando se estructuró el derecho pensional a favor de la señora Amparo Ángel
de Biermann, la tasa representativa del mercado para 1 dólar estadounidense,
era de 810.03 pesos colombianos20, por lo que conforme a la certificación
laboral del 8 de marzo de 2001 emitida por el empleador del causante, aquel
percibió como asignación básica durante su último año de servicio la suma de
US$1.816,76 que equivalían a $1.471.630,01, monto que era el que
finalmente debió tenerse en cuenta como IBL para el cálculo de la prestación
en comento, y no la cifra de $231.410 que era la fijada en su momento para
un empleado de la planta interna de la Cancillería como se determinó en la
Resolución 8521 del 29 de septiembre de 2004.

Lo anterior toda vez que consentir tal situación, demuestra que efectivamente
existiría una diferencia en el ingreso liquidatorio de la pensión que termina por
afectar sustancialmente su cuantía, y por consiguiente vulnera los intereses
legítimos de la parte activa, lo cual no puede ser soslayado en esta causa
judicial bajo un argumento irrestricto como la falta de modulación de los
efectos de la sentencia C-535 de 2005, cuando la propia Constitución Política
señala que es un deber de las autoridades como los jueces, dar prelación a
los preceptos superiores fundamentales sobre los legales o reglamentarios,
esto siempre que se advierta una clara contradicción entre ambos como
sucede en el sub examine, incluso al margen de lo que se hubiese precisado
o no en la providencia aludida, tal como lo consideró el a quo en el proceso
de la referencia.

En conclusión: es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación post
mortem reconocida a favor del señor Luis Antonio Escobar Segura y sustituida
a la señora Amparo Ángel de Biermann por su calidad de cónyuge supérstite,
esto en el sentido de tener en cuenta para el cálculo del IBL, el valor real
convertido en pesos colombianos del salario percibido por el causante en
dólares estadounidenses durante el último año de servicio en el que se
desempeñó en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores como
agregado cultural, grado ocupacional 1EX del Consulado General de
Colombia en Miami (Estados Unidos).

Ello porque si bien el derecho pensional se consolidó en vigencia del artículo
57 del Decreto Ley 10 de 1992, que fue declarado inexequible con
posterioridad a dicha situación en virtud de la sentencia C-535 de 2005, la cual
no había contemplado efectos retroactivos, lo cierto es que la
inconstitucionalidad respecto de aquel postulado que permitía calcular la
pensión de jubilación con el salario que percibiera un empleado equivalente
de la planta interna de la Cancillería frente a quien prestó su servicio en el
exterior, es predicable desde la misma Constitución Política de 1991 y no solo
a partir de la expedición de la mentada providencia.

Por esta razón, en observancia directa del artículo 4.° superior, se hace
indispensable en este caso acudir a la figura de la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar el precepto legal en comento y en
consecuencia convalidar la orden de reliquidación de la prerrogativa bajo

20 Ver el siguiente link: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/dolar-historico-1993.html

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

estudio conforme al salario realmente percibido por el de cuius en su último
año de labor oficial, mediante la conversión de su valor en dólares
estadounidenses a pesos colombianos de la fecha respectiva, esto es, el 12
de septiembre de 1993 cuando se consolidó el derecho como tal, ello en orden
de garantizar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y la
seguridad social, así como el principio de primacía de la realidad sobre las
formas en lo atinente a la situación jurídica de la demandante.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
el 8 de abril de 2021, ello habida cuenta de que no prosperan los argumentos
del recurso de apelación formulado por la entidad demandada.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201621, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP22, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que

21 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
22 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

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Demandante: Amparo Ángel de Biermann

tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público23.

No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandada, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón a
que no hubo intervención de la parte activa en esta instancia habida cuenta de
que no se surtió la etapa de alegatos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que
accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Amparo Ángel de Biermann contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).

Segundo: Sin condena en costa en esta instancia.

Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

23 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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