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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00324-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00324-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 6 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y en su lugar se dispone: Segundo. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Nacional de Protección a pagar al señor Víctor Manuel Díaz Mora, identificado con cédula de ciudadanía 83.168.539, las diferencias de cada una de las prestaciones sociales que resulten entre lo que recibió por concepto de los contratos de prestación de servicios y lo que hubiese percibido un escolta de planta de la entidad, dentro del lapso comprendido entre el 1° de marzo de 2005 y el 1° de agosto de 2012, por prescripción. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Víctor Manuel Díaz Mora, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que desarrollara funciones de escolta en el periodo reclamado, esto es, entre el 12 de agosto de 2003 y el 1° de agosto de 2012, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Víctor Manuel Díaz Mora, a su vez deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, 24 Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018) Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora tendrá la carga de completar el porcentaje que le correspondía como trabajador. Se advierte que frente a dicha prestación no opera la prescripción. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 6 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Víctor Manuel Díaz Mora contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy Unidad Nacional de Protección (UNP), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-00324-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora
Demandado: Unidad Nacional de Protección1

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 6 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Víctor Manuel Díaz Mora presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio DAS OAJ G SUS 1 2012 66417 5 del 18 de abril
de 2012, por medio del cual el jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica del
Departamento Administrativo de Seguridad3 le negó la existencia de una relación
laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaran de ella.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se declarara la existencia de la relación laboral; ii) se reconocieran los
conceptos salariales y prestacionales que de ello se derivaran, con la consecuente
nivelación al código y grado del empleo que existe en la planta de personal; iii) se
devolvieran las sumas de dinero pagadas por concepto de seguridad social en salud
y pensión, así como las retenciones efectuadas; iv) se realizaran las cotizaciones a
las entidades de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales; y

1 En lo sucesivo UNP.
2 En adelante CPACA.
3 En lo que sigue DAS.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

v) se condenara al pago de la indemnización moratoria y de las costas a la parte
vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señaló que «entre el 31 de mayo de 2001» y «el 23 de
marzo de 2011», Víctor Manuel Díaz Mora se vinculó con el DAS, en forma continua
e ininterrumpida como escolta, servicio de protección a personas, «no obstante
desempeñó sus labores en el área administrativa como secretario», y que prestó sus
servicios bajo la continua subordinación y dependencia de sus superiores, en el
horario y fechas señaladas y en los diferentes lugares y sedes determinadas por el
empleador.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 122 de la
Constitución Política; y los decretos 1835 de 1994, 1047 de 1978, 1933 de 1989.

En cuanto al concepto de violación, expuso que tuvo una vinculación precaria, pues
pese a que prestó sus servicios a la entidad no le fueron reconocidos los derechos
mínimos que le corresponden en vigencia del principio de primacía de la realidad
sobre las formas y el de a trabajo igual salario igual. Lo anterior, toda vez que recibió
órdenes sobre la forma en que debía cumplir con sus funciones y la ciudad en la
que debía hacerlo, los días y el horario estaban previamente señalados, debía tener
disponibilidad de tiempo, la entidad le proporcionaba los elementos oficiales y
recibía comunicaciones y memorandos sobre instrucciones en el uso y manejo de
esa dotación, entre otros4.

1.2. Contestación de la demanda5

La UNP se opuso a la prosperidad de las pretensiones6 con fundamento en que el
hecho de ser escolta contratista de líderes sindicales o defensores de derechos
humanos, no era una misión que le correspondiera al entonces DAS, y que el
demandante solo ejecutó la función en virtud del apoyo que le ofreció al ente o
dependencia encargada, pues dicha actividad dependía de la demanda de
protección que proponían las personas diferentes de los dirigentes señalados en el

4 Folios 113 a 133.
5 Mediante auto del 20 de marzo de 2015 se admitió como sucesora procesal del extinguido DAS a

la UNP, tal y como se advierte a folios 239 y 240. Asimismo, en la audiencia inicial celebrada el 8 de
abril de 2015, se dispuso la desvinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(Folios 265 a 273).
6 Folios 209 a 227.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

numeral 15 del artículo 3 del Decreto 218 de 2000. Además, sostuvo que no existió
la alegada subordinación, por cuanto la relación que se presentó entre las partes
fue eminentemente contractual.

Propuso las siguientes excepciones: i) caducidad de la acción; ii) buena fe;
iii) inexistencia de la obligación; iv) pago; v) falta de legitimación en la causa por
pasiva; vi) inepta demanda por falta de los requisitos formales; vii) habérsele dado
a la demanda el trámite de un proceso diferente del que corresponde; viii) falta de
interés jurídico para obrar; ix) enriquecimiento ilícito e injustificado del actor; y
x) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia proferida el 6 de abril de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda
y en consecuencia dispuso lo siguiente:

«Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenar a Unidad Nacional de Protección pagar al señor Víctor Manuel Díaz Mora […] i)
las diferencias de todas y cada una de las prestaciones sociales que resulten entre lo
que recibió […] por concepto de los contratos de prestación de servicios y lo que en el
mismo periodo hubiese percibido un escolta de planta de la entidad, dentro del lapso de
tiempo comprendido entre la celebración del contrato N°. 492 de 2005 de 31 de agosto
de 2005, hasta que culminó el vínculo contractual N°. 309 de 2011 de 30 de septiembre
de 2011, es decir, 31 de octubre de 2011; y ii) los porcentajes de cotización al sistema
de seguridad social en pensiones y salud durante el lapso en que prestó sus servicios y
que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS no trasladó al fondo de
pensiones y EPS, para lo cual el actor deberá acreditar los aportes que efectuó. Pero en
el caso de que no los hubiese realizado, se deberán efectuar las cotizaciones respectivas
y descontar el porcentaje que le correspondía a él […].

[…]

Quinto. Declarar que el tiempo laborado por el señor Víctor Manuel Díaz Mora, bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios desde el 12 de agosto de 2003, fecha
que inició el primer vínculo con la entidad demandada, al 31 de octubre de 2011, se debe
computar para efectos pensionales».

Para tal efecto se pronunció en estos términos7:

• Víctor Manuel Díaz Mora prestó sus servicios al DAS con funciones de escolta
desde el año 2003 y no tuvo interrupciones superiores a un mes. Además, la labor
la desarrollaba bajo una supervisión constante y debía cumplir un horario, toda vez

7 Folios 534 a 546.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

que su trabajo consistía en velar por la seguridad de una persona a la cual debía
proteger.

• Las características del contrato de prestación de servicios se desvirtuaron, pues
las actividades que desarrollaba no eran temporales, en tanto la vinculación se
mantuvo por más de 6 años, no contaba con autonomía e independencia en la
medida en que estaba sometido a horarios y turnos, debía seguir las directrices de
la entidad y prestar el servicio con las herramientas de trabajo que le asignaran,
esto es vehículo, chaleco y armas. Además, en ejercicio de su labor, ejerció tareas
propias de las funciones asignadas al DAS, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 643 de 2004.

• Comoquiera que el último contrato celebrado finalizó el 31 de octubre de 2011, la
reclamación administrativa se presentó el 2 de febrero de 2012 y la demanda fue
radicada el 13 de septiembre de 2012, no ocurrió el fenómeno de la prescripción.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Víctor Manuel Díaz Mora interpuso recurso de apelación «única y
exclusivamente para que se modifique parcialmente la sentencia y se tenga como fecha de
ingreso y por tanto de condena el día 12 de agosto de 2003», pues a su juicio, en la parte
resolutiva de la decisión se incurrió en una imprecisión al señalar de un lado, que la
relación inició el 31 de agosto de 2005, y del otro que era el 12 de agosto de 20038.

1.4.2. La UNP interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara esa
decisión con fundamento en los siguientes argumentos9:

• La UNP no está legitimada en la causa por pasiva, pues en este caso no es
sucesora procesal del DAS, sino que debe responder la Fiduprevisora en los
términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015. Si bien la UNP
fue asignataria de la función de protección que tenía el DAS, esta no tiene relación
con los hechos demandados, ya que es una netamente operativa y aunque varios
escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la unidad, lo cierto es que otras
entidades también fueron receptoras de estos trabajadores.

Además, en virtud de lo dispuesto en los decretos 4057, 4066, 4067 y 4070 de 2011,
la única carga administrativa laboral que recibió la UNP fue la de incorporación de
personal, de manera que aquella bajo la cual se circunscribe el reconocimiento y
pago de obligaciones labores, no le fue asignada.

8 Folio 555.
9 Folios 556 a 562A.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

• Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso, la labor contratada es especialísima
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor. Debe tenerse en cuenta que
una vez el escolta salía de las instalaciones del DAS, las órdenes y sugerencias las
impartía el protegido. Además, en las misiones eran completamente autónomos,
nunca se le entregó un manual de funciones ni se le asignó un horario, simplemente
se le indicó que debía asistir a las instalaciones de la entidad para hacerle entrega
de las herramientas de trabajo (armas, chalecos, vehículos blindados) que, por su
carácter de alta seguridad, no podían dejarse en manos de los contratistas. Lo
anterior desvirtúa que la relación fuera subordinada.

• Tal y como se advierte de lo certificado por el DAS los escoltas vinculados a través
de contratos de prestación de servicios pactaron honorarios más altos que el total
del promedio mensual devengado por los de la planta de personal. En tal sentido,
si lo que se pretende es la aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual», debe
declararse que la base salarial de la liquidación es la de los empleos de planta, por
ser la que se equipara a la realidad laboral que se homologa con la decisión
recurrida, y tenerse en cuenta los emolumentos pagados de más, para que estos
«sean descontados del valor de las pretensiones».

• Debe declararse configurado el fenómeno prescriptivo, toda vez que los hechos
planteados en la demanda tuvieron origen en el año 2005.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Víctor Manuel Díaz Mora solicitó que se accediera a las pretensiones de la
demanda con fundamento en los argumentos que ha venido exponiendo en el
transcurso del proceso10.

1.5.2. La UNP solicitó que se revoque la sentencia apelada pues, a su juicio, no se
acreditaron los elementos que permiten configurar la relación laboral reclamada11.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto, tal y como
se advierte en la constancia secretarial del 24 de noviembre de 202112.

10 Índices 24 y 27, aplicativo Samai.
11 Índice 28, aplicativo Samai.
12 Folio 593.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar ¿si entre Víctor Manuel Díaz Mora y el DAS se configuró
una relación laboral? si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral? y de ser así, ¿cuál es la
entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante la
supresión del DAS?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199813 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para

13 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)14 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización15, desarrolló el

14 Aprobada el 11 de abril de 1919.
15 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»16 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que

16 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación17 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales18». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202119 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Víctor Manuel Díaz Mora celebró los siguientes contratos de prestación de servicios
con el DAS20:

Interrupción
Contrato Fecha inicio Fecha terminación Duración
en días hábiles
30 de noviembre de 3 meses 18
158 de 2003 12 de agosto de 2003
2003 días
4 meses 29
275 de 2003 1 de diciembre de 2003 30 de abril de 2004 -
días
011 de 2005 con adición 30 de agosto de 5 meses 29
1 de marzo de 2005 207
y prórroga 2005 días
28 de febrero de 5 meses 28
492 de 2005 31 de agosto de 2005 -
2006 días
30 de noviembre de 8 meses 29
078 de 2006 1 de marzo de 2006 -
2006 días
6 meses 29
519 de 2006 1 de diciembre de 2006 30 de junio de 2007 -
días
30 de diciembre de 5 meses 29
275 de 2007 1 de julio de 2007 -
2007 días
496 de 2007 1 de enero de 2008 1 de enero de 2009 1 año -

089 de 2008 con 28 de septiembre de 8 meses 26
2 de enero de 2009 -
adiciones y prórrogas 2009 días

29 de septiembre de 17 de diciembre de 2 meses 18
137 de 2009 -
2009 2009 días

20 Folio 305 del cuaderno principal, CD. La información consignada en el cuadro se funda en el plazo

señalado en los contratos, sus prórrogas y adiciones, y en las actas de inicio y terminación.

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18 de diciembre de 3 meses 13
212 de 2009 31 de marzo de 2010 -
2009 días
039 de 2010 con adición 3 meses 30
1 de abril de 2010 31 de julio de 2010 -
y prórroga días
27 de diciembre de 4 meses 26
172 de 2010 1 de agosto de 2010 -
2010 días
355 de 2010 con adición 28 de diciembre de
30 de abril de 2011 4 meses 2 días -
y prórroga 2010
017 de 2011 1 de mayo de 2011 31 de mayo de 2011 1 mes -
168 de 2011 1 de junio de 2011 30 de junio de 2011 1 mes -
1 de septiembre de
240 de 2011 1 de julio de 2011 2 meses -
2011
309 de 2011 1 de octubre de 2011 1 de agosto de 2012 10 meses -

El objeto de los contratos relacionados siempre se contrajo a lo siguiente: «[e]l
contratista se compromete para con el DAS a prestar sus servicios personales de
protección, con sede principal en la ciudad de Bogotá y eventualmente en la ciudad donde
se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas del
Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de
Derechos Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia […]
Resultados esperados: El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las
personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país,
buscando así disminuir los índices de criminalidad en los sectores más vulnerados».

Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos:

• Órdenes de trabajo o misiones dirigidas a Víctor Manuel Díaz Mora, suscritas por
el coordinador de seguridad de instalaciones y avanzadas del DAS, entre 2004 y
2011, en virtud de los cuales le informan que debía «dar estricto cumplimiento a las
normas y medidas de seguridad, coordinar con las autoridades civiles y fuerza pública el
apoyo necesario para llevar a cabo la labor», le indicaban los «medios logísticos» con los
que desarrollaría la labor, esto es, vehículo terrestre o aéreo, con o sin armas y
quien asumiría los gastos de desplazamiento. Además, en algunas ocasiones se le
advirtió que «las misiones deben ser legalizadas el mismo día en que se finaliza o a más
tardar día hábil siguiente la terminación, con el cumplido o certificación de permanencia, de
lo contrario no se reconocerán viáticos». El objeto de estas órdenes varió en cuanto al
lugar, el término y la persona protegida; y, además, el coordinador de seguridad a
personas emitió autorización de desplazamiento al demandante conforme con las
aludidas órdenes de trabajo21.

21 Folio 423, CD.

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• Certificaciones del 27 de enero de 2004, el 23 de febrero de 2005, el 18 de julio de
2006, el 31 de marzo de 2010 y el 15 de agosto de 2010, expedidas por el
coordinador de seguridad de instalaciones y avanzadas, supervisor del programa
del DAS, en las que consta que Víctor Manuel Díaz Mora prestó sus servicios en
esa entidad desde el 6 de marzo de 2003 como «escolta contratista al servicio del
Programa Especial de Seguridad del Gobierno Nacional»22.

• Escrito del 6 de mayo de 2004, a través del cual Víctor Manuel Díaz Mora hace
entrega del vehículo «Chevrolet Rodeo de placas CSU-068» al jefe de transporte
programas especiales del DAS, de acuerdo con el inventario recibido por el
esquema de seguridad23.

• El 28 de septiembre de 2009, la Oficina de Protección Especial del DAS hizo
constar que el demandante realizó la prueba de conducción para el cargo de escolta
contratista, asignado al área de programas especiales de esa oficina. Allí se indica
que aquel se «considera como persona APTA para la conducción de vehículos de la
institución en actividades de protección»24.

• Minutas de guardia de febrero y marzo de 2004 y abril de 2005 en los que se
registra el nombre de Víctor Manuel Díaz Mora y la novedad que reporta25.

• Con los antecedentes administrativos se aportaron, además de los contratos de
prestación de servicios, sus actas de inicio y liquidación, certificaciones de la entidad
en las que se justifica la necesidad de la prestación de servicios profesionales para
el programa especial de seguridad, los estudios previos a la contratación, las
constancias de cumplimiento del objeto contractual emitidos por el coordinador de
seguridad a instalaciones y avanzadas, órdenes de pago a favor del demandante
desde el año 2003, autoliquidaciones mensuales de aportes al sistema de seguridad
social integral, estudios de confiabilidad del contratado emitidos por el subdirector
de contrainteligencia del DAS, comunicaciones en las que se designa al supervisor
del contrato26, certificados de permanencia del actor en las diferentes localidades o
municipios, constancias de cumplimiento de las actividades previstas en las
diferentes órdenes de trabajo dirigidas a aquel, misiones e informes en relación con
estas27, devolución de tiquetes no usados28, actas de entrega del chaleco antibalas

22 Folios 18, 19, 34, 102 y 103.
23 Folios 38 y 39.
24 Folio 101.
25 Folio 423, CD.
26 Cuaderno de pruebas «tomo 4».
27 Cuaderno de pruebas «tomo 2».
28 Folios 26, 28 y 29.

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y dispositivo de comunicación Avantel29, y actas de compromiso para porte de
armamento30.

• El 2 de febrero de 2012, Víctor Manuel Díaz Mora le solicitó al DAS el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 3 de marzo de 2003
y el 16 de noviembre de 2011, y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaran de ello31.

• Mediante el Oficio OAJ G SUS 1 2012 66417 5 del 18 de abril de 201232, el jefe
encargado de la Oficina Asesora Jurídica del DAS le negó la solicitud anterior.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Víctor Manuel
Díaz Mora y el DAS:

2.3.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 12 de agosto de 2003 y el 1° de
agosto de 2012 el demandante ejerció las labores de escolta, mediante contratos
de prestación de servicios. En virtud de lo señalado en tales documentos «[e]l
contratista en virtud de sus condiciones personales se compromet[ió] con el DAS a prestar
los servicios de protección» y se estableció una cláusula de expresa prohibición de
ceder el contrato «sin la autorización previa, expresa y escrita del DAS», lo que permite
advertir que fue él y no a través de otras personas quien ejecutó la labor contratada.

2.3.2. Remuneración

Ahora bien, Víctor Manuel Díaz Mora percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal y como se evidencia en las cláusulas contractuales que señalan un
valor y una forma de pago, así como en las órdenes de pago por los servicios
prestados que obran en el expediente administrativo.

2.3.3. Continuada subordinación o dependencia

En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este
estuvo sujeto a horarios y órdenes, propias de la naturaleza de una relación
subordinada pues atienden al control de un superior para llevar acabo la ejecución

29 Folios 31 y 43
30 Folio 45.
31 Folios 8 a 13.
32 Folios 6 y 7.

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de los contratos, por lo que existe una sujeción de aquel hacia la entidad accionada
y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de
su servicio, quien a su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del DAS.

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de las certificaciones aportadas, de las órdenes de servicio o
misiones que fueron allegados al expediente y se describieron en el apartado
anterior. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica de tales pruebas, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de 8 años aproximadamente.

Lo expuesto se funda en que Víctor Manuel Díaz Mora estuvo obligado a prestar
sus servicios como escolta, para lo cual se comprometió, entre otros, a lo siguiente:

«Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o
por su protegido. […] Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización
para cumplir con la actividad encomendada, o destinación del funcionario
competente del Departamento Administrativo de Seguridad […] Presentar para su
revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS, o en
la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco
(5) días de cada mes. […] Cuando por alguna circunstancia, el CONTRATISTA no se
encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los
elementos en la misma dependencia. […] Informar oportunamente a la Oficina de
Protección Especial del DAS, los desplazamientos que por la naturaleza del contrato
deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. […]
Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con
el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las
actividades propias del objeto del presente contrato. […] Informar al Supervisor del
contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual
se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que
no se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el
tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación
del supervisor […] Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

las armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los
ciudadanos. […] Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor
del contrato, la cual se requerirá para expedir la certificación del pago de los honorarios
y gastos de viaje estipulados en la cláusula tercera del presente contrato». [Resalta la
Sala].

Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en forma
autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia con el
ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, quien incluso podía
realizar descuentos durante el tiempo de ejecución del contrato, como consecuencia
de la solicitud de permisos o incapacidades.

Aunado a lo expuesto, la Sala encuentra que en las órdenes de trabajo, el DAS le
indicó a su escolta contratista, las condiciones en que debía desarrollar el objeto
contractual, esto es, si lo debía hacer por vía aérea o terrestre, el vehículo previsto
para la misión, le recordó el deber de dar estricto cumplimiento a las normas y
medidas preventivas de seguridad; coordinar con las autoridades civiles, policiales
y la Fuerza Pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la misión; presentarse
ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se dirigían, y en caso
de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía de la
jurisdicción; una vez finalizado el servicio debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento; tenían que legalizar las misiones u
órdenes de trabajo el día de su finalización o, a más tardar el día hábil siguiente,
con el cumplido o certificación de permanencia, so pena de que no se les
reconocerían viáticos.

La situación descrita permite evidenciar que, para ejecutar las labores contratadas,
Víctor Manuel Díaz Mora no tuvo independencia, pues debía seguir las precisas
instrucciones en cuanto a las condiciones de modo, tiempo y lugar, toda vez que el
éxito de la misión dependía de la observancia del esquema de seguridad propuesto
por sus superiores, lo cual desdibuja la figura de la coordinación y, por tanto
desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista.

Esta Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 512 de 1989 la misión del DAS era «suministrar a las dependencias oficiales
que lo requieran, según la naturaleza de sus funciones, las informaciones relacionadas con
la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen constitucional;
colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y prestar a las
autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la ley» y, como
consecuencia de ello, le correspondía «prestar servicios de seguridad personal a
quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales puedan ser objeto
de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

perturbaciones del orden público»33. Con fundamento en lo anterior y luego de
contrastarlo con las obligaciones contractuales de Víctor Manuel Díaz Mora, se
advierte que este realizó funciones propias de la misión institucional del DAS y que
tales labores ostentaron el carácter de permanencia, lo que evidencia la necesidad
del servicio.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por consiguiente, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2003 y el 1° de
agosto de 2012 se encuentran acreditados los elementos de la relación laboral.

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación34 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

33 Decreto 512 de 1989
34Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201635, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación

35 SUJ2-005-16.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»36.

En consideración a lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el a
quo, la relación que el demandante tuvo con DAS presentó una interrupción
considerable de 207 días, entre el contrato 275 de 2003 que finalizó el 30 de abril
de 2004 y el contrato 011 de 2055 que inició el 1° de marzo de 2005, lo que impone
concluir que hubo solución de continuidad y que por ello, le correspondía a Víctor
Manuel Díaz Mora presentar la reclamación en sede administrativa dentro de los 3
años siguientes a la terminación del contrato 275 de 2003.

En consecuencia, al verificarse que la solicitud del reconocimiento de las
prestaciones en litigio fue presentada el 2 de febrero de 2012, se establece que
acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las prestaciones
adeudadas con anterioridad al 30 de abril de 2004, pues transcurrió un lapso
superior a tres años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la
relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones.

No ocurre igual en relación con el periodo comprendido entre el 1° de marzo de
2005 (como consecuencia de la celebración del contrato 011 de 2005) y el 1° de
agosto de 2012 (dada la terminación del plazo del contrato 309 de 2011), toda vez
que entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones que implicaran la
solución de continuidad en la prestación del servicio -en el lapso analizado- y le
exigieran presentar la reclamación administrativa. En contraste desde que la
relación culminó y la fecha en que se presentó la reclamación administrativa, no
transcurrieron más de 3 años.

Por lo dicho, contrario a lo señalado por el tribunal, si bien el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, tal y como lo dispuso el
a quo, corresponde decretar la prescripción parcial de los aludidos derechos. Sin
embargo, tal y como se ha expuesto, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los
aportes para pensión.

Ahora bien, la entidad cuestiona que se haya reconocido la prestación con
fundamento en los honorarios pactados, pues lo cierto es que el personal de planta
de la entidad devengaba sumas de dinero inferiores; de manera que, en aplicación
del principio de «a trabajo igual, salario igual», debe declararse que la base salarial de
la liquidación es la de los empleos de planta.

36 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

Al respecto, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la condena con
base en lo percibido por un escolta de planta de la entidad, por lo que los
argumentos de la apelación, en este sentido, no guardan coherencia con lo resuelto
en primera instancia.

Sin embargo, se resalta que, tal y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero
de 201637, los honorarios son el criterio imperante únicamente cuando el cargo
desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en razón a
la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta38, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas39.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
38 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas

Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

20

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00324-01 (0215-2018)
Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».

Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201640, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén41», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

Así las cosas, siempre que se acredite la existencia del cargo en la planta de
personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida
deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales empleados,
pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de igual
valor».

Ahora bien, esta Sala considera necesario modificar las órdenes proferidas por el
Tribunal, por las razones expuestas y para efectos de precisar que no procede la
devolución de los aportes efectuados por el actor a pensión y salud42, pues los
recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo
para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista. No
obstante, lo que corresponde es que la entidad realice los aportes adeudados por
tales conceptos al sistema de seguridad social.

Para lo anterior, debe tenerse como fundamento el IBC de cotización del
demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por él
como contratista y los que se debieron efectuar, tendrá la obligación de cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante, y la entidad empleadora deberá
hacerlo, pero solo en el porcentaje que le correspondía en tal calidad. En
consecuencia, Víctor Manuel Díaz Mora deberá acreditar las cotizaciones que

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
41 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
42 Tal y como se dispuso en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016.

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

realizó al sistema durante sus vínculos contractuales y, de ser el caso, completar la
suma que le concernía como trabajador.

Finalmente, en relación con la entidad obligada a restablecer el derecho que se
ordena en sede judicial, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el
recurrente, las obligaciones laborales del DAS fueron asumidas por la UNP, lo que
lo acredita como sucesor procesal, y en tal calidad, deberá ocuparse de las
condenas resultantes en el sub judice.

Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 3 del Decreto 4065 de 2011
señaló que el objetivo de la UNP es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales,
étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de
derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir
daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un
cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el
liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la
oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan».

Lo anterior, toda vez que mediante el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011,
el gobierno nacional suprimió el DAS, y en el artículo 3 dispuso que «[l]as funciones
[...] que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas
en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las
demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así: [...] 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del
Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la
misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado». [Se resalta].

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los que
sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, serán
notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la
naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a alguna
de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.

Finalmente, se observa que la Unidad Nacional de Protección intervino en el
proceso de la referencia, ante esta Corporación, como sucesor procesal del DAS,
en virtud de lo dispuesto en el auto del 20 de marzo de 2015. En igual sentido se ha
pronunciado esta corporación al concluir que «la competencia de la Fiduprevisora es

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones no se hayan trasladado a
ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente al extinto DAS»43.

En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio expuestos, se
concluye que la entidad que debe responder por las condenas proferidas en el sub
examine es la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con lo previsto en el
artículo 68 del Código General del Proceso.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 6 de septiembre de 2018, radicado
250002342000201201137-01 y del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-2014-00204-
01 (4087-2018),
44 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Víctor Manuel Díaz Mora y el DAS entre el 12 de agosto de 2003 y el 1° de
agosto de 2012; no obstante, comoquiera que hubo una interrupción que implicó la
ruptura del vínculo contractual, se declararán prescritas las prestaciones adeudadas
con anterioridad al 30 de abril de 2004, pero se dejarán a salvo las obligaciones
relacionadas con los aportes a pensión.

En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de orden legal, tal y como lo dispuso el a quo, y la entidad
que debe responder por las condenas en favor del demandante ante la supresión
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es la Unidad Nacional de
Protección (UNP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 6 de abril de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, y en su lugar se dispone:

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenar a la Unidad Nacional de Protección a pagar al señor Víctor Manuel Díaz Mora,
identificado con cédula de ciudadanía 83.168.539, las diferencias de cada una de las
prestaciones sociales que resulten entre lo que recibió por concepto de los contratos de
prestación de servicios y lo que hubiese percibido un escolta de planta de la entidad,
dentro del lapso comprendido entre el 1° de marzo de 2005 y el 1° de agosto de 2012,
por prescripción.

Ordenar a la Unidad Nacional de Protección calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Víctor Manuel Díaz Mora, que corresponde a los salarios de un empleado
de planta que desarrollara funciones de escolta en el periodo reclamado, esto es, entre
el 12 de agosto de 2003 y el 1° de agosto de 2012, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. Víctor Manuel Díaz Mora, a su vez deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con
la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra,

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Demandante: Víctor Manuel Díaz Mora

tendrá la carga de completar el porcentaje que le correspondía como trabajador. Se
advierte que frente a dicha prestación no opera la prescripción.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 6 de abril de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Víctor Manuel Díaz Mora
contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy Unidad Nacional de
Protección (UNP), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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