Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00514-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
25 de agosto de 2022
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: ANGELA CONSTANZA GUZMAN
Demandada: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS1
Temas: Reliquidación pensión de sobrevivientes. Régimen pensional de
alto riesgo. Detective del DAS fallecido en actos del servicio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos de
apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 7 de febrero de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Ángela Constanza Guzmán en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 2,
formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0052 del 8 de agosto de 2006, que
reconoció una pensión de sobrevivientes en un valor inferior al que legalmente
tenía derecho y no incluyó la mesada adicional de junio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a
reconocer, liquidar y pagar la pensión de sobreviviente con la inclusión de todos los
factores salariales y la mesada adicional de junio de cada año, a partir del año
2006; la indexación de todas las sumas que se llegasen a adeudar; los intereses
corrientes y moratorios de conformidad con las tasas máximas autorizadas por la
Superintendencia Financiera; así como a las agencias en derecho y las costas del
proceso.
1 En adelante Positiva.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
3 Folio 41 a 43.
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1
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
Fundamentos fácticos relevantes4
1. El señor José Manuel Acosta Sánchez desempeñó el cargo de detective
profesional 207-11 en el Departamento Administrativo de Seguridad 5, desde el 13
de febrero de 1992 y hasta el 20 de abril de 2006.
2. El causante contrajo matrimonio con la señora Ángela Constanza Guzmán el 31 de
julio de 1999.
3. El señor Acosta Sánchez falleció el 20 de abril de 2006, en el municipio de Hacarí,
Norte de Santander, en cumplimiento de las misiones de trabajo 022 y 36 del 17 de
abril de 2006, emitidas por la Dirección General Operativa del DAS.
4. En los seis meses anteriores al fallecimiento, el señor Acosta Sánchez devengó
asignación básica, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de riesgo.
5. La Previsora S.A., hoy Positiva S.A., reconoció una pensión de sobrevivientes en
favor de la señora Guzmán a través de la Resolución 0052 del 8 de agosto de 2006,
a partir del 21 de abril de 2006.
6. La pensión fue reconocida en valor inferior al que tiene derecho porque Positiva no
tuvo en cuenta todos los factores devengados por el causante en los últimos seis
meses antes de su fallecimiento.
7. La entidad demandada no ha liquidado ni pagado el valor real de la mesada
pensional ni la mesada adicional de junio.
8. La demandante radicó solicitud el 16 de diciembre de 20096, la cual no fue resuelta
por Positiva S.A.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función
de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.7 En esta
etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de
la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el
juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial
en el presente caso, a modo de antecedentes:
Fecha de la audiencia inicial: 18 de septiembre de 2014.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
4 Folios 43 a 44.
5 En adelante DAS.
6 En los hechos no se indicó el motivo o la finalidad de la petición.
7 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«Procedemos a pasar a las excepciones propuestas por la entidad demandada, las cuales
ha hecho consistir en la falta de jurisdicción y también en la inexistencia del derecho,
inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin causa y prescripción, encontrando que
estas últimas son argumentos que se oponen a la pretensión de la demanda, por lo cual
ellas serán tenidas en cuenta como argumentos al definir el fondo del asunto. Ahora, frente
a la falta de jurisdicción […] al revisar la competencia de la jurisdicción contenciosa
administrativa […] esta instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos,
omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas
las entidades públicas. La parte final del artículo 104 numeral 4.° dice “y a los relativos a la
relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social.
Positiva Compañía de Seguros es una entidad aseguradora organizada como sociedad de
economía mixta, que como consecuencia de la participación mayoritaria del Estado, tiene
el carácter de entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y capital independiente, lo que le da el carácter de entidad pública.
Ahora en el proceso de la referencia se discute la reliquidación de una mesada pensional
de sobreviviente, derivada de una relación legal y reglamentaria que tenía el causante, y
como consecuencia de ella derivó la existencia de la pensión. En consecuencia, siendo que
no se ha probado que la condición de quien recibiera la pensión fuera la de un trabajador
oficial, encuentra quien dirige la audiencia que la pensión fue otorgada a alguien que estuvo
vinculado con facultad discrecional o legal y reglamentaria […]»
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Determinar si la pensión reconocida a la demandante en calidad de cónyuge supérstite
debe ser reliquidada con el 75% de lo devengado por el causante en los últimos seis meses
de servicio, o si por el contrario la entidad demandada liquidó correctamente la prestación
reclamada […]»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA8
El a quo profirió sentencia el 7 de febrero de 2014, en la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, hizo referencia al marco constitucional y legal del sistema general de
riesgos profesionales, para lo cual hizo referencia al artículo 48 constitucional, la Ley
100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, y posteriormente la Ley 776 de 2002. Acto
seguido, señaló que la Ley 100 de 1993 reguló en sus artículos 46 y subsiguientes, la
pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del pensionado por vejez o invalidez,
y del afiliado que fallezca por riesgo común.
8 Folios 143 a 162.
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En segundo lugar, señaló que la Ley 776 de 2002 previó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes generada como consecuencia de la muerte del afiliado o del
pensionado por riesgos profesionales, es decir, como consecuencia de un accidente
de trabajo o de enfermedad profesional. De acuerdo con lo anterior, bajo dicho sistema
la pensión se reconoce en un 75% del salario base de liquidación devengado en los
últimos 6 meses anteriores a la muerte del afiliado, o en un 100% cuando fallece el
pensionado.
En tercer lugar, y de acuerdo con lo antedicho, sostuvo que la Resolución 0052 del 8
de agosto de 2006 reconoció la pensión de sobreviviente en favor de la señora Ángela
Constanza Guzmán, al considerar el fallecimiento del causante como un accidente de
origen profesional, por lo que debía reconocerse con base en el 75% de lo devengado
en los últimos seis meses. No obstante, señaló que la demandante pretende el reajuste
de la prestación con base en el 80% según lo dispuesto por los artículos 46 a 48 de la
Ley 100 de 1993, al tratarse de una norma más favorable.
En ese sentido, consideró, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado, que al
no tratarse de la existencia de dos o más disposiciones vigentes aplicables a un mismo
caso puesto que una regula la pensión de sobreviviente por el sistema general de
riesgos profesionales, mientras que la otra lo hace para el sistema general de
pensiones, no es procedente acudir en su favor a la pensión de sobrevivientes por
origen común.
En cuarto lugar, se pronunció sobre la inclusión de la prima de riesgo devengada por
el causante como detective del DAS, para lo cual indicó que el Decreto 2646 de 1994
reguló dicho factor como no salarial, pero que a partir de la Ley 860 de 2003 esta
puede ser computada en los términos del parágrafo 4 del artículo 2. De acuerdo con
lo anterior, encontró demostrado que la entidad demandada no incluyó la prima de
riesgo en el reconocimiento pensional, razón por la cual debía ordenarse su cómputo
en un 40%.
Finalmente, indicó que debía declararse la nulidad parcial del acto administrativo
demandado y reajustarse la pensión reconocida en favor de la señora Guzmán, pero
con efectos fiscales a partir del 23 de diciembre de 2008 por prescripción trienal.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante9 formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia al considerar que debe modificarse el numeral segundo de la parte resolutiva
en tanto ordenó incluir la prima de riesgo en un «50%», sino que se debe ordenar
incluir la asignación básica, las doceavas de bonificación por servicios, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y la prima de riesgo en un «50%».
Lo anterior toda vez que solicita se aplique la línea jurisprudencial según la cual todo
lo percibido habitualmente por el trabajador debe considerarse salario, por lo que se
deben incluir en la liquidación todos los factores devengados en los seis meses
anteriores al fallecimiento del causante y, respecto a la prima de riesgo, señaló que la
Ley 860 de 2003 reguló que a partir del 31 de diciembre de 2007 el porcentaje
aumentaría al 50%.
9 Folios 164 a 173.
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En segundo lugar, indicó que debe modificarse el numeral tercero que declaró la
prescripción y ordenar el pago a partir del 15 de diciembre de 2006. Lo anterior toda
vez que, adujo, el tribunal omitió tener en cuenta la reclamación administrativa
radicada el 16 de diciembre de 2009 con la cual se interrumpió el término prescriptivo.
La parte demandada10 también formuló recurso de apelación por encontrarse en
desacuerdo con el hecho de que el tribunal diera por probado que la entidad no había
incluido la prima de riesgo al momento de liquidar y pagar la pensión de sobrevivientes,
cuando le correspondía a la demandante demostrar la falta de pago de esta.
Sobre el particular, señaló que la demandante se limitó a manifestar que la entidad no
pagó factores salariales sin especificar cuáles y que, además, el a quo se abstuvo de
valorar pruebas, sino que se detuvo a analizar exclusivamente los documentos
obrantes a folios 15 y 16 del expediente, sin tener en cuenta las demás pruebas
obrantes al libelo.
Agregó que la actuación del tribunal fue violatoria de principios y derechos probatorios,
así como de su debido proceso, en tanto que no se citaron las pruebas existentes en
el proceso, de modo que no se evidenció una explicación analítica del cómo se valoró
cada una por parte del tribunal, así como tampoco se asignaron cargas probatorias, ni
se indicaron las razones para no tener en cuenta los demás medios de prueba.
En ese sentido, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, y que se condene a la demandante al pago de
agencias en derecho y las costas del proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada11 indicó, en síntesis, que según lo dispuesto por el Decreto 1295
de 1994, al empleador le correspondía informar a la entidad las novedades sobre el
ingreso base de cotización del trabajador, y que en el caso en discusión, la información
aportada por el DAS daba como resultado un IBC de $1.097.000 en el año 2005, por
lo que era con base en dicho valor que debía liquidarse la pensión reconocida a la
demandante.
La parte demandante12 se pronunció en el sentido de indicar que, respecto de la prima
de riesgo sí se demostró en el plenario que fue percibida por el causante en los seis
meses anteriores a su fallecimiento, al igual que la reclamación administrativa ante
Positiva donde se solicitó su inclusión en la liquidación de la primera mesada.
En ese sentido, señaló que de las certificaciones expedidas por el DAS se advierte que
el señor Acosta Sánchez percibía mensualmente una prima de riesgo por valor de
$384.083, equivalente al 35% de la asignación básica, por lo que dicha suma debe ser
considerada para efectos de obtener el promedio de lo devengado por el causante.
10 Folios 174 a 179.
11 Folios 223 a 225.
12 Folios 226 a 230.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
El Ministerio Público13 emitió concepto en el que solicitó modificar la sentencia de
primera instancia como lo solicitó la parte demandante, esto es, respecto a la fecha de
efectividad del reajuste pensional y al monto a computar con ocasión de la inclusión
de la prima de riesgo.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el juez de
segunda instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos expuestos en los
recursos.
Problemas jurídicos
En ese orden, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en las
siguientes preguntas:
1. ¿La señora Ángela Constanza Guzmán, como cónyuge supérstite del señor José
Manuel Acosta Sánchez, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de
sobrevivientes reconocida en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y
la Ley 776 de 2002, con la inclusión de todos los factores percibidos por el causante
en los seis meses anteriores a su deceso por accidente calificado de origen
profesional, incluida la prima de riesgo?
En caso afirmativo,
2. ¿A partir de qué fecha debe declararse la prescripción de las sumas a que tiene
derecho la señora Ángela Constanza Guzmán en virtud de la reliquidación de la
pensión de sobreviviente?
Primer problema jurídico
¿La señora Ángela Constanza Guzmán, como cónyuge supérstite del señor José
Manuel Acosta Sánchez, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de
sobrevivientes reconocida en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la
Ley 776 de 2002, con la inclusión de todos los factores percibidos por el causante en
los seis meses anteriores a su deceso por accidente calificado de origen profesional,
incluida la prima de riesgo?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante tiene derecho al
reajuste de su pensión de sobreviviente únicamente con la inclusión de los factores
regulados por el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, como se explica a
continuación:
Sistema General de Riesgos Laborales (antes Profesionales)
13 Folios 232 a 236.
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Demandante: Ángela Constanza Guzmán
De conformidad con la Ley 100 de 1993 el Sistema de Seguridad Social en Colombia
está compuesto por: (i) el Sistema General de Pensiones, (ii) el Sistema General de
Salud, (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv) los servicios sociales
complementarios definidos en la ley.
Para lo que interesa a la presente causa, el Sistema General de Riesgos Profesionales
se encuentra regulado por el Decreto Ley 1295 de 199414 y por la Ley 776 de 200215,
el cual se encuentra definido como el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores
de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión
o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Es así que el propósito del Sistema de Riesgos Profesionales es el de prevenir,
proteger y atender a los trabajadores cuando resultan afectados como consecuencia
de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, para enfrentar las
contingencias resultantes, como las incapacidades y las prestaciones. En ese sentido,
este sistema responde a la necesidad de consolidar la eficacia del derecho a la
seguridad social de los trabajadores que, en desarrollo de su labor, sufren los eventos
mencionados que los imposibilitan para el empleo16.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-453 de 2002 sostuvo que el
legislador acogió para esta materia «la teoría del riesgo creado, en la que no se toma
en cuenta la culpa del empleador sino que establece una responsabilidad objetiva por
cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar
su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio». Este régimen,
entonces, ampara al trabajador con las diversas prerrogativas de raigambre
constitucional de que es titular, entre ellas los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la integridad física y al mínimo vital, que pueden resultar
involucradas por los riesgos propios de la actividad laboral.
Ahora bien, en relación con la estructura de dicho sistema, éste fue diseñado bajo un
esquema de aseguramiento, asumido por entidades especializadas previo el pago de
un aporte a cargo exclusivo del empleador. Las cotizaciones o primas que este traslada
al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados, crean una mutualidad o fondo
común, con el cual se financian las contingencias aseguradas por el empleador.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales se erigen en el elemento central del
Sistema General de Riesgos Profesionales (hoy Laborales), pues son las entidades
especializadas que están encargadas, en primer lugar, de administrar los aportes del
empleador y garantizar su adecuado empleo; en segundo término, tienen la obligación
de asegurar la prestación de los servicios de salud de sus afiliados así como el
reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas, tales como las
incapacidades temporales, incapacidades permanentes parciales, pensión de
invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario, y; finalmente, ejecutar
actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover
y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y
14 «Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.»
15 «Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.»
16 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo
de 2017, radicado: 47001-23-31-000-2005-00701-01(4763-13).
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seguridad industrial.
Según el parágrafo 2.° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, las ARP (hoy ARL) deben
responder íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas) derivadas
de un accidente laboral o enfermedad profesional, «tanto en el momento inicial como
frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre afiliado
o no a esa administradora».
Visto lo anterior, resulta de vital importancia la calificación del origen del accidente de
trabajo o de la enfermedad profesional del trabajador, pues es a partir de tal
reconocimiento que este podrá hacer exigibles a su respectiva ARP (hoy ARL) las
prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar.
Para que tal reconocimiento de prestaciones de orden asistencial o económico se
genere, es necesario agotar de manera previa un procedimiento legalmente reglado a
efectos de garantizar no solo la protección de los derechos de la persona afectada,
sino también a fin de determinar a qué entidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, ya sea la Administradora de Riesgos Profesionales ARP (hoy ARL) o
la Empresa Promotora de Salud (EPS), según el origen de la patología que afecta al
trabajador, le corresponde asumir las prestaciones del caso.
Así, el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 preceptuó lo siguiente:
«[…] Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o
calificados como de origen profesional, se consideran de origen común.
La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será
calificado, en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que
atiende al afiliado.
“El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales
determinará el origen en segunda instancia.
“Cuando surjan discrepancias en el origen, éstas serán resueltas por una junta integrada
por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales.
“De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las juntas de
calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la ley 100 de 1993 y sus
reglamentos.».
De conformidad con la norma transcrita es claro que no solo existen instancias
claramente definidas y funciones igualmente determinadas para efectos de calificar las
diferentes patologías, sino que dichas actuaciones deben surtirse en su integridad para
así precisar el origen de la patología y poder reconocer las prestaciones asistenciales
y económicas previstas por el Sistema General de Seguridad Social.
De otro lado, según el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, «Por el cual se determina
la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales», el
empleador tiene a cargo lo siguiente:
«ARTICULO 21. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable:
a) Del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio;
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b) Trasladar (sic) el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos
profesionales correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto señale el
reglamento;
c) Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo
d) Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la
empresa, y procurar su financiación;
e) Notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado, los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales;
f) Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comité paritario de salud
ocupacional y el vigía ocupacional correspondiente;
g) Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional
y,
h) Informar a la administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las
novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las
vinculaciones y retiros.
Parágrafo.- Son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud
ocupacional y que no sean contrarias a este decreto.».
Ahora bien, frente a la omisión del empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema
de Riegos Profesionales (hoy Laborales), se debe afirmar que afecta gravemente los
derechos de aquellos y compromete la responsabilidad directa de aquél, razón por la
que debe asumir la totalidad de los costos inherentes a la preservación de la seguridad
social de los trabajadores afiliados y de los beneficiarios de los trabajadores17.
Con ello, se pretende evitar que como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones por parte del empleador se impida a los trabajadores recibir la atención
integral en salud o reclamar las prestaciones asistenciales y económicas a las que
tienen derecho, con ocasión de un accidente laboral o enfermedad de origen
profesional. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-250 de 200418 al
estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16, parcial, del Decreto
Ley 1295 de 1994, sostuvo que:
«[…] el deber de cotizar por parte del empleador ha estado previsto de tiempo atrás en las
normas laborales. Por tal razón, el artículo 139, numeral 11, de la Ley 100 de 1993, al
revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar las normas
necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales,
señaló expresamente que “la cotización continuará a cargo de los empleadores” (…)
[e]ntonces, de lo hasta aquí dicho, las obligaciones de afiliación y de cotización al sistema
de riesgos profesionales son asuntos que conciernen al empleador y son de su resorte
cumplir con tales obligaciones.».
Adicionalmente el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 determinó que el
incumplimiento del empleador lo obliga a reconocer y pagar las prestaciones
consagradas en el decreto y según el artículo 161 de la misma norma, indicó que éste
tiene la obligación a cubrir en su totalidad «[…] la atención de los accidentes de trabajo,
riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP […]».
De la pensión de sobreviviente en el régimen de riesgos laborales
Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio
17 Al respecto consultar la sentencia T-582 de 2013. Referencia: expediente T-3931965.
18 Referencia: expediente D-4924.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que puntualice la ley.
A través de la Ley 100 de 1993 el legislador organizó el sistema de seguridad social
integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones. Su objetivo fue garantizar
a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez
y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la citada ley.
Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador
previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como una
prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el
afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias
de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
En cuanto a la pensión de sobreviviente en el marco del aseguramiento laboral, la Ley
776 de 200219 en aquellos casos en donde el suceso ocasiona la muerte del empleado,
la legislación contempla las siguientes prestaciones a favor de los beneficiarios:
«ARTÍCULO 11. MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS
PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos
profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.
ARTÍCULO 12. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. El monto mensual de la pensión de
sobrevivientes será, según sea el caso:
a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de liquidación;
b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que aquel
estaba recibiendo como pensión.
Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal c)
del artículo 10 de la presente ley la pensión se liquidará y pagará descontando el quince
por ciento (15%) que se le reconocía al causante.»
Como se desprende de este apartado legal, la pensión de sobrevivientes está
concebida tanto en el régimen general como en el de riesgos laborales, siempre con
observancia absoluta de la naturaleza del origen o causa que determina su
reconocimiento.
En ese sentido, se resalta que en materia de pensiones, la responsabilidad de las ARP
es subsidiaria, circunscrita a situaciones específicas, concretamente a enfermedades
o accidentes originados directamente en la actividad laboral del trabajador, «[…] de
manera que mientras este hecho no se encuentre plenamente acreditado y definido,
19 «Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.»
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se entiende que se trata de una causa común y, por tanto, existe un principio de
presunción de que la responsabilidad debe recaer en el sistema general de pensiones,
a través de cualquiera de sus regímenes. A este respecto, el artículo 12 del Decreto
1295 de 1994, dispone expresamente que toda enfermedad o patología, accidente o
muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se
consideran de origen común. […]»20.
Ahora, en el sub examine no se encuentra en discusión la calificación de origen
profesional de la muerte del señor José Manuel Acosta Sánchez, ni el derecho que le
asistía a la aquí demandante como cónyuge supérstite del fallecido al reconocimiento
de la prestación de sobreviviente en el marco del Sistema General de Riesgos
Laborales, sino que el objeto de discusión se centra en este caso a la liquidación de la
misma, específicamente lo relacionado con los factores a incluir para definir la mesada
pensional.
En ese entendido, debe precisarse que el Decreto 1295 de 1994 en su artículo 17
prevé que la base para calcular las cotizaciones al SGRL es la misma determinada
para el SGP, de modo que, en dichos términos, se debe acudir a los artículos 18 y 19
de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Así mismo, el Decreto 1772 de 1994 «por el cual se reglamente la afiliación y las
cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales» reguló en su artículo 11
lo siguiente:
«Artículo 11. Base de Cotización. Las cotizaciones correspondientes a los trabajadores
dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual devengado.
Para el efecto, constituye salario el que se determine para el Sistema General de
Pensiones.
Los empleadores del sector público cotizarán sobre los salarios de sus servidores.
Para estos efectos, constituye salario el que se determine para los servidores
públicos en el Sistema General de Pensiones.
Igual que para el Sistema General de pensiones, la base de cotización estará limitada a
veinte (20) salarios mínimos, y la de los salarios integrales se calculará sobre el 70% de
ellos.» (negrita de la Sala)
Sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 202221. Factores
computables para la liquidación de las pensiones de los ex servidores del DAS
cobijados por su régimen excepcional
Aclarado lo anterior, la Sala advierte que en sentencia de unificación del 28 de julio de
2022 se dispuso como regla, que los factores salariales que se deben tener en cuenta
para liquidar las pensiones de aquellos ex servidores del DAS, citados en los artículos
1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, son los regulados en el Decreto 1158 de 1994, así
como la prima de riesgo regulada en el citado decreto y en la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes citados en esta última norma, es decir, en un 40% desde el 26 de
diciembre de 2003 y hasta el 30 de diciembre de 2007, y del 50% a partir del 31 de
20 Sentencia T-202 de 2011. Referencia: expediente T-2840562.
21 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014), de Margenys del Socorro
Enríquez Erazo contra la UGPP.
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diciembre de 2007 hasta su incorporación a otras entidades, por disposición del
Decreto 4057 de 201122.
Bajo ese entendido, debemos remitirnos al Decreto 1158 de 1994, que en su artículo
1.° regula que el salario mensual base para calcular las cotizaciones al SGP de los
servidores públicos incorporados a este, se constituirá por los siguientes factores: a)
asignación básica mensual; b) gastos de representación; c) prima técnica cuando sea
factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional o de capacitación cuando sean
factor de salario; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) la
bonificación por servicios prestados.
Así como también es necesario acudir a la Ley 860 de 2003 que reformó algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, y
que además dictó otras disposiciones, la cual en su artículo 2 reguló aspectos
específicos para el régimen de pensiones del personal del DAS al que se refieren los
artículos 1.° y 2.° del Decreto 2646 de 1994, que para el efecto, son:
«Artículo 1º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective Agente,
Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico Técnico y los
Conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una
Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación
básica mensual.
Artículo 2º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos del área operativa no contemplados en el artículo anterior y los
Directores Generales de Inteligencia e Investigaciones, los Directores de Protección y
Extranjería, el Jefe de la Oficina de Interpol, los Directores y Subdirectores Seccionales,
así como los Jefes de División y Unidad que desempeñen funciones operativas y el
Delegado ante Comité Permanente tendrán derecho a percibir mensualmente y con
carácter permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta por ciento (30%)
de su asignación básica mensual.»
Dicho lo anterior, el ingreso base de liquidación de la pensión de sobrevivientes
regulada por el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 para los empleados del
extinto DAS de los que hablan los artículos 1.° y 2.° del Decreto 2646 de 1994, se
compone de los factores sobre los cuales se cotizó al Sistema General de Riesgos
Profesionales, esto es, con los factores regulados en el Decreto 1158 de 1994, así
como, a partir del 26 de diciembre de 2003, con la inclusión de un 40% de lo percibido
por concepto de prima especial de riesgo, porcentaje que incrementó a un 50% desde
el 31 de diciembre de 2007.
Por último, debe precisarse que la sentencia de unificación aludida también fijó como
regla que si el empleador no cumplió con la obligación legal de descontar los
22 La regla en cuestión quedó definida de la siguiente forma: «ii) Los factores salariales que se deben tener en
cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal
del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto
debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir: - En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30
de diciembre de 2007. - En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del
DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011»
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porcentajes destinados a cotización al sistema de pensiones o si omitió el traslado de
la cotización especial de alto riesgo y la entidad de previsión no adelantó las gestiones
de cobro correspondientes, dicha situación no resulta oponible al interesado en el
reconocimiento de la pensión especial23.
La pensión reconocida no incluyó todos los factores que debían computarse
Una vez determinada la forma en que debe reconocerse y liquidarse la pensión de
sobrevivientes del Régimen General de Riesgos Profesionales, advierte la Sala que
los motivos de inconformidad con la sentencia apelada radican, por parte de la
demandante, en que no se ordenó la inclusión de todos los factores salariales
devengados por el causante en los seis meses anteriores a la muerte, incluida la prima
de riesgo en un 50%, así como que se tenga en cuenta la interrupción de la
prescripción con la petición elevada en el año 2009; y de lado de Positiva S.A., en que
el tribunal dio por probado que esta no incluyó la prima de riesgo, sin valorar la
totalidad del material probatorio y sin tener en cuenta que era a la libelista a quien le
correspondía la carga de demostrar que no fue computada.
Conforme los motivos arriba descritos, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca encontró demostrado que la entidad demandada no computó la prima
especial de riesgo, al realizar el cálculo con base en los factores devengados por el
señor José Manuel Acosta Sánchez en los seis meses anteriores a su muerte
(certificados por su nominador en documento obrante a folios 15 y 16 del plenario), en
el que obtuvo un resultado superior al reconocido en la Resolución 0052 del 8 de
agosto de 2006, que ordenó el pago de una mesada pensional en favor de la aquí
demandante por valor de $922.485.
Sobre el particular, Positiva manifestó en su alzada que la señora Ángela Constanza
Guzmán en su demanda no especificó cuáles factores no le fueron incluidos en el IBL
pensional, hecho que consideró no probado y que ni siquiera efectuó la liquidación de
cuáles sumas se adeudaron y a qué factores salariales correspondía. No obstante,
contrario a lo afirmado por la demandada, la Sala sí evidencia que la libelista afirmó
en la reclamación ante la administración, así como en el escrito introductor, que el
promedio mensual de los últimos seis meses ascendía a la suma de $1.800.538,10
en los cuales tuvo en cuenta la asignación básica, las doceavas de la bonificación por
servicios y las primas de servicios, navidad y vacaciones, así como la prima de riesgo,
hecho a partir del cual, consideró, era notoria la ilegalidad del acto demandado porque
la mesada reconocida es inferior a la que legalmente le correspondía, esto es, se
reitera, por valor de $922.485.
De acuerdo con lo anterior, para la subsección es claro que la demandante sí
demostró en el proceso los hechos en que se sustentaron sus pretensiones, puesto
que su tesis radicó, precisamente, en que la pensión a ella reconocida debía liquidarse
con todo lo percibido por el causante en los seis meses anteriores a su muerte.
Situación diferente es que dicha tesis fuese equivocada pues, como se advirtió, la
23 Dice la regla: «Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y
el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los factores devengados que, de
conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado
de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones
pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de
acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.»
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prestación reconocida solo debe liquidarse con aquellos factores regulados en el
Decreto 1158 de 1994 que hubiese percibido el afiliado, y con el porcentaje aplicable
de la prima especial de riesgo conforme lo dispuso la Ley 860 de 2003.
De otro lado, resulta pertinente advertir que, si bien es cierto la carga de la prueba
corresponde a la parte interesada, lo cierto es que el razonamiento de su recurso
según el cual el tribunal omitió valorar otras probanzas que daban cuenta que sí se
había incluido la prima de riesgo al reconocer la pensión, lo cierto es que revisado el
expediente no obra elemento de convicción del que se pueda siquiera inferir tal
situación y, además, tampoco especificó cuál daba cuenta de su tesis, es decir, que
de ninguna de sus actuaciones se puede advertir qué elemento probatorio obrante en
el proceso permite evidenciar que el acto demandado sí tuvo en cuenta los factores a
los que tenía derecho la demandante.
Con todo, la Sala infiere que, efectivamente, la demandada no computó algunos de
los factores que por Ley debían incluirse en el ingreso base de liquidación de la
pensión, lo cual se sustenta en las siguientes razones:
1. La Resolución 0052 del 8 de agosto de 2006 otorgó la pensión de sobrevivientes
en favor de la señora Ángela Constanza Guzmán, a partir del 21 de abril de 2006, esto
es, el día siguiente al fallecimiento de José Manuel Acosta Sánchez, y que la mesada
pensional reconocida equivalía, para el año 2006, a la suma de $922.485.
2. Si asumimos que $922.485 equivale al 75% del ingreso base de liquidación, se
puede inferir que este último era de $1.229.980.
3. Según la certificación obrante a folios 15 y 16 del expediente, se advierte que el
DAS pagó al señor José Manuel Acosta Sánchez, entre 2005 y 2006, los factores de
asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones y prima de riesgo.
De los anteriores solo son susceptibles de computarse la asignación básica, la prima
de riesgo y la bonificación por servicios prestados.
4. Del documento anterior se observa que el causante devengó:
Asignación básica (2005): $1.097.380
Asignación básica (2006): $1.152.249
Prima de riesgo (2005): $384.083
Prima de riesgo (2006): $403.287
Bonificación por servicios prestados (2006): $576.125
4. Para obtener el IBL anotado en el acto demandado, se advierte que la entidad tuvo
en cuenta la asignación básica de noviembre y diciembre de 2005, así como la de
enero a abril (completa) de 2006; y le incluyó el 100% de la bonificación por servicios
prestados devengada en febrero de 2006. Veamos:
Factor noviembre diciembre enero febrero marzo abril Total
AB $1.097.380 $1.097.380 $1.152.249 $1.152.249 $1.152.249 $1.152.249 $6.803.756
BSP $576.125 $576.125
Total $7.379.881
Promedio mensual $1.229.980
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Mesada pensional (75%) $922.485
5. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la demandada no computó la prima
especial de riesgo, según lo dispuesto por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860
de 2003, de modo que sí hay lugar al reajuste deprecado.
Ahora bien, cabe aclarar que el porcentaje de la prima de riesgo que debe aplicarse
al IBL de la pensión de sobreviviente de la señora Guzmán equivale al 40% como bien
lo indicó el a quo, y no al 50% como pretende la libelista en su recurso de apelación.
Ello por cuanto la fecha de causación del derecho (2006) fue anterior al incremento
previsto por la Ley 860 de 2003, que solo sería aplicable a partir del 31 de diciembre
de 2007 y, por consiguiente, debe entenderse que la cotización que legalmente debió
realizar el DAS por su empleado, el señor José Manuel Acosta Sánchez, era sobre el
40% de lo que este percibía por concepto de la prima anotada.
En consecuencia, contrario a lo manifestado por Positiva S.A., la señora Ángela
Constanza Guzmán sí tiene derecho al reajuste de su pensión de sobreviviente,
reconocida bajo el régimen general de riesgos profesionales, por cuanto, como
concluyó el tribunal, no le fue incluido en el IBL pensional la prima de riesgo, en los
términos de la Ley 860 de 2003. De igual forma, debe precisar la Sala que no es
procedente la modificación de la sentencia pretendida por la demandante en su
apelación, en lo que tiene que ver con los factores a computar, porque como se indicó,
esta solo debe computarse con los factores legalmente regulados por el Decreto 1158
de 1994 y con la inclusión de la prima de riesgo en virtud de lo dispuesto en la Ley
860 ejusdem.
En conclusión: para la Sala está demostrado que en el acto administrativo
demandado no se computó la prima especial de riesgo para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobreviviente reconocida a la demandante, por lo que
debe confirmarse en ese punto la sentencia apelada, en cuanto únicamente tiene
derecho al reajuste de su prestación con la inclusión de los factores regulados por el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003.
En ese sentido, y en concordancia con lo dispuesto por la sala plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la tercera regla de unificación contenida en la
sentencia del 28 de julio de 2022, se adicionará un inciso al ordinal segundo de la
providencia apelada, el cual quedará en el siguiente sentido:
«No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo de la pensionada por concepto de los
aportes no realizados por el empleador. A Positiva Compañía de Seguros S.A le corresponde
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los
aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento
Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de
su supresión.»
Segundo problema jurídico
¿A partir de qué fecha debe declararse la prescripción de las sumas a que tiene
derecho la señora Ángela Constanza Guzmán en virtud de la reliquidación de la
pensión de sobreviviente?
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Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el caso de la señora Ángela
Constanza Guzmán debe declararse la prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 18 de febrero de 2010 porque, entre la reclamación
administrativa y la presentación de la demanda transcurrieron más de tres años, como
se explica a continuación:
Término de prescripción
La prescripción respecto de derechos laborales está regulada concretamente por los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que en su
tenor literal prevén:
«Artículo 41.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
«Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.»
De los artículos citados se colige que, una vez el derecho se hace exigible el interesado
cuenta con un término de 3 años para reclamarlo, el cual se interrumpe por una sola
vez y por un lapso igual.
Igualmente, que presentada la petición ante la administración esta interrumpe la
prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres años para su
reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad implicará la extinción
de su derecho y, por ende, no será posible acceder al restablecimiento del derecho.
Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, también regula el
término de la prescripción, así:
«Artículo 151. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, el simple
reclamo escrito del trabajador recibido por el [empleador] sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual».
Como se puede observar, el artículo anterior es concordante con los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en cuanto al término que tiene
el empleado o trabajador para acudir a la autoridad competente para reclamar un
derecho, lo cual se hace a través de las respectivas acciones contempladas en el
ordenamiento legal correspondiente.
Interrupción de la prescripción frente a la reliquidación pensional de la
demandante
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En el caso que nos ocupa, se advierte que la demandante pretende que se modifique
la fecha a partir de la cual se debe cancelar el reajuste pensional por estimar que al
haber presentado reclamación ante Positiva S.A. el 16 de diciembre de 2009, solo
podía declararse la prescripción de mesadas a partir del 16 de diciembre de 2006, y
no como lo hizo el a quo, desde el 23 de diciembre de 2008.
Sobre el particular, se advierte que el derecho fue reconocido mediante Resolución
0052 del 8 de agosto de 2006 y que, como anotó la demandante, solicitó la
reliquidación de la pensión el 16 de diciembre de 2009 como se observa a folios 17 a
20 del expediente, por lo que en dicha fecha se interrumpió la prescripción por el
término de tres años y por un periodo igual, es decir que la demandante tenía hasta
el 16 de diciembre de 2012 para presentar la demanda ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
No obstante lo anterior, la demanda fue presentada el 18 de febrero de 2013, de modo
que es a partir de esta fecha que debe entenderse interrumpido el término de
prescripción, razón por la cual se encuentran prescritas las mesadas causadas antes
del 18 de febrero de 2010.
En consecuencia, la Sala considera que las mesadas pensionales anteriores al 18 de
febrero de 2010 prescribieron efectivamente por cuanto correspondía a la libelista
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los 3 años siguientes
al agotamiento de la vía gubernativa so pena de que se materializara el fenómeno
prescriptivo.
Finalmente, si bien es cierto el tribunal en la sentencia de primera instancia indicó que
la prescripción operaba para las diferencias causadas con anterioridad al 23 de
diciembre de 2008, lo cierto es que con la modificación de esta fecha no se lesiona el
principio de no reforma en peor, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo
328 del CGP, al haber sido apelada la decisión inicial por ambas partes, esta
subsección está habilitada para resolver sin límites el objeto del litigio.
En conclusión: Por tal razón, la Sala no comparte los argumentos expuestos por la
parte demandante en su recurso de apelación por cuanto esta permitió que venciera
el término de prescripción al haber transcurrido más de 3 años entre el agotamiento
de la reclamación administrativa y la presentación de la demanda. Por consiguiente,
debe modificarse el ordinal tercero de la sentencia del 7 de febrero de 2014 para, en
su lugar, declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 18 de febrero de 2010.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone adicionar el siguiente inciso al ordinal segundo de
la sentencia del 7 de febrero de 2014:
«No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo de la pensionada por concepto de los
aportes no realizados por el empleador. A Positiva Compañía de Seguros S.A le corresponde
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los
aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento
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Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de
su supresión.»
De igual forma, se modificará el ordinal tercero en el sentido de declarar la prescripción
de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de febrero de 2010 y se confirmará
en lo demás la sentencia apelada.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta
subsección en providencias del del 7 de abril de 201624 en esta oportunidad resulta
necesario tener presente que la decisión emitida por esta subsección se sustentó
parcialmente en un cambio jurisprudencial surtido en el curso del proceso, de la Sala
plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del
28 de julio de 2022, de modo que no resulta procedente imponer condena en costas a
ninguna de las partes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Adicionar el siguiente inciso al ordinal segundo de la sentencia del 7 de
febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A:
«No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo de la pensionada por concepto de los
aportes no realizados por el empleador. A Positiva Compañía de Seguros S.A le corresponde
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los
aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento
Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de
su supresión.»
Segundo: Modificar el ordinal tercero de la sentencia, el cual quedará así:
«TERCERO. Ordenar a la entidad demandada pagar las diferencias que arroje la orden
dada, a partir del 18 de febrero de 2010, ya que el pago de las diferencias anteriores a esta
fecha se encuentra prescrito»
Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia del 7 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la señora Ángela Constanza
Guzmán contra Positiva Compañía de Seguros S.A.
Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia.
24 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Demandado: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00514-01 (3079-2014)
Demandante: Ángela Constanza Guzmán
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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