Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00617-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00617-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00617-02
Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Bogotá D. C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: 25000234200020130061702
Número interno: 3251-2020
Demandante: Antonio María Rangel Niño
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, que decidió, declarar probada de oficio
la excepción de prescripción trienal.
1. ANTECEDENTES
1.1. LA DEMANDA1
Se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
ANTONIO MARÍA RANGEL NIÑO en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, tendiente a:
1 Índice 23 expediente digital, 19_ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf) de Samai.
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Demandante: Antonio María Rangel Niño
Demandado: Nación – Rama Judicial
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1) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2418 de 29 de marzo de 2012 y la
Resolución No. 3320 de 26 de junio de 2012, suscritas por el Director Ejecutivo
Nacional de Administración Nacional, que negaron el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, creada por el Decreto 610 de 1998.
Y a título de restablecimiento del derecho, solicitó:
“2. Como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca el derecho de
mi poderdante, adquirido en el desempeño de su cargo, ordenando a la
demandada a reconocerle el ajuste de su remuneración equivalente al 60% para
el año 1999, al 70% para el año 2000 y al 80% para el año 2001 de la
remuneración que perciba por todo concepto salarial un magistrado de las Altas
Cortes y el pago retroactivo indexado con los respectivos intereses moratorios
de las diferencias salariales existentes entre el 60%, 70% y el 80%, al doctor
ANTONIO MARÌA RANGEL NIÑO como MAGISTRADO AUXILIAR DE LA
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
desde el 01 de enero de 2001 hasta el 28 de octubre de 2003 correspondiente
al 80% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta
Corte, en conformidad con las Leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4 de 1992 y el
Decreto 610 de 1998, es decir el pago retroactivo de las diferencias entre lo que
ha recibido y lo que ha debido recibir como remuneración indexado y con los
respectivos intereses moratorios, teniendo en cuenta que los ingresos totales
anuales de los magistrados de las Altas Cortes, que se toma como referencia
para liquidar el 60%, el 70% y el 80% de los magistrados de Tribunal en
aplicación del Decreto 610 den 1998, debe coincidir con los ingresos totales
anuales permanentes de los Congresistas de la República de conformidad con
los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992 (prima especial de servicios), los
cuales son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
vivienda, prima de salid, prima de servicios, prima de navidad y cesantías.
3. Se reliquide los salarios y todas las prestaciones sociales pagadas al
demandante como MAGISTRADO AUXILIAR DE LA SALA ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA desde el 1 de enero de 1999
hasta el 28 de octubre de 2003 hasta el día en que se profiera el fallo, tomando
como factor para ese ejercicio aritmético, la diferencia existente por el no
reconocimiento y pago de ese 10% que reclama amparados en las normas
invocadas.
4. Se cancelen a la entidad de previsión social a la que se le hicieron los aportes
correspondientes para pensiones del doctor ANTONIO MARÌA RANGEL NIÑO
las diferencias que resulten por el ajuste de la remuneración de mi poderdante
en el desempeño de su cargo desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de
diciembre de 1999 correspondiente al 60% de lo que por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de Alta Corte, desde el 1 de enero de 2000 hasta el
31 de diciembre de 2000 correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de Alta Corte y desde el 1 de enero de 2001
hasta el 28 de octubre de 2003, en conformidad con las Leyes 10 de 1987, 63
de 1988 y 4 de 1992, y el Decreto 610 de 1998”.
Igualmente, solicitó se dé cumplimiento a la sentencia, conforme el artículo 176, 177 y 178
del C.C.A. y la condena en costas.
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1.2. HECHOS
Relató el libelo que el demandante se desempeñó como magistrado auxiliar de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, desde el 1 de abril de 1993 hasta el
28 de octubre de 2003.
Indicó que, el actor presentó petición el 5 de marzo de 2012, para solicitar el reconocimiento
y pago de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998, lo cual
fue negado por la entidad demandada mediante la Resolución No. 2418 del 29 de marzo
de 2012, confirmada por la Resolución No. 3320 de 26 de junio de 2012.
Señaló que, luego de la declaración de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1102 de 2012; sin embargo, aunque se se reconocía el derecho
de magistrados de Tribunal, magistrados auxiliares de las Altas Cortes y los procuradores
judiciales II, entre otros, a percibir el 80% de lo que por todo concepto percibe anualmente
un magistrado de Alta Corte, se omitió ordenar que el porcentaje sea reconocido y liquidado
teniendo en cuenta que los ingresos totales anuales que perciben los magistrados de Alta
Corte deben coincidir con los ingresos totales anuales que perciben los Congresistas de la
República, razón por la que aún no se ha aplicado en su integridad el Decreto 610 de 1998.
1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Del orden constitucional mencionó los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 air.
19 literal e), 228, 277 numeral 1, 7 y 280; del orden legal Ley 22 de 1967, Ley 10 de 1987,
Ley 63 de 1988, Ley 4 de 1992 arts. 1, 2, 15 y 16 y Decreto 610 de 1998.
Indicó que el actor adquirió el derecho irrenunciable y cierto, a que se le aplicaran los
efectos del Decreto 610 de 1998, a partir de la vigencia de la norma, en los porcentajes allí
establecidos, por lo cual debe reconocerse y pagarse las diferencias de salario y su derecho
adquirido a devengar el 60% para el año 1999, 70% para el año 2000 y el 80% a partir del
año 20021 de la remuneración de un magistrado de Alta Corte.
Que, el accionante tiene el derecho a que su remuneración no sea inferior a la remuneración
mínima mensual fijada por las Leyes 10 de 1987 y 63 de 1988 para estos funcionarios,
equivalente al 60% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta
Corte, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000 correspondiente al
70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte y desde
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el 1 de enero de 2001 hasta el 28 de octubre de 2003 correspondiente al 80% de lo que por
todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte, correctamente liquidado.
En consecuencia, afirmó que para determinar los porcentajes de que trata el Decreto 610
de 1998, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha debido tener en cuenta que
los ingresos totales anuales de un congresista de la República y un magistrado de Alta
Corte deben ser idénticos (art. 15 y 16, Ley 4 de 1992), situación esta que no es extraña a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Por lo tanto, al corresponder la cesantía a un ingreso total anual de carácter permanente,
no queda duda que la diferencia que se presenta entre los valores liquidados al congresistas
por cesantía y lo reconocido a un magistrado de Alta Corte por el mismo concepto, debe
cancelarse por prima especial de servicios y en aplicación del Decreto 610 de 1998 a los
magistrados auxiliares de la Corte, magistrados de Tribunal y abogados asistentes de Alta
Corte, entre otros, en el porcentaje que les corresponde, es decir en el 60% entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 1999, el 70% entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000 y
el 80% entre el 1 de enero de 2001 a la fecha, de lo que por todo concepto percibe un
magistrado de Alta Corte.
1.4. La contestación de la demanda2
La demandada expuso que en el proceso con radicación No. 11001-03-25-000-2005-
00244-01, se demandó la nulidad del Decreto 4040 de 2004, por considerar que fue
expedido en forma irregular, ilegal e inconstitucional, el cual fue declarado nulo por la Sala
de Conjueces, Sección Segunda- Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011; que el Decreto 4040 de 2004
surtió efectos por el tiempo en que estuvo vigente, es decir hasta el año 2011, pues la
sentencia de nulidad produce efectos hacia el futuro, es decir a partir de la ejecutoria de la
sentencia por la cual se declaró la nulidad del mismo.
Concluyó que sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la
existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones
que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida
para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o
2 Índice 23 expediente digital, 43_ED_CUADERNO1_51CONTESTACIONDEMAND(.pdf) de Samai.
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prestacionales. Si así lo hiciera desacata el ordenamiento legal vigente, con las
consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.
Propuso las excepciones de: imposibilidad material y presupuestal de reconocer las
pretensiones del demandante e integración de litis consorcio necesario.
1.5. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, profirió
sentencia el 29 de noviembre de 2019, mediante fallo de primera instancia decidió:
“…PRIMERO. Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación
Jurisprudencial del 2 de septiembre de 2019; por las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción
trienal de las sumas reclamadas por el señor ANTONIO MARIA RANGEL
NIÑO, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
(…)”
Como fundamento de la decisión, trajo a colación la Sentencia de Unificación del 02 de
septiembre de 2019, y concluyó que, en parte alguna, se apartó de lo analizado el 18 de
mayo de 2016 en el expediente radicado 2500-23-25-000-2010-00246-02, pues el fallo
expedido en el 2019 centró el estudio en los derechos reclamados por periodo comprendido
entre el 25 de septiembre de 2001 al 3 de diciembre de 2004, frente a los cuales, al no estar
cobijados por dos regímenes prestacionales diferentes la parte que los reclama debió
interrumpir la prescripción de acuerdo con las normas que le son aplicables.
Indicó que se encuentra acreditado que el actor del 1 de enero de 1999 al 28 de octubre de
2003 fungió como magistrado auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Igualmente, que, de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, el demandante es
beneficiario de la bonificación por compensación, equivalente al 80% de todo lo devengado
por el magistrado de las Altas Cortes, al haber ejercido como magistrado auxiliar de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
3 Índice 23 expediente digital, 63_ED_CUADERNO1_63FALLO(.pdf) de Samai.
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Señaló que de conformidad con la regla instituida en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado, el derecho a disfrutar de la bonificación por compensación tuvo lugar desde la
ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2688 de 1998 y la fecha de expedición del
decreto de 2004, por tanto para los periodos reclamados en dicho interregno impone a la
parte actora que haya interrumpido la prescripción conforme a la ley antes del 3 de
diciembre de 2004, por lo cual se debe tener en cuenta la presentación del derecho de
petición para determinar si operó o no esta figura jurídica.
Dijo que el demandante presentó el derecho de petición el 5 de marzo de 2012, en
consecuencia, las sumas reclamadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1999 y el 28 de octubre de 2003, se encuentran prescritas y no cumplirse la excepción
señalada por la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con las reclamaciones
posteriores al 27 de enero de 2012.
Declaró probada de oficio la excepción de prescripción trienal.
1.6. EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA
La parte demandante presentó recurso de apelación4; solicitó se revoque el fallo primera
instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones.
Adujo que, la sentencia de unificación proferida el día 18 de mayo de 2016, Rad.
25002325000201000246-02, Rad interno 0845-2015, actor Jorge Luis Quiroz Alemán, C.P.
Jorge Iván Acuña Arrieta, trazó una regla a partir de la cual deben estudiarse los casos
similares, lo cual no podía ser desconocido en virtud del principio de igualdad y
favorabilidad, a menos que se modifique con sentencia de rectificación jurisprudencial; que
la sentencia de 2 de septiembre de 2019 se pronunció sobre un asunto ya unificado que no
se encontraba en debate.
Consideró que de la sentencia proferida el 18 de mayo de 2016, se desprende que, para
casos similares, no puede existir prescripción toda vez que la reclamación administrativa se
hizo con anterioridad a la sentencia constitutiva que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, o dentro de los 3 años siguientes contados a partir de la ejecutoria de esta, es decir,
4 Índice 23 expediente digital, ED_CUADERNO1_65RECURSOAPELACION(.pdf) de Samai.
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a partir del 27 de enero de 2012, más tres años; que el fallo admite que la reclamación se
hizo el 5 de marzo de 2012.
Igualmente, afirmó que “…Siendo la jurisprudencia una fuente formal de derecho y
existiendo dos sentencias de unificación contradictorias, es decir, la dictada el 18 de mayo
de 2016 que reitera la regla que, desde hace varias décadas, el Consejo de Estado ha
trazado sobre la prescripción y las sentencias constitutivas y otra del 2 de septiembre de
2019, que expresa que en relación con la bonificación por compensación existe prescripción
a partir del 3 de diciembre de 2019, frente a esta evidente contradicción, el tribunal debía
hacer aplicado el principio constitucional y legal del derecho de trabajo, sobre la situación
más favorable al trabajador, la cual es recogida por el Consejo de Estado en el fallo del 18
de mayo de 2016, y no la interpretación desfavorable del fallo de 2 de septiembre de
2019…”
Insistió que la sentencia del 2 de septiembre de 2019 decidió un tema que no era objeto de
la reclamación de la bonificación por compensación, razón por la cual no le era dado
pronunciarse sobre la prescripción, cuando ya existía unificación del 18 de mayo de 2016.
Adujo que la sentencia impugnada señala que no obra constancia de haberse reclamado a
la entidad su derecho laboral con anterioridad a la vigencia del anulado Decreto 4040 de
2004, desconociendo los efectos que el Consejo de Estado le ha concedido a las sentencias
constitutivas, como es la que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, además de
desconocer la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016.
Agregó que la certeza de la existencia del derecho devino con la declaración de nulidad del
Decreto 4040 de 2005, contenida en la sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, por lo cual no puede hablarse
de prescripción de los derechos laborales, sin que ellos sean exigibles.
Concluyó que la posición jurisprudencial del Consejo de Estado es que solo hasta el
momento en que se profiere la decisión judicial, de carácter constitutivo, existe certeza
sobre el derecho, en consecuencia, debe accederse a las pretensiones.
1.7. Alegatos de segunda instancia
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La entidad demandada5 alegó de conclusión y refirió nuevamente los argumentos de la
contestación de la demanda. Así mismo, solicitó se tenga en cuenta la prescripción trienal
que en virtud de la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 que resulta
aplicable al presente caso.
La parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no intervino6.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la Ley 1564
de 2012, art. 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
2.2. El problema jurídico.
Procederá la Sala a examinar si ¿Tiene derecho ANTONIO MARIA RANGEL NIÑO al
reajuste salarial solicitado, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la
demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos salariales de
los magistrados de las Altas Cortes?, en caso afirmativo desde cuándo?, y, en caso
afirmativo si ha operado prescripción de derechos causados.
3.1. De la bonificación por compensación:
El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, en el artículo 15
estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor
5 Índice 50 de SAMAI.
6 Índice 51 de SAMAI.
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General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el
Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los
supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas Cortes al de los
congresistas.
En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó
la bonificación por compensación. Dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del
presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter
permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos
de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes…” (negrillas fuera de texto).
En los considerandos del Decreto 610 se dijo lo siguiente:
Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la
apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales
que igualen el sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo que por
todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán
igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
El artículo 3º ordenó su pago a partir del 1º de enero del 1999.
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Así la Bonificación por Compensación, creada en el Decreto 610 de 1998, lo fue en
porcentajes equivalentes al 60%, 70% y 80% para la vigencia fiscal 1999, 2000 y 2001 en
adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente
al 60% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes
para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
Ahora bien, la norma señala que, para la vigencia fiscal de 2001, los ingresos laborales
serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
En la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces7, se definió la base de
liquidación de los ingresos laborales de los Magistrados de las Altas Cortes para determinar
el porcentaje de la bonificación por compensación. En la mencionada sentencia se dijo lo
siguiente:
“…Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia
del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser
pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de
su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto
610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de
1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no
solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial
limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones
para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores
que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a
cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
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Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,
Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge
Iván Acuña Arrieta.
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señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las
jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad
que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar
que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el
propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en
el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que
el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede
calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los
Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial
de servicio a la que tienen derecho estos últimos…” (negrilla fuera de texto).
Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el resultado de la
diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban
los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás
cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año
2001.
Esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con fundamento en el marco
normativo reseñado que a los beneficiarios de la bonificación por compensación se les debe
otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los magistrados de Alta Corte,
ingresos que deben incluir la prima especial de servicios y las cesantías percibidas por los
Congresistas, de conformidad con la sentencia de unificación de fecha 18 de mayo de 2016
dictada con ponencia del Conjuez Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.8
Adicionalmente, como los Decretos 610 y 1239 de 1998 revivieron a partir de la sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2001, que cobró ejecutoria el 5 de octubre siguiente, por
la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, es claro que estas normas, hoy
vigentes, fueron las que regularon el pago de la bonificación por compensación y el Decreto
610 en su artículo 3º dispuso “La Bonificación por Compensación establecida en el presente
decreto se pagará mensualmente, una vez se haya aprobado el presupuesto presentado
por el Gobierno Nacional al Congreso de la República y tendrá efectos fiscales desde el
primero de enero de 1999.”
Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;
8
Referencia: EXPEDIENTE No. 250002325000201000246-02 No. Interno: 0845 – 2015
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A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Se advierte que conforme a las pruebas obrantes en el proceso9, el actor se ha desempeñó
como magistrado auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 2003.
Así entonces, el demandante causó el derecho al reconocimiento y pago de la bonificación
por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, o sea para el año 2010 y
siguientes el 80% de lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de Alta
Corte, en su calidad de magistrado auxiliar; factor salarial para el ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. De la prescripción
Frente a la prescripción de la bonificación por compensación, en sentencia de Unificación
Jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se estableció, lo siguiente:
“Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la
prescripción de los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el
derecho sobre el cual se solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe
encontrarse en su momento de exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece
a contabilizar el término de su prescripción. Es decir, el prerrequisito de la
aplicación de la prescripción del derecho es que éste se encuentre en el estado
jurídico de la exigibilidad.
El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal es que,
ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar
de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los
derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la
Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de
2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía
establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual
resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.” (Subrayado fuera de texto)
9
Índice 23 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) pág. 4 de Samai. Así también como se
desprende de los hechos de la demanda y lo cual aceptó la entidad en la contestación de la demanda.
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No obstante, se debe agregar que mediante el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998
se derogaron los Decretos 610 y 1239 de 199810; decreto que también fue demandado ante
la Sección Segunda del Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces,
proferida el 25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedo
debidamente ejecutoriada el 05 de octubre de 2001.
Así entonces, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación
normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su
vigencia, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de
nulidad- que los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para
solicitar su reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre
de 2004, so pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968,
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 23 de mayo de 2018, realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal en
cuanto se refiere a la bonificación por compensación:
“…Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas
sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago
de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040
de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que en el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto
2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede
decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran
en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de
2004, que son :i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la
bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii)
haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción.”
Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación
presentado por la parte demandada no sólo porque el tema de la bonificación por
compensación, en los supuestos que informan la demanda, ya se encuentra
definido a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con
efectos ex tunc, sino también cuando se repara respecto a la prescripción alegada
que el momento de exigibilidad en el presente caso, de conformidad con la
sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación por gestión
judicial; momento para el cual el demandante ya había interpuesto la
correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen
10
Que dispuso incluir a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura.
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a la actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces.” (Subraya y
negrillas fuera de texto).
De la jurisprudencia antes transcrita, se concluye que, en relación con la prescripción de
los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, desde entonces, inicie la contabilización del término de prescripción.
Entonces resulta necesario tener en cuenta dos situaciones jurídicas, inherentes a la
exigibilidad del derecho y por ende a la aplicación del régimen prescriptivo:
(i) Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 1998, decreto que fue demandado ante la Sección Segunda del
Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces, proferida el
25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedó
debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.
La declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación normativa al
estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su vigencia, por
lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de nulidad- que
los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para solicitar su
reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so
pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado
por el Decreto 1848 de 1969.
(ii) El Decreto 4040 de 2004 y el régimen de la bonificación por gestión
judicial frente al Decreto 610 de 1998.
Como lo definió la jurisprudencia de unificación antes referida, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a
reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del
Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen
salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo
cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento
de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos
tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
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2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto.
Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente esquema:
iii. De las sentencias de unificación:
Ahora, dice el recurrente que, existiendo una sentencia de unificación en materia de
prescripción, no resultaba procedente que se profiriera nueva sentencia sobre este
aspecto, mucho menos cuando tal asunto no hacía parte del debate.
La sentencia de 18 de mayo de 2016, a la que alude el recurrente, proferida en el
expediente con Referencia: EXPEDIENTE No. 250002325000201000246-02 No. Interno:
0845 – 2015, que decidió de la siguiente forma:
“El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es
que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 40403 , es decir el 28 de enero de 2012…” Subraya la Sala.
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Como quedó señalado, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo que hizo en su sentencia de 23 de mayo de 2018, fue precisar cómo se dieron
dos momentos legislativos en uno de los cuales no hubo coexistencia de dos regímenes
salariales, por consecuencia, el derecho era exigible. Entonces, más que un criterio
nuevo, la sentencia precisó la aplicación de la regla, según las circunstancias jurídicas
aplicables en el momento legislativo vigente.
Adicionalmente, no queda duda que, si el juez, encuentra necesario unificar reglas que
precisen interpretaciones previas, cuenta con tal posibilidad respecto de casos que no
hayan hecho tránsito a cosa juzgada. Resulta ilustrativo el concepto emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P. Doctor William Zambrano Cetina,
fechado 10 de diciembre de 2013 Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00502-00 Número
interno: 2177, en que se explica el alcance de la unificación:
“…Al existir cierto grado de indeterminación en las normas jurídicas y
multiplicidad de operadores judiciales y administrativos que pueden llegar a
entendimientos distintos sobre su alcance1, resulta necesario que los órganos
de cierre de las distintas jurisdicciones cumplan una función de unificación
jurisprudencial que brinde a la sociedad “cierto nivel de certeza respecto de los
comportamientos aceptados dentro de la comunidad”2 y se garantice el derecho
constitucional a que las decisiones “se funden en una interpretación uniforme y
consistente del ordenamiento jurídico”3 (seguridad jurídica). Lo anterior es
fundamental en la formulación del Estado Social de Derecho, en el cual no basta
la sola enunciación constitucional de la igualdad formal ante la ley, sino que es
necesario “además que en la aplicación de la ley las personas reciban un
tratamiento igualitario”.4
La función de unificación jurisprudencial de los órganos de cierre de las distintas
jurisdicciones tiene una amplia tradición en nuestro derecho5 y en la propia
jurisdicción de lo contencioso administrativo6; además, en las últimas décadas
ha sido objeto de un mayor desarrollo legislativo y jurisprudencial por su
importancia para la realización de derechos y principios constitucionales
inherentes al Estado Social de Derecho, como la igualdad, la seguridad jurídica
y, en el caso de la Administración, la plena aplicación del principio de
legalidad7…”11
11 1 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011: “El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente
formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica
del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o
reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones
normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta
interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación
de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.”
2 Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001.
3 Ibídem.
4 Corte Constitucional, sentencia C-104 de 1993. En auto del 4 de abril de 2013, expediente 2013-00019, la
Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: “Pues bien, ese cuestionamiento tiene su génesis en el principio
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En consecuencia, nada extraña a la función judicial que, en la medida en que se encuentre
necesaria precisión en la aplicación normativa, el Consejo de Estado pueda proferir
sentencias de unificación que, precisamente, para ello fueron contempladas en el
ordenamiento, sobre un asunto que sea pertinente al caso que se debate, mucho más
cuando, tratándose de un fenómeno como la prescripción, es del resorte del juzgador
declarar el fenómeno, aun de oficio.
Es pertinente, señalar, además, a efecto de dar respuesta a la inconformidad del recurrente
a jucio de quien, en la medida en que la controversia no ocupaba la prescripción del
derecho, ese era un tema vedado a la SU de 2018, que la prescripción trienal puede ser un
asunto abordado de oficio, conforme lo dispuesto al artículo 282 del CPG, ya que la norma
especial contenida en el artículo 187 del CPACA12, aplicable al caso en concreto, dispone:
ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
de igualdad, el que se ha hecho operativo a través de un derecho, y a su vez, se ha subdividido en dos garantías
a saber: igualdad ante la ley e igualdad de trato por parte de las autoridades. Esta última, impone un deber a
todo el aparato estatal, que consiste en hacer material ese igual trato propugnado, y ello debe ser observado
por todas las instituciones públicas en cumplimiento de sus deberes, y el órgano jurisdiccional no escapa de
ello. Por lo tanto, en el ejercicio de la administración de justicia, debe observarse con sigilo la realización de
este principio, y ello se materializa a la hora de proferir decisiones en conflictos jurídicos puestos a su
consideración, en los que se tendrá a la Jurisprudencia, como eje clave para la resolución de esos asuntos,
pues en la medida en que se presente una misma situación de hecho y de derecho, se acudirá a ella para darle
solución en derecho y en justicia a los conflictos.” Ver también Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 11 de
septiembre de 2012, exp.2010-00205.
5 Por ejemplo, en lo que hace a las funciones de la Corte Suprema de Justicia el artículo 1 de la ley 169 de
1896 estableció que el recurso extraordinario de casación tendría como fines los de “uniformar la
jurisprudencia” y “enmendar los agravios inferidos a las partes”. De manera concordante, el artículo 4 de
dicha ley, declarada exequible en Sentencia C-836 de 2001, estableció que tres decisiones uniformes dadas por
la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal
más probable”, con lo cual las decisiones de dicha corporación cumplían la función de unificar las diversas
interpretaciones que pueden tener las normas jurídicas. En materia de derechos fundamentales, el Decreto
2591 de 1991 señala que uno de los propósitos de la revisión de fallos de tutela por la Corte Constitucional es
la definición del alcance de los derechos (artículo 34) y la unificación de la jurisprudencia constitucional, caso
en el cual se exige una carga especial de motivación en la respectiva sentencia (artículo 35). Al respecto puede
verse la Sentencia C-037 de 1996.
6 Desde la reforma constitucional de 1914, la Constitución Política señaló que el Consejo de Estado es
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, tal como quedara también establecido en la Constitución
Política de 1991. En su momento la ley 11 de 1975 creó el recurso extraordinario de súplica, el cual procedía
cuando las secciones del Consejo de Estado dictaban os autos interlocutorios o sentencia que contrariaban las
sentencias de la Sala Plena de la corporación.
7 Corte Constitucional, sentencias C-816 de 2011 y C-588 de 2012.
12 En este mismo sentido la sentencia proferida en el proceso con Radicación No. 81001-23-39-000-2017-00059-
02 (1899-2020) Conjuez Ponente Doctor Hector Santaella Quintero
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En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (Resalatado fuera de
texto)
Resulta importante señalar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-091 de 201813
examinó, la constitucionalidad del parágrafo 2 del art. 282 del CGP14, y encontró que dada
la diferencia de las controversias que ocupan a la jurisdicción ordinaria y las que
corresponde conocer a la jurisdicción contenciosa, de distinta naturaleza, justifican en esta
última la declaratoria oficiosa de la prescripción. En efecto, dijo:
“41. (…) Se trata de una garantía que materialmente el legislador limitó a los
procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
(artículo 104 del CPACA y las normas especiales que determinan el objeto de esta
jurisdicción), razón por la cual la decisión legislativa de distribución de
competencias entre ésta y la Jurisdicción Ordinaria, determina la presencia o no
de estas garantías procesales especiales, en consideración de razones de fondo
tales como la naturaleza de la actividad en la que participan las entidades públicas,
la naturaleza del vínculo o la actividad sometida a la libre competencia, en la que
participan las entidades públicas, lo que determina, para el caso concreto, que
cuando resulten demandadas ante los jueces ordinarios, deban someterse, en
igualdad de condiciones, a las mismas reglas procesales que los particulares,
incluidas las relativas a la carga de alegar la prescripción. En otras palabras, las
cautelas especiales al patrimonio público son predicables de las materias o los
asuntos que, en ejercicio del amplio margen de configuración del que dispone el
legislador en la materia15, decidió confiar a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo…”
Se ha dado cabida a los anteriores argumentos, solo en aras a dar respuesta a los
argumentos del recurso pues, es claro que a este proceso no ocupa unificación en la
materia, no obstante, esta Sala, da respuesta a los cargos de apelación, como lo ordena la
norma.
13
Magistrado Ponente Doctor Alejandro Linares Cantillo sentencia de 26 de septiembre de 2018
14
“…Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá
renunciada…”
15
“La identificación de las materias sobre las que recae la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y que justifican, a la vez, su existencia como jurisdicción constitucionalmente especializada, es un
ejercicio normativo de orden constitucional y legal, pues aun cuando el Constituyente de 1991 constitucionalizó la
existencia de misma, algo ya presente en la Constitución anterior, no le otorgó, con rango constitucional, un objeto
determinado. El único asunto que se atribuyó en su conjunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es
la suspensión de actos administrativos (artículo 238 de la CP). ǁ Excepto los pocos asuntos en los que el
Constituyente atribuyó competencia al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, la
determinación del objeto de esta jurisdicción fue un asunto confiado al legislador”: Corte Constitucional, sentencia
T-686/17.
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v. Prescripción en el caso concreto:
La Sala precisa que si bien con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia
en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998, y que por tal razón no se aplicaría
la prescripción; también lo es que, entre el período comprendido entre la ejecutoria de
la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998, y la fecha de expedición del Decreto
4040 de 2004, sí procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o
dualidad de normas, esto es, del 05 de octubre de 2001 al 02 de diciembre de 2004,
como ya se explicó
Pero, además, véase que el demandante se desempeñó como magistrado auxiliar de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del 1 de abril de 1993 al 28 de
octubre de 2003.
Al respecto, cabe señalar que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que
un emolumento laboral tiene el carácter de periódico, mientras subsista la relación laboral
debido a la regularidad en los pagos, no obstante, cuando el vínculo termina, aquel adquiere
una condición de definitiva y unitaria que hace que solo pueda ser reclamada dentro de los
términos de prescripción fijados en la ley16.
Revisado el plenario se advierte que si bien el demandante fue beneficiario de la
bonificación por compensación contenida en el Decreto 610 de 1998, dado el cargo que
ostentaba como magistrado auxiliar, por el lapso de transcurrido entre su desvinculación,
el 28 de octubre de 2003 (momento para el cual no había ambigüedad normativa), y la
reclamación, que se realizó hasta el 05 de marzo de 201217, si operó la prescripción
extintiva del derecho y, como lo expuso el a-quo no obra constancia de reclamación
oportuna.
De otra parte, la prescripción no opera en relación con la obligación de la demandada de
realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable
e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios
laborales al Estado18.
16 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección A- consejero
ponente: Gabriel Valbuena Hernández- providencia del quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021),
radicado: 20001 23 33 000 2014 00089 01 (5052-2015).
17
Índice 23 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 1-2 de Samai.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia, no obstante la adicionara a efecto de
ordenar que, a pesar de la prescripción extintiva del derecho, la entidad debe efectuar los
aportes a seguridad social.
En efecto, los aportes a la seguridad social, como se unificó en jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no prescriben por cuanto afectan de forma directa el
derecho pensional19; en estas condiciones, aunque el derecho devengado haya prescrito y
por esa razón no se pueda percibir, procede ordenar el pago de los aportes causados
durante el lapso en que el derecho existió. Al respecto cabe traer a colación decisiones de
la Sección Segunda del Consejo de Estado que hacen claridad al tema.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Doctor Ignacio
Reyes Posada en sentencia del 7 de junio de 1980, expediente Radicado 2527 señaló:
“…Al respecto encuentra la Sala que devengar y percibir son conceptos
diferentes, que en la norma reglamentaria se emplean como términos
sinónimos, produciendo una evidente confusión al respecto. Devengar es
adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio
u otro título, como lo define el diccionario de la Real Academia, cuando percibir
es recibir, obtener el pago. El primero es un concepto jurídico, el segundo lo es
de hecho. No pueden, pues, confundirse los dos conceptos…”
Luego, la Subsección “B”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del
Consejero Doctor Carlos Orjuela Góngora, en sentencia del 8 de mayo de 1997, Expediente
14590, Actor: Pedro Ignacio Moreno Castañeda, precisó:
“Ahora bien, en lo relativo a la base de liquidación de la pensión de jubilación,
las dos disposiciones citadas se asientan sobre el promedio de los salarios
devengados por el servidor público. Y como la norma no distingue, necesario
será reconocer que sin discriminación alguna harán parte integral de la base
de liquidación todos los factores salariales devengados en los términos ya
previstos…” Resaltado fuera de texto.
Y más adelante expresó:
“Ahora bien, no obstante, los planteamientos ya expuestos en primera instancia,
conviene insistir sobre los efectos económicos que para el actor se derivan
19
Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016 “…Las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter
de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende,
pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse
al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en
el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que
posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo…”
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de la disímil naturaleza de los verbos devengar y recibir. En efecto,
reconociendo que mientras el primero de ellos alude a la causación
económica y contable de un derecho laboral, al paso que el segundo se
contrae a lo efectivamente percibido por el servidor, para todos es claro que en
virtud de los descuentos parafiscales y otros de diferente estirpe, lo que recibe
el empleado o trabajador, salvo excepcionales hipótesis, ostenta un monto
inferior a lo devengado.
Cosa distinta ocurre si esta situación la miramos desde el ángulo netamente
presupuestal, ámbito dentro del cual no se establece distingo entre lo
devengado y lo recibido por el servidor, toda vez que allí se atiende
exclusivamente a lo apropiado para pago de salarios, ya dentro de los gastos
de funcionamiento, ora dentro de los gastos de inversión. Apropiación que tiene
sus efectos inmediatos a nivel de lo devengado por los respectivos servidores,
sin que para nada importe el pago efectivo de los salarios o remuneraciones,
pues, evidentemente, una es la función presupuestal y otra bien distinta la
función pagadora...
...En otras palabras, la ejecución presupuestal en materia remunerativa o
salarial se expresa a través de lo devengado por el respectivo servidor
público, y por ende, tanto los aportes como las pensiones se deben
liquidar sobre los mismos factores salariales.” Resaltado fuera de texto.
Por las anteriores razones se ordenará que la entidad gire los aportes para pensión
correspondientes a todo el período en que el actor devengó, aunque no recibió la diferencia
en pago de la bonificación por compensación mientras ocupó el cargo de Magistrado
Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura en el lapso comprendido entre el 1 de abril
de 1993 y el 28 de octubre de 2003.
Esta Sala se abstendrá de condenar en costas, porque no se aprecia una mala fe o una
deslealtad procesal de la parte condenada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Sala de Conjueces administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. – Reconocer personería al abogado Jaime Alberto Arenas, con cédula de
ciudadanía No. 1.098.779.129 de Bucaramanga, portador de la Tarjeta Profesional de
Abogado No. 345.693, como apoderado de la Nación – Rama Judicial, conforme al poder
obrante al índice 50 Samai.
SEGUNDO. - Confirmar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria en el proceso iniciado por ANTONIO
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Número Interno: 3251-2020
Demandante: Antonio María Rangel Niño
Demandado: Nación – Rama Judicial
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
MARÍA RANGEL NIÑO en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
TERCERO.- ADICIONAR la sentencia para ordenar que la Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial gire al sistema de seguridad social los aportes para
pensión por concepto de las diferencias que resulten por concepto de bonificación por
compensación en el lapso comprendido entre el 1 de abril de 1993 y el 28 de octubre de
2003
CUARTO.- Sin costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Conjuez ponente
Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA
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