Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00929-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00929-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00929-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de mayo de 2024
Radicado: 25000234200020130092902 (5993-2019)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00929-02 (5993-2019)
Demandante: Carlos Alberto Dulce Pereira
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL.
Temas: Reajuste de la asignación de retiro. Base de liquidación sueldo
básico de magistrado del Tribunal Superior Militar y bonificación
por compensación. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Carlos Alberto Dulce Pereira presentó demanda en contra de la Caja de
Retiro de la Fuerzas Militares- CREMIL-, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado de la falta
de respuesta a la petición radicada el 7 de mayo de 2012, bajo el número
0001284237, en la que solicitó el reajuste de su asignación de retiro teniendo en
cuenta el sueldo básico de magistrado del Tribunal Superior Militar y la bonificación
por compensación consagrada en el Decreto 610 de 19981.
Que se reajuste y pague la asignación de retiro en los términos pretendidos.
Además, que las sumas de dinero sean actualizadas atendiendo la variación del
IPC.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera2:
Que el 6 de junio de 1986 ingresó como oficial de la Armada Nacional, en el grado
de teniente de fragata.
1 Folio 25-26.
2 Folio 26-30.
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Que, ocupó varios cargos en la Justicia Penal Militar y fue docente de la Escuela
Superior de Guerra, auditor de guerra, jefe de la Oficina de Finca Raíz e inspector
formal de la Escuela Naval.
Que el 28 de marzo de 2008 se posesionó como Magistrado del Tribunal Superior
Militar.
Que, mediante Resolución 1330 del 24 de marzo de 2011, con novedad fiscal del
11 de abril de ese mismo año, le fue reconocida la asignación de retiro, teniendo en
cuenta el salario básico del grado militar de Capitán de Navío, no así el de
Magistrado del Tribunal Superior Militar.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como normas transgredidas los artículos 2, 13 y 53 de la Constitución Política;
13 del Decreto 4433 de 2004 y los Decretos 618 de 2007 y 1211 de 1990.
Como concepto de violación, expuso que la demandada no podía interpretar ni
cambiar el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, para liquidar su asignación de
retiro con el sueldo básico del grado militar y no con el de magistrado del Tribunal
Superior Militar.
Que la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998
constituye un factor salarial para las pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente
y, al ser asimilables a la asignación de retiro, debió tenerse en cuenta dentro de las
partidas computables de su prestación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 24 de abril de 2013 3 y notificada a la entidad
demandada, quien argumentó que el demandante estaba cobijado por el régimen
especial de las Fuerzas Militares y el reconocimiento de su asignación de retiro se
efectuó de conformidad con el Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta la fecha
de su retiro, el 10 de abril de 2011, y, su grado militar como Capitán de Navío.
Que, los valores de su prestación fueron liquidados en los términos del Decreto 1515
de 2007, esto es, con el sueldo básico en actividad, el 49.5% de la prima de
actividad, 20% de la prima de antigüedad, 43% del subsidio familiar y una doceava
parte de la prima de navidad.
Que las disposiciones que invoca el demandante no le son aplicables, pues si bien
es cierto que existen unas remuneraciones especiales para los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, también lo es que aquellas son de carácter
eventual y se reconocen al personal que reúne ciertos requisitos y que se
encuentran en servicio activo, sin que puedan considerarse como factor computable
para efectos de la asignación de retiro.
Que, además, en los términos del artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, al actor le
fueron descontados los porcentajes destinados a la Caja de Retiro de las Fuerzas
3 Folio 43-44.
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Militares de acuerdo con la base salarial de su grado militar, lo que hace imposible
que el reconocimiento de la asignación se reconozca con el salario devengado en
actividad.
Que, no es posible variar el régimen que gobierna la asignación de retiro a
conveniencia del demandante, con el propósito de acoger lo más favorable de cada
disposición y crear un super régimen, desconociendo con esto el principio de
inescindibilidad.
Que, si el actor quisiera obtener una prestación teniendo en cuenta el salario de
magistrado del Tribunal Superior Militar, puede acogerse al régimen general de
pensiones y solicitarle al Ministerio de Defensa, quien sería el competente, el
reconocimiento de una pensión de jubilación; sin embargo, esta variación de
régimen implicaría cambios sustanciales en el monto y porcentaje tomado como
base para el cálculo de las cotizaciones al subsistema de pensiones, teniendo en
cuenta que los aportes realizados por el señor Dulce Pereira fueron liquidados con
el sueldo básico y de acuerdo con el grado militar que ostentó.
Finalmente, propuso como excepciones la inexistencia de derecho legal para
reclamar, indebido agotamiento de la reclamación administrativa frente a la
pretensión de la bonificación por compensación, pago y taxatividad de la norma.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
por medio de sentencia del 18 de diciembre de 2017, accedió a las pretensiones.
Luego de referirse a las prestaciones y remuneraciones especiales del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares contenidas en el Decreto 1211 de
1990; así como a la bonificación por compensación percibida por, entre otros, los
magistrados del Tribunal Superior Militar, indicó que la entidad demandada
interpretó de manera errónea el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, porque de
esa disposición no se desprende que la asignación de retiro del demandante debe
liquidarse con base en el salario del grado militar que ostentaba al momento de su
retiro del servicio.
Que el actor demostró que laboró en la Justicia Penal Militar y, que al momento de
su retiro de las Fuerzas Militares era Magistrado del Tribunal Superior Militar, por lo
que su régimen salarial por ser Magistrado era el previsto en los Decretos 618 y 630
de 2007; además, que recibía la bonificación por compensación. Que, por esas
razones, era procedente ordenar la reliquidación de la asignación de retiro.
Así, declaró la nulidad del acto administrativo ficto o presunto demandado y, en
aplicación del Decreto 4433 de 2004 a título de restablecimiento del derecho, ordenó
a la demandada reconocer las diferencias resultantes entre lo que debió recibir el
demandante como asignación de retiro con el sueldo básico devengado como
magistrado del Tribunal Militar y la bonificación por compensación y, lo que le fue
pagado por esa prestación.
Que se actualicen las sumas adeudadas, según la fórmula fijada por el Consejo de
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Estado.
No impuso condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada4, apela esta sentencia, haciendo mención a que el
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante tuvo su fundamento en el
régimen especial de los miembros de las Fuerzas Militares, específicamente, en el
Decreto 4433 de 2004, que determina los requisitos y las partidas computables para
el reconocimiento de la asignación de retiro.
Que el régimen aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares difiere
de aquel previsto para los militares que ejercen funciones en la Justicia Penal Militar,
pues, en el primer caso, las normas aplicables son los Decretos 1211 de 1990 y
4433 de 2004; mientras que, en el segundo evento, debe acudirse al Decreto 1214
de 1990 o la Ley 100 de 1993, dependiendo si la fecha de vinculación fue anterior
o posterior a su entrada en vigencia. Que tal distinción denota la prohibición legal
de percibir al mismo tiempo una asignación de retiro y una pensión de jubilación.
Que el demandante recibió su asignación de retiro como militar, en el grado de
Capitán de Navío, según los requisitos y las partidas definidas en los Decretos 4433
de 2004 y 1515 de 2007, respectivamente, sin que sea posible aplicarle otros
regímenes o tomar lo más favorable de cada uno, creando de esa manera un super
régimen y desatendiendo el principio de inescindibilidad.
Que, además, en los términos del artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, al actor le
fueron descontados los porcentajes destinados a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, de acuerdo con la base salarial de su grado militar, lo que hace imposible
que el reconocimiento de la asignación sea con el salario devengado en actividad.
Que, en el evento de que la parte demandante pretenda que se reconozca su
prestación en calidad de Magistrado del Tribunal Superior Militar, deberá entonces
acogerse a una pensión de jubilación y, solicitarle al Ministerio de Defensa su
reconocimiento al ser este el competente, debiéndose revisar los porcentajes
descontados como aportes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 24 de febrero de 2020 5 se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada, posteriormente por auto del 14 de octubre
de 2020 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que en un término
común de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión.
La parte demandante expresó que se acoge íntegramente a los argumentos de la
sentencia de primera instancia.
4 Folio 252-258.
5 Folio 310.
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La parte demandada reiteró los desacuerdos del recurso de apelación, relativos a
que la asignación de retiro del actor fue reconocida de acuerdo con el régimen
especial de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, por lo que no es
posible pretender que le sean tenidos en cuenta solo los lineamientos favorables y
se apliquen aspectos de otras disposiciones generales para efectos de ajustar el
salario básico que devengó como magistrado del Tribunal Superior Militar y la
bonificación por compensación como partida computable de su prestación.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si el salario básico tenido en cuenta para liquidar
la asignacion de retiro del actor, se encuentra ajustado a los parámetros
establecidos en las normas aplicables al caso.
Marco normativo y jurisprudencial
Regimen especial de los miembros de la Fuerza Pública
Para resolver el problema planteado, es relevante precisar, que la Fuerza Pública,
por mandato constitucional, cuenta con un régimen prestacional propio derivado de
los artículos 150, numeral 19 literal e) y 217 que establecen lo siguiente:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
1. (…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
(…)
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas». (Negrillas
fuera de texto)
En ese sentido, el legislador expidió la Ley 923 de 2004, por medio de la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios necesarios para la fijación del régimen
pensional de los miembros de la Fuerza Pública, y en el artículo 3 se establecen los
elementos mínimos de la misma:
«ARTÍCULO 3. ELEMENTOS MINIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajuste de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, se tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
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3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de
servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de
asignación de retiro será mínimo 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá
como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicios superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta ley cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, inferior a 15 años cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación
de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50
años para las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados
del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho
al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de
conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo
de servicios del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre
las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza
Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha asignación, el cual
estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no
será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por
ciento (5%).»
Asignación de retiro Decreto 4433 de 2004
El actual régimen especial de seguridad social de la Fuerza Pública se encuentra
contenido en el Decreto 4433 de 2004, norma que, en el artículo 14 prevé que la
asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares se debe reconocer de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 14. ASIGNACIÓN DE RETIRO PARA EL PERSONAL DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN ACTIVIDAD.
Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha
de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho
(18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad
profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados
en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a
partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro,
así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que
se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18) primeros años
de servicio.
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14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por
ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro
(24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros
veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas computables.»
En cuanto a las partidas computables para la asignación de retiro, la norma
referenciada, define que deberán tenerse en cuenta las siguientes:
“ARTÍCULO 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares.
La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán
según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente
Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha
de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales». (Negrillas para resaltar)
Las asignaciones enlistadas corresponden igualmente a aquellas sobre las cuales
el personal de las Fuerzas Militares debe realizar los aportes con destino a la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares, según lo dispone el artículo 17 de la disposición
en comento.
Bonificación por compensación
El Gobierno Nacional, a traves del Decreto 610 de 1998, estableció una bonificación
por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
En el artículo 2 se dispuso que:
«ARTÍCULO 2. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo
anterior, se aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
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Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales
del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes
de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito. » (negrillas para resaltar)
Igualmente, se definió que la bonificación sólo constituirá factor salarial para efectos
de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
La anterior disposición fue derogada por el Decreto 2668 de 1998 y, luego, se
expidió el Decreto 4040 de 2004, por el cual se crea una bonificación de gestión
judicial para los magistrados de tribunal y otros magistrados. Sin embargo, el
Consejo de Estado, mediante sentencias del 25 de septiembre de 2001 6 y del 14 de
diciembre de 2011, respectivamente, anuló las normas citadas.
En ese sentido, por haberse decretado la nulidad del Decreto 4040 de 2004, cobró
nuevamente vigencia el Decreto 610 de 1998, siendo esta la normativa aplicable en
lo que se refiere a la bonificación por compensación.
Resolución del caso concreto
De conformidad con las pruebas se puede establecer lo siguiente:
El señor Carlos Alberto Dulce Pereira prestó sus servicios a la Armada Nacional por
espacio de 25 años, 7 meses y 2 días, ostentando a su retiro, el grado de Capitán
de Navío.7
Ocupó varios cargos en la Justicia Penal Militar, siendo su último cargo el de
Magistrado del Tribunal Superior Militar, adscrito al Ministerio de Defensa, que
ejerció desde el 27 de marzo de 2008 hasta el 11 de enero de 20118.
Este cargo fue ejercido a traves del Decreto N° 848 del 27 de marzo de 2008, siendo
posesionado como capitán de navío en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior
Militar de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional.
Que, mediante el Decreto N°. 4710 del 21 de diciembre de 2010, el Ministerio de
Defensa dispuso su retiro del servicio activo de la Armada Nacional, por solictud
propia9 a partir del 11 de enero de 2011.
Que, por medio de la Resolución N°. 1330 del 24 de marzo de 2011, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL reconoció y ordenó el pago de la asignación
de retiro al demandante, en cuantía equivalente al 87% del sueldo básico de
actividad y correspondiente a su último grado y las partidas computables, efectiva a
partir del 11 de abril de la anualidad mencionada. Ello de conformidad con los
Decretos 4433 de 2004 y 1530 de 2010.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Sentencia
del veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001), Rad. No. 395-99.
7 Según la hoja de servicios obrante a folios 18 y 19 del expediente principal.
8 Según el extracto de la hoja de vida de la Armada Nacional visible a folios 8-12 del cuaderno principal.
9 Folio 19.
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Según la hoja de servicios que obra en el folio 14 del expediente, para la asignación
de retiro se computaron las siguientes partidas:
PARTIDAS COMPUTABLES PENSIÓN O ASIGNACIÓN RETIRO
Descripción Porc. Valor
SUELDO BÁSICO .00 2,751,243.00
SUBSIDIO FAMILIAR 43.00 1,183,034.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD/SERVICIO 20.00 550,249.00
PRIMA DE ACTIVIDAD MILITARES 49.50 1,361,865.00
PRIMA DE NAVIDAD .00 496,370.00
6,342.761.00
Se encuentra probado que al momento en que la entidad demandada realizó el
reconocimiento de la asignación tuvo en cuenta el sueldo básico correspondiente al
grado de Capitán de Navío que ostentaba el demandante al momento de su retiro
del servicio activo, lo que significa que la entidad demandada interpretó de manera
errónea lo indicado en el artículo 13 del citado Decreto, pues consideró que la norma
hacía referencia al grado ostentado al momento del retiro, sin que sea apropiado
hacer tal distinción.
En efecto, la norma invocada simplemente señala como partida para la liquidación
de la asignación de retiro de los oficiales de las Fuerzas Militares la que denominó
«sueldo básico», sin precisar o limitar de forma alguna que ese emolumento
corresponde a lo percibido según el grado militar.
Ahora, en el caso bajo estudio, es claro que el demandante ostentaba el grado de
Capitán de Navío al momento de su retiro de la Armada Nacional; sin embargo,
también lo es que percibía una remuneración especial, por cuanto se desempeñaba
como magistrado del Tribunal Superior Militar para quienes el Decreto 4433 de 2004
establece lo siguiente:
«Artículo 39. Asignación de retiro o pensión en situaciones especiales. La
asignación de retiro o pensión de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo, Soldados Profesionales y Agentes en servicio activo que al momento
del retiro o de la invalidez o muerte, se encuentren destinados en comisión en
el exterior o desempeñando cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, en las
entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas a este o en otras
dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones especiales, se
liquidarán de conformidad con las partidas computables establecidas en
el presente decreto, como si se encontrara destinado en el Comando de
Fuerza respectivo o en la Dirección General de la Policía Nacional»
(Negrillas para resaltar).
En los términos descritos, resulta evidente que, en la liquidación de la asignación
de retiro de este tipo de personal con remuneraciones especiales, deben tenerse en
cuenta las partidas enlistadas en el artículo 13, entre estas, el salario básico
devengado. Además, sobre dichos emolumentos deben realizarse los
correspondientes aportes a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.
Definido lo anterior, para la Subsección la Caja de Sueldos de Retiro no podía
realizar la liquidación de la asignación de retiro del demandante con fundamento en
el sueldo de su grado militar, porque el salario básico realmente percibido era el
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00929-02 (5993-2019)
correspondiente al de Magistrado del Tribunal Superior Militar.
Resulta pertinente señalar que esta corporación, al resolver un caso similar, en la
sentencia del 29 de junio de 2011 expediente número 2500023-25-000-2008-00670-
01(0552-10), expuso lo siguiente:
«Si bien es cierto, en el presente caso, la demandada al momento de liquidar la
asignación de retiro reconocida a la peticionaria, consideró que el artículo 13 del
Decreto 4433 de 2004, hacía referencia al salario del grado que ostentaba la
demandante al momento del retiro, también lo es que no era dable hacer tal
distinción, pues si bien es cierto el juez puede interpretar la ley que aplica,
también lo es que tal interpretación no puede ir en contra del trabajador y mal
podía en sentir de esta Sala, agregar un ingrediente a la norma que no se
encontraba expresamente consignado, como lo era el de establecer que la
preceptiva al hacer relación a sueldo básico se estaba refiriendo al sueldo de
actividad correspondiente a su grado.
Así las cosas, mal podía la demandada al momento de realizar la liquidación de
la asignación de retiro de la demandante, efectuarla con fundamento en el sueldo
del grado que ostentaba al momento del retiro, pues de conformidad con el
artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, anteriormente transcrito, durante todo el
tiempo que estuvo en servicio activo, la peticionaria devengó la asignación que le
correspondía según el cargo que venía desempeñando ante la Justicia Penal
Militar, motivo por el cual su asignación de retiro debía liquidarse con el monto
real que percibía al momento de su retiro, esto es el sueldo básico que recibía
como Magistrada del Tribunal Penal Militar. »
Asimismo, esta Sala recientemente, al resolver un asunto de reajuste de la
asignación de retiro de un agente de la Policía Nacional que se desempeñó como
secretario de fiscalías, delegado ante el Tribunal Superior Militar, concluyó que:
«resulta censurable que la entidad hubiera agregado un componente que no estaba
expresamente consignado en la ley, como lo era el de entender que la preceptiva al
hacer relación al sueldo básico se estaba refiriendo al sueldo de actividad
correspondiente a su grado. Tal actuación, sin duda, vulnera el principio de
favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la aplicación de una norma laboral
debe atenderse la interpretación más favorable al trabajador y no a aquella que
lesione sus derechos»10
En consideración a lo expuesto, la Sala considera que la entidad demandada acogió
una interpretación ajena a lo expresado en la norma, pues el artículo 13 del Decreto
4433 de 2004 establece el sueldo básico como partida computable sin ningún tipo
de limitación, de modo que CREMIL no puede restringir la disposición y entender
que la base de la liquidación corresponde a lo percibido según el grado militar.
En ese sentido, aunque no se cuenta con información de cuál fue la asignación
básica que el actor percibió como magistrado del Tribunal Superior Militar, existe un
conocimiento notorio de ese supuesto, pues la remuneración mensual de los
servidores públicos de la Rama Judicial y de aquellos que pertenecen a la Justicia
Penal Militar, entre ellos, los magistrados de la corporación antes citada, es fijada
anualmente por el Gobierno Nacional, en desarrollo de las facultades conferidas en
la Ley 4 de 1992, por lo que basta remitirse al decreto de la anualidad respectiva
para conocer la asignación salarial.
10 Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 2016-00932-01 (6648-2019).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00929-02 (5993-2019)
Así, en el 2011, última data en la que el señor Dulce Pereira se desempeñó como
magistrado de Tribunal Superior Militar, en el Decreto 1039 de 2011, se definió como
remuneración mensual la suma de $ 7.682.966.
Por otro lado, el argumento de la apelante sobre que el régimen aplicable a los
militares que ejercen funciones en la Justicia Penal Militar, como es el caso del
demandante, es el comprendido en el Decreto 1214 de 1990 o la Ley 100 de 1993,
según la fecha de su vinculación, resulta equivocado, por cuanto el ámbito de
aplicación de la disposición es para el personal civil que presta sus servicios en el
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio
Público, que no es el caso del Capitán de Navío (r) Dulce Pereira.
Esto, en primer lugar, porque el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 1792 de 2000
define el personal civil así: «el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y el
personal no uniformado de la Policía Nacional. Los servidores públicos que prestan
sus servicios en las Entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional se regirán por las normas vigentes propias de cada organismo», lo cual,
como consecuencia lógica, excluye a los miembros de la Fuerza Pública, cuyo
régimen de carrera militar es específico y se rige por el sistema de ascensos.
En segundo lugar, porque en los términos del artículo 6 de la Ley 940 de 2005,
norma vigente en el tiempo en que el actor ocupó el cargo de magistrado es un
requisito para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior Militar, además
de los generales para acceder a los cargos de la Justicia Penal Militar, ser miembro
de la Fuerza Pública en grado de oficial superior, en servicio activo o en retiro.
Así, no puede entenderse que el demandante tenía la condición de civil, por cuanto
para ocupar el cargo de magistrado debía, de un lado, pertenecer a la Fuerza
Pública y, de otro, ser oficial en un grado militar superior y, en el caso del
demandante, el cargo de Magistrado lo desempeñó ostentando el grado de Capitán
de Navío de la Armada Nacional. De esta manera, el Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares permite que se ocupen en
comisiones especiales, en cargos del Ministerio de Defensa o sus entidades
adscritas y este no se convierte en personal civil pues no abandona su calidad de
militar.
Ahora, en referencia a la bonificación por compensación, la Sala advierte que
aquella fue creada en el Decreto 610 de 1998, también aplicable a los Magistrados
de los Tribunales Superiores Militares 11, para el presente caso, goza de cierto grado
de especialidad, pues, si bien es cierto el demandante perteneció a las Fuerzas
Militares, siendo su último grado el de Capitán de Navío y, por esa razón es
beneficiario del régimen exceptuado que excluye cualquier otra prestación
devengada diferente al salario básico, también lo es que ocupó un cargo en la
11
“Artículo 2°. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se aplicará a los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional
y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito.”
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00929-02 (5993-2019)
Justicia Penal Militar, haciéndose acreedor de la bonificación especial, sin que tal
situación implique desconocer el principio de inescindibilidad.
En el presente caso, la inclusión de dicha bonificación no implica fusionar regímenes
pensionales o tomar beneficios de una u otra disposición, sino de respetar los
derechos que adquirió el demandante, dada su situación particular, pues, en efecto,
al ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior Militar devengó la
bonificación por compensación, teniendo derecho a que ese factor se tenga en
cuenta para determinar su asignación de retiro en los términos del decreto
referenciado, según el cual ese emolumento es un factor salarial para efectos de
determinar las pensiones.
Los argumentos expuestos resultan suficientes para confirmar la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Sala Transitoria,
pero por las razones dadas en la presente providencia.
Ahora, la Subsección no puede pasar por alto que, en el caso concreto, no se tiene
certeza de que sobre la asignación básica que el demandante devengó como
magistrado del Tribunal Superior Militar y la bonificación por compensación se
hayan realizado los descuentos destinados a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, razón por la cual resulta procedente adicionar la decisión de primera
instancia, en el sentido de ordenar que, en caso de que tales deducciones no se
hayan realizado, la entidad demandada proceda a realizarlas.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 201, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00929-02 (5993-2019)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 18 de
diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará así:
«Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, se condena a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a reliquidar, pagar y reajustar la
asignación de retiro a favor del señor CARLOS ALBERTO DULCE PEREIRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.855.584, desde el 11 de abril
de 2011 fecha en que se hizo efectiva la resolución de asignación de retiro No.
1330 del 24 de marzo de 2011, tomando como factores salariales el sueldo
básico efectivamente percibido como Magistrado del Tribunal Superior Militar, e
incluyendo como partidas computables el sueldo básico y la bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, conforme el Decreto
4433 del 31 de diciembre de 2014.
En el evento de que sobre esas partidas no se hubieran realizado los
correspondientes descuentos, deberán realizarse las deducciones a las que
haya lugar».
Segundo. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
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