Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00966-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00966-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00966-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
26 de mayo de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00966-01 (2359-2017)
Demandante: Jhony Stiven Delgado Samudio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00966-01 (2359-2017)
Demandante: JHONY STIVEN DELGADO SAMUDIO
Demandada: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, SECRETARÍA
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA, DIRECCIÓN DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE
VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ
Temas: Reconocimiento de horas extras y reajuste de recargos y
cesantías pagadas a un guardián adscrito a la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá.
Fijación de horarios de 24 horas de servicio y del mismo
tiempo de descanso, no se ajusta a la jornada máxima
laboral ordinaria prevista en el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-104-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jhony Stiven Delgado Samudio en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 52 a 59, C1)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
20123330310181 del 24 de agosto de 2012, con el cual la entidad
demandada dio respuesta negativa a la reclamación formulada por el
libelista el 16 de agosto de 2012, tendiente a obtener el reconocimiento de
horas extras y demás recargos por jornadas extras de trabajo, así como la
reliquidación de sus factores salariales y prestacionales en razón de la
inclusión de dicho concepto; y ii) Resolución 490 del 27 de septiembre de
2012 por medio de la cual la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Jhony Stiven Delgado Samudio
de Bogotá resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor
Delgado Samudio contra la decisión primigenia, esto en el sentido de
confirmarla.
2. Inaplicar las siguientes normas: i) Resolución 029 de 2010 expedida por la
precitada autoridad, a través de la cual se fijó la jornada máxima laboral de
66 horas semanales para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá; y ii) artículo
4.°, inciso 3.° del Acuerdo Distrital 003 de 1999 que prevé lo siguiente: «[…]
En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras,
dominicales o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración
básica mensual de cada funcionario. […]».
3. Como consecuencia de estas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la parte demandada liquidar y pagar a favor del
señor Jhony Stiven Delgado Samudio los siguientes conceptos laborales
desde el 16 de agosto de 2009 y hasta la fecha de ejecutoria del fallo:
i) 50 horas extras mensuales diurnas en días ordinarios que fueron
laboradas en exceso respecto del tiempo previsto para la jornada máxima
legal de los empleados públicos territoriales (44 horas semanales),
conforme a lo consagrado en los artículos 33 y 36 del Decreto 1042 de
1978.
ii) 15 días de salario básico a título de tiempo compensatorio por cada mes
laborado de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, literal e) ibidem.
iii) Descansos compensatorios en razón de lo contemplado en el artículo
39, inciso 1.° de la norma ejusdem por haber laborado de manera ordinaria
en días domingos y festivos a través de turnos sucesivos de 24 horas.
4. Condenar al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, Dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres de Bogotá, a reliquidar y pagar de forma indexada los recargos
nocturnos al 35% en días ordinarios, así como los recargos diurnos y
nocturnos del 200% y 235%, por haber dividido erróneamente el salario del
libelista en 240 horas mensuales. Asimismo, que se reajusten las demás
prestaciones y factores salariales, incluido el auxilio de cesantía, con
inclusión de las horas extras, descansos compensatorios, recargos
nocturnos y por festivos.
5. Que las sumas adeudadas sean reconocidas con la correspondiente
indexación al momento de pago y se ordene el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, en
adición a la respectiva condena en costas a cargo de la parte demandada.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 59 a 66, C1)
1. El señor Jhony Stiven Delgado Samudio fue vinculado al servicio del
Distrito Capital de Bogotá desde el 23 de febrero de 2009 bajo el cargo de
guardián, código 485, grado 13 de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo
Mujeres de dicha entidad territorial.
2. El demandante formuló petición el 16 de agosto de 2012 ante la Secretaría
de Gobierno Distrital, con la cual solicitó la liquidación y pago de horas
extras diurnas, nocturnas, en días dominicales y festivos, así como los
descansos compensatorios y el reajuste de los demás factores y
prestaciones con base en tales conceptos.
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3. La entidad demandada a través del Oficio 20123330310181 del 24 de
agosto de 2012 dio respuesta negativa a la mencionada reclamación. Por
este motivo, el libelista presentó recurso de reposición contra aquel acto,
el cual fue resuelto en el sentido de confirmar aquella decisión según la
Resolución 490 del 27 de septiembre de 2012.
4. El señor Delgado Samudio en ejercicio de la plaza de guardián, código 485,
grado 13, cumple turnos de 24 horas de servicio para lo cual se le conceden
24 horas de descanso. En tal sentido, aquel acumula 15 o 16 turnos de un
día completo de trabajo que equivalen a 360 horas mensuales, que incluso
en ocasiones llegan a 384 horas en razón del número de días al mes.
5. El empleo del demandante contempla labores continuas y sin interrupción,
por lo que este debe iniciar la prestación del servicio al entrar un lunes a
las 7:00 de la mañana y salir hasta el día martes a la misma hora, y así
sucesivamente, esto con 24 horas de descanso intermedio entre jornadas
de trabajo, lo cual implica que finalmente labora en la semana un total de
96 horas, mientras que solo tiene recesos equivalentes a 72 horas.
6. El libelista ha percibido como salario básico el equivalente a 190 horas
mensuales, junto con los recargos nocturnos ordinarios del 35%, recargos
diurnos del 200% en días domingos y festivos, al igual que recargos
nocturnos en días festivos del 235%. Sin embargo, aquel no ha devengado
la remuneración por los días de descanso compensatorio conforme a los
turnos trabajados.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 4 de agosto de 2015.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento sobre el particular dado que la entidad
demandada no formuló este tipo de medios de defensa.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Problemas jurídicos. Principal. Si le asiste derecho al demandante a la
liquidación y cancelación de horas extras diurnas, nocturnas en días ordinarios,
dominicales y festivos, descansos compensatorios, tiene derecho a la reliquidación
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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de los recargos nocturnos en días ordinarios, dominicales, festivos, desde cuándo.
Problema jurídico asociado: Si le asiste derecho a la reliquidación de las
prestaciones por la incidencia de lo anterior. Si existe mérito para inaplicar: la
resolución 039 de 2010 y el inciso tercero del artículo 4 del acuerdo distrital 3 de 1990,
que fija 50 horas como límite de horas extras. […]» (Folio 338 y CD obrante a folio
340 del cuaderno 1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 416 a 423, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 16 de junio de 2016 por medio de la cual
negó las pretensiones de la demanda, ello con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, frente a la solicitud de inaplicabilidad de la Resolución 029 de
2010 por medio de la cual la Secretaría Distrital de Gobierno fijó una jornada
máxima laboral de 66 horas para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres; el tribunal de primera instancia
señaló que no le asiste razón al demandante, habida cuenta que de
conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, el legislador
determinó un tiempo de trabajo ordinario de 44 horas semanales y un máximo
de 66. Asimismo, adujo que el inciso 2° ibidem facultó al jefe del respectivo
organismo para instituir el horario de trabajo dentro del límite fijado por la ley,
razón por la cual, aseguró que no se evidencia de manera manifiesta la
alegada incompetencia, más aún cuando dicha regulación fue derogada con
la expedición de la Resolución 105 del 1.° de marzo de 2011. Indicó que lo
propio ocurre respecto del Acuerdo Distrital 9 de 1999 cuya inaplicación
también se había deprecado.
Seguidamente manifestó que, una vez revisada la reglamentación que
consagra la jornada laboral de los servidores públicos como el demandante,
se encuentra que, si bien es cierto la Resolución 029 de 2010 determinó una
jornada laboral máxima de 66 horas semanales, dicha norma fue derogada
como se indicó previamente, y por regla general, el horario de trabajo se
concibió en turnos de 24 horas consecutivo, seguidas de 24 horas de
descanso, tal como se consagró en la Resolución 153 de 2009.
Infirió a partir de lo anterior que por la actividad que ejercen los guardias de
los establecimientos penitenciarios como el demandado, estos no podrían
estar sujetos a una jornada ordinaria de trabajo, sino a una especial que en
todo caso fue regulada por el ente empleador bajo un sistema mixto. Afirmó
que esta tesis ha sido respaldada por el Consejo de Estado en sentencias del
16 de febrero de 2012 (2010-00970) y del 31 de octubre de 2013 (1051-2013).
Precisó que de los hechos probados se evidencia que el libelista presta sus
servicios a la autoridad demandada, quien de conformidad con la planilla
visible en el folio 42 y siguientes del cuaderno 2 del expediente, ha reportado
a favor de aquel los recargos nocturnos (35%), festivos diurnos (200%),
festivos nocturnos (235%) y horas extras (172%, 225% y 275%) para los años
2009, 2010, 2011 y 2015, y solamente recargos nocturnos (35%), festivos
diurnos (200%) y festivos nocturnos (235%) en los años 2012, 2013 y 2014.
Indicó igualmente que conforme a los documentos visibles en los folios 47 a
50, 186 a 195, 218 a 221 del cuaderno principal y folios 1 a 13 del cuaderno 2,
se advierte que el Distrito de Bogotá le ha pagado al demandante recargos y
horas extras en los años 2009, 2010, 2011 y 2015 y solamente estos primeros
en los años 2012, 2013 y 2014, situación que se ajusta a lo que la
jurisprudencia ha avalado para los casos de jornadas habituales por el sistema
de turnos.
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En tal sentido, aseveró que lo expuesto impide acceder a los pedimentos de
la parte activa, al haberse demostrado que el señor Delgado Samudio labora
bajo dicho esquema de horario de trabajo y la entidad demandada le ha
reconocido todos los conceptos que legalmente le adeuda. Acorde con estos
razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia mediante la
cual denegó las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 432 a 451, C1)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente, y solicitó que sea revocada a fin de que se acceda a
lo deprecado con el libelo.
Al respecto adujo que en la sentencia recurrida se desconoció que el máximo
de horas laborales en el mes para los empleados públicos es de 190 horas, y
no de 240, pues tal límite es aplicable a los trabajadores privados, lo cual ya
había sido plantado por el Consejo de Estado en sentencias del 17 de abril de
2008 y del 28 de enero de 2010 relacionadas con los casos del personal de
bomberos de la ciudad de Pereira.
Adicionalmente sostuvo que el a quo soslayó el hecho de que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la sentencia del 11 de septiembre
de 2012 declaró la nulidad de la Resolución 029 de 2010 que había fijado la
jornada laboral máxima de 66 horas para el cuerpo de custodia de la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Planteó además que la negativa de las pretensiones en el presente caso
desconoce la realidad procesal, pues quedó plenamente demostrado el hecho
de que el libelista cumplió su labor por turnos de 24 horas con el mismo tiempo
de descanso sucesivamente, lo cual equivale a 15 turnos durante el mes o 360
horas que conllevan un total de 170 horas de trabajo suplementario que deben
ser liquidadas y pagadas, en la medida en que la jornada ordinaria de los
empleados públicos es máximo de 190 horas mensuales. Por ello aseguró que
se debe dar aplicación integral a lo consagrado en el artículo 36, literal d) del
Decreto Ley 1042 de 1978.
Sobre la negativa del tribunal de origen para ordenar el reconocimiento de los
descansos compensatorios por trabajo habitual en días domingos y festivos
como lo prevé el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, ello bajo el argumento
de en todo caso el demandante descansaba 24 horas, señaló que dicho
pronunciamiento transgrede de manera flagrante lo consagrado en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de
diciembre de 1966 (norma que hace parte del bloque de constitucionalidad),
toda vez que el señor Delgado Samudio labora normalmente 8, 16 o 24 horas
diurnas y nocturnas en días domingos y festivos, por lo que debería descansar
el doble de esa jornada laboral, lo cual nunca ha sucedido, al punto de vulnerar
el principio de la realidad sobre las formas, al igual que el derecho a la igualdad
y a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos previstos en las normas
laborales.
Resaltó que el a quo erró al no haber analizado el hecho de que si el
demandante labora por turnos de 24 horas con el mismo tiempo de descanso,
en un mes acumula realmente 360 horas de servicio, cuando la jornada
máxima legal de un empleado público territorial es de 44 horas a la semana,
incluso para los Guardianes, toda vez que en el Distrito Capital de Bogotá
actualmente no existe reglamentación que fije un horario de trabajo diferente
al consagrado en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
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Sobre el punto precisó que si se tiene en cuenta que el año tiene 52 semanas,
estas divididas por 12 meses equivaldrían a 4,3 semanas por mes, las cuales
multiplicadas por 44 horas semanales de jornada máxima legal conforme a la
normativa precitada, arroja un resultado de 190 horas mensuales. No obstante,
acotó que sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el libelista laboró
realmente 360 horas al mes, por lo que la entidad demandada le adeuda 170
horas de trabajo suplementario, habida cuenta de que a la fecha no han sido
liquidadas ni pagadas como se advierte de la relación de valores devengados
en la que figuran claramente solo abonos por concepto de recargos nocturnos
del 35%, recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del
235% sobre 240 horas mensuales, cuando la jornada máxima legal es de 190
horas al mes.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (Folios 418 a 506, C1): instó nuevamente que se revoque
la sentencia recurrida y para tal efecto reprodujo en su mayoría los mismos
argumentos expuestos en el recurso de alzada.
La parte demandada presentó sus alegaciones de forma extemporánea y el
Ministerio público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal, lo anterior
conforme a la constancia secretarial visible a folio 513 del cuaderno 1.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:
¿Es aplicable la jornada laboral máxima de 44 horas semanales o 190 horas
mensuales prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, puntualmente
para el caso del señor Jhony Stiven Delgado Samudio quien se desempeña
como guardián, código 485, grado 13 del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá?
En caso afirmativo,
¿Debe ordenarse el reconocimiento y pago de 50 horas extras mensuales
diurnas, así como de días y descansos compensatorios, e igualmente la
reliquidación de los recargos nocturnos ordinarios del 35%, festivos diurnos
del 200%, festivos nocturnos del 235%, y asimismo de las primas, factores
salariales y cesantías percibidas por el demandante, ello en razón de que este
laboró bajo un sistema de turnos de 24 horas continuas con 24 horas de
descanso sucesivas desde el 16 de agosto de 2009 en adelante?
Frente a este cuestionamiento jurídico la Subsección sostendrá la siguiente
tesis: al libelista le es aplicable la jornada máxima laboral de 44 horas
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semanales consagrada en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, por lo que
debe ordenarse el respectivo reconocimiento de horas extras y el consecuente
reajuste de los recargos y cesantías pagadas a aquel bajo un cálculo errado
en razón del tiempo de servicio fijado previamente por la entidad demandada,
el cual desconocía la norma anterior. Lo expuesto de conformidad con las
siguientes consideraciones:
Marco regulatorio sobre la jornada laboral ordinaria, las horas
extras y demás recargos para los empleados públicos territoriales
De manera general, la noción básica de jornada laboral, corresponde al lapso
durante el cual se limita el ejercicio de las funciones o actividades propias de
un empleo, bien sea público o privado. Ahora, en lo referente a la previsión de
los tipos y características de las jornadas laborales de los empleados públicos,
en efecto el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33 previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de
trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de
66 horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional,
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo
dispuesto para las horas extras.». (Negrita de la Sala).
Del precepto transcrito se extrae que en el ordenamiento jurídico laboral de los
empleados públicos, están contempladas dos jornadas ordinarias, una general
de 44 horas y una especial de 66 horas semanales, ello con base en el tipo de
actividades o trabajo a desarrollar y de conformidad con el horario que para tal
efecto fije cada entidad empleadora, siempre y cuando se acompase al marco
de acción previsto en este postulado regulatorio.
En lo concerniente al trabajo suplementario entendido como el ejercicio de
funciones por fuera de los límites previstos anteriormente para el desarrollo
normal del empleo, la norma ejusdem también consagró lo propio en los
artículos 36, 37, 38 y 40, esto con las respectivas modificaciones tácitas
introducidas por el artículo 12 del Decreto 660 de 2002, así:
«ARTÍCULO 36. De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales
del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada
ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en
quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso
compensatorio o pago de horas extras.
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se
sujetarán a los siguientes requisitos:
a) El empleo o del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una asignación
básica mensual que no exceda de diez mil pesos.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.
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c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución
motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la
remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
d) En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por
cada ocho horas extras de trabajo. (negritas fuera del texto)
ARTÍCULO 37. De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra
nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del
día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.
Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre
la asignación básica mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo
dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 38. De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas
extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas
extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes
funcionarios:
a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que
tengan la obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación
y elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación
y las demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal.
b) Los auditores de impuestos.
[…]
ARTÍCULO 40. Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por
razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días
dominicales o festivos.
Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda
de diez mil pesos.
b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por
la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante
comunicación escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de
desempeñarse.
c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución
motivada.
d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un
día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si este fuere menor.
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Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días
dominicales y festivos.
e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se
reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el
funcionario por haber laborado el mes completo.
f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida
en la asignación mensual.
DECRETO 660 DE 2002. Artículo 12. Horas extras, dominicales y festivos. Para
que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales
y festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de
descansos compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus
modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado
09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19. […]»
Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, se observa que la competencia
para la regulación específica de la jornada ordinaria del personal de cada
entidad pública, en cuanto a horarios y distribución del tiempo bajo los
lineamientos del Decreto 1042 de 1978, puntualmente la detentan las
respectivas autoridades nominadoras con sujeción a las condiciones y
características de los empleos en relación con las funciones propias del
correspondiente ente estatal, de suerte que se permitió la reglamentación de
este aspecto de manera específica, particular y concreta.
Respecto de la aplicación de estos preceptos para los servidores públicos de
las entidades territoriales, se destaca que el artículo 2.° de la Ley 27 de 1992
extendió para tales empleados los efectos del Decreto 1042 de 1978, así como
de los Decretos leyes 2400 y 3074 de 1968 y las Leyes 13 de 1984 y 61 de
1987, lo cual también fue reiterado en el artículo 87, inciso 2.° de la Ley 443
de 1998 y precisado jurisprudencialmente por el Consejo de Estado3 en
sentencia del 21 de noviembre de 2013.
Ahora bien, el Consejo de Estado4 en varias oportunidades ha planteado que
la jornada laboral de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá está
efectivamente regulada por los parámetros desarrollados en el Decreto 1042
de 1978, el cual prevé una jornada máxima legal de 44 horas semanales
equivalente a 190 horas mensuales.
Sobre el punto debe tenerse en cuenta que en la referida línea de
interpretación, se precisó que al margen de las potestades regulatorias sobre
los horarios de trabajo que detentan los empleadores para los diferentes
servidores públicos, cuando se afecten los beneficios o condiciones laborales
en punto a la jornada consagrados en el Decreto 1042 de 1978, tal decisión
será contraria a los principios constitucionales de igualdad, trabajo en
condiciones dignas y justas e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales5.
Sumado a lo anterior, en relación con este tipo de empleados, es adecuado
destacar que en la sentencia del 21 de enero de 2016 proferida por este Juez
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 21 de noviembre de 2013. Radicado: 25000232500020110011001 (0267-2013).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de
enero de 2016, expediente 1306-14, sentencia del 17 de noviembre de 2016, expediente: 4893-15,
sentencia del 1.° de febrero de 2018, expediente 2749-14, sentencia del 1.° de febrero de 2018,
expediente 0226-13.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2013-00724-01(2337-17).
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00966-01 (2359-2017)
Demandante: Jhony Stiven Delgado Samudio
Plural6, se indicó que la jornada máxima de 66 horas semanales solo es
posible implementarla en actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia, naturaleza que no es predicable para el personal de custodia de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, toda vez que esta
labor es permanente y continua. Bajo aquel supuesto en la providencia en cita
se determinó que era necesario inaplicar por inconstitucional la Resolución 029
de 15 de enero de 2010 que había fijado la jornada laboral de aquellos
empleados, esto con base en los siguientes planteamientos:
«…Atendiendo los lineamientos jurisprudenciales acogidos en la sentencia de
unificación de 12 de febrero de 2015, la Sala considera que en el presente caso,
la jornada laboral de 24 horas de labor por 24 de descanso que rigió en el
Distrito de Bogotá para el personal de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá con fundamento en la Resolución
153 de 31 de marzo de 2009, al igual que en el caso del personal de bomberos,
excede los parámetros de la jornada laboral en el sector oficial, impone
condiciones físicas del empleo que no son compatibles con la dignidad de la
persona, desconoce los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales (art. 53 C.P.), vulnera los derechos fundamentales a la igualdad,
trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos del
personal que labora en la entidad demandada, así como la competencia de las
autoridades nacionales para regular la jornada laboral en el sector público,
razones suficientes para considerar que tal regulación no puede constituir
fuente normativa en materia de jornada laboral del personal de custodia y
vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
En este punto de la providencia, la Sala destaca la protección constitucional
que tiene la jornada laboral, la cual, en el sector oficial es de origen legal y
como tal tiene un límite inquebrantable para el jefe del respectivo organismo al
momento de establecer el horario de trabajo, pues ha de tener en cuenta que el
artículo 53 de la C.P. identifica como principios mínimos fundamentales del
trabajo, la igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración
mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la garantía
del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales, premisas que se verían
desconocidas con la imposición de jornadas laborales excesivas incompatibles
con la dignidad humana y las garantías mínimas del trabajador, y por ende, al
ejercer la facultad de regulación del horario de trabajo no le es dado desconocer
el ordenamiento legal sobre jornada laboral, esto es, el Decreto 1042 de 1978
que establece una jornada máxima legal de 44 horas semanales. […]
De otra parte, hay que destacar que la Resolución 029 de 15 de enero de 2010,
por la cual se había establecido como jornada máxima especial laboral para
dichos servidores 66 horas semanales, fue derogada por la Resolución No. 105
de 1 de marzo de 2011, motivo por el cual, en la actualidad no se encuentra
produciendo efecto alguno, y en tal sentido, no puede constituir fuente de
derecho aplicable al caso; además, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978, dicha jornada máxima excepcional de 66 horas semanales solo
es posible en tratándose en actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia, naturaleza de la cual no participa la labor desarrollada por el personal
de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
de Bogotá, toda vez que esta es permanente y continua, y conlleva no sólo la
vigilancia, sino también la custodia y protección de las personas recluidas,
razón por la cual será inaplicada por inconstitucional, durante el tiempo que
dicha norma estuvo vigente.
Por lo expuesto, la Sala procederá a inaplicar durante el término que estuvieron
vigentes, para el caso concreto, los actos distritales que regularon el horario de
trabajo para los servidores públicos que pertenecen al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia de la Dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 21 de
enero de 2016. Número interno: 1306-14.
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y en su lugar, dará aplicación al Decreto 1042 de 1978, debiéndose remunerar
el trabajo suplementario realizado por el demandante. […]».
Con base en lo expuesto, para el sub iudice se advierte que no solo ante la
derogatoria de la Resolución 029 de 15 de enero de 2010 por mandato de la
Resolución 105 de 2011, sino por la necesidad de inaplicar dicha
reglamentación por vía de excepción de inconstitucionalidad durante el tiempo
que esta estuvo vigente, claramente el horario de trabajo fijado en su momento
para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Dirección de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, bajo un sistema de turnos de
24 horas de servicio con el mismo tiempo de descanso, no sería el marco
jurídico aplicable para el caso del señor Delgado Samudio, habida cuenta de
que su situación estaría regida por el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en
virtud del cual la jornada laboral de un servidor como el libelista no puede
exceder las 44 horas semanales o 190 horas mensuales.
De la situación particular del demandante
Una vez determinada la normativa que gobierna la forma de concebir el horario
de trabajo en el asunto de marras, resulta necesario verificar el material
probatorio recaudado y practicado a fin de resolver el segundo
cuestionamiento constitutivo del problema jurídico planteado. Para el efecto se
ponen de presente los siguientes medios de convicción:
Oficio 20123340370611 del 11 de octubre de 2012, por medio del cual la
directora de gestión humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá indica que el señor
Jhony Stiven Delgado Samudio ha laborado al servicio de la entidad desde el 23
de febrero de 2009 en el cargo de guardián, código 485, grado 13. Igualmente se
refirió en cuanto a la jornada laboral asignada a este que:
«[…] La Secretaria Distrital de Gobierno, obrando de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, expidió la Resolución No. 029 de 15 de enero de
2010, la cual en su artículo 1° fija como jornada laboral del personal del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, sesenta y seis (66) horas
a la semana.
La Mencionada Resolución 029 del 15 de enero de 2010, fue derogada a partir del 1° de
marzo de 2011, por la Resolución 105 de 2011. La Resolución 153 de 31 de marzo de 2009,
expedida por esta Secretaria, en su artículo 2° establece para el personal del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia de la Dirección de la Cárcel Distrital, turnos de 24 horas de labor
consecutivas, que van de 07:00 a.m. a 07:00 a.m. del día siguiente, seguidos por 24 horas
de descanso. […]». (Folio 11, C1).
Reclamación administrativa formulada por el libelista el 16 de agosto de 2012
ante la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá, a través de la cual
solicitó a dicha autoridad el reconocimiento de horas extras, días de descanso y
compensatorios, así como la reliquidación de los recargos nocturnos, dominicales
y festivos, al igual que las demás prestaciones y factores salariales percibidos, esto
al asegurar que su labor ha superado las 44 horas semanales previstas como
jornada de trabajo. (Folios 14 a 16, C1).
Oficio 201233330310181 del 24 de agosto de 2012 emitido por la directora de
gestión humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá en respuesta a la petición aludida,
mediante el cual se deniegan los pedimentos del señor Delgado Samudio al
asegurar que los pagos salariales que le han sido efectuados, se ajustan a la
jornada laboral fijada legalmente para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, pues en todo caso se
le han reconocido los recargos correspondientes a que hay lugar. (Folios 20 a 24,
C1).
Recurso de reposición interpuesto el 12 de septiembre de 2012 por el
demandante contra el acto administrativo prementado (folios 25 a 36, C1), el cual
fue resuelto negativamente por la entidad demandada conforme a la Resolución
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490 del 27 de septiembre de 2012 en el sentido de confirmar la decisión primigenia.
(Folios 37 a 45, C1).
Certificaciones emitidas por la Dirección de Gestión Humana de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en las que se informan los recargos nocturnos, festivos diurnos
y festivos nocturnos pagados al libelista de la siguiente forma:
Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2009 (Folio 47, C1):
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2010 (Folio 48, C1):
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2011 (Folio 49, C1):
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2012 (Folio 3, C2):
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2013 (Folio 4, C2):
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Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2014 (Folio 5, C2):
Del 1.° de enero al 30 de septiembre de 2015 (Folio 6, C2):
A partir del acervo probatorio enlistado, se extrae que el demandante fue
vinculado al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, Dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres, esto desde el 23 de febrero de 2009 bajo el cargo de guardián, código
485, grado 13.
En virtud de dicha relación legal y reglamentaria, aquel solicitó ante la mentada
autoridad el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos ordinarios y
festivos, días compensatorios y la correspondiente reliquidación de los
factores salariales y prestacionales, incluidas sus cesantías causadas a partir
del 16 de agosto de 2009, esto luego de asegurar que ha laborado más de las
44 horas semanales, las cuales constituyen el límite de la jornada laboral
máxima para los empleados públicos territoriales. No obstante, la entidad
demandada dio respuesta negativa a esta reclamación a través de los actos
administrativos demandados, ello al aducir que solo debía reconocer los
recargos nocturnos y por días dominicales y festivos, pues la determinación
del horario de trabajo por turnos de 24 horas se ajustaba a derecho.
Pues bien, en punto a la determinación de la jornada laboral para el personal
adscrito al cuerpo de custodia y vigilancia de la institución penitenciara
demandada del que hace parte el demandante, resulta indispensable reiterar
como se planteó previamente sobre el marco jurídico aplicable al presente
caso que, la norma que rige lo propio es el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978 que prevé un tiempo máximo semanal de servicio de 44 horas.
Lo anterior obedece al hecho de que, la Resolución 029 del 15 de enero de
2010 mediante la cual se fijó aquel límite temporal en 66 horas semanales, fue
derogada por la Resolución 105 de 2011, normas que en todo caso son
inaplicables vía excepción de inconstitucionalidad durante el tiempo de su
vigencia, ello por haber contrariado las garantías mínimas laborales de los
servidores públicos como el libelista, tal como se expuso en el acápite previo.
Ahora, si bien con anterioridad a esta reglamentación la entidad demandada
había expedido la Resolución 153 del 31 de marzo de 2009 «Por el (sic) cual se
establece el horario de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de
Gobierno», debe tenerse en cuenta que precisamente lo que desarrolló tal
precepto fue un sistema de turnos como horario para la prestación del servicio
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del personal en comento, pero en ningún momento reguló expresamente la
jornada laboral propiamente dicha.
Bajo la referida intelección, debe tenerse en cuenta que si el límite de la
jornada laboral ordinaria aplicable al sub examine es de 44 horas semanales,
su equivalente en el mes correspondería a 190 horas, resultado que se obtiene
de multiplicar la primera cifra por las 52 semanas del año, divididas por los 12
meses respectivos. En tal sentido, a fin de liquidar correctamente las horas
extras o trabajo suplementario que exceda dichos topes, se torna imperioso
tener como base el aludido guarismo mensual para obtener el valor de la hora
ordinaria, no así el monto de 240 horas adoptado por la entidad demandada.
Al respecto debe destacarse que conforme al artículo 36 del Decreto 1042 de
1978, se requiere una autorización por parte del empleador para poder
conceder, reconocer y liquidar horas extras a determinado funcionario. En el
asunto particular se observa que a lo largo del plenario no reposa un
documento que acredite lo propio, sin embargo, es adecuado tener en cuenta
para el sub lite que, de acuerdo con el Oficio 20123340370611 del 11 de
octubre de 2012 (Folio 11, C1), el señor Delgado Samudio efectivamente ha
laborado bajo un sistema de 24 horas de servicio por el mismo tiempo de
descanso, lo cual implica que aquel requisito fue colmado implícitamente por
la misma autoridad al haber fijado motu proprio el aludido horario de trabajo,
más aún cuando además de lo expuesto, aquella reconoce que le ha pagado
recargos ordinarios nocturnos, festivos diurnos y nocturnos al libelista, tal
como consta en las certificaciones laborales aportadas al plenario.
De este modo, en lo que respecta a la situación particular del demandante, la
Subsección advierte que si bien no obra en el expediente algún medio de
convicción que demuestre con exactitud cuántas y cuáles fueron las horas que
constituyeron trabajo suplementario en su caso, lo cierto es que con base en
lo indicado con antelación, aquel ha prestado su servicio como guardia de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres en turnos de 24 horas con
descansos sucesivos de igual lapso, lo que arroja un total de 360 horas
mensuales que evidentemente superan en 170 el límite máximo de 190 horas
referido inicialmente.
Acorde con estos planteamientos y luego de evidenciar que en el presente
litigio se materializó la situación relacionada con la superación del límite
máximo de la jornada laboral prevista para servidores como el libelista,
evidentemente tendrá que darse aplicación al Decreto 1042 de 1978, en virtud
del cual se hace indispensable reconocer a su favor el pago del tiempo que
excedió aquel tope, «[…] para no lesionar el derecho a la igualdad laboral y a la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos previstos en normas laborales, es decir,
dentro de los límites allí fijados y la remuneración determinada para las jornadas
mixtas y el trabajo habitual en dominicales y festivos, cuando implique tiempo de
trabajo nocturno en dominicales y festivos. […]»7.
Según lo esbozado hasta este punto y en atención a las previsiones del artículo
36 de la norma ejusdem, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 10 de
19898, en efecto, es procedente liquidar y abonar a favor del señor Jhony
Stiven Delgado Samudio el trabajo suplementario que haya causado a lo largo
de su vinculación con la entidad demandada desde el 23 de febrero de 2009,
7 Posición formulada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 28 de
octubre de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2014-02148-01(0377-19).
8 «Artículo 13. Para efectos del pago de horas extras, de dominicales y festivos o del reconocimiento del
descanso compensatorio, los literales a. y d. del artículo 36 del Decreto-ley 1042 de 1978; y el literal a.
del artículo 40 del mismo Decreto, quedarán así:
a. El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta el grado 17 del Nivel Administrativo y hasta el
grado 09 del Nivel Técnico.
b. En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.».
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solo que lo propio será sobre el monto máximo permitido por estas normas
equivalente a 50 horas extras mensuales, las cuales tendrían que ser
calculadas hasta el 31 diciembre de 2014, toda vez que la Secretaría Distrital
de Gobierno de Bogotá mediante Resolución 764 del 30 de diciembre de 20149
modificó el aludido horario de trabajo de 24 horas de servicio contemplado
para los empleados públicos que pertenecen al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, el cual se fijó
de la siguiente forma: «[…] por turnos de doce (12) horas de trabajo que van de
7:00 A. M a 7:00 P. M por veinticuatro (24) horas de descanso consecutivas y de 7:00
P. M. a 7:00 A. M. seguidas por veinticuatro (24) horas de descanso consecutivas.
[…]».
Adicionalmente, sobre el punto resalta la Sala que a pesar de que el Acuerdo
3 del 8 de diciembre de 1999 proferido por el Concejo de Bogotá consagró un
límite máximo del 50% de la remuneración básica mensual de los funcionarios
distritales en lo atinente al cálculo de las horas extras que estos hayan
causado, tal normativa no puede ser aplicada en esta oportunidad, habida
cuenta de que dicha determinación contraría abiertamente el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política, según el cual el régimen
salarial de los empleados públicos tiene reserva legal y por lo tanto es
competencia exclusiva del Congreso de la República en articulación con el
Gobierno Nacional.
Ahora bien, en punto al reconocimiento de días de descanso remunerado
deprecado por la parte apelante, debe tenerse en cuenta que esta prebenda
se configura conforme al artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, cuando el
trabajo suplementario acumulado por un servidor público supere 50 horas
mensuales, de manera que el demandante en este caso tenía derecho a que
le fueran compensadas 120 horas extras al mes, a razón de 1 día de descanso
por cada 8 horas laboradas en exceso, lo cual corresponde en suma a 15 días
de receso en su actividad.
Empero, lo cierto es que debido al esquema de trabajo por turnos de 24 horas
de servicio por el mismo tiempo de descanso al que se vio sometido el libelista,
resulta claro que aquel disfrutó materialmente de 15 días al mes en los que no
prestó su servicio, por lo que es palmario que el tiempo extra que superó el
tope legalmente permitido de 50 horas mensuales se encuentra debidamente
compensado por la entidad demandada, y por consiguiente no es procedente
efectuar ningún tipo de reconocimiento económico a título de compensación.
De otra parte, en lo referente a la reliquidación de los diferentes recargos
nocturnos y en días dominicales y festivos reconocidos y pagados al señor
Delgado Samudio, se destaca que a partir de las pruebas que reposan en el
expediente, es patente que aquel trabajó en días domingos y feriados de forma
permanente en razón del sistema de turnos de 24 horas bajo el cual prestó su
servicio. Igualmente, está demostrado que el Distrito Capital de Bogotá pagó
al demandante los mentados conceptos en los porcentajes indicados en los
artículos 34 y 39 del Decreto 1042 de 1978, tal como se extrae de las
certificaciones obrantes en los folios 47 a 49, C1 y 3 a 6, C2.
No obstante, lo cierto es que de conformidad con lo manifestado en el Oficio
20153340337211 del 9 de noviembre de 2015 (visible a folio 357, C1), la
autoridad demandada efectuó el reconocimiento de aquellos haberes con el
cálculo base de 240 horas mensuales, lo cual no se ajusta a los postulados de
la norma en cita, puesto que para ello era necesario tomar el monto de la
asignación básica mensual y dividirlo sobre el número de horas de la jornada
9 Consultada en la página web de la Alcaldía de Bogotá en el siguiente enlace:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60421&dt=S
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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ordinaria mensual equivalente a 190 horas la primera cifra, pues tal liquidación
efectivamente afecta el resultado final a abonar por concepto de trabajo
suplementario. En tal sentido, es dable ordenar el reajuste de los recargos
pagados al apelante con la sujeción de las cifras expuestas en este punto.
De hecho, con base en lo planteado hasta este punto, también halla
fundamento la pretensión de la parte activa sobre la reliquidación del auxilio
de cesantía que ha percibido, así como de sus respectivos intereses, pues la
modificación sobre el valor de las horas extras y demás recargos, debe reflejar
un cambio también en la aludida prestación en el entendido de que los haberes
en comento son factores salariales para su determinación, tal como se extrae
del artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978 que reza lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía
y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y
de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando
se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último
año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130
de 1968. […]». (Negrita intencional).
Contrario a ello, los emolumentos bajo estudio no constituyen partidas
computables para el cálculo de los demás factores y prestaciones sociales
tales como: bonificaciones, primas de riesgo, antigüedad, servicios,
vacaciones y navidad; dado que se así se infiere de los artículos 1.º del
Decreto 306 de 1975, 45, 49 y 59 del Decreto 1042 de 1978, y 17 y 33 del
Decreto 1045 de 1978. En tal sentido, no es procedente acceder a dicho
pedimento, pues a pesar de que en efecto el pago por trabajo suplementario
efectuado al demandante, fue incorrectamente reconocido desde un principio,
su modificación no repercute en la base de liquidación de los demás conceptos
referidos, a excepción de las cesantías según se señaló anteriormente.
Del fenómeno de la prescripción
Habida cuenta de que se declarará la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y se accederá al reconocimiento y pago de horas
extras, así como a la reliquidación de los recargos por tiempo suplementario y
cesantías percibidas por el demandante, se torna indispensable verificar la
ocurrencia o no del fenómeno prescriptivo sobre los valores adeudados.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la configuración de la
mentada institución jurídica requiere que transcurra un determinado lapso
durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3
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años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de
interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 23 de febrero de 2009 cuando el demandante fue vinculado
al servicio de la entidad demandada, pues este fue el momento en el que
además aquel comenzó a laborar bajo el sistema de turnos que conllevaron el
reconocimiento de horas extras y demás recargos por trabajo desempeñado
en exceso respecto del tiempo fijado como jornada máxima ordinaria para el
efecto.
Ahora bien, tal como se verifica a partir de la petición del 16 de agosto de 2012
(folios 14 a 16, C1), el señor Delgado Samudio reclamó lo propio solo hasta la
mentada fecha y presentó la demanda el 14 de marzo de 2013 (ver folio 142
vuelto, C1), esto es, después del vencimiento de los 3 años siguientes a la
fecha de efectividad del derecho reclamado, por lo que según el numeral 2.°
de la norma en cita, se encuentran prescritas las sumas adeudadas por
concepto de horas extras y reliquidaciones de recargos y cesantías, causadas
con anterioridad al 16 de agosto de 2009.
En conclusión: al señor Jhony Stiven Delgado Samudio le resulta aplicable
la jornada laboral máxima de 44 horas semanales o 190 horas mensuales
prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, toda vez que en su
condición de empleado territorial del Distrito Capital de Bogotá y sin que se
advierta que sus actividades sean de simple vigilancia, no sería posible
someter su situación a las previsiones de la Resolución 029 de 15 de enero de
2010, no solo porque fue derogada por la Resolución 105 de 2011, sino ante
la necesidad de inobservar dicha reglamentación por vía de excepción de
inconstitucionalidad durante el tiempo que esta estuvo vigente.
Lo anterior puesto que la fijación del horario de trabajo para el personal del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Dirección de la Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres bajo un sistema de turnos de 24 horas de servicio
con el mismo tiempo de descanso, vulnera los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos del personal que labora en la entidad demandada, así
como la competencia de las autoridades nacionales para regular la jornada
laboral en el sector público
En tal sentido, debido a la superación de la jornada laboral máxima en 170
horas para el caso del libelista, deberá ordenarse el reconocimiento y pago de
50 horas extras mensuales diurnas, sin que sea procedente acceder a la
compensación en dinero del tiempo que haya excedido ese monto, pues
conforme a la normativa aplicable, aquel en vigencia del esquema de turnos
disfrutó de los respectivos días de descanso remunerado que le correspondían
de acuerdo con el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
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Ahora, en virtud de lo expuesto, es procedente que la entidad demandada
reliquide los recargos nocturnos y de días dominicales y festivos pagados al
apelante, toda vez que aquella tuvo en cuenta una jornada de 240 horas
mensuales para el cálculo del valor de la hora de servicio, cuando en realidad
debía realizar esa operación sobre 190 horas mensuales equivalentes al
tiempo de labor al que este debió estar sometido desde el inicio de su
vinculación. Asimismo, en razón del reconocimiento de trabajo suplementario
en el presente caso, resulta necesario reajustar el valor de las cesantías e
intereses de tal auxilio percibidas por el demandante, pues las horas extras
son un factor salarial para fijar el valor de dicho concepto, no así frente a los
demás haberes y prestaciones que no se determinan con base en los
emolumentos en mención.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada proferida el 16 de
junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, la cual denegó las pretensiones de la demanda, ello
a fin declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en
cuanto a la negativa del reconocimiento de horas extras y la reliquidación de
los recargos y las cesantías percibidas por el libelista, no así frente a la
decisión de no reajustar los demás factores y prestaciones devengados por
este con inclusión del referido trabajo suplementario.
Igualmente se declarará probada la excepción de prescripción respecto de los
conceptos adeudados al señor Delgado Samudio con anterioridad al 16 de
agosto de 2009, y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
entidad demandada:
i) Reconocer y pagar de manera actualizada a favor del demandante la suma
equivalente a 50 horas extras diurnas al mes, liquidadas con base en el valor
de la hora de trabajo que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre
el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190 horas), ello
desde el 16 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014.
ii) Reliquidar con la necesaria indexación los valores de los recargos nocturnos
y del trabajo en dominicales y festivos reconocidos al libelista desde el 16 de
agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, esto con base en el cálculo
de la hora de trabajo indicado en el punto i). En consecuencia, deberá pagar
las diferencias que resulten entre lo abonado previamente a aquel y lo que
debió reconocerse conforme al mentado reajuste.
iii) Reliquidar de forma actualizada el auxilio de cesantías y sus intereses
causados a partir del 16 de agosto de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2014,
con la inclusión de los montos que correspondan a las prerrogativas
reconocidas en los puntos i) y ii) de esta orden de restablecimiento del
derecho.
Finalmente, se denegarán las demás pretensiones de la demanda en punto a
la reliquidación de los demás factores y prestaciones devengados por el señor
Delgado Samudio con inclusión de los pagos por trabajo suplementario
aludidos.
Todo lo anterior, habida cuenta de que prosperan parcialmente los argumentos
expuestos por la parte activa en su recurso de apelación
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De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección10 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA. En aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de dicha carga con base en los siguientes criterios:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP11, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público12.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada, en la medida que es viable abstenerse de
imponer dicha carga cuando prospere parcialmente la demanda como sucede
en el sub examine, según lo previsto en el numeral 5.º del artículo 365 del
CGP, toda vez que no solo la referida autoridad no termina vencida por
completo en esta causa judicial, sino que además, tampoco se advierte que se
haya comprobado la causación de aquella figura en cumplimiento de la
exigencia consagrada en el numeral 8.° ibidem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
10 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
11 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
12 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Primero: Revocar la sentencia proferida el 16 de junio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que
denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
Jhony Stiven Delgado Samudio contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Dirección de la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá.
En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio 20123330310181 del 24 de
agosto de 2012, así como de la Resolución 490 del 27 de septiembre de 2012,
ambos proferidos por la entidad demandada, ello en punto a la negativa del
reconocimiento de horas extras y la reliquidación de los recargos y las
cesantías percibidas por el libelista, no así frente a la decisión de no reajustar
los demás factores y prestaciones devengados por este con inclusión del
referido trabajo suplementario.
Tercero: Declarar probada la excepción de prescripción en lo que respecta a
los conceptos adeudados a favor del demandante con anterioridad al 16 de
agosto de 2009.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Distrito Capital
de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Dirección
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá:
i) Reconocer y pagar a favor del señor Jhony Stiven Delgado Samudio, la suma
equivalente a 50 horas extras diurnas al mes, liquidadas con base en el valor
de la hora de trabajo que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre
el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190 horas), ello
desde el 16 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014.
ii) Reliquidar los valores de los recargos nocturnos y del trabajo en dominicales
y festivos reconocidos al libelista desde el 16 de agosto de 2009 hasta el 31
de diciembre de 2014, esto con base en el cálculo de la hora de trabajo
indicado en el punto i). En consecuencia, deberá pagar las diferencias que
resulten entre lo abonado previamente a aquel y lo que debió reconocerse
conforme al mentado reajuste.
iii) Reliquidar el auxilio de cesantías y sus intereses causados a partir del 16
de agosto de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2014, con la inclusión de los
montos que correspondan a las prerrogativas reconocidas en los puntos i) y ii)
de esta orden de restablecimiento del derecho.
Las sumas resultantes de la condena a favor de la parte activa se actualizarán,
aplicando para ello la siguiente fórmula:
R= RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico
(RH) que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente a la fecha en la cual se ordena el reconocimiento del derecho. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.
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Demandante: Jhony Stiven Delgado Samudio
Quinto: Denegar las demás pretensiones de la demanda, específicamente las
relacionadas con la reliquidación de los otros factores y prestaciones
devengadas por el señor Delgado Samudio con inclusión de los valores
reconocidos a título de trabajo suplementario.
Sexto: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en
los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia.
Octavo: Se acepta la renuncia como apoderado del Distrito Capital de Bogotá,
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Dirección de la
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, al abogado Jorge
Luis Novoa Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía n.° 11.413.462 y
tarjeta profesional 181.126 del Consejo Superior de la Judicatura, esto según
el memorial obrante a folio 518 del cuaderno 1. Asimismo, se requiere a la
Secretaría de esta Sección para que según la solicitud visible en el mismo
memorial de renuncia, se expida certificación en la que conste que el referido
mandatario actuó como tal en representación de la aludida entidad.
Noveno: Reconocer personería adjetiva como apoderado de la entidad
demandada al abogado William Armando Velasco Vélez identificado con
cédula de ciudadanía n.° 19.217.738 y portador de la tarjeta profesional 17.372
del Consejo Superior de la Judicatura, ello en los términos del poder que le fue
conferido por el representante legal de la autoridad en comento, el cual obra a
folio 531 del cuaderno 1.
Décimo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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