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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01231-01

Empleo de libre nombramiento y remosión

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01231-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFÍRMASE la sentencia de 6 de junio de 2014, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Teresa de Jesús Zárate Bocanegra contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con fundamento en las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de este fallo. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01231-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

5 de agosto de 2021

EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOSIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DIRECTOR SECCIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN / INSUBSISTENCIA / CONDENA EN COSTAS

El artículo 125 de la Constitución Política, señala la forma de provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, previendo que la regla general son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y aquellos que expresamente determine el legislador. […] [E]l artículo 253 de la Carta Política dispuso que: «La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia». En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto 261 del 22 de febrero de 2000 “Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones” normatividad derogada por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”. […] Mediante la promulgación de la Ley 270 de 1996 «Ley Estatutaria de Administración de Justicia», en su artículo 130, estableció la clasificación de los empleos y catalogó dentro de los de libre nombramiento y remoción, el cargo de Director Seccional adscrito a la Fiscalía General de la Nación, cargo desempeñado por la demandante, que se caracteriza por poseer funciones de conducción y orientación institucional, y para su desempeño se requiere de un alto grado de confianza, con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 938 de 2004. […] La Ley 909 de 2004 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», estableció en el numeral 2 del artículo 3º, que se aplicará de manera supletoria a las carreras especiales, entre las que se contempla a la Fiscalía General de la Nación, en los casos en que se presente vacíos normativos. Sin embargo, esta disposición estableció la discrecionalidad del nominador para el retiro de empleos de libre nombramiento y remoción, mediante acto no motivado. En efecto, el artículo 41 ídem, dispuso: «El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.» […] [C]on fundamento en las anteriores consideraciones, que a juicio de esta instancia, no resultaron suficientes los argumentos de la apelación para revocar la decisión proferida por la primera instancia, como quiera que el cargo que desempeñaba la actora era un cargo directivo de libre nombramiento y remoción, del cual se predicaba un grado superlativo de confianza, que no fue desproporcional la decisión de retiro adoptada por el nominador y, que no fue posible acreditar el entorpecimiento y desmejoramiento del servicio con ocasión de su desvinculación y consecuente nombramiento de su reemplazo ahora tercero interesado en las resultas del proceso. […] Las anteriores consideraciones obligan a la confirmación del fallo impugnado, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 130 / LEY 938 DE 2004 - ARTÍCULO 30 / DECRETO 261 DE 2000 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 2 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 253

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-01231-01(3460-14)

Actor: MARÍA TERESA DE JESÚS ZÁRATE BOCANEGRA

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ASUNTO: INSUBSISTENCIA, NATURALEZA DEL CARGO DE DIRECTOR SECCIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN N° 2-4145 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011, NO ACREDITACIÓN DE LAS CAUSALES DE NULIDAD DE FALSA MOTIVACIÓN Y DESVIACIÓN DE PODER. SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Demanda

La señora Maria Teresa de Jesús Zárate Bocanegra, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución 0-1207 del 26 de julio de 2012, a través de la cual el Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento como Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Dirección Seccional de Cundinamarca.

A título de restablecimiento del derecho solicitó a la Fiscalía General de la Nación reintegrarla al cargo que venía desempeñando sin solución de continuidad para todos los efectos legales y prestacionales, así como se le cancelen todos sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta la fecha de su reintegro, sumas debidamente indexadas.

Solicitó se condene a la demandada a pagar en su favor la suma de cien (100) s.m.l.m.v. por concepto de los perjuicios morales como consecuencia del trauma sicológico por la forma irregular de su retiro; así mismo que se ordene el pago del lucro cesante consistente en los intereses moratorios de las sumas actualizadas desde cuando se causaron hasta cuando se paguen.

Hechos

Fueron cincuenta y cuatro (54) los hechos relatados por el apoderado de la demandante, los cuales en síntesis son los siguientes:

La demandante ingresó a la Fiscalía General de la Nación el día 1° de abril de 1998 mediante Resolución N° 0786 aclarada luego mediante Resolución N° 1015 del 13 de mayo de 1998, actos mediante los cuales fue nombrada en el cargo de Profesional Especializado del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, siendo posesionada mediante Acta N° 000467 del 14 de mayo de 1998. En el año 2000 pasó a integrar el grupo de investigadores de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, en el que permaneció durante tres años. Luego en el año 2003 fue designada investigadora del CTI en la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión Grupo Gaula, durante un año y medio. En agosto de 2005 fue trasladada al Grupo de Investigaciones del CTI de la Unidad contra el Narcotráfico y la Interdicción Marítima. En julio de 2006, fue nombrada como Coordinadora Nacional del CTI, en las Unidades Nacionales de Derechos Humanos, Justicia y Paz y Terrorismo, cargo que desempeñó durante dos años.

En el año 2008 fue trasladada a la Coordinación del Grupo del CTI de la Unidad de Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones, por cuatro meses y, luego pasó en junio de 2008 al Grupo Gaula Nacional durante dos años y medio. En febrero de 2011 la Fiscal General de la Nación Doctora Vivian Morales le ofreció el cargo de Directora Seccional del CTI Cundinamarca y Amazonas, nombramiento que se llevó a cabo mediante Resolución N° 0811 del 23 de marzo de 2011 siendo posesionada el 24 de marzo de 2011 mediante Acta 0035.

Luego de posesionado el nuevo Fiscal General de la Nación doctor Eduardo Montealegre Lynett designó en abril de 2012 como Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI a la doctora Maritza Escobar Baquero, quien comenzó a perseguir laboralmente a la actora y a impedirle desarrollar en forma normal sus funciones como Directora Seccional del CTI, funcionaria que incidió directamente con la declaratoria de insubsistencia.

Relató los siguientes hechos como evidencias de los inconvenientes que sostuvo días previos de su retiro, con la Directora Nacional del CTI: i) requerimiento efectuado pasando por alto el permiso que previamente le había concedido a la actora durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 2012, para que le justificara las labores desarrolladas; ii) le impidió presentarle al Fiscal General el informe ejecutivo sobre el atentado al ex ministro Fernando Londoño; iii) suministró información a los medios de comunicación sobre un posible atentado a un juez de Paloquemo, hecho que perjudicó la investigación; iv) molestia que le generó por el hecho de que la actora había pedido una audiencia con el Fiscal General cuando la que la pidió fue la Directora Administrativa y Financiera que también se llama María Teresa; v) Requerimiento efectuado el 6 de junio de 2012 por la molestia que suscitó el hecho de que la demandante hubiera trasladado a la Oficina de Personal de la Fiscalía y no a la Dirección Nacional del CTI, la consulta elevada ante la Directora Seccional sobre la disponibilidad las 24 horas de dicho personal y, vi) los inconvenientes dentro de la investigación denominada “Tomás”, relacionada con una red delincuencial en la que estaban involucrados familiares de una funcionaria de la Dirección Seccional CTI, sin embargo la actora fue desautorizada por su jefe superior en las medidas que había adoptado.

Relató la actora que recibió una llamada de la funcionaria Soraine Martínez, quien le informó que la Directora Nacional no la quería volver a ver y que en adelante cualquier comunicación sería por su intermedio. El 7 de junio de 2012 salió una publicación en el portal “La Silla Vacía” titulada “Relevos en CTI de la Fiscalía develan presiones en caso de Sigifredo López” y que la Directora Nacional Maritza Escobar, había declarado el relevo de la demandante y en su reemplazo se había nombrado a la Jefe de la División de Criminalística de la Dirección Nacional del CTI.

El 30 de julio de 2012 se llevó a cabo el operativo que lideraba la Directora Seccional ahora demandante, en el que fueron capturados 15 individuos incluidos los familiares de la funcionaria de dicha seccional, operativo que dirigió pero en el que no pudo participar la señora María Teresa pues debido a la persecución laboral de la Directora Nacional, su salud se deterioró y fue incapacitada por la EPS Cafesalud durante dos días (viernes 27 y sábado 28 de julio de 2012), pero el lunes 30 nuevamente fue incapacitada por tres días más es decir, por los días 1, 2 y 3 de agosto de 2012.

Estando incapacitada la demandante el día 2 de agosto de 2012, la Directora Nacional del CTI dispuso que tanto su ex conductor como el Jefe de Personal de la Seccional Cundinamarca, se dirigieran a la residencia de la actora, con el fin de notificarle el contenido de la Resolución 0-1207 del 26 de julio de 2012 mediante la cual había sido declarado insubsistente su nombramiento. Como quiera que la doctora María Teresa Zárate no se notificó, se le dejó copia de la Resolución a través de su empleada doméstica.

Ante esta irregularidad, la actora dirigió el 4 de agosto de 2012 un derecho de petición a la Directora Nacional del CTI, solicitándole información acerca de la autoridad que había ordenado la vigilancia en su residencia, por lo que la notificación personal del acto demandado se surtió el 6 de agosto de 2012, mientras que la respuesta al derecho de petición fue remitida a la vivienda de la ex funcionaria el 8 de agosto de dicha anualidad.

Refirió la parte actora que en la misma fecha fueron también declarados insubsistentes siete directores seccionales del CTI a nivel nacional y, que el día 14 de agosto de 2012 la doctora Escobar Baquero declaró a los medios de comunicación, que se habían declarado insubsistentes a los directores seccionales, porque tenían investigaciones disciplinarias y penales, afirmación que atentó contra la buena imagen, dignidad y buen nombre de los desvinculados de la Fiscalía General y de sus familiares.

Advirtió la parte actora que la persona que la remplazó, fue ascendido durante cuatro oportunidades en un mes, desempeñando como último cargo antes de ser Director Seccional, el de Fiscal Local nivel inferior del cargo de Director, por lo que no reunía las calidades ni la experiencia para desempeñarlo, por lo que además de perjudicar personalmente a la actora desconoció el mejoramiento del buen servicio, además que le fue mancillado su nombre por los medios de comunicación como La República, RCN y Caracol, quedando en tela de juicio su excelente desempeño laboral durante 14 años en la entidad, al punto que le tocó acudir a un tratamiento psiquiátrico.

Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

De la Constitución Política los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 15, 25, 29, 53, 125 y 209. La Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 1285 de 2009 (sin citar una norma en particular); Ley 909 de 2004 (no cita norma en particular); la Ley 934 (sic) es 938 de 2004 (tampoco menciona un artículo en especial) al igual que el Decreto 261 de 2000. Citó como violados también los artículos 44, 137 y 138 del CPACA y la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011.

Luego de justificar las razones por las cuales el retiro de la demandante vulneró los principios de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de los cuales es titular la demandante, así como los derechos a la igualdad, a la intimidad, buen nombre, debido proceso y el desconocimiento de los principios que orientan la función administrativa, procedió a invocar como causales de nulidad del acto acusado la desviación de poder, falsa motivación y abuso de poder.

En cuanto a la causal de desviación de poder, apreció la parte actora que se evidencia por el hecho de que la Resolución N° 0-1207 del 26 de julio de 2012 mediante la cual se declaró la insubsistencia de la señora María Teresa Zárate Bocanegra, designó en su reemplazo al señor José Floresmiro Hernández González, persona que no reunía las calidades ni la experiencia de la saliente funcionaria. Aunado a que se desmejoró el servicio pues las investigaciones y actividades que venía adelantando la ex Directora, quedaron truncadas.

Adujo que si bien es cierto el acto acusado fue expedido por funcionario competente y de acuerdo a las formalidades, lo cierto es que utilizó el nominador sus poderes con fines distintos y contrarios al buen servicio público, contrariando la política institucional de la entidad, además que resultó un contrasentido que dos días antes del retiro, la actora había sido felicitada por los logros obtenidos y que el premio fue declararla insubsistente.

Respecto de la causal de falsa motivación se evidenció, por cuanto el cargo que desempeñaba la ex directora no era un cargo de confianza ni de libre nombramiento y remoción, por cuanto el empleo había sido reclasificado y había pasado del nivel directivo al nivel ejecutivo de la entidad mediante la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, motivo por el cual la entidad demandada no podía aducir que se trataba de un cargo de confianza, ya que esta resolución estaba vigente al momento de la declaratoria de insubsistencia. Aunado a que en el presente caso no se dio prevalencia al artículo 228 constitucional y fue desconocido el interés general traducido en la eficiente gestión adelantada por la actora.

Advirtió que el argumento del nominador relativo a que el retiro del servicio de la actora obedeció al hecho de que su cargo era de libre nombramiento y remoción como lo predica el acto acusado, no es ajustado a la realidad, además que desconoció el principio según el cual no existe discrecionalidad absoluta, por cuanto la libertad de que goza el nominador está instituida para efectos del mejoramiento del servicio y, en el presente caso sucedió lo contrario, pues resultó desmejorado con el nombramiento del reemplazo de la actora.

En cuanto a la causal de abuso de poder indicó que el Fiscal General de la Nación se aprovechó de su poder dominante, al retirar del servicio a la actora sin importarle las calidades profesionales y el buen servicio que venía prestando a la entidad, como quiera que el único argumento que esgrimió para dicha decisión fue que el cargo era de libre nombramiento y remoción y porque pertenecía al nivel de empleados de confianza.

Reparó en el hecho de que el reemplazó de la demandante, fue ascendido en un mes durante cuatro veces con el fin de no hacer tan visible el cambio de cargo y así poder acceder al nombramiento del cargo que ocupaba la doctora Zárate Bocanegra, quien además contaba con más de catorce años de experiencia en la entidad demandada.

Criticó que a la actora no se le dio la oportunidad de controvertir el acto de insubsistencia, por cuanto lo único que conoció fue la comunicación del mismo, lo que evidencia el abuso de poder por parte del Fiscal General de la Nación, quien no reparó previamente la hoja de vida de la actora, con el fin de verificar su experiencia en la institución.

Contestación de la demanda

2.1. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso

El señor José Floresmiro Hernández González vinculado a la actuación, en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso en vista de que fue la persona designada en reemplazo de la demandante, se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que carece de sustento fáctico y jurídico.

Afirmó, que al momento de la insubsistencia, la actora no se encontraba escalafonada en el régimen de carrera administrativa de la Fiscalía General de la Nación, como quiera que el cargo del cual fue desvinculada es de libre nombramiento y remoción, por lo que el acto acusado fue expedido por el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, decisión que no requería de motivación y que al no gozar de ningún fuero de estabilidad, bien podía ser declarada insubsistente.

Adujo que el acto demandado no transgredió el ordenamiento jurídico vigente, según el cual el cargo de Director Seccional es de libre nombramiento y remoción, facultad ejercida por el nominador en virtud del artículo 251 numeral 2 de la Carta Política en concordancia con el numeral 20 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004. Recordó que el acto de insubsistencia se presume legal y que tiene como inspiración las razones del buen servicio.

Desvirtuó la supuesta desviación de poder, por cuanto la parte actora no logró acreditar que el acto de insubsistencia no tuvo como cometido el mejoramiento del buen servicio público y el interés general, ya que la expedición del acto acusado no tiene una finalidad contraria a la legislación, además que la actora no comprobó está causal. Igual sucede con la falsa motivación, pues no existe divergencia entre la realidad fáctica y la jurídica inmersa en la desvinculación.

Esgrimió que la excelente trayectoria laboral de la actora, así como la ausencia de llamados de atención, no alcanzan a enervar la facultad discrecional que detenta la autoridad nominadora. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de requisito de procedibilidad por cuanto el señor Hernández González no fue convocado a la diligencia de conciliación ante la Procuraduría Judicial II para asuntos administrativos; ii) caducidad de la acción al no haber sido interpuesta dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición de la Resolución el 26 de julio de 2013; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el señor Hernández no participó en la expedición del acto demandado.

2.2. Por parte de la Fiscalía General de la Nación

La apoderada de la entidad demandada también se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al afirmar que el acto acusado fue la expresión de la facultad discrecional de la autoridad nominadora, en vista de que el cargo ocupado por la actora era de libre nombramiento y remoción.

Recordó que la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción se le confirió a la Administración por razones de interés público, decisión que debe prevalecer sobre los intereses privados de carácter laboral de los servidores públicos, por lo que la protección al derecho al trabajo llega al límite que le impone el interés general.

Señaló que el cargo de Director del CTI a la luz de la Ley 938 de 2004, corresponde a un cargo que implica el ejercicio de funciones delegadas, de conducción, de orientación institucional y por supuesto de confianza, que en el caso del cargo de Director Seccional del CTI de Cundinamarca se exigía en mayor grado.

Descartó la supuesta desviación de poder endilgada al acto de retiro, por cuanto no existe prueba de que la decisión del retiro obedeció a razones distintas a la facultad de dirección y organización que le confiere la legislación, como tampoco evidencia la falsa motivación ni una finalidad encubierta, pues la decisión adoptada corresponde al contenido del mismo acto acusado. Adujo que la idoneidad y buen desempeño, en tratándose de cargos de libre nombramiento, no generan fuero de estabilidad.

La Audiencia Inicial

El Despacho instructor de primera instancia convocó a la audiencia inicial del artículo 180 CPACA, a la cual asistieron los defensores de los extremos litigiosos pero no hicieron presencia ni el Ministerio Público ni el delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; declaró la improsperidad de las excepciones de falta del requisito de procedibilidad, caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por el señor José Hernández. Señaló como fijación del litigio, determinar si el acto acusado se encuentra viciado de nulidad al haberse proferido con desviación de poder, falsa motivación y/o abuso de poder, en caso afirmativo determinar si procede el restablecimiento del derecho deprecado.

La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C mediante sentencia del 6 de junio de 2014 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

No encontró acreditada la causal de falsa motivación que la parte actora endilgó, por el hecho de que la Resolución N° 2-4145 de 2011 dispuso que el cargo de Director Seccional del CTI pasó de ser del nivel directivo al ejecutivo en la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, al considerar el fallador que la Ley 938 de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, en el artículo 59 dispuso que los directores seccionales son de libre nombramiento y remoción, cargo del cual fue desvinculada la demandante.

Advirtió que a pesar de que el cargo fue reclasificado al nivel ejecutivo mediante la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, este acto resulta contrario a la Ley 938 de 2004, además que desconoce también los artículos 17 y 19 de la misma legislación que le otorgan al Fiscal General de la Nación la facultad de expedir los manuales para la organización administrativa de la entidad y el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos, pero no para clasificarlos ni para modificar la naturaleza de los mismos en la Fiscalía, pues dicha atribución la tiene únicamente el Congreso de la República y excepcionalmente el Presidente de la República.

Por lo anterior, fue enfática la primera instancia en señalar, que el cargo de Director Seccional del CTI de Cundinamarca a la fecha del fallo, conservaba la naturaleza de ser un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que inaplicó en el sub judice, la Resolución N° 2-4145 de 2011 que la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación profirió, desatendiendo normas legales de carácter superior.

Afianzó la anterior determinación, en el hecho de que el Decreto 017 de 2014 “Por el cual se definen los niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación”, en los artículos 2°, 3°, 8° y 9° al cambiar la denominación del cargo de Director Seccional del CTI por el de Subdirector Seccional, ratificó la naturaleza y nivel jerárquico como un cargo del nivel directivo, empleo que exige del grado de confianza tal y como se interpreta del Manual de Funciones, por lo que mal podría equipararse a un cargo del nivel ejecutivo ya que se desconocería el artículo 253 superior.

Siendo ello así, para el a quo al tenerse la certeza de que el cargo ocupado por la ex Directora Seccional del CTI era de libre nombramiento, bien podía el nominador ejercer su facultad discrecional que no requería de motivación alguna, pues se trata de una presunción de legalidad que la demandante tenía la carga probatoria de desvirtuar, pues son las razones del buen servicio las que deben primar.

Respecto de la causal de desviación de poder tampoco la encontró acreditada en el acto demandado, luego de analizar el abundante acopio probatorio al considerar: i) resulta innegable el amplio perfil profesional y alto compromiso desplegado por la actora, pero no se puede deducir que su retiro obedeció a retaliaciones de la Directora Nacional del CTI, pues la insubsistencia fue suscrita directamente por el Fiscal General de la Nación y no obra prueba que acredite que esta determinación obedeció a intereses subjetivos; ii) los oficios mediante los cuales la Directora Nacional le reiteró a la demandante la obligación de agotar el conducto regular previo a acudir directamente ante el Fiscal, no evidencian ninguna persecución en contra de la actora ni evidencia enemistad pues se trata de documentos internos que demuestran el trato normal entre la jefe y la subalterna.

Por otra parte, tampoco evidenció la desviación de poder y el supuesto desmejoramiento del servicio por el hecho de haberse designado en reemplazo de la actora al señor José Floresmiro Hernández, como quiera que revisada su hoja de vida, este funcionario cumplió con los requisitos de título de formación avanzada y cuatro años de experiencia profesional, al ostentar el título de abogado titulado desde el año 1999, con especialización en derecho procesal penal desde el año 2000, además de los distintos cursos a nivel nacional e internacional en que participó, aunado a que tiene más de diez años de experiencia profesional en el ente investigador. Desvirtuó que hubiera sido ascendido cuatro veces en un mes como lo endilgó la demandante, pues apenas le precedió el nombramiento como Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá.

En cuanto a las declaraciones recepcionadas advirtió la primera instancia lo siguiente: i) los testigos fueron coincidentes en afirmar que no conocían exactamente los motivos que conllevaron a la declaratoria de insubsistencia de la actora; ii) la declarante Gina Alexandra Velásquez afirmó que es cierto que la Directora Nacional no respondía las llamadas de la actora y que evidenció que no había una muy buena relación, pero nunca afirmó que el retiro fue por retaliación, enemistad o persecución, igual sucedió con la testigo Olga Yaneth Prada Vargas, quien de manera enfática afirmó “persecución sistemática la desconozco”, en cambio sí refirió que tuvo conocimiento del inconveniente presentado por un permiso que había solicitado la actora; iii) según el testimonio del señor Hugo Alberto Cárdenas Valdivieso “Pues era una relación laboral armónica la Dirección Nacional trazaba unas metas y nosotros en las seccionales las cumplíamos teníamos una comunicación fuerte con la Dirección Nacional”.

Respecto del desmejoramiento del servicio debido a la falta de experiencia del designado reemplazo de la demandante, el a quo consideró que la prueba testimonial desvirtuó esta afirmación de la actora, de acuerdo con las declaraciones rendidas por los señores Ángel Manuel Castillo Padilla y Hugo Alberto Cárdenas Valdivieso, aunado a que la declaración rendida por Gina Alexandra Velásquez Montenegro no aporta detalle sobre el particular, pues adujo que a ella no le constaba ya que había sido trasladada a los 10 días después del retiro de la actora.

En cuanto al testimonio rendido por la doctora Carmen Maritza González Manrique, quien refirió que sí existió una persecución laboral no sólo en contra de la actora sino también en contra de las personas cercanas que le colaboraron cuando ella fungió como Directora Nacional del CTI, la primera instancia consideró que debe analizarse con detenimiento como quiera que la declarante también interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho por circunstancias similares a las que ahora se discuten.

El a quo desestimó el argumento del excelente desempeño profesional y laboral desplegado por la actora durante su permanencia en el ente investigador, por cuanto ha sido prolífica la jurisprudencia en considerar que la idoneidad profesional y el buen desempeño de sus funciones, no le otorgan a su titular prerrogativa de permanencia en el cargo, pues es lo mínimo que se le puede exigir a todo servidor público.

Respecto de la causal de abuso de poder endilgada al acto acusado, la primera instancia consideró que sus fundamentos son los mismos utilizados para sustentar el cargo de desviación de poder, por lo que resultaba innecesario un nuevo estudio, razón por la cual fue desestimado.

Fundamento del recurso de apelación

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria del fallo impugnado al considerar que carece de un estudio objetivo del caso, por lo que “en forma irregular” negó las súplicas de la demanda. Los argumentos de inconformidad son los siguientes:

Insistió que el cargo que ocupaba la demandante no era del nivel Directivo de la Fiscalía General, por cuanto la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, al modificar el Manual de Funciones, competencias laborales y requisitos, dispuso que el empleo de Director Seccional del CTI pasó del nivel Directivo al Ejecutivo, en consecuencia, dejó de ser de confianza motivo por el cual está viciado de nulidad.

El apelante desmintió al fallador de primera instancia, por cuanto no es cierto que en la demanda se hubiera afirmado que el cargo de la Directora Seccional del CTI no era de libre nombramiento y remoción como lo señaló el fallo impugnado, por cuanto lo que se discute es que no obstante esta circunstancia lo que debió verificar el a quo, fue que el retiro operaba únicamente para el mejoramiento del servicio, lo que no se configuró en el presente caso. De allí que el retiro de la demandante sin duda tipificó la falsa motivación endilgada que ameritaba la declaratoria de nulidad.

Reprochó que la ponencia le hubiera negado a su arbitrio el valor que tiene la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, por cuanto dicho acto estaba vigente, había sido expedido por el nominador de la Fiscalía General de la Nación en virtud de la Ley 938 de 2004 y no había sido anulado para la fecha de expedición de la resolución de insubsistencia, afirmando “con jueces como el señor ponente las Entidades del Estado no necesitan defensores, por cuanto lo hace muy bien de oficio”.

Solicitó a esta instancia judicial que en el presente caso, la Sala falle en el mismo sentido en que lo hizo en los precedentes judiciales en los que se analizó el tema del límite que debe tener la discrecionalidad en la facultad de remoción de los servidores públicos por parte de sus nominadores.

El impugnante afirmó que a pesar de la presunción de legalidad del acto de retiro, lo cierto es que sí admite prueba en contrario, la cual fue aportada por la demandante “cosa diferente la miopía del fallador que no analizó ni tuvo en cuenta el material probatorio recopilado, pues …no hay peor ciego que el que no quiere ver”, como quiera que el retiro de la señora Zárate Bocanegra fue arbitrario e ilegal y, que en este caso estaban en igualdad las partes por lo que la carga probatoria no la tenía únicamente la actora.

Sostuvo que la entidad demandada no demostró cómo y en qué forma pretendía mejorar el servicio público, mientras que la actora sí logró acreditar la excelencia en la prestación del mismo, por lo que no hay duda alguna que se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, ya que el principio de igualdad de las partes en el proceso no se dinamizó por incapacidad probatoria del ente demandado.

El apelante cuestionó que el fallador de primera instancia no realizó un estudio objetivo y serio del material probatorio recopilado, ya que la Fiscalía no demostró que el retiro de la actora hubiera obedecido al mejoramiento del servicio, menos aún que la Seccional Cundinamarca del CTI no estuviera cumpliendo a cabalidad con sus funciones operativas y en cambio sí se acreditó que con su retiro, se produjo un claro desmejoramiento.

Respecto de la causal de desviación de poder, afirmó que sorprende la ligereza del análisis efectuado, como quiera que el a quo no valoró las pruebas que la acreditan, ya que efectuó un análisis sesgado, una valoración irregular y simple, olvidando que por tratarse de un cargo que difícilmente cuenta con prueba directa debía recurrir a la prueba indiciaria, “ya que los testimonios ni siquiera fueron valorados en su integridad”.

Respecto de la consideración según la cual el excelente servicio prestado por la demandante no impedía el retiro del cargo, manifestó el censor que si bien es cierto es innegable dicha postura jurisprudencial, igualmente lo es que “debe analizarse la prueba en su conjunto y no como en forma exegética lo hace el A-QUO, pues además el mismo Consejo de Estado sobre este tópico ha dicho que el buen servicio sí se debe tener en cuenta, pues de esta depende el buen funcionamiento de la administración pública…”.

Respecto del cumplimiento de los requisitos del designado reemplazo de la demandante, afirmó que “siendo objetivos no acredita experiencia específica para el cargo, esto simplemente es la forma del A- QUO (sic) acomodar su fallo unos planteamientos serios y veraces”.

Afirmó que la primera instancia desconoció en forma sesgada, el material probatorio al negar las súplicas de la demanda, por lo que deprecó un estudio juicioso de la segunda instancia, como quiera que el hecho de que el acto acusado no hubiera sido firmado por la Directora Nacional del CTI, tal circunstancia no desdibuja la persecución que dicha funcionaria emprendió en contra de la actora, desconociendo el verdadero funcionamiento al interior de las entidades estatales.

6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

6.1.La parte demandante descorrió el traslado de alegatos de conclusión, mediante escrito en que el reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

Reiteró que el cargo que ocupaba la demandante al pasar al nivel ejecutivo, dejó de ser de confianza, motivo por el cual perdió justificación la declaratoria de insubsistencia del cargo; su desvinculación no obedeció al mejoramiento del servicio sino a la persecución que en su contra emprendió la Directora Nacional del CTI doctora Maritza Escobar Baquero, quien además de ser la superior jerárquica de la actora tenía línea directa con el nominador, pero que el retiro no obedeció a razones de deficiencia en las labores desempeñadas.

El acto adolece de desviación de poder como quiera que los motivos oscuros de carácter personal que orientaron la insubsistencia, fueron contrarios a los que la ley confirió la facultad discrecional al nominador, aunado a que el designado reemplazo carecía de la experiencia, idoneidad y calidades profesionales para ocupar el cargo.

Recalcó que no existe discrecionalidad absoluta, por lo que se debe justificar que el retiro fue por razones del mejoramiento del servicio lo que en el sub judice no se dio, además que es evidente la falsa motivación por cuanto, en el acto acusado se adujo que había sido por razones de confianza que se había adoptado la decisión, pero lo cierto es que no existe prueba de la desconfianza, además que es falso haber afirmado que el cargo era del nivel directivo, cuando era del ejecutivo. Pidió que se ahonde en la prueba testimonial que acredita los verdaderos motivos del retiro.

6.2. La Fiscalía General de la Nación también radicó escrito contentivo de alegatos de conclusión, mediante el cual solicitó sea confirmado el fallo de primera instancia, por cuanto el cargo desempeñado por la demandante al ser de libre nombramiento y remoción, el nominador podía ejercer en cualquier momento su facultad discrecional, sin que por tal decisión le hubieran sido violados los derechos constitucionales a la actora, como lo planteó en la demanda.

Desvirtuó que en el presente caso se hubiera incurrido en las causales de nulidad de desviación de poder y de falsa motivación, como quiera que la actora no acreditó que se hubiera desmejorado el servicio con ocasión del nombramiento del funcionario que la reemplazó, pues tal y como lo observó la primera instancia, reunía los requisitos para ocupar el cargo.

Respecto de las pruebas testimoniales señaló que los declarantes fueron coincidentes en referirse a la ocurrencia de la declaratoria de insubsistencia pero debido a que así se los informó la demandante pero no porque se hubiera presentado algún tipo de persecución laboral, ni evidenciaron el interés subjetivo en la desvinculación de la actora, pues lo que sucedió fue el ejercicio del poder discrecional del nominador.

De acuerdo con certificación secretarial el Delegado del Ministerio Público, guardó silencio al no radicar concepto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Problema Jurídico

En el presente caso corresponde a la Sala determinar, si los argumentos de inconformidad planteados por la parte actora, resultan suficientes para revocar el fallo impugnado que negó las súplicas de la demanda, al considerar que el acto acusado mediante el cual se declaró la insubsistencia del cargo que ocupaba la actora en la Fiscalía General de la Nación como Directora Seccional del CTI de la Seccional Cundinamarca, no adolece de las causales de nulidad de falsa motivación ni desviación de poder endilgadas por la actora o, si por el contrario se evidenció el desmejoramiento del servicio entre otros argumentos de censura.

Bajo esta óptica y en los términos del recurso de apelación, la Sala analizará si por el hecho de que el cargo de Director Seccional del CTI hubiera sido reclasificado al pasar del nivel directivo al nivel ejecutivo, en virtud de la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 interna de la Fiscalía General de la Nación, desconoció que en todo caso se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción que lleva implícito el grado de confianza como factor determinante en la facultad discrecional del nominador. Igualmente se analizará si la prestación del servicio se desmejoró con el nombramiento del funcionario que reemplazó a la demandante y, si el acto acusado encubrió la persecución laboral de la que dice fue objeto la demandante por parte su jefe y superior jerárquica.

Con el objeto de desarrollar el problema jurídico planteado la Sala desarrollará el siguiente esquema: 2.1. Acto administrativo demandado; 2.2. Marco normativo y jurisprudencial en torno a la facultad discrecional del nominador en cargos de libre nombramiento y remoción; 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto; 2.4.1. Respecto de la causal de falsa motivación relacionada con la naturaleza jurídica del empleo de Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, alcance de la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011; 2.4.2. En cuanto a la casual de desviación de poder endilgada por la demandante.

Acto administrativo objeto de demanda

“RESOLUCIÓN N° 01207
26 de Julio de 2012
‘Por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento’

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, las conferidas por los artículos 125 y 251, numeral 2° de la Constitución, 130 de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 938 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 130 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia clasifica el cargo de Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación, como empleo de libre nombramiento y remoción.

Que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, clasifica los empleos de la Fiscalía General de la Nación según su naturaleza y la forma como deben ser provistos en cargos de carrera y libre nombramiento y remoción.

Que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, señala la competencia del Fiscal General de la Nación para proveer y remover libremente, entre otros, los cargos de Directores Seccionales de la entidad, al calificarlos como empleos de esa naturaleza.

Que, en todo caso, las funciones asignada por el artículo 30 de la Ley 938 de 2004, a las Direcciones Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación, muestran que ese cargo pertenece al ámbito de dirección institucional.

Que la doctora MARÍA TERESA DE JESÚS ZÁRATE BOCANEGRA fue nombrada Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Dirección Seccional del CTI de Cundinamarca, mediante Resolución 0-0811 del 23 de marzo de 2011, ‘Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción’.

Que la designación y desvinculación de los servidores en cargos de libre nombramiento y remoción puede efectuarse por razones de confianza intuito personae en orden a plasmar y ejecutar políticas generales diseñadas por el nominador.

Que la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional (entre otras en las sentencias C-734 de 2000, T-857 de 2007 y T-187 de 2010) y del Consejo de Estado (sentencias del 2 de septiembre de 2010, expediente 1529-09, del 13 de mayo de 2010, expediente 1293-08 y 9 de julio de 2009, expediente 5624-05, todas con ponencia de Bertha Lucía Ramírez de Páez, del 4 de agosto de 2010, expediente 0516-07, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y 19 de agosto de 2010, expediente 2622-07, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero), indica que la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, es procedente sin procedimientos o condiciones, porque la organización del equipo de trabajo implica un cierto margen de libertad para decidir con qué funcionarios cumple mejor la Administración los fines encomendados.

Que por las razones anotadas en precedencia, el Fiscal General de la Nación

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento de la doctora MARÍA TERESA DE JESÚS ZÁRATE BOCANEGRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.441.336, quien en la actualidad ocupa el cargo de Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cundinamarca.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y contra ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. el 26 de julio de 2012

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación”

2.2. Marco normativo y jurisprudencial en torno a la facultad discrecional del nominador en cargos de libre nombramiento y remoción

El artículo 125 de la Constitución Política, señala la forma de provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, previendo que la regla general son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y aquellos que expresamente determine el legislador.

Por su parte, el artículo 253 de la Carta Política dispuso que: «La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia». En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto 261 del 22 de febrero de 2000 “Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones” normatividad derogada por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.

Mediante la promulgación de la Ley 270 de 1996 «Ley Estatutaria de Administración de Justicia», en su artículo 130, estableció la clasificación de los empleos y catalogó dentro de los de libre nombramiento y remoción, el cargo de Director Seccional adscrito a la Fiscalía General de la Nación, cargo desempeñado por la demandante, que se caracteriza por poseer funciones de conducción y orientación institucional, y para su desempeño se requiere de un alto grado de confianza, con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 938 de 2004.

En estos casos, el factor determinante para la provisión de estos cargos, radica en la confianza y responsabilidad que se exige para el desempeño de las funciones encomendadas, circunstancia que le permite al nominador disponer libremente para seleccionar y retirar a sus empleados, atendiendo las labores a desarrollar y el grado de confiabilidad que se insta, incluso sin que se haga necesario expresar los motivos para adoptar tal determinación.

La Ley 909 de 2004 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», estableció en el numeral 2 del artículo 3º, que se aplicará de manera supletoria a las carreras especiales, entre las que se contempla a la Fiscalía General de la Nación, en los casos en que se presente vacíos normativos. Sin embargo, esta disposición estableció la discrecionalidad del nominador para el retiro de empleos de libre nombramiento y remoción, mediante acto no motivado. En efecto, el artículo 41 ídem, dispuso:

«El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;
(…)
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

Conforme a la transcripción realizada, en tratándose de empleos de libre nombramiento y remoción, el legislador quiso que el sistema de retiro se hiciera mediante acto no motivado, de tal suerte que el nominador en ejercicio de la facultad discrecional que le asiste, procediera a la desvinculación, siempre y cuando la necesidad del mejoramiento del servicio así lo aconsejara. No obstante, es de competencia de las partes desvirtuar o probar, según sea el caso, la presunción de legalidad de la cual se encuentran revestidos todos los actos administrativos.

Respecto de los límites constitucionales y legales para ejercer la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, resulta ilustrativo el siguiente precedente aportado por la Subsección A de esta misma Sección:

“Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Así las cosas, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que pasar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.

En otras palabras, es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2.º, contempla la facultad discrecional de remover a los empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción.

Aunque de acuerdo con la norma, la remoción de empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad. En otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional indicó que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Asimismo, la Subsección ha sostenido que la facultad de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida bajo los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado, supone la existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio.

Por su parte, el artículo 44 del CPACA señala que en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza, y «proporcional» a los hechos que le sirven de causa. Lo anterior supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».
2.3 Hechos probados

De conformidad con el material probatorio recaudado en el proceso, se encuentran acreditados los siguientes hechos objeto de debate:

2.3.1. Vinculación de la demandante a la Fiscalía General de la Nación

Mediante Resolución N° 0786 del 1° de abril de 1998 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Profesional Especializado de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación a MARÍA TERESA ZÁRATE BOCANEGRA. Esta decisión fue aclarada mediante Resolución N° 0-1015 del 11 de mayo de 1998. Mediante Acta de Posesión N° 0467 del 14 de mayo de 1998, fue posesionada la demandante en el cargo de Profesional Especializado, de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.

2.3.2. Actos administrativos sobre los traslados en los distintos Grupos de Trabajo de la Fiscalía General de la Nación

2.3.3. Nombramiento de la demandante en el cargo del cual fue desvinculada

Mediante Resolución N° 0-0811 del 23 de marzo de 2011 fue nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción la doctora María Teresa de Jesús Zárate Bocanegra, como Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cundinamarca.

2.3.4. Reconocimientos y felicitaciones

Efectuados por los funcionarios de rango superior de la demandante dentro de la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales reconocieron la loable función desempeñada por la actora mientras fungió como Directora Seccional del CTI Seccional Cundinamarca.

2.3.5. Informe de Gestión

Documento que contiene el Informe de Gestión de la Dirección Seccional del CTI Cundinamarca y Amazonas periodo marzo 24 de 2011-julio 30 de 2012, elaborado por la actora María Teresa Zárate Bocanegra.

2.3.6. Cruce de comunicaciones oficiales entre la Directora Nacional del CTI y la demandante

Aparecen los distintos oficios y prueba documental que acredita la relación laboral entre la Dirección Nacional del CTI y la Dirección Seccional del CTI Cundinamarca, durante el periodo 16 de mayo al 4 de julio de 2012. También figura el artículo periodístico en el portal La Silla Vacía titulado “Relevos en CTI de la Fiscalía develan presiones en caso Sigifredo López.

2.3.7. Certificación del 23 de agosto de 2012 expedida por el Gerente General Admejores Seguridad Ltda, Libro de Minuta y Libro de Control de Visitantes

Documentos mediante los cuales la parte actora acredita el procedimiento llevado a cabo el día 2 de agosto de 2012, por personal de la Fiscalía General de la Nación en la recepción de su vivienda, quienes intentaron notificarle el contenido de la Resolución N° 0-1207 del 26 de julio de 2012 por la cual había sido declarada la insubsistencia de su cargo.

2.3.8. Informe rendido por el ex conductor de la desvinculada funcionaria ahora demandante

En el cual refirió la forma como se llevó a cabo la diligencia de notificación del acto de insubsistencia.

2.3.9. Derecho de petición - información del 4 de agosto de 2012

Dirigido por la doctora María Teresa Zárate Bocanegra a la Directora Nacional del CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual le solicitó le informara las razones por las cuales había sido objeto de vigilancia pasiva en su residencia y otra serie de inquietudes planteadas en el escrito

2.3.10. Respuesta al anterior derecho de petición

Mediante oficio DNCTI 701754 del 8 de agosto de 2012 suscrito por la Fiscal Especializada en Comisión de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, respondió las inquietudes planteadas por la actora.

2.3.11. Incapacidades médicas y autorización de servicios

Figuran los certificados de licencias o incapacidades de la paciente María Teresa Zárate Bocanegra, durante los días 28 de julio de 2012, 1° y 3 de agosto de 2012 expedidos por CAFESALUD

2.3.12. Carencia de antecedentes disciplinarios, de Policía Judicial y Fiscal de la demandante

Expedidos por la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y la Contraloría General de la República que acreditan que en contra de la actora no figura antecedente disciplinario, ni fiscal ni judicial alguno en su contra

2.3.13. Certificaciones artículos periodísticos

Expedidas por Editorial El Globo S.A., La República, Semana, RCN, Caracol Radio mediante las cuales acreditaron los artículos periodísticos publicados en estos medios de comunicación, relacionados con el relevo de siete directores seccionales del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

2.3.14. Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011

Figura la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 “Por la cual se modifica el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los cargos de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con la modificación de la Planta de Personal efectuada con ocasión de la incorporación directa de servidores públicos que se venían desempeñando en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS a la Entidad”, expedida por la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación

2.3.15. Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los cargos de la Fiscalía General de la Nación

Documento que obra a folios 215-217 del Cuaderno Principal 1.

2.3.16. Hoja de vida de la demandante

Figura a folios 218-424 del Cuaderno Principal N° 1; en el cuaderno N° 1 de antecedentes administrativos (folios 1-86); cuaderno N° 2 de antecedentes administrativos (folios 1-113); cuaderno N° 3 de antecedentes administrativos (folios 1-62) y en el cuaderno N° 4 de antecedentes administrativos (folios 1-62).

2.3.17. Hoja de Vida del funcionario que reemplazó a la demandante

Fue allegada al expediente la hoja de vida del doctor José Floresmiro Hernández González, quien reemplazó a la doctora María Teresa Zárate Bocanegra en el cargo de Director Seccional del CTI Cundinamarca

2.3.18. Prueba testimonial

La cual fue recepcionada por la primera instancia los días 4 de diciembre de 2013 y 19 de febrero de 2014, según consta en las actas N° 77 y N° 12 respectivamente y en el medio magnético los cds de la grabación

2.4. Caso concreto

La parte demandante interpuso el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que la Resolución N° 0- 1207 del 26 de julio de 2012 que declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de Directora Seccional del CTI Cundinamarca, adolece de las causales de nulidad de falsa motivación, por cuanto la demandante no ocupaba un cargo directivo sino un cargo del nivel ejecutivo en la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual no se podía predicar la motivación del acto enjuiciado relativa al nivel de confianza propio de un cargo de libre nombramiento.

Invocó también la causal de desviación de poder, por cuanto la desvinculación de la actora no procuró el mejoramiento del servicio público, como quiera que el reemplazo de la retirada funcionaria, no reunía las calidades ni la experiencia para ocupar dicho cargo, al tiempo que la verdadera razón de la desvinculación obedeció a la persecución laboral de la que fue objeto por parte de la Directora Nacional del CTI.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, al no evidenciar ninguna de las causales de nulidad deprecadas por la demandante, luego de efectuar un análisis integral del material probatorio allegado al expediente, con fundamento en el cual se pronunció sobre la naturaleza del cargo desempeñado por la actora y decidió inaplicar para el caso sub judice la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, mediante la cual reclasificó el cargo de Director Seccional del nivel directivo al nivel ejecutivo.

A juicio del a quo, el empleo que desempeñaba la actora es de libre nombramiento, en el que el nominador goza de facultad discrecional para remover a los funcionarios, en tratándose de cargos en los que el nivel de confianza juega un papel determinante en la gestión institucional, por lo que le correspondía a la demandante, desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia cometido que no se logró.

Desestimó la causal de desviación de poder endilgada por la actora, al considerar que no se acreditó que la decisión adoptada por el Fiscal General de la Nación, fue producto de la persecución laboral emprendida en su contra por quien en dicho momento ocupaba la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico del Servicio, como tampoco evidenció el desmejoramiento del servicio público con ocasión del nombramiento del reemplazo de la actora señor José Floresmiro Hernández, por cuanto sí reunió los requisitos para ocupar el cargo. A las anteriores conclusiones arribó el a quo luego de valorar la prueba documental y testimonial obrante en el expediente.
Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria del fallo impugnado, mediante cuestionamientos que esta instancia no acepta, como quiera que por el hecho de que no se le hubiera dado la razón en las pretensiones de la demanda, no lo justificaba para efectuar apreciaciones peyorativas a título personal en contra del magistrado ponente de primera instancia.

Por tanto, al margen de las apreciaciones subjetivas los cuestionamientos que sí contienen un sustento jurídico en contra de la providencia recurrida se pueden resumir en los siguientes: en primer lugar, insistió en que el cargo de Director Seccional del CTI no es del nivel directivo sino del Ejecutivo dentro de la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, por lo que no se le podía exigir a la actora el nivel de confianza propio de los empleados del nivel directivo. En todo caso advirtió el apelante, que nunca ha puesto en tela de juicio que sí se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción.

En segundo término, el impugnante consideró que la carga de la prueba no la tenía exclusivamente la parte actora, sino que era compartida con la Fiscalía General de la Nación entidad que no logró justificar las razones del retiro de la actora, pues la funcionaria sí acreditó la excelencia en la prestación del servicio durante su permanencia en el ente investigador a lo largo de más de trece años, mientras que con su retiro se desmejoró el servicio como quiera que el designado reemplazo no reunía las exigencias para ocupar el cargo, entre ellas la experiencia específica.

Por otra parte, censuró que el a quo fue ligero al no haber efectuado una valoración probatoria de la prueba testimonial, además que debió tener en cuenta la prueba indiciaria, con fundamento en la cual pretende acreditar la desviación de poder dada la persecución laboral de la que fue objeto la demandante por parte de la Directora Nacional del CTI, funcionaria que indujo al Fiscal General de la Nación para que expidiera el acto acusado.

Teniendo en cuenta los anteriores cuestionamientos que en últimas reiteran las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder, como quiera que respecto de la relativa al abuso de poder no esgrimió confrontación alguna, la Sala entra a resolver el fondo del asunto con fundamento en los siguientes argumentos.

2.4.1. Respecto de la causal de falsa motivación relacionada con la naturaleza jurídica del empleo de Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, alcance de la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011

Observa la Sala que no obstante el apelante haber afirmado que no puso en tela de juicio que el cargo del cual fue retirada la demandante, es de libre nombramiento y remoción, lo cierto es que al haber afirmado “nunca se dijo y lo hace el A-QUO para tergiversar y sesgar su fallo y esto lo que encuadra es una clara vía de hecho, pues con afirmaciones de esta índole no podía ser otro su sesgado fallo”, no cabe duda alguna que en realidad sí estaba cuestionando la naturaleza del empleo, no de otra manera puede interpretarse el esfuerzo desplegado por desligar el factor de la “confianza” inherente y que se predica para dichos cargos.

De tal manera que resulta contradictoria la postura asumida por la parte actora en el sentido de no admitir que sí debatió la naturaleza del cargo de libre nombramiento y remoción del cual fue retirada, pero al mismo tiempo pregonar que no se podía invocar la confianza propia de quienes desempeñan estos empleos, con el argumento de la reclasificación del cargo en el ente investigador al pasar del nivel directivo al ejecutivo mediante la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 expedida por la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo estableció en el artículo 2° que dice:

“Artículo 2°. Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la Fiscalía General de la Nación se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Pertenecen a este nivel: el Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General, el Secretario General, el Director Nacional de Fiscalías, el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, el Director Nacional Administrativo y Financiero, el Director de Asuntos Internacionales, los Jefes de la División Administrativa y de la División Financiera de la Dirección Nacional Administrativa y Financiera y los Jefes de la División Criminalística y de la División de Investigaciones de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.

Nivel Asesor. (…)
Nivel Ejecutivo. Comprende los empleos con funciones de ejecución, supervisión, coordinación y control de las dependencias responsables de administrar, desarrollar y ejecutar las políticas, planes y proyectos. Pertenecen a este nivel: los Directores Seccionales de Fiscalías, los Directores Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación, los Directores Seccionales Administrativos y Financieros, el Director de la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses y los Jefes de las Unidades de Policía Judicial.” (negritas fuera de texto)

De acuerdo con los apartes transcritos, resulta indiscutible que mediante Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, el cargo de Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI fue ubicado en el nivel ejecutivo en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, es decir, que para la fecha en que se expidió el acto acusado -Resolución N° 0-1207 del 26 de julio de 2012- se encontraba vigente el mencionado acto administrativo.

No obstante lo anterior, se observa que esta reclasificación no era procedente motivo por el cual fue acertada y ahora se comparte la decisión de la primera instancia de inaplicar para el caso sub exámine, la Resolución N° 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 expedida por la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto lo cierto es que al juez contencioso le está permitido inaplicar una norma o un acto administrativo, en vista de su competencia para efectuar los juicios de legalidad de los mismos por lo que de suyo dicha competencia la tiene también, en dado caso, para levantarle de manera temporal dicha presunción, con fundamento en un juicio de valor previo en el que concluyó la evidente confrontación del acto a inaplicar frente al ordenamiento legal de carácter superior.

De tal manera que al evidenciar la primera instancia que la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 era contraria a las normas en que debía fundarse o a las cuales estaba sometida por virtud de la jerarquía normativa, con acierto decidió inaplicarla en el presente caso, decisión que es compartida en sede de segunda instancia.

Sobre este particular, resulta pertinente el siguiente aporte jurisprudencial de la Sección Cuarta:

“Eso es así, porque la figura permite que, en determinado caso concreto, y para efectos que recaen solo sobre la situación particular que examina el juez administrativo, puedan inaplicarse aquellos actos que por ser contrarios a las normas de las cuales derivan su validez, dan lugar a la ruptura de la armonía normativa.
(…)
En ese sentido, la posibilidad de inaplicar las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional o legal deben subordinarse, se ajusta a nuestra Carta y a nuestra tradición constitucional.”

En el presente caso, resulta evidente que el contenido de la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, desconoció la jerarquía del marco normativo que establece en cabeza del Congreso de la República o en su defecto del Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias mediante Decreto, la competencia para clasificar los empleos en la Fiscalía General de la Nación, por lo que resultaba improcedente que vía acto administrativo fuera reubicado el cargo de Director Seccional del CTI, pues un acto de menor jerarquía no puede adoptar una decisión que debe ser adoptada mediante ley o decreto.

En el caso concreto de la Fiscalía General de la Nación, el marco superior se encuentra en las siguientes normas de la Constitución Política:

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.”

(…)
ARTICULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

(…)
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.
(…)

ARTICULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.” (subrayas fuera de texto)

De acuerdo con las normativas anteriores, la Fiscalía General de la Nación goza de autonomía para determinar la estructura de la entidad y del régimen de sus empleados, la cual en todo caso se hará en virtud de una ley o de un decreto con fuerza de ley.

Por su parte, la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, respecto del ente investigador estableció:

“ARTÍCULO 28. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal ejercido por el Contralor General de la Nación.

(…)
ARTÍCULO 130. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS. Son de período individual los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de Administración Judicial.

(…)
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho del Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.

Son de Carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial.

(…)” (negritas fuera de texto)

Como se observa el aparte resaltado del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, prevé que los Directores Seccionales -indistinto que sean de Fiscalías, del Cuerpo Técnico de Investigación CTI o de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía General del Nación-, son cargos de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación como toda entidad de la rama judicial del poder público, está sometida además del marco normativo consignado en la Carta Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, a los estatutos internos que orientan su función y definen la estructura de la entidad, expedidos mediante ley o Decreto con fuerza de Ley.

Es así como para la fecha de expedición del acto administrativo demandado Resolución 0-1207 del 26 de julio de 2012, estaba vigente la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, proferida por el Congreso de la República, que dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, los empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser provistos en:

a) De libre nombramiento y remoción;

b) de carrera.

Son de libre nombramiento y remoción:

• El Vicefiscal General de la Nación.

• El Secretario General.

• Los Directores Nacionales y sus asesores.

-Los Directores Seccionales.

• Los empleados del Despacho del Fiscal General, Vicefiscal General y Secretaría General.

• Los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares, estos últimos tendrán los mismos derechos y garantías que los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.

• El jefe de Oficina Jurídica, de Informática, de Personal, de Planeación, de Control Disciplinario Interno, de Control Interno, de Divulgación y Prensa, de Protección y Asistencia, así como el Director de Asuntos Internacionales a nivel nacional.

• El Jefe de la División Criminalística y el Jefe de la División de Investigaciones de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. Igualmente, son de libre nombramiento y remoción los empleos cuyo ejercicio implique el manejo financiero y contable de bienes, dinero o valores de la entidad.

PARÁGRAFO. También se consideran de libre nombramiento y remoción aquellos empleos que sean creados por esta ley y señalados en la nomenclatura con una denominación distinta, siempre y cuando pertenezcan al ámbito de dirección institucional.

Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de selección por concurso.” (negritas nuestras)

Resulta evidente que el estatuto interno de la Fiscalía General de la Nación, estableció que el cargo de Director Seccional indistinto del área -Fiscalías, Cuerpo Técnico de Investigación o Dirección Administrativa y Financiera-, es de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, es preciso advertir que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004 fue derogado expresamente por el artículo 121 del Decreto Ley 20 del 9 de enero de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1564 del 15 de julio de 2013, legislación esta que al clasificar los empleos en la entidad, dispuso:

“Artículo 5º Clasificación de los empleos.

Los empleos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera, con excepción de los siguientes cargos que se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones, así:

Los cargos del nivel directivo:

1.1. En la Fiscalía General de la Nación: El Vicefiscal General de la Nación, Consejero Judicial, Director Nacional, Director Estratégico, Director Especializado, Subdirector Nacional, Subdirector Seccional, Jefe de Departamento.
1.2. (…)” (negritas nuestras)

A pesar de que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004 fue derogado por el artículo 121 del Decreto 20 de 2014, lo cierto es que el artículo 5° del citado Decreto Ley al clasificar los empleos en la Fiscalía General de la Nación, dispuso que el cargo de Subdirector Seccional está ubicado como un cargo del nivel Directivo en el ente investigador, cuya función dada la especial confianza y la prestación in tuitu personae, lo cataloga como un cargo de libre nombramiento y remoción.

Es preciso advertir que previa la expedición de este Decreto Ley 20 de 2014, el mismo día 9 de enero de dicha anualidad, el legislador extraordinario expidió el Decreto Ley 17 del 9 de enero de 2014 “Por el cual se definen los niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación”, que estableció:

“ARTÍCULO 2o. NIVELES JERÁRQUICOS. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación se clasifican en niveles, los cuales definen la naturaleza general de las funciones por su responsabilidad, confianza y autoridad, así:

1. Nivel Directivo

2. Nivel Asesor

3. Nivel Profesional

4. Nivel Técnico

5. Nivel Asistencial

ARTÍCULO 3o. NIVEL DIRECTIVO. El nivel Directivo agrupa los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección, decisión, control, articulación, formulación de políticas, estrategias, planes y programas que se dirijan al desarrollo y al logro de la misión institucional.
(…)
ARTÍCULO 8o. NOMENCLATURA. Modifícase la nomenclatura de empleos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, la cual quedará así:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL DIRECTIVO
(…)
SUBDIRECTOR SECCIONAL
(…)

ARTÍCULO 9o. EQUIVALENCIA ENTRE NOMENCLATURAS. Para efectos de la aplicación de la nueva nomenclatura, fíjanse las siguientes equivalencias frente a las denominaciones de empleos establecidas en la Ley 938 de 2004 y en los Decretos 2824 de 2005, 123 de 2007 y 4058 de 2011, así:

Denominación Anterior
Denominación Nueva
DIRECTOR SECCIONAL DE FISCALÍAS

SUBDIRECTOR SECCIONAL
DIRECTOR SECCIONAL DEL CTI
DIRECTOR SECCIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Como se observa, a partir del Decreto Ley 17 de 2014, el cargo denominado Director Seccional del CTI pasó a denominarse Subdirector Seccional, en todo caso según los artículos 2° y 8° ídem, se encuentra ubicado en el nivel Directivo de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.

Repárese que estas normas con rango superior por estar consignadas en un decreto con fuerza de ley, definen el cargo de Director Seccional ahora Subdirector Seccional del CTI como un empleo de libre nombramiento ubicado en el nivel directivo del ente investigador, como quiera que ya no existe el nivel ejecutivo en el que había sido reubicado dicho cargo mediante la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011.

Por tanto, a juicio de esta Sala, resulta improcedente desligar el factor de la confianza y de la prestación in tuitu personae, del cargo de Director Seccional del CTI para la fecha de expedición del acto acusado, como quiera que la reubicación en el nivel ejecutivo de la que fue objeto mediante la Resolución 2-4145 de 2011, comportó el vaciamiento de la clasificación y ubicación del cargo en los términos de la normatividad vigente para la época de expedición del acto acusado, contenida en el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, en los artículos 28 y 130 de la Ley 270 de 1996 y en los artículos 125, 251 y 253 de la Constitución Política.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto tampoco se puede desconocer que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 938 de 2004, el Fiscal General de la Nación entre otras funciones generales tiene la consignada en el numeral “19. Expedir el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos de la Fiscalía”, igualmente lo es que esta función no puede desbordar ni exceder los parámetros legales consignados en la normativa vigente ya enunciada, con el fin de que no se desnaturalicen los empleos al asignar funciones que no correspondan a cada nivel y, que los requisitos establecidos coincidan con los requisitos generales que cumple la entidad, en todo caso se insiste, respetando los límites mínimos y máximos para cada nivel de empleo.

Respecto de la definición de Manual de Funciones y Competencias Laborales, es preciso tener de presente el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública según el cual, es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas.

Aunado a lo anterior, es plausible afirmar también que el hecho de ubicarse erradamente el cargo de Director Seccional del CTI, en el momento del retiro de la actora como un cargo del nivel ejecutivo, dicha circunstancia no desdibujaba la naturaleza de un empleo de libre nombramiento y remoción, por cuanto el nivel ejecutivo ha de mirarse desde la perspectiva del grado de responsabilidad funcional que adquiere este funcionario público en la Fiscalía General de la Nación, cuyas funciones se encontraban consignadas en el artículo 30 de la Ley 938 de 2004 derogado expresamente por el artículo 51 del Decreto 16 de 2014, las cuales en todo caso lo ubicaban sin duda en el nivel directivo de la entidad. Por tanto, acertó el a quo al haber inaplicado la Resolución 2-4145 del 29 de diciembre de 2011 al caso en estudio.

Pero como si las anteriores consideraciones no resultaran suficientes, resulta tener presente el valor del precedente judicial, como quiera que esta Subsección con ponencia de este mismo Despacho, al examinar la legalidad del acto de insubsistencia del ex Director Seccional del CTI de la Seccional Villavicencio, quien fuera retirado en la misma época que la actora, planteó las siguientes consideraciones:

“…para el momento en que fue retirado de la entidad mediante declaratoria de insubsistencia, se encontraba desempeñando un cargo considerado de libre nombramiento y remoción para todos los efectos legales, por no haber accedido al cargo por concurso o selección por méritos ni haber sido inscrito en el escalafón de la carrera administrativa, circunstancia que hacia procedente que el nominador válidamente lo retirara del servicio, en ejercicio de la facultad discrecional y sin necesidad de adelantar procedimiento previo para la expedición del acto o motivar su contenido, es decir, no se encontraba amparado por ningún fuero de estabilidad relativa en el cargo, bien por los derechos de carrera o por el nombramiento en periodo fijo.

No obstante lo anterior, es necesario precisar, que el grado de confianza que se requiere para desempeñar esta clase de cargos, es lo que le confiere al nominador la posibilidad para disponer libremente de su provisión y retiro, lo que supone que su elección es por motivos de índole personal o de confianza.

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, anteriormente mencionado, establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, medida que debe ser ejercida dentro de los parámetros de la racionalidad y proporcionalidad, tal y como la jurisprudencia constitucional lo ha sostenido, esto es, debe existir una norma de rango constitucional o legal que establezca expresamente la discrecionalidad, su ejercicio sea adecuado a los fines que la norma autoriza y en donde la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de fundamento, en concordancia a lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, el acto administrativo por medio del cual se retira del servicio, se presumen expedido con fundamento en supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos y en aras del buen servicio público, presunción legal susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional y con el único objetivo de demostrar que el motivo determinante para la desvinculación, fueron razones diferentes al buen servicio público y al interés general.

Conforme a lo anterior, el hecho de que la Fiscalía General de la Nación para el momento en que expidió el acto acusado, hubiese basado su decisión en consideración a la confianza de quien debe ocupar esta clase de empleos, conforme se dejó establecido, y que las mismas hayan sido plasmadas en el acto administrativo que se acusa, sin que la ley exija este requisito para la validez, ello no vicia el acto administrativo de ilegalidad, ni genera su nulidad por el simple hecho encontrarse motivado, como erróneamente lo afirma el demandante en el recurso de alzada; simplemente se considera que la Fiscalía General de la Nación actuó en garantía al derecho de contradicción y defensa, junto con los principios de legalidad y publicidad que llevan implícitas las actuaciones de la administración.” (subrayas fuera de texto)

Siguiendo el mismo derrotero jurisprudencial, la Sala también se pronunció en el caso del retiro de la ex Directora Seccional del CTI de Pereira, fallo en el que se esgrimió lo siguiente:

“De conformidad con el marco normativo que antecede, y atendiendo la situación laboral de la señora Diana Patricia Caicedo Moreno, se colige que el cargo de Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pereira que ocupaba para la fecha de la declaratoria de su insubsistencia se clasificaba, es de aquéllos que la Ley establece como libre nombramiento y remoción, por lo cual está sometido a la facultad discrecional.

(…)
Al examinar el acto administrativo por medio del cual fue declarado insubsistente el nombramiento de la señora Diana Patricia Caicedo Moreno, se evidencia que se fundamentó en la Ley 938 de 2004, normativa que no solo se encontraba vigente para el momento de su expedición del acto acusado, sino que también resultaba aplicable en la medida en que se trataba de la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación; de otro lado, también estuvo sustentada en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la cual resultaba pertinente en la medida en que versan sobre la excepción de motivar los actos administrativos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

En tal sentido, no es cierta la afirmación que realiza el demandante, según la cual, la Resolución 0-1209 de 26 de julio de 2012 «por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento» no es de recibo por parte de la Sala en la medida en que la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño. Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Aunque, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir equivale a la satisfacción del interés general y, por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad”

Es pues con fundamento en las anteriores consideraciones que en el presente fallo se comparten, que la Sala desestima los argumentos de inconformidad del apelante, por cuanto no se advierte la ilegalidad de la Resolución 0-1207 del 26 de julio de 2012 objeto de demanda, al no adolecer de la causal de falsa motivación endilgada por la parte actora, dado el grado de confianza que debe existir en la relación del nominador y el Director Seccional del CTI, en vista de que se trataba de un cargo de libre nombramiento.

Resulta pertinente tener en cuenta el contenido de la certificación proferida por la propia demandada, en la que consignó que la doctora María Teresa Zárate Bocanegra “no se encontraba inscrita en el Registro Único de Inscripción en Carrera -RUIC- de la Fiscalía General de la Nación, al momento en que fue declarada insubsistente mediante la Resolución N° 0-1207 del 26 de julio de 2012. Lo anterior, en virtud de que la naturaleza de la designación de la mentada ex servidora era de libre nombramiento y remoción al desempeñarse como DIRECTOR SECIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cundinamarca, según consta en la Resolución N° 0-081 del 23 de marzo de 2011, por medio de la cual se efectuó el nombramiento de la hoy accionante.”

Como quiera que en el numeral 2.2. de esta providencia, ya se desarrolló el tema de la facultad discrecional en todo caso supeditada a la proporcionalidad y a la finalidad del mejoramiento del buen servicio, la Sala entrará a resolver el segundo argumento de inconformidad planteado en la apelación.

2.4.2. En cuanto a la casual de desviación de poder endilgada por la parte demandante

En el sentir del apelante, la Fiscalía General de la Nación “no demostró dentro del proceso cómo y en que forma pretendía mejorar el servicio público, mientras que mi representado (sic) probó la excelencia en el servicio público que prestaba, luego no hay duda que se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, pues el principio de igualdad de las partes del proceso aquí no se dinamizó por incapacidad de prueba del Ente Demandado, quiere esto decir, que si lo que no se prueba no existe, es viable la prosperidad del recurso”.

Siendo ello así, la anterior inconformidad obliga a la Sala a determinar si en el sub judice, con fundamento en el material probatorio relacionado en el acápite 2.3. de esta providencia, se llegó al convencimiento que con la expedición del acto demandado se incurrió en desmejoramiento del servicio y, que la Fiscalía General de la Nación obró con motivos diversos y contrarios a la facultad discrecional de la cual se encontraba investido el nominador, tal y como ya se dilucidó en el acápite 2.4.1.

Pues bien, independientemente que en efecto ha sido prolífica la jurisprudencia de esta Corporación, en considerar que la carga probatoria la tiene la parte actora a quien en últimas es a la que le interesa desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia demandado, lo cierto es que tampoco se puede menospreciar el argumento de inconformidad en el sentido de la igualdad de las partes en lo que atañe a la carga probatoria, que la hace más dinámica.

Con todo y sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que cada caso debe ser analizado en forma particular a la luz del material probatorio acopiado y lo cierto es que, en el caso de la insubsistencia de la demandante, no observa esta instancia que resultó ser una decisión desproporcionada a los fines que procuraba, en virtud de la prestación del servicio público como Directora Seccional del CTI Cundinamarca, decisión que además no se evidencia desproporcionada frente a los hechos que le sirvieron de causa.

A juicio de la Sala y de acuerdo con el devenir de la actuación procesal, lo que observa es que no se puede pasar por alto la fecha de expedición del acto acusado en julio de 2012, como quiera que había sido posesionado a finales del mes de marzo de dicho año el nuevo Fiscal General de la Nación, quien estaba en todo su derecho de conformar su equipo de trabajo y, que para el caso de los cargos directivos como el que ocupaba la demandante, era plausible la exigencia en grado superlativo del nivel de confianza que debía imperar en la relación entre el nominador y el Director Seccional del CTI, dadas las sensibles funciones como policía judicial que desarrolla en el ente investigador para la ejecución de una eficiente investigación criminal.

Por tanto, tal y como así lo consignó el acto administrativo demandado, resultó evidente como factor determinante para la adopción de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación de la doctora María Teresa Zárate Bocanegra, la confianza intuito personae con el fin de ejecutar las políticas generales diseñadas por el recién posesionado nominador, como quiera que en tratándose de cargos en los que no se tiene un fuero de estabilidad laboral, el nominador goza de un margen de libertad para conformar su equipo de trabajo.

Sin duda esta fue la situación que aconteció en el presente caso, lo cual se evidencia por el hecho de que no fue únicamente la actora la relevada del cargo de Director Seccional del CTI para la época de los hechos, sino que fueron en total siete los funcionarios desvinculados del ente investigador, hecho indicador de la necesidad que tenía en su momento el nominador de reorganizar el cuerpo directivo del CTI a nivel nacional. Por tanto, se trató de relevos institucionales que resultan normales al inicio de una nueva administración.

Siendo ello así, no es compartido el argumento de apelación según el cual la entidad demandada no demostró que la actora “no estuviera cumpliendo a cabalidad con las funciones operativas que tenía bajo su responsabilidad, por el contrario, se estableció dentro del plenario que con su retiro se produjo un claro desmejoramiento del servicio”, con fundamento en las siguientes razones:

En primer lugar, por cuanto en ningún momento el retiro de la doctora Zárate Bocanegra tuvo como fundamento el cuestionamiento por su deficiente desempeño laboral, tanto es así que el a quo advirtió en el fallo impugnado “…en efecto, la señora María Teresa Zárate era una funcionaria con amplio perfil profesional, que demostró gran compromiso con las labores a ella encomendadas, pero no se puede deducir que su retiro obedeció a retaliaciones por parte de la Directora Nacional, pues es claro que la decisión fue adoptada por el Fiscal General de la Nación…”. Incluso esta instancia comprobó los reconocimientos y felicitaciones dada la labor desempeñada por la doctora Zárate Bocanegra, lo cual se insiste no está en discusión pero tampoco dicha circunstancia le otorgaba estatus de estabilidad laboral.

Así mismo, figura el documento titulado Informe de Gestión Dirección Seccional CTI Cundinamarca y Amazonas periodo marzo de 2011 a julio de 2012, en el cual se relacionan las distintas actividades relacionadas durante la gestión de la desvinculada funcionaria, que sea la oportunidad advertir se trata de un documento institucional que reporta la gestión de un equipo de trabajo liderado por la demandante, pero no de actividades personales ejecutadas a título personal por la ex servidora.

En segundo término, no se vislumbra la desviación de poder endilgada porque no existe prueba en el expediente que acredite la influencia ejercida por quien ocupaba en su momento el cargo de Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, en la facultad discrecional de remoción adoptada por el Fiscal General de la Nación en ejercicio de sus atribuciones legales otorgadas por el artículo 59 de la Ley 938 de 2004.

De tal suerte que la inferencia o prueba indiciaria que reclama el apelante, acerca de la supuesta determinación ejercida por la Directora Nacional en la decisión adoptada por el representante de la entidad, no se vislumbra y menos alcanza a restarle validez a la determinación discrecional y autónoma asumida únicamente por el Fiscal General de la Nación.

Ahora bien, censuró el apelante que el a quo fue ligero al no haber efectuado una valoración probatoria de la prueba testimonial, además que debió tener en cuenta la prueba indiciaria con fundamento en la cual, pretende acreditar la desviación de poder dada la persecución laboral de la que fue objeto la demandante por parte de la Directora Nacional del CTI, funcionaria que indujo al Fiscal General de la Nación para que expidiera el acto acusado.

Sobre este cargo, se observa que fue por demás prolífico el relato de los hechos efectuado en la demanda, que acontecieron entre los meses de mayo a julio de 2012, es decir, días previos a la declaratoria de insubsistencia de la actora, con fundamento en los cuales pretende edificar vía indiciaria la persecución laboral que emprendió la ex Directora Nacional del CTI en contra de la doctora Zárate Bocanegra.

Una vez más a juicio de la Sala, apreciados los oficios y demás prueba documental relacionada en el acápite 2.3. de esta providencia, en conjunto a la luz de la sana crítica, no encuentra que los mismos alcancen a constituir la persecución laboral emprendida por quien llegó a ocupar la Jefatura de la Dirección Nacional del CTI -como quiera que esta funcionaria también fue nombrada por el nuevo Fiscal General de la Nación-, circunstancia esta que permite deducir que entre las funcionarias no existían antecedentes de disputas previas.

Por tanto, lo que se evidencia es que los cuestionados comportamientos corresponden a actuaciones ordinarias aunque puedan generar malestar lo cual tampoco se discute, pero que no rayan en la retaliación como lo reclama la demandante, por tratarse de actos del ámbito propio de cualquier relación laboral.

De tal manera que no es posible inferir persecución laboral por el hecho de que la Doctora Maritza Escobar Baquero ex Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, le hubiera requerido información a la subalterna sobre las labores por ella desempeñadas durante los días 8 al 10 de mayo de 2012, olvidando el permiso que le había otorgado previamente; o por el requerimiento que le hizo en el sentido de recordarle que temas relacionados con la disponibilidad de las 24 horas del personal del CTI, debe agotar el conducto regular con la Dirección Nacional y no con la Oficina de Personal de la entidad; como tampoco el hecho que le hubiera recordado la ex Directora Nacional a la demandante la improcedencia de audiencias personales y directas con el Fiscal General de la Nación para rendirle informe de investigaciones sensibles y casos de connotación, los cuales debían únicamente ser canalizados a través de la Dirección Nacional; o porque hubiera adoptada la decisión de no sostener conversación directa con la doctora Zárate Bocanegra sino que hubiera designado para tales efectos a una asesora de la Dirección Nacional.

A juicio de la Sala, los anteriores hechos no alcanzan a calificarse como demostrativos vía indiciaria, de persecución laboral en contra de la demandante, quizás sí pueden evidenciar la falta de confianza predicable del cargo ocupado por la demandante, no a título personal sino a nivel institucional.

Por otra parte, resulta pertinente señalar que en los artículos periodísticos allegados al expediente en los cuales publicitaron el relevo de siete directores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, la Directora Nacional al unísono afirmó que dicha decisión se dio por razones de reestructuración del ente investigador, que tal determinación fue adoptada por el Fiscal General de la Nación y, que algunos desvinculados tenían investigaciones disciplinarias, pero lo cierto es que en ninguno de los artículos se relacionó en forma particular y directa el nombre de la actora, por lo que no se evidencia la vulneración a su buena imagen.

Respecto del cuestionamiento del apelante en el sentido que dado el excelente desempeño laboral de la actora, le correspondía a la Fiscalía acreditar la razón de su insubsistencia, esta Sala no lo acoge tampoco, pues tal y como lo esgrimió la primera instancia y lo reconoció el propio apelante, el buen desempeño laboral de la doctora Zárate Bocanegra como Directora Seccional del CTI Cundinamarca no le otorgaba derechos de permanencia en el cargo, como tampoco puede constituirse en plena prueba para demostrar la desviación de poder.

Así mismo porque se le recuerda que es obligación de todo servidor público, desempeñar sus labores en forma óptima y eficiente, en la medida que ayuda a la consecución de los fines esenciales del Estado; por tanto, la buena conducta de la actora en el ejercicio de su cargo como Directora Seccional del CTI Cundinamarca, no le garantizaba su permanencia en el mismo, como quiera que resulta ser el presupuesto connatural del ejercicio de su cargo.

Por tanto, no se entiende la razón del cuestionamiento respecto del fallo impugnado en el sentido de que la primera instancia efectuó una valoración exegética de esta presunción, pues en el sentir de la actora, al mirarse en conjunto las pruebas se puede advertir el desmejoramiento del servicio público, como quiera que este presupuesto no fue acreditado.

En punto a este tema, la Sala no evidenció motivos diversos a la buena marcha de la Administración, como quiera que el designado funcionario nombrado en reemplazo de la demandante, sí reunía los requisitos para ocupar el cargo de Director Seccional del CTI, menos aún logró demostrar con pruebas estadísticas o de gestión que la labor por este funcionario desarrollada, truncó las labores investigativas de la Seccional o, que con su desempeño no se logró la prestación eficiente del servicio de apoyo en materia de policía judicial entre otras actividades, razones estas que en un hipotético caso, demostrarían las razones del desmejoramiento del servicio.

A la anterior conclusión se arriba, luego de analizar la abundante prueba documental conformada por las carpetas que contienen la hoja de vida del doctor José Floresmiro Hernández, quien tal y como lo afirmó la primera instancia, sí reunió los requisitos exigidos en el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los cargos de la Fiscalía General de la Nación, a saber: Estudios Título de formación profesional y Título de formación avanzada relacionado con las funciones del cargo, así como la Experiencia de cuatro (4) años de experiencia profesional o docente.

En cuanto a los estudios, en el presente caso, el doctor José Floresmiro Hernández ostenta título profesional como Abogado otorgado por la Universidad La Gran Colombia en diciembre de 1999 y Especialización en Derecho Procesal Penal en la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario en diciembre del año 2000. También figuran las certificaciones sobre los cursos en Policía Judicial y otros temas relacionados con el cargo desempeñados por el designado reemplazo.

Respecto a la experiencia profesional, es preciso mencionar de acuerdo con los antecedentes administrativos de la actuación, que el doctor Hernández González fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Profesional Universitario de la Dirección Seccional del CTI mediante Resolución N° 0-0880 del 19 de junio de 2001, por lo que se acreditó su experiencia laboral en el ente investigador durante más de once años para la fecha en que fue encargado del cargo que ocupaba la actora.

Por su parte, mediante Resolución N° 2-2735 del 8 de agosto de 2012, fue encargado por el término de tres meses del cargo de Director Seccional del CTI Cundinamarca, quien para dicha fecha ostentaba el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, empleo del cual tomó posesión el 9 de agosto de 2012, circunstancia esta que no contiene incompatibilidad o irregularidad alguna, máxime que el cargo de Fiscal ante los jueces municipales y promiscuos, tiene estrecha relación y aporta importantes elementos de conocimiento y experiencia, para el adecuado desempeño del cargo de Director del CTI, contrario a como lo critica la actora.

Por tanto, con fundamento en las anteriores probanzas, pierde solidez el argumento del supuesto desmejoramiento del servicio con ocasión del nombramiento del reemplazo de la demandante. Tampoco figura ninguna evidencia como cuadro estadístico o de gestión del designado director, que evidencien el traumatismo en la Dirección Seccional del CTI Cundinamarca, con ocasión del retiro de la actora y el consecuente nombramiento de su reemplazo. En suma, no se cuenta con prueba alguna que acredite que el desempeño laboral del doctor José Floresmiro Hernández, designado en reemplazo de la demandante, entorpeció las labores investigativas y de policía judicial propias del CTI.

Por otra parte, en lo que atañe al valor de la prueba testimonial recaudada, mediante la cual dice la actora, se acreditó que su desvinculación no obedeció a razones o motivos relacionados con el buen servicio, sea lo primero advertir que fue por demás riguroso y serio, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a las declaraciones recepcionadas.

De allí que esta instancia considera desacertada la afirmación del impugnante según la cual, el cargo de la desviación de poder no fue analizado pues “no tuvo la responsabilidad el A- QUO de estudiar en forma desprevenida e imparcial, pues ni siquiera los testimonios fueron valorados en su integridad”, por cuanto además de efectuar un irresponsable juicio de valor al calificar de parcializado el análisis efectuado, tampoco indicó cuáles fueron los testimonios dejados de valorar por la primera instancia y en qué medida dicha omisión podía resultar trascendental en las resultas del proceso.

Respecto de la prueba testimonial se observa lo siguiente: de acuerdo con el Acta N° 77 del 4 de diciembre de 2013, se constató que en Audiencia de Pruebas del artículo 181 del CPACA, el despacho instructor de primera instancia recepcionó las declaraciones de los siguientes testigos: Yina Alexandra Velásquez, Hugo Alberto Cárdenas Valdivieso, Gustavo Celix Moyano y Kerly Jiménez Vargas. Posteriormente esta diligencia se reanudó el 19 de febrero de 2014, tal y como lo acredita el Acta N° 12, en la cual fueron escuchados en declaración los señores Carmen Maritza González Manrique, Olga Yaneth Arias Prada y Ángel Manuel Castillo Padilla.

Por tanto, fueron siete declaraciones las que conforman esta prueba testimonial y en el fallo impugnado, fueron valorados los testimonios de cinco declarantes quedando por verificar apenas los de los señores Gustavo Célix Moyano y Kerly Jiménez Vargas. No obstante, dicha omisión en modo alguno le hace perder contundencia a la providencia del a quo, pues no existe tarifa legal en materia probatoria, como quiera que resulta suficiente la libre apreciación efectuada por el juez contencioso a la luz de las reglas de la sana crítica.

A juicio de esta Sala, el fallo impugnado -contrario a lo escuetamente cuestionado por el apelante-, fue riguroso en la apreciación de cada uno de los testimonios rendidos en las audiencias de pruebas, que analizados en conjunto con la prueba documental aportada, no acreditaron la desviación de poder endilgada por la actora.

Es así como, la primera instancia encontró que los testimonios de las señoras Gina Alexandra Velásquez Montenegro, Olga Yaneth Prada Vargas y de los señores Hugo Alberto Cárdenas Valdivieso y Ángel Manuel Castillo Padilla, fueron todos coincidentes en afirmar que ellos no conocían directamente los motivos que condujeron a la declaratoria de insubsistencia de la demandante, por lo que se trataba de testimonios de oídas en vista de que se enteraron de la desvinculación, por cuenta de la propia doctora Zárate Bocanegra quien les comentó lo sucedido; tampoco calificaron como actos de persecución laboral los emprendidos por la Directora Nacional del CTI en contra de la demandante, sino que se trataba de requerimientos que obedecían al control normal ejercido por la superior propios de cualquier relación laboral. También evidenció el a quo, que a los declarantes no les constaba el desmejoramiento del servicio, con ocasión de la designación del doctor José Floresmiro Hernández en reemplazo de la demandante como Director Seccional del CTI Cundinamarca.

En cuanto a la declaración de la doctora Carmen Maritza González Manrique en su condición de ex Directora Nacional del CTI, apreció la primera instancia que este testimonio era el único que coincidía con la versión de la demandante, en el sentido de la persecución laboral en su contra por parte del Fiscal General de la Nación y de la designada Directora Nacional del CTI Maritza Escobar Baquero quien fuera su reemplazo, sin embargo el a quo advirtió que esta declaración estaba viciada de parcialidad, como quiera que la testigo tenía un proceso pendiente por resolver ante esta instancia judicial, el cual fue fallado mediante sentencia del 20 de septiembre de 2018 radicación número 25000-23-42-000-2012-00913-01 (0598-14) M.P. Gabriel Valbuena Hernández, que confirmó el fallo de primera instancia que había denegado las pretensiones de la demanda.

Las anteriores consideraciones son compartidas por esta Sala, por cuanto se insiste, mediante las declaraciones valoradas en conjunto con las demás pruebas documentales, no se acreditó la desviación de poder como causal de nulidad del acto demandado.

Por tanto, fueron apenas dos los testimonios dejados de apreciar por la primera instancia que como ya se advirtió, dicha omisión no le resta piso a la decisión adoptada. Empero la situación advertida, esta Sala escuchó las declaraciones de los señores Gustavo Célix Moyano y Kerly Jiménez Vargas, las cuales fueron recepcionadas el 4 de diciembre de 2013 y que obran en medio magnético.

Respecto de la declaración rendida por el señor Gustavo Celix Moyano minutos 24-31 de la grabación, manifestó que se desempeñaba como conductor de la Fiscalía General de la Nación y su relato se relacionó con los hechos acaecidos el día 2 de agosto de 2012, directamente con el tema de la notificación del acto de insubsistencia de la demandante, como quiera que la doctora María Teresa Zárate Bocanegra estaba incapacitada por razones de salud y, que al no haber podido ser notificada de su desvinculación de la Fiscalía, la Directora Nacional del CTI dispuso que se desplazaran hacia su residencia este funcionario (quien había sido conductor de la ex directora) y un funcionario de apellido Espejo de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, quienes en vista de la imposibilidad de tal notificación, dejaron el acto en conocimiento de la empleada doméstica de la demandante.

Como se observa, mediante esta declaración no se acredita la desviación de poder del acto demandando, por cuanto se refirió a hechos posteriores relacionados con la dificultad de la notificación de la insubsistencia, de allí que hubiera sido desestimado por la primera instancia, como quiera que no aporta esta declaración a los fines del debate.

Igual sucede con la declaración rendida por la señora Kerly Jiménez Vargas minutos 45 al 50 del CD2, como quiera que la testigo en su condición de médico psiquiatra de la EPS MED PLUS del Centro Médico Chico de la 94, quien refirió aspectos relacionados con la atención médica por ella prestada en consulta externa a la actora María Teresa en noviembre y diciembre del año 2012, paciente que le afirmó que se encontraba ansiosa, con tristeza y dificultad para dormir debido a su retiro de la Fiscalía General de la Nación después de 15 años de servicios. Ante esta situación, la profesional de la medicina le recomendó tratamiento sicoterapéutico para el proceso de adaptación a su nueva situación como cesante. Refirió que la paciente había regresado en el mes de diciembre de 2012 y que mantenía la ansiedad y depresión, pero que en todo caso dicho comportamiento no evidenciaba tendencias suicidas, por lo que le recetó medicamentos antidepresivos los cuales surtieron efecto, como quiera que luego de un año en noviembre de 2013 en cita de control, ya la paciente se había recuperado satisfactoriamente.

Por tanto, estima la Sala que este testimonio tampoco evidenció el desvío de poder ni el desmejoramiento del servicio, como quiera que atañe a los efectos psicológicos padecidos por la actora luego de su desvinculación del ente investigador, que sin ánimo de incurrir en comentario irrespetuoso e infundado, suele presentarse en funcionarios luego de su desvinculación de una entidad en la cual han prestado sus servicios de manera eficiente durante varios años, pero que sin duda es normal que se generen distintos sentimientos, ante la nueva situación que exige de tiempo y adaptación.

Es pues con fundamento en las anteriores consideraciones, que a juicio de esta instancia, no resultaron suficientes los argumentos de la apelación para revocar la decisión proferida por la primera instancia, como quiera que el cargo que desempeñaba la actora era un cargo directivo de libre nombramiento y remoción, del cual se predicaba un grado superlativo de confianza, que no fue desproporcional la decisión de retiro adoptada por el nominador y, que no fue posible acreditar el entorpecimiento y desmejoramiento del servicio con ocasión de su desvinculación y consecuente nombramiento de su reemplazo ahora tercero interesado en las resultas del proceso.

Las anteriores consideraciones obligan a la confirmación del fallo impugnado, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 6 de junio de 2014, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Teresa de Jesús Zárate Bocanegra contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con fundamento en las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de este fallo.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Relatoría: AJSD/Cle/Lmr.
Folios 425-481 Cuaderno Principal 1
Folios 505-529 C.P. 2
Folios 493-494 C.P. 2 figura Auto del 22 de mayo de 2013 auto admisorio de la demanda, mediante el cual dispuso la notificación personal de la demanda a la Fiscalía General de la Nación, al tercero interesado en las resultas del proceso y a las demás entidades como el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Folios 531-540
Folios 557-560 C.P. 2
Folios 661-673 C.P. 2
Folios 675-690 C.P. 2
Sentencias del 7 de febrero de 2002 radicación número 25000-23-25-000-1999-0215-01 (3826-01), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado y en la sentencia del 2 de mayo de 2013 radicación número 25000-23-25-000-2006-05536-02 (2256-11) M.P. Alfonso Vargas Rincón
Folios 713-717
Folios 731-738 C.P. 2
Folio 739
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr014.html" \l "615" 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PARÁGRAFO. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

«Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
( . . . ).»

ARTÍCULO 130. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. ( . . . )
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.
( . . . )
Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación
Sentencia del 15 de noviembre de 2018 radicación número 05001-23-33-000-2013-01754-01 (4450-16) M.P. William Hernández Gómez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3685-2013.
Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Referencia: expediente T-3.215.182.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2018, Expediente No. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16), M.P: William Hernández Gómez.
Folios 39 y 40 C.P.
Folio 41
Folios 42-48
Folio 49
Folios 50-56
Folios 57-116
Folios 89-138
Folios 139-142
Folios 116-117
Folio 146
Folios 147-150
Folios 151-156
Folios 161-165
Folios 193-206
Folios 211-214
Carpetas que contienen hoja de vida carpeta 1 (folios 2-481) y Carpeta 2 (folios 1 -275)
Folios 597-599 y CD folio 620, así como en los folios 627 CD y 628 -631 Acta 12 C.P. 2
“Por la cual se modifica el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los cargos de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con la modificación de la Planta de Personal efectuada con ocasión de la incorporación directa de servidores públicos que se venían desempeñando en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la Entidad”
Sentencia del 31 de mayo de 2018 radicación número 08001-23-31-000-2006-00871-01 (21911) M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
ARTÍCULO 121. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga los artículos 47 a 77 de la Ley 938 de 2004 y todas las demás disposiciones que le sean contrarias
Extraída de la página web oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública
Por cuanto el nivel directivo implica el ejercicio de funciones delegadas, de conducción, de orientación institucional y por supuesto de confianza.

Sentencia del 16 de febrero de 2017 radicación número 5001-23-33-000-2013-00063-01 (3165-14)
ARTÍCULO  44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Sentencia del 27 de agosto de 2020 radicación número: 6001-23-33-000-2013-0173-01 (2203-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
Folios 571-572
Folios 22-28
Folios 29-8
Folios 89-92
Folios 93-99
Folios 67-181
Folios 190 -192
Folio 14 Carpeta Desarrollo Humano
Folio 27 Carpeta
Folio 227 Carpeta
Folio 231
Folios 597-599
Folios 628-630
El nominador cuenta con una amplia discrecionalidad tanto al momento de realizar la vinculación, como al momento de retirar del servicio a las personas que se encuentran en los cargos del nivel directivo, pues en ellos se deposita la máxima confianza , tal como se señaló previamente, la parte actora alegó que con el nombramiento de Escobar Baquero no era posible alcanzar los propósitos del buen servicio. Sin embargo, aquella no presentó pruebas adicionales a los llamados de atención, sin tener en cuenta que de acuerdo con las reglas de la sana crítica el acervo que reposa en el expediente se debe apreciar en conjunto y que, por lo tanto, se tenían que valorar los éxitos obtenidos a lo largo de su carrera. Adicionalmente, debe ponerse de presente que no se puede juzgar la decisión discrecional de la administración sino con base en la información que esta poseía al momento de proferir el acto administrativo, pues es en ese punto en el que se debe establecer la posible configuración de una causal de nulidad, por lo que no se deben tener en cuenta las vicisitudes posteriores a ello. En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, pues no se probó que se haya proferido con desviación de poder.
Folio 620 aparece CD en el que consta la grabación de la Audiencia de pruebas llevada a cabo por la primera instancia
Folio 620 C.P. 2

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