Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01321-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de febrero de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019)
Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019)
Demandante: MYRIAM SOFÍA VALERO POVEDA
Demandada: ESE HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR - III NIVEL
Temas: Nivelación salarial de funcionaria en nivel técnico frente
a empleo del nivel profesional del área de la salud.
Instrumentadora quirúrgica profesional. Derecho a la
igualdad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-026-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Myriam Sofía Valero Poveda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 34 a 35)
1. Que se declare la nulidad del Oficio G-05395 del 2 de noviembre de 2012,
emitido por el gerente de la ESE Hospital Simón Bolívar, por medio del cual
fue negada la solicitud de la demandante tendiente al reconocimiento y
pago de la diferencia por nivelación salarial entre el cargo en el que fue
nombrada y el de profesional del área de la salud que ostenta una mejor
remuneración.
2. Que como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la ESE Hospital Simón Bolívar, reconocer y pagar
a favor de la libelista la diferencia salarial y prestacional existente entre la
remuneración que percibe como técnico del área de la salud 323, grado 06
y el cargo de profesional universitario 237 de la misma entidad o su
equivalente, esto desde el 23 de diciembre de 2005, con los respectivos
incrementos salariales, prestaciones y deducciones a que haya lugar para
efectuar los aportes al SGSS.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
3. Que las sumas adeudadas resultantes de esta orden, sean actualizadas de
conformidad con el artículo 187 del CPACA, y al mismo tiempo se condene
a la demandada en costas y a dar cumplimiento al fallo de acuerdo a los
artículos 189 y 192 ibidem.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 35 a 45)
1. La demandante ha prestado su servicio para la ESE Hospital Simón Bolívar
desde el 2 de abril de 1987, inicialmente como instrumentador hospitalario
del departamento de cirugía de la institución, cargo para el cual fue
nombrada en provisionalidad de conformidad con la Resolución 000823 del
12 de marzo de 1987.
2. Posteriormente en atención al Acuerdo 08 del 15 de septiembre de 2005,
la planta de personal de la entidad demandada se ajustó parcialmente, por
lo que fue incorporada para ocupar la plaza de técnico del área de salud
323, grado 06.
3. La ESE Hospital Simón Bolívar desarrolló un manual de funciones en el
que se describen de manera específica las actividades y labores a
desempeñar por parte de los funcionarios nombrados en el cargo de
técnico del área de salud 323, grado 06, las cuales se relacionan con las
de un instrumentador quirúrgico, atinentes al manejo de la asepsia y
antisepsia, y el control de la infección a todos los procedimientos e
intervenciones de las diferentes especialidades.
4. La señora Myriam Sofía Valero Poveda adelantó y cursó estudios en la
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, donde obtuvo el título de
instrumentadora quirúrgica profesional con el fin dar cumplimiento a la Ley
784 de 2002, la cual regulaba el ejercicio de esta actividad. En virtud de
ello, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá la autorizó para ejercer
aquella profesión en el territorio nacional según la Resolución 003709 del
7 de mayo de 2001.
5. La junta directiva del Hospital El Tunal ESE – III nivel, a diferencia de la
entidad demandada, decidió mediante Acuerdo 009 del 6 de mayo de 2004,
aprobar la inclusión en su planta de personal del cargo de profesional
universitario del área de la salud 337, grado 08 para todos los empleados
que se desempeñan como instrumentadores quirúrgicos de dicha
institución, por lo que estos funcionarios perciben una remuneración mayor
a la de la demandante.
6. El ente hospitalario demandado contaba con 3 años contados a partir del
23 de diciembre de 2002 cuando se promulgó la Ley 784 de 2002, para
profesionalizar la instrumentación quirúrgica, plazo que venció el 23 de
diciembre de 2005, razón por la cual la nivelación salarial deprecada se
insta desde esta última data.
7. La libelista radicó petición el 31 de octubre de 2012 ante la ESE Hospital
Simón Bolívar con el fin de que se diera cumplimiento a la normativa
precitada, de manera que reconociera la diferencia salarial generada entre
el cargo en el que se encuentra nombrada y el que le habría correspondido
como profesional del área de la salud.
8. No obstante, esta autoridad negó lo deprecado a través del Oficio G-5395
del 2 de noviembre de 2012, en el cual adujo que no podía acceder a esa
solicitud, en tanto en la planta de personal no existe el cargo comparado
para ejercer la actividad de instrumentador quirúrgico, sino el de técnico
que aquella desempeña.
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DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 4 de junio de 2014.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] advierte que hay excepciones previas por resolver. La primera, falta de
competencia por la cuantía: La competencia sí radica en el Tribunal en razón de la
cuantía, de conformidad con el Art. 152 Num. 2 del C.P.A.C.A, en el que se señala
que los Tribunales administrativos conocerán en primera instancia, de los procesos
de nulidad y restablecimiento de carácter laboral, que no provengan de un contrato
de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad
cuando la cuantía exceda de 50 salarios mínimos mensuales.
La cuantía estimada por la parte actora fue de un valor total de $50.498.964 suma
que corresponde a la diferencia salarial entre técnico área de la salud 323 Grado 06
y el profesional universitario 237; valor que excede los 50 salarios mínimos vigentes
al 01 de enero de 2013, que equivalen $29.475.000, teniendo en cuenta que la
demanda fue presentada el 10 de abril de 2013; por lo que no prospera la excepción.
La segunda referente cosa juzgada: Observa el Despacho que no obra prueba en el
proceso que sustente esta excepción. No obstante lo anterior, en caso de ser cierta
la excepción propuesta, considera la Sala que el control judicial que se puedo haber
efectuado en la acción de tutela y cumplimiento, recae sobre derechos
constitucionales, distinto del control de legalidad que se pretende en el proceso de la
referencia, motivo por el cual tampoco prospera la excepción. […]». (Folios 152 a
153 y CD visible a folio 1 bis del expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] El ponente prosigue con la fijación del litigio citando los hechos de la demanda
y dando la palabra a las partes para que informen si son ciertos, a lo cual afirman
estar de acuerdo; posteriormente plantea el problema jurídico […] Interesa determinar
a esta Sala, si la demandante en la medida en que desarrolló algunas funciones que
expresamente se encuentran adscritas al cargo de profesional, tiene o no derecho a
que la entidad demandada le reconozca y pague unas diferencias salariales
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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existentes entre ese empleo y el de Técnico de Salud, Grado 06.» (Folios 153 y 202,
y CD obrante a folio 1 bis del plenario).
SENTENCIA APELADA
(Folios 201 a 204)
El a quo profirió sentencia escrita el 23 de agosto de 2018, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia indicó que a folio 27 del expediente obra el
Oficio G-05395 de 2 de noviembre de 2012, en el que la entidad demandada
le informa a la libelista que en la planta de personal del Hospital Simón Bolívar,
no existe el cargo de profesional en el área de la salud con requisito de
instrumentador quirúrgico, ello de conformidad con el Acuerdo 08 de 2005.
Planteó que si bien el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 fijó el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos del nivel profesional, al cual según
la Ley 784 de 2002 deben pertenecer los instrumentadores quirúrgicos, ello no
significa per se, que en los distintos hospitales o empresas sociales del Estado
tengan que existir empleos como el indicado por la demandante en las
respectivas plantas de personal.
Sobre el punto reiteró que todas las plazas públicas tienen definidas las
funciones y la remuneración correspondiente, razón por la cual a la señora
Valero Poveda se le deben reconocer y pagar los sueldos y prestaciones que
están previstas para el cargo de técnico en área de la salud en el cual se
encontraba nombrada y posesionada.
Bajo este entendido, al no existir la posición de profesional universitario en la
estructura funcional del hospital demandado, resulta claro que el acto
administrativo reprochado con el que le fue denegada la reclamación salarial
diferencial a la libelista, fue expedido conforme a la normativa en que debía
fundarse.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 221 a 244)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.
Para ello resaltó que la Ley 784 de 2002 consagró el postulado de regulación
del ejercicio de la instrumentación quirúrgica, para lo cual previó que debía
requerirse título de idoneidad universitaria para su práctica, de modo que
conminó a los hospitales públicos y privados a vincular profesionales en la
materia que acreditaran los requisitos previstos en dicha norma, para lo cual
concedió un término de 3 años contados a partir de su promulgación.
A continuación precisó que a diferencia de la entidad demandada, tal como se
comprobó en el proceso, el Hospital El Tunal, el Hospital Militar Central y el
Hospital San Vicente de Arauca sí dieron cumplimiento a la mentada normativa
y a las instrucciones del entonces Ministerio de la Protección Social y del
Departamento Administrativo de la Función Pública en Circular 0076 del 21 de
noviembre de 2005, en el sentido de crear en sus plantas de personal el
empleo de profesional universitario área de la salud 337.
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Con base en lo expuesto, señaló que se hace evidente el hecho de que los
pares de la señora Valero Poveda en otros entes hospitalarios que ejercen
actividades como instrumentadores quirúrgicos pero en el cargo de
profesionales universitarios, cumplen las mismas funciones que esta, pero con
la notable diferencia del salario que en el caso de aquellos es superior, en
tanto ostentan un nivel jerárquico mayor al de técnico para el que fue
nombrada la demandante.
Recalcó que a pesar de que han pasado varios años después de la expedición
de la Ley 784 de 2002, la libelista aún cumple las funciones de instrumentador
quirúrgico, pero recibe un trato discriminatorio cuando se evidencia que otros
servidores en similares condiciones recibieron el reconocimiento de
profesionales con una remuneración acorde con esa actividad, mientras que
en su caso al seguir vinculada como técnico claramente percibe un salario muy
inferior que atenta contra los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, pues
implica una vulneración a los derechos a la igualdad y la irrenunciabilidad de
las garantías laborales.
Por otro lado manifestó que en el fallo de primera instancia no se hizo un
adecuado análisis probatorio, puesto que al verificar las actividades y
responsabilidades contenidas en el manual específico de funciones del
Hospital Simón Bolívar para el cargo de técnico en área de la salud 323, grado
06, se observa que estas son idénticas a las de un profesional del área de la
salud conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-064 de
2004, y como se advierte al compararlas con las de los respectivos
funcionarios de los Hospitales El Tunal, San Vicente de Arauca y Militar
Central, pues en ambos casos su ámbito de acción se relaciona con los
asuntos relativos a la instrumentación quirúrgica para la cual se requirió la
profesionalización.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal
según constancia secretarial visible a folio 261 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada. En el presente caso solo la presentó la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:
¿Es procedente la nivelación salarial deprecada por la demandante que
ostenta el cargo de técnico del área de la salud, código 323, grado 06 en la
ESE Hospital Simón Bolívar, con el fin de igualar su remuneración y
prestaciones a las percibidas por un profesional universitario del área de la
salud, código 237, grado 8 del Hospital El Tunal o su equivalente?
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Sobre este cuestionamiento la Subsección tendrá como tesis que: es viable la
equiparación del salario percibido por la demandante frente a aquel fijado para
el cargo equivalente en la entidad demandada al de profesional universitario
del área de la salud, código 237, grado 8 del Hospital El Tunal, pues se
estructuró un criterio de igualdad material entre ambos extremos que permite
considerar la existencia de un trato remunerativo diferencial injustificado, tal
como pasa a verse:
El régimen del empleo de técnico en área de la salud, código 323,
grado 06 al interior de la entidad demandada
Sobre el punto es clave tener en cuenta que si bien la Ley 909 de 20043 reguló
de manera general el empleo público y en sí la carrera administrativa
principalmente del orden nacional, lo cierto es que fue hasta la expedición del
Decreto 785 de 20054 que se fijó el sistema de nomenclatura, clasificación,
funciones y requisitos generales de los cargos al interior de las entidades
descentralizadas del orden territorial, para lo cual el artículo 15 definió la
estructuración de estos de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los niveles
señalados en el artículo 3º del presente decreto, le corresponde una
nomenclatura y clasificación específica de empleo.
Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se
identifica con un código de tres dígitos. El primero señala el nivel al cual
pertenece el empleo y los dos restantes indican la denominación del cargo.
Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que
corresponderán a los grados de asignación básica que las Asambleas y los
Concejos les fijen a las diferentes denominaciones de empleos.»
Específicamente en lo respectivo al nivel técnico, se observa que el canon 19
ibidem prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 19. Nivel Técnico. El Nivel Técnico está integrado por la siguiente
nomenclatura y clasificación específica de empleos:
Cód. Denominación del empleo
335 Auxiliar de Vuelo
303 Inspector de Policía 3ª a 6ª Categoría
306 Inspector de Policía Rural
312 Inspector de Tránsito y Transporte
313 Instructor
336 Subcomandante de Bomberos
367 Técnico Administrativo
323 Técnico Área Salud
314 Técnico Operativo» (Subrayado fuera de texto).
Como se desprende de la norma en cita, en el sector de la salud las
instituciones públicas prestadoras del servicio tendrían en su esquema de
empleos un técnico con código 323, razón por la cual la ESE Hospital Simón
Bolívar a través del Acuerdo 008 de 20055, emanado de la junta directiva,
ajustó su planta interna para dar aplicación al postulado en comento, al punto
de estipular que aquellas plazas que en su momento se habían denominado
3 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.»
4 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004.»
5 Ver el siguiente link: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20813
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«instrumentador quirúrgico, código 420, grado 06», pasarían a nombrarse con
el aludido cargo, tal como se verifica según esta transcripción:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar parcialmente la planta global de cargos del
Hospital Simón Bolívar, III Nivel, Empresa Social del Estado, a la nueva nomenclatura
y clasificación de empleos, establecida en el Decreto 785 de 2005, así:
PLANTA ACTUAL PLANTA AJUSTADA
N° DENOMINACIÓN DEL N° DENOMINACIÓN
CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN H CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN
CARGOS EMPLEO CARGOS DEL EMPLEO
INSTRUMENTADOR TÉCNICO AREA
14 420 6 1102259 8 14 323 6 1102261»
QUIRÚRGICO SALUD
En efecto, al validar el caso particular de la señora Valero Poveda, se
encuentra que esta fue nombrada en el cargo de «Instrumentador Hospitalario –
Departamento de Cirugía – Servicio de Hospitalización – Sección de Atención Médica
– Hospital Regional Simón Bolívar»6, razón por la cual le fue aplicable la
actualización o ajuste de nomenclatura previsto en el acuerdo en cita, tal como
se advierte actualmente, pues se desempeña como «Técnico Área Salud, Código
323, Grado 06»7
Sobre la profesionalización de la instrumentación quirúrgica y el
cargo de profesional universitario del área de la salud
Al respecto es pertinente señalar que la Ley 784 de 20028 (por medio de la
cual se reglamenta el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional),
previó el desarrollo de un proceso de profesionalización de la actividad de
instrumentador quirúrgico a nivel nacional, ello con el fin de disminuir los
riesgos sociales asociados a su ejercicio, en ocasiones por personas sin la
instrucción académica pertinente para garantizar los estándares de seguridad
al interior de un quirófano.
En punto a ello, los artículos 1.° y 2.° de la norma ejusdem contemplaron el
marco general de regulación sobre la materia, así:
«ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley reglamenta el ejercicio de la
Instrumentación Quirúrgica Profesional, determina su naturaleza, propósitos y
campos de aplicación, desarrolla los principios que la rigen y se señalan los
entes de dirección, organización, acreditación y control de dicho ejercicio.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. Para los fines de la presente ley, el ejercicio de
la Instrumentación Quirúrgica Profesional requiere título de idoneidad
universitaria, basada en una formación científica, técnica y humanística,
docente e investigativa y cuya función es la planeación, organización, dirección,
ejecución, supervisión y evolución de las actividades que competen al
Instrumentador Quirúrgico Profesional, como parte integral del equipo de salud.
PARÁGRAFO. El Instrumentador Quirúrgico Profesional, tendrá a su cargo
entre otras actividades, la coordinación de las salas de cirugía. El manejo de
centrales de esterilización y de cirugía y de equipos de alta tecnología, tales
como máquinas de perfusión, láser y endoscopias de todas las entidades de
salud.»
Lo anterior evidencia que el Legislador buscaba fijar los parámetros básicos
para el desempeño del empleo de instrumentador quirúrgico, tanto así que
consagró el requisito de acreditar un título profesional universitario en el área,
así como la estructuración de una serie de funciones generales para tal efecto.
6 Según Resolución 000823 del 12 de marzo de 1987, por medio de la cual la demandante fue nombrada
en el cargo referido en la institución, tal como se afirmó en el hecho primero del libelo que fue
determinado como cierto por parte de la ESE Hospital Simón Bolívar en su contestación (folio 74).
7 Idem.
8 «Por medio de la cual se reforma la Ley 6a. del 14 de enero de 1982».
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Con el fin de implementar estos cambios, el artículo 9.° ibídem contempló un
término específico que debían tener en cuenta las instituciones públicas y
privadas prestadoras del servicio en orden de vincular en sus plantas de
personal solo a personas que cumplieran con el perfil en comento, según se
desprende a continuación:
«ARTÍCULO 9o. DE LA CONTRATACIÓN. Las entidades hospitalarias,
públicas o privadas, deberán emplear profesionales en Instrumentación
Quirúrgica que cumplan con los requisitos establecidos de conformidad con la
presente ley. Quienes no cumplan con tales requisitos, tendrán un plazo de tres
(3) años, a partir de la promulgación de esta ley, para hacerlo.»
Del contexto ofrecido por la normativa aludida, no se desprende
necesariamente como lo afirma la parte demandante, que esta haya ordenado
crear el cargo de profesional universitario 237 en las diferentes ESE del país
para homologar en esa posición a los instrumentadores quirúrgicos que
ejercían como tal bajo el nivel técnico.
No obstante lo anterior, resulta cierto que el entonces Ministerio de la
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública
expidieron la Circular Conjunta 076 del 21 de noviembre de 2005 (que reposa
de folios 125 a 127 del plenario), en la que se precisó lo siguiente:
«[…] Con fundamento en las anteriores disposiciones legales y en la
jurisprudencia señalada, se precisa que las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud y las Empresas Sociales del Estado de naturaleza pública
de orden nacional y territorial podrán modificar su planta de personal, de
acuerdo con las necesidades del servicio, los requerimientos de habilitación del
servicio según el nivel de atención y su sostenibilidad financiera, a efectos de
contar con empleos de Profesional Universitario Área Salud Código 237 y
vincular en ellos los egresados del programa en Instrumentación Quirúrgica
Profesional.
Con las anteriores precisiones, el Ministerio de la Protección Social y el
Departamento Administrativo de la Función Pública esperan contribuir a la
correcta aplicación de las normas que sobre la materia rigen actualmente en el
país.». (Negrilla y subrayado intencional).
Con base en esta recomendación (que por su propia naturaleza no
corresponde a una decisión imperativa reglamentaria), se estima que la
institucionalización del cargo denominado profesional universitario 237,
obedeció a una posibilidad que dependería de múltiples factores inherentes a
la autonomía administrativa y financiera de cada entidad hospitalaria, por lo
que no imperiosamente todas debían modificar su planta interna para incluir
dicha plaza, de manera que es viable que se presenten casos como el
particular en el que por ejemplo el Hospital El Tunal y el Hospital San Vicente
de Arauca, a diferencia de la entidad demandada, sí adoptaron aquella
Circular.
En el caso de la ESE Hospital El Tunal de Bogotá, lo expuesto se extrae del
Acuerdo 009 del 6 de mayo de 2004 (folios 133 a 134) mediante el cual la junta
directiva de la institución incluyó la denominación de instrumentador quirúrgico
en el nivel profesional al modificar la planta interna en el siguiente sentido:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en términos del numeral 06 del artículo
12 del Acuerdo 17 de 1997 la inclusión de la denominación de empleo como
Profesional Universitario área de la salud código 337 Grado 8, a todos los
Instrumentadores Quirúrgicos, acogiéndonos al artículo 31 de la Ley 1569 de
1997. […]». (Negrilla y mayúscula conforme a la transcripción).
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019)
Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
Ahora, el cargo en mención sufrió una modificación o actualización en virtud
del Acuerdo 016 del 20 de octubre de 20059 para dar aplicación al Decreto 785
de 2005, y de esta forma determinar que aquella plaza de Instrumentador
Quirúrgico se denominaría finalmente: «Profesional Universitario Área Salud,
Código 237, Grado 8», así:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar parcialmente la nomenclatura de los siguientes
empleos pertenecientes a la planta global de cargos del Hospital el Tunal III Nivel
Empresa Social del Estado, así:
PLANTA ACTUAL PLANTA AJUSTADA
N° DENOMINACIÓN DEL ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN DEL ASIGNACIÓN
CÓDIGO GRADO CÓDIGO GRADO
CARGOS EMPLEO BÁSICA EMPLEO BÁSICA
NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL PROFESIONAL
6 UNIVERSITARIO ÁREA 337 8 1.370.363 UNIVERSITARIO ÁREA 237 8 1.370.363»
SALUD SALUD
Lo propio sucedió con la ESE Hospital San Vicente de Arauca cuando a través
del Acuerdo 115 del 7 de octubre de 2003 (folios 140 a 142), homologó a todos
los instrumentadores quirúrgicos de la institución, al nivel profesional de la
siguiente forma:
«[…] ARTÍCULO CUARTO: A partir del 01 de Enero del 2004 nivelar tres (3)
cargos de Instrumentador Quirúrgico código 420 nivel técnico al Nivel
Profesional Código No. 337.»
Puntualmente en el caso de la entidad demandada, se verificó que varias
personas que se desempeñaban como instrumentadores quirúrgicos en la
ESE Hospital Simón Bolívar, formularon sendas peticiones ante la entidad con
el fin de que se adoptara la Circular Conjunta 076 del 21 de noviembre de 2005
del Ministerio de la Protección Social y del Departamento Administrativo de la
Función Pública, y de esta forma fueran vinculados como profesionales
universitarios al ser funcionarios egresados del programa de instrumentación
quirúrgica.
En respuesta a la solicitud de los empleados, la institución hospitalaria aludida
emitió el Oficio G-5959 del 5 de diciembre de 2005 (folios 96 a 97), con el cual
negó lo deprecado al indicar que:
«[…] 1. A su petición de reconocer o establecer la denominación de profesional
Universitario área de la salud código 337 grado 8 o la que le corresponda como
profesional, me permito informarle que el plan de cargos del Hospital Simón Bolívar
no existen cargos de profesional en el área de la salud con requisito de
Instrumentador Quirúrgico conforme con lo establecido en el Acuerdo 08 de 2005
expedido por la Junta Directiva del Hospital. De tal manera que en la actualidad no es
posible abrir concurso para este cargo.
2. Esta administración es conocedora de la Ley 784 de 2002 mediante la cual el
ejercicio de la instrumentación quirúrgica requiere de el (sic) título de idoneidad como
profesional y es por esta razón que se encuentra adelantando el estudio técnico
necesario para llevar a cabo la modificación de la Planta de Personal, conforme a lo
establecido en el Título VII del Decreto 1227 de 2005 y en el marco del convenio 579
de 2003 realizado con la Secretaría Distrital de Salud y en el cual me comprometo a
realizar el reordenamiento institucional. En el Decreto 1227 de 2005 se establece que
la Entidad deberá realizar el estudio técnico que soporte la modificación de la Planta
de Personal y así poder crear los cargos de profesional Universitario área de la salud
con requisito de Instrumentador Quirúrgico. […]»
En razón de lo esbozado hasta este punto, se observa que si bien con
fundamento en el referido marco normativo y regulatorio, resultaba viable la
9 Ver el siguiente link: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19375
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
creación del cargo de profesional universitario del área de la salud, código 237,
grado 8; ello era potestativo de las diferentes Empresas Sociales del Estado
en el marco de las necesidades del servicio y de sus capacidades financieras,
tanto así que la ESE Hospital Simón Bolívar si bien no implementó aquella
plaza, sí respondió oficialmente que adelantaría el estudio técnico necesario
para determinar la posibilidad de modificar la planta de personal en ese sentido
a fin de acoplarse a la Ley 784 de 2002.
La posición asumida por la entidad demandada era válida conforme al ámbito
de acción que desarrolló esta norma, en tanto es cierto que no debía
entenderse como perentorio el adoptar la misma decisión de sus pares como
el Hospital El Tunal o el Hospital San Vicente de Arauca referentes a la
creación del citado cargo; empero, ello no quiere decir que las pretensiones
de nivelación salarial puedan ser denegadas in limine por el solo hecho de que
esa plaza no esté prevista en la planta de personal, pues dicho presupuesto
se acompasa a un estudio de homologación y no de nivelación salarial que se
basa en la prevalencia de la realidad sobre las formas, tal como debe
verificarse en el sub examine en razón de la forma como se fijó el litigio.
El ejercicio de comparación exigido jurisprudencialmente para
verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar
En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que la parte demandante en
su calidad de técnico del área de la salud, código 323, grado 06 de la ESE
Hospital Simón Bolívar, pretende la nivelación salarial con fundamento en un
parangón con el cargo de profesional universitario del área de la salud, código
237, grado 08 del Hospital El Tunal de Bogotá o del Hospital San Vicente de
Arauca o su equivalente, ello al asegurar que esta se desempeña bajo las
mismas condiciones de la última posición aludida pero en un nivel jerárquico
inferior.
Pues bien, en materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se
alega por la parte demandante el desempeño «de facto» de otro empleo con
mejor nivel y grado en el esquema salarial de la propia entidad o de incluso
una institución diferente como se alega en el sub iudice, esta Subsección
precisó las condiciones para la procedencia de tal clase de pretensiones en
sentencia del 9 de diciembre de 201910, al indicar que:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función
que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera
con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones
que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los
requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae
consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los
supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su
contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos.» (Negrita fuera de texto).
En un caso con algunas semejanzas fácticas derivadas de una demanda de
nivelación salarial sobre un ejercicio comparativo parecido de dos empleos y
entidades disímiles, este juez colegiado11 se pronunció en el siguiente sentido:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que las funciones son
equivalentes a otro cargo existente en la planta de personal de otra entidad
y en donde su remuneración es mayor, debe acreditar, conforme a lo
establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 7 de febrero de 2019. Radicado: 70001-23-31-000-2010-00042-01(0669-15).
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Código General del Proceso, que: i) ejecuta la misma labor; ii) ostenta la misma
categoría; iii) cuenta con la misma preparación; iv) posee iguales
responsabilidades; y, v) cumple con los requisitos que el cargo exige.» (Líneas
intencionales). (Líneas y negrilla intencional).
Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional12 también indicó lo
siguiente:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”
(....)
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Negrita de la Sala).
Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito
de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y
material, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional13, así:
«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de
una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia
de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades
públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato
en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue
aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en
discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no
obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es
conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios
válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre
trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo
igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada
debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
12 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación
también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente:
«[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma
labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades,
deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono
hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado
por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]»
(Subraya y negrilla de la Sala).
13 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente:
T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el
expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas
es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se
desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo
casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación salarial.
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evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional
de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los
empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción. Negrita de la
Subsección).
Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una
presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad como sería
la instrumentación quirúrgica, tales hechos tendrán que valorarse en conjunto
con todas las condiciones particulares de cada cargo en contraste desde
diferentes aristas objetivas, en orden de fijar un criterio de equiparación viable
en lo relativo a la nivelación salarial, en tanto un examen adecuado para hallar
un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y no entre
similares con ciertas diferencias.
Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado,
aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en
la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía
iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con
idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo
contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado.
Análisis de la situación particular de la libelista en su calidad de
Instrumentadora Quirúrgica
Ante este panorama jurisprudencial, aunado al marco normativo transcrito al
inicio, se estima que para el asunto sub lite el estudio del juez en realidad no
debe fundarse en determinar si la demandada está obligada a crear en su
planta interna una plaza de profesional universitario, código 237, grado 8, y en
consecuencia nombrar a la libelista en ese cargo, pues ello no constituye el
litigio en concreto e iría en contra de los principios de la carrera administrativa
y la función pública, más aún cuando en efecto, tal como se advirtió al inicio
de las consideraciones, el marco normativo aplicable al caso no previó de
manera imperativa la implementación de ese empleo para aquellos servidores
que se hubiesen desempeñado como instrumentadores quirúrgicos en las
distintas Empresas Sociales del Estado.
Con esta claridad, resulta necesario resaltar el hecho de que la señora Myriam
Sofía Valero Poveda lo que realmente pretende según su demanda14 y su
recurso de apelación, es el pago de la diferencia salarial existente entre la
remuneración que percibe un profesional universitario, código 237, grado 8 y
14 Pues así se desprende de la lectura de las pretensiones a folio 34 del plenario cuando instó: «[…]
SEGUNDA:- Como consecuencia de la declaración de nulidad del Acto administrativo impugnado “Comunicación”
descrita en la pretensión primera del presente libelo, y a título de restablecimiento del derecho, se condene al
HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR – III NIVEL ATENCIÓN – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO a reconocer y pagar a
favor de la Señora MYRIAN SOFÍA VALERO POVEDA, los valores que se le adeudan por concepto de la diferencia
salarial y prestacional que existe entre el cargo de Técnico Área Salud 323, Grado 06 y el cargo de Profesional
Universitario 237 del Área de Salud y/o uno equivalente, establecido legalmente para cumplir las funciones que
desempeña en la actualidad, y desde el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil cinco (2005), fecha límite en que
debió establecerse dicho empleo y hasta la fecha en que ejerza las funciones de Instrumentador Quirúrgico
Profesional al servicio del Hospital Simón Bolívar, o en la fecha en que sea nombrada en el empleo de Profesional
que para el efecto se establezca en la planta de personal de la entidad convocada en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 784 de 2002. […]». (Negrilla, cursiva y mayúscula del texto original).
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la fijada para el empleo de técnico en área de la salud, código 323, grado 6
que actualmente aquella ocupa, esto al asegurar que se desempeña en
iguales condiciones a la primera posición en comento, pero con una
remuneración menor como único factor disímil.
Por esta razón, es evidente que en el sub iudice no se plantea un pedimento
de homologación o conmutación a empleos de mayor nivel o mejor posición,
habida cuenta de que no existe la plaza de profesional universitario del área
de la salud al interior de la entidad demandada, así como tampoco el
cumplimiento propiamente dicho de la Ley 784 de 2002 sobre la
profesionalización de la instrumentación quirúrgica, pues la implementación
del cargo en cuestión, formalmente se entendería de carácter potestativo
según la Circular Conjunta 076 del 21 de noviembre de 2005.
No obstante, debe destacarse el hecho de que bajo una interpretación
teleológica de la mentada ley y con base en un análisis del denominado
espíritu de la norma, al margen de que en esta no se haya ordenado
expresamente la modificación de las plantas de personal de las Empresas
Sociales del Estado para incluir un empleo del nivel profesional para quienes
ejerzan actividades como instrumentadores quirúrgicos, lo cierto es que el
haber previsto que dicha labor la debían realizar personas graduadas en tal
área del conocimiento, denota que el fin ulterior, intrínseco y práctico de la
regulación en comento, en realidad era que se contemplara al interior de las
aludidas entidades, la estructuración de un cargo de mayor jerarquía al de la
posición técnica que anteriormente ocupaban dichos servidores, tal como lo
estimó y materializó una de las instituciones homólogas de la entidad
demandada, específicamente la ESE Hospital El Tunal.
En suma, el quid tanto del proceso como de esta alzada, solo corresponde a
la observancia del principio de igualdad en materia laboral relacionado con la
premisa de «a trabajo igual, salario igual» y primacía de la realidad sobre las
formas, esto desde la perspectiva de un supuesto cotejo entre pares en razón
de la actividad desempeñada.
En este sentido, deberá validarse la existencia o no de una causa legal y
justificada que amerite el tratamiento diferencial desde el punto de vista salarial
para el caso de la libelista, basada en la evidencia de condiciones materiales
de igualdad entre los empleos a comparar.
Acorde con estas formulaciones, es imperioso valorar los elementos
probatorios relevantes en la actuación. En el expediente obran los siguientes
medios de convicción:
Certificados laborales emitidos por el profesional especializado de gestión
humana del Hospital Simón Bolívar, en los que se indica que la señora Myriam
Sofía Valero Poveda está vinculada con la dicha entidad desde el 2 de abril de
1987 y actualmente ocupa el cargo de técnico en área de la salud por el que
devengaba como asignación básica en el 2009: $1.437.551, en el 2010:
$1.481.253 y en el 2011: $1.571.841. (Folios 28 a 31).
Certificado suscrito por el líder de programa de talento humano del Hospital
San Vicente de Arauca ESE, a través del cual se relacionan las asignaciones
básicas que devengaban los empleados nombrados en el cargo de «Profesional
Universitario Área Salud (Instrumentador Quirúrgico) Código 237 Grado 0», para
los siguientes años: 2005: $1.585.466, 2006: $1.688.521, 2007: $1.798.275, 2008:
$1.951.128, 2009: $2.107.218, 2010: $2.275.795, 2011: $2.457.859, 2012:
$2.575.836, y 2013: $2.664.000. (Folio 145).
Certificación signada por la profesional especializada de talento humano del
Hospital El Tunal III Nivel ESE, en la que señala que los conceptos de sueldo
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básico y prima técnica del 40% que devenga en la institución el cargo de
«Profesional Universitario Área Salud Código 237 Grado 08», son los siguientes:
2005: $1.918.510, 2006: $2.050.885, 2007: $2.169.838, 2008: $2.300.029, 2009:
$2.485.641, 2010: $2.561.208, 2011: $2.664.682, 2012: $2.950.881, 2013:
$2.950.881 (Folio 135).
Petición formulada por la demandante el 31 de octubre de 2012 ante la ESE
Hospital Simón Bolívar III Nivel, en la cual solicitó a la entidad el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el cargo que ocupa
como técnico del área de la salud 323, grado 6 y el de profesional universitario del
área de la salud 237 o su equivalente, desde el 23 de diciembre de 2005 cuando
venció el término de las instituciones prestadoras de servicio públicas para
adoptar el plan de profesionalización de la actividad de los instrumentadores
quirúrgicos, hasta la fecha en la que sea nombrada como tal. (Folios 3 a 25).
Oficio G-05395 del 2 de noviembre de 2012 dictado por el gerente del Hospital
Simón Bolívar en respuesta a la petición en comento, a través del cual negó lo
deprecado al aducir lo siguiente: «En atención a la solicitud de la referencia de manera
atenta me permito informar que en el Plan de cargos del Hospital Simón Bolívar no existe
cargo de profesional en el Área de la salud con requisito de Instrumentador Quirúrgico,
conforme a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2005, expedido por la Junta Directiva del
Hospital. Por lo anterior, no es posible acceder a su petición de reconocimiento y pago de
la diferencia salarial entre el cargo de técnico área salud código 323, grado 06, y el de
profesional Universitario Área Salud, ya que el cargo que usted está ocupando es técnico
área salud.» (Folio 27).
En atención a que la demandante instó por la nivelación salarial en
comparación con el cargo de profesional universitario del área de la salud,
código 237, grado 08 o su equivalente, deberá determinarse frente a cuál
extremo debe realizarse dicho estudio, habida cuenta de que la señora Valero
Poveda no especificó la entidad frente a la que pretendía lo propio, pues solo
adujo que esta plaza se encontraba creada tanto en el Hospital El Tunal, como
en el Hospital San Vicente de Arauca.
Bien, sobre el particular debe tenerse en cuenta que la libelista se encuentra
vinculada a una Empresa Social del Estado perteneciente a la red pública de
salud del Distrito de Bogotá, de manera que lo pertinente para contrastar los
cargos con fines de equiparación, debe ser respecto de la misma entidad
territorial y no por ejemplo del Hospital San Vicente de Arauca, puesto que el
régimen salarial y prestacional de esta clase de entes públicos, si bien tiene
un marco general de regulación, varía en cuanto a la escala remunerativa en
cada territorio, de suerte que lo adecuado en el presente caso es efectuar el
análisis sobre el empleo de profesional contemplado para la ESE Hospital El
Tunal, en razón a que aquel tendría las mismas condiciones, fines y
administración central que las de la autoridad demandada.
Como ejercicio comparativo se plantea el siguiente compendio:
Criterios de desempeño Requisitos
Denominación
Propósito principal y funciones y conocimientos para ocupar el
del cargo
esenciales cargo
Técnico en área Propósito principal: Contribuciones - Título de
de la salud, individuales (Criterios de formación
código 323, Apoyar la planeación y ejecución de desempeño): técnica,
grado 06 de la procedimientos quirúrgicos alistando el profesional o
ESE Hospital material, instrumental y diferentes - Los formatos y hojas de tecnológica en
Simón Bolívar equipos requeridos y asistiendo a los gastos de cirugía e instrumentación
III Nivel15 cirujanos en el desarrollo de los instrumentación, son quirúrgica.
diferentes procedimientos quirúrgicos diligenciados
en forma oportuna y adecuada. correctamente.
15 Según extracto de la Resolución 305 del 21 de agosto de 2007 del Hospital Simón Bolívar, por medio
de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la planta global
de la entidad, específicamente lo relacionado con el cargo de técnico del área de la salud, código 323,
grado 06 (Folio 163).
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• El recuento de - 1 año de
Funciones asignadas: compresas se realiza experiencia
permanentemente. relacionada.
• Ejecutar labores relacionadas con la - Los procedimientos
colaboración directa al médico y en el quirúrgicos se registran de
manejo de los diferentes equipos de acuerdo con los
ayuda diagnóstica y de tratamiento en lineamientos fijados.
la institución. - El instrumental al igual
• Asistir a los cirujanos en el desarrollo que los equipos son
de las operaciones, suministrando y registrados y controlados.
recibiendo los distintos elementos. - Las remisiones de
• Llevar el control de instrumental y materiales de
recuento de gasas y compresas durante osteosíntesis, órtesis y
el acto quirúrgico o anestesia. prótesis son inventariadas
• Revisar diariamente la programación y cobradas según lo
de cirugías y registrar lo realizado. indicado en el manual de
• Supervisar el aspecto técnico en el procesos y
proceso de esterilización del procedimientos.
instrumental médico quirúrgico.
• Conservar técnicamente ordenados Conocimientos básicos
los equipos e instrumentos de cirugía. o esenciales:
• Llevar el inventario del instrumental e
informar sobre las necesidades de - Sistema de Seguridad
equipo y material para programar Social en Salud.
suministros. - Sistema de habilitación y
• Solicitar y recibir pedidos y entregar acreditación.
los materiales y equipos requeridos por - Diligenciamiento de los
las unidades de cirugía. diferentes registros de la
• Participar en la elaboración del manual institución que le
de procedimientos del servicio y de corresponden.
normas asépticas. - Entrenamiento informal
• Rendir informes periódicos al en el manejo del paciente
responsable sobre el desarrollo de las quemado.
actividades. - Manual de bioseguridad.
• Ejercer la función de autocontrol en el - Cadena de custodia.
desempeño de las funciones propias del
cargo.
• Realizar la correcta segregación,
clasificación selectiva y disposición de
los residuos hospitalarios que generen
en los recipientes específicos como
resultado de sus actividades.
• Las demás que le sean asignadas y
que correspondan a la naturaleza del
cargo.
Propósito principal: Contribuciones - Título
individuales (Criterios de profesional en
Apoyar los procedimientos quirúrgicos desempeño): áreas de la
con la disposición de los equipos y el salud
material requerido para cada - Facilitar el instrumental relacionadas
intervención. debidamente esterilizado y con las
en condiciones óptimas y funciones del
Funciones asignadas: oportunas para el cargo.
procedimiento quirúrgico - Doce (12)
• Planear, ejecutar y evaluar las con los pacientes. meses de
actividades relacionadas con el experiencia
Profesional procedimiento quirúrgico asignado con Conocimientos básicos relacionada con
universitario base en las condiciones del paciente y o esenciales: las funciones
del área de la la técnica quirúrgica. - Sistema de Seguridad del cargo.
salud, código - Asistir a los cirujanos en el desarrollo Social en Salud.
237, grado 08 de las operaciones para lo cual debe - Patologías de alta, media
de la ESE suministrar y recibir los distintos y baja complejidad.
Hospital El elementos. - Técnicas de asepsia y
Tunal16 - Conocer y aplicar todas las normas, antisepsia.
procedimientos y protocolos fijados en - Entrenamientos
salas de cirugía. específicos en
• Apoyar el proceso de programación de instrumentación.
cirugías.
• Solicitar el instrumental, elementos y
equipos requeridos para la cirugía
asignada.
• Llevar los registros de los inventarios
remitidos a fin de garantizar información
sobre éstos.
• Aplicar los procedimientos y controles
creados para garantizar la eficiencia y
16 De conformidad con el extracto del Acuerdo 003 del 17 de marzo de 2006, por el cual se ajusta el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal
del Hospital El Tunal, en especial en lo relativo al cargo de profesional universitario del área de la salud,
código 237, grado 08. (Folios 116 a 117).
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
eficacia en el desempeño de sus
labores.
• Llevar el control del instrumental y
recuento de gasas y compresas durante
el acto quirúrgico o la anestesia.
• Conservar técnicamente ordenados
los equipos e instrumentos de cirugía.
• Participar en la elaboración del manual
de normas, procedimientos y protocolos
asistenciales del área.
• Supervisar el aspecto técnico en el
proceso de esterilización del material
médico – quirúrgico, así como vigilar la
asepsia y antisepsia del grupo
multidisciplinario que participa en los
procedimientos quirúrgicos.
• Planear, organizar, supervisar y
evaluar las actividades realizadas en la
central de esterilización y grupo de
instrumentación.
• Garantizar la aplicación del sistema de
control interno y de costos en su área
con la contribución permanente en su
actualización.
• Velar por el cuidado y mantenimiento
de equipos de alta complejidad como
equipos de endoscopia, fuentes de luz,
equipos de láser y perfusión.
• Manejar el material de osteosíntesis
tanto del Hospital como de los
proveedores para su respectivo uso y
facturación.
• Conocer el funcionamiento de los
equipos especializados.
• Las demás que le sean asignadas y
correspondan a la naturaleza del cargo.
Sobre la aplicación del test de igualdad en consonancia con las
premisas de: «a trabajo igual, salario igual» y de «prevalencia de
la realidad sobre las formas»
Una vez realizado el análisis probatorio del caso, es posible inferir que la
demandante en el ejercicio del cargo para el cual fue nombrada en la ESE
Hospital Simón Bolívar como técnico en el área de la salud, código 323, grado
06, efectivamente ejerce las mismas funciones que las asignadas a un
profesional universitario del área de la salud, código 237, grado 08 del Hospital
El Tunal.
Esto se asegura por cuanto al validar las actividades que ambos cargos deben
realizar conforme a la ley y el reglamento, se encuentra que al margen de estar
redactadas en algunos casos de manera diferente y en otros exactamente
igual, todas se articulan o condensan bajo el mismo propósito principal de
ambos empleos, que no es otro que el apoyo en la planeación y ejecución de
las intervenciones quirúrgicas con el alistamiento y disposición del material e
instrumental requerido por los médicos cirujanos en cada procedimiento con
las medidas de asepsia y antisepsia exigidas.
Este marco funcional aludido resulta ser homogéneo para ambos casos
comparados, si se tiene en cuenta además que sin distinción respecto de la
nomenclatura de los dos cargos y a pesar de que se trata de niveles
jerárquicos diferentes en razón de la supuesta tecnicidad de uno y la
profesionalización del otro, lo cierto es que no se encuentra una diferencia
sustancial o un criterio objetivo de divergencia en punto a las labores que
ambas plazas deben ejercer, más aun cuando estas derivan incluso de la
propia normativa legal y no solo por el arbitrio regulatorio de cada ESE.
Lo expuesto se asevera en la medida en que los extremos comparados se
ajustan desde su propia naturaleza, concepción y reglamentación a lo que la
noción de instrumentador quirúrgico se refiere, es decir, no se observa del
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ejercicio de contraste precitado que los empleos en cuestión se fundamenten
en actividades y fines disímiles, al punto que si se detallan una a una las
funciones asignadas a ambos cargos, se observa una clara correlación entre
ellas en clave de identidad para aspectos como:
i) la asistencia permanente a los cirujanos en sus procedimientos,
ii) la coordinación y registro de las intervenciones quirúrgicas, así como su
programación,
iii) el manejo y control del instrumental médico y recuento de gasas y
compresas durante el acto quirúrgico o anestesia,
iv) la supervisión del aspecto técnico en el proceso de esterilización del
instrumental médico quirúrgico bajo criterios de asepsia y antisepsia,
v) la participación en la elaboración del manual de normas, procedimientos
y protocolos asistenciales del área,
vi) el manejo de los distintos equipos especializados requeridos en las
operaciones y demás procedimientos a cargo de los médicos,
vii) el manejo del material de osteosíntesis en cuanto a su facturación e
inventario.
Conforme se observa a partir de esta equivalencia directa de funciones
inherentes y propias a la naturaleza del cargo intrínseco de instrumentador
quirúrgico que subyace a las respectivas denominaciones por nomenclatura
de las plazas en comparación de técnico y profesional, debe tenerse en cuenta
que tal equivalencia se basa en la profesionalización de dicha actividad en
virtud de la Ley 784 de 2002, cuando esta previó todos los postulados que la
regularían, como por ejemplo se advierte de las actividades generales que
aquella norma concibió en el parágrafo del artículo 2.° ibídem que reza:
«[…] PARÁGRAFO. El Instrumentador Quirúrgico Profesional, tendrá a su
cargo entre otras actividades, la coordinación de las salas de cirugía. El manejo
de centrales de esterilización y de cirugía y de equipos de alta tecnología, tales
como máquinas de perfusión, láser y endoscopias de todas las entidades de
salud.»
El hecho de que la normativa en comento haya previsto como requisito el
estudio profesional de la instrumentación quirúrgica en institución educativa
acreditada a fin de poderla ejercer e incluso para contratar o vincular a quienes
la desempeñan, implica que el presupuesto de diferenciación entre los cargos
de técnicos y profesionales universitarios en área de la salud que cumplen
actividades como instrumentadores, deja de ser un criterio objetivo de
divergencia entre ambos y se convierte en una formalidad que superaría la
realidad en los casos como el presente donde se acredite, como lo hizo la
demandante, que le corresponden labores propias de ambos empleos que se
tornan idénticas en razón y con fundamento en el desarrollo de una actividad
reglada bajo una misma concepción.
Asimismo, se advierte que no solo el marco funcional de los dos extremos
contrastados es idéntico, sino que también lo es el esquema de
responsabilidades, obligaciones, perfil y requisitos para ocupar la plaza de
profesional universitario pretendida por la libelista, tal como se anunció que lo
exige la jurisprudencia, en tanto del ejercicio comparativo en comento es
posible extraer que por ejemplo, las denominadas contribuciones individuales
o aspectos de desempeño se relacionan adecuadamente al evidenciar que es
común para ambas plazas el tener que facilitar el instrumental debidamente
esterilizado en condiciones óptimas y oportunas para el procedimiento
quirúrgico con los pacientes, nuevamente en virtud de la esencia de la
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instrumentación quirúrgica que es ambivalente para los empleos en estudio17.
Además de lo esbozado, se verifica que el cargo de técnico en área de la salud
que ocupa la señora Valero Poveda, incluso tiene previstas más exigencias
sobre sus contribuciones que la de profesional universitario en comparación,
esto al igual que en lo atinente a los conocimientos básicos o esenciales que
en todo caso, a pesar de variar en algunos aspectos, indispensablemente se
atañen o se desprenden de la propia instrucción, capacitación y experiencia
que se adquiere con el estudio profesional de la instrumentación quirúrgica, el
cual se insiste, es común para los dos casos.
Ahora, frente al cumplimiento de requisitos para el ejercicio de la plaza de
profesional universitario, código 237, grado 08, se destaca que el título de
formación académica en áreas de la salud relacionadas con las funciones del
empleo, esto es, con la instrumentación quirúrgica, se encuentra acreditado
para el caso de la libelista por las siguientes razones:
i) En primer lugar por cuanto ese punto no fue discutido, negado ni
controvertido en el proceso ante su afirmación en el acápite fáctico del libelo,
específicamente en el hecho 7 (folio 39), cuando la demandante afirmó que en
cumplimiento de la Ley 784 de 2002 adelantó y cursó los estudios en
instrumentación quirúrgica en la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud, con autorización para el ejercicio de la actividad con base en la
Resolución 003709 del 7 de mayo de 2001. Respecto de esta aseveración, la
entidad demandada en su contestación solo manifestó que no era un hecho
(ver folio 76), empero, en ningún momento se opuso a tal postulado, ni lo
señaló como falso o pendiente de prueba.
ii) De igual modo, en vía administrativa el mentado presupuesto tampoco fue
controvertido por la demandada, puesto que no desestimó el supuesto fáctico
de la acreditación del título profesional planteado en la petición particular de la
demandante radicada el 31 de octubre de 2012 (folios 3 a 25), así como en la
solicitud colectiva de varias empleadas que aseguran haber acreditado ante
dicha institución su profesionalización en la materia. Aquello se avizora
además puesto que en virtud de la respuesta del Hospital Simón Bolívar a esta
última solicitud, la entidad reconoce el hecho en comento pero niega la
creación de cargos de profesional hasta contar con un estudio técnico de
pertinencia que lo avale (folios 96 a 97).
iii) Igualmente, al momento de la fijación del litigio en el presente asunto, se
encuentra que el tribunal de primera instancia formuló un cuestionamiento que
conforma el problema jurídico a resolver (folio 202), dentro de los cuales no se
evidencia que esté en discusión la acreditación del título profesional de la
señora Valero Poveda, puesto que, incluso, tal presupuesto se subsume en la
pregunta que solo pretende determinar si aquella tenía derecho a recibir la
remuneración correspondiente a la plaza de profesional en lugar de la de
técnico por haber ejercido funciones inherentes a la primera.
iv) Por último, debe tenerse en cuenta que la Ley 784 de 2002 que consagró
la profesionalización del oficio de instrumentación quirúrgica, indicó que las
ESE debían vincular solo a quienes demostraran dichos estudios o quienes lo
realizaran en 3 años contados a partir de la vigencia de la norma si ya estaban
nombrados como era el caso de la libelista, quien claramente aún tenía una
relación legal y reglamentaria con el hospital a la fecha de la certificación
obrante a folio 28 del plenario (16 de agosto de 2012), institución que debía
velar por el cumplimiento de esa exigencia, la cual por consiguiente se asume
17 Dichos planteamientos fueron esbozados por esta misma Subsección en un proceso con identidad
fáctica y jurídica al sub lite, puntualmente en sentencia del 6 de agosto de 2020 dictada en el proceso
con radicado: 25000-23-42-000-2013-01556-01 (2726-2018).
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019)
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como demostrada.
Por otro lado, en lo concerniente al tiempo de experiencia requerido para el
cargo de profesional universitario del área de la salud, no se advierte dificultad
probatoria, habida cuenta de que en ambos casos se fijó un lapso de 1 año o
12 meses de labores relacionadas, que resultarían para el caso de la
demandante ampliamente demostrados si se tiene en cuenta que esta fue
nombrada en el cargo precisamente de instrumentadora quirúrgica en la ESE
Hospital Simón Bolívar desde el 2 de abril de 198718.
Aunado a lo expuesto hasta este punto, también resulta ser un criterio de
equiparación entre el cargo desempeñado por la demandante y el comparado
con el Hospital El Tunal, el supuesto de que se trata en este caso de dos
empleos creados en entidades con idéntica finalidad u objeto, que propenden
por la misma actividad y hacen parte de la red pública de instituciones de salud
del mismo ente territorial, razón por la cual el hecho de que el ejercicio
comparativo en cuestión se haga sobre plazas de ESE contrapuestas (en
principio), no se torna en un criterio diferenciador válido que impida acceder a
una nivelación salarial.
Pues en realidad las condiciones de los dos extremos también son semejantes
en esencia y generan un espectro de paridad que permite verificar la igualdad
entre cargos al margen del ente en el que se circunscriban, más aún cuando
básicamente para el sub lite, el regulador común de los aspectos laborales en
específico es el Distrito de Bogotá.
Por otro lado, al verificar la remuneración percibida por la demandante según
las certificaciones de los años 2009, 2010 y 201119, en contraste con la fijada
para el empleo de profesional universitario del área de la salud, código 237,
grado 8 del Hospital El Tunal en las mismas anualidades20, se encuentra que
realmente se presenta un tratamiento diferencial en cuanto al salario que se
resume de la siguiente forma:
SALARIO DEVENGADO POR SALARIO DEL CARGO DE
AÑO DIFERENCIA
LA DEMANDANTE PROFESIONAL
2009 $1.437.551 $2.485.641 $1.048.090
2010 $1.481.253 $2.561.208 $1.079.955
2011 $1.571.841 $2.664.682 $1.092.841
Con base en los postulados factuales referidos, es posible considerar que este
caso se trata de empleos comparados que cumplen idénticas funciones y
tienen previstas las mismas responsabilidades bajo un esquema de perfil y
requisitos homogéneos basados principalmente en el ejercicio intrínseco de
una sola actividad reglada y profesionalizada como lo es la instrumentación
quirúrgica, la cual en el sub iudice además es desempeñada en dos
instituciones con fines, naturaleza jurídica y objetivos análogos al pertenecer
a la misma red de ESE de un ente territorial en común que debería regular los
aspectos laborales de manera uniforme en sus diferentes hospitales.
Tal afirmación se halla respaldada en igual interpretación que el Consejo de
Estado21 le dio a un caso con contornos similares, que en efecto debe ser
tenido en cuenta en esta oportunidad para resolver el sub iudice, habida
cuenta de que también se acreditó el cumplimiento de los presupuestos
básicos de comparación en términos de igualdad a fin de acceder a la
18 Según constancia laboral obrante a folio 28 del plenario.
19 Folios 28 a 31.
20 Folio 135.
21Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 6 de agosto de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01556-01 (2726-2018).
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nivelación salarial deprecada. En dicho proceso se resaltó lo siguiente:
«[…] necesariamente la diferencia en la nomenclatura de los cargos
contrastados, resulta ser una situación basada solo en la solemnidad del
nombramiento de la demandante en un cargo técnico y la inexistencia en la
planta de personal de la entidad demandada de aquel que le correspondería al
compararse frente a otro con mejor nivel y remuneración, lo cual termina por
superar a las verdaderas circunstancias de hecho y de derecho que rodean el
presente asunto y que corresponden a la igualdad en términos de equiparación
entre la libelista y la plaza de profesional universitario contrastada, de manera
que en definitiva sí se avizora una infracción al principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formas contenido en el artículo 53 Superior.
[…]
Pues bien, bajo el entendido de que en efecto el caso de la señora Garzón
Gómez se sustenta en un plano de igualdad como se advirtió con antelación a
partir del análisis probatorio, en tanto las actividades que ésta desempeña en
cumplimiento de sus funciones asignadas, sus responsabilidades, su perfil,
tiempo de experiencia y su ejercicio laboral como instrumentadora quirúrgica
profesional son idénticos o se acompasan perfectamente con esos mismos
puntos previstos para el empleo de profesional universitario, código 237, grado
8 del Hospital El Tunal, claramente debe afirmarse que su situación es
equiparable y por lo tanto impide un tratamiento discriminatorio injustificado.
En punto a la existencia de una razón o causa válida que sustente el tratamiento
divergente en lo atinente a la remuneración que aquella percibe, la Subsección
no encuentra para el caso concreto esa condición objetiva habilitadora, habida
cuenta de que si bien tanto la entidad demandada como el a quo estimaron que
el hecho de que la plaza de profesional universitario en comparación no
estuviese contemplada en la planta de personal de la ESE Hospital Simón
Bolívar era suficiente para negar la nivelación salarial, lo cierto es que tal
circunstancia no valida dicha posición cuando existe una realidad incluso legal
que supera la falta de actividad reglamentaria de la administración sobre esa
modificación estructural. […]
En conclusión: se estima que para el caso particular de la señora Lucía
Margarita Garzón Gómez, sí es procedente la nivelación salarial deprecada,
puesto que se evidencia una vulneración a su derecho a la igualdad, debido a
que se configuró un trato diferencial negativo e injustificado en punto a su
remuneración, a pesar de la equiparación de condiciones respecto del cargo
de profesional universitario del área de la salud, código 237, grado 8, previsto
para el Hospital El Tunal, toda vez que al comparar su situación jurídica con la
de aquella plaza de mayor nivel y grado en la escala salarial del sector salud
en el Distrito de Bogotá, se encuentra que ésta contempla las mismas
funciones, responsabilidades, requisitos, perfil y experiencia a las acreditadas
por la libelista, en razón a la identidad de la actividad inherente y reglada en
ambas plazas contrastadas como lo es la instrumentación quirúrgica
profesionalizada.
Por ello, el negar el pago de la diferencia salarial por la inexistencia del empleo
en comento, desdibuja la realidad fáctica y jurídica de equidad que se presenta
para la demandante, al punto de viciar de nulidad el acto administrativo
demandado. […]».
De ora parte y sin perjuicio de lo anterior, según lo planteado líneas atrás, este
no es un proceso de homologación tendiente a la creación del cargo de
profesional y al nombramiento de la señora Valero Poveda en esa posición,
sino un caso de nivelación salarial que busca el pago de una diferencia en el
tratamiento remunerativo, por lo que además de lo validado ut supra, debe
efectuarse un estudio en clave de «test de igualdad»22, a fin de configurar la
22 En este punto la Subsección se refiere al denominado test de igualdad conceptuado por la Corte
Constitucional en variada jurisprudencia sobre el particular, específicamente en la sentencia C-127 del
21 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Plena de la corporación en el expediente Expediente D-
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situación de la demandante en el plano de la equiparación material y de esa
forma poder advertir la existencia:
i) bien de una razón válida y objetiva de tratamiento disímil o
discriminación positiva a voces de la Corte Constitucional que propenda
por mantener un estado de equidad jurídica entre desiguales, o
ii) la presencia de una circunstancia diferencial injustificada o
discriminación negativa que solo va en detrimento de la aludida equidad
que se predica y se concibe constitucionalmente entre iguales.
Pues bien, bajo el entendido de que el caso de la libelista se sustenta en un
plano de igualdad como se advirtió con antelación a partir del análisis
probatorio, en tanto las actividades que esta desempeña en cumplimiento de
sus funciones asignadas, sus responsabilidades, su perfil, tiempo de
experiencia y su ejercicio laboral como instrumentadora quirúrgica profesional
son idénticos o se acompasan con esos mismos puntos previstos para el
empleo de profesional universitario, código 237, grado 8 del Hospital El Tunal,
claramente debe afirmarse que su situación es equiparable y por lo tanto
impide un tratamiento discriminatorio injustificado.
En punto a la existencia de una razón o causa válida que sustente la
divergencia en lo atinente a la remuneración que aquella percibe, la
Subsección no encuentra para el caso concreto esa condición objetiva
habilitadora, habida cuenta de que si bien tanto la entidad demandada como
el a quo estimaron que el hecho de que la plaza de profesional universitario en
comparación no estuviese contemplada en la planta de personal de la ESE
Hospital Simón Bolívar era suficiente para negar la nivelación salarial, lo cierto
es que tal circunstancia no valida dicha posición cuando existe una realidad
incluso legal que supera la falta de actividad reglamentaria de la administración
sobre esa modificación estructural.
Esto se afirma porque a pesar de que es evidente que la Ley 784 de 2002 no
ordenó ni impuso la creación del cargo de profesional universitario, código 237,
grado 8 en las diferentes instituciones públicas prestadoras del servicio de
salud, sí profesionalizó el ejercicio de la instrumentación quirúrgica23 e incluso
reguló la contratación y vinculación de quienes se desempeñan en ese campo
como la demandante. Ello fue al punto de exigir como requisito la acreditación
del título universitario respectivo en dicha materia, de suerte que generalizó en
un mismo nivel a quienes cumplieran aquellas exigencias.
En este sentido, la excepción a esa regla solo podría darse si en efecto un
instrumentador desarrolla actividades diferentes o adicionales a las
reglamentadas en esencia para aquel oficio, que a su vez puedan ser
consideradas efectivamente como inherentes a una plaza del nivel técnico en
lugar de una ubicada en el rango profesional.
Es decir, la inexistencia de paridad entre empleados que ejerzan la
instrumentación quirúrgica, radicaría en la demostración de labores operativas
12269, donde se precisó lo siguiente: «[…] La Corte Constitucional colombiana, en concordancia con la
jurisprudencia comparada, desarrolló un conjunto de herramientas denominado juicio o test de igualdad, cuyo objeto
es verificar la existencia de una violación al respectivo principio. El modelo colombiano hace uso de una mixtura entre
los modelos europeos y norte americano, a fin de garantizar, de la mejor forma posible el respeto por la igualdad. En
primer lugar, el carácter relacional del derecho a la igualdad supone una comparación entre sujetos, situaciones y
medidas. Por ello, el uso del juicio o test implica la identificación de tres presupuestos principalmente, a saber: (i) los
sujetos a comparar; (ii) el bien, beneficio o ventaja respecto del cual se da el tratamiento desigual; y (iii) el criterio
relevante que da lugar al trato diferenciado. Ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional, que el juicio
integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis, distribuidas de la siguiente manera: (i) establecer el criterio de
comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles
de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde
la Constitución. […]» (Líneas de la Sala).
23 Tal como se indicó en la sentencia C-064 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
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y técnicas propiamente dichas, en vez de actividades y responsabilidades
derivadas del ejercicio de la profesión como tal. Sin embargo, lo que se advirtió
en este caso es que tal diferencia no se presentaba, sino que por el contrario,
las funciones y calidades del empleo desempeñado por la libelista eran en
esencia las de un nivel superior al que se encontraba.
Ahora, tal como se verificó en el presente asunto, en la red pública hospitalaria
del Distrito de Bogotá, puntualmente en el Hospital El Tunal, no solo se adoptó
el cargo de profesional universitario en comento sino que se planteó que
quienes ejercieran labores en la institución como instrumentadores quirúrgicos
profesionales, lo harían bajo la aludida plaza, pero con el cumplimiento de una
estructuración funcional, de objetivos y de responsabilidades exactamente
iguales a las que tiene un técnico en área de la salud, código 323, grado 6
como la demandante en el Hospital Simón Bolívar, lo que quiere decir que no
se generó en el extremo comparado una diferenciación entre la esencia de un
instrumentador quirúrgico y la de un profesional universitario, pues este último
empleo subsumió formal y materialmente al primero para convertirse en uno
solo.
En suma, bajo este entendido, quien continuara vinculado como
instrumentador quirúrgico debidamente profesionalizado al servicio de
cualquier ESE del Distrito de Bogotá, y que para tal efecto desempeñara y
tuviera las mismas funciones, requisitos y perfil reglamentados para el cargo
de profesional universitario, código 237, grado 8 del Hospital El Tunal o su
equivalente en cualquier otra institución de la misma red, esperaría en clave
de equidad ser tratado de igual manera desde el punto de vista remunerativo
en observancia del principio de «a trabajo igual, salario igual».
Por cuanto sobre la base de ese planteamiento, no halla justificación un acto
discriminatorio respecto de los pagos por el servicio prestado en idénticas
condiciones, frente a un par con mejor situación solo por una circunstancia
formal como el nombramiento y la existencia de una plaza que la entidad para
la cual se encuentra vinculado no ha resuelto crear a pesar de haber
manifestado lo contrario24, ante la introducción de la normativa que
profesionalizó el empleo plurimencionado.
En conclusión: se estima que para el caso particular de la señora Myriam
Sofía Valero Poveda, sí es procedente la nivelación salarial deprecada, puesto
que se evidencia una vulneración a su derecho a la igualdad, debido a que se
configuró un trato diferencial negativo e injustificado en punto a su
remuneración, a pesar de la equiparación de condiciones respecto del cargo
de profesional universitario del área de la salud, código 237, grado 8, previsto
para el Hospital El Tunal, toda vez que al comparar su situación jurídica con la
de aquella plaza de mayor nivel y grado en la escala salarial del sector salud
en el Distrito de Bogotá, se encuentra que esta contempla las mismas
funciones, responsabilidades, requisitos, perfil y experiencia a las acreditadas
por la libelista, en razón a la identidad de la actividad inherente y reglada en
ambas plazas contrastadas como lo es la instrumentación quirúrgica
24
Según Oficio G-5959 del 5 de diciembre de 2005 (folios 96 a 97), la ESE demandada se pronunció
frente a la petición de cumplimiento de la Ley 784 de 2002 formulada por varios Instrumentadores
Quirúrgicos bajo los siguientes criterios:
«[…] 2. Esta administración es conocedora de la Ley 784 de 2002 mediante la cual el ejercicio de la
instrumentación quirúrgica requiere de el (sic) título de idoneidad como profesional y es por esta razón
que se encuentra adelantando el estudio técnico necesario para llevar a cabo la modificación de la Planta
de Personal, conforme a lo establecido en el Título VII del Decreto 1227 de 2005 y en el marco del
convenio 579 de 2003 realizado con la Secretaría Distrital de Salud y en el cual me comprometo a realizar
el reordenamiento institucional. En el Decreto 1227 de 2005 se establece que la Entidad deberá realizar
el estudio técnico que soporte la modificación de la Planta de Personal y así poder crear los cargos de
profesional Universitario área de la salud con requisito de Instrumentador Quirúrgico. […]» (Subrayado
fuera de texto).
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profesionalizada.
Por ello, el negar el pago de la diferencia salarial por la inexistencia del empleo
en comento, desdibuja la realidad fáctica y jurídica de equidad que se presenta
para la demandante, al punto de viciar de nulidad el acto administrativo
demandado.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 23 de agosto de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda, habida
cuenta de que prosperan los argumentos del recurso de apelación, por lo que
en su lugar se declarará la nulidad del Oficio G-05395 del 2 de noviembre de
2012 por medio del cual se denegó la nivelación salarial solicitada por la
libelista ante la ESE Hospital Simón Bolívar III Nivel, y en consecuencia se
ordenará el correspondiente restablecimiento del derecho.
De la prescripción y el restablecimiento del derecho
En atención a que se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar
se declarará la nulidad del acto administrativo demandado, resulta necesario
verificar la orden de restablecimiento del derecho conculcado.
Sobre el punto se reitera que las pretensiones condenatorias de la
demandante radican exclusivamente en el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial existente entre el cargo que esta ocupa en el Hospital Simón
Bolívar y el de profesional universitario, código 237, grado 8 del Hospital El
Tunal o su equivalente, y no en la creación de dicha plaza al interior de la
entidad demandada para ser nombrada en tal empleo, lo cual es adecuado si
se tiene en cuenta que no se buscaba una homologación propiamente dicha,
tal como el Consejo de Estado lo ha precisado en sentencia del 24 de marzo
de 201125.
En primer lugar se verificará la posible configuración de la prescripción en el
presente caso.
Al respecto el Consejo de Estado26 ha señalado que la configuración del
fenómeno prescriptivo requiere que transcurra un determinado lapso durante
el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, tal como lo indica el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado: 54001-23-31-000-2005-01198-01(1292-10). En esta
providencia se adujo lo siguiente en un caso similar: «Por lo anterior, hay lugar a acceder a las pretensiones
de la demanda, precisando que se ordenará el pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el cargo
de Auxiliar de Servicios Asistenciales que legalmente ostentaba la actora y sobre el cual fue remunerada y el cargo
de Técnico Administrativo, Código 4065, Grado 17, 8 horas, el cual desempeñaba otra funcionaria que ejercía las
mismas funciones que la actora y fue el tenido en cuenta por la E.S.E. en la Resolución No. 616 de 29 de octubre de
2004 para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido en primera instancia por el Juzgado tercero Laboral del Circuito
de Cúcuta el 15 de julio de 2004 y confirmado por el Tribunal Superior de Cúcuta - Sala Laboral el 30 de agosto de
2004. El reconocimiento que se efectúa mediante la presente providencia, vale la pena resaltar, no implica la
concesión de un estatus de empleado público diferente al que ostentó la actora en la planta de cargos de la E.S.E.,
pues no podría esta instancia judicial “vincular” a la actora en el cargo de Técnico Administrativo, Código 4065, Grado
17, 8 horas; lo que se concede a título indemnizatorio es simplemente la diferencia salarial y prestacional entre dos
cargos, resultado de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, del derecho a la igualdad
y del derecho a un salario equitativo o igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, contenido
este último, entre otros instrumentos, en el artículo 7º del Protocolo internacional sobre derechos económicos, sociales
y culturales (PIDESC).»
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. […]»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido,
tendrá que considerarse el hecho de que la demandante en sus pedimentos
precisó expresamente esa data como el 23 de diciembre de 2005, ello habida
cuenta de que esta corresponde al vencimiento de los 3 años previstos en el
artículo 9.° de la Ley 784 de 200227, contados desde la entrada en vigencia de
dicha norma (23 de diciembre de 2002), relativos al tiempo concedido para que
aquellas personas vinculadas como instrumentadores quirúrgicos en las
instituciones prestadoras del servicio de salud pudieran adelantar y adquirir el
título de formación académica universitaria en su campo de acción, de acuerdo
al proceso de profesionalización de ese oficio, lo cual se ajusta al momento de
creación del cargo comparado que habilitó la nivelación salarial objeto de
estudio.28
Ahora bien, tal como se verifica en la petición presentada por la demandante
ante la ESE Hospital Simón Bolívar, relativa al reconocimiento de la diferencia
salarial y prestacional en comento (obrante de folios 3 a 25 del plenario), la
cual dio origen al acto administrativo demandado que resolvió negativamente
dicha solicitud (visible a folio 27 idem); es dable asegurar que la señora Myriam
Sofía Valero Poveda solo reclamó el derecho en mención hasta el 31 de
octubre de 2012 (más de 3 años después del 23 de diciembre de 2005) y
demandó el 10 de abril de 2013 (ver folio 65 vuelto), por lo que los valores
adeudados por ese concepto anteriores al 31 de octubre de 2009,
efectivamente adolecen de prescripción.
Bajo este entendido, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
ESE Hospital Simón Bolívar – III Nivel, reconocer y pagar a favor de la libelista
las diferencias que resulten entre el valor por concepto de salario que percibe
un profesional universitario del área de la salud, código 237, grado 08, o su
plaza equivalente en la escala remunerativa al interior de dicha entidad, o bien
la existente en el Hospital El Tunal a manera de referencia si no es posible
determinarla bajo estos criterios, y el que devenga la demandante en su cargo
de técnico en el área de la salud, código 323, grado 6; ello con influencia en la
liquidación de las prestaciones y demás emolumentos a que tiene derecho en
razón de la plaza en la que se encuentra vinculada, esto con efectos fiscales
desde el 31 de octubre de 2009 por prescripción trienal, hasta cuando aquella
sea nombrada en un cargo diferente o bien se retire del servicio activo.
Los valores adeudados por este concepto deberán ser actualizados de
conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA, y la entidad
demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en los términos y
previsiones de los artículos 189 y 192 ibidem.
Igualmente, de la suma a cancelar a favor de la demandante por concepto de
la diferencia pendiente de pago, deberán efectuarse los descuentos sobre las
diferencias generadas para aportes al Sistema General de Seguridad Social
que le correspondan a aquella en su respectiva proporción, y en consecuencia
la entidad demandada realizará las cotizaciones a las entidades
administradoras en salud y pensiones a las que se encuentre afiliada la señora
27 «ARTÍCULO 9o. DE LA CONTRATACIÓN. Las entidades hospitalarias, públicas o privadas, deberán
emplear profesionales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los requisitos establecidos de
conformidad con la presente ley. Quienes no cumplan con tales requisitos, tendrán un plazo de tres (3)
años, a partir de la promulgación de esta ley, para hacerlo.»
28 La presente tesis sobre la fecha de exigibilidad del derecho para iniciar el cómputo del término de
prescripción fue advertida de igual forma en la sentencia del 6 de agosto de 2020 proferida por esta
Subsección en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2013-01556-01 (2726-2018).
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
Valero Poveda, en razón y por los tiempos reconocidos en esta sentencia
desde el 31 de octubre de 2009.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección29 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP30, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público31.
Por tanto y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas de ambas instancias a la parte demandada, en la medida que conforme
el numeral 4.° del artículo 365 del CGP, se revocará en su totalidad la
sentencia apelada, lo que implica que aquella resultó vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
29 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
30 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
31 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019)
Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
Primero: Revocar la sentencia del 23 de agosto de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Myriam Sofía Valero Poveda contra la ESE Hospital Simón Bolívar – III
Nivel. En su lugar,
Segundo: Declarar probada de oficio parcialmente la excepción de
prescripción sobre las diferencias salariales y prestacionales causadas por la
respectiva nivelación remunerativa a favor de la demandante con anterioridad
al 31 de octubre de 2009.
Tercero: Declarar la nulidad del Oficio G-05395 del 2 de noviembre de 2012,
por medio del cual la entidad demandada negó la solicitud de nivelación
salarial formulada por la libelista.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la ESE Hospital
Simón Bolívar – III Nivel, reconocer y pagar a favor de la señora Myriam Sofía
Valero Poveda, las diferencias que resulten entre el valor por concepto de
salario que percibe un profesional universitario del área de la salud, código
237, grado 08, o su plaza equivalente en la escala remunerativa al interior de
dicha entidad, o bien la existente en el Hospital El Tunal a manera de
referencia si no es posible determinarla bajo estos criterios, en contraste con
el que devenga la demandante en su cargo de técnico en el área de la salud,
código 323, grado 6; ello con influencia en la liquidación de las prestaciones y
demás emolumentos a que tiene derecho en razón de la plaza en la que se
encuentra vinculada, esto con efectos fiscales desde el 31 de octubre de 2009
por prescripción trienal, hasta cuando aquella sea nombrada en un cargo
diferente o bien se retire del servicio activo.
Los valores adeudados por este concepto serán reajustados con base en el
índice de precios al consumidor expedido por el DANE en aplicación de la
siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
Quinto: Ordenar a la entidad demandada que de la suma a abonar a favor de
la libelista por concepto de la diferencia pendiente de pago, efectúe los
descuentos sobre las diferencias generadas para aportes al Sistema General
de Seguridad Social que le correspondan a esta última en su respectiva
proporción, y en consecuencia realice las cotizaciones a las entidades
administradoras en salud y pensiones a las que se encuentre afiliada la señora
Valero Poveda, en razón y por los tiempos reconocidos en esta sentencia
desde el 31 de octubre de 2009.
Sexto: Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada y a
favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Séptimo: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base
en los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
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Demandante: Myriam Sofía Valero Poveda
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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