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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00692-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00692-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria contra los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, los cuales quedarán de la siguiente forma: «[…] PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio 1049-2016 del 10 de mayo de 2016 expedido por el subsecretario de Recursos Humanos del municipio de Santa Rosa de Cabal, en cuanto negó la indemnización sustitutiva 21 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 22 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019) Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria a favor de la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria, así como de la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016 proferida por el municipio de Pereira que reconoció este mismo derecho a la demandante con una incorrecta forma de liquidación. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Santa Rosa de Cabal, pagar la indemnización sustitutiva a favor de la libelista con base en la aplicación de los preceptos del artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, por el tiempo de servicio cotizado y acumulado por esta durante el período comprendido entre el 1.° de febrero de 1985 y el 15 de agosto de 1988. Por su parte, se condena al Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00692-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

28 de julio de 2022

1
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: LUZ OFELIA CASTAÑO GAVIRIA
Demandados: MUNICIPIO DE PEREIRA, FONDO TERRITORIAL
DE PENSIONES Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE CABAL

Temas: Improcedencia de reconocimiento del bono
pensional por imposibilidad de consolidar derecho
a pensión de vejez, para vinculados al Sistema
General de Pensiones sin afiliación a alguno de
los respectivos regímenes. No existe vulneración
del derecho a la igualdad de la demandante a fin
de aplicar a su favor los preceptos del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad. Procede el
pago y reliquidación de la indemnización
sustitutiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-137-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Luz Ofelia Castaño Gaviria en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 2 a 4)

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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2
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución 945 del 15 de marzo de 2016 mediante la cual la
Administradora del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira
negó el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la
demandante; ii) Resolución 2951 del 5 de julio de 2016 (parcialmente), a
través de la cual la referida autoridad revocó el mentado acto administrativo
y en su lugar reconoció a favor de la libelista la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez; iii) acto administrativo presunto derivado de la
ocurrencia del silencio administrativo negativo, estructurado ante la
ausencia de respuesta frente al recurso de reposición y en subsidio
apelación formulado por la señora Castaño Gaviria contra la Resolución
945 del 15 de marzo de 2016; y iv) Oficio 1049-2016 del 10 de mayo de
2016 con el que el municipio de Santa Rosa de Cabal negó el otorgamiento
del bono pensional o la indemnización sustitutiva a favor de la parte activa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se condene a los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal
a reconocer y pagar de manera indexada a la demandante, el valor
equivalente al bono pensional por los tiempos laborados en dichas
entidades territoriales, específicamente entre el 14 de diciembre de 1970 y
el 17 de enero de 1977, así como entre el 1.° de febrero de 1985 y el 15 de
agosto de 1988 respectivamente.

3. De manera subsidiaria, ordenar a las autoridades demandadas reajustar o
reconocer la indemnización sustitutiva a favor de la libelista por los
períodos de vinculación oficial con cada una.

4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y
siguientes del CPACA, y finalmente, que se condene en costas a parte
pasiva.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 5 a 8)

1. La señora Luz Ofelia Castaño Gaviria nació el 28 de septiembre de 1951 y
laboró al servicio del Estado en las siguientes entidades y períodos para
un total de 3.440 días equivalentes a 491,43 semanas, sin que hubiese
detentado recursos suficientes para cotizar a pensión con posterioridad.
Tales tiempos se distribuyen de la siguiente forma:
Desde Hasta Días Semanas Entidad de Previsión
Municipio de Caja de Previsión
14/12/1970 17/01/1977 2.194 309.29
Pereira Municipal de Pereira
Municipio de Caja de Previsión
Santa Rosa de 01/02/1985 15/08/1988 1.275 182.14 Municipal de Santa
Cabal Rosa de Cabal

2. El 26 de enero de 2016 la demandante radicó una petición ante el municipio
de Pereira con el fin de que le fuera reconocido el bono pensional por el
lapso laborado al servicio de dicha entidad territorial. Frente a la referida
reclamación, la Administradora del Fondo Territorial de Pensiones
Municipal expidió la Resolución 945 del 15 de marzo de 2016 con la que
denegó lo instado, razón por la cual la solicitante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación que a la fecha de interposición de la
demanda (8 de septiembre de 2016) no había sido resuelto.

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Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

3. El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira había proferido
la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016 con la que revocó parcialmente
el primer acto en mención, en el sentido de reconocer a favor de la señora
Castaño Gaviria una indemnización sustitutiva con base en el tiempo de
servicio acumulado por esta en virtud del vínculo sostenido con aquel ente
municipal.

4. La libelista presentó reclamación administrativa ante el municipio de Santa
Rosa de Cabal, el 27 de enero de 2016, con la que deprecó el
reconocimiento y pago del bono pensional derivado del período de trabajo
oficial acumulado en este ente territorial. No obstante, la Secretaría de
Recursos Humanos de la mentada autoridad emitió el Oficio 1049-2016 del
10 de mayo de 2016 por medio del cual denegó lo deprecado.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 29 de agosto de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] En relación con la excepción de «INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA
DE LOS REQUISITOS FORMALES» se sustenta con el argumento que el artículo 13
de la Ley 1285 de 2009 ha previsto como requisito de procedibilidad para el presente
medio de control el agotamiento de la conciliación extrajudicial requisito que no fue
cumplido por la parte actora y por tanto no debe continuarse con el proceso de la
referencia. Advierte el despacho que no hay lugar a declarar probada la excepción
propuesta por lo que pasa a considerarse: […]

Ahora bien, a efectos de determinar si el asunto que aquí se ventila es de naturaleza
conciliable, es del caso precisar que el medio de control referencia fue impetrado con
el fin de que se declare la nulidad de Resoluciones No. 945 del 15 de marzo de 2016
y 2951 del 5 de julio del año, así como del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo frente al recurso de apelación incoado en contra de la primera
resolución, expedidos Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Pereira, e
igualmente se declare la nulidad del oficio No. 1049-2016 del 10 de mayo de 2016
expedido por el municipio de Santa Rosa de Cabal, y que a título de restablecimiento

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

del derecho se ordene el pago del bono pensional o en subsidio, el reajuste de la
indemnización sustitutiva reconocida.

Con relación al bono pensional, la Ley 100 de 1993 en su artículo 115 establece que
estos constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital
necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de
Pensiones, y en este orden de ideas, conllevan implícitamente derechos que por
naturaleza son irrenunciables e imprescriptibles y para sus destinatarios son
fundamentales.

[…] En consecuencia, dado que la discusión central de este proceso gira en torno al
reclamo de un bono pensional o en su defecto, de la indemnización sustitutiva, la
conciliación extrajudicial no constituye requisito de procedibilidad en la medida en que
esta etapa previa debe satisfacerse «cuando los asuntos sean conciliables», por ello,
considera el suscrito que el argumento con el que la apoderada de la entidad
demandada fundamenta la excepción de ineptitud de la demanda, no está llamado a
prosperar.

Por otra parte, la apoderada judicial de la entidad demandada propuso además las
excepciones de «INESCINDIBILIDAD DE LOS REGIMENES PENSIONALES»,
«BUENA FE DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES» y la «EXCEPCIÓN
GENÉRICA». Respecto de tales excepciones propuestas, estima el Despacho que
dichos medios de defensa no constituyen excepciones que tengan el carácter de
previas, de las señaladas en el artículo 100 C.G.P., ni en el 180 numeral 6° de la Ley
1437 de 2011. […]». (Mayúscula y negrilla del texto original. Folios 146 a 148 y
CD obrante a folio 192 del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Se considera por el Despacho que, de acuerdo con la demanda y su
contestación, el litigio se circunscribe al estudio de legalidad de las Resoluciones No.
945 del 15 de marzo de 2016 y 2951 del 5 de julio del mismo año, así como del acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación
incoado en contra de la primera resolución, expedidos por el Fondo Territorial de
Pensiones del municipio de Pereira, e igualmente la legalidad del oficio No. 1049-
2016 del 10 de mayo de 2016 expedido por el municipio de Santa Rosa de Cabal, por
medio de los cuales se resolvió negativamente la solicitud de reconocimiento y pago
del bono pensional a favor de la demandante, y en consecuencia se ordene el pago
del referido bono o, en su defecto, el reajuste de la indemnización sustitutiva
reconocida. O si por el contrario, como lo señala el municipio de Santa Rosa de Cabal,
la señora Castaño Gaviria no se halla afiliada a ninguno de los dos regímenes de
seguridad en pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, por lo que resulta
improcedente para dicha entidad expedir un bono pensional en las condiciones
solicitadas por la actora, y si como lo expone el municipio de Pereira, no existe
obligación alguna por parte de dicho ente territorial, toda vez que el Fondo Territorial
de Pensiones actuó de manera diligente y acorde a las normas vigentes. […]» (Folio
149 y CD que reposa a folio 192 del expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 158 a 167)

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

El a quo profirió sentencia escrita el 29 de agosto de 2018, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con
fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el tribunal expuso que los bonos pensionales conforme al
artículo 115 de la Ley 100 de 1993 constituyen aportes destinados a contribuir
a la formación del capital necesario para financiar las pensiones de los
afiliados del Sistema General de Pensiones a través de los dos regímenes
existentes, el de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual
con Solidaridad, lo cual es diferente a la indemnización sustitutiva contemplada
en el artículo 37 ibidem.

Sobre el caso particular de la libelista, sostuvo que esta acreditó haber
laborado en el municipio de Pereira del 14 de diciembre de 1970 al 17 de enero
de 1977, y en el municipio de Santa Rosa de Cabal del 1.° de febrero de 1985
al 15 de agosto de 1988, ello para un total de 491,42 semanas. En tal sentido
manifestó que la señora Castaño Gaviria estuvo afiliada a una caja o entidad
de previsión del sector público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, lo que la ubica en el sistema general de pensiones, pues este operó
de manera automática para todos los trabajadores y ex trabajadores públicos
y privados, pues como lo ha planteado el Consejo de Estado, la afiliación no
es voluntaria sino obligatoria como una forma de garantizar la cobertura
integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la
capacidad económica de las personas.

Adicionalmente recordó que la demandante se encuentra en una situación de
imposibilidad para continuar con las cotizaciones por el número de semanas
que le faltan para obtener el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez,
por lo que en realidad, la única prestación a la que podría acceder es a la
indemnización sustitutiva, dado que como se indicó por parte del municipio de
Santa Rosa de Cabal, ninguna de las normas reguladoras de los bonos
pensionales determina que el abono correspondiente se haga directamente a
quien no acumuló el tiempo de servicio suficiente para consolidar una
prerrogativa pensional.

Adujo que en el sub examine están reunidos los requisitos del artículo 37 de
la Ley 100 de 1933, como es el cumplimiento de la edad para obtener la
pensión de vejez, esto sin haber cotizado el mínimo de semanas exigidas, y
además la manifestación de no poder realizar aportes adicionales. Por tal
motivo, aseveró que la libelista adquirió el derecho a la referida indemnización
sustitutiva, la cual fue reconocida en su momento por el municipio de Pereira
mediante la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016 en la suma de $1.900.736,
monto que fue acompasado a la fórmula de cálculo consagrada en el Decreto
1730 de 2001, pues se tuvo en cuenta el promedio del salario base de
cotización semanal actualizado conforme al IPC (45.45%), se multiplicó por el
número de semanas acumuladas y por el promedio ponderado de porcentajes
de cotización (5%).

Añadió que si bien la parte activa en los alegatos de conclusión solicitó proferir
un fallo en equidad, lo cierto es que lo propio no fue deprecado en la demanda,
y además como lo indicó el Ministerio Publico en el concepto que rindió en
audiencia de alegaciones y juzgamiento, al tratarse de dos regímenes
pensionales cuya naturaleza es diferente, no se podría predicar un derecho a
la igualdad, porque ello significaría ir en contra del principio de inescindibilidad.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

Con base en lo anterior precisó que las súplicas de la demanda frente al
municipio de Pereira no están llamadas a prosperar, toda vez que en la
actuación administrativa respectiva se negó el bono pensional y se reconoció
la indemnización sustitutiva conforme a la normativa en comento. Empero,
frente al municipio de Santa Rosa de Cabal advirtió que era necesario declarar
la nulidad parcial del Oficio 1049-2016 del 10 de mayo de 2016 en lo que
respecta a la denegación de este último concepto, puesto que la demandante
se entendía incorporada al Sistema General de Pensiones, de modo que al
haber reunido los requisitos de ley, sí había consolidado en debida forma tal
prerrogativa indemnizatoria por el tiempo laborado en la aludida entidad
territorial.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera:
i) declaró la nulidad parcial del Oficio 1049-2016 del 10 de mayo de 2016; ii)
ordenó al municipio de Santa Rosa de Cabal reconocer, liquidar y pagar a favor
de la demandante la indemnización sustitutiva consagrada en el artículo 37 de
la Ley 100 de 1993, ello conforme a los preceptos del artículo 3.° del Decreto
1730 de 2001; y iii) denegó las demás pretensiones de la parte activa.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 169 a 185)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente. Solicitó que esta sea revocada a fin de que se acceda
a la totalidad de sus pretensiones principales relacionadas con el
reconocimiento y pago del bono pensional por los tiempos laborados en los
municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal.

Para ello argumentó que no es totalmente cierto como se afirma en la
sentencia cuestionada, que los bonos pensionales solo están destinados al
pago de pensiones y que no se le pueden pagar directamente al ex trabajador
cotizante, pues precisamente esta es la cuestión que se debate en términos
de igualdad, por cuanto resulta constitucionalmente reprochable solo permitir
el acceso y pago de dicha prestación a las personas que se trasladaron al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), toda vez que a quienes
no lo hicieron solo se les reconoce una precaria indemnización sustitutiva,
como por ejemplo la liquidada por el municipio de Pereira en la suma de
$1.900.736 para compensar más de 6 años de labor oficial.

Añadió que el beneficio anterior no fue consagrado como tal a favor de
quienes, como la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria, prestaron servicios al
Estado y estuvieron afiliados a una caja o entidad de previsión del sector
público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto para
estos solo se concibió una indemnización sustitutiva, que de acuerdo con la
liquidación efectuada por el municipio de Pereira resulta absolutamente
desproporcionada, más aún cuando se observa que por más de 11 años de
aportes la demandante únicamente alcanzó un pago por $1.900.736.19, es
decir, menos de 3 salarios mínimos.

Indicó que no es comparable la referida suma con el valor de un bono
pensional por las mismas 490.14 semanas de tiempo de labor oficial, por
cuanto si para una pensión mínima se requiere alrededor de $150.000.000, el
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

47.76% de ese monto sería $71.640.000. Al respecto esgrimió que resulta
inequitativo, desproporcionado e injustificado que a un extrabajador se le
otorguen mayores privilegios, prerrogativas y derechos por el solo hecho de
haberse trasladado a un fondo privado, a sabiendas de que es el Estado y no
la entidad administradora el que aporta los recursos para el bono pensional.

Sobre el punto aseguró que dicha discriminación no puede ser
constitucionalmente admitida y por ende debe dársele plena vigencia al
principio de la primacía o prevalencia de la Constitución si se advierte un
desequilibrio o una desigualdad creada por la ley frente a un grupo de
personas que deben recibir igual o similar trato y protección.

Seguidamente precisó que la fórmula para el cálculo de la indemnización
sustitutiva está contenida en el artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, la cual
fue erróneamente aplicada por el municipio de Pereira y avalada por el a quo,
habida cuenta de que si el salario base de liquidación mensual actualizado a
2016, es decir, el correspondiente a 30 días asciende a $1.285.275.08, el
salario semanal, esto es, el equivalente a 7 días, no podría ser inferior a
$299.897.52, valor que al ser multiplicado por el número de semanas cotizadas
(491.42), y este resultado a su vez por el 45.45% equivalente al promedio
ponderado de porcentajes de cotización, arrojaría un guarismo definitivo de
$66.982.272,72 y no simplemente $1.900.736,19 como precariamente le
reconoció la mentada entidad territorial a la libelista.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta etapa
procesal de conformidad con la constancia secretarial visible a folio 211 del
plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en este caso solo formuló la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:

1. ¿Es procedente ordenar en virtud del principio de igualdad el
reconocimiento y pago directo del bono pensional a favor de la señora
Luz Ofelia Castaño Gaviria, ello por los tiempos de servicio oficial
prestados al municipio de Pereira entre el 14 de diciembre de 1970 y el
17 de enero de 1977, así como al municipio de Santa Rosa de Cabal
del 1.° de febrero de 1985 al 15 de agosto de 1988, bajo el entendido
de que las cotizaciones a pensión fueron efectuadas a las respectivas
cajas de previsión territoriales, y que la demandante en ningún
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

momento se afilió o trasladó al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad?

En caso negativo,

2. ¿Se debe reliquidar el monto de la indemnización sustitutiva reconocida
a favor de la libelista por parte del Fondo Territorial de Pensiones del
Municipio de Pereira en virtud de la Resolución 2951 del 5 de julio de
2016, esto en aplicación de artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001?

Primer problema jurídico

¿Es procedente ordenar en virtud del principio de igualdad el reconocimiento
y pago directo del bono pensional a favor de la señora Luz Ofelia Castaño
Gaviria, ello por los tiempos de servicio oficial prestados al municipio de
Pereira entre el 14 de diciembre de 1970 y el 17 de enero de 1977, así como
al municipio de Santa Rosa de Cabal del 1.° de febrero de 1985 al 15 de
agosto de 1988, bajo el entendido de que las cotizaciones a pensión fueron
efectuadas a las respectivas cajas de previsión territoriales, y que la
demandante en ningún momento se afilió o trasladó al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no es procedente ordenar el
pago de un bono pensional a favor de la libelista por los tiempos laborados en
las entidades demandadas, pues no se advierte una vulneración al principio
de igualdad respecto de su situación como vinculada al sistema general de
pensiones con derecho a una indemnización sustitutiva, ello en comparación
con los afiliados al RAIS a quienes les es aplicable la figura de la devolución
de saldos.

 Marco normativo y jurisprudencial sobre los bonos pensionales

De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos
pensionales «constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del
capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de
Pensiones». Aquellos fueron contemplados por el legislador como una
herramienta para solucionar los inconvenientes presentados con el traslado de
cotizaciones entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, de
manera que se puedan utilizar los aportes para pensión que un afiliado haya
realizado a una administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida (RPMPD) como el entonces Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones), así como a las diferentes cajas o fondos pensionales del sector
público, a fin de aumentar el capital requerido para el reconocimiento pensional
en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al que se haya
trasladado el administrado.

De hecho, el artículo 113 de la norma ejusdem prevé que la expedición del
bono pensional tiene lugar precisamente cuando ocurra un traslado de
afiliación de una persona que se encuentra en el RPMPD y decide pasar al
RAIS. En el evento contrario, se tratará de un giro o transferencia de saldos
de la cuenta individual hacia el fondo común de la administradora pública, para
acreditarlo en forma de semanas de cotización en cabeza del afiliado.

Sobre el punto este precepto indica:

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«ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema
en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán
las siguientes reglas:

a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro
Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos
pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la
cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de
semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización.». (Negrita de
la Subsección).

Ahora, frente a los requisitos para la constitución de este bono, el referido
artículo 115 ibidem contempló los siguientes, respecto de los cuales se exige
el cumplimiento de al menos alguno de estos:

«[…] Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su
ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los
siguientes requisitos:

a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las
cajas o fondos de previsión del sector público;

b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades
descentralizadas como servidores públicos;

c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen
a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que
tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.

PARÁGRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que
al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150)
semanas no tendrán derecho a bono. […]».

Adicionalmente, la norma legal en comento señala cuáles son las clases de
bonos pensionales y quiénes deben ser sus emisores (artículos 118 y 119). En
todo caso, los cánones 121 y 122 consagran cómo se deben expedir aquellos
instrumentos tanto por la Nación como por los fondos, cajas o entidades
públicas que no hubiesen sido sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional. Dichos postulados plantean lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 121. BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A CARGO
DE LA NACIÓN. La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional
denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas
en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones,
cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la
Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades
del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.

Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda
imputable con anterioridad a dicha fecha.

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ARTÍCULO 122. FONDOS PARA PAGO DE CUOTAS PARTES Y BONOS
PENSIONALES DE LAS CAJAS, FONDOS O ENTIDADES PÚBLICAS NO
SUSTITUIDOS POR EL FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
NACIONAL. Las Cajas, Fondos o Entidades del sector público que no hayan sido
sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, destinarán los
recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus
correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes que les correspondan,
mediante la constitución de patrimonios autónomos manejados por encargo
fiduciario de acuerdo con las disposiciones que expida la Superintendencia
Bancaria y las garantías que exija el Gobierno Nacional.

Estos fondos estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia
Bancaria.

Los recursos se apropiarán con cargo prioritario a las cotizaciones previstas en la
presente Ley, y cuando sea necesario también con cargo a los recursos propios
de las entidades.

La Nación podrá subrogar las obligaciones de que trata este artículo, para
asegurar el pago de las mismas a los beneficiarios del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, y los afiliados a las entidades del régimen de prestación
definida, cuando la entidad tenga incapacidad temporal para asumirlas, en las
condiciones que se establezcan para el efecto. […]».

De acuerdo con lo expuesto, los bonos pensionales representan el pasivo que
debe ser objeto de atención por las entidades que recaudaron cotizaciones a
pensión de sus entonces afiliados, y que dejaron de serlo cuando estos
decidieron trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, caso
en el cual, efectivamente se debe emitir un título de deuda que permita
convertir un tiempo de servicio calculado en aportes por semanas laboradas,
en un monto determinado de capital líquido destinado a engrosar el ahorro
personal del afiliado a la administradora privada, en orden de que este pueda
acceder materialmente a una pensión de vejez.

Al respecto, es adecuado resaltar que los bonos pensionales se pueden
clasificar en: i) de acuerdo con su emisor3, y ii) según la naturaleza del
traslado, que pueden ser: 1. Bono tipo A emitido para quien se traslada del
RPMPD al RAIS. 2. Bono tipo B aplicable para los empleados públicos que al
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones se afiliaron al RPMPD por

3 «Artículo 118 de la Ley 100 de 1993 Los bonos pensionales serán de tres clases: a) Bonos pensionales

expedidos por la Nación; b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector
público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere
el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará
con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, c) Bonos pensionales expedidos por empresas
privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su
cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se
complementará con el nombre de la entidad emisora. Artículo 119 del Decreto Ley 1299 de 1994 : a) por
la Nación en los casos de que rata el artículo 16 del presente Decreto, b) por el Instituto de Seguros
Sociales en los casos del artículo 17, c) por las Cajas, Fondos o entidades del Sector Público del nivel
Nacional, d) por empresas públicas o privadas o por Cajas o Fondos de Previsión Social del Sector
privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y e) por
las Cajas, Fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de
pensiones.».

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medio del entonces Instituto de Seguros Sociales.4 y 3. Bonos especiales tipo
E5, C6 y T7.

De otra parte, según la interpretación jurisprudencial de la Corte
Constitucional8, el procedimiento para la liquidación, expedición y redención
de los mentados títulos se efectúa de la siguiente manera: (i) conformación de
la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación
provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional;
(iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional.

En todo caso, es relevante precisar que el instrumento de deuda bajo estudio,
se otorga en procura de consolidar el requisito del capital exigido para
concretar el reconocimiento de una pensión de vejez, pues debe recalcarse el
hecho de que el bono pensional es una suerte de «capital de garantía» que
solo se hace exigible cuando el beneficiario cumple las exigencias mínimas
para su redención tal como lo señala el artículo 67 de la Ley 100 de 19939. Es
decir, en esencia no se trata de una suma de dinero disponible a voluntad del
reclamante, sino que su ejecución estará condicionada a la situación jurídica
que aquel haya estructurado respecto del derecho prestacional deprecado,
bien sea la pensión propiamente dicha o una eventual devolución de saldos
según corresponda.

 Del derecho a la igualdad y las diferencias entre los dos
regímenes pensionales frente a la situación particular de la
demandante

En primer lugar, resulta pertinente exponer los hechos que en esta actuación
se encuentran debidamente probados:

 Según certificado de información laboral emitido el 27 de abril de 2015 por
el municipio de Pereira (folio 31), la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria estuvo
vinculada con dicha entidad territorial desde el 14 de diciembre de 1970 hasta
el 17 de enero de 1977, período durante el cual realizó cotizaciones a pensión
en la respectiva Caja de Previsión Social Municipal.

 Conforme al certificado de información laboral emitido el 1.° de junio de
2015 por el municipio de Santa Rosa de Cabal (folio 38), la libelista laboró al
servicio de aquella entidad territorial desde el 1.° de febrero de 1985 hasta el
15 de agosto de 1988, lapso durante el cual realizó cotizaciones a pensión en
la respectiva Caja de Previsión Social Municipal.

 El 26 de enero de 2016 la demandante solicitó ante el Fondo Territorial de
Pensiones de los municipios de Pereira (Folios 46 a 49) y Santa Rosa de Cabal

4 Bono tipo A (ley 1299 de 1994). Bono tipo B (Ley 1314 de 1994).
5 Bonos que se expiden a favor de los trabajadores que se trasladan al régimen de prima media al

entonces exceptuado régimen de Ecopetrol. (Decreto 876 de 1998).
6 Bonos que se expiden a los que se trasladan al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

(Decreto 816 de 2002.)
7 Bonos que se expiden a favor de Colpensiones por los servidores públicos que cotizaban al ISS y que

requieren cubrir el diferencial entre el régimen pensional que les era aplicable y el que los cobijó
posteriormente previsto para dicha entidad.
8 T-056 de 2017. Referencia: Expediente T-5.752.970
9
«ARTÍCULO 67. EXIGIBILIDAD DE LOS BONOS PENSIONALES. Los afiliados que tengan derecho a
recibir bonos pensionales, sólo podrán hacer efectivos dichos bonos, a partir de la fecha en la cual
cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65 de la presente Ley.».

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(folios 64 a 67), el reconocimiento y pago del bono pensional por los tiempos
laborados en dichas entidades, esto es, del 14 de diciembre de 1970 hasta el
17 de enero de 1977 y del 1.° de febrero de 1985 hasta el 15 de agosto de
1988 respectivamente. Subsidiariamente deprecó una indemnización
sustitutiva liquidada para esos mismos lapsos de labor oficial.

 Conforme a la Resolución 945 del 15 de marzo de 2016 (Folios 51 a 53),
la Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio de Pereira resolvió la
reclamación en comento en el sentido de denegar las peticiones de la señora
Castaño Gaviria al aducir que el bono pensional solo puede redimirse cuando
el administrado se pensione, no en el evento en que se encuentre en la
imposibilidad de realizar cotizaciones adicionales luego de adquirir la edad
requerida para el efecto.

 El 12 de abril de 2016 la libelista interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la mentada decisión (folios 54 a 58), el cual fue
resuelto por parte del municipio de Pereira a través de la Resolución 2951 del
5 de julio de 2016 (folios 59 a 62), por medio de la cual revocó parcialmente el
acto primigenio a fin de reconocer y ordenar el pago de una indemnización
sustitutiva a favor de aquella, equivalente a la suma de $1.900.736,19, esto
por el período comprendido entre el 14 de diciembre de 1970 y el 17 de enero
de 1977.

 El municipio de Santa Rosa de Cabal expidió el Oficio 1049-2016 del 10
de mayo de 2016 (folios 69 a 70) con el que denegó las solicitudes de la
demandante relacionadas con el bono pensional y la indemnización sustitutiva
al asegurar que estos conceptos no eran aplicables a su situación por haber
dejado de cotizar con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.

Una vez verificados estos supuestos de hecho, resulta necesario verificar si
como lo plantea la parte activa, debe atenderse el principio de igualdad para
que proceda el reconocimiento a su favor del bono pensional previsto en el
RAIS, ello por haber adquirido la edad requerida para adquirir una pensión de
jubilación, pero a la vez no tener la posibilidad de realizar las cotizaciones
pendientes para consolidar aquella prerrogativa.

Al respecto debe recordarse inicialmente que el Legislador expidió la Ley 100
de 1993 con la cual creó el Sistema General de Pensiones, cuyo propósito era
unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los
habitantes del territorio nacional. No obstante, el sistema exceptuó de su
aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial.

Sobre el punto, el artículo 12 ibidem instituyó dos regímenes de pensiones a
saber: (i) el de prima media con prestación definida y; (ii) el de ahorro individual
con solidaridad.

i) Del Régimen de Prima Media con Prestación Definida

Este marco jurídico está contemplado en el artículo 31 de la norma ejusdem,
el cual lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios
obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una
indemnización, previamente definidas». A su vez, el artículo 32 literal b) de la Ley
100 de 1993 consagró que en este régimen los aportes de sus afiliados

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constituyen «[…] un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de
las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los
respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo
dispuesto en la presente ley […]».

Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de
vejez al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9.° de la Ley 797 de
2003 que en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:

«[…] Artículo 9°. (Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003)
El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes
condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará
en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]».

De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el
afiliado adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:

a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año
2014, 57 y 62 años respectivamente y;

b) Acredite tener mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a
partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015
en 25 cada año para un total de 1300 semanas.

Ahora, este marco regulatorio también contempla una opción prestacional
cuando el afiliado adquiere la edad requerida para consolidar el derecho
pensional, pero no logra obtener el mínimo de densidad de semanas de
cotización necesarias para lo propio, y además, manifiesta la imposibilidad de
realizar aportes adicionales para colmar dicha exigencia. Sobre este punto el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE
VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión
de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su
imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución,
una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así
obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales
haya cotizado el afiliado.»

ii) Del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

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Por otra parte, el régimen en comento desarrollado en la Ley 100 de 1993, es
el contemplado en su artículo 59 que lo definió como: «[…] El conjunto de
entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos
privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban
reconocerse a sus afiliados […]».

Este, a diferencia del régimen de prima media con prestación definida, se basa
en el ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos
financieros, los cuales constituyen un patrimonio autónomo de propiedad de
los afiliados.

Otra diferencia notoria es que el monto de la pensión no es determinado por
la ley sino que el mismo depende, en los términos del artículo 60 literal a) «[…]
de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los
subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar […]», lo que implica que aquel
sea variable.

En cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez en este régimen,
el legislador los señaló de la siguiente manera:

«[…] Articulo. 64 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión
de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su
cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior
al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de
esta ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de
precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto
se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los
términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el
empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras
dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el
trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de
edad si es hombre […]»

En tal sentido, quienes se encuentren afiliados al RAIS, tienen derecho a
obtener la pensión de vejez una vez hayan reunido en su cuenta individual el
capital necesario para financiarla y siempre que la cuantía pensional no sea
inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente. Como se
observa, a diferencia del RPMPD, la norma en cita no exige al afiliado el
cumplimiento de una edad determinada o de un número específico mínimo de
semanas de cotización.

No obstante, el referido marco jurídico concibió una garantía de pensión
mínima de vejez para los afiliados al régimen en comento, la cual se somete a
los siguientes postulados descritos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993:

«ARTÍCULO 65. GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ. Los afiliados
que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete
(57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que
trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil
ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno
Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que
haga falta para obtener dicha pensión.

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PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente Ley.»

Asimismo, bajo el referido escenario, el canon 66 ibidem señaló que aun en el
evento en que los afiliados no hubiesen completado el capital mínimo
requerido o las semanas de cotización suficientes para obtener una pensión
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, aquellos tendrían un
beneficio económico compensatorio de esta situación, que a diferencia del
concepto de indemnización sustitutiva propio del RPMPD, corresponde en este
caso a una devolución de saldos sometida a la siguiente indicación:

«ARTÍCULO 66. DEVOLUCIÓN DE SALDOS. Quienes a las edades previstas
en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas
exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión
por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital
acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos
financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar
cotizando hasta alcanzar el derecho.»

Conforme al anterior estudio normativo es posible colegir lo siguiente:

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y previó dos
regímenes a saber:

 En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los aportes de los
afiliados son dirigidos a un fondo común de naturaleza pública y la ley
previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener este
derecho en este régimen son los señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993 así: a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del
año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas
cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de
ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300
semanas.

 El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se basa en el ahorro
proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de
las mismas, los cuales se consignan en una cuenta de ahorro individual
pensional. En este régimen el monto de la pensión no es determinado
previamente por la ley y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez al reunir en su cuenta individual el capital necesario para
financiarla siempre que su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor
del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad.

Respecto a las características del sistema general de pensiones el artículo 13
de la mencionada Ley 100, indicó:

«ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes
características:

a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original
era el siguiente:> La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los
trabajadores independientes.

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b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo
anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto
manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del
traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca
este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que
trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo
dispuesto en la presente ley.

d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen
en esta ley.

e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original
era el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán
escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la
selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez
cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que
señale el gobierno nacional.

f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en
los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el
tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en
los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos.

h. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por
el artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y
pago de una pensión mínima en los términos de la presente ley.
[…]

l. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto
es el siguiente:> En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán
sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de
servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones
efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes
del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del
Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente
prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de
trabajo; […]»

Como se observa, la principal característica de los dos regímenes expuestos,
es que aunque coexisten, son excluyentes entre sí, lo que significa que solo
puede aplicarse uno al momento de reconocerse la pensión10. Ello en el
entendido de que si bien su finalidad común es contener el riesgo laboral
propio de la vejez, la invalidez o la muerte del trabajador, su esencia jurídica
desde el punto de vista de la naturaleza de cada marco jurídico, es diferente
debido al tratamiento paralelo que se le da a los recursos recaudados en

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicación

número: 11001-03-25-000-2012-00016-00(0072-12).

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ambos regímenes, por un lado como aportes por semanas de cotización y por
el otro, como capital acumulado de propiedad del afiliado.

Ahora bien, en el caso sub examine se advierte que al margen de las
divergencias planteadas anteriormente, la demandante considera que el
hecho de que en su caso se deniegue el reconocimiento y pago del bono
pensional por el tiempo de servicio prestado a las entidades demandadas, y
que en su lugar le haya sido concedida una indemnización sustitutiva, conlleva
un trato discriminatorio que vulnera abiertamente su derecho a la igualdad,
pues estimó que no existe diferencia entre los afiliados al RPMPD y al RAIS
desde la perspectiva del principio de favorabilidad y primacía de la realidad
sobre las formas.

Lo expuesto implica que la libelista pretende efectuar un estudio en clave de
«test de igualdad»11, a fin de entender si es posible configurar su situación en
el plano de la equiparación material con los afiliados del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad y sus garantías prestacionales. En tal sentido, lo que
se debe verificar en este caso es la existencia de alguno de estos dos
escenarios:

i) Que haya una razón válida y objetiva de tratamiento disímil o
discriminación positiva a voces de la Corte Constitucional que propenda
por mantener un estado de equidad jurídica entre desiguales, o

ii) La presencia de una circunstancia diferencial injustificada o
discriminación negativa que solo va en detrimento de la aludida equidad
que se predica y se concibe constitucionalmente entre iguales.12

Bajo el referido contexto, se advierte que no existe vulneración alguna al
derecho a la igualdad de la demandante, toda vez que en el sub examine se
advierte la configuración del segundo supuesto en comento, es decir, no se
presenta un criterio válido de comparación para realizar el mentado test, ello
en la medida en que los extremos contrastados tampoco están en paridad de
condiciones y el tratamiento diferencial se encuentra justificado.

Lo expuesto se fundamenta en el hecho de que la señora Castaño Gaviria no
puede ser considerada como igual respecto de los afiliados al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, habida cuenta de que en ningún momento
se aportó prueba de que esta se hubiese afiliado directamente a alguna de las

11 En este punto la Subsección se refiere al denominado test de igualdad conceptuado por la Corte

Constitucional en variada jurisprudencia sobre el particular, específicamente en la sentencia C-127 del
21 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Plena de la corporación en el expediente Expediente D-
12269, donde se precisó lo siguiente: «[…] La Corte Constitucional colombiana, en concordancia con la
jurisprudencia comparada, desarrolló un conjunto de herramientas denominado juicio o test de igualdad, cuyo objeto
es verificar la existencia de una violación al respectivo principio. El modelo colombiano hace uso de una mixtura entre
los modelos europeos y norte americano, a fin de garantizar, de la mejor forma posible el respeto por la igualdad. En
primer lugar, el carácter relacional del derecho a la igualdad supone una comparación entre sujetos, situaciones y
medidas. Por ello, el uso del juicio o test implica la identificación de tres presupuestos principalmente, a saber: (i) los
sujetos a comparar; (ii) el bien, beneficio o ventaja respecto del cual se da el tratamiento desigual; y (iii) el criterio
relevante que da lugar al trato diferenciado. Ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional, que el juicio
integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis, distribuidas de la siguiente manera: (i) establecer el criterio de
comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles
de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde
la Constitución. […]» (Líneas de la Sala).
12 Esta tesis ha sido expuesta por esta misma Subsección en diferentes fallos como el del 17 de febrero

de 2022 dictado en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2013-01321-01 (1619-2019).

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

administradoras pensionales privadas creadas para el funcionamiento del
régimen aludido. De hecho, lo cierto es que tampoco se afirma en el libelo ni
reposa en el plenario, algún medio de convicción que demuestre la afiliación
de aquella al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a través del
entonces ISS (hoy Colpensiones), pues lo único que se comprobó en la
actuación, es que la libelista efectuó aportes a pensión a las cajas de previsión
de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal por los períodos
comprendidos entre el 14 de diciembre de 1970 y el 17 de enero de 1977, así
como del 1.° de febrero de 1985 al 15 de agosto de 1988 respectivamente.

Ahora, aun en el entendido de que la apelante no realizó cotizaciones a
pensión en ninguno de los regímenes creados en virtud de la Ley 100 de 1993,
y que por lo tanto tampoco estuvo afiliada a alguna entidad de previsión que
administrara su riesgo de vejez, no puede desconocerse el hecho de que esta
acumuló cierta cantidad de aportes bajo la naturaleza de semanas o tiempo
de servicio oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma en
comento, lo cual debe tener efectos jurídicos desde el punto de vista
prestacional en aplicación de la regulación general.

Lo propio fue analizado por la Sección Segunda del Consejo de Estado 13 en
sentencia del 19 de enero de 2017, en la que se precisó que a pesar de la falta
de afiliación de un administrado a algún régimen prestacional, aquel en todo
caso debe entenderse vinculado al Sistema General Pensional desde el
momento en que cobró vigor la Ley 100 de 1993, ello bajo la égida de los
preceptos, beneficios e instituciones jurídicas inherentes al RPMPD, como en
efecto lo es la figura de la indemnización sustitutiva. Al respecto se manifestó
lo siguiente:

«[…] una cosa es que la persona estuviera desvinculada del servicio al
momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y, otra muy distinta, que por
esta razón se considere por fuera del sistema pensional, cuando la propia ley
no consagra el retiro del sistema como consecuencia de la desvinculación
laboral. Por el contrario, la persona que se encuentra en las referidas
condiciones se entiende incorporada al sistema general de pensiones, entre
otras razones, porque las cotizaciones efectuadas, no pueden entenderse por
fuera del mismo sistema y no puede afirmarse que la desvinculación del
servicio conlleve el retiro del sistema pensional.

En otras palabras, el ingreso al sistema general de pensiones contenido en la
Ley 100 de 1993 operó de manera automática para todos los trabajadores y ex
trabajadores públicos y privados, pues no debe olvidarse que la afiliación no es
voluntaria sino obligatoria.

Tan cierto es lo anterior, que el artículo 13 de la ley 100 tiene dentro de las
características del Sistema General de Pensiones entre otras, que “(…) Para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o
a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de
servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio (…)”.

13Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de enero de 2017. Radicado: 70001 23 33 000 2013 00317 02 (3603-15).

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Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

Ahora bien, admitir la tesis de que la indemnización sustitutiva no se aplica a
las personas que estaban por fuera del servicio, implicaría contradecir los
mandatos previstos en el artículo 53 de la Carta y establecer un trato
diferenciado, una discriminación no razonable que no encuentra justificación
alguna y que por el contrario, puede llegar a afectar derechos de quienes se
encuentran dentro del grupo de personas de la tercera edad, cobijadas por una
protección constitucional especial.

Adicionalmente, aceptar la negativa de la entidad para reconocer el derecho
reclamado, propicia un enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual
efectuó aportes, en este caso por más de 12 años. A propósito, debe recordarse
que el derecho pensional surge de los aportes del empleado a las entidades de
previsión durante un determinado tiempo, de manera que los referidos aportes
constituyen el sustento económico que permite pagar la pensión. […]».

Por lo expuesto, resulta evidente que la demandante se encuentra en una
situación jurídica totalmente diferente en materia prestacional a la de cualquier
persona formalmente afiliada al RAIS, pues aquella dejó de realizar aportes a
pensión a alguna de las entidades previstas para el efecto, y por lo tanto solo
adquirió la calidad de vinculada al sistema, la cual por su misma naturaleza,
solo le permitía acceder a las previsiones normativas del régimen general
público, que frente al supuesto de una imposibilidad material para laborar y
acumular semanas de cotización con fines pensionales, tiene como efecto
propio el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva y no de un
bono pensional como lo depreca la recurrente en su demanda.

Incluso, es de resaltar que si bien el mencionado título de deuda pública tiene
aplicación exclusiva en el marco del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad como se planteó anteriormente, este no tiene como finalidad
compensar la falta de afiliación y aportes para adquirir una pensión de vejez,
sino que el propósito esencial es el de aumentar el capital acumulado por un
afiliado en una AFP privada que se hubiese trasladado del RPMPD, es decir,
su objetivo solo es cubrir parte del monto necesario como requisito para
consolidar la prestación, ello al margen de que tales valores se deban abonar
directamente junto con los rendimientos y los aportes en una eventual
devolución de saldos.

Como se observa, la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria no solo se encontraba
en una condición divergente desde una arista jurídica respecto de un afiliado
al RAIS, lo cual tornaba improcedente entenderla como igual frente a los
beneficiarios de tal régimen, sino que además existe una justificación legal que
impedía generar un tratamiento equiparable en lo atinente a la figura
prestacional prevista para compensar la imposibilidad de continuar con la
realización de aportes.

Sobre el particular debe tenerse en cuenta que debido a la calidad de vinculada
de la demandante al sistema general de pensiones y no de afiliada o
trasladada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ante el
acaecimiento del mentado supuesto fáctico, solo podía ser predicable el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva y no de una devolución de
saldos, habida cuenta de que las cotizaciones efectuadas en su momento por
aquella a las cajas de previsión territorial de los municipios de Pereira y Santa
Rosa de Cabal, únicamente eran acompasables con el requisito de semanas
o tiempo de servicio oficial, no con el de capital acumulado de propiedad o

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Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

determinación personal a su favor, y mucho menos a título de un bono
pensional al no reunirse los preceptos propios para ello.

Es decir, en el presente caso no se supera el referido test de igualdad
pretendido por la parte activa, y por lo tanto no es viable estimar la
configuración de un trato discriminatorio en el diseño del Sistema General de
Pensiones, al contemplar figuras de compensación diferentes por
imposibilidad de estructuración del derecho prestacional de vejez, toda vez
que no es posible determinar el criterio de comparación o el patrón de igualdad
invocado, pues los supuestos fácticos alegados en el libelo no son
susceptibles de confrontación con los previstos para los afiliados o trasladados
al RAIS, esto al no derivarse de sujetos de la misma naturaleza.

En tal sentido, el hecho de que quienes se encuentran en el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad puedan acceder a la devolución de los saldos
que tengan en sus cuentas personales con inclusión de los montos por
concepto de bonos pensionales, no significa que se advierta un tratamiento
desigual vulneratorio de los intereses de la demandante al ser beneficiaria de
otra figura contemplada en el RPMPD como lo es la indemnización sustitutiva,
pues a pesar de tener fines semejantes, se trata de figuras jurídicas
concebidas por el legislador de manera diferente precisamente por la esencia
distinta que ostentan los recursos recaudados en cada caso, unos a manera
de tiempo de servicio con fines de reconocimiento de pensiones con base en
la fijación de una prima determinada por un fondo público y solidario, y otros a
título de capital individual y atribuible directamente a cada afiliado que
dependerá del monto acumulado para el otorgamiento de la respectiva
prestación.

Tal divergencia es la que denota y justifica constitucional y legalmente la
necesidad de que se haya estimado en la Ley 100 de 1993 un trato disímil
entre desiguales en razón de las características propias de cada régimen
pensional, al punto de que no es procedente acceder a la pretensión de la
libelista tendiente a que se aplique la figura de la devolución de saldos con el
pago del bono pensional, esto por ser un pedimento impropio a su situación
jurídica particular, en la que lo adecuado es el reconocimiento de una
indemnización sustitutiva conforme al artículo 37 de la norma ejusdem.

En conclusión: no es procedente ordenar en virtud del principio de igualdad
el reconocimiento y pago directo del bono pensional a favor de la señora Luz
Ofelia Castaño Gaviria, ello por los tiempos de servicio oficial prestados al
municipio de Pereira entre el 14 de diciembre de 1970 y el 17 de enero de
1977, así como al municipio de Santa Rosa de Cabal del 1.° de febrero de
1985 al 15 de agosto de 1988, pues no se advierte una vulneración a dicho
precepto superior, dado que su situación jurídica se constituyó bajo la noción
de vinculada al sistema general de pensiones con derecho a una
indemnización sustitutiva, lo cual la diferencia abiertamente respecto de los
afiliados al RAIS a quienes les es aplicable la figura de la devolución de
saldos. En consecuencia, tal contexto impide asumir que en el presente litigio
se haya configurado un trato discriminatorio entre iguales como lo sostiene la
parte activa.

Segundo Problema Jurídico

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

¿Se debe reliquidar el monto de la indemnización sustitutiva reconocida a
favor de la libelista por parte del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio
de Pereira en virtud de la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016, esto en
aplicación de artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001?

Debido a que el primer problema jurídico fue resuelto de forma negativa,
procede analizar este segundo cuestionamiento respecto del cual se expondrá
que la demandante efectivamente consolidó la prerrogativa al pago de la
mentada indemnización, la cual en el caso de la reconocida por parte del
municipio de Pereira, debe reliquidarse por indebida aplicación del artículo 3.°
del Decreto 1730 de 2001. Lo anterior como se explica a continuación:

 Sobre la indemnización sustitutiva y su liquidación en el caso sub
lite

La figura jurídica en comento se instituyó como una prerrogativa a la que
accederían las personas vinculadas o afiliadas al Régimen de Prima Media
con Prestación Definida que no hayan logrado consolidar el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, puntualmente en lo relacionado
a la exigencia del tiempo mínimo de servicio para consolidar lo propio.

Al respecto el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 consagró lo siguiente:

«ARTÍCULO 37. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las
personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no
hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado
así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre
los cuales haya cotizado el afiliado.». (Negrita de la Sala).

Por su parte, la Corte Constitucional ha definido que la indemnización
sustitutiva es «[…] el derecho de reclamar, en sustitución de las pensiones de
invalidez, vejez o de sobrevivientes, una indemnización equivalente a las sumas
cotizadas debidamente actualizadas […]». Asimismo dicha Alta Corte la ha
concebido como una «[…] especie de ahorro que el trabajador hace durante una
parte de su vida laboral, como consecuencia de los aportes que realiza al Sistema
Integral de Seguridad Social en Pensiones, de suerte que se traduce en una garantía
frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte, en el evento en que el afiliado
no logre cumplir con las semanas mínimas de cotización para adquirir su derecho a
la pensión. […]»14.

Ahora, la norma en comento fue reglamentada por el Decreto 1730 de 200115,
en el sentido de indicar que el reconocimiento de la indemnización en el
RPMPD puede originarse en tres situaciones: i) como sustitutiva de la pensión
de vejez o, ii) de la pensión de invalidez o, iii) de la pensión de sobrevivientes,
y en principio, configuradas con posterioridad a la vigencia del sistema general
de pensiones para los afiliados al SGSSP, planteamiento que fue replanteado

14 Corte Constitucional, Sentencia T – 513 de 9 de julio de 2007.
15 Por
medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida.

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Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

por la nulidad decretada por el Consejo de Estado16 en sentencia del 14 de
abril de 2005 cuando se precisó lo siguiente:

«[…] Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el
futuro, por lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la
norma reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones
de la ley reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la
especificidad de categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más
favorable, lleva a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación
en cuanto al cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por
fuera a algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la
entrada de la vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es
decir cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los
supuestos que ellas contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir
cotizando, quedarían privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer
del legislador. […]».

Así las cosas, se concluye que la indemnización sustitutiva procede cuando el
cotizante cumplió la edad para obtener la pensión de vejez sin alcanzar el
mínimo de semanas exigidas para acceder a la prestación de vejez, invalidez
o de sobrevivientes, antes o después de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, y adicionalmente manifiesta su imposibilidad de seguir
efectuando aportes.

Pues bien, en el sub iudice se determinó previamente que, en efecto, a la
demandante le debe ser reconocida una indemnización sustitutiva por los
tiempos de servicio prestados a las entidades territoriales demandadas, ello
ante la imposibilidad material de consolidar el derecho pensional luego de
haber cumplido la edad necesaria para lo propio17, razón por la cual debe
confirmarse la decisión de primera instancia que ordenó al municipio de Santa
Rosa de Cabal otorgar este derecho. No obstante, en este punto se recuerda
que la señora Castaño Gaviria apeló además la negativa del a quo de reliquidar
la indemnización concedida por el municipio de Pereira, al estimar que esta no
fue calculada de conformidad con las previsiones del artículo 3.° del Decreto
1730 de 2001, por lo que será necesario verificar lo propio.

De este modo, se precisa que la norma en comento indicó la forma en que se
debe fijar el valor de la indemnización sustitutiva, así:

«ARTICULO 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la
indemnización se aplicará la siguiente formula:

I = SBC x SC x PPC

Donde:

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado
de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento,

16 Esta exigencia fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 14

de abril de 2005. Radicación número: 11001-03-25-000-2003-00112-01(0477-03).
17 Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 45 del plenario, se extrae que la

demandante nació el 28 de septiembre de 1951, por lo que para el año 2016 se observa que aquella
tenía 65 años, es decir, más de 57 años que corresponde al límite etario mínimo requerido en virtud del
régimen general de pensiones para adquirir tal derecho.

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del
DANE.

SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar
el reconocimiento.

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha
cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común,
a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la
administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara
separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por
riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma
proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata
el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones
para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es
decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al
45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará
la indemnización sustitutiva.

A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje
de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de
1993».

Puntualmente en el caso de la recurrente, se advierte que el municipio de
Pereira a través de la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016 (folios 59 a 62)
revocó parcialmente la Resolución 945 del 15 de marzo de 2016 en el sentido
de confirmar la negativa del reconocimiento a favor de aquella de un bono
pensional, pero a la vez ordenó el pago de una indemnización sustitutiva en
cuantía de $1.900.736 por el período de labor oficial comprendido entre el 14
de diciembre de 1970 y el 17 de enero de 1977, derecho que liquidó de la
siguiente forma:

Por su parte, la parte activa sostiene que este cálculo efectuado por la referida
autoridad demandada, es erróneo en el entendido de que el salario base de
liquidación semanal actualizado a julio de 2016 era de $299.897,52,
adicionalmente que las semanas de cotización eran 491,42 y que el promedio
ponderado de cotización era exclusivamente el 45,45%, lo cual arrojaba un
resultado definitivo equivalente a $66.982.272,72.

Empero, lo cierto es que ni el municipio de Pereira ni la demandante efectuaron
una liquidación adecuada a la aplicación correcta del artículo 3.° del Decreto
1730 de 2001, pues realizaron ciertos cálculos inexactos respecto de los
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019)
Demandante: Luz Ofelia Castaño Gaviria

valores y frente a la determinación del porcentaje real del promedio ponderado
de cotización. Para ello la Subsección realizó el siguiente ejercicio liquidatorio
con fundamento en la verificación estricta de los preceptos de la norma
ejusdem, del cual se extrae el siguiente resultado:
LIQUIDADO
JULIO 2016
HASTA
DESDE HASTA ÚLTIMO SALARIO
SALARIO
NÚMERO SALARIO BASE IPC IPC ACTUALIZADO
DE MENSUAL
AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA DE DÍAS FINAL INICIAL MULTIPLICADO POR
COTIZACIÓN18 ACTUALIZADO
NÚMERO DE DÍAS
1970 12 14 1970 12 31 18 $ 900,00 126,15 0,16 $ 699.969,17 12599445,13
1971 01 01 1971 12 31 360 $ 1.980,00 126,15 0,17 $ 1.444.883,44 520158037,83
1972 01 01 1972 12 31 360 $ 2.178,00 126,15 0,20 $ 1.393.774,16 501758697,31
1973 01 01 1973 12 31 360 $ 2.395,00 126,15 0,22 $ 1.344.529,62 484030661,74
1974 01 01 1974 12 31 360 $ 2.973,00 126,15 0,28 $ 1.345.063,12 484222723,52
1975 01 01 1975 12 31 360 $ 3.018,00 126,15 0,35 $ 1.080.641,20 389030830,80
1976 01 01 1976 12 31 360 $ 3.150,00 126,15 0,41 $ 957.708,71 344775137,38
1977 01 01 1977 01 17 17 $ 1.785,00 126,15 0,52 $ 431.532,07 7336045,21
SUMATORIA DE SALARIO
TOTAL DÍAS 2.195 ACTUALIZADO POR NÚMERO DE 2.743.911.578,92
DÍAS LABORADOS
INGRESO PROMEDIO MENSUAL =
TOTAL SEMANAS
313,57 Sumatoria de Salario Actualizado / $ 1.250.073,61
COTIZADAS (SC)
Número Total Días
PROMEDIO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN
PORCENTAJE SEMANAL (SBC) = Ingreso Promedio
10% $ 291.683,84
PONDERADO DE Mensual / 30 (días del mes) * 7
COTIZACIÓN (PPC)19 (días de la semana)

TOTAL INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA
CONFORME AL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1730 $ 9.146.372
DE 2001 = SBC x SC x PPC
TOTAL INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA
CONFORME AL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1730
DE 2001, SI ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA LEY 100 DE 1993 LAS ENTIDADES DE
PREVISIÓN A LAS QUE LA DEMANDANTE COTIZÓ $ 4.157.026
NO MANEJABAN SEPARADAMENTE LAS
COTIZACIONES DE LOS RIESGOS PENSIONALES
FRENTE AL RIESGO DE SALUD = SBC x SC x (PPC *
45,45%)

Como se aprecia del referido ejercicio, efectivamente el monto de la
indemnización sustitutiva reconocida por el municipio de Pereira a través de la
Resolución 2951 del 5 de julio de 2016, es errado y afecta el total de la suma
de dinero a la que tenía derecho la libelista por dicho concepto, pues según la
imagen adjunta relacionada con el cálculo adoptado por aquella autoridad, se
observa que esta tomó un valor inferior de salario base de cotización semanal
(SBC), así como del número de semanas cotizadas (SC), y adicionalmente
tuvo en cuenta a título de promedio ponderado de porcentajes de cotización
(PPC), el 45,45% de que trata el artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001 como
si este hubiese sido el valor real de los aportes para los años 1970 a 1977, lo
cual es inadecuado.

De hecho, al aplicar la fórmula respectiva (SBC*SC*PPC), la mentada entidad
territorial multiplicó el valor que arrojaba esta fórmula por un nuevo porcentaje
de cotización (PPC) que estimó en un 5%, lo que se tradujo en la creación de
otra fórmula matemática diferente a la prevista en la norma
(SBC*SC*PPC*PC), la cual aritméticamente, en efecto generaría un resultado
muy inferior al que realmente correspondía como se observa al verificar que el
derecho concedido se determinó en una cuantía de $1.900.736, a pesar de
que esta era, bien de $9.146.372 si las entidades de previsión a las que la

18 Extraído de los certificados de salarios mes a mes de la demandante obrantes de folios 33 a 37 del

expediente.
19 Conforme al artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001 y el reporte de montos de cotización anteriores al

año 1994 emitido por el DANE, dicho porcentaje era equivalente al 10% del respectivo salario base.

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apelante cotizó tuvieron en cuenta el 10% de manera separada como
porcentaje para pensión, o bien $4.157.026 si lo propio no se escindió del
riesgo de salud.

Si se configuraba este último supuesto, lo cierto es que el municipio de Pereira
lo que debió hacer fue hallar la proporción en un 45,45% sobre el monto del
promedio ponderado de cotización de la libelista entre 1970 y 1977, que para
los años anteriores a 1994 era de 10%, cálculo que arrojaba un guarismo de
0,04545, el cual constituía el valor definitivo a utilizar en el concepto PPC de
la fórmula prevista anteriormente, que a su vez daría como resultado un total
de $4.157.026 y no de $1.900.736.

Lo propio debe indicarse para el argumento de la parte activa que consideró
que la variable PPC era simplemente multiplicar el salario de cotización por el
número de semanas cotizadas y luego por 45,45%, pues como se indicó
anteriormente, la norma indica que ese porcentaje es la proporción existente
entre las tasas de aporte a pensión y salud que debe multiplicarse para
encontrar o determinar el verdadero promedio ponderado de cotización (PPC),
solo para el riesgo pensional cuando ambos conceptos no eran descontados
de forma independiente antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
resultado que luego de obtenerse, era el que sí debía seguir la fórmula para
ser múltiplo de los valores de salario de cotización y semanas de cotización,
tal como se advierte del ejercicio realizado por esta Sala.

En suma, ninguna de las liquidaciones realizadas tanto por el municipio de
Pereira como por la parte demandante se adecúan a los preceptos del artículo
3.° del Decreto 1730 de 2001 por yerros en la concepción del concepto de
promedio ponderado de cotizaciones, de suerte que deberá ordenarse a
aquella autoridad territorial, reliquidar la indemnización sustitutiva concedida a
favor de la señora Castaño Gaviria, a fin de que dé aplicación adecuada a las
previsiones de la norma en comento con base en los lineamientos de esta
providencia.

Es decir se deberá realizar el cálculo con el promedio ponderado de las
cotizaciones efectuadas exclusivamente a pensión desde 1970 a 1977
equivalente al 10%, o en caso de que los aportes no se hubiesen separado del
riesgo de salud, este último porcentaje tendrá que multiplicarse por el 45,45%
para obtener el monto definitivo de PPC correspondiente a la fórmula en
comento. En todo caso, el valor a reconocer a favor de la demandante no podrá
ser inferior a la suma reconocida de $1.900.736.

En conclusión: debido a que el derecho a reconocer a favor de la libelista es
el de la indemnización sustitutiva a cargo de las entidades demandadas,
efectivamente se tendrá que reliquidar el monto que por tal concepto fue
reconocido a favor de la libelista por parte del Fondo Territorial de Pensiones
del Municipio de Pereira en virtud de la Resolución 295 del 5 de julio de 2016,
ello en orden de que se dé aplicación correcta a las previsiones del artículo
3.° del Decreto 1730 de 2001, con base en los planteamientos expuestos en
esta providencia, pues no se tuvieron en cuenta valores exactos y
adicionalmente se realizó el cálculo errado del promedio ponderado de
cotización aplicable en la fórmula prevista en dicha norma.

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Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone modificar los ordinales primero y segundo de la
sentencia apelada, proferida el 29 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, esto a fin de declarar adicionalmente la nulidad parcial de la
Resolución 2951 del 5 de julio de 2016, y en tal sentido, no solo condenar al
municipio de Santa Rosa de Cabal a pagar la indemnización sustitutiva a favor
de la demandante, sino también ordenar al municipio de Pereira reliquidar ese
mismo derecho reconocido a la libelista, ello con base en los preceptos del
artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001 y conforme a los lineamientos expuestos
en esta providencia.

Para lo propio, las entidades demandadas deberán determinar si el porcentaje
de las cotizaciones efectuadas por la señora Castaño Gaviria durante los
períodos de servicio prestados, fue exclusivo para cubrir el riesgo de pensión,
o si dicha tasa incluía además la cobertura del riesgo en salud.

Si se confirma el primer evento, particularmente el municipio de Pereira deberá
tener en cuenta un 10% como promedio ponderado de porcentajes de
cotización (PPC), a fin de aplicar la fórmula de la siguiente manera: SBC x SC
x 10%.

Si se corrobora la segunda situación descrita anteriormente, dicho ente
territorial tendrá que calcular el monto del PPC según la proporción de un
45,45% sobre del promedio de cotizaciones del 10%, lo cual arroja un
resultado de 0,04545 que será el monto correspondiente al referido concepto
de la mentada fórmula, la cual técnicamente deberá aplicarse de la siguiente
forma: SBC x SC x 0,04545.

Estos mismos criterios serán observados por parte del municipio de Santa
Rosa de Cabal para hallar los valores de cada una de las variables de la
fórmula consagrada en el artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, ello con la
verificación particular de las variaciones correspondientes a los años de
prestación de servicio a dicha entidad.

Por último se confirmará en todo lo demás la providencia recurrida. Lo anterior
habida cuenta de que prosperan parcialmente los argumentos de impugnación
presentados por la parte activa en su recurso de alzada.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201620, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

20 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP21, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público22.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas de segunda instancia, en la medida en que prosperó parcialmente
el recurso de apelación y por ende la demanda, de suerte que es dable
abstenerse de la imposición de dicha carga conforme al artículo 365, numeral
5.° del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida
el 29 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que
accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Luz Ofelia Castaño Gaviria contra los municipios de Pereira y Santa Rosa de
Cabal, los cuales quedarán de la siguiente forma:

«[…] PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio 1049-2016 del 10 de
mayo de 2016 expedido por el subsecretario de Recursos Humanos del
municipio de Santa Rosa de Cabal, en cuanto negó la indemnización sustitutiva

21 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
22 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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a favor de la señora Luz Ofelia Castaño Gaviria, así como de la Resolución
2951 del 5 de julio de 2016 proferida por el municipio de Pereira que reconoció
este mismo derecho a la demandante con una incorrecta forma de liquidación.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Fondo
Territorial de Pensiones del Municipio de Santa Rosa de Cabal, pagar la
indemnización sustitutiva a favor de la libelista con base en la aplicación de los
preceptos del artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, por el tiempo de servicio
cotizado y acumulado por esta durante el período comprendido entre el 1.° de
febrero de 1985 y el 15 de agosto de 1988.

Por su parte, se condena al Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de
Pereira a reliquidar la indemnización sustitutiva otorgada a la señora Castaño
Gaviria conforme a la Resolución 2951 del 5 de julio de 2016, ello con base en
los preceptos del artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001 y conforme a los
lineamientos expuestos en esta providencia, sin que el monto a pagar sea
menor al otorgado inicialmente de $1.900.736.

Para lo propio, las entidades demandadas deberán determinar si el porcentaje
de las cotizaciones efectuadas por la demandante en los respectivos períodos
de servicio prestados a ambas autoridades, fue exclusivo para cubrir el riesgo
de pensión, o si dicha tasa incluía además la cobertura del riesgo en salud.

Si se confirma el primer evento, particularmente el municipio de Pereira deberá
tener en cuenta un 10% como promedio ponderado de porcentajes de
cotización (PPC), a fin de aplicar la fórmula de la siguiente manera: SBC x SC
x 10%.

Si se corrobora la segunda situación descrita anteriormente, dicho ente
territorial tendrá que calcular el monto del PPC según la proporción de un
45,45% sobre del promedio de cotizaciones del 10%, lo cual arroja un resultado
de 0,04545 que será el valor correspondiente al referido concepto de la
mentada fórmula, la cual técnicamente deberá aplicarse de la siguiente forma:
SBC x SC x 0,04545.

Estos mismos criterios serán observados por parte del municipio de Santa Rosa
de Cabal para hallar los valores de cada una de las variables de la fórmula
consagrada en el artículo 3.° del Decreto 1730 de 2001, ello con la verificación
particular de las variaciones correspondientes a los años de labor oficial
desarrollados en dicha entidad.

Las sumas resultantes de la condena a favor de la parte activa se actualizarán,
aplicando para ello la siguiente fórmula:

R= RH Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico (RH)
que es lo dejado de percibir por la demandante, por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente
en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente a la fecha
en la cual la demandante solicitó el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva y por lo tanto manifestó su imposibilidad de adquirir una pensión de
vejez, ello para el caso específico de la condena impuesta al municipio de Santa
Rosa de Cabal.

Respecto del monto adeudado por concepto de reliquidación de la
indemnización sustitutiva a cargo del municipio de Pereira, dicha entidad

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deberá indexar las sumas adeudas que resulten de este ajuste, para lo cual
aplicará en el mismo sentido la referida fórmula, a excepción del índice inicial
que corresponderá al del mes de julio de 2016, pues fue esta la última fecha en
la que se actualizó el derecho reconocido en su momento. […]».

Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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