Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04308-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04308-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)1
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación por gestión judicial. Subtema 2: prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 25 de junio de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante quien ejerció como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá solicita
la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Bogotá–Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le
negaron el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación del 80% de lo
devengado por los magistrados de alta corte, con la inclusión de los ingresos anuales
de los congresistas. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Pedro Oriol Abella Franco, mediante apoderado judicial, presentó demanda, el
22 de julio de 2013, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
las siguientes pretensiones:
2. Se declare la nulidad de los siguiente actos administrativos: i) oficio DSAJ12-
JR-7812 del 13 de noviembre de 2012, expedido por el la Dirección Ejecutiva Seccional
de Bogotá–Cundinamarca, que negó el reajuste y pago de la diferencia causada por
1 Expediente híbrido.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
no haberle reconocido la bonificación por compensación, desde el 16 de diciembre de
2010 hasta el 2 de octubre de 2011, teniendo como base «lo que por todo concepto
percibe un magistrado de alta corte», y lo percibido por los congresistas con «la
equivalencia de ingresos que la ley contempla para estos dos últimos cargos»; ii)
Resolución 325 del 31 de enero de 2013, mediante la cual se resuelve
desfavorablemente el recurso de reposición; y iii) Resolución 3103 del 12 de abril de
2013, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la cual
se resolvió el recurso de apelación y se confirmó en todas sus partes el acto
administrativo inicial.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad a pagar
las diferencias salariales que resulten de aplicar el Decreto 610 de 1998, respecto de
las normas posteriores, que corresponde al «valor de los ingresos percibidos por todo
concepto por parte de un congresista, que es lo mismo que debe recibir un magistrado
de alta corte, por el hecho de haberse declarado la nulidad del decreto 4040, mediante
sentencia del Consejo de Estado con fecha de 14 de diciembre de 2011». Indicó que
consiste en el reajuste «que por ingresos resulte adeudársele hasta nivelar sus
ingresos al equivalente al 80% del total de ingresos que por todo concepto recibe un
congresista en equilibrio con un magistrado de alta corte, a partir del 16 de diciembre
de 2010, y en adelante hasta el 2 de octubre de 2011, siguiendo los porcentajes
establecidos en el Decreto 610 de 1998».
4. Adicionalmente, solicitó que los valores adeudados sean actualizados 2.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. Pedro Oriol Abella Franco presta sus servicios en la Rama Judicial en el cargo
de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
7. Dado que desempeña el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá,
la Rama Judicial le reconoció la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de
2004, equivalente al 70% del valor total devengado anualmente por un magistrado de
alta corte. Empero, esta norma fue declarada nula por la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 3. Por lo tanto, la
entidad debe pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que
equivale al 80% de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.
8. Narró que el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte guarda
equivalencia con lo que percibe por todo concepto un congresista.
9. El 24 de agosto de 2012, el accionante presentó reclamación administrativa
para obtener el pago de la diferencia entre las dos bonificaciones, toda vez que desde
el 16 de diciembre de 2010 solo le fue pagado el 70% de la bonificación de gestión
judicial.
2 Folios 20 a 29.
3 Proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, Conjuez Ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
2
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 25, 29 y 53.
El Decreto 610 de 1998.
Ley 4 de 1992.
11. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.
12. Indicó que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los magistrados del
Tribunal Superior de Bogotá. Igualmente, aseveró que desconoce los derechos
adquiridos, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una
remuneración mínima vital y móvil, en tanto, reiteró que la Rama Judicial de forma
arbitraria pagó un salario menor al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
13. Así las cosas, el accionante tiene derecho al pago del 80% de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas.
2.2. Contestación de la demanda
14. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no
contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 25 de junio de 2019, se estuvo a lo resuelto en los fallos del 14
de diciembre de 2011, 18 de mayo de 2016 y 15 de mayo de 2017 de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; declaró la nulidad de los
actos administrativos contenidos en el oficio DSAJ12-JR-7812 del 13 de noviembre de
2012, la Resolución 325 del 31 de enero de 2013, la Resolución 3103 del 12 de abril
de 2103 y ordenó a título de restablecimiento del derecho:
[…]
TERCERO.- Condenase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a
PEDRO ORIOL ABELLA FRANCO, el derecho adquirido a recibir el equivalente ochenta
por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga como salario un Magistrado de
Alta Corte, incluyendo la prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad,
bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial
de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son:
sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
3
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Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 16 de diciembre de
2010 hasta el 2 de octubre de 2011, todo esto, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
CUARTA.- En consecuencia, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar
a la demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo
concepto devenga como salario mensual un Magistrado de una Alta Corte con la
inclusión de la prima especial de servicios liquidada correctamente como se indicó en
los extremos temporales fijados, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.
QUINTA.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual de los
índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉXTA.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan
los supuestos de hecho y de derecho, en los términos de los artículos 192 y 195 del
mismo Código.
SÉPTIMA.- Ordenase a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., tomando en cuenta la
sentencia de la Corte Constitucional, C – 188 de 1999.
OCTAVA.- Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
[…]4.
16. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
17. Determinó que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
tiene incidencia en la liquidación de la bonificación por compensación, al considerar
que «el techo del 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de alta corte incluye ya la prima especial de servicios y todo concepto
salarial y no salarial que haga parte del 100% del ingreso total de esta categoría de
magistrados; sobre ese 100% se aplica el 80% de la bonificación por compensación» 5.
18. El demandante como destinatario del Decreto 610 de 1998, en su calidad de
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá adquirió un derecho en si mismo, y por
ello no podían los actos administrativos acusados suprimírselo o desconocérselo con
la aplicación del Decreto 4040 de 2004, y mucho menos a través del mecanismo
inconstitucional que trajo del constreñimiento a transigir sobre derechos ciertos e
indiscutibles o desistir de las demandas previas como se hizo, para así pagársele el
porcentaje del 70% del salario debido, inferior en un 10% al legal y debidamente
adquirido del 80% correctamente liquidado incluyendo para la determinación de la
prima especial de servicios devengada por los magistrados de altas cortes, el auxilio
de cesantías percibido por los congresistas.
4
Transcripción fiel, incluso con errores.
5 Sobre este punto citó el fallo de la Sala de Conjueces del 18 de mayo de 2016, proceso con radicado 25000-23-
25-000-2010-00246-02 (0845-2015).
4
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Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
19. Ordenó la indexación de los valores adeudados y no condenó en costas6.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
20. La Nación, Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia para lo cual sostuvo que los efectos de la sentencia de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 proferida por el Consejo de Estado el 14 de diciembre de 2011
rigen hacia futuro o ex – nunc, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica en
un sistema normativo.
21. Agregó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial viene liquidando las
bonificaciones decretadas por el Gobierno nacional con respecto a las normas
vigentes, puesto que como autoridad administrativa no tiene la facultad de interpretar
las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los jueces en sus respectivos fueros a
través de sus sentencias los que tiene tal facultad, a diferencia de la administración
que únicamente está sometida a su imperio7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 15 de marzo de 20228, se admitió el recurso de apelación, y en
auto del 31 de enero de 2023 se corrió traslado a las partes para sus alegaciones
finales y al Ministerio Público para que rinda concepto9.
23. La parte demandada presentó alegatos de conclusión mediante los cuales insistió
en los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Además, señaló que en los
asuntos relacionados con la reliquidación de la prima especial del artículo 15 (con la
inclusión de las cesantías devengadas por los congresistas), o la incidencia de dicho
emolumento en la liquidación de la bonificación por compensación, debe aplicarse la
regla general de la prescripción trienal, por lo que el interesado cuenta con tres años
para reclamar su derecho desde su vinculación, momento a partir de la cual se hace
exigible el derecho10.
24. La parte actora presentó alegatos de conclusión a través de los cuales reiteró los
argumentos esgrimidos en la demanda11.
25. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
6 Folios 130 a 136.
7 Folios 134 a 140.
8 Samai, índice 25.
9
Samai, índice 38.
10 Samai, índice 43.
11 Samai, índice 44.
5
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del CPACA.
3.2. Problema jurídico
27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:
28. ¿La sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 no tiene efectos
frente a las situaciones particulares consolidadas, de modo que es improcedente
acceder al pago de las diferencias por concepto de la bonificación por compensación
antes de la providencia del 14 de diciembre de 2011?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
29. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados12 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201313, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó
la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados
a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre
niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de
finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo
gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una
política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía
ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto,
esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla,
propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero
recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer
nivel del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados
12 Y autoridades equivalentes.
13
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
6
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al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del
salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer
nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación
salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por
compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor
salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.
30.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 14, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en
los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes.
31. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199815 dictado por el presidente de la República.
32.En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
14 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
15 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
7
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v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
33. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201616, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
34. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera «el
auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
35. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
36. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»17.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
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37. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201918, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
38. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación19. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
39. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
40. El Decreto 4040 de 200420, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
41. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
42. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso con
radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de octubre
de 2019.
19 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
20 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la
publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
43. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
44. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201121 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
45. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
46. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
47.Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de la
República dictó el Decreto 1102 de 201222, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 23
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P.
Carlos Arturo Orjuela Góngora.
22 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
23 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
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corte, con la connotación de «factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
48. En el artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
49. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda24, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: « i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción de
aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden
extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de ella, las mesadas
pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que
no tiene interés en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta será el plazo
legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena de que se
extinga».
50. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón de la
sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el demandado o la
declaratoria de oficio por el juez».
51. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el patrimonio
público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se reconozcan
derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del proceso,
[tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido a su
conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la
no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción extintiva
puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»25.
52. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-000-
2013-00666-01 (0833-2016).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
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53. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado oficial
formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
54. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que que «solo puede hablarse
de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria
del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012»,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 2011 26, que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004.
55. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201927, de la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
56. Adujo que «entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001]28 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante este lapso no hubo dualidad de
normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de
1998 tenían la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que
por regla general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la
persona demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
57. Nótese que el auto 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia de 9 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre
de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante
dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al
salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), C.P.
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27
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del
25 de septiembre de 2001.
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efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la
prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3
de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre
de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción
por haber presentado reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de
regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre 2004».
58.En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004,
iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
59. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 cpaca).
3.4. Hechos probados relevantes
60. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
61. Según la certificación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus
Seccionales, Pedro Oriol Abella Franco presta sus servicios como magistrado del
Tribunal Superior de Bogotá en provisionalidad desde el 16 de diciembre de 2010
hasta el 27 de mayo de 2012 y como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en
propiedad desde el 28 de mayo de 2012 a la fecha de la certificación29. En el proceso
obran los certificados salariales de los mismos periodos de tiempo en los que consta
el pago de la bonificación de gestión judicial30.
62. En escrito del 24 de agosto de 2012, el actor solicitó a la Rama Judicial el
reconocimiento de la bonificación por compensación, en su condición de magistrado
de Tribunal desde el 16 de diciembre de 2010 y en adelante hasta el 02 de octubre de
2011. Pidió que fuera liquidada en el 80% «de lo que recibe un magistrado de alta corte
o un congresista»31.
29
Samai, índice 54.
30 Samai, índice 56.
31 Folios 2 y 3.
13
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63. A través del oficio DESAJ12-JR-7812 del 13 de noviembre de 2012, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá indicó «[…] [e]s importante precisar,
que si bien se considera que entre los efectos de dicho fallo está el de aplicar a futuro,
las previsiones consagradas en el Decreto 610 de 1998, sobre Bonificación por
Compensación, los ajustes en la remuneración por ese concepto de los funcionarios
judiciales con derecho a la misma están sujetos a la asignación de recursos y las
adiciones presupuestales que por disposición legal le compete situar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para lo cual la entidad desde el nivel central, realizó desde
el pasado mes de enero los cálculos respectivos, con el fin de obtener la adición
presupuestal de la citada cartera que nos permita atender con la oportunidad debida a
partir de la fechade ejecutoria de la providencia en cita, las obligaciones salariales
derivadas de los efectos de este fallo»32.
64. Mediante la Resolución 325 del 31 de enero de 2013, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición33.
65. Por medio de la Resolución 3103 del 12 de abril de 2013, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial resolvió el recurso de apelación donde relacionó a modo de
ejemplo lo devengado por un congresistas y magistrados de alta corte durante los años
2009, 2010 y 2011. Finalmente, confirmó la decisión contenida en el oficio DESAJ12-
JR-7812 del 13 de noviembre de 201234.
3.5. Caso concreto
66. En el asunto bajo análisis, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación del 80% de lo devengado por los magistrados de alta
corte, con la inclusión de los ingresos anuales de los congresistas. El Tribunal accedió
a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por
compensación equivalente al 80% mensual «de lo que por todo concepto devenga
como salario un Magistrado de Altas Corte […] teniendo en cuenta para la liquidación
de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas», durante el periodo comprendido del 16 de
diciembre de 2010 hasta el 02 de octubre 2011.
67. Inconforme con esta decisión, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no conlleva
para la entidad la obligación de modificar las situaciones particulares consolidadas
durante su vigencia.
68. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
se acreditó que Pedro Oriol Abella es magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en
provisionalidad desde el 16 de diciembre de 2010 hasta el 27 de mayo de 2012 y
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en propiedad desde el 28 de mayo de
2012 a la fecha de la certificación 35; devengó la bonificación de gestión judicial36; el 24
32 Folio 5.
33 Folio 10.
34
Folios 11 a 19
35 Samai, índice 54.
36 Samai, índice 56.
14
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de agosto de 2012 presentó la reclamación administrativa, para obtener el
reconocimiento de la bonificación por compensación del 16 de diciembre de 2010 y en
adelante hasta el 02 de octubre de 201137; petición que fue negada por la entidad
mediante los actos administrativos demandado38. También está probado en el proceso
lo devengado por el demandante desde 2010 a 202139, así como los ingresos totales
anuales de los congresistas y magistrados de alta corte40.
69. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que el actor
quien ejerce el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá es beneficiario de
la bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se
destaca que percibió la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004
(hecho que no es discutido por las partes), y que la entidad considera que no procede
el pago de la diferencia del 10%. Esto, al estimar que la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 no implica el desconocimiento de situaciones jurídicas
consolidadas, pues durante su vigencia los pagos realizados se fundaron en la
normativa vigente.
70. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
71. Cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201641, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías, «para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio
a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
72. También señaló que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas». Así pues, la
discusión sobre la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas cortes
se resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
73. Entonces, se reitera que el derecho discutido en el proceso está regulado en el
Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse hasta alcanzar
el tope del 80%, y que conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de
hacer el cálculo correcto de la bonificación por compensación.
74. En segundo lugar, la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general
es que operó entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la
parte acredite que presentó una petición. Por otra parte, del 3 de diciembre de 2004 al
28 de enero de 2012 no operó la prescripción, debido a la coexistencia de los Decretos
37 Folios 2 y 3.
38 Folios 5; 10; y 11 al 19.
39 Samai, índice 56.
40
Resolución 3103 del 12 de abril de 2013, folios 11 a 19.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
15
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610 de 1998 y 4040 de 2004. Esto en atención a lo considerado en los fallos de la Sala
de Conjueces del 15 de mayo de 201642 y del 2 de septiembre de 201943.
75.En el presente caso, el periodo reclamado se causó desde el 16 de diciembre de
2010 hasta el 2 de octubre de 2011, cuando no se había declarado la nulidad y
coexistían los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.
76.Por consiguiente, asistió la razón al Tribunal cuando ordenó el pago de la
bonificación por compensación del 16 de diciembre de 2010 hasta el 2 de octubre de
2011, que constituye factor salarial para efectos pensionales.
77. Frente al último reparo del recurso de apelación, la Sala debe decir que la
sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, es
decir, desde su expedición. En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha
considerado que la declaratoria de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por
la cual, las partes tienen derecho «para ser restituidas al mismo estado en que se
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746
del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las
situaciones particulares deberían retrotraerse44.
78. Por ello, la parte está facultada para incoar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que la autoridad judicial profiera una condena
contra la administración pública, de modo que no asiste la razón a la entidad recurrente
cuando afirma que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 impide que la
parte actora acuda al contencioso subjetivo.
79. En este orden de ideas, se confirmará el fallo del Tribunal que accedió a las
pretensiones de la demanda.
3.6. Costas
80. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario45 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02(0845-15).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia
del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
45 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
81.Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las anteriores
conductas.
3.7. Reconocimiento de personería
82. Finalmente, observa la Sala que Pedro Oriol Abella Franco le otorgó poder al
abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal, para que actúe en su nombre y
representación en la presente causa, razón por la cual, en la parte resolutiva de este
proveído será reconocido como tal, en los términos del poder conferido.
3.8. Conclusión
83. Pedro Oriol Abella Franco, en la calidad de magistrado del Tribunal Superior de
Bogotá tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre el
pago de la bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación, desde
el 16 de diciembre de 2010 hasta el 2 de octubre de 2011 conforme a lo deprecado en
sede administrativa y judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, del 25 de junio de 2019, que
accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Reconocer personería para actuar como apoderado del demandante, al
abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal, conforme al poder que obra en el índice 78
del aplicativo SAMAI.
TERCERO: Sin condena en costas en las dos instancias.
CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-04308-02 (0645-2020)
Demandante: Pedro Oriol Abella Franco
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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