Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04585-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04585-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04585-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04585-02 (0657-2023)
Demandante: Adriana del Pilar Molina Gómez
Demandado: Municipio de Ubaté- Secretaría de Tránsito y Transporte de
Ubaté
Tema: Relación laboral encubierta. Apoyo a la gestión en archivo.
Caducidad. MODIFICA SENTENCIA.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Adriana del Pilar Molina Gómez instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del municipio de Ubaté - Secretaría de Tránsito y Transporte de Ubaté,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo del 5 de diciembre de 2012 y,
en consecuencia, que entre las partes existió un vínculo laboral desde el 2 de enero
hasta el 11 de octubre de 2012 y a título de restablecimiento, se ordene el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y los derechos laborales, en las
mismas condiciones que los funcionarios de planta de la entidad.
3. Que cancele la indemnización y demás derechos derivados de la protección
laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que prestó sus servicios a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ubaté desde
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el 2 de enero de 2012 hasta el 11 de octubre de esa anualidad y su último cargo fue
el de cajera.
5. Que cumplió las mismas tareas que los funcionarios de planta, un horario de
lunes a viernes y un sábado cada quince días y, las órdenes impuestas por el
superior jerárquico. Que sus actividades comprendieron la liquidación y generación
de recibos de pago de contravenciones de tránsito y la realización de órdenes de
entrega de vehículos inmovilizados por infracciones.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 17 de septiembre de 2013, la entidad manifestó que
la demandante prestó sus servicios en virtud del contrato de prestación de servicios
047 de 2012, por el término de seis meses desde el 22 de febrero de 2012 y 23 de
agosto de ese mismo año. Que el objeto fue el apoyo a la gestión administrativa de
la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ubaté, para la organización y clasificación
del archivo, el manejo de carpetas de vehículos, especies venales y archivo de las
resoluciones contravencionales y registros de conductores.
7. Que el contrato fue liquidado bilateralmente el 23 de agosto de 2012 por el
vencimiento del plazo inicialmente pactado y, de esta manera, existió una justa
causa y, no hay lugar a la protección derivada de la maternidad. Que este fuero
protege que el despido no sea por razón del embarazo o la lactancia, pero en este
caso no se demostraron tales supuestos.
8. Propuso las excepciones de inexistencia de un acto administrativo demandable,
falta de competencia, inepta demanda por falta del agotamiento del requisito de
procedibilidad e inexistencia de la obligación.
9. Se celebró audiencia inicial el 4 de agosto de 2015, en la que se declaró probada
de oficio la excepción de caducidad, decisión que fue revocada por el Consejo de
Estado mediante auto del 11 de febrero de 2021.
10. El 7 de noviembre de 2021 se reanudó la audiencia inicial, en la cual se fijó el
litigio, se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se
programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por ambas partes.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de
agosto de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones al encontrar acreditado
que la demandante prestó sus servicios a la entidad territorial bajo órdenes, sujeta
a un horario y asignación de tareas específicas y recibió una contraprestación
económica.
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12. Que, según los testimonios recaudados, cumplió el mismo horario de los
empleados de planta de la entidad y ejecutó tareas en el área de archivo; además,
se le asignaron funciones de atención al público, recibo de dinero por concepto de
multas de tránsito y entrega de licencias de conducción.
13. Que, aunque estuvo vinculada solo durante seis meses, las actividades
administrativas que ejecutó atendieron el giro ordinario de la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Ubaté y, atendió órdenes del jefe de la dependencia, a quien debía
pedirle permiso en caso de ausentarse.
14. Declaró la existencia de la relación laboral entre las partes desde el 22 de
febrero al 22 de agosto de 2012, fecha en la que se liquidó bilateralmente el contrato
de prestación de servicios. En consecuencia, ordenó a la entidad reconocer las
prestaciones sociales causadas en ese periodo, con base en la asignación percibida
por una secretaria adscrita a la inspección de tránsito y transporte.
15. Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
16. La parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que existió
una omisión e indebida apreciación de los aspectos fácticos y jurídicos del caso,
pues los elementos de prueba no dan cuenta de la configuración de la relación
laboral. Que pactó con la demandante unos horarios globales, sin características de
salario o contraprestación habitual, la prestación personal atendía la naturaleza de
la actividad contratada y, en su ejecución, la contratista contó con total autonomía
técnica e independencia.
17. Que a partir de los testimonios no podía inferirse la subordinación, porque no
son congruentes ni les constaba la imposición de órdenes o el direccionamiento de
las actividades de la contratista, la señora Ana Flor Caicedo afirmó que no tenía
certeza del cumplimiento de un horario y de la delegación de funciones por parte
del jefe directo de la demandante y la señora Luz Angela Rincón no tenía claridad
de las actividades que desempeñó. Que no hay respaldo de la ausencia de
autonomía, independencia o la designación de órdenes delegadas por algún
funcionario de la entidad.
18. Que, en todo caso, se configuró la excepción de caducidad del medio de control,
razón por la cual no hay lugar a reconocer las prestaciones de orden económico.
19. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en cuanto a la fecha de
terminación de la relación laboral y la negativa de las pretensiones derivadas de la
protección por el fuero de maternidad y lactancia del que gozaba.
20. En ese sentido, indicó que su vinculación se prorrogó hasta el 11 de octubre de
2012, como lo sostuvo en la demanda y lo acreditó a través de las incapacidades
que radicó en la entidad el 29 de septiembre y 10 de octubre de esa misma
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anualidad, por lo que la relación laboral debió declararse hasta esa fecha.
21. Que demostró que el 14 de agosto de 2012 comunicó a la entidad su estado de
embarazo y, de esta manera, que la negativa de la entidad de continuar con su
contratación obedeció a esa condición.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 24 de febrero de 2023 fueron admitidos los recursos de apelación, y se
dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho
para dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. De conformidad con el recurso de apelación de la entidad, la Sala deberá
determinar si se configuró el fenómeno de la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
24. Se analizará la configuración de la relación laboral entre las partes y, de
encontrarse probada la excepción de caducidad, sería únicamente con el propósito
de reconocer los derechos pensionales derivados de tal situación.
25. En caso contrario, se estudiará la procedencia del reconocimiento de las
prestaciones salariales y prestacionales reclamadas, la prescripción de los
derechos laborales y, finalmente, la condena en costas de segunda instancia.
De la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
26. La caducidad es un fenómeno procesal en virtud del cual, por el solo transcurso
del tiempo sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde para el
administrado la posibilidad de demandar el acto administrativo en la vía
jurisdiccional1.
27. De esta forma, corresponde a las partes asumir la carga procesal de impulsar el
litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no lo hacen en
tiempo pierden la oportunidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho2.
1 PALACIO, Hincapié, Juan, Ángel, Derecho Procesal Administrativo, Décima Edición. Pág. 137.
2 Auto de 6 de agosto de 2009, Exp. 36.834, citado dentro de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril de
dos mil diecisiete (2017) por la Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Radicación
n°.: 25000-23-26-000-2007-00138-01 (39646).
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28. De conformidad con el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, la
oportunidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a
demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
caduca al cabo de los cuatro meses siguientes al día en que se publique, notifique,
comunique o ejecute el acto administrativo definitivo, según el caso3 .Textualmente,
la norma en cita dispone:
«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.»
29. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 3º del Decreto 1716 de 20094
establece que el término de caducidad para presentar las demandas en ejercicio
de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación
directa y controversias contractuales, se suspende cuando se eleve la solicitud
de conciliación y i) Se logre el acuerdo conciliatorio o; ii) Se expidan las constancias
a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 20015 o; iii) Se venza el término
de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que
ocurra primero.
De la caducidad en relaciones laborales encubiertas
30. En la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 (Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01), la Sala Plena de la Sección Segunda, sentó una
regla según la cual no todas las pretensiones derivadas del reconocimiento de una
relación laboral encubierta están afectadas por el fenómeno de la caducidad.
31. En dicha providencia, se reconoció que, si bien los actos administrativos que
niegan el reconocimiento de la relación laboral deben demandarse dentro del
término legal, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en especial los
de pensión, no están sujetos a caducidad, por tener el carácter de prestaciones
periódicas e imprescriptibles, conforme al bloque de constitucionalidad y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (especialmente, la Sentencia T-568 de
2011). Así lo indicó la referida providencia:
3 La expresión según el caso hace referencia a la manera como el administrado conoció el acto administrativo
demandado, el cual pudo haber sido a través de la notificación, comunicación o ejecución de este.
4 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del
Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
5 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.” Las constancias a
las que se refiere el mencionado artículo se expiden cuando: a) se efectúe la audiencia de conciliación, pero
no se llegue a un acuerdo; b) las partes o una de ellas, no asistan a la audiencia; y c) el asunto no sea conciliable.
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«[…] Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la
prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con
el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración
no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a
una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa
que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo»
32. Esta línea ha sido reiterada por la Sección Segunda en diversos
pronunciamientos6 y, en la providencia del 9 de febrero de 20237, se precisó que en
los procesos en los que se pretende la declaratoria del encubrimiento de una
relación laboral deben diferenciarse entre las pretensiones sujetas a caducidad,
como son, el reconocimiento de bonificaciones, primas o sanciones moratorias y,
aquellas que no lo están (como los aportes al sistema de seguridad social).
33. De manera que, el rechazo total de la demanda por extemporaneidad solo es
procedente si todas las pretensiones están afectadas por el vencimiento del término
legal; de lo contrario, se continua con el estudio de fondo respecto de aquellas que,
por su naturaleza, no se ven afectadas por tal fenómeno.
34. A partir de lo expuesto, se concluye que el término de caducidad de cuatro
meses del artículo 164 del CPACA no puede aplicarse a las pretensiones
relacionadas con aportes pensionales derivadas de la existencia de la relación
laboral, por tratarse de obligaciones imprescriptibles e irrenunciables, protegidas por
normas constitucionales y supranacionales.
Resolución del caso
Para efectos de dar solución al asunto planteado, se encuentra acreditado lo
siguiente:
35. Que el 1 de noviembre de 20128 la señora Adriana del Pilar Molina Gómez
solicitó al municipio de Ubaté «la reconsideración de su contrato», al haber estado
subordinada por parte del secretario de tránsito y transporte municipal y cumplir un
horario y un direccionamiento.
36. Que, a través del oficio sin número del 5 de diciembre de 20129, la entidad, por
intermedio del secretario de tránsito y transporte de Ubaté, negó lo requerido por la
interesada. Decisión que fue notificada el 6 de igual mes y año, a través de correo
certificado10.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018. Expediente n.º 25000-23-
42-000-2017-01648-01 (4299-17) y 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19) CP. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente n.º 66001-23-33-000-2015-00124-01 (4765-
2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Folio 10 Cuaderno principal.
9 Folios 11 a 14 ídem.
10 Folio 52 Cuaderno Antecedentes Administrativos.
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37. Que el 2 de abril de 2013 radicó conciliación extrajudicial convocando a la
entidad territorial y, el 5 de junio de igual año la Procuraduría 127 delegada para
Asuntos Administrativos Judicial II expidió la constancia de no conciliación, ante la
falta de ánimo conciliatorio11.
38. Que el 18 de junio de 2013 la señora Molina Gómez instauró demanda laboral
ordinaria contra el municipio de Ubaté, Secretaría de Tránsito y Transporte, con el
propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta y las
acreencias laborales a que tenía derecho.
39. De acuerdo con lo anterior, la Sala evidencia que el acto administrativo
demandado fue notificado el 6 de diciembre de 2012, la demandante presentó la
solicitud de conciliación el 2 de abril de 2013, cuando restaban 5 días para que
feneciera el término de cuatro meses para acudir a la jurisdicción. El término de
caducidad permaneció suspendido hasta que se expidió la constancia de no
conciliación el 5 de junio de 2013 y se reanudó a partir del día siguiente.
40. Los cinco días restantes para presentar la demanda vencían el 13 de junio de
2013; sin embargo, aquella se presentó hasta el 18 de junio de 2013, es decir, fuera
del término de los 4 meses previstos para el ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, por lo que, se configuró la excepción de caducidad.
41. No obstante, y en atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-005-16 y las decisiones invocadas en el acápite anterior, cuando se trata de
asuntos relativos a una relación encubierta bajo contratos de prestación de
servicios, debe hacerse la distinción entre las pretensiones sujetas a caducidad y
aquellas exceptuadas de dicha figura.
42. En efecto, las reclamaciones derivadas de aportes al sistema integral de
seguridad social en pensiones no están sujetas a caducidad, por tratarse de
prestaciones periódicas, irrenunciables e imprescriptibles, en virtud del mandato
contenido en el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA y del principio de
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales (art. 53 de la
Constitución).
43. En consecuencia, la Subsección realizará el respectivo estudio del caso, para
determinar si se acreditó la existencia de la relación laboral entre las partes y si,
como consecuencia de ello, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de los aportes pensionales.
44. Por lo aquí expuesto, se adicionará el numeral primero de la sentencia del 22
de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para
declarar probada parcialmente la excepción de caducidad frente a las pretensiones
referentes al reconocimiento y pago de prestaciones salariales y prestacionales.
De la relación laboral encubierta
11 Folio 21 Cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-04585-02 (0657-2023)
45. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
46. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
47. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
48. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
49. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.
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• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.
50. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Caso concreto
51. Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante estuvo
vinculada a la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Ubaté, a través
del contrato de prestación de servicios profesionales n.° 047 de 2012 que tuvo por
objeto: «Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa de la
Secretaría de Tránsito y Transporte para la organización y clasificación del archivo,
en el manejo de carpetas de vehículos, especies venales (placas, moto, particulares
y pública y de radicado), archivo y clasificación de resoluciones contravencionales
y registros de Registro Nacional de Conductores».
52. Que el plazo de ejecución del acuerdo fue de seis meses desde el 22 de febrero
de 2012, fecha en la que se suscribió y, el 22 de agosto de 2012, cuando se liquidó
bilateralmente. El valor total del contrato fue de $ 6.855.840, suma que se acordó
pagar en seis mensualidades vencidas de igual valor, previa presentación de la
cuenta de cobro, el informe de actividades y el recibo a satisfacción por parte del
supervisor del contrato.
53. En ese orden, la Subsección encuentra acreditada la prestación personal del
servicio por parte de la demandante en actividades de archivo y manejo
documental y, no como lo enunció en la reclamación administrativa que su
vinculación fue como secretaria. También se probó la remuneración, pues se pactó
el pago de ciertas sumas de dinero de forma habitual y periódica.
54. Ahora, conviene precisar que el extremo final de la vinculación de la
demandante con la entidad fue el 22 de agosto de 2012, así consta en el acta de
liquidación del contrato 047 de 201212 suscrita por las partes. La afirmación del
recurso de la actora, relativa a que se extendió hasta el 11 de octubre de esa
anualidad, carece de respaldo probatorio. No obra ninguna prueba que demuestre
12 Folio 88 Antecedentes Administrativos.
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que el contrato de prestación de servicios se prorrogó o que se suscribió otro
posteriormente; tampoco, que la demandante continuó prestando sus servicios a la
entidad.
55. Los escritos radicados por la demandante el 2 de octubre de 2012 se limitan a
poner en conocimiento de la entidad la incapacidad médica otorgada por la EPS
entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2012. En los documentos se indica:
«Para los fines legales y conforme a la Ley 50/90, hago llegar a su Despacho la
nueva incapacidad otorgada»; sin embargo, no evidencian de forma alguna la
existencia de un vínculo entre las partes o la ejecución de actividades en ese
periodo.
56. En lo que tiene que ver con la subordinación, se advierte que las obligaciones
específicas a cargo de la contratista fueron las siguientes:
• Desarrollar la metodología recomendada por el Archivo General de la Nación
para el ajuste y actualización de las tablas de retención documental.
• Continuar con la sistematización del archivo.
• Presentar los informes periódicos de seguimiento y de las actualizaciones
realizadas en el archivo.
• Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier situación que
pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
57. Como prueba testimonial, se tiene la declaración de la señora Ana Flor Caicedo
quien indicó que fue compañera de trabajo de la actora en la secretaría de tránsito
y transporte y, que, recordaba haberla visto desempeñarse en el área de entrega
de licencias de conducción.
58. Que cumplía sus actividades en la entidad y, aunque los contratistas no estaban
obligados a cumplir un horario, la demandante si lo hacía. Que el horario de la oficina
era de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p. m., la demandante ingresaba a la hora
indicada, pero no le constaba personalmente su salida, porque terminaba su jornada
antes.
59. Que, como todo el personal de la secretaría, al llegar recibió indicaciones sobre
las actividades que debía realizar, cumplía órdenes y directrices del jefe inmediato;
rotaba en sus tareas y si la enviaban a hacer otras cosas debía hacerlo. Que debía
pedir permiso al jefe de dicha secretaría, señor Víctor Bravo.
60. También se tiene el testimonio de la señora Ángela Rincón, quien manifestó
que laboró con la demandante en la misma dependencia en el 2012 y, por eso sabía
que era parte del archivo y, a veces, ayudaba en el proceso de salidas de vehículos
y órdenes de comparendo. Que debía asistir todos los días a la entidad, cumplía un
horario de trabajo y la jornada completa establecida.
61. A partir del acervo probatorio, se evidencia que las prestaciones ejecutadas por
la demandante en favor de la entidad fueron de naturaleza administrativa-
asistencial, las cuales, en la mayoría de los escenarios, requieren de la orientación,
seguimiento y trazabilidad, con el propósito de garantizar su correcta ejecución.
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Además, la generalidad de las obligaciones contractuales permite inferir que la
demandante requería de alguna manera del direccionamiento o instrucción por parte
de funcionarios de la entidad, para saber, concretamente, cuáles eran sus tareas,
la forma y tiempos de ejecución.
62. De la misma manera, la Subsección evidencia que no podía decidir ni disponer
sobre las tareas, tampoco del manejo, rotulación, foliación u organización de los
expedientes, al tratarse de procesos ante la autoridad de tránsito municipal
específicos. Las actividades de gestión documental, archivo y apoyo asistencial que
la demandante prestó exigen una dirección constante, seguimiento diario y
presencia permanente en el servicio. Su ejecución se circunscribía a las
indicaciones particulares y puntuales de su jefe inmediato, pues no de otra forma
podría recolectar, clasificar y gestionar los documentos, movilizarlos entre las
dependencias y reservarlos en un orden específico.
63. De igual manera, se evidencia el ejercicio del poder dispositivo de la entidad
para asignar libremente tareas y reubicar a la demandante entre sus distintas
dependencias, lo cual indica una subordinación a las necesidades operativas de la
secretaría de tránsito y transporte de Ubaté.
64. De esto, dan cuenta las aseveraciones de las dos testigos, quienes, refirieron
que la señora Adriana Molina Gómez no solo se desempeñó en el área de archivo,
sino que, además, cumplió otras actividades, tales como atención al público en la
entrega de licencias de conducción y apoyo en el proceso de salidas de vehículos
y órdenes de comparendo porque había una rotación de actividades constante en
la entidad.
65. Ahora bien, aun cuando la Sala reconoce cierta vaguedad en los testimonios,
las deponentes coinciden en aspectos sustanciales e indispensables, tales como el
periodo de prestación del servicio y las labores de apoyo administrativo
desempeñadas por la demandante.
66. En línea con lo dicho, contrario a lo expuesto por la entidad en el recurso, las
declaraciones rendidas en el proceso sí aportan insumos relevantes para el caso,
las testigos se refirieron al cumplimiento por parte de la demandante del horario de
ingreso a la entidad, a su asistencia diaria, a la obligatoriedad del cumplimiento de
la jornada, las órdenes y directrices del jefe, la solicitud de permisos y la rotación o
asignación de tareas.
67. El ejercicio de ese poder subordinante también encuentra respaldo probatorio
en los tres recibos de caja13 emitidos por la entidad, en los que se enuncia a la
demandante como cajera, encargada del recaudo de pagos de contravenciones de
tránsito.
68. Estos elementos, valorados conjuntamente, permiten concluir que la entidad no
se limitaba a emitir directrices para la ejecución de la actividad de archivo
13 Folios 33, 34 y 35 de cuaderno principal.
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contratada, sino que podía disponer de la actividad cotidiana de la contratista y
ubicarla en diferentes roles o tareas, según sus necesidades.
69. Todo este contexto, valorado de manera conjunta, excede lo que en sana crítica
se puede entender como la coordinación necesaria para la prestación de un servicio,
habida cuenta del direccionamiento y determinación unilateral de las condiciones de
tiempo, modo y lugar para la ejecución del servicio; circunstancia que desvirtúa la
autonomía propia del contrato de prestación de servicios y consolida una verdadera
relación de subordinación.
70. Finalmente, se destaca que esta Corporación14 ha indicado que las labores de
gestión administrativa, mayormente, suelen ejecutarse bajo
subordinación, pues la naturaleza de las actividades sugiere un margen de
autonomía técnica y administrativa limitado.
71. Así las cosas, la conclusión del Juez de primera instancia de encontrar probada
la relación laboral, se considera debidamente soportada en las pruebas y, por tanto,
la decisión debe ser confirmada en este punto.
72. En consonancia con lo decidido en el acápite anterior, deberá modificarse el
numeral segundo de la sentencia de primera instancia, mediante el cual se declaró
la nulidad del oficio del 5 de diciembre de 2012, a través del cual se negó la
existencia de la relación laboral entre las partes y el pago de las prestaciones
económicas reclamadas, para en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto
administrativo, únicamente en cuanto negó el reconocimiento y pago de los aportes
pensionales correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 22
de agosto de 2012.
73. Así, se modificará el numeral tercero de la decisión apelada, en el sentido de
ordenar como restablecimiento del derecho, únicamente, el reconocimiento y pago
de las diferencias entre los aportes pensionales correspondientes al periodo durante
el cual se declara la existencia de la relación laboral, en los términos previstos en la
ley.
74. En cuanto al recurso de la demandante relacionado con la protección derivada
del embarazo y la lactancia, la Sala advierte que las pretensiones encaminadas a
obtener la indemnización y los demás efectos económicos de dicho fuero se
encuentran afectadas por la caducidad del medio de control. Por consiguiente, no
resulta procedente efectuar un pronunciamiento sobre tales reclamaciones, con
independencia de que la entidad hubiera conocido el estado de embarazo antes de
finalizar el vínculo contractual.
De la condena en costas en segunda instancia
14 En ese sentido, ver, entre otras, las sentencias del 23 de junio de 2005, expediente 1998-00027; del 16 de
abril de 2021, expediente 2015-04688-01 y del 16 de junio de 2022, expediente 2017-00253-01 (0865-2020).
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75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En este contexto, en el caso concreto se debe condenar en costas a la parte
demandante por cuanto no prosperó ninguno de sus argumentos de apelación,
mientras que al demandado le prosperó parcialmente frente a la caducidad. En
consecuencia, se condena en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal de origen.
79. Por último, se reconocerá personería al Doctor Wilman Enrique Casas Gerena
portador de la T.P 282.104 del C. S de la J. para actuar en representación de la
parte demandante, de conformidad con el poder aportado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. ADICIONAR el numeral primero de la sentencia del veintidós (22) de
agosto de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para declarar probada parcialmente la excepción de caducidad del
medio de control, frente a las pretensiones referentes al reconocimiento y pago de
prestaciones salariales y prestacionales.
Segundo. MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la decisión apelada, los
cuales quedarán así:
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«SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad parcial del oficio de fecha 5 de
diciembre de 2012, únicamente, en cuanto negó el reconocimiento y pago de
los aportes pensionales correspondientes al periodo comprendido entre el 22
de febrero y el 22 de agosto de 2012.
TERCERO. – Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se RECONOCE que entre la señora ADRIANA
DEL PILAR MOLINA GÓMEZ y la ALCALDÍA DE UBATÉ – SECRETARÍA
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE existió una relación laboral desde el 22 de
febrero hasta el 22 de agosto de 2012, derivada del contrato de prestación
de servicios suscrito entre las partes.
En consecuencia, se ORDENA a la ALCALDÍA DE UBATÉ – SECRETARÍA
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE a reconocer y pagar a favor de la señora
ADRIANA DEL PILAR MOLINA GÓMEZ identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.031.378.758 expedida en Bogotá, las diferencias entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar; por
concepto de aportes a pensión, conforme lo establece la ley».
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Fíjense
y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Quinto. RECONOCER personería al Doctor Wilman Enrique Casas Gerena
portador de la T.P 282.104 del C. S de la J. para actuar en representación de la
parte demandante, de conformidad con el poder aportado.
Sexto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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