Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04687-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04687-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04687-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2013 04687 01 (5250–2018)
Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Salgado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia post mortem. Requisito de tiempo de servicio.
Aplicación de las sentencias de 29 de mayo y 9 de julio de 2024
proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda, respecto al
reconocimiento de dicha prestación sin acreditar el tiempo total
de servicio exigido por la Ley 114 de 1913. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda2
2. El señor Jorge Enrique Rodríguez Salgado, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 4576 de 1 de febrero, RDP
015047 de 4 de abril y RDP 017745 de 18 de abril, todas ellas de 2013, proferidas
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia post mortem causada por la señora
Luz Marina Martínez de Rodríguez.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el reconocimiento y pago de
la pensión gracia post mortem a partir del 28 de febrero de 2001, fecha de
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=17001233300020150
0439021100103
2 Escrito de demanda visible a folios 22 a 37
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Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Salgado
fallecimiento de la señora Martínez de Rodríguez, liquidada con todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a obtener estatus
pensional; así mismo, que los valores resultantes sean debidamente indexados y se
reconozcan y paguen los intereses moratorios.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Señaló que la señora Luz Marina Martínez de Rodríguez nació el 22 de junio de
1953; así mismo, que permaneció vinculada como docente departamental en la
Secretaría de Educación de Cundinamarca desde el 16 de abril de 1974 hasta el 5
de mayo de 1980; y luego al Distrito de Bogotá desde el 29 de julio de 1983 hasta
el 28 de febrero de 2001.
5. Manifestó que la causante contrajo matrimonio con el señor Jorge Enrique
Rodríguez Salgado en diciembre de 1979. Que la docente falleció el 28 de febrero
de 2001, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
6. Indicó que el 1 de febrero de 2013, el cónyuge supérstite solicitó ante la UGPP
el reconocimiento y pago de una pensión gracia post mortem, sin embargo, a través
de la Resolución RDP 4576 de 1 de febrero de 2013, le fue negado el derecho
reclamado; inconforme, presentó recursos de reposición y apelación, los cuales
fueron resueltos con las Resoluciones RDP 015047 de 4 de abril de 2013 y RDP
017745 de 18 de abril del mismo año.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
7. Indicó que con los actos administrativos demandados se infringieron los artículos
1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 228 y 336 de la Constitución Política, así como
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 y los Decretos 081 de 1976 y
2277de 1979, entre otras.
8. Sostuvo que la UGPP expidió los actos administrativos demandados contrariando
la normatividad y jurisprudencia relevante a la pensión gracia; manifestó que existió
una falsa motivación en los actos acusados, pues se niega el derecho a pesar de
demostrar el cumplimiento de requisitos legales, principalmente la vinculación como
docente en el departamento de Cundinamarca como interina y en el distrito de
Bogotá en propiedad.
9. Explicó, que la señora Luz Marina Martínez de Rodríguez laboró al servicio del
magisterio por un tiempo de 16 años, 2 meses y 23 días, es decir, por más de las
dos terceras partes (más de 15 años) como maestra; además, que como
consecuencia de su fallecimiento no se configuró el requisito de la edad, sin
embargo, ello no es impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia, ya
que falleció el 28 de febrero de 2001, fecha en la que se configuraría el
reconocimiento pensional reclamado.
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Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Salgado
1.4. Contestación de la demanda
10. Admitida la demanda el 17 de septiembre de 20133, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP4, una vez notificada, presentó escrito con el que
se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
11. Indicó, que la señora Luz Marina Martínez de Rodríguez no cumplió con los
requisitos mínimos para ser beneficiaria de la pensión gracia, toda vez que no contó
con 20 años de servicio como docente nacionalizada o territorial. Por tanto,
consideró que los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a
derecho, pues, en atención a los vínculos laborales de la docente, se observa que
no cumplió con el requisito de 20 años de labor.
12. Propuso como excepciones las siguientes: i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión;
iii) prescripción; iv) cobro de lo no debido.
1.5. Sentencia de primera instancia5
13. Con fallo de 31 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.
14. Como sustento de la decisión, precisó que la docente Luz Marina Martínez de
Rodríguez no alcanzó los veinte años de servicio, pues únicamente se acreditaron
15 años, 2 meses y 21 días; no obstante, analizó la sentencia del Consejo de Estado
de 30 de septiembre de 2010, puesta de presente por el demandante, llegando a la
conclusión que dicha jurisprudencia avaló el haber cumplido por lo menos 18 años
de servicios para el reconocimiento pensional, cosa que en el caso particular no
ocurrió.
15. De igual manera, rechazó la aplicación de la Ley 100 de 1993 para conceder la
pensión de sobreviviente con 26 semanas, puesto que la pensión gracia es de
categoría especial, creada como una recompensa otorgada por la nación.
1.6. Recurso de apelación
16. A través de apoderado, el señor Jorge Enrique Rodríguez Salgado6 presentó
recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia;
3 Actuación visible en el folio 42 del expediente.
4 Escrito visible a folios 72 a 79 del expediente.
5 Fallo visible a folios 146 a 153 del expediente.
6 Escrito visible a folios 158 a 160 del expediente.
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Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Salgado
argumentó que el tribunal exige el cumplimiento de requisitos imposibles de
alcanzar por causas ajenas a la voluntad del docente, como lo es el fallecimiento,
siendo una contingencia protegida por el sistema de seguridad social integral.
17. Así mismo, afirmó que el trabajador tiene una expectativa legitima del derecho
cuando ha prestado servicios por más de las 2/3 partes del tiempo exigido para
obtener la prestación, como ocurre en el asunto bajo estudio, circunstancia que ha
sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial en diferentes ocasiones por el
Consejo de Estado, que ha dado aplicación a una causal especialísima para obtener
dicha prestación, la cual se encuentra contemplada en el artículo 4° numeral 6 de la
Ley 114 de 1973 que dispone que el interesado debe acreditar «que ha cumplido
cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.»
18. Expresó que una interpretación en el anterior sentido materializa los principios
laborales del artículo 53 de la Constitución, en especial el de in dubio pro operario.
Que la jurisprudencia no ha limitado el reconocimiento de la pensión gracia para
quienes acreditan las 2/3 partes del tiempo de servicio exigido, y se encuentren en
estado de invalidez, sino que aplica para todo aquél que no puede demostrar la
totalidad del tiempo de servicio por causas ajenas a su voluntad.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Con auto de 11 de diciembre de 20187, se admitió el recurso de apelación.
20. Jorge Enrique Rodríguez Salgado8, a través de apoderado, allegó escrito en
el que reiteró los argumentos del recurso de alzada y solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.
21. La apoderada de la UGPP9 allegó memorial con el que solicitó confirmar la
sentencia objetada, al efecto, recordó los supuestos facticos del medio de control
concluyendo que no le asiste derecho al reconocimiento pensional por no cumplir
con el requisito de 20 años de servicio docente.
22. El agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
guardaron silencio en esta etapa procesal.
23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
7 Actuación visible a fiolo 166 del expediente.
8 Escrito visible a folios 204 a 207 del expediente.
9 Escrito visible a folio 208 del expediente.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso11, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte actora presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
25. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jorge Enrique
Rodríguez Salgado, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
post mortem, en calidad de cónyuge supérstite de Luz Marina Martínez de
Rodríguez (qepd). Para el efecto, resulta necesario determinar previamente, si la
citada docente cumplió con los requisitos de ley exigidos para el reconocimiento de
dicha prestación.
26. Además, resulta imperativo establecer de cara a la normatividad y
jurisprudencia vigente sobre la materia, si el fallecimiento de la educadora, hecho
que aduce la parte actora impidió que aquélla cumpliera con el requisito de 20 años
de servicios, habilita el estudio de la prestación bajo el cumplimiento de las 3/4
partes del tiempo de servicio exigido en la ley, este último que corresponde a 20
años de servicios; o si por el contrario, como lo sostuvo el tribunal a quo, quien
pretenda obtener tal prestación, debe demostrar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
28. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.»
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gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
29. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
30. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
31. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
32. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
33. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
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nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»12
34. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201813 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
35. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».14
36. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
37. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Criterio jurisprudencial respecto al reconocimiento de la pensión gracia
sin el lleno de los requisitos ante una situación de invalidez o muerte del
docente
38. La Sección Segunda del Consejo de Estado, con anterioridad ha ordenado el
reconocimiento de la pensión gracia a docentes, pese a que no cumplían con el
requisito de 20 años de servicio, observándose dos situaciones o supuestos de
hecho para proceder en tal sentido, como pasa a explicarse.
39. Una primera hipótesis se advierte en la sentencia de 30 de septiembre de
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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201015, en la cual esta Sección consideró viable dicho reconocimiento, a docentes
que en razón del estado de invalidez se les imposibilitó continuar ejerciendo
dicha labor, siempre que acreditaran haber ejercido más de las 2/3 partes del
tiempo exigido en la ley -que es de 20 años de servicios-, claro está, con
designaciones del orden territorial o nacionalizado. En esa oportunidad se explicó
que, la Corte Constitucional también había tenido en cuenta tal circunstancia al
pronunciarse sobre el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional,
concretamente en aplicación del régimen de transición, por lo que ese criterio se
aplicaba al asunto de pensión gracia.
40. El criterio en comento fue también tenido en cuenta por esta Corporación en
asuntos posteriores, por ejemplo, en sentencias de 23 de febrero de 2017, dictada
en el proceso bajo radicado 25000-23-33-000-2013-04047-01 (1550-2014), y de 26
de mayo de 2022, proferida en el expediente 05001-23-33-000-2014-01327-01
(1735-2017).
41. En esta última decisión, valga resaltar que se hizo claridad sobre el lapso
temporal que tienen que demostrar los docentes que, con fundamento en una
condición de invalidez, no han podido cumplir con el requisito para obtener la
pensión gracia. Así, para el efecto se explicó que, en la sentencia de 30 de
septiembre de 2010, referida en el numeral 48 del asunto que aquí convoca, se
indicó que debían acreditar las 2/3 partes del tiempo exigido en la ley, sin embargo,
ello no resultaba cierto, y realmente debían acreditar es las 3 / 4 partes, ello
atendiendo al criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en la
sentencia C-794 de 2009, que fue acogido por la Sección Segunda en la providencia
que se refiere, se destaca:
«De modo que, esta Corporación, en la referida sentencia del 30 de septiembre de
2010, acogió como plazo razonable el término de 15 años de servicio, para quienes,
habiendo perdido la capacidad laboral por razones no imputables al trabajador,
pudieran acceder a la pensión gracia de jubilación acreditando dicho lapso de tiempo.
Sin embargo, aunque se señaló con claridad que el término era de 15 años, lo cierto
es que este, en proporción, equivale a las tres cuartas partes o al 75% de 20 años de
servicio, y no a las dos terceras partes, como desacertadamente se indicó en la citada
providencia.»
42. Una segunda hipótesis, corresponde a cuando el educador ha laborado por
lo menos 18 años de servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del
Decreto 224 de 197216, el cual es del siguiente tenor:
«Artículo 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva
15Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado núm. 17001-23-31-000-2007-
00187-01 (1067-2009).
16 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación
mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte
mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de
edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.»
43. La aplicación analógica de la mentada normativa a los casos de pensión gracia
se avaló ante el vacío de la ley frente a situaciones particulares o especiales, y en
atención a los principios de favorabilidad, equidad y proporcionalidad, como así dan
cuenta entre otras, las sentencias de i) 28 de enero de 201017, ii) 21 de octubre de
201018, y iii) 20 de abril de 202319. Iv) En sede de recurso extraordinario de revisión,
en sentencia de 18 de noviembre de 202020, también se analizó dicho asunto,
declarando infundado el recurso, estimando que la Sección Segunda había avalado
la aplicación de dicha disposición. Esta postura dio cuenta entonces, del
reconocimiento post mortem de la pensión gracia.
44. Con fundamento en lo anterior, se tiene que han sido, principalmente, dos las
hipótesis excepcionales que han permitido el reconocimiento de la pensión gracia
sin el cumplimiento del lleno de requisitos i) a docentes que en razón del estado
de invalidez se les imposibilitó continuar ejerciendo dicha labor, siempre que
acreditaran haber ejercido más de las 3/4 partes (15 años) del tiempo exigido
en la ley (20 años); y ii) cuando el educador había laborado por lo menos 18
años de servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del Decreto 224
de 1972.
45. Pues bien, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado estimó
necesario revisar el criterio jurisprudencial en comento, y a través de las sentencias
de 29 de mayo de 202421 y de 9 de julio de 202422, dictadas por importancia jurídica,
emitió un cambio jurisprudencial, concluyendo que la pensión gracia debe ser
reconocida siempre que se cumpla la totalidad de los requisitos contemplados en la
ley para el efecto, y especialmente se refirió al requerimiento de los 20 años de
servicios.
46. En la mentada sentencia de 29 de mayo de 2024, analizó la postura
jurisprudencial que venía avalando la posibilidad de reconocer la pensión gracia con
tan solo la acreditación de las 3/4 partes del tiempo de servicio exigido para dicha
prestación, es decir, con tan solo 15 años de labor educativa, ante la imposibilidad
de acreditar los 20 años de servicio por invalidez o por muerte.
17 Expediente 0500 - 23-31-000-2004-05315-01 (1026-2007)
18 Expediente 680012315000200001322 01(1063-2008)
19 Expediente 25000234200020150493401 (4958-2018)
20 Expediente 11001-03-25-000-2018-01169-00 (4045-2018)
21 Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018)
22 Expediente 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)
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47. Así, luego de un estudio del contexto histórico y social en el que se creó la
pensión gracia; del objeto, alcance y requisitos de aplicación de los principios
constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad en materia laboral,
sostuvo que desde un punto de vista legal, bajo el criterio de interpretación
gramatical o literal y sistemático de la norma, no se advierte la posibilidad de
reemplazar la exigibilidad del tiempo de servicio, antes, se observa es la taxatividad
de la obligatoriedad de acreditar el mismo. Y bajo un criterio histórico-subjetivo, la
pensión gracia se enmarca en una noción de “recompensa” más no de “seguridad
social”. De manera que, concluir que es posible el reconocimiento de la prestación
en comento sin completar el tiempo de servicio, resulta contrario a la motivación y
finalidad que sostuvo el legislador al proferir la normativa de tal dádiva.
48. Desde un punto de vista constitucional llegó al mismo entendido anterior,
considerando entonces que la exigencia de 20 años de servicios al docente retirado
con ocasión al estado de invalidez o muerte no se desconocen los principios
constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad en materia laboral.
Se destaca que la contingencia de la invalidez se encuentra protegida a dichos
docentes. Y además se destaca lo siguiente:
«138. Así las cosas, la exigencia para los docentes nacionalizados de completar el
tiempo de servicios que ordena el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 es una carga
legítima que no atenta contra el derecho a su seguridad social, incluso si dejaron de
cumplir el requisito por un retiro ajeno a su voluntad, como ocurre con la declaratoria
de un estado de invalidez. En estos casos no cabe aplicar el principio de
proporcionalidad como se hizo en la sentencia C-794 de 2002 que se refirió a los
casos en que el legislador incurre en la «prohibición o interdicción del exceso», pues
no hubo un cambio normativo que variara los requisitos para adquirir el derecho.
Tampoco procede su invocación bajo el argumento de que el legislador incurrió en
«la prohibición por defecto», porque es inexistente la omisión regulatoria que
justificara una corrección con la aplicación del principio de proporcionalidad.
[…]
146. Así, aceptar que debe extenderse el derecho a los docentes que trabajaron tres
cuartas partes del servicio por razón de su invalidez o muerte, cambiaría el propósito
de la ley sin sustento, puesto que ni siquiera la realidad social actual lo justifica si se
tiene en cuenta que los ingresos de los docentes nacionalizados aumentaron y el
sistema de seguridad social cubre sus contingencias de vejez, invalidez y muerte.
Luego el desarrollo de la sociedad y del derecho pensional elimina la necesidad de
ampliar el ámbito de aplicación de la pensión gracia, pues la protección del docente
está garantizada en el sistema pensional.»
49. De otro lado, respecto a la aplicación analógica de otras disposiciones, estimó
que ello no era procedente en el caso en estudio, dado que las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933 y 91 de 1989 son las que regulan la pensión gracia, sin
que exista otra prestación de esa misma naturaleza cuya normatividad pudiera
tenerse en cuenta para acceder al reconocimiento con tan solo la acreditación de
las 3/4 partes del tiempo de servicio; aunado a que dichas leyes con toda claridad
establecen la exigencia del cumplimiento de dicho requisito. Debido a lo anterior la
Sala sostuvo:
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«152. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la
pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la
exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los
20 años de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional
no procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado
las tres cuartas partes del tiempo requerido.»
50. Más adelante, con la sentencia de 9 de julio de 2024, ya mencionada, la Sala
Plena de la Sección Segunda se refirió a la hipótesis del reconocimiento de la
pensión gracia cuando el educador había laborado por lo menos 18 años de
servicio, lo que habilitaba la aplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.
51. En esa oportunidad se señaló que esta Alta Corporación ha entendido como
procedente el reconocimiento de prestación en comento en la modalidad post
mortem, en virtud de una aplicación analógica ante un vacío legal, así como con
fundamento en los principios de favorabilidad, proporcionalidad y equidad, más no
por la existencia de disposición normativa que así lo autorice.
52. Se explicó que, pese a que es posible que exista una causa común entre la
pensión ordinaria y la pensión gracia, concretamente la exigencia de unos requisitos
de edad y tiempo de servicio, lo cierto es que la finalidad y la forma de financiación
de una y otra no guardan similitud. Pues, la primera cubre el riesgo de la vejez
mediante un ahorro programado, esto es, los aportes que realiza tanto el empleado
como el empleador, en tanto que la segunda, es una dadiva o incentivo especial y
gratuito a favor del docente, a cargo de la Nación y que no requiere de aportes por
parte del beneficiario.
53. Además, se sostuvo que pensiones gratuitas y personales como la de gracia,
no han sido sustituibles a título post mortem, ni desde el año 1986, tampoco en
1913, ni desde 1991 hasta la fecha, dado que no se ha expedido disposición
normativa alguna que así lo habilite.
54. Seguidamente, respecto a la aplicación analógica del Decreto 224 de 1972 y la
Ley 100 de 1993 por la supuesta complementación de un vacío legal, se indicó en
dicha providencia que la Corte Constitucional en fallo C-480 de 1998, consideró que
el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 estaba derogado tácitamente por disposición
de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 33 de 1973; en todo caso, en sentencia T-586 de
2010, esa misma Corporación, tuvo en cuenta dicha disposición para ordenar el
reconocimiento de la pensión gracia; no obstante, al margen de la discusión
respecto a dicha derogatoria, lo cierto es que no existe un vacío legal sobre la
materia, sino que en realidad el legislador no previó la trasmisión del derecho en
comento, y se destacó:
«Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional, siempre tendrá que
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acudirse a un marco normativo común consagrado para otro tipo de prestaciones en
procura de una supuesta complementación, toda vez que puede suceder que el
legislador dentro de su legítima libertad de configuración no haya previsto como
aplicables tales disposiciones adicionales.
En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular
principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado
extender el régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos los
casos en los que se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría la
dádiva como fue ideada, e incluso iría en contra de su esencia gratuita, meritoria y
personal (intuitu personae), la cual no ha cambiado a pesar del paso del tiempo.»
55. Agregó la Sala que el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así como la Ley 33
de 1973, refiere el reconocimiento a los beneficiarios del causante fallecido en el
campo de la pensión de jubilación, vejez o invalidez, más no se contemplaron
prestaciones gratuitas como la de gracia; y que esta última en modo alguno
constituye el sustento principal del sostenimiento de los familiares del docente
fallecido, sino un ingreso adicional, de manera que no se les vulneran derechos
constitucionales. Que no es posible tener en cuenta en este asunto el principio de
favorabilidad, pues ello supone la existencia de dos normal de igual o distinta fuente
que reglamente la materia, y que avizore una antinomia que amerite definir cuál
sería la más beneficiosa al trabajador, situación que no ocurre, dado que se insiste,
no existe disposición que contemple la sustitución de la pensión gracia.
56. Igualmente se afirmó que, se genera un desequilibrio en el presupuesto de la
Nación y se afecta la sostenibilidad fiscal si se reconoce una pensión gracia post
mortem que no está autorizada por el legislador, dado que dicha dádiva se financia
con dinero del tesoro público en su totalidad. Con ello no se pierde de vista que, so
pretexto de la protección de la sostenibilidad fiscal no se pueden desconocer los
postulados del Estado Social de Derecho, sin embargo, la Sala reiteró que, en dicho
asunto no se desatienden garantías constitucionales dado que la pensión gracia
post mortem no está reconocida en la ley y tiene como única finalidad recompensar
el servicio docente territorial o nacionalizado. Y menos aún se consideró que se
afecta el principio de no regresividad de los derechos laborales, pues, no se da el
supuesto de una conquista laboral, y por tanto no se han consolidado derechos
adquiridos. Así entonces finiquitó la Sala:
«En conclusión, al margen del análisis que previamente había hecho el Consejo de
Estado sobre la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia post mortem a
favor de los beneficiarios supérstites de un docente fallecido que no adquirió el
derecho en sí mismo por falta del tiempo de servicio, en aplicación del artículo 7.º del
Decreto 224 de 1972, lo cierto es que en esta oportunidad, la Sección Segunda se
aparta de dicho criterio y asume una nueva postura que fundamentada como se
expuso previamente, implica negar las pretensiones de la parte activa, por lo que se
revocará la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar que el señor
Polidoro Gross Buitrago no tenía derecho al pago de una prerrogativa como la
solicitada.»
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57. Conclusión: Con fundamento en el anterior estudio, puede concretarse
entonces, que la Sección Segunda del Consejo de Estado varió el criterio
jurisprudencial, y actualmente no hay lugar a reconocer ni a sustituir la pensión
gracia en los casos en que el docente solicitante o causante de la prestación no
acredita el requisito de los 20 años de servicios contemplado en la Ley 114 de 1913,
criterio que comparte esta Sala de Subsección y que por tanto será tenido en cuenta
para resolver el asunto que convoca.
2.4. Actuación administrativa
58. El señor Jorge Enrique Rodríguez Salgado, ante el fallecimiento de la señora
Luz Marina Martínez de Rodríguez, radicó el 3 de julio de 2012 solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia post mortem ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), la cual fue resuelta de manera negativa a través de la
Resolución RDP 004576 de 1 de febrero de 2013, en tanto no se acreditaron 20
años de servicio por parte de la docente y no se allegó la documentación necesaria
para determinar que el reclamante tenía derecho sobre lo pretendido.
59. Inconforme, presentó recursos de reposición y apelación, los cuales fueron
resueltos de manera negativa con las Resoluciones RDP 015047 de 47 de abril de
2013 y RDP 017745 de 18 de abril del mismo año.
2.5. Caso concreto
60. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si el señor Jorge Enrique Rodríguez Salgado
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia post mortem, en
calidad de cónyuge supérstite de Luz Marina Martínez de Rodríguez; debiendo
establecerse en todo caso, si la citada docente, cumplió con los requisitos de ley
exigidos para el reconocimiento de dicha prestación; o si por el contrario, el
fallecimiento previo al cumplimiento de requisitos de edad y tiempo de servicio es
un argumento suficiente para reconocer el derecho deprecado.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
61. La Sala estima necesario abordar en primer término, lo atinente a la exigencia
de tiempo de servicios, dado que la controversia jurídica gira en torno a este
aspecto, y de encontrarlo acreditado, se analizarán los demás requisitos.
62. Importante precisar que, tal como se indicó en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, la Sala resolverá este asunto a la luz del criterio jurisprudencial
vigente y contenido en las sentencias expedidas por importancia jurídica por la Sala
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Plena de la Sección Segunda el 29 de mayo de 2024 y el 9 de julio de 2024, y que
dan cuenta que para obtener el derecho a la pensión gracia debe el solicitante
demostrar, entre otros, la prestación de 20 años de servicio docente territorial o
nacionalizado, sin excepción alguna.
63. Edad: En el expediente no se observa copia de la cédula de ciudadanía o del
registro civil de nacimiento de la señora Luz Marina, no obstante, del escrito de
demanda se menciona que nació el 22 de junio de 1953, por lo que cumpliría 50
años el 22 de junio de 2003. No obstante, falleció el 28 de febrero de 2001, a la
edad de 47 años, 8 meses y 6 días. Por lo que en principio no acredita los 50 años
de vida exigidos.
64. Vinculación y tiempo de servicios. El material probatorio recaudado en el
curso procesal da cuenta de las siguientes novedades laborales de la señora Luz
marina Martínez de Rodríguez (qepd):
65. Al expediente se allegó certificado de tiempo de servicio expedido por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de
Cundinamarca23 en el cual se indicó que la señora Martínez de Rodríguez fue
nombrada como docente en la Escuela Rural Mesa de Aguablanca a través del
Decreto 847 de 15 de marzo de 1974, tomando posesión el 16 de abril de 1974
hasta el 5 de mayo de 1980, con “régimen de pensiones nacionalizado”, para un
total de 6 años y 20 días.
66. Más adelante, en el distrito de Bogotá laboró de la siguiente manera, por un
tiempo de 9 años y 2 meses:
• A través de memorial allegado por la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá el 11 de noviembre de 201624, se informó que la docente en mención tuvo
la siguiente vinculación:
▪ Como interina: Desde el 29 de julio hasta el 29 de septiembre de 1983;
y desde el 4 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1983.
▪ Como docente temporal: Desde el 19 de febrero hasta el 30 de
noviembre de 1992.
• De igual manera, fue nombrada con Resolución 202 de 1 de febrero de 1993
como docente de tiempo completo en el Distrito de Bogotá – Secretaría de
Educación, tomando posesión el 5 de febrero de 199325, tiempo que fue
certificado como territorial distrital.
23 Certificado visible a folio 142 del expediente.
24 Memorial allegado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el 11 de noviembre de 2016,
visible a folios 119 y 120 del expediente.
25 Documentos visibles a folios 86 a 90 del expediente.
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• Con Resolución 2401 de 21 de marzo de 2001 se produjo el retiro por
fallecimiento el 28 de febrero de 2001.
67. Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que se acreditó por parte de la
señora Martínez de Rodríguez la actividad educativa antes del 31 de diciembre de
1980, como docente, pero no como docente nacionalizada como se afirma por la
alcaldía de Bogotá, sino como territorial. Lo anterior por cuanto, el nombramiento
provino de la entidad territorial, y aunque no obra dicho acto administrativo, tampoco
existe ningún otro elemento que permita establecer que fue del orden nacional. Por
el contrario, la certificación referida alude que fue nacionalizado, no obstante, no es
posible dar credibilidad a dicha afirmación, dado que para la fecha de la designación
-año 1974-, no se había expedido la Ley 43 de 1975 que dispuso la nacionalización
de la educación.
68. Por tanto, se insiste, se trató de un docente territorial, siendo pertinente
rememorar que la Corte Constitucional, en sentencia C–084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989 precisó
que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43
de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii)
territoriales.
69. De otra parte, respecto al periodo laborado en el distrito de Bogotá, si bien no
se certifica la naturaleza de los vínculos de los años 1983 y 1992 por haber sido
ocasionales o transitorios, la Sala considera que corresponden a una naturaleza
territorial, puesto que fueron certificados por la autoridad territorial como interinos y
temporales, figuras que utilizaban las autoridades municipales, departamentales y
territoriales para proveer provisionalmente cargos docentes con el fin de garantizar
la prestación del servicio en caso de licencias o ausencias no permanentes.
70. De igual manera, el nombramiento ocurrido a partir del 8 de febrero de 1993 se
tiene que obedeció a una designación territorial, conforme a los certificados ya
referenciados, dado que provino también de una autoridad territorial, sin que se
haga mención que hubiere actuado por instrucción o delegación del Ministerio de
Educación, y aunque se expidió con posterioridad a la Ley 43 de 1975, se informó
que los recursos eran propios del distrito de Bogotá.
71. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia en estudio, el tiempo servido como
docente territorial al servicio del departamento de Cundinamarca y posteriormente
en el distrito de Bogotá, primero por un tiempo de 6 años y 20 días, y segundo,
por espacio de 9 años y 2 meses.
72. Cabe destacar que, la entidad en sede administrativa y en sede judicial no ha
cuestionado la naturaleza de dichas designaciones, y por tanto no negó la pensión
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gracia en atención a una labor como nacional, sino en razón a que no acreditó los
20 años de servicio docente.
73. Así entonces, conforme al estudio efectuado hasta el momento, existe certeza
para la Sala, respecto a que docente Luz marina Martínez de Rodríguez, no logró
demostrar la prestación del servicio docente territorial o nacionalizado durante 20
años, sino únicamente por un total de 15 años, 2 meses y 21 días, lo cual resulta
insuficiente de cara a la exigencia contenida en la Ley 114 de 1913.
74. Ahora, no es de recibo el argumento del recurso, relativo a que el tribunal de
primera instancia yerra al exigir un requisito imposible de alcanzar por causas
ajenas a la voluntad del docente, refiriéndose así al fallecimiento de la educadora;
pues, como se explicó en el acápite normativo y jurisprudencial, quien aspire a que
le sea reconocida la pensión gracia debe acreditar la totalidad de los requisitos,
entre estos, el de tiempo de servicios.
75. Y es que como se mencionó, la pensión gracia solo es una dádiva cuyo
reconocimiento está dado al docente en virtud del servicio prestado; además, el
legislador no dejó lugar a equívocos en cuanto a la exigibilidad de los requisitos de
ley.
76. En ese orden, si bien con anterioridad esta Corporación reconoció la prestación
en comento a docente que por causas ajenas no lograban alcanzar el tiempo de
servicios, o que demostraban las 3/4 partes del mismo -15 años-, esto último en
aplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972, lo cierto es que a partir de las
sentencia dictadas por la Sala Plena de la Sección Segunda por importancia jurídica
el pasado 24 de mayo y 9 de julio de 2024, que tiene un carácter vinculante, no es
posible tener en cuenta la mentada disposición, y menos aún ordenar el
reconocimiento de la prestación a quien no cumple con el mentado requisito de
tiempo de servicios.
77. Las anteriores decisiones en modo alguno lesionan los derechos fundamentales
de la parte actora, quien pretende el reconocimiento de la prestación en la
modalidad post mortem, dado que, la pensión gracia no tiene como finalidad
garantizar el sostenimiento de los beneficiarios del causante o del docente
peticionario ante la ausencia de este último, sino que viene a ser un pago adicional.
Y tampoco podría considerarse que se lesionan derechos adquiridos, pues, se
insiste, la educadora no cumplió con las exigencias para ello.
78. En atención a las razones hasta aquí expuestas, es claro que en el caso de la
pensión gracia reclamada en modalidad post mortem a causa de la labor docente
de Luz Marina Martínez de Rodríguez, no es posible acceder a lo pretendido, toda
vez que no se cumplió con el requisito de edad y tiempo de servicio mínimo de 20
años como docente territorial o nacionalizada, por lo que, la Sala se releva de revisar
la acreditación de los demás requisitos, así como se abstendrá de emitir un
pronunciamiento respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia post
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mortem a favor del señor Jorge Enrique Rodríguez Salgado, quien acudió en calidad
de cónyuge supérstite.
79. De manera que se confirmará la sentencia dictada por el a quo, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
80. Conclusión: Con fundamento en el análisis normativo y jurisprudencial
efectuado, y hecha la respectiva valoración probatorio, estima la Sala que la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda se ajusta
a derecho, pues, quien pretenda el reconocimiento de la pensión gracia debe
acreditar el cumplimiento de los requisitos dispuesto por el legislador para el efecto,
entre estos, la edad de 50 años y el tiempo de servicio de 20 años como docente
territorial o nacionalizado, lo cual no ocurrió en el sub judice.
2.6. Condena en costas
81. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación jurídica.
82. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus intereses, así
como por la entidad demandada.
83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 31 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda de
conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. No condenar en costas en ninguna de las dos instancias.
TERCERO. Se reconoce personería al abogado Jhonier Alejandro Tejos Valencia
como apoderado de la UGPP en atención al poder allegado vía correo electrónico y
visible en el índice 34 de SAMAI.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2013 04687 01 (5250-2018)
Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Salgado
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 19
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