Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04894-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2 022)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2013 04894 01 (1830-2017)
Accionante: Blanca Andrea López Jiménez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional
Temas: Reconocimiento de la prima de actividad y el
subsidio familiar para los exempleados de la
Oficina del Comisionado Nacional para la
Policía Nacional del Min isterio de Defensa
Nacional - Decret o 1214 de 1990 – Ley 1437 de
2011
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
1. Conoce la S ala de Subsección el recurso de apelación
interpuesto por la s partes contra la sentencia del 9 de junio de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda - Subsección B 1 que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. La señora Blanca Andrea López Jiménez , actuando por conducto
de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
CPACA, demandó a la Nación – Ministerio de Defensa , en procura
de obtener el reconocimiento de las siguientes decla r aciones y
condenas:
2.1.1. Pretensiones 2
1 Con ponencia del entonces Magistrado César Palomino Cortés.
2 Folios 2 y 3 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2013 04894 01 (1830-2017)
Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
(i). Decla rar la nulidad parcial de lo siguien tes actos
administrativos:
• El Oficio 61305 MDNSGDALGNG 1.10 de 4 de julio de 2012
expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio del cual
le negó su solicitud de reconocimiento de las prestaciones
establecidas en el Decreto 1214 de 1990, tales como el subsidio
familiar y las prima s de actividad y de servicios por 15 años, en su
condición de servid ora de la Oficina del Comisionado Na cional para
la Policía Nacional.
• El acto ficto o presunto producto del silencio administrativo
negativo que surgió ante la omisión de respuesta a la solicitud de
inclusión inmediata en nómina de estos haberes laborales.
(ii) Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, solicit ó:
• Ordenar el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar
«por cónyug e e hijos» desde su vinculación a la entidad y
hasta su retiro, «actualizado su valor al momento del pago y
el pago de todos los haberes laborales que están consagrados
en beneficio del personal civil no uniformado al servicio de
dependencias del Ministeri o de Defensa, conforme al TITULO
III y artículos 96, 102, 114, 115 y 123 del decreto 1214 de
1990».
• «[…] que se ordene incluir en la n ómina mensual del (sic)
demandante el pago periódico de los haberes laborales
reclamados »,
• «[…] ordenar el reajuste de t odos los haberes laborale s que
se hubieran visto afectados en razón del no pago de sus
derechos.
• «El giro de los aportes pensionales actualizados, por
concepto de estos haberes laborales, al Fondo de Pensiones
a que se encuentra afiliada la parte demandan te».
• «[…] el pago de la prestación solicitada se debe liquidar
conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo,
indexando su valor y generando los intereses moratorios » y
«Condena a las costas del proceso para la entidad
demandada ».
2.1.2. Supuestos fácticos
3. Como sustento de las pretensiones se indicó lo siguiente:
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
4. La demandante ingresó a laborar a la Oficina del Comisionado
para la Policía Nacional en el año 2000 .
5. Mediante los Decretos 1932 de 1999, 1512 de 2000 y 049 de
2003, se modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional,
donde se estableció que la Oficina del Comisionado Nacional para
la Policía dependía directamente del despacho del ministro.
6. Posteriormente, en el año 2007 se profirió el Decreto 3122 que
suprimió los ca rgos de la Oficina del Comisionado para la Policía,
de manera que la demandante , en su condición de madre cabeza
de familia, fue reubicad a en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional por lo qu e se le excluyó del pago de los haberes laborales
consagrados en el Título III y siguientes del Decreto 121 4 de 1990 .
7. Radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional donde
solicitó e l reconocimiento y pago de las prestaciones ordenadas en
el Decreto 1214 de 1990, en su artículo 38, que se refieren a la
prima de actividad , prima de servicio s, el subsidio familiar por ser
empleada al servicio del comisionado de la Policía Nacional, pero
fue resuelta de forma negativa por la entidad demandada.
8. Para efectos de la cuantificación del subsidio familiar solicitó se
tenga en cuenta que tiene una hija de quien aportó su registro civil
de nacimiento y los documentos pertinentes que demuestran el
grado de escolaridad.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. Citó como normas trasgredidas por parte de la entidad las
siguientes:
10. De la Constitu ción Política, los a rtículos 13, 25 y 5 3. De orden
legal el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010; los artículos 2, 38 y
siguientes del Decreto 1214 de 1990, el artículo 4.° del Decreto
1932 de 1999 y los artículos 1.° y 114 del Decreto 1792 de 2000.
11. Según la demanda, la accionante adquirió el derecho al pago
de los emolumentos laborales recla mados de conformidad con el
Decreto 1214 de 1990 en sus artículos 38 y 49, esto p or cuanto el
Consejo de Estado anuló el Decreto 1810 de 1994, que estableci ó
una discriminació n en materia prestacional para los antiguos
funcionarios de la oficina del comisio nado para la Polic ía Nacional .
Dicha sentencia estableció que la norma aplicable es el Decreto
1214 de 1990 pues el Ejecutivo no tenía facultades para crea r un
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régimen prestacional discriminatorio , sin autorizaci ón del Congreso
de la República.
12. Por tanto, la entidad accionada omitió aplicar el artículo 2.° del
Decreto 1214 de 1990 que clasifica a los funcionarios de las
dependencias del Ministerio y de la Dirección de Sanidad como
personal civil con derecho a percibir las prestaciones del Título III,
artículo 38 y sigu ientes, en lo relat ivo a la prima de actividad,
subsidio familiar y subsidio de alimentación, entre otras, las que
fueron ratificadas con la expedición del Decreto 1792 de 2000, que
mantiene la clasificación del Decreto 1214, en el sentido de señalar
que al personal civil del Ministerio de Defensa se le sigue aplicando
sin ninguna distinción, el régimen salaria l y prest acion al allí
contemplado.
2.1.3. Contestación de la demanda
13. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional 3 a través de
apoderad o contestó la demanda , donde se opuso a las pretensiones
del accionante .
14. Para tal efecto, señaló, en síntesis que la señora López Jiménez
no tiene derecho al pago de las prestaciones reclamadas
comoquiera que quienes laboraron para la Oficina del Comisionado,
fungían como empleados públicos de la Rama Ejecutiva, por lo que
no se les aplica el Decreto 1214 de 1990, en tanto aquella cuenta
con planta de personal y régimen salarial y prestacional propios,
diverso al previst o para el Ministerio de Defensa, debido a las
diferencias de las funciones asignadas por el legislador.
15. Asimismo, p ese a la declaratoria de nulida d de los artículos 2 .°
y 3.° del Decreto 1810 de 1994, no es posible aseverar que a los
ex funcionarios del comisionado se les deba liquidar sus haberes y
prestaciones sociales que les fueron reconocidos y pagados
durante su vinculación hasta la supresión de los empleos, con
aplicación del régimen salarial y pre stacional del Decreto 1214 de
1990, toda vez que los efectos de la norma se entienden vigentes
hasta que fue declarada la nulidad , esto aunado a que la sentencia
del 29 de septiembre de 2011, proferi da por la Sección Segunda del
Consejo de Estado se limitó a declarar la nulidad sin referirse al
restablecimiento de derechos particulares.
16. Explicó además que lejos de la violación de las normas
3 Folios 80 y s.s. del expediente
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constitucionales y legales invocadas en la demanda, lo q ue se
presenta es la inexistencia de causa para pedir y , por consiguiente,
la legalidad de los actos administrativos acusados.
17. No propuso excepciones.
2.3. Trámite en primera instancia
18. La audiencia inicial se llevó a cabo el 2 de febrero de 2016 4,
diligencia en la cual (i) fue saneado el proceso, para lo cual
estableció que «[…] en la vía gubernativa y en sede jurisdiccional
se pretende expresamente prima de actividad, subsidio familiar -
prima de alimentación, prima de antigüedad, pero también se
solicitan “todos lo s haberes laborales del decreto 1214 de 1990 ”.
Requirió al apoderado de la a ctora para que al momento de fijar el
litigio debe aclarar cuáles son los demás […]». (ii) advirtió la
ausencia de proposición de excepciones 5 y (iii) fijó el lit igio en los
siguientes términos:
«[ …] Probl emas j urídi cos : pri nci pal es se cent ran: a) si le asist e
a la dem andant e c om o ex – ser vidor ( sic) de la O f ici na del
Com ision ado par a la Policí a Nac iona l, r eincor por ada a la Dir e cción
de Sanidad de l a Pol icí a Naciona l, el der echo al pago de las
pr est aciones social es pr evist as en el decr et o - ley 1214 de 1990 ,
ar t í culos 38 , 46, 49, especí f i cament e , l a pri ma de activi dad ,
subsi di o f amil i ar , pri ma de servi ci os por 15 años b) si le asist e
der echo a la r eliqu i dación de las pr est aciones devenga das por la
incid encia de las r e f er idas pr im as. , c) en caso af ir m at ivo desde
cuándo. . c) ( sic) si s e conf igur a e l si lenc i o adm inist r at ivo r es pect o
de la pet ic ión EX T 12 - 8531 del 1 de f e br er o de 2012. Probl ema
j urí di co asoci ado. Se cont r a e a est ablecer : a) el r égim en salar ia l
y pr est acional de los ser vidor es de la O f icina del Com is iona d o par a
la Pol icí a Naciona l y el r égim en de los ser vidor es de sanidad de la
Pol icí a Nacion al, si les es aplica ble e l r égim en pr est acional del
decr et o 1214 de 1990 b) si la sit uación f áct ica de la dem andant e
se debe t ener com o sit uación j ur í dica consolida da. c) si es
pr ocedent e inapl icar el ar tí culo 56 de la ley 352 de 1997 . A ct o
segui do el apodera do de l a part e act ora advi rt i ó que en esenci a
ese es el caso y que sól o agrega respect o de l os haberes que
se t enga en cue nt a el art í cul o 96 del Decret o Ley 1214 d e 1 990,
en cuant o a l a li quidaci ón de l as cesant í as. El M inist er io públ ico
indic ó que est á de acuer do con los pr o blem as j ur í dicos f ij ados. » 6
(Negrilla y s ubraya s de la Sala ).
2.4. Sentencia de primera instancia
19. El 9 de junio de 2016 , el Tribunal Administrativo de
4 Folios 243 y s.s.
5 ff. 159 a 160.
6 ff. 193 vto. y 194.
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Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B 7 profirió sentencia
de primera instancia mediante la cual accedió parcialm ente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas.
20. En primer lugar, se refirió al régim en salarial y presta cional del
personal de la Oficina del Comisionado Nacional par a la Policía, a
partir de lo cual co ncluyó:
21. Quedó demostrado en el expediente que la demandante prestó
sus servicios mediante relación legal y reglamentaria al Ministerio
de Defensa Nacional - Oficina del Comisionado para la Policía
desde el 15 de fe brero de 2000 al 3 0 de septiembre de 2007 y, a
partir del 1.° de octubre de 2007 fue reintegrada a la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional , donde devengaba una asignación
básica de $2´122.867, sin que obrara constancia de pago de la
prima de actividad, subsidio familiar y prima de antigüedad.
22. Por ello le resu ltaba aplicable el régimen del Decreto Ley 1214
de 1990, en el periodo durante el cual, la accionante, prestó sus
servicios a la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional.
23. En lo que se refie re al subsidio familiar , luego de referirse al
artículo 49 del Decreto ley 1214 de 1990 y el Decreto 2909 de 1991
dijo que el legislador estableció un tope para acceder al mismo,
para lo cual citó la Ley 789 de 2002 y la sentencia de la Corte
Constitucional C -3 15 de 2002, luego de lo cual determinó que si
bien la demandante era la progenitora de la menor Andrea Gabriela
López Jiménez, su salario en la Oficina del Comisionado para la
Policía Nacional superaba los 4 salarios mínimos mensuales
vigentes de esa época y por ello no era acreedora del citado
derecho.
24. En cuanto a la prima de servicios de 15 años estimó que si bien
la demandante acumuló un total de 15 años, 11 meses y 12 días
de servicios del 15 de febrero de 2000 al 26 de enero de 2016 8, en
principio reuniría el tiempo exigido por el artículo 46 del Decreto
Ley 1214 de 1990 , sin embargo el desarrollo de su labor en la
Oficina del Comisionado para la Policía solo fue desde el 15 de
febrero de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2007 , por 7 años, 7
meses y 16 días, por lo que no reunía el requisito en mención.
7 Folios243 a 253 ibidem.
8 Hizoreferencia a que, según la historia laboral, a la fecha de expedición de
la misma, la demandante seguía laborando. Según lo indicó: « […] se certificó
que al 26 de enero de 2016 seguía laborando en la misma entidad.» Historia
aportada a folios 201 a 203 .
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25. En cuanto a la prima de actividad estableció que al declara rse
nulos los artículos 2.° y 3.° del Decreto Ley 1810 de 1994, a los
servidores de la O ficina del Comisio nado para la Policía Nacional
les son aplicables las disposiciones del Decreto 1214 de 1990 y con
ello, le asiste derecho a la demandante a la citada prima, sin que
hubiese operado la prescripción por cuanto ésta prima se hizo
exigible con ocasión de la sentencia de 29 de septiembre de 2011
y el derecho se reclamó el 18 de mayo de 2012.
26. En consecuencia, declaró configurado el silencio administrativo
negativo respecto de la petición EXT 12 -8531 del 1.° de febrero de
2012, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y adicionalmente dispuso:
«TERC ERO . A t ít ulo de r est ablecim ient o de l der echo, la Nación -
M inist er io de Def en sa Naciona l, DEB E RÁ: a) Reconocer y pagar ,
en f avor de la señor a Blanca Andr ea López Jim énez con C. C.
52. 101. 699 de Bogo t á D. C. , el t i empo que prest ó sus ser vi ci os
l aboral es en l a Of ici na del por Comisi onado para l a Pol i cí a
Naci onal , l a denomi nada pri ma de acti vi da d en el por centaj e y
conf or m e a las nor m as que la pr evén par a el per sona l ci vil de l
M inist er io de Def ens a Naciona l.
b) Los valor es deb er án act ualizar se si guiendo e l pr ocedi m ient o
indic ado en la par t e m ot iva.
C) Rel iqui dar las pr est aciones soc iales devengadas por la s eñor a
Blanca Andr ea Lópe z Jim énez con C. C. 52. 101. 699 de Bogot á D. C.
sobr e las cuales la pr im a de act ividad t uvier e inciden c ia y ef ect uar
los cor r espondi ent e s apor t es a segur ida d social en pens ione s, por
concept o de ese haber labor al.
TERC ERO ( sic) . La ent idad dar á cum pl i m ient o a la sent enc ia en
los t ér m inos de los ar t í culos 192 y sigu ient es de la ley 14 3 7 de
2011. » ( Negr il la de l a Sala) .
27. Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de imponer condena en costas.
2.5. El recurso de apelación
2.5.1. La entidad demandada 9, prese ntó recurso de apelación en
el cual manifestó :
• La Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, fue
creada mediante la Ley 62 de 1993, como establecimiento público
de seguridad social y Bienestar para la Policía y contaba con una
planta de personal propia y autónoma, independ iente de la planta
global del Ministe rio de Defensa Nacional y tenía a signado un
presupuesto para el ejercicio de sus funciones con delegación
9 Folios 275 y siguientes.
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permanente para su ejecución. Conforme el Decreto 1810 de 1994,
los funcionarios vinculados a la planta de personal de esta oficina,
se regirán por las normas prestacionales aplicables a todos los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, prevista en los Decretos
3135 de 1968, 1045 de 1 978 y demás normas que los modifiquen o
adicionen.
• A part ir del Decreto 1932 de 1999 y hasta que fin almente fue
suprimida mediante Decreto 3123 de 2007, la Oficina del
Comisionado Nacional para la Policía, pasó a ser parte de la
estructura interna del Ministerio d e Defensa Nacional, ubicada
como dependencia directa del Despacho del Ministro d e Defensa
Nacional y que los funcionarios y empleados de la citada oficina,
en materia salarial y prestacional, desde la creación de su planta
de personal, el 3 de agosto de 1994 y hasta el 17 de agosto de
2007, cuando fue suprimida, se mantuvieron excluidos d el régimen
aplicable al person al civil no uniforma do del Ministe rio d e Defensa
Nacional, dado que por disposición expresa de los artículos 2° y 3°
del Decreto 1 810 de 1994, debía aplicárseles los Decret os 3135 de
1968 y 1045 de 1978.
• En virtud de la declaración de nulidad de los artículo s 2.° y 3.° del
Decreto 1810 de 1994, no es posible aseverar que, a los ex
funcionarios de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía,
se les deba reliquidar sus haberes prestacionales, pagados durante
el tiempo laboral al momento de la supresión de los empleos en el
año 2007, para aplicarle el Decreto 1214 de 1990, toda vez que los
efectos de la mencionada declaración son hacia el futuro.
2.5.2. El apoderado del demandante presentó recurso de
apelación 10, pero dada su inasistencia a la audiencia de conciliación
fue declarado desierto 11. Posteriormente presentó apelación
adhesiva 12 donde señaló que debe modificarse la decisión de
primera instancia. Para esto indicó:
• La reubicación d e un funcionario por supresión de su cargo en
ningún momento debe desmejorar su condición laboral ni pued e
conducir a la pérdida de sus derechos , lo que significa que debió
reconocerse y ordenarse el pago de las prestaciones y haberes del
Decreto 1214 de 1990 durante el período subsiguiente a la
eliminación de la planta de personal de la Oficina del Comisionado
hasta la fecha en que la accionante se retiró del Ministerio de
10 F o l i o s
262 y s.s.
11 F o l i o
303.
12 3 0 7 a 3 1 8 .
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Defensa; en consecuencia deben reconocerse las prestaciones
solicitadas también por el periodo p osterior a su reubicación en la
Dirección de San idad.
• Debe reconocerse el subsidio familiar reclamado toda vez que
goza de una regulación especial establecid a en el Decreto 1214 de
1990, que no tiene nada que ver con el subsidio regulado en la Ley
21 de 1982 aplicable a los empleados públicos y privados . Además,
según Oficio 1468694 MDN - DSG-DA -GTH de 2 de octubre de 2014
el Grupo de Talento Humano del Ministerio de Defensa confirmó que
el subsidio familia r del artículo 49 del Decreto 1214 de 1990 se
paga sin consideración al monto de la asignación básica mensual.
Igualmente, e n la Consulta 1703 de 16 de febrero de 2006 absuelta
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se
indicó que incluso al secretario general y a los viceministros del
Ministerio de Def ensa se le aplica ría al régimen de primas y
subsidio familiar d el Decreto 1214 a 1990 .
• También debe incluirse en la condena 3 meses de alta por retiro
después de 10 años de vinculación conforme a los artículos 114 ,
115 y 123 del Decreto 1214 de 1990 pues la demandante ha estado
vinculada por más de 15 años al Ministerio como empleada pública
civil no uniformada ; asimismo debe reconocerse la prima de
antigüedad y reliquidarse las cesantía s por inclusión de los
emolumentos reclamados
-Debe reconocerse la prima de servicio mensual establecida en el
artículo 46 después de 15 años de servicio , que también es fa ctor
del cómputo de las prestaciones al tenor del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990; debe ordenarse incluir en la nómina mensual
de la demandante el pago periódico de los haberes laborales
reclamados y finalmente insistió en que l a condena debe extenderse
al giro de los aportes pensionales sobre esos haberes adicionales .
2.6. Alegatos de segunda instancia
2.6.1. La parte demandante 13 reiteró los argumentos expuestos en
la demanda y el recurso de apelación .
2.6.2. Tanto la parte demandada como el agente del Ministe rio
Público ante esta Corporación se abst uvieron de presentar alegatos
y concepto, como consta en el informe secretarial en folio 354 del
expediente.
13 F o l i o s 333-356
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III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
28. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin restricciones , como ocurre en el presente
caso.
3.2. Aclaración previa y p roblema jurídico
29. Como se advierte de la parte antecedente, en la fijación del
litigio se indicó que el Tribunal centraría su atención en determinar
si a la demandante le asistía derech o al subsidio familiar y a las
primas de servicio s y de actividad, establecidas en el Decreto 1214
de 1990 por su labor como servidora de la Oficina del Comisionado
para la Policía Na cional, decisión co n la cual el apoderado de la
parte accionante se mostró de acuerdo, adicionándole a el lo,
solamente la reliquidación de las cesantías.
30. En este sentido, la Sala no avanzará sobre el análisis de la
prima de antigüedad y de los tres meses de alta sobre los que se
insiste en el recurso de apelación de la demandante, comoquiera
que no hicieron parte de los temas sobre los cuáles se f ijó el litigio,
por lo que proceder en contrario sería desconocer el derecho al
debido proceso frente a la parte demandada, quien ejerció su
derecho a la defensa partiendo del escenario de discusión
establecido al momento de la fijación del litigio. En este sentido, la
Sala asumirá el análisis de los argumentos del recurso de apelación
propuesto por las partes, teniendo como punto de partida la
reclamación del reconocimiento del subsidio familiar y las primas
de actividad y de servicios establecid os en el Decreto 1214 de 1990 .
31. De acuerdo con lo anterior, en esta oportunidad le corresponde
a la Sala determina r ¿si la señora Blanca Andrea López Jiménez
tiene derecho al reconocimiento y pago de l subsidio familiar y las
primas de activida d y de servicios con base en el Decre to 1214 de
1990, por haberse desempeñado en la Oficina del Comisionado
Nacional para la Policía?
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
32. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa deberá
establecer: (i) los efectos de la sentencia 14 de nulidad de los
artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994 y sus consecuencias
frente al restablecimiento del derecho en cuanto a los emolumentos
reclamados, (ii) si debe ordenarse a la demandada el giro de los
aportes en pensión y la reliquidación de las cesantías como
consecuencia de los conceptos laborales reconocidos .
33. Para dilucidar lo anterior, la Sa la se referirá a la naturaleza
jurídica de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía
Nacional; de igual forma se referirá a los pronunciamientos de esta
Corporación sobre el tema, luego a lo probado en el proceso, para
finalmente dar respuesta a los interrogantes propuestos .
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1 Naturaleza Jurídica de la Oficina del Comisionado
Nacional para la Policía
34. A través de la Ley 62 de 12 de agosto de 1993, « Por la cual se
expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y bienestar para la
Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias a l
Presidente de la República» se estableció la creación del
Comisionado Nacional para la Policía Nacional, en su artículo 21,
al determinar que esa dependencia estaría dirigida a «[…] ejercer
la vigilancia del ré gimen disciplinario y operacional y t ramitar las
quejas de la ciud adanía, sin perjuicio de la vigilancia que les
corresponde a los organismos de control […]», que estaría dirigida
por un Comisionado, quien era un funcionario no uniformado, con
calidades de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 15,
nombrado por el Presidente de la Re pública, de terna conformada
por el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana y de
remoción discrecio nal del Presidente de la República 16.
35. En ejercicio de las facultades conferidas por el artí culo 21 de la
Ley 62 de 1993, el Gobierno Naciona l profirió el Decreto 1588 de
1994, «por el cual se fija la estruct ura interna del Comisionado
Nacional para la Policía y se establecieron las funcio nes de sus
dependencias», en cuyo artículo 13 estableció que « […] Pa ra el
14 Sentencia de 29 de septiembre de 2011 con ponencia del consejero dr.
Alfonso Vargas Rincón, dentro del proceso 11001 -03-25-000-2008-0008-00.
15 Artículo 22 de Ley 62 de 1993.
16 Artículo 23 de Ley 62 de 1993.
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cumplimiento de las funciones de las diferentes dependencias, el
Comisionado Nacional para la Policía podrá crear y organizar,
mediante acto administrativo, grupos de trabajo bajo la
coordinación y supervisión del funcionario que éste designe,
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del
servicio y los planes y programas del Comisionado […]».
36. En ese mismo año se profirió el Decreto 1810 de 1994 «Por el
cual se establece la planta de personal del Comisionado Nacional
para la Polic ía», en cuyo artículo 3º, dispuso que sus funcionarios,
estarán sometidos al régimen prestacional de los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva de que tratan los Decretos 3135 de
1968, 1045 de 1978 y demás normas que los modifican o adicionan.
37. Los artículos 2 .º y 3.º 17, del citado Decreto disponía n que l os
funcionarios vinculados a la Planta de Personal establecida en el
mismo estarían sometidos al régimen prestacional de los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva :
« A rtíc u l o 2 º . L o s fu n c i o n a ri o s v in c u l ad os a l a P l a n ta d e P e rs o n a l
e s ta b l e c i d a e n el p re s e n te D e c re to , e s t a rá n s o m e ti d os a l ré g im en
p re s ta c i o n a l d e l o s e m p le a d o s p ú b li c o s d e l a R a m a E j e c u ti v a d e q u e
tra ta n l o s D e c re to s 3 1 3 5 d e 1 9 6 8 , 1 0 4 5 d e 1 9 7 8 y d e m á s n o r m a s q u e
l o s m o di fi c a n o a d i cio n a n .
A rtíc u l o 3 º . E l C o mis i o n a d o N ac i o n al p ara l a P o l i c ía d i s tri b u i rá l o s
c a rg o s d e l a P l a n ta e s ta b l e c i d a e n e l p re s e n te D e c re to , e s ta rá n
s o m e ti do s a l ré gim en p re s ta c i o n a l de l o s e m pl e a d o s p ú b li c o s d e l a
R am a Ej e c u ti v a d e qu e tra ta n l o s D e c re to s 3 1 3 5 d e 19 6 8 , 1 04 5 d e
1 9 7 8 y d e m á s n o rm as q u e l o m o d i fi c an o a d i c i on a n .
[… ]» .
38. Tales disposiciones fueron declaradas nulas por la Sección
Segunda de esta Corporación, a tra vés de sentencia de 27 de
octubre de 2011 18 al considerar que se incurrió en falta de
competencia del Gobierno Nacional p ara regular dicha materia por
reserva de ley, con base en lo siguiente:
« [… ]
N o d e s c o no c e l a S ala q u e e n u n p ri n c i pi o e l c a rg o d e c o mi s i ona d o y
l u e g o la o fi c i n a e s pe c i a l n o s e e n c o n trab a d e n tro d e l a e s tru c tu ra
o rg á n i c a d e l a P o l i c ía N a c i o n a l n i d e l Mi n i ste ri o d e D e fe n s a N a c i o n a l ,
s i n e m ba rg o , s í d e p e n d ía fu n c i o n a lm e n te d e l a D i re c c ió n Ge n era l e n
l o s a s p e c to s o p e ra tiv o s y d e c o o rd i n ac i ón y fu e c o n te m p la d a e n e l
D e c re to 2 2 0 3 d e 1 99 3 , q u e d e s a r ro l l ó la e s tru c tu ra o rg á n i c a y l a s
fu n c i o n e s d e l a P o li cía N a c i o n a l .
18 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , s e n t e n c i a d e 2 7 d e o c t u b r e d e 2 0 1 1 ,
radicación 11001 03 25 000 2008 000800 (0029 -2008), consejero ponente:
Alfonso Vargas Rincón, actor: Darío Caro Meléndez.
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
N o e x i s te n i n g u n a p os i b i li d a d d e q u e l o s s e rv i d o re s d e l a Ofi c i n a d e l
C om i si o n a d o N a ci o na l p a ra l a P o l ic ía N ac i o n a l , n o fu e ra n p e rs o n a l
c i v i l , e n c o n s i d e ra c ión a q u e l a s ú n i c a s p e rs o n a s n o u n i fo rm a d as q u e
n o p o d ía n te n e r ta l c a rá c te r, p e r te n e c i e n te s a l Mi n i s te ri o d e De fe n s a
N a c i on a l y l a P o l i c ía N a c i o n al , e ra n l a s c o n te m pl a d a s e n e l in c i s o
s e g u n d o d e l a r tíc u l o 2 d e l D e c r e to 1 2 1 4 d e 1 9 9 0 , q u e d i s p o n í a :
E n c o n s e c ue n c i a , l as p e rs o n a s q u e p re s te n s u s s e rv i c i o s en l os
e s ta b l e c im ie n to s p ú b l i c o s , l a s e m p re s a s in d u s tri a l e s y c o m e rci a l es
d e l E s ta d o , l a s s o ci e d a d e s d e e c o nomía m i x ta y l a s u n id a d e s
a d mi n i s tra ti v a s e s p ec i a l e s , a d s c ri to s o v i n c u l ad a s a l Mi n i s te ri o d e
D e fe n s a , n o ti e n e n l a c o n d i c i ó n d e p e rs o n a l c i v il d e l Mi n i s teri o d e
D e fe n s a y d e l a P o l i c ía N a c io n a l y s e re g i rá n p o r l a s n o rm a s
o rg á n i c a s y e s ta tu ta r i a s p ro p i a s d e c a d a o rg a n i sm o .
A l n o te n e r l a o fi c i n a d e l C om i si o n a do N a c i o n al p a ra l a P o l i c ía
N a c i on a l ni n g u n a de e s a s c a li d a d e s , e s d e c i r, e s ta b l e c im i en to
p ú b l i co , e m p re s a ind u s tri a l o c om e rc i a l d e l E s ta d o , s o c i e da d d e
e c o n om ía mi x ta o u n i d a d a dmi n i s tra ti v a e s p e ci a l , a d s c ri ta s o
v i n c u l ad a s , a s u s e m p le a d o s n o p o d ía m á s q u e c o n s id e rá rs e l e s ,
p e rs o n a l c i v il .
E n c o n s e c u e nc i a , d e c o n fo rm i d ad c o n e l a rtíc u l o 1 8 9 , n u m e ra l 1 4 d e
l a C o n s ti tu c i ó n Po l íti c a , e l Go b ie r n o N a c io n a l n o te n ía
c o mp e te nc ia p a ra d e te rmin a r, c o mo lo h iz o , e l ré g ime n
p re s ta c io n a l d e lo s e mp le a d o s de la Ofic in a d e l C o mis i o n a do
N a c io n a l p a ra la P o lic ía , p o te s ta d q u e es p ro p ia d e l C o n g res o d e
la R e p ú b lic a , s e g ú n s e d e s p re n d e d e l a rtíc u l o 1 5 0 n um e ra l 1 9 d e l a
m i sma C a rta P o l íti c a q u e s e ñ a l a :
A rtíc u l o 1 5 0 . C o rre s p o n d e a l C o n g re s o d e l a R ep ú b li c a h a ce r l a s
l e y e s . P o r m e d io d e e l l a s e j e rc e l as s i g u ie n te s fu n c i o n e s :
(… )
1 9 . D i c ta r l a s n o rm as g e n e ra l e s , y s e ñ a la r e n e l l a s lo s o b j e tiv o s y
c ri te ri o s a l o s c u al e s d e b e s u j e ta rs e el g ob i e rn o p a ra l os s i g uie n te s
e fe c to s :
(… )
e ) F i j a r e l ré g im e n s al a ri a l y p re s ta c i o na l d e l o s em p l e ad o s p úb l i c o s ,
d e l o s m i emb ro s d e l C o n g re s o Na c i o na l y d e l a F u e rz a P ú b li c a .
(… )
E n c o n s e c u e n c ia , n o p o d ía e l Go b ie rn o N a c io n a l me d ia n te u n
d e c re to re g la me n ta rio , e x c lu i r del ré g ime n p re s ta c io n a l
e s ta b le c id o e n lo s D e c re to s 1 2 14 d e 1 9 9 0 y 1 7 9 2 d e 20 0 0 , a l
p e rs o n a l c iv il p e rte n e c ie n te a la o fic in a d e l C o mis io n a do
N a c io n a l p a ra la Po lic ía , p u e s s e a tr ib u y ó u na c o mp e ten c ia
re s e rv a d a a la L e y . S e a n u l a rá n , l o s a rtíc u l o s 2 y 3 d e l D e c re to 1 8 1 0
de 1994.
[… ]» . (N e g ri l l a d e l a S a l a )
39. Como se aprecia, la Oficina del Comisionado para la Policía
Nacional no fue un establecimi ento público sino una dependencia
adscrita al despacho del Ministro de Defensa Nacional , escenario
en el cual sus servidores hacen parte del personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con lo señalado en el
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artículo 2 .º del Decreto 1214 de 1990 19 y el parágrafo 1º Decreto
1792 del 2000 20.
40. Por ende, se les debe aplicar el régimen prestacional que
contiene la primera norma mencionada y el Gobierno nacional no
podía, excluirlos de ella, so pena de vulnerar el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Carta Polít ica, tal como se estableció en
la sentencia en cita.
41. Es así, toda vez que cuando el Gobierno Nacional modificó la
estructura del Min isterio de Defensa Nacional a través del Decreto
1932 de 1999 21, incluyó la Oficina del Com isionado Nacional para
la Policía Nacional como parte del despacho del ministro, situación
que se mantuvo con la expedición del Decreto 049 de 2003 y
permaneció así hasta que la misma fue suprimida por el artículo 1º
del Decreto 3122 de 2007 22.
3.3.2. Efectos de la sentencia de nulidad de 27 de octubre de
2011 que declaró la nulidad de los artículos 2.° y 3.° del Decreto
1810 de 1994 .
42. Sobre este tema es preciso señalar que si bien la sentencia de
27 de octubre de 2011 23 que decretó la nulidad de los artículos 2.°
19 “ARTÍCULO 2º. PERSONAL CIVIL. Integran el personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus
servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional”
20 “ P A R Á G R A F O 1 o . S e e n t i e n d e p o r P e r s o n a l C i v i l , p a r a t o d o s l o s e f e c t o s d e l
presente Decreto, el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y el
personal no uniformado de la Policía Nacional. Los servidores públicos que
prestan sus servicios en las Entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de
Defensa Nacional se regirán por l as normas vigentes propias de cada
organismo”
21 “ A r t í c u l o 4 . 1 . D e s p a c h o d e l M i n i s t r o . 1 . 1 O f i c i n a C o m i s i o n a d o p a r a l a P o l i c í a
Nacional”
22 “ P o r e l c u a l s e s u p r i m e n l o s e m p l e o s d e l a p l a n t a d e p e r s o n a l d e l a O f i c i n a
del Comisionado Nacional para la Policía y se dictan otras disposiciones”. “(…)
Artículo 4°.Transitorio. Los funcionarios de que tratan los artículos 2° y 3°
del presente decreto, continuarán con el régimen salarial y prestacional
al que tenían derecho antes de la supresión de los empleos . Artículo
5°. Los funcionarios que al momento de la supresión de que trata el presente
decreto hayan acreditado su condición de cabeza de familia, de mujer en etapa
de gestación o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, de
discapacitado o que ostenten derechos de carrera administrativa, a quienes
se les suprime el cargo en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, serán
incorporados en un empleo igual o equivalente que para el efecto se cree en
la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacion al, Dirección General
de Sanidad Militar, del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional de Colombia o del Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección de Bienestar de la Policía Nacional de Colombia(…) ».
23 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , s e n t e n c i a d e 2 7 d e o c t u b r e d e 2 0 1 1 ,
radicación 11001 03 25 000 2008 000800 (0029 -2008), consejero ponente:
Alfonso Vargas Rincón, actor: Darío Caro Meléndez.
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y 3.° del Decreto 1810 de 1994 no indicó sus efectos , no obstante,
actualmente es pacífica la posición d e la Sección Segunda frente a
los efectos ex tunc de la citada decisión. En este sentido se
considera que los efectos de la sentencia se retrotraen al momento
en que entraron en vigor los artículos 2 .° y 3.° del Decreto 1810 de
1994, declarados nulos por la citada providencia .
43. Asimismo , se ha determinado que la situación jurídica de los
exempleados de la Oficina del Comisionado para la Policía
Nacional no se encuentra consolidada y puede ser debatida en
sede judicial, dado que fue con la providencia que decretó la
nulidad que surgió el derecho a reclamar la aplicación del régimen
prestacional contemplado en el Decreto 1214 de 1990.
44. Así lo señaló esta Subsección a través de providencia del 26 de
noviembre del 2020 24, proferida dentro del proceso radicado
250002342000201301371 -01 (1395 -14) en los siguientes términos:
« [… ]
E n p ri m e r l u g a r, c o mo s e p re c i s ó e n e l a c á p i te a n te ri o r y c o m o l o h a
s e ñ a l a d o e s ta S u b s e c c i ó n l o s e fe c to s d e l a s e n te n c i a p ro fe ri d a p o r
l a S e c c i ón S e g u n da d e l C o n s ej o d e E s tad o d e 2 9 d e s e p ti e mb re d e
2 0 1 1 (0 0 2 9 -2 0 0 8 ), s on e x tu n c , e s d e c i r, s e re tro t ra e n a l m omen to e n
q u e e n tra ro n e n v i g e nc i a l o s a rtíc u l o s 2 y 3 d e l D e c re to 1 8 10 d e 1 9 9 4 ,
d e c l a ra d o s n u lo s p o r l a c i ta d a p ro v i d e n c ia .
A s í m i sm o , l a d e c l a ra to ri a d e n u l i d a d a fe c ta l a s i tu a c i ó n j u ríd i c a d e l
d e m an d a n te , e n l a m e d i d a q u e a l p ro fe ri r s e l a s e n te n c i a d e n u l i d ad
n o s e e n c o n tra b a c o n s o l i d a d a s u s i tu a c i ó n to d a v e z , q u e
p re c i s am e n te fu e c o n b a s e e n l a s e n te n c i a d e l C o n s e j o d e E s ta d o
q u e p o s te ri o rm e n te re a l i z ó l a p e ti c ió n a n te l a a d m i ni s tra c i ón p a ra
o b te n e r e l p a g o , e n tr e o tra s , d e l a p ri m a d e a c ti v i d a d y d e l s ub s i d io
fa m i li a r c o n s a g ra d os e n e l D e c re to 1 2 1 4 d e 1 9 9 0 , s i n q u e ex i s ta
p ru e b a q u e p e rmi ta c o l e g i r q u e s u s i tu ac i ó n j u ríd i c a h u bi e ra s i d o
re s u e l ta e n v i g e n c i a d e l o s a rt íc u l o s 2 y 3 d e l D e c re to 1 8 1 0 d e 1 9 9 4 .
P o r ta n to , l a c o n s e c u e n c i a d e l a d e c l a ra to ri a d e n u l i d a d , e s q u e e n
s u c a l i d a d d e em p le ad o d e l a Ofi c i n a d e l C om i si o n a d o N a c i ona l p a ra
l a P o l i c ía N a c i on a l c o m o p e rs o n a l c i vi l d e l Mi n i s te ri o d e D e fe n s a
N a c i on a l , s e l e a p li qu e e l ré g im e n s a la ri al y p re s ta c i o n a l d el De c re to
1 2 1 4 d e 1 9 9 0 . 25
24 C o n s e j o
Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Radicación: 25000-23-42-000-2013-03865-01(4230-
15). Actor: Mario González Vargas . Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 2 de
abril de 2020.
En la sentencia se citaron como antecedentes de la Sección que contienen
igual postura los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de octubre
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
A s í l a s c o s a s , l a i n te rp re ta c i ó n i m p e ra n te e n l a s e c c i ó n e n re la c i ó n
c o n l a n u l i da d d e l o s a rtíc u l o s 2 y 3 d e l D ec re to 1 8 1 0 d e 1 9 9 4 s e ñ a l a
q u e s u s e fe c to s s o n e x tu n c , d a d o q u e n o e s p o s i b l e a s e v e ra r q u e
l a s s i tu a c i o n e s j u ríd ic a s d e l o s e m p l e a d o s v i n c u l a d o s a l a Ofi c i n a d e l
C om i si o n a d o p a ra l a P o l i c ía N a c i o n a l s e e n c o n tra b a n c o n s o l id a d a s
a l mo me n to e n q u e se p ro fi ri ó . E s a s í, p o rq u e fu e c o n l a s e n te n c ia
q u e d e c re tó l a n u l i d ad re fe ri d a q u e s u rg i ó e l d e re c h o p a ra e s to s d e
re c l a ma r l a a p l i ca c i ón d e l ré g im e n p re s ta c i o n a l c o n tem pl a d o e n e l
D e c re to 1 2 1 4 d e 1 9 9 0 .
[ …] » 26
45. En similar sentido la Subsección B, expresó lo que sigue :
« 7 7 . E n a te n c i ó n a l o s e fe c to s e x tu n c q u e p ro d u c e l a s e n te n c i a
a n u l a to ri a d e l o s a c to s a d m in i s tra ti v o s , e s ta b l e c e l a S a l a q u e p a ra
e l p e rs o n a l d e l a O fi c i n a d e l C om i si o n a do N a c i o n al p a ra l a P o l i c ía
e x i s tía u n i m p ed im en to q u e n o p e rm i tía e x i g i r e l re c o n o cim i en to y
p a g o d e l a p rim a d e a c ti v i d a d y el s u b s id i o fa mi l ia r, p o r e n d e e l
d e re c h o a d e v e n ga r d i c h a s p re s ta c i o ne s s o l o s u rg i ó a pa rti r d e l a
e x p e d i ci ó n y e je c u to ri a d e l a s en te n c i a q ue d e c l a ró l a nu l id a d de l o s
a rtíc u l o s 2 y 3 d e l D e c re to 1 8 1 0 d e 1 9 9 4 , e s to e s , 2 9 d e s e p ti e m b re
de 201128.
7 8 . A s í p u e s , c o m o l a s e ñ o ra C l a u di a P a tri c i a P é re z S o to p re se n tó
l a re c l am a ci ó n a n te la e n ti d a d d em an d a da e l 1 ° d e fe b re ro d e 2 0 1 2
y l a s e n te n c i a a p a r ti r d e l a c u a l s e h a c e e x i g i bl e e l d e re c h o e s d e l
2 9 d e s e p ti e m b re d e 2 0 1 1 , s e p u e d e c o n c l u i r q u e n o o p e r ó e l
fe n ó m e n o d e l a p re sc ri p c i ó n . » 27
46. Se destaca así entonces , que actualmente es pacífica la
interpretación que esta Sección ha rea lizado sobre los efectos de
la nulidad de los artículos 2 .° y 3.° del Decreto 1810 de 1994 ,
comoquiera que no se puede establecer que las situaciones
jurídicas de los empleados vinculados a la Of icina del Co misionado
para la Policía Nacional se encontraban consolidadas al momento
en que se profirió la citada decisión judicial, toda vez que solamente
a partir de ella s urgió el derecho para estos de reclamar la
aplicación del régimen prestacional contemplado en el Decreto 1214
de 1990.
3.4. De lo efectivamente probado .
47. En este caso , de acuerdo con certificación expedida por la
secretaria general de la O ficina del Comisionado Nacional para la
Policía de 17 de septiembre de 2007 28, se encuentra demostrado
de 2017, número interno: 4055-2015, radicado 25-000-23-42-000-2013-03882-
01, demandante María del Pilar Téllez Soler, demandado: Nación - Ministerio
de Defensa Nacional
26 S e n t e n c i a d e l 2 6 d e n o v i e m b r e d e l 2 0 2 0 , C . P R a f a e l F r a n c i s c o S u á r e z
Vargas; EXP. 250002342000201301371-01 (1395-14)
27 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B , p r o v i d e n c i a d e l 1 3 d e
agosto de 2018, radicado 25000 23 42 000 2013 04949 01 (1771 -17), con
ponencia de la Consejera Dra. Sandra Li sset Ibarra Vélez
28 V i s i b l e a f o l i o 1 5 .
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
que la señora Bla nca Andrea López Jiménez prestó sus servicios
en la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional
desde el 15 de febrero de 2000 cuando se posesionó en
provisionalidad como profesional especializado có digo 2028 grado
14, y hasta el 30 de septiembre de 2007, cuando se suprimió la
dependencia mediante el Decreto 3122 de 2007.
48. El 28 de septiembre de 2007, a través de la Resolución 1134,
el director de sanidad de la Policía Na cional incorporó, e ntre o tros,
con carácter provisional a la demandante «[…] por el término de
seis meses […]» como profesional de defensa código 3 -1, grado 17 ,
toda vez que acreditaba la condición de madre cabeza de familia.
El citado documento obra a folios 18 y 19 del expedient e.
49. Según certificación de la jefe de Grupo de Administración de
Historias Laborales de la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional, expedida el 26 de enero de 2016 , que obra a folio 203, se
tiene que desde el 1.° de octubre de 2007 y a esa fecha la señora
López Jiménez seguía vinculad a a la Dirección de Sanidad.
50. El 1.° de febre ro de 2012 , la accionante solicitó 29 al Ministerio
de Defensa, el reconocimiento y pago de, entre otros, el subsidio
familiar y «todos los demás haberes laborales que están
consagrados en beneficio del personal civil no uniformado al
servicio de dependencias del Minist erio de Defensa, conforme al
TÍTULO III del Decreto 1214 de 1990».
51. El 4 de julio de 2012, mediante el Oficio 61305 MDNSGDAGNG -
1.10 30, el directo r d e asuntos legales del Ministe rio de Defensa
señaló que, al momento de la incorporación de los empleados a la
Oficina del Comisionado, el Decret o 1810 de 1994 aún surtía
efectos legales comoquiera que su anulación se dio en el año 2011 .
Para tal efecto, la entidad señaló lo siguiente:
« [ …]
Com o podem os obs er var y clar am ent e lo dej a ver la hon o r able
Cor t e Const it ucional , pese a que el r et ir o del or denam ient o j ur í dico
de los ar t í culos 2 y 3 del Decr et o 1810 de 1994, no exist e viabil idad
j ur í dica que nos perm it a la aplicaci ón aut om át ica del Decr et o 1214
de 1990 a f avor de los Ex f uncion ar ios de la O f icin a del
Com ision ado Nac ion al par a l a Po licí a q ue f uer on r eincor po r ados
en el Sist em a de Salud del M inist er i o de Def ensa Naciona l y la
Pol icí a Naciona l o en la Dir ección de B ie nest ar Social de la P olicí a
debido a qu e su inco r por ación se pr oduj o en el año 200 7 m ediant e
la ap licac ión d e nor m as vigent es que g o zaban de la pr esunc i ón de
lega lida d, lo cual no s ubica f r ent e a una sit uación conso l idad a.
29 E s c r i t o visible a folios 6 a 8.
30 V i s i b l e a folio 10 y s.s.
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
Adem ás de l o ant er i or , j ur í dicam ent e r esult a im pos ible af ir m ar que
por vir t ud del anul ac ión de los ar t í culos 2 y 3 de l Decr et o 18 10 de
1994, aut om át icam ent e deba ap licar se el r égim en s alar ia l
desar r ollad o por el Tí t ulo II del Decret o Ley 12 14 de 1990 al
per sonal qu e conf or m e con el ar t í culo 5 del Decr et o 31 22 de 2007,
f ue r eincor por ado a la P lant a de S alud d el M in ist er io de Def ensa y
la Pol icí a Naci onal y en la Dir ecció n de Bienest ar Socia l de la
Pol icí a, habida cue nt a que uno de lo s ef ect os j ur í dicos de l a
incor por ació n es el som et im ient o del incor por ado al r é gim en
salar ia l y pr est acional lega lm ent e pr evist o en la plant a de personal
que lo ac oge por su pr esión de l car go an t er ior , y c om o quedó dich o
en apar t e ant er ior , por vir t ud del ar tí culo 56 de la Ley 352 de 1997
y el ar t í culo 3, num er ales 4 y 6 del Decr et o 3 062 de 1997, en
m at er ia de ( sic) salar ial y pest acion al ( sic) a los em pl eos de la
Plant a de Per sonal de Salud M ilit ar y de Policí a, así com o par a la
Dir ecció n Soc ial de la Po licí a Nac iona l , se r igen por las n or m as
que r egulan esas m at er ias a la Ram a Ej ecut iva.
Baj o las cons ider ac iones ant er i or es no es posib le dar le t r ám it e
f avor able a las pret ensiones r elaci on adas en el der echo de
pet ición que se ana l iza.
[ …] ».
52. Mediante escrit o de 18 de mayo de 2012, la demandante reiteró
ante el Ministerio de Defensa su solicitud de 1.º de febrero de
2012 31, sin que obtuviera respuesta .
53. A folio 16 aparece del registro civil de nacimiento de Andrea
Gabriela López Jiménez, donde señala que es hija de la señora
Blanca Andrea López Jiménez y que nació el 24 de abril de 2003.
54. A folio 17 aparece copia de declaración ex procesal rendida por
Blanca Andrea López Jiménez, el 13 de agosto de 2013, donde
señala que su hi ja Andrea Gabriela López Jiménez vive con ella y
depende económicamente de ella.
3.5. Análisis de los problemas jurídicos.
3.5.1. Respuesta al p rimer problema jurídico.
55. Como ya se indicó, en este caso deb ía determinarse en primer
lugar ¿si la señora Blanca Andrea López Jiménez tiene derecho al
reconocimiento y pago de la prima de actividad, la prima de
servicios y el subsidio familiar con base en el Decreto 1214 de 1990,
por haberse desempeñado en la Oficina del Comisionado Nacional
para la P olicía?
56. Frente a este tema e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
31 F o l i o 3 y s.s.
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
estimó que a la demandante sí le resultaba aplicable el régimen del
Decreto Ley 1214 de 1990, en el período durante el cual la
demandante prestó sus servicios a la Oficina del Comi sionado para
la Policía Nacional. Por su parte la entidad demandada consideró
que desde la creación de la Oficina del Comisionado para la Policía
Nacional sus servidores fueron exclu idos del régimen a plicable al
personal no uniformado del Ministerio de Def ensa Nacional.
57. En sub lite , tal como quedó establecido desde el acápite
precedente , es evidente que en virtud de la declaratoria de nulidad
de los artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994 implica que a la
demandante se le deb a aplicar el régimen salarial y prestacional del
Decreto 1214 de 1990, en su condición de empleada de la Oficina
del Comisionado Nacional pa ra la policía, es decir, como personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional, entidad a la que ingresó
desde el año 2000 , tal como lo señaló la Subsección B d el Tribunal
Administrativo de Cundinamarc a, por lo que contaba con el de recho
a percibir las prestaciones cuyos requisitos acredite, en los
términos de l Decreto en mención .
3.5.2. Respuesta al segundo interrogante.
58. De acuerdo con el marco jurídico y jurisprudencial e xaminado,
advierte la Sala qu e no le asist ió razón al Tribunal cuando analizó
lo referente a los efectos de la sentencia 32 de nulidad de los
artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994 y sus consecuencias
frente al restablecimiento del derecho en cuanto los e molumentos
reclamados. Esto por cuanto estimó que los mismos generarían la
aplicación del citado régimen prestacional solo por el periodo en
que la demandante laboró en la Of icina del Comisionado para la
Policía Nacional.
59. Frente a este punto , debe decirse que comoquiera que la señora
López Jiménez fue objeto de reubicación de una dependencia del
Ministerio de Defensa a la Dirección de Sanidad, es beneficiari a de
las prerrogativas a dquiridas en vigencia del Decreto 1214 de 1990,
ante la declara toria de nulidad de los artículos 2 .° y 3 del Decreto
1810 de 1994, por lo que las mismas deb en mantenerse según lo
dispuso el artículo 11 33 del Decreto 1792 de 2000 34.
32 Sentencia de 29 de septiembre de 2011 con ponencia del consejero dr.
Alfonso Vargas Rincón, dentro del proceso 11001 -03-25-000-2008-0008-00.
33 « A r t í c u l o 1 1 . R e u b i c a c i ó n f í s i c a d e l o s e m p l e o s . C u a n d o s e h a g a
necesario reubicar físicamente un empleo en otra dependencia de la Entidad,
se procederá mediante resolución proferida por el nominador respectivo. Esta
reubicación deberá efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones del empleo y las del área donde deberá ser ubicado y no podrá
generar desmejoramiento de las condiciones laborales del titular del cargo.»
[Resalta la Sala].
34 « P o r e l c u a l s e m o d i f i c a e l e s t a t u t o q u e r e g u l a e l R é g i m e n d e A d m i n i s t r a c i ó n
del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera
Administrativa Especial».
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60. Por ende , es procedente el derecho a percibir las prestaciones
cuyos requisitos acredite la demandante de conformidad con los
postulados del Decreto 1214 de 1990 , desde su ingreso a la entidad
(febrero de 2000) y mientras permanezca su vinculación con el
Ministerio de Defensa, toda vez que ostentaba la calidad de
personal civil no uniformado, siéndole por tanto aplicable la citada
norma.
61. Ahora bien, como se vio el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó el reconocimiento del subsidio familiar y la
prima de servicios por quince años, la primera en cuanto advirtió
que la demandante percibía más de 4 salarios mínimos legales
vigentes y la segunda al estimar que no reunió el tiempo de
servicios mientras permaneció en la Oficina del Comisionado para
la Policía Nacional.
62. Al respecto se tiene que, no le asistió razón a l Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para negar el reconocimiento del
subsidio con base en la limitante establecida en la Ley 789 de 2002
«Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo», norma aplicable a los trabajadores del
sector privado .
63. En efecto, el subsidio familiar reclamado por la demandante
cuenta con regulación especial contemplada en el artículo 49 del
Decreto Ley 1214 de 1990, según el cual los empleados públicos
del Ministerio tendrán derecho al pago mensual de dicha
prestación en los siguientes casos :
«Ar t í culo 49. SUBSI DI O FAM I LI AR. A par t ir de la vigencia del
pr esent e Decr et o, los em pleados públ i cos del M inist er io t endr án
der echo al pago de un subs idi o f am iliar , que se l iq uidar á
m ensualm ent e sobr e su sueldo básico, a sí :
a) Casados el t r eint a por cient o ( 30%), m ás los por cent aj es a que
se t enga der echo conf or m e al lit er al c) de est e ar t í culo;
b) Viudos, con h ij o s habidos dent r o d el m at r im onio por l os que
exist a el der echo a devengar lo, el t r eint a por cient o ( 30%) , m ás
los por cent aj es de que t r at a el lit er al c) del pr esent e ar t í culo;
c) Por el pri mer hij o el ci nco por ci ent o ( 5%) y un cuatro por
cient o ( 4%) por cada uno de los dem ás, sin que s e sobr epa se por
est e concept o del di ecisiet e por cient o ( 17%) .
PARAG RA FO . El lí m it e est ablecid o en el lit er al c) d e est e ar tí culo
no af ect ar á a los em pleados públ icos d el M inist er io de Def ensa y
de la Pol icí a Naci onal que por r azón de hij os nacido s con
ant er ior idad al 31 d e oct ubr e de 1972, est uviesen disf r ut ando o
t uviesen der echo a disf r ut ar , de por cent aj es super ior es a
diecis iet e por cient o ( 17%) , ya que en esa f echa t ales por cent aj es
f uer on congelados s in m odif icac ión. » ( Negr il la de la Sa la)
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64. A su turno, el Decreto 2909 de 1991, reglamentario del Decreto
Ley 1214 de 1990, en sus artículos 12 y 13 dispuso los requisitos
para el reconocimiento y las causales se disminución, como sigue:
«ARTÍ CU LO 12. SUBSI DI O FAM I LI AR. Par a los ef ect os del
r econocim ient o de s ubsid io f am iliar de q ue t r at a el ar t í culo 49 del
Decr et o 1214 de 1990, es necesar io:
a) Solicit ud es cr it a f orm ulada por el int er esado, siguie n do el
conduct o r egular , al Com ando G ener al de las Fuer zas M ilit ar es,
Secr et ar í a G ener al del M in ist er io de Def ensa, Com ando de F uer za
o Dir ección G ener al de la Pol icí a Nacio n al, según el caso
b) Acom pañar la m e ncion ada s ol icit ud, con las act as de r e gist r o
civi l debidam ent e aut ent icadas, en las que const e el m at r im onio
válid o en Colom b ia o el nacim ient o de ca da uno de los hij os, según
el caso.
«ARTÍ CU LO 13. DISM I NUCI Ó N DEL S UBSI DI O FAM I LI AR. Par a
los ef ect os del par á gr af o 1o. del ar tí culo 51 del Decr et o 1214 de
1990, las sit uacio ne s allí cont em pladas se acr edit ar án así :
a) Declar acio nes e xt r aj uicio r endidas por el int er esado, en las
cuales se acr edit e l a dependenc ia econ óm ica
b) La cal idad de e st udiant e se com pr obar á con la cer t if i cación
expedida por el p lan t el educat ivo cor r espondient e
c) Par a acr edit ar la condici ón de invál i do absolut o, se r eq uer ir á
Cer t if icació n de la S anidad r espect iva » .
65. La primera de las normas en cita, artículo 49 d el Decreto 1214
de 1990, e stableció que los empleados públicos del Ministerio
tendrán derecho al pago del subsidio familiar, para el primer hijo en
un cinco por ciento (5%) y debe realizar la solicitud de
reconocimiento con copia del registro civil de nacimiento.
66. Igualmente, frente a los hijos, de conformidad con el Decreto
2909 de 1991, reglamentario del Decreto Ley 1214 de 1990, en sus
artículos 12, 13 y 1 5, dispone que debe presentarse s olicitud escrita
formulada por el interesado, acompañada de las actas de reg istro
civil de matrimonio y el nacimiento de cada uno de los hijos, según
el caso, las declaraciones extrajuicio rendidas por el int eresado, en
las cuales se acredite la dependencia económica y la certificación
expedida por el plantel educativo que demuest ren la calidad de
estudiante.
67. La única limitante aplicable para el reconocimiento del subsidio
familiar se encuentra contenida en el artículo 53 que se refiere a la
prohibición de pago doble del subsidio familiar que se refiere a
cuando los dos c ónyuges presten sus servicios en el Ministerio de
Defensa o en la Policía Nacional caso en el cual se reconocerá en
favor de quien perciba una mayor asignación básica.
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68. Ninguna otra norma del régimen especial contiene una
limitación para el reconocimiento del subsidio familiar por lo que no
se entiende porque el Tribunal Administrativo de Cun dinamarca
dejó de aplicar el Decreto Ley 1214 de 1990 norma que cuenta con
igual jerarquía normativa de la Ley 789 de 2002 , que, además,
regula de manera especial la situació n de los empleados civiles del
Ministerio de Defensa Nacional .
69. Al respecto, debe recordarse que el principio lex specialis
prescribe que se dé preferencia a la norma específica que está en
conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general 35.
70. Igualmente, conforme con el numeral 1º. del artículo 5 de la Ley
57 de 15 de abril de 1887 36, la norma especial prima sob re la que
tenga un contenido general, tal como lo ha recordado la Corte
Constitucional en sentencia C-078 de 1997 37, al referirse a la
aplicación preferente de las normas de contenido especial en los
siguientes témrinos :
«[…] Ahora bien, con el objeto de contribuir a la solución de
las contradicciones o antinomias que puedan presentarse
entre las diferentes normas legales, las leyes 57 y 153 de
1887 fijaron diversos principios de interpretación de la ley,
que en este caso pueden ser de recibo.
Entre los principios contemplados por las dos leyes
mencionadas se encuentra el de que cuando en los códigos
adoptados se halle disposiciones incompatibles entre sí ‘la
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que
tenga carácter general’ (num eral 1° del artículo 5° de la Ley
57 de 1887 […]».
71. De acuerdo con lo anterior en este caso debe darse aplicación
al Decreto 1214 de 1990, norma especial que regula el
reconocimiento del subsidio familia r d el personal civil del Ministerio
de Defensa Na cio nal, cuyos requisit os demostró la demandante,
quien acreditó el nacimiento de su hija Andrea Gabriela Jiménez
López con copia del regist ro civil, lo cual ocurrió el 24 de abril de
2003. Igualmente acreditó su dependencia económica , razón por la
cual se impone acceder esta pretensión y ordenar a la entidad
demandada su reconocimiento de acuerdo con las pautas dadas en
el artículo 49 del Decreto en mención .
35 Carlos Santiago Nino. Introducción al análisis del derecho. 2ª edición.
Editorial Astrea. 2003, p. 275
36 “ S o b r e a d o p c i ó n d e C ó d i g o s y u n i f i c a c i ó n d e l a l e g i s l a c i ó n N a c i o n a l ” .
37 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , S e n t e n c i a C - 0 7 8 d e 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 9 7 , M . P .
Eduardo Cifuentes Muñoz.
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72. Ahora bien, en relación con la pri ma de servicios el artículo 46
ibidem prevé:
«A rt í cul o 46. Pri ma de servi ci o . Los em pleados públic o s del
M inist er io de Def ens a y de la Policí a Naciona l, a par t ir de la fecha
en que cum plan 15 años de ser vicios cont inuos o discont inuos
com o t ales en el M in ist er io de Def ens a, en las Fuer zas M i lit ar es o
en la Policí a Nacio nal, t ienen der echo a una pr im a m ensual de
ser vicio, que se liq u idar á sobr e el sueld o básico, así :
A los qu ince ( 15) añ os, el diez por cie nt o ( 10%) ; por cada año que
exceda de los qui nc e ( 15) , el uno por cient o ( 1%) m ás. »
73. Al respecto valga precisar que si bien el a quo, negó esta
pretensión con fundamento en que la señora López Jiménez no
reunió el tiempo de servicios exigido en la norma durante su
vinculación a la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional,
empero, como se vio, su reubicación no tiene la virtualidad
desconocer que en su caso debe aplicarse el Decreto 1214 de 1990.
Por ende, si la de mandante ingresó el 15 de febrero de 2000 a la
Oficina del Comisionado para la Policía Nacional y fue incorporada
a la planta de personal de la Direcció n de Sanidad , en el año 2007,
se tiene que el 15 de febrero de 2015 reunió los requisit os exigidos
en la norma, comoquiera qu e según la certificación suscrita por la
jefe de Grupo de Administración de Histo rias Laborales de la
Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional 38 de 26 de
enero de 2016 39, desde el 1.° de octubre de 2007 y a esa fecha la
señora López Jiménez seguía vinculada a la Dirección de Sanidad.
En consecuencia, la entidad deberá reconocer la citada prestación
desde la fecha de su causación hasta su retiro de la entidad.
74. Finalmente, en cuanto a la prima de actividad , el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a su reconocimiento pero
solo por el tiempo de vinculación de la señora Blanca Andrea López
Jiménez e n la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional, sin
embargo, como ya se indicó, la reubicación de la accionante en la
Dirección de Sanidad no tiene la virtualidad de afectar la aplicación
de la norma que regula los derechos de la demandante , tal como lo
dispuso el artículo 11 40 del Decreto 1792 de 2000 41 y por ende, de be
38 V i s i b l e
a folios 333 y 334.
39 V i s i b l e
a folio 203.
40 « A r t í c u l o 1 1 . R e u b i c a c i ó n f í s i c a d e l o s e m p l e o s . C u a n d o s e h a g a
necesario reubicar físicamente un empleo en otra dependencia de la Entidad,
se procederá mediante resolución proferida por el nominador respectivo. Esta
reubicación deberá efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones del empleo y las del área donde deberá ser ubicado y no podrá
generar desmejoramiento de las condiciones laboral es del titular del cargo.»
[Resalta la Sala].
41 « P o r e l c u a l s e m o d i f i c a e l e s t a t u t o q u e r e g u l a e l R é g i m e n d e A d m i n i s t r a c i ó n
del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera
Administrativa Especial».
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atenderse también al periodo laboral posterior al 1.° de octubre de
2007 y hasta su retiro de la entidad , con lo cual se impone modificar
la decisión de primera instancia frente a este aspecto.
3.5.3. Respuesta al tercer interrogante.
75. Finalmente, en cuanto a la reliquidación de las cesantías y
aportes en pensión en virtud del reconocimiento de los citados
emolumentos laborales el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
dispone:
«A rt í cul o 102. Part idas comput abl es para prest aci ones soci al es .
A par t ir de la vig encia de l pr esent e Decr et o, al per sonal de
em pleados públ icos del M inist er io de Def ensa y de la Policí a
Nacion al que se r et i r e o sea r et ir ado, se le liq uidar án y pag a r án las
pensiones de j ubila ción, de r et ir o por vej ez, de invalidez y dem ás
pr est aciones soc iale s a que t uvier en der echo, sobr e la sum a de las
sigui ent es par t idas:
a. Sueldo bás ico.
b. Pri ma de servi ci o .
c. Pr im a de alim ent aci ón.
d. Pri ma de act i vi dad.
e. Subsi di o f ami li ar.
f. Auxi lio de t r anspor t e.
g. Duodéc im a ( 1/ 12) par t e de la pr im a de navidad.
Par ágr af o 1. º El subsidi o f am iliar que se r econozca y pague por
par t e de las Caj as de Com pensación F am iliar a los t r abaj ador es
of icia les, no ser á com put able com o par t ida par a las pr est aciones
social es. Par a est e ef ect o, se t endr á en cuent a la sum a que se
acuer de en el r espe ct ivo cont r at o de tr abaj o.
Par ágr af o 2. º Fuer a de las par t idas especí f icam ent e señaladas en
est e ar t í culo, ningu na de las d em ás pr im as, subsidios y auxil ios
consagr ados en est e Est at ut o ser á com put ables par a ef ect os de
cesant í as, pensione s y dem ás pr est acio nes socia les. » ( Neg r ill a de
la Sala) .
76. Como se aprecia, es evidente que tanto el subsidio familiar
como las citadas primas de servicios y de actividad deben incluirse
en la liquidación tanto de las cesantías como de los aportes en
pensión por lo que se condenará a la entidad a su correspondiente
inclusión, de forma actualizada y hasta el retiro de la entidad.
77. Finalmente es de destacar que en este caso le asistió razón al
Tribunal al estable cer que no ocurrió el fenómeno de la prescripción
toda vez que el derecho a devengar dichas prestaciones solo surgió
a partir de la expedición y ejecutoria de la sentencia qu e declaró la
nulidad de los artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de 1994, esto es, el
29 de septiembre de 2011. En consecuencia, como las
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reclamaciones administrativas fueron presentadas el 1.° de febrero
y el 18 de mayo de 2012 y la demanda fue presentada el 26 de
agosto de 2013 42, significa que se realizaron dentro de la
oportunidad establecida por el artículo 129 del Decreto 1214 de
1990 43.
78. En conclusión: La demandante, en su condición de ex
empleada de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía,
que fue incorporad a como emplead a civil a la planta de personal
del Ministerio de Defensa Nacional tiene derecho a que se le
apliquen las disposiciones contenidas en el título III del Decreto
1214 de 1990, en los té rminos que señale la norma, de conformidad
con los efectos de la sentencia proferida por la Secció n Segunda
del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los artículos 2.º y
3.º del Decreto 1810 de 1994.
79. Por lo anterior se confirmará parcialmente la sentencia de 9 de
junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo d e
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B 44, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
incoada por la se ñora Blanca Andrea López J iménez, pero se
modificará el numeral 3.°, de la parte resolutiva a efectos de
ordenar el reconocimiento del subsidio familiar y las primas de
actividad y de servicios, desde la fecha de su causación de acuerdo
con el Decreto 1214 de 1990 y hasta el retiro de la entidad, así
como su cómputo en la liquidación de los aportes en pensión y
cesantías, en los términos ya indicados.
3.6. Condena en costas
80. En lo que se refiere a las costas, esta Subsección e n sentencia
del 7 de abril de 2016 45, concluyó que en vigencia del CPACA l a
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
81. En el presente caso no se condenará en costas de segunda
instancia a la parte demandada de conformidad con el numeral 5.°
42 F o l i o 62 vto.
43« A R T Í C U L O 129. PRESCRIPCIÓN . El derecho a reclamar las prestaciones
sociales consagradas en este estatuto prescribe a los cuatro (4) años, que se
cuentan desde la fecha en que la respectiva prestación se hace exigible. El
reclamo escrito recibido por entidad compe tente sobre un derecho o prestación
determinada interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.» .
44 C o n p o n e n c i a d e l e n t o n c e s M a g i s t r a d o C é s a r P a l o m i n o C o r t é s .
45 R a d . 1 3 0 0 1 - 2 3 - 3 3 - 0 0 0 - 2 0 1 3 - 0 0 0 2 2 - 0 1 ( 1 2 9 1 - 2 0 1 4 ) , a c t o r : J o s é F r a n c i s c o
Guerrero Bardi, Consejero ponente: William Hernández Gómez.
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del artículo 365 46 del CGP, dado que ambas partes apelaron y sólo
se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia.
82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CO NFI RMAR PARCI ALMENTE la sentencia del 9 de
junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por la señora Blanca Andrea López Jiménez
contra la Nación - Ministerio de Defensa , por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia salvo el numeral tercero que
se modifica . En su lugar quedará así:
« TERCE RO . A t í t ulo de r est ablecim ie nt o del der echo, la Nac ión -
M inist er io de Def ens a Naciona l, DEBE R Á:
a) Reconocer y pagar , en f avor de la señor a Blanca Andr ea López
Jim énez con C. C. 52. 101. 699 de Bogot á D. C. , la denom inada pr im a
de act ivida d 47, el subsi dio f am i liar 48 y la pr i m a de ser vicios 49, en e l
por cent aj e y conf orm e a los r equisit os est ablecid os en el Decr et o
1214 de 1990, at endiendo par a ell o al t iem po de pr est ación de
ser vicios en la O f icina del Com isionado par a la Policí a Naciona l
así com o su post er ior r eubicación en l a Dir ección de San i dad y
hast a su r et ir o del ser vicio 50.
b) Los valor es deber án act ualizar se si guiendo e l pr ocedi m ient o
indic ado en la par t e m ot iva.
c) Reliqu idar las ce sant í as y apor t es pensiona les de la se ñor a
Blanca Andr ea Lópe z Jim énez con C. C. 52. 101. 699 de Bogot á D. C.
con inclus ión de l subsidi o f am iliar y las pr im as de act ividad y de
ser vicios ».
SEGUNDO.- SI N CONDENA en costas de segunda instancia, de
conformidad con lo señalado en la parte considerativa.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al
46 «5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena p arcial, expresando
los fundamentos de su decisión. »
47 D e s d e e l 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 0 0 , c u a n d o i n g r e s ó a l a O f i c i n a d e l C o m i s i o n a d o
para la Policía Nacional y, mientras permanezca vinculada a la entidad.
48 D e s d e e l 2 4 d e a b r i l d e 2 0 0 3 , f e c h a d e l n a c i m i e n t o d e s u h i j a y h a s t a c u a n d o
se acrediten los requisitos exigidos en el Decreto 1214 de 1990.
49 D e s d e e l 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 , c u a n d o a c r e d i t ó l o s 1 5 a ñ o s d e s e r v i c i o s .
50 E l s u b s i d i o f a m i l i a r s e c o m p u t a r á h a s t a l a f e c h a e n q u e s e c a u s e e l c i t a d o
derecho.
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Demandante: Blanca Andrea López Jiménez
Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el doce (12) de ma yo de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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