Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03888-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03888-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-03888-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03888-01 (7643-2023).
Demandante: María Victoria Gómez Martínez.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa.
Tema: Aplicación del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214
de 1990 para el personal no uniformado del Ministerio de
Defensa que pertenecía a la Oficina del Comisionado para la
Policía Nacional.
Decisión: Confirmar la sentencia apelada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad, la Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, así como la apelación adhesiva interpuesta
por la entidad demandada contra la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del Oficio nro. OFI14-6732
del 7 de febrero de 2014, por medio del cual el Ministerio de Defensa negó a la
actora el reconocimiento y pago de los emolumentos previstos en el título III del
Decreto 1214 de 1990.
3. Como restablecimiento del derecho exigió: i) la cancelación actualizada de la
prima de actividad, el subsidio familiar, y en general, todos los haberes laborales
consagrados para el personal civil no uniformado al servicio de las dependencias
del Ministerio de Defensa; ii) el reajuste de los emolumentos devengados que se
hubiesen visto afectados por la no pago de esos derechos y; iii) el giro de los aportes
pensionales.
4. Finalmente reclamó el cumplimiento de la sentencia en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03888-01 (7643-2023)
Demandante: María Victoria Gómez Martínez
5. Hechos. La señora María Victoria Gómez Martínez laboró en el Ministerio de
Defensa, específicamente en la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional
desde el 1.° de diciembre de 1999 hasta el 22 de agosto de 2007.
6. En razón de su convivencia en unión marital con el señor Gabriel Eduardo
Álvarez Martínez considera que tiene derecho a recibir el reconocimiento y pago del
subsidio familiar previsto en el Decreto 1214 de 1990.
7. En ese contexto, y con fundamento en la sentencia de esta corporación que
anuló los artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994, que regulaban el régimen
prestacional de los empleados vinculados a la Oficina del Comisionado para la
Policía Nacional, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el pago de la prima de
actividad y del subsidio familiar previstos en los artículos 38 y 49 del Decreto 1214
de 1990, así como el reconocimiento de «todos los haberes laborales» consagrados
en dicho estatuto y los respectivos reajustes. No obstante, su petición fue negada a
través del acto administrativo demandado.
8. Fundamentos de derecho. La parte actora afirmó que se vulneraron los
siguientes artículos: 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2.°, 38 y siguientes del
Decreto 1214 de 1990; 4.° y 36 del Decreto 1932 de 1999; 32 y 114 del Decreto
1792 de 2000; 1.° del Decreto 1795 de 2000 y 114 de la Ley 1395 de 2010. Al
desarrollar el concepto de violación expuso que:
9. La decisión cuestionada desconoce la estructura orgánica del Ministerio de
Defensa, toda vez que la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional
constituye una dependencia de esa cartera ministerial.
10. En consecuencia, sostuvo que a los empleados civiles no uniformados
vinculados a las dependencias del Ministerio de Defensa les resulta aplicable el
régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990, particularmente el
contenido en sus artículos 38 y siguientes. Por el contrario, quienes prestan sus
servicios en entidades descentralizadas adscritas al ministerio se encuentran
excluidos de dicho sistema.
11. Agregó que si bien los artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994 excluyeron
a los empleados de la mencionada dependencia de la aplicación del régimen
prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990, tales disposiciones fueron
declaradas nulas por la Sección Segunda de esta corporación mediante sentencia
del 27 de septiembre de 2011.
12. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad legal, la institución
accionada ejerció su derecho de contradicción en los siguientes términos:
13. Quienes prestaban sus servicios en la Oficina del Comisionado para la Policía
Nacional —como la demandante—, tenían la calidad de empleados públicos de la
1 Folios 53 a 62 del expediente.
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Demandante: María Victoria Gómez Martínez
Rama Ejecutiva. Por ende, alegó que no se les era aplicable el Decreto 1214 de
1990 porque no dependían de la Policía Nacional, sino directamente del Ministerio
de Defensa.
14. Adujo que, aunque este tribunal declaró la nulidad de los artículos 2.º y 3.º del
Decreto 1810 de 1994, dicha decisión produjo efectos ex nunc, esto es, hacia el
futuro, razón por la que no afectó las situaciones jurídicas consolidadas con
anterioridad a su expedición.
15. En cuanto al subsidio familiar, aseguró que, de conformidad con el Decreto 1211
de 1990, dicha prestación únicamente se reconoce al personal uniformado y al
personal civil vinculado al Ministerio de Defensa Nacional en los eventos
expresamente previstos por esa normativa, sin que los empleados de la Oficina del
Comisionado se encuentren comprendidos dentro de sus destinatarios.
16. Finalmente, propuso la excepción de prescripción, al considerar que entre la
fecha del retiro del servicio de la demandante y la presentación de la reclamación
administrativa transcurrieron más de cuatro (4) años.
17. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 21 de septiembre de 2023,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda. Para arribar a esa decisión, tuvo en
cuenta las siguientes consideraciones:
18. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2011 el Consejo de Estado anuló
los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994 y concluyó, entre otras cosas, que
el personal civil vinculado a la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía era
beneficiario del régimen prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990.
19. Con fundamento en lo anterior, analizó las prestaciones reclamadas en los
siguientes términos:
20. En relación con la prima de actividad —artículo 38—, advirtió que la actora
tenía derecho a su reconocimiento, por haber laborado en la Oficina del
Comisionado para la Policía Nacional desde el 1.° de diciembre de 1999 hasta el 22
de agosto de 2007.
21. Respecto de la prima de alimentación —artículo 39—, sostuvo que la
demandante también era beneficiaria de dicha pretensión por el solo hecho de haber
laborado en aquella dependencia. No obstante, precisó que debía descontarse «lo
que se hubiera cancelado por concepto de subsidio, prima o auxilio de alimentación,
en caso de haberlo devengado».
2 Folios 151 a 165, ib.
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22. De igual manera, accedió al reconocimiento de las cesantías —artículos 96 y
102—, así como de las primas de servicio anual —artículo 47—, de navidad —
artículo 43— y de vacaciones —artículo 48—.
23. En contraste, indicó que la señora Gómez Martínez no tenía derecho al
subsidio familiar —artículo 49—, en tanto que: i) no acreditó la existencia de la
unión marital de hecho, pues, aunque obran declaraciones extrajuicio en las que la
señora Gómez Martínez manifestó haber convivido con el señor Gabriel Eduardo
Álvarez Martínez entre los años 2000 y 2007, no se aportó prueba que demostrara
que dicha convivencia existía durante el tiempo en que estuvo vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional; ii) no se allegó el carné de servicios médicos en el
que el referido compañero permanente figurara como beneficiario y; iii) tanto en el
extracto de la hoja de vida como en una reclamación administrativa presentada por
la demandante aparece registrado su estado civil como soltera.
24. Asimismo, afirmó que no se probó la realización de actividades que dieran lugar
a la cancelación de las primas de bucería, calor, instalación, orden público,
salto en paracaídas y servicio.
25. Además, negó lo atinente a la prima de servicios, porque la demandante no
acreditó quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, requisito exigido
para acceder a dicha prestación.
26. Finalmente, descartó la ocurrencia del fenómeno prescriptivo. Explicó que el
término de cuatro (4) años previsto en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990
debía contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de septiembre
de 2011 —ocurrida el 5 de diciembre de 2011—, mediante la cual se declararon
nulos los artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994. En consecuencia, como la
reclamación administrativa y la demanda fueron presentadas en el año 2014,
concluyó que se formularon oportunamente.
27. Recursos de apelación3.
28. Parte demandante. Adujo que al proceso se aportaron declaraciones
extrajuicio para acreditar la convivencia entre la demandante y su compañero
permanente; sin embargo, el tribunal incurrió en un error al restarles valor
probatorio, pese a que la entidad demandada no las tachó de falsas ni desconoció
su autenticidad.
29. Agregó que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como esta
corporación han reconocido la suficiencia de este medio de prueba para acreditar la
condición de compañero permanente. Incluso, señaló que el mismo magistrado que
profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso con radicado 25000-
3 Ver archivo 067 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos»
de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Demandante: María Victoria Gómez Martínez
23-42-000-2013-03819-00, reconoció el subsidio familiar con fundamento en
elementos de esa misma naturaleza.
30. Finalmente, sostuvo que los formularios y la hoja de vida en los que figura su
estado civil como soltera no desvirtúan la existencia de la unión marital de hecho y,
en consecuencia, debían reconocerse los reajustes de las demás prestaciones
afectadas por la falta de pago del subsidio familiar.
31. Parte demandada4. Expresó su inconformidad con la decisión del tribunal de
descartar la prescripción del derecho. Afirmó que como la señora Gómez Martínez
se retiró del servicio el 22 de agosto de 2007, tenía hasta ese mismo día del año
2011 para presentar la reclamación administrativa y la demanda; sin embargo, estas
solo fueron promovidas en el año 2014, cuando, a su juicio, el derecho ya había
prescrito.
32. En cuanto al criterio según el cual el término prescriptivo debía contarse a partir
de la ejecutoria de la sentencia del 29 de septiembre de 2011, mediante la cual se
declararon nulos los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994, sostuvo que,
aunque dicha providencia tiene naturaleza constitutiva, no tiene la virtualidad de
revivir situaciones jurídicas consolidadas.
33. En ese sentido, afirmó que para la fecha en que fue proferida dicha decisión la
demandante ya no se encontraba vinculada al Ministerio de Defensa Nacional,
razón por la que su situación laboral se encontraba definida y no podía ser cobijada
por los efectos de la sentencia de nulidad.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
34. La admisión del recurso de apelación. Mediante auto del 5 de marzo de 20245
se admitió la alzada. Dentro de la oportunidad de ley no intervinieron las partes ni el
Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación.
35. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, la sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
36. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver la alzada.
4 PDF 71 del expediente digital, ib.
5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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37. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados en la
apelación y en el escrito de adhesión, le corresponde a la Sala establecer si:
37.1 ¿La señora María Victoria Gómez Martínez tiene derecho al reconocimiento
y pago del subsidio familiar previsto en el artículo 49 del Decreto 1214 de 1990?
37.2 ¿Las prestaciones sociales reclamadas por la señora María Victoria Gómez
Martínez se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción?
El caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.
38. Primer interrogante: ¿la señora María Victoria Gómez Martínez tiene
derecho al reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el artículo 49 del
Decreto 1214 de 1990?
39. Antes de resolver el anterior interrogante, se advierte que la única
inconformidad planteada en la apelación respecto de las prestaciones previstas en
el Decreto 1214 de 1990, se circunscribe al reconocimiento del subsidio familiar. En
consecuencia, de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso, el análisis de esta Subsección se limitará a ese aspecto.
40. Precisado lo anterior, se concluye que no hay lugar al reconocimiento del
emolumento reclamado, pues la valoración conjunta del material probatorio,
efectuada conforme a las reglas de la sana crítica, no permite tener por acreditada
la existencia de una unión marital de hecho entre los señores María Victoria Gómez
Martínez y Gabriel Eduardo Álvarez Martínez.
41. En un caso de situaciones fácticas similares, esta corporación8 afirmó que no
existía tarifa legal para corroborar la existencia de la unión marital de hecho, pues
con cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código General del Proceso
se podía acreditar esa alianza. Véase:
«[…] Al respecto se observa que si bien la citada normativa prevé el derecho al
subsidio familiar con ocasión de haber contraído nupcias lo cierto es que conforme
lo ha reiterado la jurisprudencia9, los beneficios prestacionales no son solamente
para quienes tienen un vínculo matrimonial sino que son admisibles las relaciones
de solidaridad y ayuda mutua y acompañamiento tanto espiritual como económico.
En este sentido, el concepto de familia puede estar originado en el matrimonio, en
las uniones maritales de hecho, así como las constituidas por parejas del mismo
sexo, ello en concordancia con el principio de pluralismo vigente en nuestro Estado
Social de Derecho.
Ahora bien, el artículo 1° de la Ley 54 de 199010, definió la unión marital de hecho
como la formada entre un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una
comunidad de vida permanente y singular.
8 Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 4 de marzo de 2021,
expediente nro. 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019. Referencia: expediente T-7.136.220.
10 «Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros
permanentes».
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Así entonces, el surgimiento de la unión marital de hecho no depende de un término
concreto, más sí de la voluntad para conformarla, de la singularidad de la relación,
y del acompañamiento constante y permanente, que permita identificar un principio
de estabilidad y compromiso de vida en pareja. Cosa distinta es el surgimiento de la
sociedad patrimonial que regula las relaciones económicas de esta forma de familia,
que sí requiere un tiempo mínimo de dos (2) años para que sea presumida por
ministerio de la ley11.
En relación con la prueba de la unión marital, el artículo 4.º ibidem, modificado por
el artículo 2.º de la Ley 979 de 200512, previó que «La existencia de la unión marital
de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los
siguientes mecanismos: 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo
consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Por Acta de Conciliación
suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. 3. Por
sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el
Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de
Primera Instancia.».
No obstante lo anterior, dicha disposición no constituye una tarifa legal pues como
lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia13 se permiten diferentes medios
probatorios para demostrar la unión marital de hecho, esto es, opera un sistema de
libertad probatoria en virtud del cual, dicho vínculo puede acreditarse a través de
cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el Código General del
Proceso […]».
42. Adicionalmente, la misma providencia estableció sobre las declaraciones
vertidas por la propia demandante, lo siguiente:
«[…] Ahora bien, con el fin de obtener el subsidio familiar en virtud del literal a) del
artículo 49 del Decreto 1214 de 1990, la demandante allegó 4 declaraciones
extraproceso, en las cuales se indicó que convivió con el señor Luis Alejandro
Carvajal Pardo entre los años 2002 a 2012 y con Luis Felipe Castillo Ardila desde
enero de 2013.
Se advierte que la información aportada por ese medio de prueba, no lleva a la
convicción a esta Sala respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos, y deja serias dudas respecto de las uniones maritales
que se aducen.
En primer término porque en la demanda presentada el 26 de agosto de 2013 (según
acta individual de reparto visible a folio 69) se afirma que cohabitaba con el señor
Luis Alejandro Carvajal Pardo (folio 39), empero, en declaración rendida el 3 de
septiembre de 2015, asegura que dicho vínculo terminó en el año 2012 y que, desde
enero de 2013 convive con el señor Luis Felipe Castillo Ardila, incongruencias que
generan una verdadera incertidumbre acerca de la unión marital de hecho de la aquí
demandante con los mencionados señores.
En segundo lugar, porque tres de las declaraciones allegadas solo reafirman el dicho
de la demandante, esto es, no se aportaron más elementos de juicio (como
declaraciones de terceros, testimonios, material fotográfico, etc) que den cuenta de
que efectivamente es beneficiaria de la prestación que depreca, por haber formado
11 Al respecto consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-131/18, referencia: Expediente D-12134.
12 «Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos ágiles
para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes».
13 Al respecto consultar las sentencias de la Corte Constitucional sentencia C-521 de 2007, T-667 de 2012 y T-
247 de 2016, entre otras.
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una relación de solidaridad y ayuda mutua y acompañamiento tanto espiritual como
económico con cada uno de ellos.
Aunado, otra incoherencia que se observa es que en la declaración del 11 de julio
de 2005 ante la Notaría Treinta y Dos del Círculo de Bogotá, el señor Luis Alejandro
Carvajal Pardo manifestó mantener una convivencia con la aquí demandante y nada
señaló respecto de su dependencia económica dado que su profesión es ingeniero
industrial, sin embargo, en la llevada a cabo ante la Notaría Dieciocho del Círculo
de Bogotá el 3 de septiembre de 2015, la libelista fue enfática en señalar que durante
los 10 años de convivencia su compañero permanente nunca tuvo un trabajo estable
y siempre dependió económicamente de ella, circunstancia que si bien no se debe
demostrar en el sub examine, sí permite vislumbrar más incongruencias en los
documentos aportados.
La Subsección resalta que si bien estas declaraciones no fueron controvertidas ni
refutadas por la entidad demandada dado que contestó la demanda de forma
extemporánea, estas por sí solas no llevan a la convicción al juez respecto de la
unión marital, porque valorados los documentos que contienen la declaración, se
observa que solo dan fe de lo sostenido por ella en la demanda, esto es, no allega
otro medio probatorio adicional que evidencie su dicho.
Se precisa, que la Sala no desconoce la validez de las declaraciones extrajuicio,
sino que para este caso las allegadas, no brindan la certeza ni convicción en relación
con el estado civil de la demandante, condición que era necesaria demostrar en
sede judicial, precisamente, para probar que era el titular del subsidio familiar que
solicita.
Bajo dicha línea argumentativa, en atención de la valoración conjunta de las pruebas
aportadas y en aplicación de las reglas de la sana crítica, se considera que no es
suficiente el medio de prueba allegado para demostrar que existió una convivencia
real y efectiva, esto es, que había conformado una familia con los mencionados
señores para tener derecho a percibir la prestación señalada en el literal a) del
artículo 49 del Decreto 1214 de 1990. En este sentido, el subsidio deprecado por
esta causal será negado […]»
43. Lo anterior significa que las declaraciones allegadas pueden ser válidas para
acreditar la existencia de la relación entre la señora María Victoria Gómez Martínez
y el señor Gabriel Eduardo Álvarez Martínez; no obstante, en el caso de marras, no
resultan suficientes para tal cometimiento, porque además de existir contradicciones
entre su contenido, no se aportaron otros elementos que den cuenta de la formación
de solidaridad y ayuda mutua entre los sujetos.
44. En efecto, si bien en el expediente obran las declaraciones extraprocesales del
13 de diciembre de 201314 y del 8 de septiembre de 201415, en las que se afirmó
que ambos convivieron de manera permanente e ininterrumpida entre los años 2000
y 2007, lo cierto es que en la segunda se presenta una contradicción interna.
45. Véase que, al momento de identificar a la declarante, se registra que su estado
civil es «soltera, sin unión marital de hecho», pese a que posteriormente manifiesta
14 Folio 3 del expediente.
15 Folio 2, ib.
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haber convivido bajo esa misma figura con el señor Gabriel Eduardo Álvarez
Martínez «hasta la fecha16». Allí se consignó:
«En Bogotá… comparecieron GÓMEZ MARTÍNEZ MARÍA VICTORIA… de
ocupación PERIODISTA Y RELACIONISTA PÚBLICA, estado civil: SOLTERO SIN
UNIÓN MARITAL DE HECHO…».
[..]
«DECLARO: QUE CONVIVÍ EN UNIÓN MARITAL DE HECHO CON GABRIEL
EDUARDO ÁLVAREZ MARTÍNEZ… DESDE EL 2000 HASTA EL 2007
COMPARTIENDO MESA, TECHO Y LECHO DE FORMA PERMANENTE E
INIMTERRUMPIDA HASTA LA FECHA…» (Énfasis de la Sala).
46. La Sala resalta que, aunque las declaraciones no fueron tachadas ni
desconocidas por la entidad demandada, estas por sí solas no llevan a la convicción
respecto de la unión marital, en tanto que su valoración solo da fe de lo sostenido
por ella en la demanda, pero no allega otro medio probatorio adicional que evidencie
su dicho.
47. A lo anterior se suma que, tal como lo encontró el tribunal, en el expediente
reposa el extracto de su hoja de vida17, en donde se consignó que su estado civil
era soltero.
48. En ese orden de ideas, se reitera que la valoración conjunta del acervo
probatorio no permite concluir, con el grado de certeza exigido, que entre la señora
María Victoria Gómez Martínez y el señor Gabriel Eduardo Álvarez Martínez hubiese
existido una unión marital de hecho durante el período en que aquella estuvo
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. En consecuencia, este reparo no está
llamado a prosperar.
49. Segundo interrogante: ¿las prestaciones sociales reclamadas por la señora
María Victoria Gómez Martínez se encuentran afectadas por el fenómeno de la
prescripción?
50. Sobre este aspecto debe precisarse que esta corporación se ha pronunciado
de manera reiterada18. Así, por ejemplo, en sentencia del 26 de noviembre de 2020,
esta Subsección sostuvo que la exigibilidad de los derechos reclamados solo surgió
con la expedición de la sentencia del 29 de septiembre de 2011, mediante la cual
se declararon nulos los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994. En dicha
oportunidad se indicó:
«Para el caso de la nulidad declarada de los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de
1994 la sentencia que así lo dispuso no indicó sus efectos. No obstante, esta sección
16 Entiéndase hasta el 8 de septiembre de 2014, es decir, el día que se declaró bajo la gravedad del juramento.
17 Folio 100 del expediente.
18 Sentencia del 21 de abril de 2017, expediente nro. 25000-23-42-000-2013-02132-01 (0934-2014); sentencia
del 13 de agosto de 2018, expediente nro. 25000-23-42-000-2013-004949-01 (1771-2017); sentencia del 31 de
marzo de 2022, expediente nro. 25000-23-42-000-2013-04843-01 (0349-2020) y sentencia del 12 de mayo de
2022, expediente nro. 25000-23-42-000-2013-04894-01 (1830-2017).
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03888-01 (7643-2023)
Demandante: María Victoria Gómez Martínez
ha considerado que la situación jurídica de los exempleados de la Oficina del
Comisionado para la Policía Nacional no se encuentra consolidada y puede ser
debatida en sede judicial, dado que fue con la providencia que decretó la nulidad
que surgió el derecho a reclamar la aplicación del régimen prestacional
contemplado en el Decreto 1214 de 1990.
De acuerdo con lo anterior, al no existir una situación jurídica consolidada que
proteger, los efectos de la nulidad de la norma referida son ex tunc y no ex nunc,
pues estos últimos se aplican para amparar las que ya se encuentran definidas.
Sobre el particular, la Subsección B en un caso similar al presente y en el que un
empleado de la oficina referida reclamó el pago de la prima de actividad y el subsidio
familiar luego de la sentencia de nulidad de los artículos mencionados, accedió a las
pretensiones y, respecto de los efectos de la nulidad, precisó lo siguiente:
77. En atención a los efectos ex tunc que produce la sentencia anulatoria de los actos
administrativos, establece la Sala que para el personal de la Oficina del Comisionado
Nacional para la Policía existía un impedimento que no permitía exigir el
reconocimiento y pago de la prima de actividad y el subsidio familiar, por ende el
derecho a devengar dichas prestaciones solo surgió a partir de la expedición y
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los artículos 2 y 3 del Decreto
1810 de 1994, esto es, 29 de septiembre de 2011 19.
78. Así pues, como la señora Claudia Patricia Pérez Soto presentó la reclamación ante
la entidad demandada el 1° de febrero de 2012 y la sentencia a partir de la cual se
hace exigible el derecho es del 29 de septiembre de 2011, se puede concluir que no
operó el fenómeno de la prescripción.20
[…]
Así las cosas, la interpretación imperante en la sección en relación con la nulidad de
los artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de 1994 señala que sus efectos son ex tunc,
dado que no es posible aseverar que las situaciones jurídicas de los empleados
vinculados a la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional se encontraban
consolidadas al momento en que se profirió. Es así, porque fue con la sentencia
que decretó la nulidad referida que surgió el derecho para estos de reclamar
la aplicación del régimen prestacional contemplado en el Decreto 1214 de
1990». (Énfasis de la Sala).
51. Bajo ese entendimiento, como la reclamación administrativa fue presentada el
15 de enero de 201421 y la demanda se radicó el 11 de septiembre del mismo año22,
resulta claro que no se configuró el citado fenómeno extintivo.
52. Conviene precisar que, tal como se expuso en las providencias antes citadas,
la situación jurídica de quienes laboraron en la Oficina del Comisionado para la
Policía Nacional no podía considerarse consolidada, pues el derecho cuya
protección se reclama únicamente surgió con la sentencia del 29 de septiembre de
2011. En consecuencia, no prospera el argumento expuesto por la entidad en el
escrito de adhesión al recurso de apelación.
19En igual sentido se pronunció recientemente la Sala, a través de la sentencia de 21 de abril de 2017, radicado:
25000-23-42-000-2013-02132-01 (0934-2014), demandante: Rafael María Velandia Gómez, demandado:
Nación-Ministerio de Defensa Nacional, C. P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, expediente
nro. 25000-23-42-000-2013-04949-01 (1771-17), sentencia del 13 de agosto de 2018.
21 Folios 4 a 11 del expediente.
22 Folio 35, ib.
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53. Por lo anteriormente expuesto se confirmará la sentencia de primera instancia.
54. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos.
56. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, dado que las apelaciones presentadas por las partes no
prosperaron, no se impondrán costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió la señora María Victoria Gómez Martínez
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.
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TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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