Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-05479-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional—
Tema: Pensión de sobrevivientes. Dependencia económica
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 19 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
proceso promovido por Gabriela Gómez de Arango contra la Nación —
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional—.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, la señora Gabriela Gómez de Arango, por
medio de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
del Oficio 027926/ARPRE-GRUPE del 1 de febrero de 2013, suscrito por la
jefe (e) del Grupo Pensionados de la Dirección General de la Policía Nacional,
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Folios 18 al 26
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
mediante el cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
en calidad de madre del patrullero Augusto Carvajal Gómez.
A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la Nación —
Ministerio de Defensa-Policía Nacional— a i) reconocer a su favor la pensión
de sobrevivientes, con retroactividad al 1 de febrero de 2010, por prescripción
trienal; ii) reconocer y pagar todas las sumas correspondientes a mesadas
pensionales, primas, semestral y de navidad, incluyendo el valor de los
aumentos que se hubieren decretado, debidamente indexados desde el 1 de
febrero de 2010 y en forma vitalicia; iii) liquidar las sumas de dinero que
resulten, en la forma indicada en el artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como fundamento de las pretensiones, se expusieron los siguientes hechos:
i) El señor patrullero Augusto Carvajal Gómez ingresó a la Policía Nacional en
el grado de alumno patrullero, según acta de posesión OAP 117 del 3 de mayo
de 1993; laboró continuamente hasta el día 20 de septiembre de 1995,
contabilizando un tiempo de 2 años, 4 meses y 28 días, equivalentes a 116
semanas. A la fecha de retiro, por defunción, ostentaba el grado de patrullero
y convivía con su madre, la señora Gabriela Gómez de Arango.
ii) El extinto agente cotizó al sistema de pensiones de la Policía Nacional
durante los 2 años, 4 meses y 28 días de permanencia en el servicio, según lo
ordenado por el Decreto 1213 de 1990.
iii) La señora Gabriel Gómez de Arango, mediante apoderada, solicitó ante el
director de la Policía Nacional el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, invocando los principios constitucionales de favorabilidad e
igualdad.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
iv) La entidad, por medio del Oficio 027926/ARPRE-GRUPE del 1 de febrero
de 2013 negó de plano la prestación, con el argumento de que el patrullero
Augusto Carvajal Gómez debía haber laborado quince 15 años, por tener un
régimen especial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como disposiciones violadas se citaron los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 48 y 53
de la Constitución Política; 46, 47, 48 y 288 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley
238 de 1995; 6 y 25 del Decreto 758 de 1990.Al desarrollar el concepto de
violación expuso lo siguiente:
i) Se trasgredieron transgredieron las disposiciones constitucionales citadas,
por cuanto se desconocieron los mandatos constitucionales de los principios
valores y derechos, especialmente los de favorabilidad y de igualdad, los
cuales adquieren la categoría de principios mínimos fundamentales de orden
constitucional y llevados a la aplicación práctica y ordenada por la
jurisprudencia del Consejo de Estado. El establecimiento del principio de
favorabilidad consagrado en la carta política como un principio mínimo y
fundamental, de carácter irrenunciable, no deja dudas de que no se les permite
a los patronos, ni públicos ni privados, pasar por desconocerlo, porque
implicaría el mismo desconocimiento categórico de la carta política.
ii) La entidad demandada pretende aplicar a toda costa el régimen especial
previsto para los miembros de la Fuerza Pública, soslayando los principios de
igualdad y de favorabilidad y el derecho irrenunciable a la seguridad social, los
cuales se tornan obligatorios cuando haya duda frente a la aplicación de las
fuentes formales del derecho.
iii) Mantener la exigencia de quince años para otorgar una pensión es
supremamente desfavorable frente a los requerimientos de la Ley 100 de 1993,
que solo pide 26 semanas de cotización.
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
1.2. Contestación a la demanda2
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por conducto de
apoderado, se opuso a las pretensiones del libelo. Expuso los siguientes
argumentos:
i) De acuerdo con los artículos 49 y 68 del Decreto 1091 de 1995, la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de pensión de sobrevivientes,
como beneficiaria del extinto patrullero, por cuanto su fallecimiento se calificó
como «en simple actividad».
ii) Mediante la Resolución 00099 del 18 de febrero de 2000, la Policía Nacional
reconoció indemnización por muerte y cesantías definitivas a favor de los
beneficiarios del causante de acuerdo con lo previsto en los artículos 66 y 71
del Decreto 1091 de 1995.
iii) La Ley 100 de 1993 no es aplicable puesto que «su aplicación era para los
particulares y sin ninguna legislación especial». Además, tampoco reunía los
requisitos mínimos exigidos por el Decreto 1091 de 1995, vigente en el
momento de la muerte del patrullero Carvajal Gómez.
iv) No es de recibo el argumento de que deben aplicarse las disposiciones de
la Ley 100 de 1993 so pena de vulnerar el derecho a la igualdad, puesto que
a todos aquellos que se encuentran en igual situación, es decir cuyos esposos,
esposas, padres o hijos, según sea el caso, han fallecido sin cumplir con el
tiempo requerido para causar derecho a pensión por muerte, no se les ha
aplicado normas distintas a las propias de la Policía Nacional.
Propuso las excepciones de legalidad de la actuación administrativa por
vigencia de la disposición aplicable a los miembros del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional; cobro de lo no debido; y la genérica.
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
declaró la nulidad del oficio acusado y ordenó a la accionada reconocer la
pensión de sobrevivientes a la señora Gabriela Gómez de Arango, a partir del
21 de septiembre de 1995, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 48 de
la Ley 100 de 1993 y pagar las mesadas pensionales causadas a partir del 26
de diciembre de 2009, debido a que las anteriores a dicha fecha se
extinguieron por prescripción trienal, pues la reclamación en sede
administrativa se formuló el 26 de diciembre de 2012. Sustentó su decisión en
las siguientes consideraciones:
i) El Consejo de Estado ha señalado que en materia de pensión de
sobrevivientes procede la aplicación del régimen general de pensiones en el
evento de que el régimen especial sea menos favorable a los beneficiarios,
ello en virtud del principio de favorabilidad y teniendo en cuenta que dicha
prestación se reconoce siempre y cuando al momento de consolidación del
derecho (fallecimiento del miembro de la fuerza pública) se encuentre vigente
la norma del régimen general, que en este caso es la Ley 100 de 1993.
ii) Para la aplicación de una norma del régimen general al personal regulado
por normas especiales, en virtud del principio de favorabilidad, debe
verificarse: que la norma prevista en el régimen general de pensiones sea
favorable al demandante y que dicha norma esté vigente en el momento en
que se cause el derecho, para el caso de la pensión de sobrevivientes, en la
fecha del fallecimiento del causante, so pena de vulnerar el principio de
irretroactividad de la ley.
iii) En el sub judice procede la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993
y, en consecuencia, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, puesto
dicha ley es favorable a la demandante, cumple con los requisitos previstos el
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
citado artículo y el causante falleció el 20 de septiembre de 1995, es decir, en
vigencia de dicho estatuto.
iv) El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es compatible con el
pago por concepto de indemnización por muerte y cesantías, prestaciones
señaladas en el Decreto 1091 de 1995 y reconocidas a la demandante con
ocasión del fallecimiento del causante.
1.4. La apelación
La Nación —Ministerio de Defensa-Policía Nacional—, inconforme con la
decisión, apeló la sentencia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se
denieguen las pretensiones.
i) La demandante pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, para lo cual
le ha de dar cumplimiento en su integridad, a fin de salvaguardar el principio
de inescindibilidad. En consecuencia, se debe revisar el presupuesto de la
dependencia económica, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47,
modificado por el artículo 13, literal d), parcial, de la Ley 797 de 2003.
ii) «La Corte Constitucional advirtió que la dependencia económica se presenta
cuando una persona demuestra: i) haber dependido de forma completa o
parcial del causante; o, que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido
habría experimentado una dificultad relevante para garantizar sus
necesidades básicas, es decir, la dependencia económica se predica del que
habría echado de menos los aportes del causante para satisfacer las
necesidades básicas, en caso de la ausencia de éstos».
iii) En el presente asunto no se encuentra demostrado el presupuesto de la
dependencia económica y dentro de las consideraciones de la sentencia
recurrida la Corporación no hizo referencia alguna, por lo tanto, y en
cumplimiento de la dinámica de la prueba incumbe a la parte demandante
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
demostrar dicho elemento de conformidad a lo consagrado en artículo 167 del
Código General del Proceso; por tal motivo, la Policía Nacional, mal haría en
reconocer una pensión de sobrevivientes dejando de lado la prueba de la
dependencia económica dando alcance a la aplicación de las normas
generales respecto de las especiales en materia pensional.
1.5. Alegatos de conclusión
La entidad accionada reprodujo los argumentos planteados en el recurso de
apelación.3
La demandante guardó silencio.4
1.6. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no emitió concepto.5
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
El asunto se contrae a establecer si es procedente que a la demandante, en
su condición de madre del extinto patrullero de la Policía Nacional Augusto
Carvajal Gómez, quien falleció en simple actividad, se le otorgue la pensión de
sobrevivientes.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Del régimen especial de la Fuerza Pública
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Folios 214 al 218
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Constancia secretarial obrante a folio 219
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Ibidem
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
La Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral
19, literal e) de la Constitución Política, dispone:
Artículo 3. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el
Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su
monto, será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con
las circunstancias en que se origine la muerte del miembro de la Fuerza
Pública y el monto de la pensión en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro en
el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del servicio o en misión
del servicio. En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la
pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro
de la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de
la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea
inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como
requisito para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior
a un (1) año a partir de la fecha en que se termine el respectivo curso de
formación y sea dado de alta en la respectiva carrera como miembro de la
Fuerza Pública.
[…].
Y en el artículo 66 extendió sus efectos para el reconocimiento pensional de
invalidez y sobrevivientes a hechos ocurridos en servicio o simple actividad
desde el 7 de agosto de 2002:
Artículo 6. El Gobierno Nacional deberá establecer el reconocimiento de las
pensiones de invalidez y sobrevivencia originadas en hechos ocurridos en
misión del servicio o en simple actividad desde el 7 de agosto de 2002, de
acuerdo con los requisitos y condiciones de la presente ley.
6
Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-924 de
2005, al considerar que el legislador tiene la discrecionalidad para determinar la vigencia de las normas
siempre que ello no implique un retroceso al reconocimiento de los derechos de carácter prestacional.
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
Por su parte, el Decreto 1091 de 27 de junio de 1995, por el cual se expide el
Régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995, establece:
Artículo 68. Muerte simplemente en actividad. A la muerte de un miembro del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden
establecido en el artículo 76 de este decreto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague una compensación equivalente a dos (2)
años de la remuneración correspondiente, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 49 del presente Decreto;
b) Al pago de la cesantía causada en el año en que ocurrió la muerte, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de este decreto;
c) Si el miembro del nivel ejecutivo hubiere cumplido doce (12) o más y hasta
quince (15) años de servicio, tendrá derecho a que por el Tesoro Público se
les pague una pensión mensual, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas de que trata el artículo 49 de este Decreto y un cinco por ciento
(5%) más por cada año que exceda de los quince (15) años, hasta completar
un setenta y cinco por ciento (75%), límite a partir del cual la pensión se
liquidará en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 51 de este Decreto.
En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004 el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 4433 del 31 de diciembre 2004, «Por medio del cual se fija
el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública». En el artículo 1 dispone:
Artículo 1. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se
aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional,
alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se
señalan en el presente decreto.
Y en el artículo 29 establece los requisitos para la pensión de sobrevivientes
en caso de muerte en simple actividad, en los siguientes términos:
Artículo 29. Muerte en simple actividad. A la muerte en simple actividad de un
Oficial, Suboficial, Agente o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con
un (1) año o más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las
enumeradas en los artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho
a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague
una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía
Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación
de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
Cuando el Oficial, Suboficial, Agente o miembro del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, falleciere sin tener el tiempo requerido para la asignación de
retiro, la pensión será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por
ciento (40%) de las partidas computables.
Parágrafo 1. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, con un (1) año o más de haber ingresado al escalafón, por causas
diferentes a las enumeradas en los artículos anteriores, sus beneficiarios en
el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto,
tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección
General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio
del causante.
(…)
A su turno, el artículo 11 fija así el orden de beneficiarios:
Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo.
Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales
y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales,
miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de
las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en
el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años
y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la
pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si
dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales,
para los padres que dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente,
ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando
dependieran económicamente del causante.
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Demandante: Gabriela Gómez de Arango
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni
hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el
causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años
o inválidos. (Negritas de la Sala).
(…)
De conformidad con las anteriores disposiciones, a falta de cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente e hijos, los padres del causante que
tuvieren un año o más de haber ingresado al escalafón, tienen derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando dependan
económicamente de este.
2.2.2. De la pensión de sobrevivientes en el sistema general de
pensiones
En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política el legislador expidió la
Ley 100 de 1993, por la cual organizó el sistema de seguridad social integral,
cuyo objeto, respecto del régimen de pensiones, fue garantizar a la población
el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones allí
determinadas.
Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, se estableció
la pensión de sobrevivientes, como una prestación dirigida a suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas especiales
existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de
Seguridad Social la denominada pensión de sobrevivientes que prevé,
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
además, de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el
trabajador fallecido, el reconocimiento de dicha prestación para sus
beneficiarios, pese a no haber logrado el estatus pensional al momento del
fallecimiento, siempre y cuando hubiese efectuado un mínimo de cotizaciones
establecido por el legislador.
La finalidad de dicha prestación es garantizar a los sobrevivientes del
pensionado o afiliado fallecido, la disposición de unos recursos para su digno
sostenimiento, de tal forma que su deceso no signifique una ruptura que afecte
la subsistencia del núcleo familiar más próximo del causante7.
Al respecto, la Corte Constitucional expresó:
[…] el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por
objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por
la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no
cubiertos con un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad
social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la
protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte
que las personas que dependían económicamente del causante puedan
seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la
situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o
afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un
determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más
dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades. […].8
La pensión de sobrevivientes se encuentra regulada en los artículos 46, 47 y
48 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de febrero de 2012. Expediente
0987 de 2008. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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Sentencia C-1094 de 2003.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre
y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos
años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones:
(…)
Parágrafo 1. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que
haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los
beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia
de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del
80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
(…)
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante [por lo
menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y] hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido.
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos
con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.9 (Resalta la Sala).
Artículo 48. Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la
pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la
9
Aparte en tachado en corchetes declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1176 de 2001. Expediente D-3531, por constituir una restricción demasiado amplia y
desproporcionada del derecho a la pensión de sobrevivientes que desconoce evidentemente su finalidad.
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
pensión que aquel disfrutaba. El monto mensual de la Pensión total de
sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de
liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas
adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la
presente ley. (…).
En conclusión, el régimen general de pensiones también contempla que a
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
este.
Sobre la dependencia económica, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:
1.3. Dependencia e independencia económica
La exigencia de dependencia económica es utilizada en nuestro ordenamiento
jurídico, como requisito para el reconocimiento de determinados derechos. Es
así, como en materia extracontractual -tanto civil como administrativa- es
indispensable que los perjudicados demuestren que dependían
económicamente del causante y que con su muerte, además del daño moral,
se les ocasionó un perjuicio de índole material, traducido en la ausencia de la
persona que suministraba el sustento económico necesario para suplir sus
necesidades, de acuerdo al nivel de vida que llevaban.
(…)
Por vía de Jurisprudencia se ha establecido que lo que confiere el derecho a la
indemnización es la existencia de supuestos necesarios que lo configuran, los
cuales se concretan en esto:
“1. La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o quedó
en situación física o mental que imposibilitaba prestar la ayuda o socorro que
venía otorgando. 2. El daño cierto que la muerte o situación de quien daba la
ayuda causó al dependiente, esto es que haya certeza de que dadas las
circunstancias, la ayuda o socorro habrá continuado. Con otras palabras que esa
dependencia no se derive de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga
a conformar una aspiración que repugne en derecho. 3. Que la pretensión
indemnizatoria no significa obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral
o el derecho”.10
10
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-, 25 de octubre de 1994.
15
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
De otro lado, la ley 100 de 199311 al regular lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes en el Capítulo IV, consagra igualmente la figura de la dependencia
económica como requisito para disfrutarla, tanto para los hijos como para los
padres del causante.12
Ahora bien, como quedó visto anteriormente, la dependencia económica ha de
entenderse como la falta de condiciones económicas que le permitan al
beneficiario de la prestación suministrarse su propia subsistencia, entendida ésta,
en términos de alimentos y de mínimo vital.
En relación con el concepto de dependencia económica la jurisprudencia ha
sostenido que puede comprender varias situaciones, como:
“(...) factores que le dificultan la obtención de un empleo que le permita subsistir
por sus propios medios y vivir dignamente (...) especiales y delicadas condiciones
del actor, cuyo mínimo vital se encuentra en peligro ante la carencia de recursos
económicos, y la imposibilidad de darse su propio sustento” - sentencia T-076 de
2003 - “(...) carencia de medios para su manutención... persona que no cuenta
con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de operar en el
mercado laboral” - sentencia T- 456 de 2004 -. “(...) la ausencia de medios para
garantizar la congrua subsistencia.” - Consulta 1485 de 2003 -. “(...) la
dependencia económica, en el caso de la sustitución pensional, significa haber
necesitado de la protección del causante de la pensión o asignación de retiro para
la congrua subsistencia.” - Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, fallo del 22 de enero de 2004, radicación No. 25000-23-25-000-2000 8894-
01(4977-02).
La “dependencia económica” (...) debe tomarse en su sentido natural y obvio
donde depender significa “estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar
una persona del auxilio o protección de otra”. - Sentencia del 27 de marzo de
2003, radicación 19867, reiterada en fallos del 8 y 9 de abril de 2003, radicaciones
19772 y 19608 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, expediente
21360, fallo del 19 de marzo de 2004 –.
En estas condiciones, la dependencia económica, en el caso de la sustitución
pensional, significa haber necesitado de la protección del titular de la pensión o
asignación de retiro para la congrua subsistencia. Tal condicionamiento debe
estar presente al momento del fallecimiento del pensionado. Consejo de Estado,
11
Por la cual se organizó el Sistema de Seguridad Social Integral.
12
Artículo 74, ley 100 de 1993: “Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con
el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho
a una pensión de vejez o invalidez, hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de dos
(2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido.
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para
trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte: y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los
padres del causante si dependían económicamente de éste.
16
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
Sección Segunda, Subsección “B”, radicación 25000-23-25-000-2000-8894-
01(4977-02).
Por su parte, en relación con el concepto de independencia económica se ha
sostenido por la jurisprudencia:
“…se refiere a tener la autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia
vida, sea a través del ejercicio de la capacidad laboral o de un patrimonio propio”-
sentencia T- 281 de 2002-. “… afrontar la vida en condiciones dignas y justas (...)
habrá de considerarse como la capacidad de que dispone un individuo para
generarse un ingreso económico o disponer de una fuente de recursos que le
permitan asumir las necesidades básicas, y garantizarse una vida en condiciones
dignas y justas.” - sentencia T-574 de 2002 -; el concepto de independencia
económica está ligado al autosostenimiento - sentencia T- 456 de 2004 -; “(…)
satisfacción de (…) necesidades básicas”. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, expediente 21360, fallo del 19 de marzo de 2004.
La independencia económica habrá de considerarse entonces, como la capacidad
de que dispone un individuo para generarse un ingreso económico o disponer de
una fuente de recursos que le permitan asumir las necesidades básicas, y
garantizarse una vida en condiciones dignas y justas, la cual debe cotejarse y
consultarse con la realidad y no con asignaciones meramente formales. 13
2.2.3. Aplicación del régimen general del Sistema de Pensiones a
los miembros de la fuerza pública en virtud de los principios de
favorabilidad e igualdad.
En relación con el principio de favorabilidad en materia del régimen aplicable
a los miembros de la Fuerza Pública, la Corte Constitucional 14 sostuvo:
4. Principio de favorabilidad en la determinación del régimen pensional de los
miembros de las Fuerzas Públicas.
4.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100, el sistema
integral de seguridad social no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares. Este postulado, obedece a lo dispuesto por los artículos 150, numeral
19, literal e)15 y 21716 de la Constitución Política, en los cuales estableció que
13
Sentencia T-156 de 2000.
14
Sentencia T-685 del 31 de agosto de 2007. M.p. Jaime Córdoba Triviño
15
El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: “Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 19. Dictar las normas generales, y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes
efectos: (…) e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública;”
16
El artículo 17 de la CP, consagra: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. // Las Fuerzas Militares tendrán
como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional
y del orden constitucional. // La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así
17
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
la ley debía determinar el régimen salarial y prestacional especial para los
miembros de las Fuerzas Militares, el cual se encuentra justificado en el riesgo
latente que envuelve la función pública que prestan y desarrollan 17.
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que cuando se hace
referencia a la expresión régimen prestacional, se incluyen tanto las
prestaciones que tienen su origen de manera directa en la relación de trabajo,
como todas aquellas otras que se ocasionan por motivo de su existencia, tales
como, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, el auxilio funerario, y
aquellas contingencias derivadas de los riesgos en salud 18.
4.2. En general las situaciones relacionadas con los derechos, las
prerrogativas, los servicios, los beneficios y demás situaciones prestacionales
de un trabajador, entre ellas el pago de los derechos pensionales se resuelven
con las normas vigentes al tiempo del suceso. Sin embargo, en aplicación del
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 del Ordenamiento
Superior, también es posible considerar, la aplicación de la normatividad que
más favorezca al trabajador, “...en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho...”.
Lo expuesto reitera la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje de lado
la aplicación de los regímenes especiales de seguridad social cuando estos
impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema
general contenido en la Ley 100 de 1993.
Esta Sección ha resaltado en reiteradas oportunidades que los regímenes que
excepcionan de la aplicación de la ley general a ciertos grupos de personas,
deben emplearse solo en caso de que la norma especial resulte más favorable
que la general, pues su objeto es conceder beneficios legales a grupos
determinados de trabajadores y no tornarse en elemento de discriminación
para dificultarles el acceder a los derechos mínimos consagrados en la
legislación para la generalidad.
como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio”.
17
Ver Sentencia C-432 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada recientemente en la Sentencia T-
372 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
18
En este sentido ver las sentencias: C-654 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell), C-835 de 2002
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-101 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), las cuales además
indican que el fundamento jurídico de las prestaciones derivadas de las contingencias propias de la
seguridad social, se encuentran en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución, que
corresponde a las materias sujetas a ley marco.
18
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
i) El señor Augusto Carvajal Gómez laboró al servicio de la Policía Nacional
durante 2 años, 4 meses y 28 días, según la Hoja de Servicios número
15328122 del 24 de enero de 1996.19 Falleció el 20 de septiembre de 1995,
según Registro de Defunción número 1983326 del 21 de septiembre de
1995.20
ii) El extinto policial era hijo de la actora, Graciela Gómez de Arango, como da
cuenta la copia del registro civil de nacimiento expedida por la Notaria Única
del Círculo de La Virginia (Risaralda).21
iii) El 27 de octubre de 1995, mediante Resolución 16100, se dispuso su retiro
del servicio, a partir del 20 de septiembre de 1995, por muerte en servicio
activo.22
iv) El 3 de mayo de 1996, por medio de la Resolución 002509, expedida por la
Sección de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, se le reconoció a la
señora Graciela Gómez de Arango la indemnización por muerte y cesantías,
en calidad de madre y única beneficiaria del extinto. Para el efecto se
consideró:
Que de acuerdo con la HOJA DE SERVICIOS, el señor PT (F) CARVAJAL
GOMEZ AUGUSTO C.C. N° 15328122 ingresó el 03 de MAYO de 1993 y fue
retirado el 20 de SEPTIEMBRE de 1995 por defunción, en la categoría de
PATRULLERO con un tiempo total de servicio de 02 años, 04 meses, y 28
días;
Que por haber fallecido en actividad, causó derecho a la indemnización por
19
Folio 8
20
Folio 38
21
Folio 13
22
Folios 7 y 8
19
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muerte y cesantía de conformidad LOS ARTÍCULOS 48, 68 y 76 DEL
DECRETO 1091/95 (sic);
Que el fallecimiento se calificó en SIMPLE ACTIVIDAD […]
Que a reclamar estas prestaciones se han presentado: GABRIELA GOMEZ
DE ARANGO con C.C 26614916 de Florencia (Cagueta (sic)), en calidad de
madre del extinto y como única beneficiaria de acuerdo con el concepto
jurídico 050 del 090295 quienes (sic) han acreditado la calidad de beneficiarios
con los documentos que obran en el expediente y se presentaron dentro de
los términos legales de fijación del edicto.23
v) El 26 de diciembre de 2012, la demandante, por conducto de apoderada,
radicó en la Dirección General de la Policía Nacional solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de madre y
beneficiaria del patrullero Augusto Carvajal Gómez. 24
vi) El 1 de febrero de 2013, el jefe (e) del Grupo de Pensionados de la Policía
Nacional, mediante el Oficio 027926 / ARPRE-GRUPE25 resolvió en forma
desfavorable la petición con el siguiente argumento:
[…] el señor patrullero Augusto Carvajal Gómez se encontraba regido en
materia pensional y prestacional por el Decreto 1091 de 1995, norma aplicable
y vigente para la fecha del deceso, teniendo en cuenta que el informativo
prestacional por muerte No. 348 del 09 de octubre de 1995, concluyó que el
deceso ocurrió en simple actividad, como consecuencia de lo anterior y
teniendo en cuenta que el antes mencionado no superó los doce (12) años de
servicio en la institución, no se realizó reconocimiento de la pensión de
sobrevivencia.
Por los motivos antes expuestos, no es procedente atender favorablemente la
solicitud de pensión de sobrevivientes por la Ley 100 de 1993, pretendida por
su poderdante.
2.4. Análisis de la Sala
La demandante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100
23
Folio 11. (Mayúsculas sostenidas originales del texto transcrito).
24
Folios 73 y 74
25
Folio 4
20
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
de 1993, a la que considera tener derecho en aplicación de los principios de
igualdad y favorabilidad.
El PT Carvajal Gómez murió el 20 de septiembre de 1995; en dicha fecha el
Decreto 1091 de 1995 [Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional] señalaba las normas
aplicables en materia prestacional a los patrulleros retirados de la Policía
Nacional. El patrullero Carvajal Gómez fue retirado del servicio por muerte en
servicio activo. Sobre las prestaciones a las que tiene derecho el patrullero
retirado por muerte en servicio activo, en el artículo 68 del Decreto 1091 de
1995 se prevé:
Artículo 68. Muerte simplemente en actividad. A la muerte de un miembro del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden
establecido en el artículo 76 de este decreto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague una compensación equivalente a
dos (2) años de la remuneración correspondiente, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 49 del presente Decreto;
b) Al pago de la cesantía causada en el año en que ocurrió la muerte, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de este decreto;
c) Si el miembro del nivel ejecutivo hubiere cumplido doce (12) o más y
hasta quince (15) años de servicio, tendrá derecho a que por el Tesoro Público
se les pague una pensión mensual, equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas de que trata el artículo _49 de este decreto y un cinco por ciento
(5%) más por cada año que exceda de los quince (15) años, hasta completar
un setenta y cinco por ciento (75%), límite a partir del cual la pensión se
liquidará en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 51 de este Decreto.
El señor Augusto Carvajal Gómez prestó sus servicios a la Policía Nacional
por 2 años, 4 mes y 28 días, por lo cual, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 68 del Decreto 1091 de 1995, sus beneficiarios no tenían derecho al
reconocimiento de pensión, toda vez que para tal efecto se requería prestar
12 años o más de servicios a la institución. Solo se causó el derecho a la
compensación y cesantías por muerte en simple actividad, prestaciones que
se reconocieron a la demandante mediante la Resolución 002509 del 3 de
mayo de 1996.
21
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
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Ahora bien, el Tribunal accedió a las pretensiones de la actora al considerar
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Por
su parte, la entidad demandada, en el recurso de apelación, alega que en el
plenario no se encuentra demostrado el presupuesto de la dependencia
económica exigida por la citada ley.
Al respecto, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala como beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes a los hijos, los padres y los hermanos inválidos
del causante, si dependían económicamente de este. Basta, entonces, que se
demuestre la dependencia económica para acceder a la citada prestación.
Ello significa que corresponde a quien alegue tal hecho, demostrar, por
cualquiera de los medios probatorios aceptados por la ley, que se está dentro
de tal supuesto. No obstante, al estudiar las pruebas allegadas al proceso se
evidencia que ni en la actuación administrativa ni en el proceso judicial se
aportó ninguna tendiente a comprobar tal circunstancia.
En efecto, tanto la petición presentada ante la entidad como las pretensiones
de la demanda se orientaron a requerir la aplicación de la Ley 100 de 1993,
por considerar que resultaba más favorable, en cuanto exigía un menor tiempo
de servicio que el previsto en el régimen especial. Sin embargo, no se hizo
siquiera una mínima alusión a la dependencia económica de la actora respecto
del causante y menos aún se aportó prueba alguna que permita inferirla.
Por el contrario, la solitud de reconocimiento pensional se radicó en la entidad
el 12 de diciembre de 2012, esto es, 17 años después del fallecimiento del
patrullero, ocurrido el 20 de septiembre de 1995. Esta circunstancia permite
inferir que su progenitora no quedó en tal grado de vulnerabilidad por falta del
apoyo económico de su hijo, que le impidiera mantener sus condiciones de
vida.
En tal sentido, como el propósito de la sustitución es conjurar la eventual
situación de desamparo en que queda algún miembro de la familia que era
22
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
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dependiente del causante, llama la atención que se pretenda el reconocimiento
pensional después de transcurrido un lapso considerable desde el deceso
policial, lo que cuestiona si realmente la actora dependía económicamente de
este.
En relación con la dependencia económica, esta Corporación ha señalado que
significa haber necesitado de la protección del causante para la congrua
subsistencia y dicha circunstancia debe estar presente en el momento del
fallecimiento, la cual puede desvirtuarse si se llega a demostrar que el
beneficiario se encuentra en situación que lo capacite para ser laboralmente
activo.26
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-066 de 2016, sobre la
referida condición económica fijó su alcance así: «[…]: (i) la falta de
condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante
de la pensión de sobrevivientes, para auto proporcionarse o mantener su
subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la
misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por
sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».
En este sentido, si bien no se trata de demostrar la carencia total y absoluta
de recursos, sino que basta la comprobación de la imposibilidad de mantener
el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios del fallecido obtener
los ingresos indispensables para subsistir de manera digna, sí es necesario
que se acrediten los supuestos de hecho previstos en la ley, pues a pesar de
que los padres del causante que cotizó al Sistema de Seguridad Social estén
legitimados para reclamar, entre otros, la pensión de sobrevivientes generada
por su fallecimiento, esta prerrogativa no se traduce en la automática
concesión del derecho.27
26
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 27 de julio de 2006, radicado 47001-23-31-000-
2002-00089-01. Consejero ponente: Jaime Moreno.
27
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado 11001-03-15-000-
2021-05087-01(AC), consejero ponente: César Palomino Cortés.
23
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
Debe recordarse que quien pretenda acudir ante la administración de justicia
está en la obligación de observar algunas cargas y respetar las ritualidades
propias de cada proceso; en este sentido, deben allegarse los elementos de
prueba idóneos a que hubiere lugar. En el presente caso, la Sala no puede
pasar por alto que la actora no manifestó, siquiera, que hubiera dependido
económicamente de su hijo y, por ende, tampoco allegó algún medio de
prueba para acreditar el requisito exigido por la Ley 100 de 1993, cuya
aplicación solicitó por favorabilidad.
Respecto de la prueba de la subordinación económica, la Corte Suprema de
Justicia ha exigido, «que aparezca demostrada i) la cuantía de los recursos
propios, si los tuviere; ii) el monto de los gastos familiares y, iii) la cuantificación
del aporte del afiliado. Lo anterior, con el objeto de establecer, si el último,
como lo exige la normativa aplicable, fue significativo e importante para la
madre o padre que pretende el beneficio pensional».28
Sobre los mencionados requisitos probatorios, en la sentencia CSJ SL4103-
2016, la Corte Suprema consideró:
La jurisprudencia de esta Corte efectivamente ha dicho que se torna necesaria
la prueba que demuestre que el causante contribuía para el sostenimiento
económico de sus ascendientes, a fin de averiguar si esa ayuda ciertamente
constituía un aporte esencial para el sustento, sin el cual no sería posible cubrir
las necesidades básicas de un hogar. Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL,
1° jul. 2015, rad. 47695, se dijo:
[...]
Razón le asiste razón al impugnante en el sentido de que por el hecho de que
se tenga algún tipo de ingreso, que como en el presente asunto está dado en
percibir una pensión de jubilación, tal circunstancia no lo convierte en
autosuficiente para efectos de determinar la dependencia económica, en tanto
que ese es el criterio que ha mantenido la jurisprudencia de la Corte, cuando
al fijar el alcance de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, ha indicado
que la dependencia económica que se exige para acceder a la pensión de
sobrevivientes, no significa que el beneficiario se encuentre en estado de
mendicidad o indigencia, pues el simple hecho de recibir ingresos de otras
fuentes, no significa que tenga autonomía económica para subsistir por sí solo
sin la ayuda de sus hijos.
28
Sentencia SL2012-2020 del 11 de mayo de 2020, radicación 70488, magistrado ponente: Carlos Arturo
Guarín Jurado.
24
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
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No obstante lo anterior, el sentenciador de alzada en ningún aparte de sus
consideraciones estimó que la dependencia debía ser total y absoluta, al punto
de que luego de dar por establecido que la actora percibía una pensión de
jubilación, dijo que: “no logra acreditar la dependencia económica,
resaltándose, que ello no significa que se esté exigiendo la dependencia total
y absoluta”, solo que advirtió, la ausencia de prueba sobre la ayuda económica
que suministraba la afiliada en relación con los gastos del hogar, cuyo monto
tampoco logró concretarse, en cuanto precisó que “ni siquiera se prueba a
cuánto ascendían los gastos del hogar, esto es, el mercado, los servicios, los
impuestos, el vestuario, la droga entre otros…, no se tiene certeza del modus
operandi que tenía la familia antes de la fecha del fallecimiento de la
causante”.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el Tribunal resultaba de vital importancia
establecer, el monto de los gastos del núcleo familiar de la asegurada fallecida,
así como el aporte que ésta suministraba para su sostenimiento, lo que a juicio
de la Corte no puede considerarse como una exigencia violatoria del
ordenamiento jurídico, en especial de las normas legales denunciadas en el
cargo, en la medida en que la jurisprudencia de esta Corporación tiene
precisado, que si bien la dependencia económica de los padres con respecto
de sus hijos no tiene que ser total y absoluta, si debe ser un verdadero sustento
económico importante para resolver las necesidades de la familia que, de no
tenerlo afecte la vida digna que se procura (sentencia CSJ SL4811 – 2014).
Lo advertido, por cuanto la dependencia económica es una situación que
debe ser definida en cada caso particular y concreto, en tanto que si los
ingresos que perciben los progenitores de otras fuentes, son suficientes
para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento, no se
configura el presupuesto que exige la norma para poder acceder a la
prestación económica objeto de debate. De ahí que sí resulte necesario
establecer, no solo en qué consistía y si no a cuánto ascendía la ayuda
o el aporte que hacía el causante en vida, para en perspectiva de esa
situación poder determinar si era significativa e importante, ya que no es
suficiente la regular y simple colaboración de un buen hijo a sus padres
para poder predicar la dependencia económica exigida.
[...]
Y tiene que ser así, pues es categórico establecer, en primer lugar, si
realmente se prestaba la ayuda económica a los padres, en cuyo caso
también se torna necesario indagar por su monto, y este caso verificar si
el mismo era determinante, significativo e importante para el sustento de
los ascendientes, puesto que, si estos tenían otros ingresos, es
ineluctable verificar si no eran suficientes, y si en efecto se estaba en
presencia de una subordinación económica respecto del hijo. (Negritas
de la Sala).
Siguiendo la pauta jurisprudencial citada y advirtiendo, se repite, que en el
presente caso no se hizo ninguna mención del requisito en estudio y menos
aún se allegó algún medio de prueba documental o testimonial que ponga en
evidencia la falta de condiciones económicas que, a partir del fallecimiento del
25
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
extinto patrullero, le permitieran a la demandante suministrarse su propia
subsistencia, se concluye que esta no logró acreditar que para el momento de
la muerte de su hijo Augusto Carvajal Gómez dependía económicamente de
él, esto es, no cumplió con el requisito establecido en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, y por tanto, no puede ser considerada beneficiaria de la
prestación que invoca.
Por otra parte, es importante destacar que de la consulta que la Sala efectuó
en la base de datos pública del Registro Único de Afiliados (RUAF), que se
encuentra disponible en el Sistema Integral de Información de la Protección
Social del Ministerio de Salud (SISPRO), se identifica que la libelista se
encuentra afiliada al sistema de salud, como beneficiaria, así como a Caja de
Compensación Familiar, como persona a cargo, lo que indica que no se
encuentra en situación de vulnerabilidad.
3. Conclusión
La demandante, en su calidad de progenitora del extinto patrullero Augusto
Carvajal Gómez, quien falleció en simple actividad el 20 de septiembre de
1995, no acreditó que dependiera económicamente de este, conforme lo
exigen las disposiciones del régimen general desarrollado en la Ley 100 de
1993. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se denegarán las pretensiones del libelo.
4. De la condena en costas
Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA que advierte para
la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo sin que sea necesario
analizar la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los
numerales 1 y 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala
condenará en costas a la parte demandante en consideración a que el recurso
de apelación prosperó y se revocará la sentencia de primera instancia.
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 05479 01 (4283-2017)
Demandante: Gabriela Gómez de Arango
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 19 de mayo de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del proceso promovido por Gabriela Gómez de Arango contra la Nación
—Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional—. En su lugar,
Segundo. Denegar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
respectivas en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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