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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05682-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05682-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05682-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
Demandante: Francisco Martán Márquez
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
Fonprecon y la UGPP

Tema: Fonprecon carece de competencia para reconocer y pagar pensión
de jubilación a parlamentarios que no cotizaron a ese Fondo de
Previsión Social. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Francisco Martán Márquez instauró demanda en contra del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Auto del 22 de mayo de 2013 1 y la Resolución 0407 del

1 “Por el cual la Subdirección de Prestaciones Económicas de Fonprecon declara su falta de competencia y ordena

el desglose de unos documentos” Folios 30 a 33.

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27 de junio del mismo año, 2 expedidos por Fonprecon.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a los demandados reconocer la
pensión de jubilación, con efectos fiscales a partir de la fecha en que se radicó la
solicitud de concesión. Cancelar las mesadas adeudadas debidamente indexadas.
Pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Condenar en costas y agencias en derechos.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 19 de febrero de 1936 y, para el 9 septiembre de 2012, tenía 76 años.
Que según el artículo 1.°, parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985 es beneficiario del régimen
de transición, dado que contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años
laborados.

Que el 7 de septiembre de 2012, radicó la solicitud de reconocimiento y pago de su
pensión de jubilación y por Auto del 22 de mayo de 2013, Fonprecon declaró su falta
de competencia para resolver la petición, debido a que no estuvo afiliado al Fondo,
pues durante el tiempo en que se desempeñó como representante a la Cámara, sus
aportes fueron realizados a Cajanal.

Que por Resolución 0407 del 27 de junio de 2013, la entidad rechazó por improcedente
el recurso de reposición interpuesto, y confirmó la decisión.

Indicó que no existe acto administrativo expedido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
relacionado con el derecho económico que pretende, dado que no se ha formulado
solicitud ante ésta, por lo que explicó que la razón de la demanda contra la UGPP es
que Fonprecon, al negar la petición, precisa que dicha administradora es la encargada
de conceder y pagar la acreencia.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 29, 53, 58 y 209 de la Constitución
Política, 1, 14 y 22 de la Ley 33 de 1985; 1.°, 2.°, 3.°, 103, 104, 134D, 136, 137 y 138,
las Leyes 48 de 1945, 6.ª de 1945, 48 de 1962, 5.ª de 1969, 4.ª de 1992, 100 de 1993,
1437 de 2011 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 3559 de 1993, 1293 de
1994, y el Acuerdo 26 de 1986 aprobado por el Decreto 2837 de 1986.

Sostuvo que las decisiones emitidas por Fonprecon están viciadas de nulidad, dado
que, primero, omitió proferir acto administrativo definitivo que resolviera de fondo la
solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación, pues expidió un auto de

2 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” Folios 34 a 41.

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trámite, y segundo, porque se niega a otorgar la prestación, al manifestar que la
competencia es de Cajanal, además de señalar que el demandante no cumplió con el
tiempo de servicio exigido para tal efecto.

Que la entidad únicamente tuvo en cuenta los períodos laborados en: el Ministerio de
Defensa Nacional, la Gobernación del departamento del Cauca y la Cámara de
Representantes; último que se contabilizó contrariando lo preceptuado en el artículo
9.° de la Ley 48 de 1962. Expuso que, sin razón legal, excluyó el lapso trabajado por
el actor en el municipio de El Charco, Nariño, el cual está debidamente acreditado.

Que, si bien, con antelación al Acuerdo 026 de 1986 aprobado por el Decreto 2837 del
mismo año, los congresistas y demás empleados, por mandato legal se afiliaban y
cotizaban a la Caja Nacional de Previsión Social, también es cierto que la Ley 33 de
1985 en su artículo 22 previó que Cajanal liquidaría las prestaciones de dichos
servidores hasta el momento en que empezara a funcionar el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, por lo que, en su criterio, si a la entrada en
vigencia de dichas normas no estaban devengando pensión por parte de la referida
administradora, tenían que acudir a Fonprecon para su reconocimiento.

Que el artículo 1.° de la Ley 19 de 1987 3 determinó que los expedientes de jubilación
y cesantía de Cajanal que conceden las acreencias a empleados del congreso, así
como las relaciones de pago, serían solicitadas por el director de Fonprecon para que
sirvieran de base a la liquidación de las nuevas peticiones que le hayan sido
formuladas.

Que a partir de la fecha en la que radicó la reclamación, Fonprecon estaba en el deber
de reconocer y pagar el derecho, y en el evento en que el tiempo cotizado ante la
mencionada Caja no le reportara, era su obligación pedirle el historial que allí
reposaba, sin dilatar de forma injustificada el otorgamiento prestacional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 13 de marzo de 2014 y notificada a los demandados.

Fonprecon se opuso a las pretensiones,4 manifestando que no tiene competencia
para estudiar la prestación a la que eventualmente tendría derecho el peticionario,
porque nunca estuvo afiliado al Fondo, pues la última entidad a la que realizó los
aportes fue a Cajanal.

Que según el artículo 24 de la Ley 33 de 1985, la Caja Nacional de Previsión Social
continuaría pagando las acreencias a los congresistas y demás servidores, hasta que
se aprobaran los estatutos, la planta de personal y el presupuesto del Fondo de
Previsión Social del Congreso, pues una vez diligenciado lo anterior, las afiliaciones a
la Caja Nacional quedarían automáticamente canceladas. Que la Junta Directiva del

3 Por la cual se modifica la Ley 33 de 1985.
4 Índice 00021 actuaciones del Tribunal. Documento identificado como (26) 2020-00775-00

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Fondo expidió el Acuerdo 026 de 1986, que en su artículo 66 previó que comenzaría
a atender las prestaciones económicas a partir del 26 de marzo de 1986. Que para el
período en que el demandante prestó su servicio en la Cámara de Representantes,
entre 1978 y 1980, Fonprecon no había sido creado.

Que conforme al artículo 1.° del Decreto 2527 de 2000 la entidad encargada de
reconocer la pensión de jubilación es la última a la que estuviere afiliado el solicitante
en el momento de acceder a la prestación, que, en este caso, corresponde a la UGPP.

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3.° del Acuerdo 026 de 1986 aprobado por el Decreto 2837 de 1986, es
Fonprecon quien tiene la competencia de resolver lo relativo a la prestación en
controversia y que no existe acto administrativo a demandar frente a la UGPP, por
cuanto no se agotó la actuación administrativa, la cual es indispensable para el
ejercicio del medio de control.

El juez declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y falta de agotamiento de la vía administrativa propuestas por la UGPP,5 al
haberse incumplido el requisito de reclamación previa.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al considerar que
el demandante no probó el tiempo de servicio requerido para acceder a la pensión de
jubilación. Que, pese a ello, podrá solicitar la indemnización sustitutiva contemplada
en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 reglamentada por el Decreto 1730 de 2001.

Señaló que el actor era beneficiario del régimen de transición, dado que, a la fecha de
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con más de 40 años,
por lo que se dispuso a analizar las exigencias contempladas en el Decreto 1359 de
1993 para acceder a la pensión.

En lo que concierne a los 20 años de labor, especialmente, los períodos en los que se
desempeñó como inspector, desde el 20 de febrero de 1956 hasta el 30 de agosto de
1960; y en calidad de corregidor del 10 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1976,
los cuales el señor Francisco Martán pretendía acreditar por medio de (prueba
testimonial), debido a la desaparición de los archivos por el incendio ocurrido en las
instalaciones de la Alcaldía, el tribunal, sostuvo que, en principio no era procedente,
por cuanto no se acreditó la imposibilidad absoluta de obtener documentos que
corroboraran los 17 años de servicio en la entidad.

Que según el artículo 8.° de la Ley 50 de 1886, el interesado debe recurrir a pruebas
alternativas o a otras fuentes que puedan reemplazar los documentos perdidos, como

5 Audiencia inicial celebrada el 1.° de octubre de 2014. Folios 161 a 165.

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recibos de nómina, afiliaciones a entes de seguridad social o recibos de pago de
salarios, actuaciones suscritas por él en ejercicio del cargo, entre otras. Que la prueba
testimonial es una excepción y no basta con la destrucción de los archivos, para que
ésta sea la única fuente de acreditación.

Que, de aceptar el hecho de la falta absoluta de las documentales, se estudiaría la
(prueba testimonial aportada), como son las declaraciones extraprocesales,6 frente a
las cuales concluyó que no ofrecen credibilidad dadas las inconsistencias encontradas
en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, y que
tampoco cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886, pues fueron
rendidas en notaría sin la presencia del Ministerio Público, lo que contraviene el
artículo 9.° de dicha ley.

Consideró que las certificaciones emitidas por el alcalde del municipio de El Charco
carecen de validez puesto que se fundamentan únicamente en las declaraciones
realizadas en la Notaría Única del Circuito El Charco, Nariño.

Que, aunque las declaraciones de los señores Gratiniano Montaño, Jesús Olave
Hernández, Emerita Sánchez de Perlaza Federico Hurtado Anchico y Virgilio Escobar
Santana, obrantes en el expediente administrativo, presentadas ante Fonprecon,
fueron diligenciadas ante el notario de El Charco y ratificadas ante el personero de
dicho municipio, las mismas no son suficientes para demostrar de manera fehaciente
el tiempo presuntamente laborado. Que la prueba supletoria allegada al proceso no
lleva al convencimiento de los supuestos fácticos del caso, ya que no es posible
determinar con certeza los referidos períodos.

Concluyó que, pese a que la subdirectora de prestaciones económicas de Fonprecon
contabilizó el último tiempo laborado, prestado en la Cámara de Representantes por
las sesiones a las que asistió el actor y no por cada legislatura anual, este no
alcanzaba a completar los 20 años requeridos a fin de obtener el beneficio pretendido.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación, expresando que era beneficiario del
régimen de transición, dado que al momento de la entrada en vigencia del Decreto
1293 de 1994, tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio. Que la
norma solo exige el cumplimiento de uno de esos requisitos, por lo que su situación lo
habilitaba para acceder a este régimen.

Que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República fue instituido para
reconocer y pagar las pensiones a aquellos que hayan cotizado a la Caja Nacional de
Previsión Social, al ISS, o al mismo Fondo, siempre y cuando el último empleador haya
sido el Congreso de la República, supuesto que él acreditó. Explicó que cumplió los
requisitos de edad y tiempo de servicio una vez entró en funcionamiento Fonprecon, y

6 Melquíades Cortés Sánchez, Bernardo Meza Reyna, José Nel Vallecilla Ortiz, José Antonio Congora

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de acuerdo con la ley 33 de 1985 y el Decreto 1359 de 1993, es ésta última, la entidad
facultada para reconocer y pagar las pensiones, no la UGPP.

Que presentó la solicitud de concesión ante dicha entidad, dado que la competencia
que alega fue asumida por éste, y a su vez formalizada mediante un acta de entrega
en la que Cajanal transfirió al Fondo toda la información de los afiliados que habían
cotizado para pensión.

Recurre las conclusiones a las que llegó el tribunal frente a las pruebas aportadas para
acreditar el tiempo de servicio laborado en el municipio de El Charco, indicando que
el testimonio suple la prueba documental solo cuando se haya demostrado que la
documentación desapareció por fuerza mayor, como quedó acreditado en este caso.

Explicó que los declarantes y el alcalde de turno, Oivar Portocarrero Bustos,
confirmaron que en 1977 un incendio en el municipio El Charco destruyó todos los
archivos, incluida su hoja de vida, lo que lo obligó a acudir a la prueba supletoria. Que
en sus declaraciones expusieron los hechos que conocían de manera directa,
versiones que fueron constatadas por el alcalde de esa época, mediante una
certificación del 15 de noviembre de 2012, en la cual da fe de los tiempos laborados,
documento público al que debe dársele pleno valor probatorio. Que, aunque la ley
exige la presencia del Ministerio Público, ni los declarantes ni el peticionario sabían de
esta obligación, por lo que la omisión no les puede ser atribuida.

Finalmente, solicitó la recepción de los testimonios de los señores Melquiades Cortés
Sánchez, Bernardo Meza Reyna, José Nel Vallecilla Ortiz y José Antonio Góngora, a
fin de cumplir las formalidades exigidas en la Ley 50 de 1886 y, en consecuencia, se
proceda a la valoración de dicha prueba.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de noviembre de 2018 se admitió el recurso de apelación y el 9 de febrero de
2022 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión. Fonprecon
reiteró sus argumentos de defensa.

La UGPP señaló que dentro de sus archivos no encontró expediente administrativo
del demandante en el que se evidencien las cotizaciones realizadas por sus
empleadores a la Caja Nacional de Previsión Social. Indicó que comparte la valoración
probatoria realizada por el tribunal, y deben negarse las pretensiones, dado que
existen serias dudas frente a la realidad de las declaraciones rendidas, pues no
permiten determinar que los tiempos fueron laborados y cotizados ante las entidades
demandadas.

La parte demandante se pronunció por fuera del término, y el Ministerio Público guardó
silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
Cuestión previa

Se advierte que el demandante, con el recurso de apelación, pidió practicar algunos
testimonios, requerimiento que fue negado mediante auto del 8 de junio de 2020, por lo
que sobre este punto no habrá lugar a emitir pronunciamiento.

Problema jurídico

La Sala debe determinar si el Fondo de Previsión Social del Congreso es la entidad
competente para reconocer y pagar la pensión de jubilación del señor Francisco
Martán Márquez, en caso afirmativo, deberá analizarse si el actor cumplió los
requisitos para ser beneficiario de dicha prestación.

Marco normativo y jurisprudencial

De la competencia del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
en materia pensional.

La Ley 6.ª de 1945 regulaba la pensión de jubilación de los empleados públicos y era
aplicable a los miembros del Congreso de la República por disposición del Artículo 7.º
de la Ley 48 de 1962, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 1723 de 1964 que
en su Artículo 2.° determinó la pensión vitalicia de jubilación para los miembros del
«Congreso Nacional» y su forma de liquidación.

El Fondo de Previsión Social del Congreso fue creado por la Ley 33 de 1985, y su
principal función es el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los
congresistas y demás empleados vinculados al mismo Fondo.

«(...) Artículo 14º.- Créase como establecimiento público del orden nacional, esto
es, como organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Artículo 15.- Además de la función que la Ley señala a los organismos de
Previsión Social, el Fondo cumplirá las siguientes actividades:

1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los
Congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo
Fondo.

(…)

Artículo 22.- La Caja Nacional de Previsión Social, liquidará las prestaciones
sociales de los Congresistas y de los empleados del Congreso hasta el momento
en que empiece a funcionar el Fondo. Serán de cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social las prestaciones sociales de los Congresistas y empleados del
Congreso, hasta la cuantía de los aportes que por tales conceptos se le hayan
efectuado. En el evento de que el valor de los aportes no sea suficiente para
cancelar las prestaciones sociales, el Tesoro Nacional hará los aportes necesarios
al Fondo de Previsión Social del Congreso.

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Artículo 23.- Los Congresistas y los empleados del Congreso pensionados con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, lo seguirán siendo de las entidades
de Previsión Social que les otorgaron y reconocieron su derecho.

Artículo 24.- La Caja Nacional de Previsión Social continuará prestando los
servicios y pagando las prestaciones a los Congresistas y a los empleados del
Congreso hasta tanto las autoridades previstas en esta Ley hayan expedido o
aprobado según el caso, los estatutos, la planta de personal y el presupuesto del
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, momento en el cual
automáticamente quedará cancelada la afiliación de los Congresistas y de
los empleados del Congreso a la Caja Nacional de Previsión Social.

De todas maneras, la expedición o aprobación, según el caso, de los referidos
actos deberán realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de
esta Ley. [...]». (Resalta la Sala).

En relación con las prestaciones y servicios pagados y ofrecidos por el Fondo, los
artículos 23 y 24 citados, definieron: i) los congresistas y empleados del Congreso
de la República pensionados, con anterioridad a la vigencia de la citada ley, lo
seguían siendo frente a las entidades de previsión social que les otorgaron el
respectivo derecho y ii) la Caja Nacional de Previsión Social continuaría prestando
los servicios y pagando las prestaciones a los congresistas y a los empleados del
Congreso de la República hasta tanto hubieran sido expedidos los estatutos, la
planta de personal y el presupuesto del fondo 7.

Esto quiere decir que Fonprecon asumió las prestaciones que se generaran una
vez entró en funcionamiento, es decir, a partir del 26 de marzo de 1986, no antes 8.
Así, las prestaciones de quienes alcanzaran los requisitos para pensionarse serían
asumidas por dicho fondo, a partir de la referida fecha y las que hubieran sido
asumidas por Cajanal o por otras entidades de previsión, continuaron en cabeza
de estas.

La Ley 19 de 1987, que modificó el artículo 23 de la Ley 33 de 1985, en su artículo
1.° prevé que tienen derecho a beneficiarse de todas las prestaciones y servicios
del Fondo de Previsión Social del Congreso las personas que estén legalmente
obligadas a contribuir a su funcionamiento.

También estipuló:

«(…) Los Congresistas que para tomar posesión de sus cargos hayan de
renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que les había sido
reconocida con anterioridad, la podrán seguir percibiendo del Fondo de Previsión
Social del Congreso con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o
cesen en el ejercicio de sus funciones, pero el nuevo lapso de vinculación al
Congreso y de aporte al Fondo no podrá ser inferior a un (1) año, en forma

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B. Decisión del 12 de octubre de 2016, radicación 11001-03-

06-000-2022-00008-00.
8 El Fondo de Previsión Social del Congreso, creado por la Ley 33 de 1985, reconoce y paga las prestaciones

económicas señaladas a favor de los Congresistas y Empleados del Congreso a partir del 26 de marzo de 1986
(artículo 62 del Decreto 2837 de 1986).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
continua o discontinua. Los expedientes de jubilación y cesantía de la Caja
Nacional de Previsión que reconocen dichas prestaciones a congresistas y
empleados del Congreso, así como las correspondientes relaciones de pagos,
serán solicitadas por escrito por el director del Fondo de Previsión Social del
Congreso para que sirvan de base a la liquidación de las nuevas solicitudes que
le hayan sido formuladas, y deberán serle remitidas en el plazo de quince días»
(Resalta la Sala).

Del concepto de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Pensión.

Recuérdese que la relación jurídica es el vínculo normativo que une a dos o más
personas o entidades, en torno a intereses o bienes. Este vínculo está regulado
por el derecho y permite que se realicen funciones sociales. La relación jurídica de
afiliación es el acto que demarca el inicio o la inclusión en el Sistema de Seguridad
Social y determina los parámetros de su aplicación.

La Corte Constitucional en la sentencia T- 235 de 2002, al definir su concepto,
explicó:

«(…) La precisión del concepto “afiliación” también se encuentra en la teoría de la
seguridad social. Tratándose de pensión de jubilación, la afiliación es un acto que
se produce una sola vez en la vida del interesado, al ingresar al trabajo, por
consiguiente, la afiliación no es repetible, es vitalicia. Habrá, como es obvio,
situaciones en las que se está trabajando (a esto se denomina “alta”, y aquéllas
en que no lo está (se denomina “baja”).

La confusión surge por confundir afiliación con las denominadas “situaciones de
alta”, que sí requieren de la relación laboral vigente. Pero, “la afiliación determina
la inclusión del trabajador en el sistema, y en unión de otros presupuestos,
constituye título jurídico para la adquisición de derechos y en nacimiento de
obligaciones de seguridad social9”. La jurisprudencia española expresamente
indica que “la afiliación no indica existencia de la relación laboral” 10» (Resalta la
Sala).

De este modo, las situaciones de alta y baja se han denominado también como
afiliado cotizante -activo laboralmente- y afiliado no cotizante -sin vínculo laboral
vigente-. Dicha calidad determina el derecho o no a una prestación.

Del concepto de vinculación y del deber de contribuir al Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República en materia pensional.

En relación con el deber de vinculación y el deber de contribuir, esta Corporación,
ha dicho que los actos administrativos a través de los cuales el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República afilia a los congresistas, llevan implícitos el
reconocimiento de una prestación pensional, en la medida en que en estos casos

9 Instituciones de Seguridad Social, Alonso Olea y Plaza, 17 Ed., Ed. Civitas, p. 441.
10 STS: 22-X-1983, 27-I-1984, 18-VII-1988.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
dicha entidad de previsión social no expide un acto por el cual asume expresamente
el pago de las pensiones de los congresistas. Bajo este supuesto, se ha
considerado que el acto administrativo por el cual el Fonprecon afilia un congresista
o a sus sustitutos pensionales, tácitamente asume el pago de una prestación de
naturaleza periódica 11.

Bajo el mismo supuesto, se resalta que, para que la pensión pueda ser reconocida,
es necesario que hayan mediado cotizaciones efectivas, pues se recuerda que un
afiliado es quien es miembro o socio de una sociedad o corporación 12 -para este
caso el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República-, es decir, quien
es participante o aportante de aquella sociedad.

A su vez, los artículos 3 y 4 del Decreto 2837 de 1986, por el cual se expide el
reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el
reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República (Acuerdo 026 de 1986), disponen:

«(…) Artículo 3° DE LOS AFILIADOS. Son afiliados del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República:

a) Los Parlamentarios que hayan tomado posesión del cargo y los empleados
del Congreso y los empleados del Fondo que presten sus servicios en empleos
de carácter permanente.

b) Los Parlamentarios principales que no se hayan posesionado para los efectos
previstos en los parágrafos 1° y 2° del artículo 7° de la Ley 48 de 1962.

c) Los pensionados cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.

Artículo 4º. CUOTAS DE AFILIACION Y PERIODICAS. Los afiliados a que se
refieren los literales a) y b) del artículo 3º de este reglamento cotizarán para el
Fondo, las cuotas de afiliación y periódicas ordenadas por las disposiciones
legales vigentes.

El cambio de cargo, sin solución de continuidad, entre el Congreso de la República
y el Fondo de Previsión Social del Congreso y viceversa y aún dentro de las
mismas entidades no hará necesario el pago de una nueva cuota de afiliación al
Fondo, salvo que el salario del nuevo empleo sea superior al del anterior; caso en
el cual se debe reajustar la cuota de afiliación en 1/3 de la diferencia.

Los pensionados cotizarán mensualmente un porcentaje equivalente al 5% sobre
su mesada pensional». (Resalta la Sala).

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B. Decisión del 12 de octubre de 2016, radicación 11001-03-

06-000-2022-00008-00.
12 Definición extraída del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se puede consultar en el enlace:

https://dle.rae.es/afiliado

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En la misma lógica del significado de afiliación, la Sala de Consulta y Servicio Civil,
en providencia del 18 de septiembre de 2024, analizando la competencia para el
reconocimiento pensional en cabeza de la extinta Cajanal, -hoy UGPP-; manifestó
lo siguiente:

«(…) a. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellas personas que antes del
1º de julio de 200913 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron los
requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.

b. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellas personas que, estando
afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas autorizadas por el
artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de prima
media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima media con
prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja, fondo o
entidad, para esperar el cumplimiento de la edad»14. [Resalta la Sala]

Decreto 1293 de 1994. Régimen de transición de los Congresistas.

Según los artículos 1.° y 2.° del Decreto 1293 de 1994, el sistema general de
pensiones aplica a senadores, representantes y demás empleados del Congreso
de la República y de Fonprecon, con la excepción de los beneficiarios del régimen
de transición, que son aquellos que al 1.° de abril de 1994 cumplían alguno de estos
requisitos: i) ser hombre con 40 años o más, mujeres con 35 años o más o ii) haber
cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.

Se destaca que, la referida norma incluía un parágrafo que extendía el régimen a
personas que habían sido congresistas antes del 1.° de abril de 1994, incluso si no
fueron elegidos para legislaturas posteriores, siempre que cumplieran los requisitos
establecidos. No obstante, esta disposición fue declarada nula en la sentencia del
27 de octubre de 2005, 15 porque se consideró que la transición no podía proteger
las expectativas de quienes ya no estaban en servicio activo y no fueron elegidos
para nuevas legislaturas. Se precisó que, para beneficiarse del régimen, era
necesario continuar en actividad después de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de
1992.

Lo expuesto, se explica puntualmente en la sentencia citada, en la que se
expusieron las reglas de unificación, así:

«(…) 1. Son beneficiarios del régimen especial de congresistas consagrado
en el Decreto 1359 de 1993:

13 Fecha en la cual se realizó el traslado masivo de afiliados de Cajanal en Liquidación al ISS, de acuerdo con lo

preceptuado por el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009.
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 24 de agosto de 2022, radicación 11001-03-

06-000-2022-00008-00.
15 Sentencia de 27 de octubre de 2005. Número de interno: 5677-2003. Demandante: Jorge Manuel Ortiz Guevara.

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1.1 Los congresistas que ejercieron su labor y adquirieron el estatus entre el
18 de mayo de 1992, fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª de 1992 y hasta
el 1ª de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre
que cumplan los requisitos consagrados en el art. 4º y 7º del Decreto 1359 de
1993, que son:

a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado
posesión del cargo.

b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso
2º del parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.

c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años, parte en el sector privado
y ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.

1.2 Los excongresistas pensionados vueltos a elegir tienen derecho al
reconocimiento de la reliquidación de su pensión de jubilación al amparo del
régimen especial, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Obtuvieron el reconocimiento de la pensión de jubilación por cuenta de cualquier
entidad de derecho público;
b) Renunciaron temporalmente a percibir esa pensión de jubilación;
c) Su nueva vinculación a la labor legislativa lo fue a partir del 18 de mayo de 1992;
d) El tiempo de esta nueva vinculación es superior a 1 año en forma continua o
discontinua.
e) Efectuaron el pago de los aportes correspondientes ante Fonprecon y estaban
afiliados a dicha entidad.

1.3 Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la
aplicación del régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los
siguientes:

1.3.1 Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial que
son:

i) El ejercicio de la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no varió hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el
1º de abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso
2º del parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado
y ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha entidad
pensional.

1.3.2 Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio
de 1994:

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Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o
diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o
que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto
de Seguros Sociales en cualquier modalidad, con derecho a obtener el
reconocimiento, en este caso en particular, a la edad de 50 años».

Debe tenerse en cuenta que, para efectos de aplicar el régimen jurídico
mencionado, es fundamental: a) estar afiliado a la entidad pensional del Congreso
y estar al día con las cotizaciones o aportes correspondientes, y b) haber tomado
posesión de su cargo, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto 1359 de
1993.

Resolución del caso concreto

La Sala se pronunciará sobre la competencia de Fonprecon para resolver el
reconocimiento pensional del señor Francisco Martán Márquez, dado que dicho
aspecto fue omitido por el tribunal, quien se limitó a analizar el cumplimiento de los
requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo 7 del Decreto 1359
de 1993, estipulados para acceder a la pensión de jubilación especial de los
excongresistas, sin haber resuelto previamente si Fonprecon tenía o no la facultad o
competencia para asumir la prestación solicitada por el demandante.

Según se observa en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 3 del cuaderno
principal, el señor Francisco Martán Márquez nació el 19 de febrero de 1936 y existe
prueba de que laboró en el Ministerio de Defensa Nacional, en calidad de cadete de
la armada nacional, desde el 1. ° de agosto de 1953 hasta el 5 de julio de 1954 16.

Se aportaron además pruebas que darían cuenta de que también laboró en el
municipio de Guapi, Cauca del 16 de septiembre de 1960 al 15 de noviembre de 1962
como alcalde 17, en el municipio de El Charco, Nariño, como Inspector de Policía, desde
el 20 de febrero de 1956 hasta el 30 de agosto de 1960.18 Corregidor del 10 de enero
de 1964 al 31 de diciembre de 1976 19. Finalmente, como parlamentario en calidad de
representante a la cámara, del 9 de agosto de 1978 al 17 de diciembre de 1979.20

Se advierte que, para los períodos descritos cotizó, así:

Entidad Caja o Fondo Entidad que
Cotizaciones responde
Ministerio de Defensa Nacional

16 Folio 10 del cuaderno de antecedentes administrativos. (Certificado emitido por la coordinadora del Grupo de

Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional).
17 Folio 7 del cuaderno principal. (certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría Administrativa y

Financiera de Talento Humano de la Gobernación del Departamento del Cauca).
18 Folio 11 del cuaderno de antecedentes administrativos. (Certificado expedido por el alcalde municipal de El

Charco, Nariño).
19 Folio 14 del cuaderno de antecedentes administrativos. (Certificado expedido por el alcalde municipal de El

Charco, Nariño).
20 Folio 27 del cuaderno principal. (Certificado suscrito por el jefe de la sección de Pagaduría de la Honorable

Cámara de Representantes).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
(desde el 1. ° de agosto de 1953 hasta el 5 de julio de Ministerio de Defensa
1954)21 Nacional

Departamento del Cauca22 (de 16 de septiembre de
1960 al 15 de noviembre de 1962). CAJADER Departamento
Municipio de El Charco23 Municipio
(desde 20 de febrero de 1956 hasta el 30 de agosto de
1960) (del 10 de enero de 1964 al 31 de diciembre de
1976)
CIA COL MAD. COMPENSADAS (1 de enero de 1971 Colpensiones
al 3 de julio de 1973) (130.71 semanas cotizadas).24
Cámara de Representantes25 Caja Nacional de Previsión Caja Nacional de
(9 de agosto de 1978 al 17 de diciembre de 1979) Social Previsión Social

Se observa que el 7 de septiembre de 2012, el demandante solicitó ante Fonprecon el
reconocimiento de su pensión de jubilación,26 sin embargo, a través del Auto del 22
de mayo de 2013 y la Resolución 0407 del 27 de junio del mismo año, el Fondo declaró
su falta de competencia para resolver la petición, dado que no se encontró registro de
afiliación ni de cotizaciones del señor Martán Márquez en su base de datos; pues,
durante el período de permanencia al servicio de la Cámara de Representantes, los
aportes fueron realizados a la extinta Cajanal.

Efectivamente, se establece que el demandante laboró en diversas entidades
públicas, entre ellas la Cámara de Representantes, en la que, según lo manifestado
por el mismo, reunió el tiempo exigido para pensionarse. En dicha institución
desempeñó funciones legislativas desde el 9 de agosto de 1978 hasta el 17 de
diciembre de 1979, período durante el cual los aportes fueron realizados a la Caja
Nacional de Previsión Social.

Si bien, para el 19 de febrero de 1991, fecha en la que alcanzaría la edad requerida,
ya existía el Fondo de Previsión Social del Congreso, tal como se dijo, éste solo se
encargaba de las acreencias laborales de sus afiliados, quienes, según lo dispuesto
en el artículo 1.° de la Ley 19 de 1987, contribuían a su funcionamiento. Sin embargo,
el demandante no acredita haber estado vinculado ni haber cotizado al fondo, lo cual
es evidente, dado que, durante el tiempo en que laboró como congresista (1978 y
1979), era imposible su registro en esa entidad pensional, pues fue creada en 1985,
es decir, 6 años después de su vinculación como parlamentario.

Además, contrario a lo señalado por el Tribunal, el demandante no era destinatario del
régimen especial, ya que, aunque era mayor de 40 años al 1.° de abril de 1994, no
ejercía funciones como congresista en esa fecha, pues su retiro fue anterior a la
vigencia de la Ley 4ª de 1992.

21 Certificado de información laboral obrante a folio 64 del cuaderno de antecedentes administrativos.
22 Certificado de información laboral obrante a folio 8 del cuaderno principal.
23 Certificado de información laboral visible a folio 12 del cuaderno principal.
24 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, aportado por Colpensiones. Folio 211 del cuaderno principal.
25 Certificación de salario base. Folio 26 del cuaderno principal.
26 Folios 13 a 16 del cuaderno principal.

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En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que Fonprecon no es la autoridad
competente para tramitar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación del señor Martán Márquez, dado que no tenía la calidad de parlamentario
entre el 18 de mayo de 1992 y el 1.° de abril de 1994, no se encontraba afiliado a la
entidad pensional del Congreso, ni realizó los pagos de las cotizaciones a la misma,
indispensable para que el aludido Fondo asuma la carga prestacional en este asunto.

Reitera la Sala que el acto de afiliación ante el Fondo de Previsión Social del
Congreso, constituye uno de los requisitos indispensables para que pueda ser
beneficiario de la pensión de jubilación, pretensión invocada por el actor en su
demanda, tal como ya había precisado esta Corporación en la Sentencia de
Unificación, Sección Segunda, Decisión del 08 de octubre de 2020, radicación 25000-
23-42-000-2013-05893-01(0815-2015)CE-SUJ2-018-2027.

De acuerdo con lo expuesto, por sustracción de materia, es innecesario estudiar lo
relativo al segundo punto de apelación, es decir, si el demandante reúne o no los
requisitos para obtener la pensión de jubilación.

En ese sentido, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia.

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 28 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

27 “(…) 60. Así, se tiene que el acto de afiliación del legislador ante Fonprecon, se constituye en uno de los requisitos

indispensables para que pueda ser beneficiario de la pensión de jubilación especial de los congresistas seguido,
por supuesto, del cumplimiento del deber de pago de los aportes respectivos ante dicho fondo y que de ninguna
manera concede derecho pensional alguno, en tanto que el derecho a la pensión de jubilación especial de los ex
congresistas se define con el cumplimiento de los requisitos (…)”.
28 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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16

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018)
FA L L A

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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