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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00865-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00865-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Se reconoce personería a la abogada Karla Viviana Díaz Lizarazo con tarjeta profesional 175.377 del CS de la J para que represente los intereses del INPEC.35 Cuarto: Se reconoce personería a la abogada Karina Vence Peláez con tarjeta profesional 81.621 del CS de la J, representante legal de la firma Vence Salamanca Lawyers Gruop SAS, para que defienda los intereses de Colpensiones. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada Adriana María Chingaté Barbosa con tarjeta profesional 364.036 del CS de la J. 36 Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2015-00865-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00865-01 (1561-2021)
Demandante: Marbell Rocío Herrera Gaitán
Demandado: Colpensiones y otro

Tema: Reconocimiento pensional. El tiempo del curso de formación
como dragoneante no es computable para efectos pensionales.
La situación administrativa denominada: servicio activo, genera
las consecuentes obligaciones prestacionales en cabeza del
empleador, siendo una de ellas el de la afiliación – y efectiva
cotización- al fondo pensional. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Marbell Rocío Herrera Gaitán interpuso demanda en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 267691 del 25 de julio
de 2014, GNR 343227 del 1 de octubre de 2014 y VPB 25810 del 18 de marzo de
2015, por medio de las cuales Colpensiones negó el reconocimiento pensional.

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A título de restablecimiento del derecho, reconozca la pensión de jubilación como
funcionaria del INPEC y se ordene el pago de las mesadas pensionales, indexadas
dejadas de percibir desde los 3 años anteriores al momento en que se reclamó el
reconocimiento, esto es, desde el 16 de diciembre de 2010.

Que el INPEC pague las cotizaciones correspondientes desde el 26 de julio de 1990
hasta el 20 de diciembre de 1990, lapso en el cual adelantó y aprobó el curso de
dragoneante1.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que adelantó el curso de dragoneante desde el 26 de julio hasta el 20 de diciembre
de 1990, el cual aprobó2.

Que tomó posesión en el cargo de dragoneante código 4141 grado 11, el 20 de
diciembre de 1990 y prestó sus servicios en la Cárcel de Neiva hasta el 7 de octubre
de 2010 cuando fue retirada de la entidad.

Que cotizó a Cajanal entre el 20 de diciembre de 1990 hasta el 30 de junio de 2009
y a partir del 1 de julio de 2009 hasta el 7 de octubre de 2010 al ISS.

Que prestó sus servicios 20 años, 2 meses y 1 día entre el tiempo laborado en la
Escuela Penitenciaria Nacional y el INPEC.

Que, el 16 de diciembre de 2013 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión, la cual fue negada a través de los actos administrativos acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 90 de la Constitución Política, 96 de la Ley 32
de 1986, 126 y 181 del Decreto 407 de 1994, 40 de la Ley 48 de 1993, 137 y 138
del CPACA.

Sostuvo que existe una doble razón de carácter legal para reconocer que el tiempo
que estuvo en la escuela de formación del INPEC debe ser reconocido como tiempo
de servicios para efectos pensionales: i) por mandato legal (artículo 126 del Decreto
407 de 1994) los alumnos del curso de guardianes integran el cuerpo de custodia
y el régimen pensional excepcional de 20 años debe ser aplicado y, ii) la ley creó

1 Demanda folios 1 a 9 del expediente físico.
2 Certificado emitido por el INPEC visible a folios 55 del expediente físico.

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la posibilidad de prestar servicio militar obligatorio en el INPEC y lo asimiló en sus
prerrogativas a los alumnos de la Escuela Penitenciaria Nacional.
Que los alumnos están gobernados por el régimen interno del INPEC y durante el
tiempo de su formación desempeñan actividades propias del servicio,
adicionalmente, durante el tiempo que la demandante permaneció como alumna,
mantuvo una relación de subordinación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 14 de abril de 2016.3

Colpensiones4 se opuso a las pretensiones indicando que los miembros del INPEC
tienen derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicios
continuos o discontinuos al servicio sin tener en cuenta su edad, requisito que no
cumple la demandante.

El INPEC 5 indicó que para fecha en que la demandante adelantó el curso,
ostentaba la calidad de alumna, es decir, no hacía parte de la planta de personal,
toda vez que no había tomado posesión en el cargo de dragoneante, hecho que
sucedió el 20 de diciembre de 1990, situación que no permite a la entidad realizar
cotizaciones por dicho concepto.

Que los alumnos no pertenecen a los niveles jerárquicos, a la clasificación y al
escalafón de la carrera penitenciaria, por cuanto para acceder a estas, los cursos
de formación se constituyen en un requisito ineludible, conforme lo consagra el
numeral 9 del artículo 119 y el 122 del Decreto 407 de 1994 que, una vez satisfecho,
se materializa en un nombramiento por acto administrativo.

La audiencia inicial se celebró el 23 de septiembre de 2016 6 y las de pruebas se
llevaron a cabo el 9 de febrero de 2017 y 30 de marzo de 2017.7

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Huila8 negó las pretensiones. Consideró que si bien
es cierto el artículo 126 del Decreto 407 de 1994 señala que los alumnos de la EPN
componen el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, no
puede olvidarse que esa norma fue proferida con posterioridad al tiempo en que la

3 Folio 69.
4 Folios 85 a 90.
5 Folios 110 a 115.
6 Folios 128 a 131.
7 Folios 147, 148, 161 a 165.
8 Folios 209 a 217.

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demandante adelantó y aprobó el curso, luego, no se puede aplicar de manera
retroactiva.

Que, los alumnos de la EPN no hacían parte del cuerpo de custodia, carácter que
no otorga la calidad de servidor público, pues solo los oficiales, suboficiales y
guardianes lo tenían, tal como lo consagra el artículo 3 de la Ley 32 de 1986.

Que, el tiempo de formación no se considera como laboral sino de capacitación
para el acceso al empleo público en el cargo de guardián (hoy dragoneante), por lo
que no conlleva la prestación de servicios según lo prescribe el artículo 3 del
Decreto 1522 de 1966 (estatuto orgánico de la EPN).

Que, en la relación alumno-escuela, no existe una subordinación sino una sujeción,
lo que resulta obvio en un proceso de formación.

Que, si fuera procedente la aplicación del Decreto 407 de 1994, lo que se aprecia
es que solo hay prestación del servicio en la medida en que se supere el curso de
formación, lo que ratifica que el estudiante está en proceso de capacitación y no de
ejercicio de funciones.

Que, aunque el auxiliar de guardia y el alumno de la EPN comparten el derecho a
recibir una bonificación (artículo 181 Decreto 407 de 1994), no significa que tengan
las mismas prerrogativas, especialmente en cuanto al tiempo computable para
pensión, pues el legislador en su autonomía previó que el tiempo de servicio militar
debía tenerse en cuenta para efectos prestacionales y pensionales y no hizo lo
mismo con el tiempo de los alumnos de la EPN, ni antes ni después del Decreto
407 de 1994, pues el ingreso a la EPN es una forma de optar a un empleo dentro
del INPEC.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que la postura
del Tribunal de no aplicar el Decreto 407 de 1994, no garantiza la especial
protección que el Estado debe brindar al trabajador, además, los artículos 126 y
127 de la referida norma son claros en señalar que el cuerpo de custodia y vigilancia
está compuesto por los alumnos aspirantes a dragoneantes, por lo que el tiempo
de permanencia en la escuela debe ser computado para efectos pensionales.

Que el legislador reconoció que los alumnos de la Escuela Penitenciaria Nacional
integran el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, por ende, deben acceder a los
beneficios, prestaciones y derechos a los cuales tienen derecho como es el
cómputo del tiempo mientras adelantaron el curso de formación.

Que, la Ley 32 de 1986 no regula el estatus jurídico de los alumnos de la escuela,

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lo que sí hace el Decreto 1522 de 1966, articulado que establece su situación
jurídica y los equiparan a servidores públicos subordinados, sujetos al régimen
disciplinario.

Que, es propio de la subordinación el cumplimiento de horarios, de órdenes, de los
reglamentos, las atribuciones y competencias sancionatorias y todo esto está
contenido en el régimen aplicable a los alumnos de la escuela penitenciaria.

Que debe hacerse uso del principio de interpretación más favorable para la
realización de derecho fundamental o pro homine, el cual implica que entre dos
posibles interpretaciones debe privilegiarse la más garantista o favorable para el
titular del derecho.

Que es cierto que la calidad de alumno de la EPN no otorgaba el carácter de
servidor público, pero, igualmente, es claro que la demandante ingresó a una
escuela de formación la cual tiene similares connotaciones de la Escuela de
Formación de la Policía Nacional, por cuanto ambos cuerpos son organismos
armados, de carácter civil, permanente, uniformados y que tienen a cargo un
servicio esencial del Estado como lo define el artículo 2 de la Ley 32 de 1986.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 21 de junio de 2021.9 El INPEC 10 y la parte demandante 11
presentaron escritos reiterando los argumentos expuestos en la primera instancia.

Colpensiones y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

La Sala debe determinar si el tiempo en que la señora Marbell Rocío Herrera Gaitán
adelantó el curso de formación en su condición de alumna de la Escuela
Penitenciaria Nacional, puede tenerse en cuenta como de servicio activo para
efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación establecida en la Ley 32 de
1986.

9 Por el despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernández folio 125.
10 Índice 10 de SAMAI.
11 Índice 12 de SAMAI.

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Del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional y su régimen de personal

La ley 32 de 1986, 12 tiene por objeto regular lo relativo al ingreso, formación,
capacitación, ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional
del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional y es definido como el
«(…) organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de
Justicia e integrado por personal uniformado»13.

En relación con el ingreso al servicio se determina que es necesario, para hacer
parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional en calidad de
guardián, la acreditación de, entre otros 14, el requisito de haber aprobado el curso
de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional, de conformidad con el numeral
8 del artículo 5.

Se dispuso también que son miembros del cuerpo de vigilancia quienes se
encuentran dentro de una de las siguientes situaciones administrativas: en servicio
activo, de licencia, en permiso, en comisión, de vacaciones, o en suspensión 15,
definiendo lo que se entiende por servicio activo, así:

«(…) ARTÍCULO 30. Servicio activo. El miembro del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, se encuentra en servicio activo, cuando ha
tomado posesión del cargo y ejerce plenamente sus funciones. En el servicio
activo los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional,
podrán ser trasladados, encargados y radicados»16. (Subrayas de la Sala).

La Ley 407 de 1994 17, por su parte, destacó que para el régimen de personal se
entiende como empleado o funcionario a «(…) la persona nombrada para ejercer
un empleo y que ha tomado posesión del mismo, para satisfacer necesidades
permanentes de la administración pública 18», cuyo ingreso requiere aceptar por
escrito el nombramiento 19 dentro de los 10 días siguientes a la notificación y
posesionarse dentro de los 10 días siguientes a la aceptación, presentado los
documentos que acrediten las calidades exigidas para el desempeño del cargo.

12 Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
13 Artículo 2 de la Ley 32 de 1986.
14 1) Ser colombiano, 2) 18 años y menos de 25, 3) título de bachiller, 4) definida situación militar, 5) demostrar

antecedentes morales, 6) no condenado, 7) certificado aptitud psicofísica.
15 Artículo 28 de la Ley 32 de 1986.
16 Artículo 2 de la Ley 32 de 1986.
17 Por la cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
18 Subrayas de la Sala
19 Artículo 11 de la Ley 407 de 1994.

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Esta norma reitera lo estipulado en la Ley 32 de 1986, en lo que tiene que ver con
la definición de las situaciones administrativas 20 y lo que se entiende como servicio
activo21, es decir, el ejercicio pleno de las funciones del empleo para el cual se ha
tomado posesión.

De los cursos de formación para el ingreso en la Escuela Penitenciaria
Nacional

Los artículos 6° y 7° de la Ley 32 de 1986, consagran que, una vez reunidos los
requisitos señalados en los numerales del 1°. al 6°. del artículo 5°., el aspirante,
previo concurso, ingresará a la Escuela Penitenciaria Nacional en calidad de
alumno y se someterá al régimen interno de este establecimiento. También que,
una vez aprobado el curso en la Escuela Penitenciaria Nacional, el alumno será
nombrado en calidad de guardián y comenzará a prestar su servicio en el lugar que
le asigne la Dirección General de Prisiones, por un período de prueba de seis (6)
meses.

Al definir la composición, clasificación y categorías del cuerpo de vigilancia, se
indicó que sería de oficiales, suboficiales y guardianes. Definió que serían
guardianes los egresados de la Escuela que hubieran aprobado el curso respectivo,
precisando, además, que serían destinados al respectivo establecimiento
carcelario, una vez finalizado el curso correspondiente 22.

Sobre la duración de los cursos de formación, en el artículo 16, señala que, para
los Oficiales, es de 12 meses; para Suboficiales, de 8 y para los Guardianes, 6
meses.

Con la expedición del Decreto 407 de 1994 23, se estableció que la carrera
penitenciaria y carcelaria «(…) es un sistema técnico de administración de personal,
que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer a
todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público,
la capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la
carrera, conforme a lo establecido en este estatuto», cuyos cursos podrán ser de
formación, orientación, complementación, capacitación, actualización y de
especialización 24.

Dicha normativa define el curso de formación, como aquel que prepara a los
aspirantes a ingresar a cargos en el ramo penitenciario y carcelario para el correcto
desempeño de los mismos, los cuales se adelantarán en la Escuela Penitenciaria

20 Artículo 21 de la Ley 407 de 1994.
21 Artículo 22 de la Ley 407 de 1994.
22 Artículo 28 de la Ley 32 de 1986.
23 Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
24 En su artículo 93.

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Nacional en su sede central o en las regionales y serán de obligatorio cumplimiento
para los empleados que ejerzan funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional.

A su vez, dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
organizará cursos de formación para ingresar a la carrera, debiendo referirse a las
funciones propias de los empleos o a los servidores técnicos a cargo de los
organismos.

A través de estos cursos de formación los aspirantes tienen la posibilidad de
ingresar a un empleo público, adquirir los derechos de carrera y ser inscrito en el
escalafón. Serán nombrados como dragoneantes, una vez aprobado el curso en la
Escuela Penitenciaria Nacional, obtenido el certificado de aptitud médica y
psicofísica, a solicitud de su director.

Por otro lado, el artículo 134 del Decreto 407 de 1994, define el empleo de
dragoneante, en los siguientes términos:

«(…) Son los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan
aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su Director para
ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación
de cumplir las órdenes relativas al servicio y a las funciones de los Directores
Regionales del Instituto, Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales
y suboficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria»25.(Subrayas de la Sala).

Las citadas normas no consagran que el tiempo de los estudiantes -aspirantes-
durante el período de cursos de formación deba incluirse en el cómputo del requisito
legal de los 20 años necesarios para reconocer el derecho a la pensión de vejez,
contrario a lo que ocurre con el personal de fuerza pública a quienes por ley sí se
ha establecido expresamente26.

Régimen pensional de alto riesgo para miembros del cuerpo de vigilancia y
custodia del INPEC

En lo que respecta a la normativa en materia prestacional consagrada para el
personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse en cuenta que incluso
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dichos funcionarios

25 Artículo 2 de la Ley 32 de 1986.
26 Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en su artículo 3, numeral 3.1 señaló:

“Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones,
la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: 3.1. El
derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo
en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. (Negrilla para resaltar).

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ya tenían consolidado un régimen especial desarrollado en la Ley 32 de 1986, la
cual en su artículo 96 previó que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir 20
años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin
tener en cuenta su edad.

No obstante, con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al
presidente de la República facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza
de ley sobre la composición, clasificación y categoría del cuerpo de custodia y
vigilancia, así como sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal
que laboraba en tal calidad, ello en armonía con el artículo 140 de la Ley 100 de
1993.

Por su parte, el Decreto Ley 407 de 1994, en su artículo 168, fijó un régimen
especial en materia pensional para el personal de custodia y vigilancia del INPEC,
el cual respetaba los preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes
ejercían como tal antes del 21 de febrero de 1994.

Sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad, se profirió el Decreto Ley 2090 de
2003 con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno
Nacional en la Ley 797 del mismo año, a fin de regular en materia laboral y
prestacional a los trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo como
lo era el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

Esta Corporación 27 ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo tiempo
para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al
servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005, a partir de la entrada
en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplica el régimen de alto
riesgo allí establecido. Sin embargo, «(…) con anterioridad a dicha fecha se aplicará
el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para
lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad
con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835
de 1994».

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021, radicación:

17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).

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En el parágrafo 5 del Acto legislativo 01 de 2005 se estableció, nuevamente, que
(i) a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 a los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplica el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo y a (ii) quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplica el régimen hasta ese entonces vigente para
dichas personas, por razón de los riesgos de su labor; esto es, el dispuesto para el
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes. 28

Así las cosas, basta con acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se
hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003 –por ser fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003– para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

Resolución al caso concreto

Se encuentra probado que la señora Marbell Rocío Herrera Gaitán adelantó y
aprobó el curso de formación 97, realizado entre el 26 de julio al 21 de diciembre
de 1990, según certificación expedida por el subdirector de la Secretaría Académica
de la Escuela de Formación del INPEC. 29

Que cotizó los siguientes tiempos de servicio: 30

ENTIDAD DESDE HASTA DÍAS ENTIDAD A LA CUAL SE
REALIZARON APORTES
INSTITUTO NACIONAL 19901220 20090630 6767 CAJANAL
PENITENCIARIO
INSTITUTO NACIONAL 20090701 20101007 463 I.S.S.
PENITENCIARIO

Quiere decir que la demandante fue vinculada al servicio activo a partir del 20 de
diciembre de 1990, en calidad de dragoneante, hasta el 07 de octubre de 2010,
permaneciendo en dicha calidad por período de 19 años, 9 meses y 15 días.

Recuerda la Sala que, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 5 del Estatuto
Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional - Ley 32 de
1986-, para hacer parte de dicha entidad en calidad de guardián o dragoneante, es
necesario que se acredite haber aprobado el curso de formación en la Escuela
Penitenciaria Nacional, lo que significa que los alumnos no tienen la calidad de
vinculados, puesto que su nombramiento se hace, únicamente, cuando se tenga
aprobado el curso de formación y, posterior a ello, se realiza su inscripción en la

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2023 radicado: 25000-23-

42-000-2013-06685-01 (1736-2017).
29 Folio 53.
30 Según el Certificado de información laboral visible en el folio 40 del expediente físico.

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carrera penitenciaria, una vez se haya vencido el período de prueba siguiente al
nombramiento.

A su vez, se destaca que son considerados como miembros del cuerpo de vigilancia
quienes se encuentren dentro de una de las siguientes situaciones administrativas:
en servicio activo, de licencia, en permiso, en comisión, de vacaciones, o en
suspensión. Esto quiere decir que los alumnos de la escuela de formación no hacen
parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, pues no se
encuentran en ninguna de las situaciones administrativas definidas en la Ley.

Dicha conclusión es reiterada en el artículo 30 al definir que se es miembro activo
cuando se ha tomado posesión del cargo, razón por la que, -nuevamente-, no
puede concluirse que, cuando se está en calidad de alumno de la escuela de
formación, se es miembro activo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional.

De esta forma, es claro que las citadas normas no consagran que el tiempo de los
estudiantes -aspirantes-, durante el período de curso de formación deba incluirse
en el cómputo del requisito legal de los 20 años necesarios para reconocer el
derecho a la pensión de vejez, contrario a lo que ocurre con el personal de fuerza
pública a quienes, por ley, sí se ha establecido expresamente.

Además, es importante resaltar que solo cuando se está en servicio activo se
despliegan las consecuentes obligaciones prestacionales en cabeza del
empleador, siendo una de ellas el de la afiliación – y efectiva cotización- al fondo
pensional. Sobre el particular, esta Subsección, mediante providencia del 27 de
febrero de 2025 31, expuso:

«(…) Recuérdese que la relación jurídica es el vínculo normativo que une a dos
o más personas o entidades, en torno a intereses o bienes. Este vínculo está
regulado por el derecho y permite que se realicen funciones sociales. La
relación jurídica de afiliación es el acto que demarca el inicio o la inclusión en
el Sistema de Seguridad Social y determina los parámetros de su aplicación.

(…) De este modo, las situaciones de alta y baja se han denominado también
como afiliado cotizante -activo laboralmente- y afiliado no cotizante -sin vínculo
laboral vigente-. Dicha calidad determina el derecho o no a una prestación.

(…) Bajo el mismo supuesto, se resalta que, para que la pensión pueda ser
reconocida, es necesario que hayan mediado cotizaciones efectivas, pues se
recuerda que un afiliado es quien es miembro o socio de una sociedad o

31 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-

25000-23-42-000-2013-05682-01 (4756-2018). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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corporación (…) es decir, quien es participante o aportante de aquella
sociedad»32.(Subrayas de la Sala).

Ahora, en cuanto a la regulación interna de la Escuela Penitenciaria Nacional, de
acuerdo con los elementos probatorios recaudados en primera instancia, según lo
indicó la directora de la escuela en oficio del 25 de noviembre de 2016 (folio 139),
para el año 1990 regía el Decreto 1522 de 1966 por el cual se dictó el estatuto
orgánico de la EPN. Sin embargo, de la revisión de su articulado no se advierte
norma alguna que indique que el tiempo en el que se tiene la condición de alumno
deba computarse para efectos pensionales, lo que se evidencia es una serie de
disposiciones que regulan los derechos, obligaciones y directrices, entre otros, de
los alumnos de la EPN, sin que, -se insiste-, exista artículo alguno que respalde la
teoría del caso que propone la parte demandante.

En cuanto al punto de la subordinación que alega la recurrente, se trata del deber
de sujeción que tienen los alumnos como miembros de una institución de formación,
el cual no implica que el tiempo que se cumple como alumno involucre
necesariamente la prestación del servicio como dragoneante que dé lugar a la
inclusión para efectos pensionales.

Tampoco se acoge el argumento sobre la aplicación del principio pro homine por
cuanto este criterio hermenéutico implica que se debe acudir a la norma más
amplia, -o a la interpretación más extensiva-, cuando se trata de reconocer
derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de
los derechos,33 situación que no es la advertida en el caso bajo estudio.

Finalmente, esta Subsección advierte que en desarrollo de la libertad de
configuración legislativa se expidieron normas como el artículo 45 de la Ley 1861
de 2017 que consagra que el tiempo de servicio militar será computado, entre otros,
para efectos pensionales o, como la Ley 923 de 2004 artículo 3, desarrollado por
el artículo 7.1 del Decreto 4433 de 2004 que permite para efectos de la asignación
de retiro o pensión de sobreviviente liquidar el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación como de servicio, en las cuales se reconocen
ciertas prerrogativas para un sector específico, sin que ello conlleve el
desconocimiento de derechos de raigambre constitucional.

Conforme a las razones anteriores, la Subsección confirmará el fallo apelado que
negó las pretensiones de la demanda.

32 Artículo 2 de la Ley 32 de 1986.
33 Definición traída de la providencia del 25 de febrero de 2016, proferida por la Sección Segunda, en el

expediente 11001-03-25-000-2012-00386-00(1493-12).

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De la condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 34 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Se reconoce personería a la abogada Karla Viviana Díaz Lizarazo con
tarjeta profesional 175.377 del CS de la J para que represente los intereses del
INPEC.35

Cuarto: Se reconoce personería a la abogada Karina Vence Peláez con tarjeta
profesional 81.621 del CS de la J, representante legal de la firma Vence Salamanca
Lawyers Gruop SAS, para que defienda los intereses de Colpensiones. Asimismo,
se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada Adriana María Chingaté
Barbosa con tarjeta profesional 364.036 del CS de la J. 36

Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

34 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
35 Índice 9 de SAMAI.
36 Índice 31 de SAMAI.

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La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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