Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06020-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06020-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06020-02
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de marzo de 2022
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: YOLANDA ESCOBAR CASTILLO
Demandado: MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA
Temas: Traslado docente. Se demostró el vicio de desviación de
poder de los actos demandados. Actuaciones que
atentan contra el derecho de asociación sindical.
Perjuicios morales, improcedencia, toda vez que no se
probó su causación. Medidas de reparación no
pecuniarias.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-048-2022
ASUNTO
Decide la Subsección los recursos de apelación formulados por la parte
demandante y la entidad demandada contra la sentencia proferida el 19 de
mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La señora Yolanda Escobar Castillo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 168 a 169)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución 063 del 7 de febrero de 2013 expedida por el alcalde
del Municipio de Mosquera, Cundinamarca, mediante la cual se
ordenó el traslado de la demandante en su calidad de docente a la
Institución Educativa Roberto Velandia y;
• Resolución 159 del 18 de marzo de 2013 que resolvió de forma
negativa el recurso de reposición interpuesto en contra del acto
primigenio.
2. A título de restablecimiento del derecho ordenar al Municipio de
Mosquera, Cundinamarca, restituir a la señora Yolanda Escobar
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», en adelante CPACA.
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Castillo en el cargo de docente en el área de ética y valores en la
Institución Educativa La Merced, Sede A, en la jornada de la mañana.
3. Conminar al ente territorial demandado a pagar a la libelista una
indemnización económica por concepto de daños morales, los cuales
le fueron causados con el traslado ordenado.
4. Condenar a la entidad demandada al pago de intereses moratorios a
partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme lo ordena el inciso 3.°
del artículo 192 del CPACA.
5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el
artículo 192 ibidem.
Fundamentos fácticos relevantes de la demanda (Folios 171 a 175):
1. La señora Yolanda Escobar Castillo fue vinculada como docente
mediante Decreto 1241 del 31 de julio de 1980, es licenciada en
pedagogía reeducativa, con especialidad en educación y orientación
familiar y sexual.
2. Luego, mediante Decreto 00126 del 1.° de febrero de 2001 fue
trasladada al Colegio Departamental del Municipio de Mosquera como
docente en la jornada de la mañana.
3. Posteriormente, la demandante prestó sus servicios en la Institución
Educativa La Merced desde el 2001, durante más de 10 años en la
jornada de la mañana, dictando la asignatura de ética y valores.
4. La señora Escobar Castillo actualmente se encuentra escalafonada en
el grado 14 y es afiliada a la Asociación de Educadores de
Cundinamarca «ADEC».
5. El alcalde municipal del ente territorial demandado decidió trasladar a
la Institución Roberto Velandia a la libelista bajo el argumento de
necesidades del servicio, según se observa en la Resolución 063 del 7
de febrero de 2013.
6. En contra de la anterior decisión se interpuso el recurso de reposición,
el cual fue resuelto de forma negativa mediante Resolución 159 del 18
de marzo de 2013.
7. El rector José Rafael Peña Fernández del plantel educativo La Merced
carecía de competencia para modificar la planta de personal, empero,
procedió a eliminar la carga académica de la libelista, lo cual afectó de
manera negativa la calidad de la educación e incumplió lo regulado en
el artículo 67 Superior.
8. La carga académica de la demandante fue repartida entre varios
educadores, quienes tienen otras especialidades. Asimismo, el
traslado se llevó a cabo a pesar de existir cuatro vacantes en el plantel
educativo La Merced.
9. La señora Yolanda Escobar Castillo es reconocida crítica de la
administración del rector José Rafael Peña Fernández y es de público
conocimiento la «animadversión» de aquel en contra de los
sindicalistas, grupo del cual hace parte la docente.
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 29 de enero de 2016.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] No hay lugar a la decisión de excepciones previas ni las enlistadas en el
inciso 1 del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, por cuanto no hubo
contestación de la demanda ni el despacho encuentra en este momento la
necesidad de pronunciamiento de oficio.». (Folio 315 y Cd visible a folio 383
del expediente).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] 6.1 Consenso o acuerdo: El despacho propone a las partes el siguiente
acuerdo de HECHOS PROBADOS:
a. Se acepta como hecho probado que mediante Resolución No. 063 del 7 de
febrero de 2013, proferida por el Alcalde Municipal de Mosquera, se trasladó a la
demandante de la Institución Educativa La Merced a la Institución Educativa
Roberto Velandia en el área de Ética y Valores.
b. Se acepta como hecho probado que el 19 de febrero de 2013, bajo el radicado
No. SAC 2013PQR842, la demandante interpuso recurso de reposición contra la
Resolución No. 063 del 7 de febrero de 2013, recurso que fue resulto a través de
la Resolución No. 159 del 18 de marzo de 2013, proferida por el Alcalde
Municipal de Mosquera, en la cual se confirma en todas sus partes la resolución
recurrida.
Se indaga a las partes si están de acuerdo, las que manifiestan que sí. De
conformidad con lo que precede, se tienen como hechos probados por acuerdo
de las partes, los hechos enlistados anteriormente.
6.2 Diferencias. Se procede a fijar el litigio en cuanto a los siguientes asuntos
pendientes de resolver: Determinar (i) si hay lugar a la declaratoria de nulidad de
acto acusado, por el cual se trasladó a la docente Yolanda Escobar Castillo de la
Institución Educativa La Merced a la Institución Educativa Roberto Velandia en el
área de Ética y Valores, y en caso afirmativo, (ii) determinar si la parte
demandante tiene derecho a ser restituida al cargo que ocupaba en la Institución
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Educativa La Merced y si hay lugar al reconocimiento de una indemnización
económica por concepto de daños morales, de conformidad con la norma
reguladora de la materia y los hechos debidamente probados. […]» (Negrillas y
mayúsculas del texto original). (Folios 375 a 376 y CD a folio 383 del
plenario).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
(Folios 521 a 532)
El a quo profirió sentencia escrita el 19 de mayo de 2016, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia precisó que la facultad de la
administración para efectuar los traslados docentes y directivos prevista en el
artículo 22 de la Ley 715 de 2001, derivada de las necesidades del servicio y
no sujeta a un proceso ordinario, se encontraba reglamentada por el artículo
5.° del Decreto 520 de 2010. Aunado a ello, el Decreto 1278 de 2002
regulaba las condiciones para la procedencia de esta figura, la cual estaba
condicionada a las necesidades del servicio con el fin de garantizar la debida
prestación de aquel.
Sostuvo que el traslado docente o directivo no sujeto al proceso ordinario,
era una potestad discrecional de la administración que se encontraba
estrictamente sujeta a las necesidades del servicio, razón por la cual,
resultaba imperativo que la entidad territorial nominadora plasmara las
razones objetivas y de hechos ciertos en el acto administrativo en el que
resolviera lo correspondiente.
Seguidamente, señaló que la modificación a la estabilidad laboral se
encontraba debidamente justificada por el ordenamiento jurídico toda vez
que era deber del Estado garantizar a los niños y jóvenes el servicio público
de la educación, por tal motivo, los intereses del maestro o directivo docente
que se veía afectado con la medida del traslado debían ceder ante el interés
general, sin que ello implicara el ejercicio arbitrario de esa potestad, dado
que esta medida debía estar amparada en las necesidades del servicio y en
la debida motivación.
Analizó las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario e
indicó que las razones que condujeron a la expedición de los actos
demandados se derivan de la adopción de carga académica de la Institución
Educativa La Merced para el año lectivo 2013, luego, contrario a lo aludido
en el libelo introductor, el rector sí tenía competencia para distribuir las
asignaciones académicas del personal perteneciente al plantel a su cargo.
En este sentido, advirtió que al verificar la carga académica de la anualidad
inmediatamente anterior a la que se produjo el traslado de la demandante,
esto es, 2012, había 24 cursos de estudiantes distribuidos entre los salones
601 a 605, 701 a 705, 801 a 805, 901 a 903, 1001 a 1003 y 1101 a 1103. Por
otra parte, para el año lectivo 2013, se produjo una disminución de la
demanda educativa, dado que pasó a tener 23 cursos de estudiantes, no
obstante lo anterior, quedaron pendientes 3 horas de filosofía, 5 horas de
sociales, 5 horas de ética, 2 horas de educación física y 1 hora de religión,
de lo cual se destacaba que la materia ética y valores que dictaba la
demandante, no fue asignada para los salones 704, 801, 802, 803 y 804.
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Bajo esa óptica afirmó que sí se demostró la existencia de 30 horas
semanales menos por dictarse en la Institución Educativa La Merced, por lo
que resultaba razonable que se prescindiera de asignar carga académica a
un docente, sin embargo, no se entendía la razón de la omisión en distribuir
aquella en al menos otros dos docentes más, pertenecientes al plantel
educativo en comento. Aunado al hecho de que a los maestros a los que no
se les asignó carga académica, eran los que estaban inscritos en un
sindicato.
En efecto, estudió los testimonios practicados dentro del plenario para
concluir que estos eran coherentes y consistentes en señalar que los tres
docentes que se encontraban sindicalizados, incluyendo la demandante,
fueron objeto de constantes discriminaciones y tratos despectivos por su
condición de activistas sindicales por parte del rector de la institución
educativa, lo cual permitía inferir que la no asignación de carga académica a
ellos tres, guardó relación con su afiliación sindical.
En esta línea, argumentó que la decisión del rector de la Institución
Educativa La Merced no propendió por las necesidades ni el mejoramiento
del servicio, sino a motivos personales y de persecución contra un grupo de
docentes sindicalizados, por lo cual al sustentarse los actos administrativos
demandados en el hecho de que la demandante no tenía carga académica,
aquellos se encuentran viciados de falsa motivación.
En relación a la petición de la demandante a que fuera restituida a dicho
plantel educativo no era procedente toda vez que se había demostrado que a
la fecha se encontraba retirada del servicio por pérdida de la capacidad
laboral según la Resolución 199 del 19 de agosto de 2014.
De otro lado, respecto del reconocimiento de los perjuicios morales manifestó
que si bien según la historia clínica la demandante padecía de trastorno
depresivo y ansioso, no se tenía certeza que ellos fueron ocasionados por su
traslado del plantel educativo La Merced, y en este sentido, no era
procedente su reconocimiento.
Acorde a lo anterior el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en
su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados; ii) negó las demás pretensiones de la demanda
y; iii) se abstuvo de condenar en costas.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante (Folios 542 a 545): solicitó que se le restablezca el
derecho, en los términos de una indemnización económica por los daños
morales causados y que se declare la responsabilidad de los servidores
públicos llamados en garantía.
Lo anterior acorde con lo expuesto en el salvamento de voto de la
magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino, habida cuenta de que se probó
que la libelista tuvo que ser valorada por medicina laboral en la cual se
conceptuó la reubicación para minimizar la sintomatología desencadenada
por el ambiente laboral. Ello en concordancia con el numeral 2.° del artículo
2.° de la Ley 1010 de 2006 que tipifica la persecución laboral, así como el
literal k) del artículo 7.° de la citada disposición que prevé el acoso laboral.
Arguyó que, si bien la Ley 1010 de 2006 regula un régimen de sanciones en
contra del acosador, en el sub lite, la indemnización que se depreca debe
estar orientada a reparar o compensar el daño moral como consecuencia de
la persecución laboral, y, para tal fin, se debe dar aplicación a la
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
jurisprudencia del Consejo de Estado que trata de la tasación de los
perjuicios.
El ente territorial demandado (Folios 546 a 549): formuló recurso de
apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea
revocada, para denegar las pretensiones del libelo introductor, toda vez que
si bien la demandante alegó falsa motivación como causal de nulidad de los
actos administrativos demandados por acoso laboral, para el a quo, este
vicio se presentaba en razón a que la demandante era sindicalista y ello
generó molestia en el rector de la Institución Educativa La Merced, sin tener
en cuenta que no puede confundir el presunto acoso laboral con la falsa
motivación, pues son dos situaciones totalmente diferentes.
Al respecto, puntualizó que la resolución que ordenó el traslado y la que
resuelve el recurso de reposición, se encuentran debidamente motivadas,
por lo que el presunto acoso laboral por ser sindicalista debe probarse,
contrario a lo ocurrió en el presente caso, por cuanto el tribunal de primera
instancia emitió un juicio de valor respecto de los testimonios rendidos,
testigos que no son objetivos con la realidad fáctica, en tanto se probó que la
demandante nunca ejerció los mecanismos previstos en la Ley 1010 de
2006.
Aunado a lo anterior, afirmó que la deponente María Esperanza Cruz funge
como demandante en otro proceso por los mismos hechos y pretensiones
que aquí se solicitan, lo cual claramente se traduce en su ausencia de
imparcialidad, y que va en contravía de la valoración probatoria, pues para
que un testimonio pueda analizarse, es necesario que la versión provenga de
un tercero ajeno a los intereses de las resultas, circunstancia que no se da
en el sub lite.
En este sentido, destacó que con las pruebas testimoniales recaudadas no
se podían demostrar los hechos imputados, para declarar la nulidad de las
resoluciones demandadas, más aún si se tiene en cuenta que dentro del
plenario se logró probar que en el plantel La Merced para el año lectivo 2013,
se produjo una disminución considerable de la demanda educativa y en ese
sentido, era indispensable trasladar a la docente a otra institución, por tanto,
es evidente que los motivos esbozados en los actos enjuiciados «son
válidos».
Por último, insistió en que no existe prueba que demuestre que la
demandante fue acosada laboralmente y mucho menos que fue perseguida
por tener un fuero sindical, situación que en ningún momento fue expuesta o
probada, por tanto, en su criterio «resulta confuso aceptar que el A-quo basado
en unas declaraciones testimoniales imparciales y que se acomodan a las
pretensiones de la demandante, declare la nulidad de los actos administrativos».
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandada (Folios 566 a 572): reiteró los razonamientos expuestos
en el recurso de apelación e insistió en que no existe prueba del perjuicio
causado, pues no es lógico que por un traslado del plantel educativo, que
queda en el mismo casco urbano de Mosquera, pueda causarse daños, dado
que ni su entorno laboral, ni su remuneración salarial fueron modificados
para que aduzca que ello le causó trastornos depresivos.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal según constancia secretarial visible a folio
573.
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan
controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el caso bajo
estudio.
Cuestión previa –llamamiento en garantía-
La demandante, señora Yolanda Escobar Castillo, en escrito separado y al
momento de presentar la demanda, llamó en garantía a los señores Nicolás
García Bustos como alcalde del Municipio de Mosquera, Gloria Álvarez
Tovar, secretaria de educación de dicho ente territorial y José Rafael Peña
Hernández como rector de la Institución Educativa La Merced. Al respecto,
señaló que la solicitud tiene como objeto preservar adecuadamente los
intereses del Estado.
Hizo referencia a una serie de hechos que rodearon la expedición del acto
administrativo que ataca con la demanda, para luego argumentar que los
servidores públicos llamados en garantía actuaron con dolo, porque todos
conocen las circunstancias arbitrarias en las cuales se ordenó el traslado
(folios 37 a 43 del cuaderno de llamamiento en garantía).
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 9 de
diciembre de 2013, admitió el llamamiento en garantía propuesto por la
demandante, para lo cual citó el artículo 225 del CPACA y consideró que
reunía los requisitos referidos en la norma (folios 48 a 51, ídem).
El Municipio de Mosquera presentó recurso de apelación frente a la anterior
decisión y señaló que como lo prescribe el artículo 225 del CPACA, el
llamamiento en garantía con fines de repetición, se rige por la Ley 678 de
2001 y según lo expuesto por la demandante, el pago y cuantía de la
presunta responsabilidad del tema que se debate, deberá ser asumida por la
entidad demandada, quien a su vez deberá repetir en los términos del
artículo 90 de la Constitución (folios 54 a 55, ídem).
El despacho ponente mediante auto del 27 de noviembre de 2020, resolvió el
recurso de apelación y revocó la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 9 de diciembre de 2013, que admitió el
llamamiento en garantía, al considerar que el estudio de la responsabilidad
patrimonial que les asiste a los servidores públicos convocados, con la
eventual condena que se imponga, es un asunto que únicamente incumbe a
la entidad pública directamente perjudicada, es decir, el legitimado para así
solicitarlo es el Municipio de Mosquera y no la señora Yolanda Escobar
Castillo (índice 9 SAMAI).
De esta forma, la Sala de Decisión no emitirá pronunciamiento alguno en
relación con los llamados en garantía, toda vez que la decisión que los
admitió, fue revocada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
1. ¿Las Resoluciones 063 del 7 de febrero de 2013 mediante la cual se
trasladó del servicio a la docente Yolanda Escobar Castillo de la
Institución Educativa La Merced al plantel Roberto Velandia y 159 del
18 de marzo de la citada anualidad que resolvió de forma negativa el
recurso de reposición, se ajustaron a las exigencias legales y
jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones o, por el
contrario, la entidad demandada incurrió en desviación de poder que
alega la demandante?
De ser positivo el anterior cuestionamiento, se deberá resolver:
2. ¿La libelista tiene derecho al pago de los perjuicios morales que
depreca le fueron generados con ocasión del traslado docente?
Primer problema jurídico
¿Las Resoluciones 063 del 7 de febrero de 2013 mediante la cual se
trasladó del servicio a la docente Yolanda Escobar Castillo de la Institución
Educativa La Merced al plantel Roberto Velandia y 159 del 18 de marzo de
la citada anualidad que resolvió de forma negativa el recurso de reposición,
se ajustaron a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este
tipo de decisiones o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en
desviación de poder que alega la demandante?
Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá lo
siguiente: la demandante logró probar que los actos administrativos a través
de los cuales fue trasladada a otra institución educativa, no tuvieron como
origen la prestación del servicio como lo autoriza la norma aplicable, y por el
contrario, contenían finalidades ocultas, distintas a las previstas en la ley que
autoriza dicha figura, como se sustenta a continuación:
Del derecho de asociación sindical y conductas que atentan
contra aquel
El artículo 39 Superior consagra el derecho a la asociación sindical para
todos los trabajadores y empleados, quienes pueden constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su consagración constitucional
persigue hacer operativo y potencializar el derecho fundamental a la libertad
de constituir organizaciones de trabajadores o de patronos. La norma en
comento prevé:
«Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía
judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza
Pública.». (Resaltado intencional).
Aunado a lo anterior, el artículo 55 de la Carta garantiza el derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las
excepciones que señale la ley, es decir, que allí se instituye el derecho a la
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
libertad de asociación sindical a través de la constitucionalización de los
procedimientos tendientes a la efectividad de dicho derecho, como sucede
en este caso en virtud de los pactos colectivos de trabajo entre las
organizaciones sindicales y sus empleadores, siendo además deber del
Estado promover la concertación y los demás medios para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
Por su parte, los artículos 353 y 354 del CST, señalan:
«Artículo 353. Derecho de asociación. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>
1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los
trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen
el derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y están
sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden
público.
Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.
Artículo 354. Protección del derecho de asociación. <Artículo modificado por el
artículo 39 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. En los términos del artículo 292 del Código Penal queda prohibido a toda
persona atentar contra el derecho de asociación sindical.
2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación
sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de 5 a 100
veces el SMLMV más alto vigente, que le será impuesta por el respectivo
funcionario administrativo del trabajo. Sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar.
Considéranse como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical,
por parte del empleador:
a). Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de
las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa
circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de
mejoras o beneficios;
b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores
en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones
sindicales;
c). Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren
presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;
d). Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su
personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del
derecho de asociación, y
e). Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado,
testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a
comprobar la violación de esta norma.». (Negrillas fuera del texto original).
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Los anteriores literales impiden que el respectivo empleador, quien detenta
los medios de capital, pueda influir en la decisión del trabajador y «obstruir o
dificultar» la afiliación al sindicato mediante mecanismos como dádivas,
promesas o reconocimiento de beneficios. De paso se protege que el
empleador restrinja la afiliación, se evita la injerencia indebida en su destino;
y se ampara el derecho básico a la existencia misma de la organización
sindical, que se vería amenazada si se permitiera que el empleador ofreciera
privilegios por no afiliarse, creara condiciones más favorables para quienes
no se afilien o sujetara la permanencia en el empleo a la circunstancia de no
pertenecer al sindicato.
A su vez, este derecho se encuentra reforzado en el orden interno a través
del llamado «bloque de convencionalidad», en virtud del cual se integran
diferentes instrumentos de derecho internacional que directa o
indirectamente consagran esta prerrogativa, tales como (i) la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948; (ii) el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (iii) el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y (iv) los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por Colombia
mediante las Leyes 26 y 27 de 1976.
Al respecto, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala que:
«1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales,
deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales,
y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía».
Y sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
considerado, en general, que este derecho «supone que cada persona pueda
determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación»3.
Mientras que particularmente en materia sindical, la CIDH ha explicado que
es «la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su
estructura interna, actividades y programas de acción, sin intervención de las
autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por
otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción
alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho
fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito sin presiones o
intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad4.».
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, el derecho de
asociación sindical tiene el carácter de fundamental, y constituye una
modalidad de los derechos de libertad de pensamiento, expresión y
3 Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C. No.
72, párrafos 156 y 159.
4 Caso Escher y otros vs. Brasil, Sentencia del 6 de julio de 2009, Serie C. No. 200, párrafo
69.
5 T-115 de 1992, T-441 de 92, C-085 de 1994, C-385 de 2000, T-512 de 2001, T-527 de
2001, T-678 de 2001, T-733 de 2001, T-1328 de 2001, T-077 de 2003, T-133A de 2003, T-
367 de 2017.
11
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
asociación, y además, es inherente al derecho al trabajo, toda vez que
consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir
formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en
defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización
previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o
de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la
Constitución.
En este sentido, ha sostenido el alto tribunal constitucional6 que el derecho
de asociación comporta una función estructural en el seno de la sociedad y
de la democracia, en cuanto constituye una forma de realización y de
reafirmación del Estado Social y Democrático de Derecho,7 porque permite la
integración de individuos a la pluralidad de grupos, y por lo tanto, debe ser
especialmente reconocido y protegido por todas las ramas y órganos del
Poder Público.
Puesta así la situación, y una vez demarcados los fundamentos tanto
jurisprudenciales como legales del derecho fundamental a la asociación
sindical, al igual que su definición y ámbito de protección, se hace necesario
señalar que la referida Alta Corte8 en reiteradas oportunidades ha
puntualizando tres conductas indebidas del empleador que resultan
contrarias al mencionado derecho fundamental, a saber:
“(i) desalentar a los posibles asociados, sancionarlos o discriminarlos por
hacerlo9; (ii) acudir a la facultad de terminación del contrato sin justa causa
respecto de alguno de los miembros de la organización con el propósito de
afectarla10; (iii) adoptar conductas discriminatorias basadas en la circunstancia
de estar o no afiliado al sindicato, favoreciendo a los no sindicalizados en contra
de los sindicalizados, como cuando se hace uso de “los factores de
remuneración o de las prestaciones sociales para golpear a quienes se asocian,
para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de
este”11, creando diversos planes de beneficios, favoreciendo a los no afiliados al
sindicato”12. (Citas pertenecen al texto original).
Bajo dicho entendido, tales conductas, además de atentar contra el derecho
de asociación sindical, en relación con el artículo 39 de la Constitución,
también contravienen lo previsto por los artículos 2.°, 3.° y 11 del Convenio
87 de la OIT, los artículos 1.° y 2.° del Convenio 98 de la OIT13 y el artículo
354 del C.S.T.
6 C-1491 de 2000.
7 T-082 de 2002.
8 Sentencia T-619/13. Referencia: expediente T-3912895.
9 Sentencia T-340 de 2012.
10 Sentencia T-616 de 2012.
11 Sentencia T-136 de 1995. Como lo señala esta providencia cuando se favorece a los
trabajadores no sindicalizados, no solo se atenta contra el derecho de asociación sindical
consagrado en el artículo 39 de la Carta Fundamental, sino además, contra el elemental
derecho a la igualdad.
12 Sentencia T-330 de 1997. En esta providencia se estudió el caso de un empleador que a
los trabajadores no sindicalizados les ofrecía condiciones más favorables, en relación con
los sindicalizados, como por ejemplo: precios más bajos en el casino, una prima de
asistencia, artículos de aseo de mejor calidad, entre otros. Considerándose que esta
conducta atentaba contra los derechos de igualdad y asociación sindical.
13 «Artículo 1.- 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto
de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la
de dejar de ser miembro de un sindicato; b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en
cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales. […]».
12
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Lo procedente reafirma el carácter fundamental del derecho de asociación y
que conductas tales como sujetar la admisión y permanencia en el empleo
bajo la condición de no afiliarse al sindicato, otorgar privilegios para
desestimular la afiliación, crear regímenes diferenciales entre los no
sindicalizados y los sindicalizados en perjuicio de estos últimos, al igual que
los despidos masivos de trabajadores de aquellos, así como suspender o
modificar las condiciones de trabajo de dicho personal, constituyen actos que
atentan contra la libertad sindical.
Del traslado docente
Al regular lo concerniente al traslado docente para la debida prestación del
servicio educativo, entendido este como una facultad del empleador para
modificar las condiciones de trabajo en cuanto a modo, lugar, cantidad y
tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus
empleados, la Ley 715 de 200114 en su artículo 22 señaló lo siguiente:
«Artículo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio
educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se
ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la
autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado
cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.
Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios
certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado,
un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales.
Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo
con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición
de las plantas de personal de las entidades territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición. […]». (Resaltado de la
Sala).
La normativa trascrita fijó las condiciones para el traslado docente o directivo
docente identificando dos circunstancias, la primera cuando se realiza dentro
de la misma entidad territorial, y la segunda, entre departamentos, distritos o
municipios certificados. Respecto del primer evento, señaló que se ejecutará
discrecionalmente y mediante acto administrativo motivado por la autoridad
nominadora departamental, distrital o del municipio certificado y, en cuanto al
segundo, precisó que además del acto administrativo motivado es necesario
un convenio interadministrativo entre las diferentes entidades territoriales.
El citado artículo 22 de la Ley 715 de 2001, fue objeto de demanda de
exequibilidad ante la Corte Constitucional, la cual a través de la sentencia C-
918 de 200215, se pronunció sobre la pretensión relacionada con la facultad
discrecional que tiene el nominador para realizar el traslado docente.
Al respecto señaló que no es una discrecionalidad absoluta, incompatible con
los principios del Estado de derecho, sino que debe estar acorde con las
necesidades del servicio. Para el efecto consideró:
14 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros».
15 Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002, referencia: expediente D-3996. Demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley 715 de 2001, artículo 2.°, parcial, parágrafo 1°, artículos
5, 5.2, 5.5, 5.13, 6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.15, 7, 7.1/7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.15, 8,
8.2, 8.3, 9 parágrafo 1,4, artículos 13, 14, 15, 16.1.1,17, 18, 22, 27, 38, parágrafo 2.°, articulo
41 parcial.
13
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
«[…] De un lado la discrecionalidad no viola per se el Estado de derecho, pues
no es sinónima de arbitrariedad y se encuentra sometida a controles judiciales.
De otro lado, el deber de motivación es una garantía contra eventuales
arbitrariedades, pues obliga a las autoridades a explicar las razones que justifican
el traslado, lo cual además facilita el control judicial de esas actuaciones.
Finalmente, y como bien lo destacan varios intervinientes, el actor yerra al afirmar
que la Ley 715 de 2001 carece de criterios que orienten los traslados. Esa
aseveración del demandante nace de una lectura fraccionada de la norma
impugnada, e ignora lo dispuesto en los artículos 22 y 40 Parágrafo 1°, de la
misma Ley 715 de 2001, en los cuales se indican las normas a las cuales han de
atender los traslados de docentes.
Dichas disposiciones prevén reglas de procedimiento y limitan el poder
discrecional de la actuación administrativa, al disponer el traslado de docentes.
Así, el artículo 22 establece que los traslados proceden "para la debida
prestación del servicio educativo" y requieren de un convenio interadministrativo
si se realiza entre distintas entidades territoriales.
Además, la disposición señala que esos traslados proceden "estrictamente de
acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la
composición de las plantas de personal de las entidades territoriales". Por su
parte, el parágrafo 1 del artículo 40 fortalece esas garantías, pues señala
prioridades para los traslados entre departamentos, así: vacantes, plazas recién
provistas por la incorporación de quienes tenían orden de prestación de servicios,
docentes vinculados con una antigüedad no mayor de 5 años.
Todo esto muestra que la discrecionalidad para los traslados no es absoluta.
Además, la Corte recuerda que el código Contencioso Administrativo dispone un
principio que rige la actividad administrativa, en general y que funciona
expresamente como mecanismo garante contra la eventualidad de una decisión
administrativa discrecional absolutamente. En efecto, el artículo 36 de ese cuerpo
normativo establece que, "en la medida en que el contenido de una decisión, de
carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de
la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.
[…]».
La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 3222 de 10 de
noviembre de 200316, que en su artículo 2.° determinó que el acto
administrativo de traslado docente y directivo docente debe ser motivado y
fundado en razones del servicio, en los siguientes términos:
«Artículo 2º. Traslados por necesidades del servicio. Cuando para la debida
prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo
docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado mediante acto
administrativo debidamente motivado. Para todo traslado la autoridad
nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la
disponibilidad presupuestal.
Los traslados por necesidades del servicio son de carácter discrecional y
pueden tener origen en:
a) Disposición de la autoridad nominadora
b) Solicitud de los docentes o directivos docentes. […]». (Negrillas del texto
original).
Conforme al contenido de la norma trascrita se colige que tratándose del
traslado por necesidades del servicio de un docente o directivo docente,
éste: i) puede originarse en disposición de la autoridad nominadora o por
16 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, en relación con traslados
de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales.
14
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
solicitud del propio educador o directivo docente; ii) para su ejecución se
requiere de acto administrativo debidamente motivado; y, iii) el nominador
debe atender las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal
respectiva.
Empero, posteriormente, el Decreto 520 del 17 de febrero de 2010 17, el cual
derogó el Decreto 3222 de 2003, en sus artículos 2.° y 5.° previó que el
traslado de docentes que atienden el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica y media, administrados por cada una de las entidades
territoriales certificadas en educación, atendería de una parte, un proceso
ordinario y de otra, con ausencia de aquel.
En efecto, en cuanto al primero, se tiene que el artículo 2.° ibídem señaló
que cada entidad territorial certificada en educación deberá implementar el
proceso para tramitar los traslados que tengan origen en solicitud de los
docentes o directivos docentes, el cual debe desarrollarse, de la siguiente
manera:
«[…] 1. El Ministerio de Educación Nacional fijará cada año, antes de la iniciación
del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el cronograma para
la realización por parte de las entidades territoriales certificadas del proceso de
traslados ordinarios de docentes y directivos docentes al servicio de las
entidades territoriales certificadas, con el fin de que al inicio del siguiente año
escolar los docentes trasladados se encuentren ubicados en los establecimientos
educativos receptores para la oportuna prestación del servicio educativo.
2. Cada entidad territorial certificada expedirá un reporte anual de vacantes
definitivas, por establecimiento educativo, considerando las sedes, haciendo uso
del sistema de información de recursos humanos del que disponga, con corte a
30 de octubre de cada año para calendario A y 30 de mayo para calendario B.
3. Con base en el cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el
reporte anual de vacantes, antes de la iniciación del receso estudiantil previsto en
el Decreto 1373 de 2007, la entidad territorial certificada convocará al proceso de
traslado mediante acto administrativo, en el cual detallará las necesidades del
servicio educativo por atender mediante traslado ordinario de docentes y
directivos docentes, con la indicación del cargo directivo o del área de
desempeño para el caso de los docentes, localización del establecimiento
educativo, considerando las sedes, requisitos, oportunidad y procedimiento para
la inscripción en el proceso de traslados, información sobre los criterios de
priorización para la definición de los mismos, fechas para la verificación del
cumplimiento de los requisitos y de expedición de los actos administrativos de
traslado.
4. Cada entidad territorial certificada deberá realizar la difusión de la convocatoria
durante un periodo mínimo de quince (15) días hábiles, anteriores a la fecha en la
cual dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de los
medios más idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en el
sitio web de la secretaría de educación correspondiente y en lugar de fácil acceso
al público.
5. Cumplidas las actividades programadas en el cronograma del proceso de
traslados, la autoridad nominadora de cada entidad territorial certificada adoptará
la decisión que corresponda y la comunicará al docente o directivo docente, así
como a los rectores o directores rurales de los establecimientos educativos
donde se hayan de producir los cambios. […]».
En relación con los traslados no sujetos al proceso ordinario, se determinó
que cuando por necesidades del servicio de carácter académico o
17 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso
de traslado de docentes y directivos docentes.
15
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
administrativo que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la
continuidad del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o
directivo docente, la autoridad nominadora de la entidad territorial efectuará
el traslado mediante acto administrativo debidamente motivado en cualquier
época del año, considerando en su orden las solicitudes que habiendo
aplicado el último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. Para
el efecto el artículo 5.°18 del Decreto 520 de 2010 previó:
«Artículo 5º. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora
efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto
administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin
sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata este Decreto, cuando se
originen en:
1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban
ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación
del servicio educativo. En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe
adoptar la decisión correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes
que habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan
alcanzado.
2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base
en la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del
comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud.
4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro
de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo
directivo.»
Conforme a los contenidos de las normas referenciadas se observa que los
traslados de docentes y docentes directivos pueden provenir (i) por solicitud
del propio profesor, evento en el cual se deberá someter a un trámite
ordinario el cual se lleva a cabo al inicio del receso estudiantil y de
conformidad con el cronograma que fije el Ministerio de Educación Nacional,
con la finalidad de que al inicio del año siguiente los docentes trasladados ya
se encuentren reubicados, y (ii) de manera discrecional, en cualquier época
del año cuando las necesidades del servicio de carácter académico o
administrativo así lo requieran para garantizar la prestación continua del
servicio educativo, por razones de salud y de conveniencia.
De esta manera, es claro que la potestad discrecional de la administración
para ordenar traslados de docentes no es absoluta, sino que se encuentra
limitada, de una parte, por elementos objetivos que responden a
necesidades públicas en la prestación del servicio de educación y, de otra,
por una naturaleza objetiva que atiende las circunstancias personales del
docente o de su núcleo familiar.
Aunado a lo anterior, se hace necesario resaltar que dicha facultad se
encuentra sometida a la debida motivación, de ahí que si una decisión de
esa naturaleza se aparta de las razones concretas y fundamentos fácticos
ciertos que sustentan la necesidad del servicio para que se efectúe el
respectivo traslado, ese acto estará viciado por las causales de nulidad de
falsa motivación o desviación de poder.
18Ello en concordancia con lo previsto en los artículos 52 y siguientes del Decreto 1278 de
2002, que reguló el Estatuto de Profesionalización Docente.
16
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
La desviación de poder
Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda
vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de
restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los
fines públicos.
Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores
públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores
públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las
leyes, los reglamentos, etc.
Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es
explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en
«ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir,
los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de
derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como
antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo,
también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos
atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una
regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición
a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados
todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la
desviación de poder […]»19.
Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien
puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades
legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le
corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar
la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder20 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del
derecho público y con el fin de someter los actos administrativos
discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que
precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la
discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:
«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales
de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los
orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la
huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas
experiencias prácticas y jurisprudenciales […]
[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de
forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho
Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su
control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo
los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los
actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la
19 Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
20 La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
17
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la
tendencia continúa […]»21.
Bajo dicho entendido, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas
de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se
ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada
para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y
legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez
administrativo perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y
que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera
con los principios constitucionales.
Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder,
el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado
institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo
o una ley22. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico»
provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e
intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de
ser indirecto o mediato.
Por su parte, esta Subsección23 ha efectuado el análisis sobre la desviación
de poder desde esta misma óptica. Al respecto:
«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el
entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que
hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y
del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las
normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el
mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado
consistente en acreditar suficientemente su configuración.
De esta forma, demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma24.
Se demostró que el acto de traslado de la docente se encuentra
viciado de nulidad por desviación de poder
Bajo el contexto legal y jurisprudencial citado en precedencia, es necesario
analizar el acervo probatorio recaudado y practicado en el presente proceso
a fin de evidenciar si los actos demandados se expidieron en acatamiento de
21 Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid,
Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.
22 Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de
2009. Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
24 Al respecto, se puede consultar la sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).
18
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
los requisitos legales exigidos para determinar la concreción del derecho en
litigio.
Al respecto se observa que en el expediente reposan las siguientes pruebas
documentales relevantes para la resolución de la controversia:
Documentales
La señora Yolanda Escobar Castillo se posesionó el 14 de julio de
1980 como maestra de la Escuela de Caparrapí Alcibiades Suárez
(folio 43). De igual forma, de conformidad con certificación del 7 de
febrero de 2017, la Secretaría de Educación de Mosquera hizo constar
que ingresó como docente del Municipio de Mosquera a partir 14 de
julio del mismo año y actualmente tiene nombramiento en propiedad
(folio 38).
Luego, acorde con el Decreto 2693 del 11 de junio de 1980, fue
nombrada como maestra de la Escuela Campo Alegre (folio 44).
Posteriormente, el 31 de julio de 1980 se le trasladó al plantel
educativo Guaduas Caparrapí (folio 45), continuó en ejercicio de la
docencia sin solución de continuidad en calidad de docente en varias
escuelas (folios 46 a 51).
Por último, prestó sus servicios en la Institución Educativa
Departamental La Merced a partir del 1.° de febrero de 2001,
conforme Decreto 0026 de la mencionada fecha (folios 52 y 53).
El rector del colegio La Merced mediante Resolución 002 del 24 de
enero de 2013, efectuó la asignación académica de los docentes de
dicho ente, para el año lectivo 2013 (folios 419 a 424 vuelto), de lo
cual se resalta que cada docente dictaba 22 horas semanales y
respecto de lo que interesa para resolver la presente litis, se encuentra
que:
«
ÁREA ASIGNATURAS DOCENTE ESPECIALIDAD ESCALAFÓN GRADOS I.H TOTAL
HORAS
WILLIAM HUMBERTO COMUNICADOR 1101, 1102, 1103, 1002, 4 12
ESPAÑOL MURILLO SOCIAL 2A 1003, 4 8
ÉTICA CASTRILLÓN 1002 1003 1 2
ESPAÑOL AMPARO CRUZ LIC. ÁREAS 601, 602, 603, 604 4 16
INGLÉS OCHOA MAYORES ESPAÑO 14 701 4 4
ÉTICA E INGLES 601, 602 1 2
HUMANIDADES ESP.ED.AMBIENTAL
EPAÑOL ELSA INÉS LIC. LINGÜÍSTICA Y 605 4 4
RODRÍGUEZ LITERATURA ESP. 14 701, 702, 703, 704 4 16
GARAVITO LENGUA ESCR.
LIC. ESPAÑOL- 801, 802, 803, 804 4 16
ESPAÑOL ANA MERCEDES INGLES 13 702, 704 3 6
INGLÉS BOHÓQUEZ GÓMEZ ESP. LINGÜÍSTICA
APLICADA AL
INGLES
ESPAÑOL NANCY JANETH HUMANIDADES 2A 1001 4 4
ÉTICA MOYANO ESPAÑOL E INGLES 901, 902, 903, 904 4 16
902,1001 1 2
INGLÉS JUAN AGUSTÍN LIC. LINGÜÍSTICA Y 14 601, 602, 603, 604, 605 4 20
PÉREZ MORENO LITERATURA 702, 704 1 2
ESP. ARTE Y
FOLCL.
INGLÉS MARÍA CRISTINA LIC. FILOLOGÍA E 13 901, 902, 903, 904 4 16
RAMÍREZ IDOMAS 801 4 4
VELÁSQUEZ 1101, 901 1 2
LENGUA INGLÉS GUDELIA LIC. INGLÉS Y 14 1101, 1102, 1103 3 9
ETRANJERA FRANCÉS EDILBERTINA FRANC 1001, 1002 3 6
RODRÍGUEZ RAMOS ESP. ORIENT. ED. Y 1101, 1102, 1103 1 3
DES. HUMANO 1001, 1002 1 2
1102, 1103 1 2
INGLÉS CARMENCITA LIC. INGLÉS Y 14 1003 3 3
FRANCÉS RODRÍGUEZ FRANCÉS 1003 1 1
INGLÉS MARTÍNEZ ESP. INGLÉS 802, 803, 804 4 12
ÉTICA 703 4 4
1 2
TEC. E VÍCTOR MANUEL ING. DE SISTEMAS 2A 1101, 1102, 1103 1 3
INFORMÁTICA ÁNGEL RAMÍREZ 1001, 1002, 1003 1 3
TECNOLOGÍA TEC. E REINA MARIVELLY LIC. AD. 804 2 2
E INFORMÁTICA URBINA MARTÍN EDUCATIVA 2A 701, 702, 703, 704 2 8
INFORMÁTICA ESP. INFORMÁTICA
ÉTICA PARA LA GESTIÓN 601, 602, 603, 604, 605 2 10
EDUCATIVA 605, 701 1 2
ESPC.
INFORMÁTICA-
TELEMÁTICA
19
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
POR ASIGNAR:
FILOSOFÍA 1001 3H
SOCIALES 605 5H
ÉTICA 704, 801, 802, 803, 804 5H
ED. FÍSICA 604 2H
RELIGIÓN 601 1H
TOTAL HORAS 690
». (Negrillas de la Sala).
En la parte considerativa de dicho acto administrativo y en relación
con la intensidad horaria se indicó que en básica primaria eran 25
horas semanales y en secundaria media 30 (folio 31).
Mediante Oficio fechado 25 de enero de 2013, el rector de la
Institución Educativa La Merced, le informó a la señora Yolanda
Escobar Castillo (folio 17), lo siguiente:
«[…] Comedidamente me permito informarle que luego de efectuada la
Asignación Académica para el Año Lectivo 2013, usted ha quedado como
Excedente en la Planta de la Institución. Por lo anterior debe presentarse
ante la Secretaría de Educación para que le sea asignada una Ubicación
dentro del Municipio de Mosquera. […]».
Ante dicha decisión, la interesada elevó petición ante la rectoría de la
institución en comento, con el fin de que se le informaran los motivos
que fueron tenidos en cuenta para suprimir la carga académica (folios
20 a 21).
A través de Oficio del 18 de febrero de 2013, se dio respuesta a la
solicitud en los siguientes términos:
«[…] Al punto 4, se debe analizar y hacer un balance sobre los factores de
cambio: hay beneficios para Usted y para la Institución que la reciba, la
cual seguramente es de igual o superior calidad de La Merced, y será
merecedora de contar con Docentes de su calidad, además, desde la
rectoría y coordinadamente con mis superiores inmediatos, se hacen
cambios que son discrecionales y saludables para la comunidad y para la
Institución. […]».
Luego, la señora Escobar Castillo elevó nuevamente petición ante la
Secretaría de Educación de Mosquera (folios 25 a 27), en el sentido
de que:
«[…] 1. Se rindan los trámites y diligencias correspondientes en su
despacho como corresponde de acuerdo a la legislación educativa
colombiana y garantizando los derechos ciudadanos y sobre todo de los
niños, para que se respete el derecho fundamental consagrado en la
Constitución Política, a la educación de los menores de edad que en estos
momentos no están recibiendo sus clases correspondientes, producto de la
situación arriba señalada.
2. Se verifique la aprobación por parte del consejo académico de las
plazas excedentes, la supresión de cursos y la asignación de cargas
académicas de acuerdo al perfil de los docentes y a las políticas señaladas
en el PEI para luego de ser aprobadas por el Consejo Directivo.
3. Se tenga en cuenta la solicitud de traslado de la Docente Martha Isabel
Delegada del área de Ciencias Sociales a la Jornada de la tarde de la IE
La Merced […].
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
4. Se reconsidere la asignación de la carga académica de acuerdo a los
perfiles de los docentes, por cuanto una vez organizada existen dieciséis
horas para otro profesor. Estas me podrían ser asignadas en el área de
Ética complementando el resto con un proyecto de la Escuela de Padres.
5. Se establezca por parte de su gestión si los hechos descritos
anteriormente pueden obedecer a conductas por parte del Rector José
Rafael Peña Fernández, ante la suscrita, de exclusión, que en su efecto
puedan constituirse como Acoso Laboral. […]».
La Secretaría de Educación Municipal del Mosquera por medio del
Oficio 1106.34.13.129 del 18 de febrero de 2013 (folios 30 a 31), dio
repuesta conforme a las siguientes consideraciones:
«[…] Todos los docentes y directivos docentes que laboran en las
Instituciones Educativas Oficiales revisten una gran importancia para la
prestación del servicio educativo de los niños, niñas y jóvenes de nuestro
municipio, en este sentido, para la Administración Municipal no existen
docentes “excedentes” por cuanto las decisiones que se tomen en cuanto
a reubicación de docente y/o directivos docentes, obedecen única y
exclusivamente a la atención de las necesidades educativas existentes en
las Instituciones Educativas del Municipio, lo anterior atendiendo al
mandato constitucional del derecho a la educación, y en cumplimiento de
las normas vigentes que regulan la materia.
Por otro lado, atendiendo la solicitud de que se le respete su carga
académica en el área de Ética y Valores, de manera atenta le informamos
que para garantizar precisamente su asignación académica en dicha área
es necesario acudir a la reubicación en otra Institución Educativa del
Municipio donde se pueda atender la necesidad del servicio educativo en
el área de Ética y Valores. […]».
De igual forma, complementó la información por medio de Oficio
1106.34.13-133 del 19 de febrero de 2013 (folios 28 a 29), en el
siguiente sentido:
«[…] El estudio técnico de asignación académica obedece a los siguientes
criterios: número de grupos, número de docentes y parámetros técnicos
definidos por el Ministerio de Educación Nacional, para el nivel Secundaria
y Media Académica.
En ese orden de ideas y de acuerdo con la distribución realizada por el
Rector de la Institución Educativa La Merced, de las asignaciones
académicas de los docentes asignados a dicha institución, consagradas en
las Resoluciones Rectorales del año 2013, se encontró que no hay
asignación académica completa (22 horas) para cuatro (4) docentes del
nivel secundaria en dicha institución. […]». (Resaltado intencional).
Por medio de Resolución 063 del 7 de febrero de 2013 signada por el
alcalde municipal de Mosquera, Cundinamarca, se trasladó a la
docente Yolanda Escobar Castillo de la Institución Educativa La
Merced a la Roberto Velandia (folios 2 a 4), conforme con las
consideraciones que se insertan a continuación:
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
El anterior acto administrativo fue notificado a la demandante el 12 de
febrero de 2013 (folio 5).
La libelista interpuso recurso de reposición el 19 de febrero de 2013
(folios 12 a 15), que fue resuelto de forma negativa por medio de
Resolución 159 del 18 de marzo de 2013 (folios 6 a 10), acorde con lo
siguiente:
«[…] 2. En cuanto a la devolución de su plaza, se debe tener en cuenta
que según lo expuesto en el punto anterior por competencia le
corresponde a los Rectores de cada Institución Educativa la distribución de
la asignación académica, en lo referente a su caso en particular la
disminución en la matrícula para el año 2013 de la Institución Educativa La
Merced, por tal motivo el Señor Rector de la Institución Educativa al
distribuir la asignación académica de los docentes a su cargo, envía
informe a la Secretaria (sic) de Educación de las novedades sobre los
docentes a los cuales no se asigno (sic) dicha carga, dando esto lugar a la
reubicación en otra Institución Educativa del Municipio donde se genera la
necesidad de docentes por aumento de matrícula, como es el caso de la
Institución Educativa Roberto Velandia.
3. El procedimiento adoptado por el Señor Rector de la Institución
Educativa, es claro para este despacho que se actuó de conformidad con
lo señalado en las normas ya mencionadas, y que se (sic) genero (sic)
Resolución Rectoral N°002 del 24/01/2013 “Por medio de la cual se
efectúa la Asignación Académica de los Docentes de la Institución
Educativa La Merced, de Mosquera (Cundinamarca) para el Año Lectivo
2013”.
[…]
5. Los criterios que se tomaron para la supresión de cursos en la
Institución Educativa La Merced, obedecen al cierre de algunos salones
para las adecuaciones de la planta física del Bloque A de la Institución en
mención que se encontraban en gran estado de deterioro y a los
lineamientos señalados en el Decreto 3020 de 2002 y Decreto 1850 de
2002, así como al acatamiento de la solicitud de disminución del
hacinamiento en los salones por parte de la comunidad educativa de la
Institución Educativa La Merced.
6. En cuanto a los conceptos emitidos por los Concejos (sic) Directivo y
Académico de la Institución Educativa La Merced, queremos recordarles
que de conformidad con los artículos 23 y 24 del Decreto 1860 de 1994
referente a las funciones del Concejo (sic) Directivo y Académico
respectivamente, no es de resorte de los mismos definir sobre las
asignaciones académicas de los docentes, teniendo en cuenta que esta
competencia es exclusiva de los Rectores, como ya se menciono (sic) en
las respuestas anteriores.
7. La relación técnica alumno/docente y alumno/grupo, reportada por el
Rector de la Institución Educativa La Merced, está conforme al Plan de
Estudios Institucional para la vigencia 2013, el cual es aprobado por el
Consejo Académico en la primera reunión que se desarrolla al inicio del
año escolar; en él aparece plasmada la intensidad horaria para cada área
y/o asignatura del mismo. La relación técnica grupo/número de Estudiantes
en la Básica Secundaria y Media es de 40 Estudiantes en Promedio por
Grupo.
[…]
11. En cuanto esta (sic) solicitud, queremos que tenga en cuenta que
existe una oficina de control interno disciplinario en nuestro municipio que
es la encargada de iniciar las correspondientes investigaciones, en cuanto
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
al presunto abuso de autoridad que menciona por parte del Rector de la
Institución Educativa La Merced, y a la cual se enviara (sic) copia de lo
actuado dentro de este caso.
[…]
Que el traslado efectuado mediante Resolución N° 063 07/02/2013 en
ningún momento se quiere desmejorar a la docente en desarrollo de sus
funciones, ya que el municipio (sic) de Mosquera no posee
establecimientos educativos de difícil acceso y mucho menos con riesgo
de seguridad para los educadores pertenecientes a nuestra planta de
personal.
[…]
Que la Institución Educativa Roberto Velandia no cuenta con la planta
docente suficiente para suplir las necesidades de atención a la población
escolar en el nivel básica secundaria y media y la Licenciada cuenta con
calidades para desempeñarse en cualquiera de las Instituciones
Educativas pertenecientes a este municipio, por tanto se adoptó la decisión
discrecional de efectuar el traslado en mención. […]». (Cursiva del texto
original).
A su turno, mediante Oficio 1022.33.01-119 del 22 de mayo de 2013,
la Secretaría de Desarrollo Institucional del Municipio de Mosquera,
dio repuesta a una petición elevada por la demandante el 26 de
marzo de 2012 (folio 35), acorde con los siguientes argumentos:
«[…] Con el debido respeto y de manera comedida, me permito aclarar que
el documento al que usted hace alusión en el oficio referido no está
haciendo ninguna solicitud específica a solucionar, mas (sic) sin embargo
este despacho evidencia un mal ambiente laboral, para lo cual esta
secretaria (sic) cito (sic) a reunión de convivencia laboral el día 16 de mayo
de 2013, en donde el comité reviso (sic) su caso y refirio (sic) que no se
evidencian motivos de fondo por el (sic) cual (sic) deba ser conocido por
dicho comité, ya que dichas docentes Esperanza Cruz y Yolanda Escobar
Castillo fueron trasladadas a la Institución Educativa Roberto Velandía
(sic), por motivos de arreglos locativos se tuvieron que reubicar en otras
instituciones mediante las Resoluciones 062 y 063 de 2013 situación que
revela que no hay existencia actualmente de relación laboral con el señor
Jorge Silva y el señor rector José Rafael Peña.
Como consecuencia y por sustracción de materia y carencia de objeto no
hay lugar a que exista intervención del comité de convivencia laboral. […]».
Según el plan de estudios del año 2012 del plantel educativo La
Merced, da cuenta de que la demandante dictaba 22 horas en el área
de ética y valores. Aunado a ello, que había 24 cursos de estudiantes
para distribuir la carga académica entre los salones 601 a 605, 701 a
705, 801 a 805, 901 a 903, 1001 a 1003 y 1101 a 1103 (folios 406 a
409).
Testimoniales
Dentro del trámite de la audiencia inicial, a solicitud de la parte activa, se
decretaron los testimonios de los señores Queipo Ferley Correa Flórez,
María Esperanza Cruz Espejo y Luis Fernando Abadía Tasamá (folios 376 a
377 y cd obrante a folio 383), los cuales fueron practicados en la audiencia
de pruebas llevada a cabo el 16 de marzo de 2016 (folios 426 a 428 y cd
visible a folio 436), de la siguiente manera:
24
Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
María Esperanza Cruz Espejo
«[…] Preguntado: ¿Es usted familiar, pariente o tiene algún vínculo con Nicolás
García Bustos, Gloria Álvarez Tovar o José Rafael Peña Fernández? Contestó:
Eran mis jefes del año pasado y los conocí. Al señor José Rafael Peña
Fernández desde el 2010 que llegó allá a Mosquera, luego cuando fue nombrado
alcalde y fue elegido el señor Nicolás y lo mismo cuando nombró él a la
secretaria de educación Gloria Álvarez que ella también fue compañera mía de
trabajo cuando éramos activistas sindicales y ella era representante de Funza y
yo era representante de Mosquera. Preguntado: Doña María Esperanza usted
ha sido citada por este despacho con el propósito de recibir la declaración en una
demanda que presentó la señora Yolanda Escobar Castillo contra el Municipio de
Mosquera, Secretaría de Educación, Institución Educativa La Merced. Ella en
esencia está solicitando la nulidad de una decisión por la cual se le trasladó como
docente a otra institución educativa y que, como consecuencia de lo anterior, se
le restituya a la Institución Educativa de La Merced en el Municipio de Mosquera
en la jornada de la mañana. ¿Sírvase informar a este despacho qué sabe, qué
conoce o qué le consta sobre lo que le acabamos de informar? Contestó: Pues
todo eso me consta y también me cobija porque fui otra de las profesoras, de los
docentes excluidos del colegio de La Merced en esa misma época. Yo conozco a
la profesora Yolanda desde hace muchísimo tiempo y se le hizo mucho
reconocimiento por sus calidades como profesional, como docente, como
compañera, como amiga, como madre de familia y ella es una excelente persona
y a ella la conozco hace mucho tiempo, inclusive vivimos las dos en el mismo
barrio. Preguntado: ¿Sírvase informarle al despacho si lo sabe, por qué razón se
produjo el traslado de la señora Yolanda Escobar Castillo de la institución
educativa? Contestó: Pues los motivos porque ella fue supuestamente
trasladada de allá, fueron motivos de discriminación, porque ella era una persona
activista sindical, lo mismo yo, y al señor rector le parecía muy fastidioso tener a
los profesores que estuviéramos en el sindicato. Preguntado: ¿A usted por qué
le consta eso? Contestó: porque a mí me pasó exactamente lo mismo, a mí me
excluyeron del colegio La Merced por ser activista sindical, por preguntar las
cosas que uno ve que dentro del presupuesto del colegio no se aprueba, uno
empieza a indagar, y eso no le gustó al rector y dijo ustedes van a ver que esto
va a tener consecuencias. A mí me llamó una vez a una reunión, al Consejo
Directivo para llamarnos la atención respecto al porqué se preguntan las
decisiones del Consejo Directivo, por eso se inició todo esto y de pronto el
señalamiento y como la discriminación que hace con las mujeres y sobre todo
con los sindicalistas porque a nosotros nos daba más duro que a los demás. Se
permitían ciertas cosas en el colegio que no, no deben ser, lo que es la ética, no
debe ser.
Preguntado: Sírvase informar a este despacho si lo sabe. ¿Quién reemplazó a la
señora Yolanda Escobar Castillo después de su traslado de institución
educativa? Contestó: Pues la carga de ella se distribuyó, porque ella era la
docente titular del área de ética y valores, la repartió el rector en distintos
docentes que tienen otras áreas de especialización, ella es una persona que
está, como dicen, bien documentada acerca del manejo de esa área de
orientación profesional, orientación vocacional y hoy en día que nos hace falta la
ética en todas partes. A ella, el rector se refería a la ética como eso es un
comodín para poderlo ubicar uno en cualquier lado y eso cualquier persona
puede hacer eso. Preguntado: ¿Sírvase informar a este despacho si lo sabe, si
además de la señora Yolanda Escobar Castillo otros docentes fueron trasladados
en esa misma época de esa institución educativa? Contestó: Yo también fui
trasladada de ahí y eso fue en los comienzos del año dos mil trece, cuando
teníamos la organización de todo el protocolo que se debe desarrollar durante
esas dos primeras semanas para el año, para hacer el cronograma general. Ya
todo el mundo tenía listo según lo que nosotros habíamos hecho y el viernes se
reunió, dijo a las once y media de la mañana vienen todos y nos vamos a reunir
para hacer la distribución de la carga académica cuando ¡oh sorpresa! nosotras
sobrábamos, a ella le tocaba una cita médica en Faca y le solicitó al rector que
por favor le permitiera salir a las once y media para asistir a la cita médica en
Facatativá y él le dijo, sí señora venga yo le firmo de una vez y hágame el favor
aquí me firma que usted es una excedente, dijo ¿cómo así?, ella salió pero
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
tremendamente conmocionada de esa reunión que tuvieron ahí en la oficina que
fueron como cinco minutos y salió descompuesta, dijo ¿cómo es posible que a mí
me vayan a sacar de aquí, que yo sobro, pero cómo?. Le dijo no profesora va a
ver eso y se va a asombrar de las cosas que vamos a hacer aquí y hay muchas
sorpresas. Enseguida entramos nosotros al aula múltiple y el empezó a decirnos
a nosotros que ya había tenido el rector ciertas conversaciones con la señora
secretaria de educación y que eso sobraba una cantidad de profesores por lo
cual se iba a alterar la asignación académica y empezó a leer, jornada de la
mañana tal profesor tiene tales y tales y entonces, con sorpresa, yo vi que una
compañera de la jornada de la tarde estaba reemplazándome en la mañana,
Zenaida Rodríguez, entonces ella dijo, no pero yo como voy a dictar sociales y
filosofía si yo soy de sociales y economía, a mí me compete es la parte de
economía y sociales, no la de filosofía y el rector le dijo no, a usted le
corresponde ahora eso. Ella se estuvo desempeñando más o menos como una
semana y dijo no, realmente yo no puedo, a mí hágame el favor y me pasan a mi
jornada de la tarde, yo en la mañana no. Luego, a la profesora Marta que ella
llevaba, no había cumplido el año de estar ahí en el colegio, a ella le dio la carga
académica de filosofía y ese día todo el mundo quedó sorprendido y a nosotras
nos hizo sobrar. Ustedes sobran, Yolanda Escobar y Esperanza Cruz y yo dije,
mi carga académica rector, él dijo no, la gente que no trabaja, la gente que no
está donde debe estar, sobra, usted sobra, pase por mi oficina y allá le voy a dar
su excedencia y después que la ubique la Secretaría de Educación donde sea
pertinente, de una manera tan despectiva que es lo que más le duele a uno, […]
y esas fueron las circunstancias que a nosotros nos hizo salir del colegio por
estar defendiendo la institución, defendiendo a las niñas y es el resultado del día
de hoy, por eso esta demanda de mi compañera, también la mía y de otros
compañeros que sacaron del colegio, otros renunciaron al ver eso, dijeron yo me
retiro de la institución y está echada a pique nuestra institución, hoy lo pueden
verificar allá en el municipio, cómo le han hecho eso.
Preguntado (parte demandante): Por favor manifieste a este despacho si a
usted le consta o conoce el concepto que tiene de ética y valores, materia que
dictaba la docente Yolanda Escobar Castillo por parte del señor José Rafael
Peña Fernández, rector de la Institución Educativa La Merced, evento en el cual
si lo sabe descríbalo. Contestó: Pues como ya lo mencioné antes, el rector decía
que la ética eso era un comodín y era una costura, cualquier persona lo puede
dictar y yo conozco de la profesora Yolanda sus proyectos que los trabajábamos
nosotros conjuntamente y en una forma transversal en la institución La Merced,
para lograr posicionar esa institución en donde estaba cuando nosotros nos
encontrábamos en el colegio y era porque se le había hecho trabajo decidido de
todos los docentes comprometidos para mejorar la educación de nuestras niñas,
para hacer de las niñas lo mejor y ahí la profesora Yolanda tenía en su proyecto
de vida en el área de ética, la forma como se direcciona usted como individuo
como se va a proyectar dentro de algunos años, porque si hoy son niñas,
mañana serán las mujeres que van a dirigir sus hogares que son los que hacen
que tenga una buena sociedad, ella realmente en su proyecto que tenía de
jóvenes mirando al siglo veintiuno, lo tomó después ese proyecto la secretaría
como propio, que eso lo tienen ellos allá en la secretaría de educación como
modelo para hacer dirección desde el área de orientación profesional con la ética.
Preguntado: ¿Manifieste a este despacho si conoce o le consta el trato personal
otorgado a la docente Yolanda Escobar Castillo por parte del señor José Rafael
Peña Fernández, rector de la institución educativa La Merced? Contestó: Pues
no sé si seguiría diciendo lo mismo que él le da un trato despectivo a lo que es la
parte de la ética, para el solamente funciona la parte de matemáticas y ciencias
naturales y no más. El área de inglés que tiene Mosquera para tener a Mosquera
bilingüe, pero lo que es la ética no, y allá las tenía un solo docente que era el
especialista en el área de orientación y valores y entonces para él eso siempre
fue un comodín, no era un área importante ni relevante. Preguntado: ¿Manifieste
a este despacho si conoce o le consta el concepto que tiene de los afiliados al
sindicato de educadores el señor José Rafael Peña Fernández, rector de la
Institución Educativa La Merced? Contestó: Él se refiere a los miembros del
sindicato y a todo lo que tenga que ver con el sindicalismo como unos fastidios
que tiene que soportar él y dice ustedes no saben sino fastidiar, disculpen la
expresión, pero para él nosotros no somos nada.
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Preguntado: Manifieste a este despacho si conoce ¿cómo se dio el traslado de
la docente Yolanda Escobar Castillo de la institución educativa La Merced, para
la sede Nuevo Milenio de la institución educativa campestre Roberto Velandia
ubicada en la vereda siete trojes del Municipio de Mosquera? Contestó: Del
colegio de La Merced el rector nos dijo ustedes son excedentes, tienen que
presentarse, eso fue un viernes, el lunes teníamos nosotros ya que recibir a los
estudiantes, eso fue al comienzo del año en el dos mil trece y para iniciar ya
estaban faltando los profesores porque ya estábamos nosotros por fuera, la
profesora Yolanda fue trasladada allá a la Secretaría de Educación y tenía que
mirar hacia dónde nos iba a reubicar entonces, sin decreto sin nada nos
mandaron allá y espere y espere en la Secretaría de Educación, entonces
nosotros nos fuimos para el colegio de La Merced y el rector nos recibió y nos
dijo ustedes no tienen nada que ver aquí, por favor váyanse cuando nosotros
llegamos las niñas nos fueron a saludar, profe pero ustedes porque no están
aquí, nosotros no tenemos clases y después volvimos nosotros y las niñas
insistían en que ellas no habían tenido profesor de filosofía que, qué iban a
hacer, los profesores de ética tampoco estaban que nadie les estaba dando clase
y en esa época no tuvieron ellos estudios, los estudiantes fueron vulnerados en
su derecho a la educación porque no estaban los docentes y nosotras estábamos
trasladadas, hasta ahora se estaban haciendo los movimientos cuando habíamos
tenido quince días antes en lo que es la organización institucional para poder
haber hecho eso con orden y recibir los niños, las niñas en la jornada de la
mañana muy bien y lo mismo en la jornada de la tarde había un descontento total
porque los profesores de la tarde tenían que ir a la mañana a dictar clase, los de
la mañana estábamos sobrando, un desorden total, entonces cuando ya se dejó
claro que teníamos que pasar, fue el doce de febrero, entonces desde el 28 de
enero hasta el doce de febrero los estudiantes estuvieron sin clase y nosotras
allá mirando a ver quién nos resolvía cómo íbamos a hacer y la Secretaría de
Educación, colabórenme miren, váyanse para el colegio Roberto Velandia, que
allá de pronto les va mejor, ustedes son excelente profesoras, pero bueno si
somos excelentes profesoras por qué nos tiene que trasladar y dijo: váyanse
ustedes para allá y el colegio de La Merced es urbano y el colegio Roberto
Velandia es campestre y es rural, entonces ahí se veía que se irían en lo que
nosotros insistimos, eso es acoso laboral, nos sacaron de nuestro colegio que es
urbano ahí al pie de la alcaldía y el otro tiene que desplazarse uno con la buseta
para llegar allá al colegio y es con un personal totalmente diferente al que
nosotros estábamos trabajando. Preguntado: ¿Manifieste a este despacho si
usted conoce las capacidades profesionales de la docente Yolanda Escobar
Castillo y si estas aplicaban al perfil de ética y valores dictado por ella?
Contestó: Pues según la ley nacional de educación a nosotros nos dicen que
nos deben nombrar en las áreas donde nosotros hacemos nuestro énfasis, ella
es orientadora vocacional, es profesional del manejo de la ética, de la enseñanza
de la ética, también hizo una especialización para el trabajo que se debe realizar
con padres de familia, porque a nosotros nos toca hacer escuela de padres y
además de eso de educación sexual que después se proyectó como una de las
áreas en las que se debía estar trabajando en los colegios, entonces ella llenaba
los requisitos para estar desempeñándose como docente en el área de ética y
valores.
Preguntado (entidad demandada): Manifieste al despacho si usted inició una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Mosquera y en caso afirmativo ¿Cuál es el objeto de la misma? Contestó: Sí yo
inicié también una acción para que anularan ese traslado y a la compañera
Yolanda también le correspondió hacer exactamente lo mismo porque nos
trasladaron sin motivo, nos dijeron que estábamos sobrando cuando en la
realidad no estábamos sobrando nosotros allá. Preguntado: ¿Manifieste al
despacho, si usted indicó en las declaraciones anteriores que presuntamente
existía un acoso laboral por parte de las directivas de la institución, por
pertenecer o por tener fuero sindical o pertenecer a la agrupación sindical,
manifieste al despacho si usted inició algún comportamiento interno que prevé la
ley cuando se presenta el acoso laboral? Contestó: No le entiendo ahí.
Preguntado: Es decir, usted manifestó que eran acosadas laboralmente tanto la
demandante en el presente proceso y usted también por ser demandante en una
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
acción con el mismo objeto de la misma, ¿manifieste al despacho si usted y su
compañera, o sea, la demandante aquí, iniciaron las respectivas prebendas que
exige la norma en cuanto al acoso laboral interno que prevé la ley? Es decir,
cuando uno es acosado laboralmente la ley le da unas garantías internas antes
de acudir a la jurisdicción para establecer si es acosado laboralmente. Contestó:
Sí, nosotros estuvimos en una reunión con el rector, éramos directoras de curso,
presentábamos después de las reuniones de padres de familia, el informe y
entonces él a nosotros primero no nos atendía, no nos ponía atención y cuando
nosotros teníamos que manifestar algo y le decíamos es que debemos todos dar
el informe, enseguida se le subía el volumen de la voz y la gesticulación de él era
agresiva, como quien dice a mí no me interesa lo que usted esté diciendo, esa
era la actitud y se le decía, señor rector por favor exigimos respeto para las
docentes y había docentes que estaba muy afectadas en la parte física porque
tenían una deficiencia, por ejemplo, una profesora que estaba enferma del
corazón, y le decíamos mire un trato especial para las personas, entonces
siempre era en contra de las mujeres, no sé cuál es el problema de él, pero
siempre se dirigía a las mujeres con un tono de altivez que hacía ver en todas
sus actuaciones y lo que uno le dijera, le decíamos señor rector pero por favor a
nosotros tratemos igual como trata a todos los compañeros pero a las mujeres
siempre nos tuvo un trato distinto.
Preguntado: Doña María Esperanza, conforme a su respuesta, ¿usted inició los
mecanismos de defensa de la ley 1010 de 2006, de acoso laboral? Contestó:
Pasamos nosotros por escrito, le informamos a la Secretaría de Educación,
cuando él no nos atendió, fuimos a donde la secretaria de educación y luego
fuimos y radicamos un escrito en el despacho del señor alcalde, le hicimos saber
a él y solicitamos una audiencia con él y nos la concedió y allá fue donde
nosotros le dijimos que queríamos hablar con él acerca de ese trato que nos
daba, él dijo no, no a mí no vengan, ¿ustedes son sindicalistas o no? De una vez
como diciendo, que tienen que hacer acá. Preguntado: Conforme a su
respuesta, ese escrito de acoso laboral, ¿tiene usted conocimiento si fue
aportado al proceso por parte de la demandante? Contestó: Sí, sí, debe estar
ahí, nosotras pasamos ese escrito el día que fuimos a hablar con el alcalde, le
dejamos en el despacho, de una vez hecho eso. Si no está aquí, yo lo puedo
aportar. Preguntado: Finalmente, ¿manifieste al despacho en qué consiste la
desmejora del traslado, pues inicialmente usted dijo que una desvinculación, pero
después lo aclaró diciendo que era un traslado, o sea, no una desvinculación,
manifieste al despacho si tiene conocimiento, en que se le desmejoró el traslado
a la demandante? Contestó: En el casco urbano se encuentra el colegio de La
Merced y el colegio Roberto Velandia se encuentra en la parte rural, yo puedo
aportar un documento que nosotros imprimimos de la misma alcaldía en donde
nos dice y verifica que sí es de la parte rural. Luego al final del año dos mil trece,
ya pertenecía a la parte urbana pero en la época en la que a nosotros nos
hicieron el traslado, el colegio campestre Roberto Velandia desde la parte rural y
nosotros estábamos en la parte urbana. Cuando ya salía del colegio, de la casa
al colegio, ya no tenía que coger ningún vehículo, mientras que el traslado la
llevó a que tiene que todos los días tomar una buseta que la lleve al colegio
porque es bien retirado. Preguntado (despacho): Doña María Esperanza desea
agregar algo más a la declaración que acaba de rendir. Contestó: Pues no sé,
de lo que me acaba de preguntar la doctora con respecto a la institución porque
si ve uno realmente, puedo aportar esas pruebas con las fotocopias que yo
tengo, esta copia es del día ocho de julio del dos mil trece en donde figura la
institución educativa departamental campestre Roberto Velandia en el área rural
y otra que se hizo el nueve de agosto del dos mil trece, vuelve el mismo
esquema, un poquito más ampliado, ya lo habían reestructurado pero dice
institución educativa departamental campestre Roberto Velandia rural pública, es
la única que está en el área rural, que allá fue a donde nos trasladaron a nosotros
y otra prueba es que cuando ya nosotros tuvimos que quedarnos en el colegio
Roberto Velandia, la amistad que se tenía del señor alcalde con la profesora
Cenia, que había sido profesora de él en el colegio Salesiano, a ella la
encargaron luego por horas extras, las horas de ética que tenía que dictar la
profesora Yolanda y ya son los comentario que él mismo hacía en su Facebook
que decía que la señora Cenia Esperanza Campos gracias por el reencuentro y
gran orgullo señor alcalde y el ex rector Carlos Buitrago que era el rector del
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
colegio Salesiano que él se encontraba con los profesores que había tenido el
colegio Salesiano, entonces él le debe una o le tiene una gran estima a la
profesora quien fue después pasada allá a reemplazar por horas extras la carga
de ética los documentos de los que yo hago alusión ahoritica. El otro no sé si lo
pueda traer después, la solicitud que hicimos a la alcaldía, informándole a él que
era un acoso el que nos estaba haciendo el rector. […]». (Minuto 6 a 36 del cd
visible a folio 436 del expediente).
Queipo Ferley Correa Flórez
«[…] Preguntado: ¿Es usted familiar, pariente o tiene algún vínculo con la
señora Escobar Castillo? Contestó: No soy familiar, la relación es de
compañeros de trabajo. Preguntado: ¿Tiene usted algún vínculo con el
municipio de Mosquera, la Secretaría de Educación o el instituto educativo
colegio La Merced? Contestó: En este momento no tengo ningún vínculo, fui
trasladado hace dos meses al Departamento de Boyacá. Preguntado: ¿Tiene
usted algún vínculo o es familiar o pariente de los señores Nicolás García Bustos,
Gloria Álvarez Tovar o Rafael Peña Fernández? Contestó: No tengo ningún
vínculo con ellos en este momento. Preguntado: Don Keipo Ferley usted ha sido
citado por este despacho con el propósito de recibir la declaración en una
demanda que presentó la señora Yolanda Escobar Castillo contra el Municipio de
Mosquera, Secretaría de Educación, Institución Educativa La Merced. Ella en
esencia está solicitando la nulidad de una decisión por la cual se le trasladó como
docente a otra institución educativa y que, como consecuencia de lo anterior, se
ordene restituirla al cargo de docente que venía desempeñando en la Institución
Educativa La Merced. ¿Sírvase informarle a este despacho, qué sabe, qué
conoce o qué le consta sobre lo que le acabamos de informar? Contestó: Para la
época, recuerdo año dos mil trece, éramos compañeros de trabajo, la compañera
Yolanda trabajaba en la Institución Educativa La Merced igual que el suscrito y
hacia los últimos días de enero de ese año cuando se hizo la asignación de carga
académica a la docente no se le asignó la carga académica igual que a la
compañera Esperanza Cruz y por esa razón entonces tengo entendido, el rector
José Rafael Peña, las notifica de que no hay carga académica para ellas y las
direcciona hacia la Secretaría de Educación de Mosquera para que las ubique o
determinen qué hacen con esas docentes. Acto seguido, recuerdo la fecha
veinticinco de enero del 2013, al siguiente lunes veintiocho, la compañera
Yolanda hizo presencia en la institución igual que el suscrito y a mí no se me
asigna, a pesar de que me habían asignado carga, no se me asigna horario, me
tienen por el transcurso de más de cinco o seis días sin asignación de horario, a
pesar de que yo cumplía mi horario y tengo entendido en los siguientes días a
ellas se les notifica de un acto administrativo de traslado. El suscrito recurre a la
Personería Municipal y a la Secretaría de Educación por cuanto estaba
cumpliendo el horario de labor, sin embargo no se me permitía direccionar un
horario para unos estudiantes y esos estudiantes que me corresponden por la
carga que se me había asignado, esos estudiantes durante esos días no tuvieron
clase. Esos son los hechos que más o menos recuerdo por la época respecto a la
compañera Yolanda, Esperanza y el suscrito.
Preguntado: Sírvase informar a este despacho si lo sabe, ¿por qué no tenía
asignación de carga académica la señora Yolanda Escobar Castillo? Contestó:
Para ese momento recuerdo que el comunicado que se dio fue el haber
disminuido algunos cursos, sin embargo, los tres inmiscuidos en la situación de
estar sin asignación, se indagó y hubo cuatro docentes que para la fecha se
pensionaron, tres que se pensionaron y uno que solicitó traslado, entonces le
preguntábamos al señor Rafael Peña, porqué a pesar de que se habían ido unos
docentes de la institución por pensión y otros por traslado nos dejaba sin
asignación cuando en su defecto no se había hecho el debido proceso con el
Consejo Académico que es quien institucionalmente y legalmente debe revisar el
tema de la asignación académica y se debe perfeccionar en el Consejo Directivo,
sino que era una decisión unilateral del rector de haber dejado sin asignación a
nosotros tres compañeros los tres casualmente somos activistas sindicales, para
la fecha yo me desempeñaba como vicepresidente del sindicato de Mosquera y
las otras compañeras eran activistas de esa subdirectiva, casualmente nuestra
carga fue distribuida especialmente la de la docente Yolanda que era la carga de
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
ética y valores, fue distribuida a otros docentes de distintas áreas y esa era la
razón que él argumentaba por la cual nos dejó sin carga académica.
Preguntado: Sírvase explicar al despacho ¿por qué en su caso no fue
trasladado como sí ocurrió con la señora Yolanda Escobar en ese momento?
Contestó: Muy bien, yo no fui trasladado porque inicié a gestionar unos oficios
como lo dije anteriormente ante la Secretaría de Educación y ante la Personería
Municipal, donde les ponía de presente que a pesar de que yo estaba asistiendo
a cumplir mi labor normalmente, mi horario normal y que estaban los cursos sin
docente, se les estaba violando el derecho de educación a los estudiantes y a la
vez a mí se me estaba negando el derecho al trabajo, que a pesar de eso se me
iba a pagar un salario por unos días que no había laborado y ellos
argumentaban, el rector argumentaba que lo que sucedía era que venía un
traslado de Bogotá para Mosquera que era el docente Mario Chacón que había
solicitado ese traslado y que por eso él venía era a suplir la carga que me
correspondía a mí como licenciado en sociales, yo le decía al rector, ¿pero está
el acto administrativo del traslado del docente? No, para tal fecha no había ni
siquiera acto administrativo del traslado del docente Chacón solo él figuraba en
una lista de beneficiarios de traslados pero la Secretaría de Educación no había
expedido el acto administrativo de traslado, entonces la intención del rector era
que con ese docente que era beneficiario del traslado, sobraba el suscrito y
tendrían que reubicarme en otra institución, pero legalmente no existía ni un acto
de traslado para mí para otra institución, ni tampoco estaba el acto administrativo
de traslado del docente Chacón a la institución educativa La Merced.
Preguntado: Sírvase precisar al despacho si lo sabe, ¿cuáles fueron los motivos
para el traslado de la señora Yolanda Escobar Castillo para efectos de cambiarla
de institución educativa? Contestó: Realmente los motivos que nosotros
inferimos, los tres compañeros y son similares los tres, es porque somos
docentes que nos hemos desempeñado como activistas sindicales en el
municipio y lamentablemente el directivo Rafael Peña no gusta mucho de esas
personas que estamos como activistas sindicales. Siempre se refirió
despectivamente de nuestra labor como sindicalistas, incluso los comentarios
que la compañera Yolanda me hacía de manera informal de todas maneras y
también los sufrí yo en carne propia fueron comentarios despectivos muy
puntuales como por ejemplo los sindicalistas son parásitos del sistema educativo
u otros apelativos que utilizaba él frente a nuestra labor, entonces, en alguna
ocasión de manera informal él manifestó que él tenía que hacer unos cambios
institucionales de tal manera que se le permitiera salir de estas personas para
poder organizar la institución al acomodo que él tenía y consideramos o yo
considero que esa es realmente la motivación que se tuvo para modificar el plan
de estudios y la carga académica de tal manera que los tres docentes fuéramos
según él excedentes, fue el término que utilizó en el momento.
Preguntado (parte demandante): ¿Manifieste a este despacho si conoce o le
consta el trato personal y académico otorgado a la docente Yolanda Escobar
Castillo por parte del señor José Rafael Peña Fernández rector de la institución
educativa de La Merced? Contestó: Conozco el trato que se le dio por esos días,
ella insistentemente asistió a pesar de la notificación que el rector le dio el día 25
de enero. Ella una vez salió de la oficina nos encontramos ahí en el pasillo de la
institución y comentó el trato que le dio diciéndole que entregaba ese oficio
porque era maestra excedente y ella tenía que proceder a presentarse a la
Secretaría de Educación para que miraran a ver qué hacían con ella, si le
asignaban una nueva institución o hacia dónde la direccionaban. El trato
realmente siempre en algunas ocasiones en la reuniones que teníamos,
asambleas de docentes era un trato un poco displicente, no teniendo en cuenta
los aportes que la docente daba en dichas reuniones incluso como lo dije
anteriormente hizo comentarios despectivos en alguna ocasión, comentario que
hizo respecto a una intervención fue que lo que dijeran o expresaran los
sindicalistas le resbalaba, entonces más o menos hace referencia a esos tratos,
durante los días que ella continuaron asistiendo a la institución a pesar de la
notificación y que yo igualmente lo hacía, en una ocasión en la sala de
profesores, alcanzamos a escuchar algunos maestros o yo personalmente, que
les aseguró que ella no tenía que volver a la institución que él ya las había
notificado, que por favor no regresaran ya más a la institución porque ahí no
tenían absolutamente nada que hacer. Preguntado: ¿Manifiéstele a este
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
despacho si usted conoce el concepto que tiene del área de ética y valores,
materia que dictaba la señora Yolanda Escobar Castillo, por parte del señor
rector José Rafael Peña Fernández? Contestó: Por esos días casualmente en
esas asambleas que se hacen en las dos semanas de desarrollo institucional, a
él se le manifestó que el área de ética y valores está tipificada en el Decreto 1860
reglamentario de la Ley 115, como un área fundamental y que por ende la
institución goza o gozaba de docentes titulares específicamente para esa área
que estaban encargados única y exclusivamente de esa área por ser un área
fundamental, él manifiesta que la ética y valores es un área de costura que puede
asumirla cualquier docente de cualquier área, entonces él dice que es un área
que puede asumir cualquier docente y por eso tengo entendido para ese
momento lo que se hizo con la carga que estaba conjunta y completa que la
venía dictando varios años atrás la docente Yolanda Escobar, lo que hizo fue que
la dividió y a muchos maestros les asignó de a dos, de a tres, de a cuatro, de a
cinco horas de ética y valores, independientemente del área que ellos
desempeñaban, español, matemáticas, incluso sociales u otras áreas les asignó,
el concepto que él tenía es que la ética y valores es un área para terminar de
rellenar y cuadrar las cargas académicas de los maestros. Preguntado:
¿Manifiéstele a este despacho si usted conoce las circunstancias en las cuales
se dio el traslado de la docente Yolanda Escobar Castillo de la institución
educativa La Merced, para la sede nuevo milenio de la Institución Educativa
Campestre Roberto Velandia ubicada en la Vereda Siete Trojes del Municipio de
Mosquera? Contestó: Bueno lo que yo tengo conocimiento es que el día
veinticinco se le entrega a la docente una notificación de maestra excedente, días
consecutivos ellas le insisten al rector de que replantee esa decisión puesto que
lo que se había hecho era modificar el plan de estudios y la carga académica
incluso sin haber reunido al Consejo Académico como debe ser normalmente y
posteriormente esa decisión debe ser ratificada por Consejo Directivo, sino que
fue una decisión unilateral de él. Al ellas insistirle de que replanteara esa
decisión, transcurrieron varios días y después producto de eso a ellas se les
llama y se les notifica y entonces de parte de la administración municipal la
decisión de trasladarlas a otra institución educativa, creo que esas fueron las,
más o menos en contexto bajo el cual se dio el traslado de la docente Yolanda
Escobar.
Preguntado: ¿Conoce usted si las calidades académicas y profesionales de la
docente Yolanda Escobar Castillo cumplían con el perfil de ética y valores
materia que dictaba ella? Contestó: Por conversaciones con ella , de acuerdo al
perfil profesional que tiene, considero que es la maestra que tiene el perfil para
dictar esa área, además que no solo por la formación académica que ella tiene
sino porque yo llegué en el año dos mil nueve a Mosquera y ella ya
desempeñaba esa labor y por la experiencia que ella me comentaba había tenido
ahí tanto en Mosquera como anteriormente en Bojacá como sicorientadora y en
el mismo área de ética, yo considero que sí es la maestra, no solo por la
formación académica sino por la experiencia es la idónea y la que tiene el perfil
para dictar esa área de ética y valores, valor agregado tuve yo conocimiento,
desempeñaba ella un proyecto de orientación vocacional con los estudiantes, las
niñas de La Merced, las estudiantes que apuntaba precisamente dentro de la
transversalidad del área de ética y valores para hacerles a ellas esa orientación
vocacional. Preguntado (entidad demandada): Profesor, el objeto de esta
prueba testimonial según el apoderado de la parte demandante es demostrar la
situación de acoso laboral a la cual fue sometida la demandante, debido
básicamente a esa actitud crítica frente de la administración, ese es el objeto de
la prueba, igualmente y por eso fue decretada por el despacho, igualmente
demostrar que la demandante es una activista sindical y que la demandante es
una excelente servidora pública. Respecto al primero objeto de la prueba y es
demostrar la situación de acoso laboral y así como usted manifestó anteriormente
que hacía parte de la junta directiva del sindicato en el momento de los hechos,
objeto de la litis, ¿usted tiene conocimiento si la demandante inició los trámites
de defensa que insta la Ley 1010 de 2006, de acoso laboral ante las directivas?
Contestó: Realmente no tengo conocimiento si ella haya adelantado alguna
gestión ante los entes pertinentes de acuerdo a lo que tipifica la Ley 1010, lo que
sí tengo conocimiento y tendríamos que traer unos documentos como prueba
cuando yo me desempeñaba en esa época como subdirector es que el municipio
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
en su momento no tenía (inaudible) el comité de acoso laboral docente que
tipifica esa norma, nosotros logramos poner en funcionamiento solo, hasta si mal
no recuerdo, el año 2014 era una falencia que tenía el ente territorial como tal,
tengo algunos oficios donde se hizo el requerimiento al municipio para que según
lo norma 1010, pusiera en funcionamiento e hiciera la elección respectiva de los
delegados y pusiera en funcionamiento ese ente que sería el competente para el
momento.
Preguntado: ¿Profesor, manifiesta al despacho que le consta del acoso laboral
que existía como fundamento de la irregularidad en la expedición del acto
administrativo como falsa motivación, según la demanda? Contestó: A ver, en
detalle tal vez no recuerdo, leí el acto administrativo en su momento y en uno de
los apartes tal vez recuerdo decía en los actos motivacionales de ese acto
administrativo que eran excelentes maestras y que dentro de esa motivación
estaba precisamente el traslado, pero recuerdo que en la motivación decía que
porque era luego de haber hecho la distribución de cargas no había carga o
asignación para dicha docente y que entonces más o menos se recurría a la
figura de necesidad del servicio en la otra institución. Lo que nosotros en el
momento verbalmente, no sé si en los oficios que la docente, no recuerdo con
exactitud si en los oficios que ella radicó se le hacía ver a la administración
municipal es que efectivamente la docente no podía ser excedente en cuanto que
la carga que ella tenía asignada que era de ética y valores era una carga que
había sido fragmentada en docentes de varias áreas distintas y no se mantenía
esa figura que tiene el PI de La Merced de un modelo pedagógico humanista
donde la ética y valores es esencial para desarrollar ese modelo pedagógico y
por ende era indispensable que fuera manejada por un solo docente y de eso no
hace referencia precisamente el acto administrativo de traslado según tengo más
o menos recuerdos. […]. Preguntado (despacho): Don Keipo Ferley ¿desea
usted agregar algo más a la declaración que acaba de rendir? Contestó: Yo lo
que podía agregar a la declaración tengo la disponibilidad si así está en
dependencia de aportar las pruebas que tengo, los oficios también del suscrito
donde le reclamó o le solicitó al rector y al alcalde en su momento a la Secretaría
de Educación y al personero que también se defina mi situación que está
afectando por un lado mi labor y por otro lado el derecho a la educación del grupo
de estudiantes que duraron todos esos días sin docente y básicamente eso sería
lo que tendría que agregar.». (Minuto 38 a 1:03 del cd visible a folio 436).
Luis Fernando Abadía Tasamá
«[…] Preguntado: ¿Tiene usted algún vínculo con el Municipio de Mosquera, la
Secretaría de Educación y la Institución Educativa La Merced? Contestó: Desde
hace bastante tiempo porque he sido líder sindical de La Sabana de occidente y
he obtenido muchos votos y he acompañado los procesos de negociación
colectiva, en el periodo del año pasado fui asesor, en este momento me acabo de
posesionar como negociador y he estado muy pendiente de las actuaciones y de
las problemáticas educativas del municipio y de los y las educadoras.
Preguntado: Pero ¿tiene usted algún vínculo con la alcaldía municipal de
Mosquera? Contestó: No, contractual ninguno, pues hago parte de la dirección
sindical desde la CUT Bogotá Cundinamarca y visito el Municipio de Mosquera, lo
visitaba como miembro de la Asociación de Educadores de Cundinamarca y
ahoritica como miembro de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá,
Cundinamarca en el cargo del primer vicepresidente. Preguntado: ¿Es usted
familiar, pariente o tiene algún vínculo con Nicolás García Bustos, Gloria Álvarez
Tovar o José Rafael Peña Fernández? Contestó: De ninguna manera, los
conozco porque se desempeñaron como alcalde, como secretaria de educación
de Mosquera y el otro señor pues, es actualmente el rector del colegio La
Merced, la doctora Gloria Álvarez la conocí cuando se desempeñaba como
secretaria de educación del Municipio de Soacha, allí yo soy trabajador, profesor
de Soacha y allí también como líder sindical tuve la oportunidad de intercambiar y
de ejercer mis funciones como líder sindical. Preguntado: Don Luis Fernando,
usted ha sido citado por este despacho con el propósito de recibir la declaración
en una demanda que presentó la señora Yolanda Escobar Castillo contra el
municipio de Mosquera, Secretaría de Educación, Institución Educativa La
Merced. Ella en esencia está solicitando la nulidad de un acto administrativo por
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
la cual fue trasladada de una institución educativa y como consecuencia de lo
anterior, se le restituya al cargo de docente que desempeñaba en la institución
educativa La Merced. Sírvase informarle a este despacho, ¿qué conoce, qué
sabe o qué le consta sobre lo que le acabamos de informar? Contestó: Bueno,
estuve muy al frente de esa situación por cuanto como líder sindical estaba
asesorando y estuve intercambiando muchas opiniones y solicitando por sobre
todo que se cumpliera el Estado Social de Derecho en la Constitución Política,
toda la normatividad vigente sobre el tema, por cuanto la profesora Yolanda,
efectivamente fue separada a mi modo de ver de una manera irregular de su sitio
de trabajo, desmejorada ostensiblemente, violando el Decreto 1950 del 73 y por
sobre todo atentando contra los niños, contra la formación integral de los niños,
por cuanto el área de ética que ella ejercía y para el cual estaba altamente
capacitada, ella fue trasladada y su asignación académica fue repartida a otros
educadores de diferentes áreas, violentando la Ley 24 del 76 en su numeral 6.°,
que prohíbe el ejercicio de la docencia en áreas diferentes a la que lo formó el
título y violentando la Ley 115 en un artículo que precisa que debe haber plena
coherencia entre la formación académica del educador y el ejercicio docente, de
tal manera que nosotros estuvimos al frente, nosotros, el doctor Nicolás Bustos y
la doctora Álvarez Tovar son conocedores de toda la normatividad que le hicimos
nosotros saber, nosotros estas normas que yo anuncio, se las hice saber al señor
alcalde y le dije que se afectaban los niños, le dije que por ningún motivo, por
ningún motivo puede el rector realizar traslados por cuanto imagínese todos los
rectores con la capacidad de mover los maestros ¿en qué quedamos? y tengo la
experiencia de Soacha justamente con la doctora Álvarez Tovar cuando se
desempeñó como secretaria de educación de Soacha por una mal interpretación
en el manejo de la planta de personal docente y dándole facultades que no
tienen los rectores la planta de personal del Municipio de Soacha quedó
totalmente destrozada, se dieron una cantidad de irregularidades porque pasaron
profesores de primaria a secundaria en cargos sin actos administrativos y a la
fecha de hoy todavía estamos arreglando esa situación.
Preguntado: Sírvase informarle a este despacho si lo sabe, ¿por qué se produjo
el traslado de la señora Yolanda Escobar Castillo de la institución educativa?
Contestó: Presuntamente, lo que sí tengo claro es que es un acto de
persecución, la compañera Escobar Castillo es una persona que es líder sindical,
que en su sitio anterior, antes de llegar a Mosquera fue presidente de la
subdirectiva sindical del Municipio de Bojacá y yo sé que hay una animadversión
marcada del señor rector hacia los dirigentes sindicales a tal manera que yo
presencié hechos en los cuales se refería a los dirigentes sindicales, violándoles
su fuero sindical de manera descomedida, de manera irrespetuosa, entonces yo
pienso que esto tiene mucho que ver en esa mala forma de administrar las
instituciones educativas en las cuales los rectores se arrogan funciones que no
tienen y desafortunadamente la Secretaría de Educación del municipio, le da el
visto bueno a este tipo de decisiones y el alcalde, no sé si por desconocimiento
porque debo aclarar que las relaciones con él fueron muy buenas, o sea,
negociamos y siempre nos atendió de una manera respetuosa, de eso no tengo
queja alguna. Preguntado: Sírvase precisarle a este despacho ¿por qué señala
usted que el motivo del traslado de la docente antes referida fue por actos de
persecución sindical? Contestó: Porque no se cumplía de ninguna manera la
necesidad del servicio, los actos administrativos de traslado mediante la
necesidad del servicio son actos administrativos en los cuales se debe justificar la
necesidad del servicio y si la docente se requería allí porque estaba la asignación
académica no podría, jurídicamente no había razón alguna que justificara
trasladarla, máxime cuando se vieron las normas cómo se reparte la asignación
académica de esta docente a otros docentes de áreas diferentes cosa que
prohíben las normas. Un docente que tenga su asignación académica, la carga
académica de un docente no puede ser repartida en horas extras porque eso lo
prohíben los decretos de salarios entonces necesariamente y como soy
conocedor de la animadversión del señor rector, frente a los dirigentes sindicales,
inclusive a irrespetar su fuero, entonces necesariamente allí no puede haber
razón alguna de que necesariamente se dio este traslado afectando
fundamentalmente el derecho a la educación de los niños, afectando los niños,
esto es lo que más por encima de todos los perjuicios que puedan haber causado
a la docente, aquí en primera instancia afectó fue a los niños, por supuesto que a
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
la docente también se afectó emocionalmente, tengo entendido que ha tenido
problemas de salud gravísimos y todo esto a causa de haber sido trasladada de
una manera, a mi modo de ver, ilegal se viola el Decreto de 1950 del 73, se
desmejora, no hay sustentos legales para hacer el traslado y lo produce quien no
es competente para ello, es más, la profesora es sacada de la institución y el acto
administrativo es posterior al retiro de la docente.
Preguntado: Sírvase precisarle a este despacho si usted fue conocedor directo
de los que usted refiere como hechos de animadversión frente a la actividad
sindical por parte del rector de la institución educativa. Contestó: Efectivamente.
Preguntado: ¿En qué consistieron esos hechos? Contestó: Yo presencie en
alguna ocasión cuando se refería en forma despectiva al compañero Carlos
Eduardo Garaicoa Vera, hoy miembro de la asociación de educadores de
Cundinamarca y docente del colegio Mosquera. Preguntado: ¿Que decía, dónde
lo decía y cómo lo decía? Contestó: Eran palabras despectivas a la actividad
sindical, o sea, no soy capaz de precisar las palabras exactas, pero si eran
palabras descomedidas y por sobre todo palabras en desmedro de la garantía y
el fuero sindical que tenemos nosotros los dirigentes sindicales. Preguntado
(parte demandante): Manifiéstele a este despacho si usted conoce el trato
personal y académico otorgado a la docente Yolanda Escobar Castillo por parte
del señor José Rafael Peña Fernández, rector de la Institución Educativa La
Merced. Contestó: Pues sí, efectivamente conocí el hecho en el cual, él,
haciendo uso de sus presuntas funciones la deja sin asignación académica y
pues la traslada por supuesto. Preguntado: Manifiéstele a este despacho si
usted tiene conocimiento del concepto que tiene de ética y valores el señor José
Rafael Peña Fernández, rector de la institución educativa La Merced. Contestó:
Lamentablemente es triste tener que ante este estrado, decir, que el señor José
Rafael Peña, rector, asumía y precisaba que la ética era una cosa que podía ser
orientada por cualquier persona, esto es supremamente triste, lamentable por los
niños, por las consecuencias que esto puede traer en su formación integral.
Preguntado: ¿Manifiéstele a este despacho si usted conoce o tiene
conocimiento de las circunstancias en las cuales se dio el traslado de la docente
Yolanda Escobar Castillo de la institución educativa La Merced para la sede
nuevo milenio de la institución educativa campestre Roberto Velandia, ubicada en
la Vereda Siete Trojes del Municipio de Mosquera? Contestó: Sí, efectivamente,
se deja sin asignación académica, se distribuye la asignación académica a
docentes de otras áreas y la reubica, no puedo decir la traslada porque no tiene
facultad para hacer el traslado, los actos administrativos de traslado deben ser
firmados por el nominador y el rector no es nominador y la traslada antes de que
se ejecute y se haga realidad el acto administrativo. Preguntado: ¿Manifiéstele a
este despacho si usted conoce si las calidades humanas, pedagógicas,
profesionales y académicas de la docente Yolanda Escobar Castillo cumplen con
el perfil de ética y valores, materia que dictaba ella? Contestó: Efectivamente,
existen documentos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sobre áreas
afines al ejercicio de la docencia y la formación académica de ella es la precisa
para orientar esta área. Preguntado (despacho): ¿Don Luis Fernando desea
agregar usted algo más a la declaración que acaba de rendir? Contestó:
Necesariamente que yo espero que lo que aquí se está dando, sean unos
procedimientos que permitan y garanticen que se haga realidad el Estado Social
de Derecho que el Preámbulo Constitucional en su artículo 1.° frente a la
participación democrática se hagan realidad, que el artículo 121 Constitucional y
que con mucho respeto digo, zapatero a tus zapatos, necesariamente se hagan
realidad porque aquí lo que está en juego no sólo son los derechos, no solo es el
hecho de que las personas son maltratadas hasta llevarlas a enfermarse sino
también que se afecta la educación de los niños, se atenta contra la formación
integral de los niños y niñas del Municipio de Mosquera.». (Minuto 1:04 a 1:20
del cd visible a folio 436).
De acuerdo con los medios de prueba aportados y anteriormente
relacionados, en primer lugar, ha de señalarse que la demandante
desempeña labores como docente en el Municipio de Mosquera desde el 14
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
de julio de 1980 (folio 38) y fue vinculada a la Institución Educativa La
Merced en dicho ente territorial a partir del 1.° de febrero de 2001 (folio 52).
En segundo lugar, se encuentra que al empezar el año lectivo 2013 el rector
del mencionado plantel educativo, expidió Resolución 002 del 24 de enero
de 2013, a través de la cual realizó la asignación académica de los docentes
de esa institución, y excluyó de la carga académica a la demandante, ello,
toda vez que la asignatura por ella dictada, esto es, ética y valores fue
distribuida entre distintos docentes pertenecientes a ese establecimiento de
otras áreas. Igualmente dejó por asignar 5 horas semanales de esa materia
para los cursos 704, 801, 802, 803 y 804 (folios 419 a 424).
Luego, mediante Oficio fechado 25 de enero de 2013, el rector de la
Institución Educativa La Merced, puso en conocimiento a la libelista de que,
luego de efectuada la asignación académica para el año 2013, aquella
quedó «excedente» de la planta de personal del colegio, motivo por el cual
debía presentarse a la Secretaría de Educación del Municipio de Mosquera,
Cundinamarca, con el fin de que le fuera asignada una ubicación (folio 18).
Como consecuencia de lo anterior, se expidió la Resolución 063 del 7 de
febrero de 2013 signada por el alcalde municipal de Mosquera, en la cual se
dispuso trasladar a la docente al plantel educativo Roberto Velandia, para
que dictara el área de ética y valores (folios 2 a 4), decisión frente a la cual
interpuso recurso de reposición (folios 12 a 15), el cual fue resuelto de forma
negativa por medio de Resolución 159 del 18 de marzo de 2013, que
confirmó en todas sus partes el acto administrativo primigenio (folios 6 a 10).
Al efectuar el análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en
las resoluciones enjuiciadas, la Sala observa que las razones esgrimidas por
la administración municipal, se derivan de la adopción de la carga
académica a los docentes de la institución La Merced para el año lectivo
2013, que fue adoptada por Resolución 002 del 24 de enero de la citada
anualidad.
La anterior decisión de la rectoría, de conformidad con lo regulado en el
numeral 9.° del artículo 10 de la Ley 715 de 2001, se encuentra amparada
legalmente, dado que los rectores tienen la competencia para distribuir las
asignaciones académicas de los planteles educativos a su cargo, siendo una
situación distinta la correspondiente a la de modificar la planta de personal
de las instituciones en comento, toda vez que dicha facultad incumbe
exclusivamente a la entidad territorial, acorde con lo preceptuado en el
artículo 2.° del Decreto 3020 de 2002.
Al respecto se destaca que, conforme a lo señalado en los actos
demandados, se presentó una disminución en la matrícula en el colegio La
Merced y se registró un aumento de matrícula «bastante significativo» en la
Institución Educativa Roberto Velandia (folios 2 a 4).
En relación con este punto, esto es, el aumento y disminución de las
matrículas de ambos planteles educativos, no logró ser desvirtuada, habida
cuenta de que no se allegó medio probatorio alguno con el cual se pudiera
verificar tal circunstancia, razón por la cual respecto de esta motivación
plasmada en las Resoluciones 063 del 7 de febrero de 2013 y 159 del 18 de
marzo del mismo año, conservan la presunción de legalidad en este aspecto.
No obstante lo anterior, cabe destacar que al efectuar el estudio de la carga
académica del año lectivo inmediatamente anterior al traslado de la docente,
es decir, 2012, se advierte que en la Institución Educativa La Merced había
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
24 cursos de estudiantes distribuidos entre los salones 601 a 605, 701 a
705, 801 a 805, 901 a 903, 1001 a 1003 y 1101 a 1103 (folios 407 a 409).
Lo anterior, cobra relevancia en cuanto a que para el año 2013, se presentó
una disminución de la demanda educativa en el referido plantel, toda vez
que pasó a tener 23 cursos de estudiantes, repartidos de los salones 601 a
605, 701 a 704, 801 a 804, 901 a 904, 1001 a 1003 y 1101 a 1103 (folios
422 a 424), lo cual permite inferir que en efecto existió una rebaja en la
matrícula.
Sin perjuicio de ello, se hace necesario resaltar que para el año lectivo 2013,
quedaron pendientes 3 horas de filosofía, 5 horas de ciencias sociales, 5
horas de ética y valores, 2 horas de educación física y 1 hora de religión,
para un total de 16 horas a dictarse en distintos cursos en la referida
institución, destacándose que, en relación con la asignatura de ética y
valores, es decir, la materia que dictaba la libelista, no fue asignada para los
salones 704, 801, 802, 803 y 804.
Bajo esa óptica, si bien logra acreditarse una diminución de la matrícula
estudiantil en el colegio La Merced correspondiente a un curso menos (de 24
a 23), esto implicaba que semanalmente había 30 horas menos por dictar en
el año lectivo 2013, dado que cada salón recibe esta cantidad de horas
semanales, tal como se señaló en la Resolución 002 del 24 de enero de
2013 (folio 419).
En esta línea argumentativa, si existían 30 horas semanales menos por
dictarse en el plantel La Merced y si cada docente impartía 22 horas
semanales, conforme se observa en la citada resolución, resultaba
razonable que se prescindiera de asignar carga académica a un docente, sin
embargo, no se entiende la razón del porqué, de acuerdo a los testimonios
recaudados dentro del plenario, se omitió distribuir aquella en al menos otros
dos docentes en dicho plantel.
Al respecto, la testigo María Esperanza Cruz Espejo sostuvo en su
declaración sostuvo:
«[…] Yo también fui trasladada de ahí y eso fue en los comienzos del año dos
mil trece, cuando teníamos la organización de todo el protocolo que se debe
desarrollar durante esas dos primeras semanas para el año, para hacer el
cronograma general. […] Enseguida entramos nosotros al aula múltiple y el
empezó a decirnos a nosotros que ya había tenido el rector ciertas
conversaciones con la señora secretaria de educación y que eso sobraban una
cantidad de profesores por lo cual se iba a alterar la asignación académica y
empezó a leer, jornada de la mañana tal profesor tiene tales y tales y entonces,
con sorpresa, yo vi que una compañera de la jornada de la tarde estaba
reemplazándome en la mañana, Zenaida Rodríguez, entonces ella dijo, no pero
yo como voy a dictar sociales y filosofía si yo soy de sociales y economía, a mí
me compete es la parte de economía y sociales, no la de filosofía y el rector le
dijo no, a usted le corresponde ahora eso. Ella se estuvo desempeñando más o
menos como una semana y dijo no, realmente yo no puedo, a mí hágame el
favor y me pasan a mi jornada de la tarde, yo en la mañana no. Luego, a la
profesora Marta que ella llevaba, no había cumplido el año de estar ahí en el
colegio, a ella le dio la carga académica de filosofía y ese día todo el mundo
quedó sorprendido y a nosotras nos hizo sobrar. Ustedes sobran, Yolanda
Escobar y Esperanza Cruz y yo dije, mi carga académica rector, él dijo no, la
gente que no trabaja, la gente que no está donde debe estar, sobra, usted sobra,
pase por mi oficina y allá le voy a dar su excedencia y después que la ubique la
Secretaría de Educación donde sea pertinente, […].». (Minuto 14:14 a 16:32).
A su turno, el testigo Queipo Ferley Correa Flórez en su testimonio indicó:
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
«[…] Para ese momento recuerdo que el comunicado que se dio fue el haber
disminuido algunos cursos, sin embargo, los tres inmiscuidos en la situación de
estar sin asignación, se indagó y hubo cuatro docentes que para la fecha se
pensionaron, tres que se pensionaron y uno que solicitó traslado, entonces le
preguntábamos al señor Rafael Peña, porqué a pesar de que se habían ido unos
docentes de la institución por pensión y otros por traslado nos dejaba sin
asignación cuando en su defecto no se había hecho el debido proceso con el
Consejo Académico que es quien institucionalmente y legalmente debe revisar el
tema de la asignación académica y se debe perfeccionar en el Consejo
Directivo, sino que era una decisión unilateral del rector de haber dejado sin
asignación a nosotros tres compañeros los tres casualmente somos activistas
sindicales, para la fecha yo me desempeñaba como vicepresidente del sindicato
de Mosquera y las otras compañeras eran activistas de esa subdirectiva,
casualmente nuestra carga fue distribuida especialmente la de la docente
Yolanda que era la carga de ética y valores, fue distribuida a otros docentes de
distintas áreas y esa era la razón que él argumentaba por la cual nos dejó sin
carga académica. […].». (Minuto 44: 33 a 46:20).
Ahora bien, llama la atención de esta Sala de Decisión que a los docentes a
los cuales no les fue asignada carga académica para el año 2013, fueron
justamente aquellos que se encontraban sindicalizados. En efecto, la señora
María Esperanza Cruz Espejo precisó en lo pertinente:
«[…] Pues los motivos porque ella fue supuestamente trasladada de allá, fueron
motivos de discriminación, porque ella era una persona activista sindical, lo
mismo yo, y al señor rector le parecía muy fastidioso tener a los profesores que
estuviéramos en el sindicato. Preguntado: ¿A usted por qué le consta eso?
Contestó: porque a mí me pasó exactamente lo mismo, a mí me excluyeron del
colegio La Merced por ser activista sindical, por preguntar las cosas que uno ve
que dentro del presupuesto del colegio no se aprueba, uno empieza a indagar, y
eso no le gustó al rector y dijo ustedes van a ver que esto va a tener
consecuencias. A mí me llamó una vez a una reunión, al Consejo Directivo para
llamarnos la atención respecto al porqué se preguntan las decisiones del
Consejo Directivo, por eso se inició todo esto y de pronto el señalamiento y
como la discriminación que hace con las mujeres y sobre todo con los
sindicalistas porque a nosotros nos daba más duro que a los demás. […].».
(Minuto 12:50 a 22:47).
En similar sentido se pronunció el señor Queipo Ferley Correa Flórez, el cual
adujo:
«[…] Realmente los motivos que nosotros inferimos, los tres compañeros y son
similares los tres, es porque somos docentes que nos hemos desempeñado
como activistas sindicales en el municipio y lamentablemente el directivo Rafael
Peña no gusta mucho de esas personas que estamos como activistas sindicales.
Siempre se refirió despectivamente de nuestra labor como sindicalistas, incluso
los comentarios que la compañera Yolanda me hacía de manera informal de
todas maneras y también los sufrí yo en carne propia fueron comentarios
despectivos muy puntuales como por ejemplo los sindicalistas son parásitos del
sistema educativo u otros apelativos que utilizaba el frente a nuestra labor,
entonces, en alguna ocasión de manera informal él manifestó que él tenía que
hacer unos cambios institucionales de tal manera que se le permitiera salir de
estas personas para poder organizar la institución al acomodo que él tenía y
consideramos o yo considero que esa es realmente la motivación que se tuvo
para modificar el plan de estudios y la carga académica de tal manera que los
tres docentes fuéramos según él excedentes, fue el término que utilizó en el
momento […].». (Minuto 47 a 49:35).
Conforme a lo anterior, analizados los testimonios previamente transcritos,
se encuentra que son coherentes en afirmar que los tres docentes se
encontraban vinculados al sindicato en la Institución Educativa La Merced,
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
incluyendo la demandante, y que aquellos servidores fueron a los únicos a
los cuales se les excluyó de carga académica para el año 2013,
destacándose además que, conforme a su dicho, fueron objeto de
constantes discriminaciones y tratos despectivos por su condición de
activistas sindicales por parte del rector de ese plantel, lo cual permite inferir
que la ausencia en la asignación para el referido año lectivo, guardó relación
con su afiliación sindicalista y el reparo del rector hacia este tipo de
trabajadores.
Sobre el punto se destaca que, si bien la deponente María Esperanza Cruz
Espejo podría tener interés en las resultas del proceso por cuanto conforme
lo afirmó en su declaración, también instauró medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se le reintegrara al plantel
educativo en comento por estos mismos hechos, de modo que se deben
escudriñar sus afirmaciones de manera estricta y confrontarlas con el
material probatorio restante25; lo cierto es que, al realizar la valoración
conjunta de las pruebas, la falta de asignación de carga académica respecto
de los tres docentes se puede corroborar con el dicho del testigo Queipo
Ferley Correa Flórez y acorde con la Resolución 002 del 24 de enero de
2013, en la cual se logra verificar que efectivamente a la libelista a cargo de
la materia ética y valores, a la docente Cruz Espejo que dictaba filosofía y al
señor Correa Flórez que se encargaba de la asignatura de ciencias sociales,
no les fue asignada ninguna hora de trabajo, y como consecuencia de ello
quedaron pendientes por asignar en tal institución 3 horas de filosofía, 5 de
sociales y 5 de ética y valores, para un total de 13 horas semanales.
En este sentido, es dable señalar que la manifestación que se realice en
relación con la duda en la imparcialidad del testigo, no genera de entrada la
necesidad de enjuiciar la admisibilidad o no de la prueba, sino que obliga a
examinar con mayor rigor la declaración para verificar que sea consistente y
objetiva y hace necesario confrontar su dicho con el material probatorio
restante.
Bajo esa óptica, las circunstancias fácticas descritas permiten concluir a esta
Subsección que la voluntad del rector de la Institución Educativa La Merced
al momento de distribuir la asignación académica para el año lectivo 2013,
estuvo orientada a prescindir de los docentes sindicalizados, toda vez que a
pesar de quedar pendiente 13 horas semanales de asignaturas a distintos
cursos, optó por excluir a los docentes que se encontraban en actividad
sindical, cuando era factible que dicha distribución los incluyera, o al menos
a alguno de ellos, o que se prescindiera de uno que no estuviera
sindicalizado.
No obstante, la intención de aquel, estuvo indefectiblemente encaminada a
no asignarles carga académica a los docentes afiliados al sindicato, máxime
que conforme lo afirmaron los deponentes existían plazas que quedaban
libres por renuncia, traslado o adquisición del derecho a la pensión de
jubilación de otros docentes que se retiraron del plantel en comento y se les
ordenó a otros servidores con diferentes especialidades que dictaran la
materia de ética y valores.
En ese orden de ideas, se demostró dentro del presente proceso que la
decisión del rector no propendió por las necesidades o mejoramiento del
servicio, por el contrario, se dejó sin clases a varios cursos por
aproximadamente 15 días conforme lo indicaron los testigos y la motivación
25Al respecto se observa que si bien la entidad demandada no tachó a la testigo, en el
recurso de alzada sí aduce argumentos tendientes a desvirtuar su credibilidad por el interés
que podría tener en el sub lite.
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
del traslado fue personal y en persecución de un grupo de docentes
activistas sindicales, luego, al sustentarse los actos administrativos
demandados en que la libelista no tenía carga académica, aquellos se
encuentran viciados de desviación de poder, en tanto la intención era
desconocer la libertad sindical.
En línea con lo expuesto y acorde con lo probado dentro del plenario, es
procedente la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 063 del 7 de
febrero de 2013 a través de la cual se ordenó el traslado a otra institución
docente a la señora Yolanda Escobar Castillo y 159 del 18 de marzo de la
citada anualidad, que decidió el recurso de reposición, respectivamente, por
cuanto se desvirtuó su legalidad por desviación de poder, tal como lo
consideró el a quo.
En este punto es pertinente aclarar que, al margen de las manifestaciones
del tribunal de primera instancia tendientes a declarar la nulidad de los actos
por falsa motivación, lo cierto es que coincide con el criterio de esta Sala en
cuanto a que existieron finalidades ocultas diferentes a las plasmadas en los
actos demandados, y en esa medida el cargo que prospera es el de
desviación de poder.
Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho, no es dable el
reintegro de la demandante a la Institución Educativa La Merced habida
cuenta de que fue retirada del servicio el 14 de julio de 2014 (folio 449 a
451), y percibe pensión de invalidez a partir de la mencionada fecha
conforme se advierte de la Resolución 199 del 19 de agosto de 2014 (folios
447 a 449), por pérdida de capacidad laboral del 96%, lo cual permite
advertir que no se encuentra en capacidad de continuar en el ejercicio de la
función docente.
Al respecto cabe señalar que, si bien dichas resoluciones fueron allegadas
en los alegatos de conclusión, esto es, por fuera de la oportunidad procesal
diferente, deben ser valoradas en tanto fue la misma interesada quien las
allegó, a quien directamente afecta la decisión que se tome conforme a
dichas pruebas, en este sentido no es procedente el reintegro al colegio La
Merced solicitado en el libelo introductor.
Conclusión: la señora Yolanda Escobar Castillo demostró que
Resoluciones 063 del 7 de febrero de 2013 que ordenó el traslado a otra
institución docente a la señora Yolanda Escobar Castillo y 159 del 18 de
marzo de la citada anualidad, mediante la cual se decidió el recurso de
reposición, respectivamente, no fueron adecuadas a los fines de la norma
que consagra el traslado docente y que contenía finalidades ocultas,
distintas a las previstas en la ley, por lo que la presunción de legalidad fue
desvirtuada.
Segundo problema jurídico
¿La libelista tiene derecho al pago de los perjuicios morales que alega le
fueron generados con ocasión del traslado docente?
Al respecto la Subsección sostendrá la tesis de que la interesada no probó
los perjuicios que depreca con motivo de la expedición de las Resoluciones
063 del 7 de febrero de 2013 y 159 del 18 de marzo de la citada anualidad,
que ordenaron su traslado de la Institución Educativa La Merced al plantel
Roberto Velandia. No obstante ello, se ordenará una reparación no
pecuniaria, habida cuenta de que en el presente proceso se demostraron
conductas que atentan en contra del derecho de asociación sindical.
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
De los perjuicios morales
El artículo 16 de la Ley 446 de 199826 prevé que «dentro de cualquier proceso
que se surta ante la Administración de Justicia la valoración de daños irrogados a
las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad
y observará los criterios técnicos actuariales.».
De acuerdo con la postura de esta Corporación27, la reparación integral a la
que se refiere ese artículo busca el restablecimiento del derecho, bien o
interés jurídicamente tutelado que fue afectado por el hecho dañoso. En ese
sentido, ha identificado una serie de perjuicios, entre ellos los morales, que
están compuestos «por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la
víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.».
En la sentencia de 20 de abril de 200528, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló que, de acuerdo
con reiterada jurisprudencia, la indemnización de perjuicios morales tiene
una función satisfactoria, mas no reparatoria de tal aflicción. En ese sentido,
«los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar
su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto,
corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo
en cuenta la gravedad del daño causado al demandante».
Ahora bien, la demandante aportó las siguientes pruebas con el fin de que le
fueran reconocidos los perjuicios morales presuntamente a ella ocasionados
por el traslado de la Institución Educativa La Merced al plantel Roberto
Velandia:
Certificados de incapacidades médicas de la libelista entre febrero y
octubre de 2013, por el diagnóstico de ansiedad y depresión (folios 67
a 73 y 290 a 295).
Certificado laboral expedido por la Unión Temporal Médico Salud del
5 de agosto 2013 (folio 289), en la cual se indica:
«[…] CONCEPTO
PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO DADO POR TRASTORNO
DEPRESIVO ANSIOSO ASOCIADO A DEPRESIÓN E HIPERTENSIÓN
ARTERIAL.
CONCEPTO DE MEDICINA LABPORAL
1. REUBICACIÓN LABORAL PARA MINIMIZAR SINTOMATOLOGIA (SIC)
DESENCADENADA POR EL AMBIENTE LABORAL.
2. RECOMENDACIONES:
Evite tomar café […]». (Negrillas y mayúsculas del texto original).
De igual forma, el deponente Queipo Ferley Correa Flórez al ser
indagado respecto del desmejoramiento que presuntamente tuvo la
26 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia».
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
28 de agosto de 2014, radicado: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
28 Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005, expediente: 15247.
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
demandante con la expedición del acto administrativo que la trasladó,
señaló:
«[…] Bueno, lo que puedo decir al respecto es lo que la docente me
manifestaba día a día en esos momentos, la afectación consistió en que
ella tenía una estabilidad ya por varios años en la institución donde estaba
en La Merced y el hecho de haberle procedido hacer ese traslado de esa
manera unilateral a otro ente, perdón, a otra institución le trajo a ella una
situación emocional de desequilibrio, adicionalmente esos días de zozobra
que tuvo que no se le asignaba de todas maneras carga ni ahí en La
Merced ni en otra institución, nosotros decíamos claramente que la norma
es clara, primero se debió haber emitido el acto administrativo según lo que
nosotros le direccionábamos a ella notificarla y saber hacia dónde la
direccionaban. Ella tuvo varios días desde cuando el rector le dice es
excedente hasta cuando efectivamente se notifica un acto administrativo,
días en los cuales ella pues obviamente en su temor de que hacía, a dónde
acudía, si iba a cumplir horario, pero sí, ella intentó ir a cumplir horario y el
rector le dijo que no podía asistir, iba a la Secretaría de Educación y le
decían que tocaba esperar que no se sabía, que iban a mirar, entonces esa
situación de zozobra tengo entendido le causó a ella unas dificultades de
tipo emocional y tengo entendido que de tipo psicológico que
posteriormente ella asegura, causó la situación de invalidez y de
incapacidad para laborar. Posteriormente cuando es notificada y llega a un
nuevo ambiente escolar a ella de una u otra manera creo ya afectada
psicológicamente, no logra digerir ese nuevo ambiente laboral tampoco y
ahí es donde se producen los diagnósticos que ella es afectada
psicológicamente por esa situación. […]». (Minuto 38 a 1:03 del cd
visible a folio 436 del plenario).
De la relación probatoria que precede, se observa que si bien la demandante
tuvo varias incapacidades médicas por los cuadros clínicos de depresión y
ansiedad, dicha circunstancia no lleva a la convicción a esta Sala de
Decisión de que los padecimientos en comento, fueron ocasionados por el
traslado del plantel educativo La Merced al Roberto Velandia, habida cuenta
que dichos documentos hospitalarios no permiten advertir la relación de la
causalidad entre la ausencia de la prestación del servicio en la primera
institución educativa y las patologías presentadas.
En relación con el concepto médico obrante a folio 289 del plenario, se
advierte que se recomienda la reubicación laboral, empero de aquel no es
posible concluir ni tampoco se alegó dentro del trámite del presente proceso,
que el ambiente laboral que tenía la demandante en el colegio Roberto
Velandia era tan crítico que le causó perjuicio a su salud mental, pues lo que
esgrime la parte activa es que con ocasión del traslado se desmejoraron sus
condiciones laborales, dado que aquel obedeció a su calidad de afiliada al
sindicato, su reiterada oposición a la gestión del rector y que el nuevo plantel
en que fue ubicada era de carácter rural y por ello sus desplazamientos
debían ser más largos. Sin embargo, no manifestó en ningún momento ni de
los medios probatorios aportados se puede afirmar que tenía inconvenientes
de convivencia profesional en el Institución Educativa Roberto Velandia a tal
punto que se le generó un menoscabo a su salud.
De otro lado, se tiene que el señor Queipo Ferley Correa Flórez declaró que
tuvo conocimiento de que el traslado aquejó emocionalmente a la libelista
(minuto 59:37), sin embargo, tal como lo consideró el tribunal de primera
instancia, no refiere en qué consistió dicha afectación ni la gravedad de
aquella, de ahí que no se tenga certeza en cuanto a los perjuicios morales
que supuestamente le fueron causados, habida cuenta de que el testigo no
profundiza de qué manera fueron ocasionados, máxime cuando en su dicho
sostiene «tengo entendido» y no otorga más elementos de juicio que
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Demandante: Yolanda Escobar Castillo
permitan verificar que tiene conocimiento pleno de que el traslado en efecto
le originó un daño moral.
Bajo esta línea argumentativa, no se evidencia afectación emocional de la
que se genere el resarcimiento del perjuicio moral deprecado, pues a pesar
de que se observan padecimientos médicos por parte de la libelista, ello no
constituye per se razón suficiente para tener como demostrados dichos
perjuicios, toda vez que si bien el acto de traslado se encuentra viciado de
nulidad, dicha circunstancia no ocasiona un decrecimiento de su patrimonio
que le impida mantener una vida digna y le produzca un daño sumamente
grave, a tal punto que desmejore su condición sicofísica.
Aunado a lo anterior, es del caso señalar que en la Resolución 152 del 14 de
julio de 2014, que dispuso el retiro del servicio por invalidez a la señora
Yolanda Escobar Castillo (folios 449 a 451), se indicó que su disminución de
la capacidad laboral obedece un trastorno depresivo asociado a depresión e
hipertensión arterial, y reflujo gastroesofágico. Acto administrativo en el cual
se señala que su enfermedad no es profesional, situación que desliga la
aseveración de que la decisión aquí demandada le causó tales
padecimientos.
En esas condiciones, esta Corporación encuentra acertada la decisión del a
quo concerniente a negar las pretensiones de restablecimiento del derecho
sobre el reconocimiento y pago de los perjuicios morales, a favor de la
demandante.
Ahora bien, no pasa por alto esta Subsección que conforme a lo demostrado
dentro del plenario y resuelto en el problema jurídico anterior, se probó que el
rector de la Institución Educativa La Merced del Municipio de Mosquera, llevó
a cabo conductas que atentan contra la asociación sindical, en efecto, se
verificó que para el año lectivo 2013 prescindió de otorgar carga académica a
tres docentes que se encontraban sindicalizados y buscó trasladar a dichos
servidores a otros planteles educativos, modificando sus condiciones de
trabajo con el fin de desalentar el derecho fundamental que les asistía a
asociarse en los respectivos sindicatos.
Nótese que acorde con lo analizado y probado en precedencia, el rector de la
Institución Educativa La Merced omitió otorgarle carga académica a la
demandante con el fin de que fuera trasladada a otro plantel, dada su
animadversión al personal docente que se encontraba sindicalizado, aunado
a ello, y según el dicho de los testigos, realizó en varias oportunidades
manifestaciones en contra de la libelista por ser activista sindical.
Sobre el punto se resalta que, en sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201429, la Sección Tercera de esta Corporación, reiteró los criterios para
tasar los perjuicios causados por el daño a bienes constitucionales y se
determinó que con el fin de reparar el daño, las medidas de reparación no
pecuniarias se privilegian frente a las pecuniarias, cuando las primeras
no sean suficientes para resarcir el perjuicio y se concederán solo en favor
de la víctima directa.
Al respecto, en la providencia en comento, se indicó:
«[…] De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en
materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de
parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre
29 Radicado: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se
precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de
medidas de reparación no pecuniarias a favor de la victima (sic) directa y a
su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente
y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de
solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida
la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas
denominadas “de crianza”.
[…]
En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes
o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una
indemnización, única y exclusivamente a la victima (sic) directa, mediante el
establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso,
siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento
en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser
proporcional a la intensidad del daño. […]». (Resaltado intencional).
Conforme a lo anterior, se tiene que no es necesario que la indemnización
por el daño derivado de una afectación a un bien constitucional o
convencionalmente amparado haya sido solicitada expresamente, pues el
juez, siempre y cuando lo encuentre acreditado, puede y tiene el deber de
ordenar su reparación.
De otro lado esta Sala de Decisión advierte que, si bien en el mencionado
fallo se unificaron los criterios indemnizatorios en los casos en los cuales el
daño antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo
cierto es que se acoge el criterio de reparación integral allí esgrimido, toda
vez que acorde con lo estudiado en acápites anteriores, la asociación
sindical es un bien jurídico constitucional y convencionalmente protegido que
conforme se demostró dentro del presente proceso, fue vulnerado por el
titular de la Institución Educativa La Merced.
Bajo esta línea argumentativa, habrá de ordenarse al rector de dicho plantel
y a la Secretaría de Educación Municipal de Mosquera que en un acto
público ofrezca excusas a la señora Yolanda Escobar Castillo, por las
conductas llevadas a cabo para el año lectivo 2013, por la discriminación de
la cual fue objeto por ser sindicalizada, las cuales deberán llevarse a cabo
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia. Lo anterior, siempre que la antes nombrada lo convenga.
En conclusión: si bien no se probó la causación de los perjuicios morales
deprecados, en aras de que sí se demostró una persecución en contra de un
grupo de docentes de activistas sindicales, entre ellos la demandante, motivo
por el cual habrá de ordenarse a la entidad demandada una disculpa pública
como medida de la reparación no pecuniaria, siempre que la demandante
esté de acuerdo.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se adicionará un ordinal de la sentencia del 20 de
agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, en el sentido ordenar al rector de la
Institución Educativa La Merced y a la Secretaría de Educación Municipal de
Mosquera que en un acto público ofrezca excusas a la señora Yolanda
Escobar Castillo, por las conductas llevadas a cabo para el año lectivo 2013,
por la discriminación de la cual fue objeto al ser activista sindical, siempre
que la antes nombrada lo convenga, toda vez que prosperan parcialmente
los argumentos del recurso de apelación.
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
Se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201630, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP31, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 32.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente no caso se condenará
en costas a las partes, toda vez que ambas resultan vencidas, por cuanto no
prosperaron los argumentos esgrimidos en los recursos de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
30 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
31 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
32 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]».
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Radicado: 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017)
Demandante: Yolanda Escobar Castillo
FALLA
Primero: Adicionar un ordinal a la sentencia del 19 de mayo de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso la señora Yolanda Escobar Castillo
contra el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, en el siguiente sentido:
«[…] Segundo: Como medida de la reparación no pecuniaria, se ordena al rector
de la Institución Educativa La Merced y a la Secretaría de Educación Municipal
de Mosquera, Cundinamarca, que en un acto público ofrezca excusas a la señora
Yolanda Escobar Castillo, por las conductas llevadas a cabo para el año lectivo
2013, por la discriminación de la cual fue objeto por ser activista sindical, las
cuales deberán llevarse a cabo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de ejecutoria de esta providencia. Lo anterior siempre que la demandante
lo convenga. […]».
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Reconocer personería adjetiva a la abogada Ángela Catherine
Martín Peña identificada con cédula de ciudadanía 52.187.625 y portadora
de la tarjeta profesional 180.253 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada del Municipio de Mosquera, Cundinamarca, según poder a ella
conferido (índice 21 SAMAI).
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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