Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00552-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00552-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2014-00552-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de septiembre de 2023
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00552-01 (1387-2016)
Demandante: Hermeregilda Reina Salazar
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
Temas: Traslado docente. CONFIRMA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Hermeregilda Reina Salazar instauró demanda contra la Nación, a través del Ministerio
de Educación Nacional, y el departamento del Putumayo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los actos administrativos que se relacionan a continuación:
• Resolución 004 del 30 de julio de 2013, expedida por la directora del Centro
Educativo Rural Juan XXIII del Municipio de Sibundoy, Putumayo, mediante la
cual liberó la plaza docente de la demandante.
• Resolución 3456 del 28 de agosto de 2013, emitida por el administrador temporal
para el sector educativo en el Putumayo, por la cual dispuso el traslado de la
señora Reina Salazar como docente en propiedad del Centro Educativo Rural
Juan XXIII, a la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de Orito,
en ese mismo departamento.
• Resolución 1504 del 22 de abril de 2014, proferida por el secretario de Educación
del Putumayo, a través de la cual resolvió el recurso de reposición que interpuso
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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la demandante contra la Resolución 3456 de 2013.
Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la
Secretaría de Educación del Putumayo reintegrarla al Centro Educativo Rural Juan
XXIII de Sibundoy, con la correspondiente asignación académica de acuerdo con su
perfil; se condene a las demandadas a reparar el daño psicológico y moral con una
indemnización equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
y que paguen las costas del proceso.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue vinculada a la planta docente del departamento del Putumayo el 22 de
septiembre de 1978 y tomó posesión de su cargo el día 28 de ese mes y año.
Que mediante Decreto 0214 del 8 de mayo de 2001, el secretario de Educación del
aludido ente territorial ordenó el traslado de la demandante como docente seccional de
la Escuela Rural Mixta San Silvestre del municipio de San Francisco, a la Escuela Rural
Mixta Juan XXIII de Sibundoy, debido a la necesidad del servicio derivada del
fallecimiento de un docente de esta última institución.
Que a partir del traslado se asentó en el municipio de Sibundoy con su familia y allí
prestó sus servicios durante más de doce años, donde se destacó por ser responsable
y proactiva, y por su continua capacitación académica.
Que en diciembre de 2009 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la medida
correctiva de asunción transitoria de la competencia del sector educación en el
departamento del Putumayo y se la entregó al Ministerio de Educación Nacional. La
Administración Temporal designada para tales efectos emitió la Resolución 0991 del 22
de abril de 2010, por la cual reglamentó las competencias y procedimientos para
organizar las plantas de personal de profesores del servicio educativo estatal del
aludido ente territorial, que incluyó lo relativo a los criterios de liberación de plazas
docentes.
Que mediante Resolución 1248 del 20 de mayo de 2010, la Administración Temporal
agregó un parágrafo al artículo 4 de la Resolución 0991, que estableció que los rectores
o directores de centros educativos debían reubicar a los docentes en propiedad que
tuvieran igual perfil al de otros profesores nombrados en provisionalidad en el
respectivo establecimiento, siempre y cuando ello fuera favorable para el empleado.
Que el 21 de febrero de 2011 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la
Administración Temporal para establecer la planta de personal de las instituciones
educativas del municipio de Sibundoy para ese año lectivo. Respecto del Centro
Educativo Rural Juan XXIII, se determinó la liberación de dos plazas docentes, entre
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las que, luego de un periodo de indefinición, fue incluida la de la señora Reina Salazar.
Que mediante la Resolución 4153 del 14 de octubre de 2011 se ordenó el traslado de
la demandante a la Institución Rural Aborígenes de Colombia en el municipio de Mocoa,
decisión fue recurrida y confirmada por medio de la Resolución 0074 del 11 de enero
de 2012.
Que presentó acción de tutela contra la Administración Temporal, y esta fue finalmente
decidida en segunda instancia el 18 de abril de 2012, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Mocoa, que resolvió dejar sin efectos la Resolución 4153 de 2011 y las que
se profirieron después con base en ella. Ordenó el reintegro de la accionante al cargo
que venía desempeñando como docente de preescolar en el Centro Educativo Rural
Juan XXIII, dada la falta de motivación del acto administrativo que varió sus condiciones
laborales.
Que la directora del mencionado centro educativo convocó una asamblea de padres de
familia donde se incitó a los asistentes a protestar, sin justificación, contra el reintegro
de la demandante, por los supuestos malos tratos que ella le daba a sus estudiantes,
lo cual nunca ocurrió.
Que luego, a través de la Resolución 1917 del 4 de junio de 2012, la Administración
Temporal para el sector educativo del Putumayo distribuyó la planta global viabilizada
de cargos docentes para el periodo académico de ese año en los municipios no
certificados, y fijó la del Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy con un total de
seis profesores de aula.
Que la directora de ese centro educativo reorganizó la asignación académica del
establecimiento y designó a la señora Reina Salazar como docente del grado tercero,
y dejó a la señora Gloria Nancy Salas Salas, una profesora menos calificada que ella,
pero hermana de un supervisor de la Secretaría de Educación Departamental, en el de
preescolar.
Que por intermedio de la Circular 002 del 18 de enero de 2013, la administradora
temporal del sector educativo del Putumayo informó que, según el Sistema Integrado
de Matrícula, se evidenciaba un excedente de planta en algunas instituciones, entre
ellas en el Centro Juan XXIII. Después, su directora, mediante oficio del 1 de febrero
de ese año, le expuso a la aludida administradora que, en reunión del 27 de abril de
2012, el presidente de la Asociación de Padres de Familia le manifestó que si cambiaba
a la señora Salas Salas como docente de preescolar por la señora Hermeregilda Reina
Salazar, sus hijos dejarían de asistir a la escuela porque esta última les generaba
desconfianza e inseguridad, lo cual fue reiterado luego por el mencionado presidente
mediante oficio del 7 de febrero de 2013, dirigido a la Administración Temporal.
Que el 15 de mayo de 2013 se realizó una reunión extraordinaria en el centro educativo
a la que fue convocada la demandante junto con algunos padres de familia, y en ella
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fue presionada para que renunciara. Por esa razón, al día siguiente, la señora Reina
Salazar se quejó por escrito ante la directora, porque consideró que era víctima de
acoso.
Que, posteriormente, la directora del Centro Educativo Rural Juan XXIII expidió la
Resolución 004 del 30 de julio de 2013, por la cual liberó la plaza docente de la
demandante, bajo el argumento de que su situación en ese establecimiento se
enmarcaba en las causales previstas en los numerales 2 y 4 del literal a del artículo 4
de la Resolución 0991 de 2010, por inadaptabilidad a la comunidad académica y por
ser la última docente trasladada a dicha institución sin existir necesidad del servicio.
Que adoptada la anterior decisión, el 3 de agosto de 2012 fue notificada personalmente
de la Resolución 1317 del 24 de abril de 2012, mediante la cual la Administración
Temporal le dio cumplimiento al fallo de tutela proferido en segunda instancia por el
Tribunal Superior de Mocoa, ordenando su reintegro como docente de preescolar al
Centro Educativo Juan XXIII de Sibundoy.
Que luego de presentar varias peticiones de información y documentos respecto de la
liberación de su plaza del centro educativo, el 20 de septiembre de 2013 fue abordada
por el director de Núcleo Educativo del municipio de Sibundoy, para notificarle
personalmente la Resolución 3456 del 28 de agosto de ese año, a través de la cual se
resolvió trasladarla por estricta necesidad del servicio a la Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán del municipio de Orito.
Que el 24 de septiembre de 2013 presentó recurso de reposición en contra de la
resolución de traslado y pidió acompañamiento del personero de Sibundoy en su caso.
Que después de que el 10 de diciembre de 2013 se levantara la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia del sector educativo del Putumayo, el 21 de mayo
de 2014 el director de Núcleo Educativo de Sibundoy le notificó personalmente la
Resolución 1504 del 22 de abril de 2014, emitida por el secretario de Educación
Departamental, que confirmó en todas sus partes la Resolución 3456 del 28 de agosto
de 2013.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 20 de enero de 20151 y notificada a las partes2. El
departamento del Putumayo se opuso a las pretensiones3, considerando que la
Resolución 004 del 30 de julio de 2013, emitida por la directora del Centro Educativo
Rural Juan XXIII, es un acto de trámite que no debe ser anulado, porque se limitó a
reportar ante la Secretaría de Educación Departamental el excedente docente de ese
establecimiento, particularmente el de la señora Hermeregilda Reina Salazar, toda vez
que se configuraron en su caso las causales previstas en los numerales 2 y 4 del literal
1 Folios 323 a 327 del c. ppal.
2 Folio 329 del c. ppal.
3 Folios 350 a 362 del c. ppal.
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a, artículo 4 de la Resolución 0991 de 2010, modificada por la Resolución 1248 de ese
año. Y a su vez, las Resoluciones 3456 de 2013 y 1504 de 2014 son legales, porque
solo ordenan un traslado por estricta necesidad del servicio.
Que no es posible reintegrar a la demandante al aludido centro educativo, en la medida
en que su planta docente se encuentra completa y ella tuvo una baja adaptabilidad con
la comunidad educativa, lo cual quedó demostrado con varios escritos presentados por
padres de familia, que manifestaron que preferían retirar a sus hijos de la escuela a que
recibieran clase con la señora Reina Salazar, por su carácter excesivamente fuerte con
los niños.
Que la Corte Constitucional en la sentencia T-534 de 2009 expresó que la
administración pública cuenta con amplias facultades para trasladar a los docentes de
acuerdo con las necesidades del servicio, bajo la condición de que los movimientos se
realicen a cargos equivalentes, y que la decisión pondere el entorno social del
trabajador, su familia, el lugar y tiempo de trabajo, el rendimiento, el ingreso salarial, el
estado de salud, entre otros criterios. Igualmente, en la sentencia T-353 de 1999 expuso
que no toda implicación familiar en estos traslados tiene relevancia constitucional, pues
es necesario que, para tales efectos, se presente una afectación grave de la situación
personal del trabajador.
Se celebró la audiencia inicial el 15 de julio de 20154, en la cual se fijó el litigio, se
incorporaron como medios probatorios los documentos aportados con la demanda y la
contestación, y se definió fecha para audiencia de pruebas. Después de realizada esta
última, se corrió traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 4 de febrero de 2016,
accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la nulidad de la fracción de la
Resolución 004 de 2013, relativa a la liberación de la plaza docente de la señora
Hermeregilda Reina Salazar por la causal cuarta del literal a del artículo 4 de la
Resolución 0991 de 2010, que se refiere a la baja adaptabilidad de la docente a la
comunidad educativa, y denegó las demás solicitudes del libelo.
Consideró que quedó probado, por no ser discutido por la demandante, que fue la última
docente en llegar al Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy en el año 2001, en
reemplazo de un profesor que había fallecido, y también que en ese momento no existía
necesidad del servicio para realizar ese movimiento de personal. Igualmente, que para
la época de los hechos, el establecimiento de enseñanza contaba con un maestro en
exceso y, por lo tanto, se acreditó la configuración de la causal del numeral 2 del literal
a del artículo 4 de la Resolución 0991 de 2010 para la liberación de la plaza docente y
su correspondiente traslado, sin que frente a ella se pueda afirmar que existió falsa
4 Folios 391 a 398 del c. ppal.
5 Folios 799 a 814 del c. ppal.
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motivación, violación al debido proceso o desviación de poder.
Que, en lo que tiene que ver con la causal por baja adaptabilidad a la comunidad
educativa, si bien tiene sustento probatorio en los testimonios practicados en el proceso
y los documentos que obran en él, que dan cuenta de la poca paciencia que tenía la
señora Reina Salazar con sus alumnos de preescolar, no resulta legal su
estructuración, porque previamente no se le dieron a conocer a la demandante las
quejas presentadas por los padres de familia en su contra, con lo que se le violó el
derecho al debido proceso.
RECURSO DE APELACIÓN6
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló la sentencia indicando que los
actos administrativos acusados debieron ser anulados en su totalidad, toda vez que no
fueron sustentados en un estudio técnico sobre la conformación y excedentes de la
planta docente del establecimiento educativo, según lo exigen las Resoluciones 0991 y
1248 de 2010, y la Circular 011 de ese mismo año, proferidas por la Administración
Temporal del sector educativo del Putumayo.
Que no es cierto lo sostenido por el tribunal, en el sentido de que en la demanda no se
controvirtieron los presupuestos de configuración de la causal del numeral 2 del literal
a, artículo 4 de la Resolución 0991 de 2010, para la liberación de la plaza docente, que
consiste en que sean los últimos profesores trasladados al centro educativo sin existir
la necesidad del servicio solicitada por el director, y que a la fecha esta no se haya
creado. Esto por cuanto en las páginas 26 a 29 del libelo, se expresaron las razones de
desacuerdo frente a ella, que tienen que ver con el hecho de que fue trasladada al
Centro Educativo Rural Juan XXIII mediante el Decreto 0214 del 8 de mayo de 2001,
proferido por el secretario de Educación del Putumayo, debido a que había fallecido el
docente Hernando Gilberto Azain Villota, adscrito a ese establecimiento de enseñanza,
y su plaza debía ser ocupada por otro profesor, para no generar perturbación en la
prestación del servicio.
Que el Decreto 0214 de 2001 se presume legal y ello conlleva la suposición de que su
traslado inicial se dio por necesidad del servicio.
Que se desconocieron las pruebas que acreditaban la desviación de poder en la
expedición de los actos demandados, relativas al parentesco de la docente Gloria
Nancy Salas Salas con el señor Álvaro Salas Salas, que era supervisor en la Secretaría
de Educación del Departamento del Putumayo y, en ese sentido, su influencia laboral
y política ayudó a evitar el traslado de su hermana y a perpetrar la persecución en
contra de la demandante.
Por lo demás, en el recurso de apelación se expresaron argumentos sobre la ausencia
de configuración de la causal por falta de adaptación a la comunidad educativa de la
6 Folios 817 a 838 del c. ppal.
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señora Reina Salazar y se pidió la recepción de un testimonio que no se practicó en
primera instancia por la inasistencia del declarante, pero esta última solicitud fue
denegada7.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Ministerio de Educación pidió que se confirme la sentencia apelada y se condene en
costas de segunda instancia a la demandante para lo cual, manifestó estar de acuerdo
con las razones expuestas por el Tribunal Administrativo de Nariño8.
La Secretaría de Educación del departamento del Putumayo sostuvo que el traslado se
ordenó por estricta necesidad del servicio, dado que el Centro Educativo Rural Juan
XIII de Sibundoy tenía un excedente de profesores en su planta de personal; además,
se refirió a los reclamos de varios padres de familia en contra de ella por su trato hacia
los alumnos de preescolar y a que no se desmejoraron sus condiciones laborales9.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá establecer si se debe revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Nariño por las razones expuestas por la parte demandante en el
recurso de apelación. Esto es, porque en su sentir su traslado se materializó sin contar
con estudios técnicos para tales efectos. También, en la medida en que dice que sí
alegó y demostró que la liberación de la plaza docente de la señora Hermeregilda Reina
Salazar no se enmarcó en la causal del numeral 2 del literal a, artículo 4 de la
Resolución 0991 de 2010, proferida por la Administración Temporal para el sector
educativo del Putumayo particularmente porque su traslado en el año 2001 al Centro
Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy se ordenó por la necesidad del servicio
derivada de la muerte de un profesor de ese centro de enseñanza. Y, por último, porque
según expresa, los actos acusados se emitieron con desviación de poder, buscando
beneficiar a otra docente por su vínculo familiar con un funcionario de la Secretaría de
Educación del aludido departamento.
Marco normativo y jurisprudencial. Traslado discrecional de docentes y
directivos docentes
En materia de la prestación del servicio educativo estatal, el ordenamiento jurídico
colombiano ha previsto la posibilidad al empleador de modificar las condiciones de
trabajo en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo, cantidad y lugar de la labor,
como efecto del poder subordinante y de la facultad del ius variandi.
La Ley 715 de 2001, «por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo
7 Folios 879 a 881 del c. ppal.
8 Folios 863 a 864 del c. ppal.
9 Folios 903 a 905 del c. ppal.
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01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros», reguló en su artículo 22
lo relacionado con la facultad de trasladar docentes y directivos docentes en los
siguientes términos:
«Artículo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se
requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará
discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora
departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma
entidad territorial.
Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se
requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales.
Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con
las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las
plantas de personal de las entidades territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición».
De la lectura de la norma en mención, se advierten dos situaciones relacionadas con el
traslado, la primera, cuando este se da al interior del ente territorial; y la segunda,
cuando el traslado se hace a un ente territorial (departamento, municipio o distrito)
diferente a la inicial, cuando se encuentren debidamente certificados.
Respecto de la primera circunstancia, la norma permite concluir que se trata de una
facultad discrecional del ente nominador, mediante acto administrativo motivado,
mientras que, en la segunda, se requiere de un convenio interadministrativo entre las
diferentes entidades territoriales.
La Corte Constitucional, a través de sentencia C-918 de 2002, se pronunció frente a la
facultad discrecional de los entes nominadores para realizar traslados de docentes para
indicar que esta no puede ser absoluta, porque es incompatible con los principios del
Estado social de derecho, y que además podría convertirse en un instrumento
discriminatorio contra los docentes:
«[…] De un lado la discrecionalidad no viola per se el Estado de derecho, pues no es
sinónima de arbitrariedad y se encuentra sometida a controles judiciales. De otro lado,
el deber de motivación es una garantía contra eventuales arbitrariedades, pues obliga a
las autoridades a explicar las razones que justifican el traslado, lo cual además facilita
el control judicial de esas actuaciones. Finalmente, y como bien lo destacan varios
intervinientes, el actor yerra al afirmar que la Ley 715 de 2001 carece de criterios que
orienten los traslados. Esa aseveración del demandante nace de una lectura fraccionada
de la norma impugnada, e ignora lo dispuesto en los artículos 22 y 40 Parágrafo 1°, de
la misma Ley 715 de 2001, en los cuales se indican las normas a las cuales han de
atender los traslados de docentes.
Dichas disposiciones prevén reglas de procedimiento y limitan el poder discrecional de
la actuación administrativa, al disponer el traslado de docentes. Así, el artículo 22
establece que los traslados proceden "para la debida prestación del servicio educativo"
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y requieren de un convenio interadministrativo si se realiza entre distintas entidades
territoriales.
Además, la disposición señala que esos traslados proceden "estrictamente de acuerdo
con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las
plantas de personal de las entidades territoriales". Por su parte, el parágrafo 1 del
artículo 40 fortalece esas garantías, pues señala prioridades para los traslados entre
departamentos, así: vacantes, plazas recién provistas por la incorporación de quienes
tenían orden de prestación de servicios, docentes vinculados con una antigüedad no
mayor de 5 años.
Todo esto muestra que la discrecionalidad para los traslados no es absoluta. Además,
la Corte recuerda que el código Contencioso Administrativo dispone un principio que
rige la actividad administrativa, en general y que funciona expresamente como
mecanismo garante contra la eventualidad de una decisión administrativa discrecional
absolutamente. En efecto, el artículo 36 de ese cuerpo normativo establece que, "en la
medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional
a los hechos que le sirven de causa […]».
Ahora bien, en la época de los hechos que conciernen a este caso, el artículo 22 de la
Ley 715 de 2001 fue reglamentado por el Decreto 520 de 2010, que en su artículo 5
determinó:
«Artículo 5º. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora
efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo
debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso
ordinario de traslados de que trata este Decreto, cuando se originen en:
1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban ser
resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio
educativo. En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión
correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo aplicado al
último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado.
2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la
reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional10.
3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité
de medicina laboral del prestador del servicio de salud.
4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un
establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo».
En ese orden de ideas, se advierte que la norma que actualmente regula lo relacionado
con el traslado de docentes prevé que estos movimientos deben realizarse mediante
acto administrativo motivado, puede ser realizado en cualquier época del año lectivo,
sin sujetarse al proceso ordinario regulado en el artículo 2 del citado decreto.
Finalmente, se resalta que en la jurisprudencia de las subsecciones que conforman la
Sección Segunda del Consejo de Estado se ha precisado, en la misma línea de lo
10 Numeral derogado de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 1782 del 20 de agosto de 2013.
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indicado por la Corte Constitucional, que la potestad discrecional para trasladar
docentes se encuentra limitada, por un lado, por circunstancias objetivas, que tienen
que ver con la efectiva necesidad de mejorar o garantizar las condiciones de prestación
del servicio educativo; y por el otro, por la situación personal o familiar de quien se
pretende trasladar11.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Resolución del caso concreto
Para la Sala, la sentencia impugnada se debe confirmar, en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda, toda vez que: (i) los actos administrativos que
determinaron de manera concreta el traslado de la señora Hermeregilda Reina Salazar,
no requerían de un estudio técnico como condición de validez para su expedición; (ii)
la liberación de la plaza docente de la demandante en el Centro Educativo Rural Juan
XXIII de Sibundoy, y su posterior traslado, se fundó en estrictas necesidades del
servicio, relacionadas, principalmente, con el exceso de personal de profesores en ese
establecimiento y con la falta de asignación académica a la accionante a comienzos del
año lectivo 2013, cuando ella estaba en licencia ordinaria no remunerada por tres
meses; y (iii) no hay pruebas que demuestren que las resoluciones demandadas fueron
proferidas con una finalidad desviada.
En efecto, sobre lo primero, es menester señalar que ni el artículo 22 de la Ley 715 de
2001, ni su reglamentario artículo 5 del Decreto 520 de 2010, exigen un estudio técnico
para los actos administrativos que ordenan el traslado de docentes, no obstante que
estos han de estar debidamente motivados según los lineamientos de necesidad del
servicio enunciados en esas disposiciones.
En ese sentido, la norma invocada por la parte actora para sostener que sí eran
requeridos los estudios técnicos para el traslado, a saber, la contenida en el artículo 2
de la Resolución 0991 del 22 de abril de 2010, emitida por la administradora temporal
para el sector educativo en el departamento del Putumayo12, no prevé que se necesite
estudio técnico para los movimientos de profesores, sino que los demanda respecto del
acto administrativo mediante el cual se adopta la planta de personal de la institución o
centro educativo, el cual, por lo demás, no fue acusado en este medio de control.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de
marzo de 2022, rad. 250002342000-2013-06020-02 (0513-2017); Subsección B, sentencias del 20 de enero de 2022,
rad. 08001-23-33-000-2014-01471-01 (2307-2016); del 26 de abril de 2018, rad. 19001-23-33-000-2014-00452-
01(0104-17) y del 9 de noviembre de 2017, rad. 66001-23-33-000-2013-00425-02(1159-15).
12 La Resolución 0991 de 2010 se emitió para establecer «los criterios y procedimientos para organizar las plantas
de personal docente y directivo docente del servicio educativo estatal que prestan las instituciones y centros
educativos del Departamento [del Putumayo] y se dictan otras disposiciones». En su artículo 2 preceptuó lo siguiente:
«Planta de personal. Mediante acto administrativo, la institución o centro educativo a través del rector o director de
centro, según el caso, adoptará la planta de personal, previo estudio técnico, en el que determinen los cargos de
directivos docentes, docentes por niveles o ciclos, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715 de 2001,
su decreto reglamentario 3020 de 2002 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan». Ver folios 95 a 98 del c.
ppal.
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Ahora bien, en lo relacionado con los criterios de liberación de la plaza docente de la
señora Reina Salazar a través de la Resolución 004 del 30 de julio de 2013, proferida
por la directora del Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy, y su posterior
traslado, la Subsección estima conveniente resaltar lo siguiente:
La Resolución 004 fue expedida con la finalidad de liberar la plaza docente de la
demandante y, para tales efectos, en sus consideraciones, se dijo que en el centro
educativo se requerían seis profesores según la matrícula registrada y en ese momento
tenían siete. Que según los criterios previstos en los numerales 2 y 4 del literal a del
artículo 4 de la Resolución 0991 de 2010, modificado por el literal a del artículo 4 de la
Resolución 1248 de 2010 y la Circular 011 de 2012, se tomaba la decisión de liberar la
plaza porque fue la última en llegar al establecimiento de enseñanza y por
inadaptabilidad frente a sus estudiantes. También, que la señora Hermeregilda Reina
Salazar, al inicio de ese año escolar, pidió licencia ordinaria no remunerada por un
periodo de tres meses, la cual le fue concedida mediante la Resolución 0454 del 29 de
enero de 2013, y que no se le nombró remplazo porque no era necesario por el aludido
exceso de personal y que, al reintegrarse de su licencia, no encontró curso, dado que
el cupo de docentes estaba completo13.
Con base en esa resolución, que fue remitida a la Administración Temporal para el
sector educativo del Putumayo para que la revisara, posteriormente fue proferida por
esta última autoridad la Resolución 3456 del 28 de agosto de 2013, que dispuso el
traslado de la demandante a la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán del Municipio
de Orito, en ese mismo departamento, en el que se requerían cinco docentes 14. Ese
acto administrativo fue confirmado por medio de la Resolución 1504 del 22 de abril de
2014, expedida por el secretario de Educación del Putumayo 15, en la que se dijo que
no había lugar a reponer la decisión impugnada por haberse fundamentado en la
Resolución 004 del 30 de julio de 2013, emanada de la directora del Centro Educativo
Rural Juan XXIII de Sibundoy, por ser esta arbitraria y falsamente motivada, toda vez
que esta última se presumía legal de acuerdo con lo consagrado en el artículo 88 del
CPACA y le competía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo desvirtuar esa
legalidad.
Acerca de lo anterior, inicialmente, la Sala considera que, en la sentencia impugnada,
el Tribunal Administrativo de Nariño no acertó al sostener que, por no haber sido
controvertida por la parte demandante, se debía dar por demostrada la causal de
liberación de la plaza docente por ser la última profesora trasladada sin existir
necesidad del servicio, toda vez que, tal y como se afirmó en el recurso de apelación,
en la demanda sí se dijo que el traslado de la docente Hermeregilda Reina Salazar al
Centro Educativo Rural Juan XXIII fue ordenado en su momento mediante el Decreto
0214 del 8 de mayo de 2001, proferido por el secretario de Infraestructura con funciones
de gobernador del departamento del Putumayo, para satisfacer una necesidad del
13 Ver folios 225 a 226 del c. ppal.
14 Ver folios 253 a 255 del c. ppal.
15 Ver folios 269 a 274 del c. ppal.
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servicio, relacionada con el remplazo del docente fallecido Hernando Gilberto Azain
Villota, y ello concuerda con lo indicado en ese acto administrativo que obra en el
expediente16.
Sin embargo, ello no acarrea la nulidad de la Resolución 004 de 2013, en la medida en
que, como se advirtió, en ese acto, la directora del centro educativo también adujo que
la señora Reina Salazar se había quedado sin asignación académica, porque al
comienzo del año lectivo se le concedió una licencia no remunerada por tres meses
mediante la Resolución 0454 del 29 de enero de esa anualidad, y cuando regresó de
ella encontró que todos los grados impartidos en el establecimiento de enseñanza
estaban ocupados, ya que existía excedente de un profesor.
Así las cosas, se destaca que esa situación se ajusta al criterio señalado en el numeral
1 del literal a del artículo 4 de la Resolución 0991 de 2010, modificado por la Resolución
1248 de ese mismo año, proferidas por la Administración Temporal para el sector
educativo del Putumayo, que, frente a la liberación de plazas docentes, estableció lo
siguiente:
«Artículo 4º. Criterios generales. Para determinar la planta de personal y el número de
docentes necesarios en un establecimiento educativo, el rector o director de centro
ajustará la asignación académica de todos los niveles y ciclos de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1850 de 2002. Teniendo en cuenta la capacidad instalada, los
planteles educativos adelantarán acciones conducentes a la ampliación de cobertura,
preferentemente en el grado obligatorio de preescolar. Si fuere indispensable por
necesidades del servicio, los docentes serán reubicados en otras instituciones o centros
educativos del mismo municipio o en su defecto en otros municipios de la entidad
territorial.
Para el cumplimiento del proceso educativo establecido en la presente resolución, las
instituciones o los centros educativos aplicarán los siguientes criterios:
A. DOCENTES EN EXCESO A LA PLANTA REQUERIDA:
1. Docentes a quienes no se les ha asignado carga académica de acuerdo con su
perfil.
2. Últimos docentes trasladados a la institución educativa o centro educativo sin existir
la necesidad del servicio solicitada por el rector o director de centro, y que a la fecha no
se haya creado la necesidad.
3. Docentes amenazados que no han logrado ubicarse en la institución educativa o
centro educativo; es decir que no les han podido asignar carga académica.
4. Baja adaptabilidad del docente a la comunidad educativa.
5. Docentes de aula a quienes se les ha asignado funciones de docentes de apoyo que
no están viabilizados por el Ministerio de Educación Nacional.
6. Coordinadores y docentes a quienes se les han asignado estas funciones que se
consideran excedentes según Decreto 3020 de 2002 […]»17. (Negrita fuera de texto).
16 Ver folios 63 a 64 del c. ppal.
17 Ver folios 95 a 101 del c. ppal.
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En ese sentido, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación no se discutió este
cimiento de la Resolución 004 del 30 de julio de 2013, y que este encuentra sustento
en las normas en las que debía fundarse, la decisión allí adoptada de liberar la plaza
docente de la señora Hermeregilda Reina Salazar debe mantener su legalidad. Sobre
esto, se destaca que en esta Corporación se ha estimado ajustada a derecho la
liberación de plazas por la no asignación de carga académica, dado que ello genera
una necesidad del servicio que debe ser satisfecha con el traslado18.
Igualmente, hay que señalar que, si bien en la Resolución 004 de 2013 no se invocó
expresamente la anterior causal, ello no es óbice para que el juez de lo contencioso
administrativo la tenga por demostrada, ya que, se reitera, los elementos para su
configuración fueron puestos de presente por la directora del Centro Educativo Juan
XXIII en la motivación de dicho acto y, además, en el expediente se encuentra probada
pues obra, por un lado, copia del acto administrativo mediante el cual la Administración
Temporal del sector educativo del Putumayo distribuye la planta global de cargos
docentes y directivos para ese ente territorial, en el que se estableció que para el
aludido establecimiento solo se requerían seis profesores19; y por el otro, del
documento donde consta la asignación académica en esa institución para el año 2013,
en el que se observa que existían siete docentes adscritos a ella y que la señora Reina
Salazar fue ubicada en el preescolar junto con la maestra Gloria Nancy Salas Salas,
mientras que en los demás grados solo se designa un profesor para cada uno20.
Para finalizar, en lo concerniente a la alegada desviación de poder en la emisión de los
actos administrativos acusados, la Sala considera que no existe ningún medio
probatorio que acredite que las autoridades que los profirieron hayan actuado por fuera
de los fines señalados en el ordenamiento jurídico y, por el contrario, lo que sí se
demostró fue que la liberación de la plaza docente de la señora Hermeregilda Reina
Salazar se justificó en la estricta necesidad del servicio derivada del hecho de que
existía un exceso de docentes en el Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy y
que la demandante no tenía asignada carga académica para ella sola en el año lectivo
2013.
Se concluye que el ejercicio del ius variandi por parte de las autoridades demandadas
se concretó dentro de los límites dados por la necesidad del servicio educativo y sin
que se haya desmejorado la situación personal de la demandante, cuestión esta última
que tampoco fue alegada en el recurso que aquí se resuelve. Por ello, se confirmará la
sentencia impugnada en el sentido de denegar las pretensiones de nulidad de los actos
acusados y el consecuente restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de
enero de 2022, rad. 08001-23-33-000-2014-01471-01 (2307-2016).
19 Folio 206 del c. ppal.
20 Folio 457 del c. ppal.
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De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis
(2016) por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso promovido por la señora
Hermeregilda Reina Salazar contra la Nación, a través del Ministerio de Educación
Nacional, y el departamento del Putumayo, por intermedio de su Secretaría de
Educación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería adjetiva a los abogados Yeniffer Andrea Verdugo
Benavides para actuar en representación de la demandante21, Danitza Andrea Erazo
Alegre, como representante del departamento del Putumayo22, y Carlos Alberto Vélez
Alegría como apoderado del Ministerio de Educación Nacional23.
21 Folio 873 del c. ppal.
22 Folio 894 del c. ppal.
23 Índice 44 del expediente digital en Samai.
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Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Los consejeros,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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