Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01058-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-2015)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 6 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Gladys Severa Hernández Bothia,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
de las siguientes resoluciones: i) UGM025594 del 12 de enero de 2012, que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) UGM056397 del 25 de septiembre de
2012, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Caja Nacional de
Previsión Social, en adelante Cajanal.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación que resulte de incluir todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio tales como sueldo,
primas de vacaciones, especial y navidad, junto con los reajustes de ley y las
mesadas adicionales; ii) actualizar el valor de la condena conforme lo autoriza el
artículo 187 del CPACA; iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso al tenor de
lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA; y iv) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) El 8 de noviembre de 2010, la oficina de personal de la Secretaría de
Educación de Bogotá certificó que la señora Gladys Severa Hernández Bothia
laboró para el distrito capital como docente interina en los siguientes períodos:
● En el año 1974, desde el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre en la
Concentración Escolar Santa Rita, jornada de la tarde, en reemplazo de
Bayardo Rafael García Colmenares, a quien se le otorgó una licencia por
incapacidad.
● En el año 1975, desde el 17 de febrero hasta el 13 de abril, en la
Concentración Escolar República de Francia, jornada de la tarde, en
reemplazo de la docente Luz Marina Monroy de Hernández, a quién se le
otorgó una licencia por maternidad.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
ii) Entre el 10 de marzo de 1992 y el 30 de noviembre de 1992, laboró para la
Secretaría de Educación de Bogotá, cómo docente de vinculación temporal, tiempo
completo.
iii) El 1° de febrero de 1993, mediante la Resolución 202, fue nombrada en
propiedad en la Secretaría de Educación de Bogotá como docente territorial pagada
con recursos propios del distrito capital.
iv) En ese orden, el 12 de febrero 2011, completó el tiempo de servicios como
docente exigido en la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia (20 años).
v) El 20 de mayo de 2011, solicitó ante Cajanal en liquidación el reconocimiento
de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tal se señaló el literal A, numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) En la Resolución UGM025594 del 12 de enero de 2012, se alude que no hubo
una vinculación por parte de la demandante antes del 31 de diciembre de 1980,
cuando de las pruebas que se aportan se observa claramente que la señora
Hernández Bothia se desempeñó como docente en los años 1974 y 1975 al servicio
del distrito capital. Así las cosas, la demandada no tuvo en cuenta lo dispuesto en
la Ley 91 de 1989 que exige únicamente que el docente se encuentre vinculado
antes de la referida fecha para ser beneficiario de la pensión gracia.
ii) A la UGPP (como sucesora de Cajanal) no le corresponde establecer
diferencias o agregar características a la citada norma que el mismo legislador no
3
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Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
les dio, como, por ejemplo, afirmar que la designación del empleo debía hacerse en
propiedad para tener derecho a percibir la prestación que se reclama, luego los
actos administrativos demandados incurren en manifiesta contradicción con la ley
aplicable al asunto.
iii) Adicionalmente, las resoluciones atacadas incurren en grave error al
aseverar que el tipo de vinculación de la docente era de carácter nacional, cuando
está ampliamente acreditado en el plenario que fue de orden territorial, y sus
salarios se pagaban con recursos propios del distrito capital.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
i) Al expedir los actos enjuiciados no se incurrió en ninguna violación de orden
jurídico, por cuanto, revisado el expediente y las documentales allegadas a la
actuación administrativa con las que presuntamente se prueba el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, se advierte que no se cumple con los
presupuestos señalados en la ley para que proceda el reconocimiento de dicha
prestación, toda vez que no se adjuntó prueba idónea en la que conste la vinculación
en la docencia oficial de la demandante del orden departamental, municipal o
distrital con antelación al 31 de diciembre de 1980, y porque el tiempo servido en
interinidad no es compatible para el reconocimiento de la referida mesada.
ii) Dicho de otra forma, los períodos aducidos entre el 23 de julio y el 30 de
noviembre de 1974 y del 17 de febrero al 3 de abril de 1975, no corresponden a
vinculaciones válidas para prestaciones económicas, es decir, no se trata de
incorporaciones laborales en estricto sentido, luego no pueden ser tenidas en
1
Folios 133 a 138.
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Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
cuenta para el reconocimiento pensional, ya que esos lapsos correspondieron a
situaciones transitorias, únicamente.
Propuso las excepciones de falta de causa e inexistencia de la obligación, cobro de
lo no debido, prescripción y buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 6 de marzo de 2015, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones: 2
i) Si bien la actora prestó sus servicios por más de 20 años como docente, lo
cierto es que no se tiene certeza de la naturaleza de su vinculación antes del 8 de
febrero de 1993.
ii) Lo anterior por cuanto solo se encuentra probado, a través de la certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá el 22 de junio de 2011, que a
partir del 8 de febrero de 1993, cuando fue nombrada docente en propiedad, su
vinculación fue de carácter territorial con recursos propios sin que exista certeza de
la naturaleza de las vinculaciones anteriores a dicha fecha efectuadas a su favor en
interinidad o temporalidad (lo cual no sería óbice para el reconocimiento de la
pensión gracia si hubiera certeza del vínculo territorial).
iii) Aunque en los formatos únicos para expedición de certificado de historia
laboral y salarios expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá se certificó
que la «vinculación de la demandante es territorial con recursos propios», no se
puede ignorar que la certificación expedida por la oficina de personal de la referida
Secretaría de forma inequívoca manifiesta que «solo a partir del nombramiento
en propiedad de la demandante», esto es, desde el 8 de febrero de 1993, fue
2
Folios 184 al 195. Con ponencia de la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
vinculada como docente territorial con recursos propios.
iv) Teniendo en cuenta ello, se solicitó de oficio copia de los actos
administrativos por medio de los cuales se efectuaron los nombramientos de la
demandante antes de 1993, documentos que no fueron aportados al expediente,
razón por la cual, se insiste, no existe certeza sobre la naturaleza de la vinculación
de la demandante mientras se desempeñó como docente interina o temporal.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) La Ley 91 de 1989 no dispone qué tipo de vinculación debe tener el docente
con anterioridad a 31 de diciembre de 1980; sin embargo, se entiende que el espíritu
de la norma que regula la pensión gracia establece que el docente debe ser pagado
con dineros de la entidad territorial o en proceso de nacionalización, pero, aun así,
la ley no lo expresa abiertamente.
ii) Significa lo anterior que exigir que la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 de los docentes deba ser en propiedad o por una relación legal y
reglamentaria propiamente dicha sería actuar como el legislador agregando
requisitos que la ley no contempla.
iii) Además, exigir mediante prueba de oficio copia de los actos de
nombramiento para establecer el tipo de vinculación genera una grave situación de
vulneración de los derechos a la igualdad, prelación de lo material frente a lo formal
y, sobre todo, de acceso a la administración de justicia, pues en este caso como
muchos otros donde docentes que se han encontrado en la situación de haber
cumplido su tiempo de servicio «son burlados por la justicia al exigir documentos
3
Folios 197 al 199.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
que ya no se hallan en archivos de las entidades territoriales, convirtiéndose esa
prueba en una prueba diabólica».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Gladys Severa Hernández Bothia no emitió pronunciamiento alguno en
esta etapa procesal.4
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en la contestación de la demanda. 5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
4
Folio 218.
5
Folios 216 y 217.
6
Folio 218
7
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
7
Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8
Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
12
Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia». 13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17
Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme al registro de nacimiento, la señora Gladys Severa Hernández Bothia
nació el 2 de abril de 1949.19
ii) El 30 de noviembre de 1974, el supervisor de la Zona Escolar núm. 16 de la
Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación de Bogotá hizo
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
Folio 58.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
constar que la demandante trabajó como docente interina en la Concentración
Escolar Santa Rita, entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre de 1974. 20
iii) El 25 de julio de 1975, el supervisor de la Zona Escolar núm. 16 de la Dirección
de Educación Primaria de la Secretaría de Educación de Bogotá certificó que la
actora laboró como docente interina en la Concentración Escolar República de
Francia, entre el 17 de febrero y el 13 de abril de 1975.21
iv) El 4 de febrero de 1992, el jefe de división de personal de la Secretaría de
Educación de Bogotá le informó a la accionante que había sido vinculada para
desempeñar el cargo de docente temporal, a partir del 10 de marzo de 1992, en la
Escuela La Fragua, jornada mañana, por el año lectivo. Adicionalmente indicó que
haría parte de la nómina de la Secretaría de Educación Distrital (centro de costo
010201).22
v) El 9 de noviembre de 2010, la Oficina de Personal, Certificaciones Laborales de
la Secretaría de Educación de Bogotá hizo constar que la señora Hernández Bothia
fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 202 del 1° de febrero de 1993,
a partir del 8 de febrero siguiente.23
vi) El 18 de octubre de 2012, a través del Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral, la Secretaría de Educación de Bogotá certificó lo
siguiente:24
Tipo de vinculación: Territorial – Distrital, Recursos propios
Cargo: Docente primaria
Nombramiento: propiedad
Tipo de novedad Plantel educativo Desde Hasta
20
Folios 2 al 5. Información reiterada por el director de la Concentración Escolar y el jefe de primaria
de la Secretaría de Educación.
21
Folios 6 al 8. Información reiterada por el director de la Concentración Escolar y el jefe de primaria
de la Secretaría de Educación.
22
Folio 230.
23
Folio 9
24
Folio 10.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
Vinculación como Cent Educ Dist 23/10/74 30/11/74
docente interino Santa Rita
Vinculación como IED Rep. De 17/2/75 13/4/75
docente interino Francia
Vinculación 10/3/92 30/11/92
temporal tiempo
completo
Nombramiento en 8/2/93 activo
propiedad
vii) El 22 de junio de 2011, la Oficina de Personal, Certificaciones Laborales de la
Secretaría de Educación de Bogotá por solicitud del Patrimonio autónomo Buen
Futuro, hizo constar lo siguiente:25
Que revisada la historia laboral de Gladys Severa Hernández Bothia, identificada con
cédula de ciudadanía […] de Bogotá a la fecha le figura lo siguiente:
Mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 1974, expedido por el supervisor de la
zona 16, vinculado docente interino, laboró del 23 de octubre de 1974 al 30 de
noviembre de 1974.
Mediante oficio de fecha 25 de julio de 1975, expedido por el supervisor de la zona
16, vinculado docente interino, laboró del 17 de febrero de 1975 al 13 de abril de 1975.
Mediante oficio de fecha enero de 1992 (sic), vinculado docente maestro viii, en
calidad de temporal, laboró del 10 de marzo de 1992 al 30 de noviembre de 1992.
Que mediante Resolución 202 del 01 de febrero de 1993, nombrado docente en
propiedad, a partir del 8 de febrero de 1993.
Consultado el sistema magnético de nómina, figura actualmente docente grado 14.
NOTA: a partir del nombramiento en propiedad 8 de febrero de 1993, TIPO DE
VINCULACIÓN TERRITORIAL DISTRITAL RECURSOS PROPIOS.
RÉGIMEN PRESTACIONAL NACIONAL
viii) El 7 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación certificó que
la actora no registraba antecedentes disciplinarios.26
2.3.2. Actuación administrativa
25
Folio 70.
26
Folio 90.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
i) El 25 de febrero de 2011, la demandante peticionó ante Cajanal el
reconocimiento de la pensión gracia.27
ii) El 12 de enero de 2012, Cajanal profirió la Resolución UGM025594 y negó la
referida solicitud, toda vez que los lapsos laborados por la interesada para los años
1974 a 1993 son «tiempos interinos nombrados por órdenes de trabajo», razón por
la cual no cumple con el tiempo de servicio para pensión gracia con vinculación
nacionalizada, distrital, municipal o departamental antes del 31 de diciembre de
1980.28
iii) El 25 de septiembre de 2012, Cajanal expidió la Resolución UGM056397, por
la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.29
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 29 de agosto de 2018, mediante el
cual se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al
expediente, entre otras, las siguientes documentales:30
● Certificado laboral del 8 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Educación
de Bogotá en la que señaló que «de acuerdo con análisis jurídicos efectuados para
las interinidades, que son labores ocasionales o transitorias, no les es aplicable tipo de
vinculación «nacional, nacionalizado y/o territorial», vinculaciones en las cuales se exige
en cada una de ellas el requisito de ser vinculados por nombramiento, entendiéndose
como tal la vinculación en propiedad».
● Resolución 202 de 1993, mediante la cual se nombró a la actora en el cargo
de docente en propiedad en la Secretaría de Educación de Bogotá y acta de
posesión del 8 de febrero de 1993.
● Oficio del 31 de enero de 2019, mediante el cual la Oficina Asesora Jurídica
del Ministerio de Educación Nacional hizo constar que «verificada la información
existente y los inventarios de la serie historias laborales del archivo central de este
27
Folio 57.
28
Folios 18 a 19.
29
Folios 23 al 28.
30
Folios 225 al 235 y 239.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
ministerio de la planta de personal el grupo de gestión documental pudo establecer que
no se encontró información alguna a nombre de la señora Gladys Severa Hernández».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora Gladys Severa Hernández Bothia demostró que laboró en el magisterio
oficial durante más de 20 años como docente de primaria, en plazas clasificadas
como nacionalizadas y/o territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como
educadora anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al
tiempo de servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de
1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio pensional pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Cargo Desde Hasta Tiempo
laborado
Dí Me Añ Dí Me Añ Días Meses Años
a s o a s o
Docente interino 23-10-1974 30-11-1974 7 1 0
Docente interino 17-02-1975 13-04-1975 25 1 0
Docente temporal tiempo 10-03-1992 30-11-1992 20 8 0
completo
Docente en propiedad 08-02-1993 31-12-2013 23 10 20
TOTAL 15 10 21
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
a) El tiempo que la demandante prestó sus servicios en interinidad es válido
para obtener la pensión gracia objeto de controversia por las siguientes razones:
17
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
Esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la vinculación en
interinidad «es plenamente computable para efectos del reconocimiento y pago de
la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó como un mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos».31
En efecto, la Sala ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo
de los 20 años exigidos en la norma. En tal sentido se pronunció la Subsección en
sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:32
En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic) al
señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró por
los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de otros
docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó relación
laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional33 ha venido
sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al
docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la
ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las
cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. [Resalta la Sala].
De igual modo, respecto a la viabilidad de constituir como modalidad válida de
vinculación a la interinidad para el reconocimiento de la pensión gracia, la
Subsección B de esta Sección ha sostenido lo siguiente:34
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
33
Sentencia C-517 de 1999
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2015,
18
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en
cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos
de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al
servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación,
siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
[…]
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en
cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de
posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de
una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el
caso del señor Arcos Gómez. (Negrilla de la Sala)
En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación de la señora Gladys
Severa Hernández Bothia como docente en interinidad, puede ser tenida en cuenta
para el reconocimiento de la pensión gracia, «sin que para ello sea relevante la
forma en la que fue provisto el empleo, es decir si lo fue en carrera o en forma
interina o temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores
desarrollan la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en
propiedad».35
b) Sobre los períodos laborados en 1974 y 1975, ocurridos por virtud de los
nombramientos en interinidad efectuados por autoridades territoriales del distrito
capital en las Concentraciones Escolares Santa Rita y República de Francia (tal
como lo hizo constar el supervisor de la Zona Escolar núm. 16 de la Dirección de
Educación Primaria de la Secretaría de Educación de Bogotá), ha de decirse que
resultan ser viables para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues la
normativa que regula la prestación la concibió como una compensación o retribución
a favor de los maestros que laboraran en el nivel territorial.
Radicación: 52001233300020130005801 (2636-2014), C. P. Gerardo Arenas Monsalve (q.e.p.d.).
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
De igual modo, tal y como lo certificó la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
Educación en las documentales detalladas en el acápite de hechos probados de
esta providencia, la demandante continuó su vinculación del orden territorial, cuya
fuente de financiación fueron recursos propios, entre el 10 de marzo y el 30 de
noviembre de 1992 y entre el 8 de febrero de 1993 y el 31 de diciembre de 2013.
En ese orden, la accionante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada colmó el requisito del tiempo
de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
c) Por otra parte, es preciso resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en
el certificado que obra a folio 239 del plenario, hizo constar que en «los inventarios
de la serie Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de la planta de
personal, el grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se encontró
información alguna a nombre de la mencionada señora», lo que afianza aún más
que la docente laboró al servicio de entidades territoriales por más de 20 años.
iii) La señora Gladys Severa Hernández Bothia cuenta con más de 50 años de edad
(cumplidos el 2 de abril de 1999) y durante su ejercicio como docente no se
registraron sanciones disciplinarias, es decir, que cumple con los requisitos de edad,
buena conducta y desempeño laboral con honradez y consagración previstos por la
Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la accionante cumplió los 20 años de servicio el 16 de febrero de 2012,
fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
20
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
comprendido entre el 16 de febrero de 2011 y el 16 de febrero de 2012, con inclusión
de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones y
navidad.36
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».37
Ahora bien, la señora Hernández Bothia consolidó el estatus pensional el 16 de
febrero de 2012, y la reclamación del derecho se verificó el 25 de febrero de 2011,
razón por la que no operó el fenómeno de la prescripción trienal.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
36
Folio 11
37
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
21
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201638, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
Teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en
las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las
partes con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 6 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones UGM025594 del 12 de enero de
2012 y UGM056397 del 25 de septiembre de 2012, mediante las cuales Cajanal negó
el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Gladys Severa Hernández Bothia,
identificada con cédula de ciudadanía 41.491.057, en cuantía del 75 % del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 16 de febrero de 2011 y el 16 de febrero de 2012,
23
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-15)
Demandante: Gladys Severa Hernández Bothia
con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de
vacaciones y navidad.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
24
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