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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01746-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01746-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de mayo de 2018, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda - Subsección D), que accedió a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo motivado en esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a la motivación. 27 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19). 28 Folios 1, 11 (reverso) y 52. 10 Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018) Demandante: Rosalba Ospina Paiva TERCERA. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01746-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Reliquidación de pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
del 17 de mayo de 2018, emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección
Segunda - Subsección D), mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda,
anunciando desde ya que dicha decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. La señora Rosalba Ospina Paiva formuló demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho encaminada a que se declare la nulidad
parcial de la Resolución RDP 022140 del 17 de julio de 20141 expedida por la UGPP, a
través de la cual le reconoció una pensión gracia, pero sin tener en cuenta todo el tiempo
de servicio prestado como educadora.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a reconocerle la pensión gracia a partir del 7 de agosto de 2010, fecha en la que consolidó
el estatus pensional, con inclusión de todos los factores salariales devengados;
reconocerle las diferencias de las mesadas pensionales que se produzcan a partir de la
nueva liquidación de la prestación; pagarle los intereses moratorios a que haya lugar y
cumplir la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA y
asumir las costas procesales.

4. Como sustento de sus pretensiones, relató que el tiempo que prestó como docente
temporal debe computarse para el reconocimiento de la pensión gracia ya que esta clase
de relación legal y reglamentaria está amparada por las normas laborales, en la medida
en que tuvo una vinculación del orden territorial y sus salarios se pagaron con recursos
propios del distrito.

1 Folios 23 y 24 del expediente.

Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

5. Asimismo, precisó que desde el 6 de agosto de 2010 cumple con todos los
requisitos previstos por el legislador para acceder al beneficio pensional en comento,
porque cuenta con más de 50 años de vida, ha prestado sus servicios como docente
municipal por más de 20 años, se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de
1980 y se ha desempeñado con idoneidad y buena conducta.

Contestación de la demanda

6. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que el acto
acusado se ajustó al ordenamiento superior teniendo en cuenta que el tiempo laborado
por la demandante como docente temporal no cumple con los presupuestos legales y
probatorios para conferirle efectos pensionales pues existe contradicción en la
denominación de los cargos.

7. Propuso las excepciones de presunción de legalidad, inexistencia de la obligación,
prescripción, compensación y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA APELADA

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D)
dictó sentencia el 17 de mayo de 2018, a través de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad parcial del acto acusado y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la UGPP a reliquidar la pensión gracia de la
actora en cuantía del 75 % de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus (6 de agosto de 2008 y el 6 de agosto
de 2009) a saber: el sueldo, la prima especial, 1/12 parte de la prima de vacaciones y
1/12 parte de la prima de navidad, a partir del 7 de agosto de 2009, pero con efectos
fiscales a partir del 28 de marzo de 2011M; esto último, por operar la prescripción
extintiva. Además, condenó en costas a la parte demandada.

9. Para el efecto, explicó que el reconocimiento de la pensión gracia no está
condicionado a una forma específica de ingreso a la labor docente, de manera que
pueden convalidarse los tiempos laborados en propiedad, interinidad, por contratos de
prestación de servicios o como maestro temporal. Por lo tanto, durante el tiempo en que
la actora trabajó como docente temporal tuvo una vinculación del orden distrital y sus
salarios se pagaron con recursos propios del distrito Bogotá, por lo que esos lapsos
deben computarse para efectos pensionales.

III. RECURSO DE APELACIÓN

10. La UGPP presentó recurso de apelación solicitando revocar la sentencia de
primera instancia toda vez que el acto administrativo acusado liquidó la pensión gracia
de la accionante con fundamento en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de 1966 y en
ningún momento se aplicaron las Leyes 33 y 62 de 1985.

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Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

11. Igualmente, adujo que entre el 17 de febrero de 1989 y el 30 de noviembre de 1992
la actora trabajó como docente temporal, «no siéndole aplicable el tipo de vinculación
nacional o nacionalizado». De ahí que el acto enjuiciado liquidó correctamente el
beneficio pensional y, por ende, no procedía la reliquidación ordenada por el a quo. Por
consiguiente, estimó que computar el tiempo prestado como docente temporal para
acceder a la pensión gracia se contrapone a la finalidad de la prestación, así como a las
normas que la crearon y desarrollaron.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. Mediante auto del 8 de marzo de 2019, se admitió el recurso de alzada y el 14 de
noviembre de ese mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

13. En cumplimiento de lo anterior, la accionante y la UGPP reiteraron los argumentos
expuestos en el transcurso del proceso2. El Ministerio Público guardó silencio.

14. Entre tanto, mediante auto del 21 de marzo de 20243 se decretaron pruebas de
oficio con el fin de recaudar información necesaria para esclarecer algunos puntos
oscuros de la controversia.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

15. Conforme a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos
615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación abordará el
análisis de este litigio.

Problema jurídico

16. Corresponde a esta Sala determinar si la demandante tiene derecho a que la
UGPP le reconozca el tiempo laborado como docente temporal para acceder a la pensión
gracia, en particular por un periodo que fue prestado como docente interina y si es posible
computarlo para reajustar la prestación en aplicación del régimen consagrado en la Ley
114 de 1913 y demás normas concordantes.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

17. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la ley 114 de 1913,
destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio en
el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos

2 Folios 203 a 204 y 205 a 206, respectivamente.
3 Folios 214 y 215 del expediente.

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Demandante: Rosalba Ospina Paiva

para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

18. Posteriormente, el artículo 6 de la ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión
gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de
instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para
cumplir con el tiempo requerido. Con la ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la
pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio
estipulado.

19. Más adelante, el artículo 1° de la ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el
personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado
incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes
del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, conforme a la ley 43 de
1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
contemplado en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

20. El numeral 2º del artículo 15 de la ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la
pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que
solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta
pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las leyes 114
de 1913, 116 de 1928 37 de 1993 y demás normas concordantes.

21. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de
agosto de 19974, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son
beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados
vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los
demás requisitos legales.

22. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o
territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 20185, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales que
aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Rosalba Ospina Paiva

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley
24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en

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Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

23. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 20226, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden
acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

24. En el presente asunto se discute si el tiempo laborado por la accionante durante
los años 1989 a 1992 puede computarse para efectos de acceder a la pensión gracia,
con el fin de adelantar la fecha en la que adquirió el estatus pensional y la efectividad de
la prestación que le reconoció la UGPP mediante la Resolución RDP 022140 del 17 de
julio de 20147.

25. Pues bien, en el plenario obra copia de la Resolución 0221 del 13 de febrero de
19898, por la cual el alcalde mayor de Bogotá vinculó temporalmente y de tiempo
completo, entre otros, a la señora Rosalba Ospina Paiva como docente para el año lectivo
1989. Para tal efecto, el alcalde adujo que tales nombramientos se realizaron debido a la
declaratoria de emergencia educativa decretada mediante el Acuerdo 09 de 1987 del
Concejo de Bogotá.

26. Ahora, aunque no se aportó al expediente el acta de posesión derivada del
mencionado nombramiento, se observan el oficio del 13 de febrero de 1989 (en el que se
le informó a la actora su vinculación como docente temporal9) y la constancia del 12 de
abril de la referida anualidad10 emitida por la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá —División de Educación Básica—, que se erigen como documentos
que permiten concluir que prestó sus servicios como maestra de aula por vinculación
temporal a partir del 17 de febrero de 1989.

27. Por otro lado, el 26 de enero de 1990 el jefe de división de personal le comunicó
a la demandante lo siguiente: «[a]tentamente me permito comunicarle que ha sido
vinculado (a) como docente temporal mediante Resolución en trámite»11. Asimismo, el
29 de enero dicha anualidad el director de la Escuela Distrital República de México

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
7 Folios 23 y 24.
8 Folio 45 e índice 34 de SAMAI. En el mencionado acto se expusieron, entre otros, los siguientes razonamientos: «[…]

Que la Administración Distrital, en cumplimiento a la filosofía del Acuero (sic) 9 de 1987 ha venido vinculando al servicio
público educativo, maestros temporales de acuerdo a la capacidad instalada. Que con la intención de dar respuesta
positiva a las necesidades mas (sic) sentidas de la comunidad educativa de la capital, la Administración ha venido
haciendo ingentes esfuerzos, con el fin de lograr la ampliación de la Planta Docente del FER de Bogotá, obteniendo
resultados negativos por parte del [M]inisterio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Educación
Nacional[…]».
9 Índice 34. Archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-ROSALBAOSPINAPAIBA(.pdf), página 18.
10 Índice 34. Archivo 25_MemorialWeb_Respuesta-TRASLADOSROSALBA(.pdf), página 3.
11 Índice 34. Archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-ROSALBAOSPINAPAIBA(.pdf), página 24.

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Demandante: Rosalba Ospina Paiva

constató que la señora Ospina Paiva «se presentó a laborar como docente vinculado
(sic), el día 22 de enero de 1990, asistiendo desde esa fecha a las actividades
académicas y en el horario de 12:30 a 5:30 p.m.».12

28. Entre tanto, el 18 de enero de 1991 se le comunicó a la accionante su vinculación
como docente temporal por el año lectivo 1991, «tal como lo estipula la Resolución No.
(sic) 14910 del 25 de octubre de 1990, emanada del Ministerio de Educación Nacional»13.
Sin embargo, sobre este punto conviene advertir que, una vez revisada la mencionada
resolución, la Sala observa que esta no contiene nombramientos, sino la determinación
de las fechas del calendario escolar de 1991 para los institutos educativos públicos y
privados de educación preescolar, básica y media vocacional14.

29. Además, el 28 de enero de 1991 el director de la Escuela Distrital República de
México constató que Rosalba Espina Paiva «se encuentra laborando en este plantel
como docente vinculado temporalmente en el grado quinto de educación básica primaria
desde el día 21 de enero de enero de 1991»15.

30. Por último, el 1° de enero de 1992 la Secretaría de Educación de Bogotá le
comunicó a la demandante que fue vinculada para desempeñar el cargo denominado
maestro V, en calidad temporal, desde la fecha de presentación para el año lectivo.16

31. Aunado a lo anterior, según la información que reposa en el certificado de historia
laboral emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá17, se vislumbra que en el
interregno comprendido entre 1989 y 1992 la actora tuvo una vinculación de carácter
territorial —distrital— como docente de primaria, así:

Plantel Desde Hasta Tipo de vinculación
IED República de 17/02/1989 3/12/1989 Temporal – tiempo
México completo
IED República de 22/01/1990 30/11/1990 Temporal – tiempo
México completo
IED República de 21/01/1991 2/12/1991 Temporal – tiempo
México completo
IED República de 20/01/1992 30/11/1992 Temporal – tiempo
México completo

32. En este orden de ideas, la Sala estima que los anteriores actos demuestran que la
demandante prestó sus servicios como educadora temporal en el distrito de Bogotá
durante los años 1989 a 1992 y que su nombramiento, junto con el de otros docentes, se

12 Índice 34. Archivo 25_MemorialWeb_Respuesta-TRASLADOSROSALBA(.pdf), página 4.
13 Índice 34. Archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-ROSALBAOSPINAPAIBA(.pdf), página 25.
14 Índice 34. Archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-ROSALBAOSPINAPAIBA(.pdf), páginas 27 y 28.
15 Índice 34. Archivo 25_MemorialWeb_Respuesta-TRASLADOSROSALBA(.pdf), página 5.
16 Índice 34. Archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-ROSALBAOSPINAPAIBA(.pdf), página 29.
17 Folio 30. Así mismo, el 8 de mayo de 2024, la Secretaría de Educación de Bogotá allegó un nuevo certificado de

historia laboral, el cual corrobora la información contenida en el aportado por la actora, el cual se expidió el 12 de marzo
de 2015.

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Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

hizo con el ánimo de conjurar la emergencia educativa que fue decretada por el Concejo
Distrital mediante el Acuerdo 09 de 1987.

33. Igualmente, en un caso análogo al analizado18, en torno a la demostración de las
vinculaciones con actas de comunicación o posesión y certificaciones, esta Sala expresó
que no existe un único documento o prueba que permita acreditar el tipo de vinculación
de los docentes que pretenden el reconocimiento de la pensión gracia.

34. Así las cosas, en lo que respecta a la naturaleza de la vinculación acaecida entre
1989 y 1992, la resolución de nombramiento de 1989, en armonía con las actas de
posesión, certificaciones y comunicaciones antes citadas, permiten evidenciar que en
esta época la señora Rosalba Ospina Paiva tuvo una vinculación como educadora del
orden territorial, sin que en los documentos aportados se especificara que la plaza a
ocupar fuera nacional y/o que las designaciones provinieron directamente o por
autorización o delegación del Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario, su
nombramiento fue efectuado exclusivamente por el alcalde mayor de Bogotá en uso de
sus atribuciones legales y los salarios se pagaron con recursos propios de ese ente
territorial, tal como lo demuestra el certificado emitido el 12 de marzo de 2015 por la
Secretaría de Educación del Distrito19.

35. A su vez, conforme al acto de nombramiento y la certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Bogotá, desde 1989 hasta 1992 los aportes en seguridad
social se giraron con destino «a la Caja de Previsión Social del Distrito Especial»20.

36. También es pertinente anotar que la accionante fue designada para que prestara
sus servicios al ramo de la educación primaria y el artículo 3° de la Ley 39 de 1903
dispuso que la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y
protección de los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la
referida ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los
gastos que ocasione la instrucción primaria»21.

37. Adicionalmente, en lo relacionado con el objeto de la apelación interpuesta por
la UGPP, con la que se pretende desestimar el tiempo de servicio prestado por la
demandante entre 1989 y 1992 en consideración a que se trataba de nombramientos
como docente interina o temporal, es menester indicar que esta Colegiatura ha sido
diáfana en que este tipo de vinculación «es plenamente computable para efectos del
reconocimiento y pago de la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó
como un mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 25000 23 25

000 2012 01551 01 (1135-2018).
19 Folio 37.
20 Folio 30.
21 Artículo 27.

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Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

efectiva prestación de los servicios educativos»22.

38. En efecto, esta Sala23 ha sostenido que los servicios prestados por docentes
vinculados en interinidad o en forma temporal deben ser tenidos en cuenta para el
cómputo de los 20 años exigidos en la norma.

39. Así las cosas, las vinculaciones de la señora Rosalba Ospina Paiva como docente
temporal deben ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia24, «sin
que para ello sea relevante la forma en la que fue provisto el empleo, es decir si lo fue en
carrera o en forma interina o temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos
servidores desarrollan la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en
propiedad»25.

40. En consecuencia, se encuentra acreditado que la accionante tuvo una vinculación
del orden territorial en distintos lapsos desde 1989 hasta 1992, por lo que estos deben
sumarse para efectos de la pensión gracia habida cuenta que no fueron computados por
la UGPP en el acto acusado. Entonces, el estatus pensional y la efectividad de la
prestación concedida en sede administrativa deben adelantarse, pues el derecho se
causó el 6 de agosto de 2009 y no el 15 de enero de 201326 como lo indicó la entidad
demandada en la resolución enjuiciada. Esta conclusión se ilustra en la siguiente tabla:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 07/02/1972 01/03/1972 24 0 0
Territorial 07/03/1972 24/03/1972 18 0 0
Territorial 17/02/1989 03/12/1989 17 9 0
Territorial 22/01/1990 30/11/1990 9 10 0
Territorial 21/01/1991 02/12/1991 12 10 0
Territorial 20/01/1992 30/11/1992 11 10 0
Territorial 08/02/1993 06/08/2009 29 5 16
TOTAL 0 0 20

41. Se aclara que en el anterior cómputo solamente se sumaron los tiempos
solicitados en el presente proceso, esto es, la vinculación entre los años 1989 y 1992,
por lo que no se variaron los demás lapsos que tuvo en cuenta la UGPP para reconocer
la pensión gracia. Conjuntamente, en la gráfica se tomaron como referencia los 20 años
exactos de ejercicio docente, pues ese es el requisito legal para acceder a la pensión
gracia; sin embargo, se precisa que los documentos aportados al plenario evidencian que
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado 25000 23

42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicado 17001 23 31

000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
24 En igual sentido ver sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 25000-23-42-000-2014-01058-01 (2633-2015).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicado 25000 23 42

000 2013 03963 01 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
26 Folio 25.

9

Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

la actora siguió desempeñándose en tal condición por más tiempo. Es así como los 20
años de servicio se cumplieron el 6 de agosto de 2009, fecha para la cual la actora tenía
más de 50 años de edad.

42. Sobre este último punto, es importante señalar que, tal como lo indicó el tribunal,
el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 establece que el derecho prescribirá a los tres
(3) años contados desde la fecha en que la obligación se hace exigible 27. Por tanto, es
evidente que en este caso operó la prescripción de las mesadas pensionales causadas
antes del 28 de marzo de 2011, teniendo en cuenta que la accionante presentó la solicitud
de reconocimiento pensional el 28 de marzo de 2014 y radicó la demanda el 19 de marzo
de 201528. Es decir, transcurrieron más de tres años entre la fecha en que se causó el
derecho a la prestación (6 de agosto de 2009) y la presentación de la petición ante la
administración.

43. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Condena en costas en segunda instancia

44. Realizada la valoración preceptuada en el artículo 47 de la ley 2080 de 2021, no
se advierte la carencia manifiesta de fundamento legal en el recurso de apelación puesto
que los argumentos expuestos por la UGPP tuvieron un sustento normativo y probatorio
con el que buscaba sacar avante sus intereses. Por ende, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia.

VI. DECISIÓN

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de mayo de 2018, expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda - Subsección D), que accedió a las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo motivado en esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a la motivación.

27 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede

consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
28 Folios 1, 11 (reverso) y 52.

10

Radicación: 25000 23 42 000 2015 01746 01 (5094-2018)
Demandante: Rosalba Ospina Paiva

TERCERA. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

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